El crecimiento sin retorno de AfD ha convertido a Alemania en un laboratorio perfecto para analizar el auge de la ultraderecha en Europa; los expertos sitúan esta especificidad en que, precisamente, es probablemente el país que más ha insistido en no olvidar el pasado, en las huellas de la Segunda Guerra Mundial y en el dolor que causo el nazismo. Pero las cosas ya no se ven desde ese prisma, sobre todo en el este del país: la sensación de declive, la crisis económica o la brecha entre lo urbano y lo rural, unido a la falta de oportunidades para los jóvenes son el caldo de cultivo para que Alternativa por Alemania haya encontrado un campo infinito en el que impulsarse.La realidad es que, con los datos en la mano, la ultraderecha crece más en los territorios de la antigua RDA respaldada por quienes votan por primera vez y por antiguos abstencionistas, pero el fenómeno, avisan los expertos, es transversal. El caladero principal, en general, es el votante de la derecha tradicional que se siente decepcionado con el bipartidismo clásico. Además, ya no hay fotos distintas por género, ni siquiera por grupos de edad. AfD ha llegado para quedarse.Un mapa de El Orden Mundial muestra la dinámica de AfD en las distintas zonas de Alemania, con el foco especialmente en el este. Su 44% de los votos en Sajonia-Anhalt es el gran éxito hasta la fecha, pero en realidad se trata de la confirmación de una dinámica que empezó hace más de diez años, aunque con algún altibajo. Lo cierto es que la trayectoria de la formación comenzó con un tropiezo en 2013, cuando sus más de dos millones de votos no bastaron para alcanzar el umbral del 5% necesario para entrar al parlamento. Su primer gran avance nacional llegó en 2017, tras la crisis de refugiados de 2015, al convertirse en la tercera fuerza del país con el 12,6% de los sufragios y liderar la oposición, destacando su fortaleza en el estado de Sajonia con más del 25% del voto en casi todos los distritos electoralmente disputados. A pesar de sufrir un repliegue en las elecciones de 2021 -coincidiendo con la salida de Angela Merkel y la vuelta del SPD al liderazgo del Gobierno, con Olaf Scholz como canciller- donde obtuvo un 10,3% sosteniendo su presencia en el antiguo territorio oriental, el grupo recobró impulso en los comicios europeos de 2024.La consolidación definitiva de la fuerza política se consumó en las elecciones generales de 2025 en medio de un nuevo contexto de crisis. En dicho proceso electoral, el partido dio el gran salto hasta convertirse en la segunda fuerza política de Alemania. Con más de diez millones de apoyos, equivalentes al 20,5% de los votos, este resultado refleja cómo el trasfondo histórico del este y el descontento en el entorno rural han provocado la imagen de un respaldo masivo a nivel federal: el partido, de hecho, ya lidera las encuestas desde hace meses con bastante claridad.En general, el avance del apoyo a AfD responde en gran medida a factores sociales e históricos específicos del este del país y, sobre todo, de sus áreas rurales. Cuatro décadas de régimen socialista autoritario en la antigua República Democrática Alemana (RDA) generaron una cultura política proclive al autoritarismo y escéptica ante la democracia liberal, la Unión Europea y el bloque occidental. Además, en el este —paradójicamente teniendo en cuenta el discurso antinmiigración de AfD— sigue habiendo por ejemplo una proporción relativamente baja de migrantes. Y hay un elemento de voto ‘desconectado’ o voto protesta: eso se ve especialmente en las zonas rurales menos pobladas y con economías deprimidas, el envejecimiento demográfico, la falta de mano de obra, las tendencias conservadoras del campo o el rechazo por ejemplo a las políticas climáticas dan cierta ventaja a la derecha radical.El este de Alemania ha sufrido un golpe enorme a su prestigio y a su dignidadJavier Carbonell, analista de política europea en el European Policy Centre (EPC) en Bruselas, y experto en las dinámicas del voto joven, explica a 20minutos que contra lo que pueda parecer «la mediana edad es la que sostiene» a AfD, y no tanto los jóvenes, porque estos, dice, de momento «no cuentan tanto electoralmente». Eso sí, hay matices. «Entre los jóvenes lo que vemos una y otra vez es siempre el mismo comportamiento electoral, que es un comportamiento que va mucho más a los partidos antiestablishment de izquierda y de derecha, y en Alemania AfD representa eso», añade Carbonell, aunque sostiene que ese voto joven también puede ir a La Izquierda (Die Linke) o a los Verdes.El analista cree que hay que centrarse más «en la memoria reciente» y no tanto en la memoria histórica para entender el auge de AfD. «Es decir, no se trata tanto la memoria histórica de Alemania de la Segunda Guerra Mundial, sino la memoria histórica de la Alemania del este. Y sabemos que todos estos sitios lo que han sufrido es un golpe enorme a su prestigio y a su dignidad», comenta Carbonell, que pide tener en cuenta también elementos como «la pérdida de población» en los últimos años, algo que ha pasado de forma clara en Sajonia-Anhalt. «Es una región que económicamente va mal y que se está vaciando».»La revuelta de los lugares que no importan»Eso es lo que Andrés Rodríguez-Pose llama «la revuelta de los lugares que no importan». En ese punto, dice Carbonell, se da «una respuesta en clave de estatus»: la gente quiere volver a lo que tenía antes porque considera que era mejor. «Eso da potencia a AfD en este caso y a los partidos de ultraderecha en general. No quiere decir que la memoria histórica o el recuerdo del nazismo no importen, pero pesa mucho más ese sentimiento de declive», esgrime; «se produce, por tanto, un cabreo con la política y eso se ve en los jóvenes, sí, pero es un sentimiento generalizado».»Claro, en el caso de los jóvenes es especialmente sangrante, puesto que son los que más afectados están porque no hay buenas oportunidades; a eso se suma que la gente de mediana edad, los boomers, ven precisamente cómo los jóvenes se van a otras partes del país y les genera ese desasosiego», argumenta en este sentido Carbonell. Y es que el auge de AfD, además, es transversal. «Las mujeres jóvenes no se están alejando de la extrema derecha, simplemente están acercándose a la extrema derecha a un ritmo un poco más lento que los hombres jóvenes. Pero el partido más votado entre las mujeres jóvenes es también la extrema derecha, que ha arrasado en todos los grupos de edad. Entonces, en realidad, las razones son las mismas: el cabreo con el sistema y la búsqueda de soluciones fáciles», expone.Por último, el analista añade un elemento puramente político, que tiene que ver en cómo el voto se va de la derecha a la ultraderecha: el principal caladero de AfD, en general, es el votante de la CDU. «La CDU tiene una estrategia pésima que se basa en virar sus políticas hacia lo que propone AfD», comenta Carbonell. «Pero al mismo tiempo te dice que no va a pactar con la extrema derecha. Por tanto hay una especie de esquizofrenia entre el votante de derechas alemán porque le están diciendo que las ideas de la extrema derecha son buenas pero al mismo tiempo que la extrema derecha, como partido, es mala», sentencia.Más en general, Alemania -y Sajonia-Anhalt- se han convertido en una foto sobre el futuro de Europa, tal como explica la exministra Arancha González Laya, actual decana de Science Po París. Ha cambiado el esquema. «El eje izquierda-derecha ya no explica la organización de los espacios políticos; el nuevo eje es integración europea contra un nuevo nacionalismo. Europa como protección o como peligro, es decir, la voluntad de construir un futuro frente a la nostalgia del pasado».

El expresidente colombiano Gustavo Petro explora diversos planes para su vida después del poder. Después de que su partido de izquierdas perdiera las elecciones el pasado 21 de junio a manos del ‘outsider’ Abelardo De la Espriella, el exmandatario asumió un perfil crítico hacia … el incipiente gobierno y eligió la Ciudad de México como su primer viaje al exterior ya una vez abandonada la Casa Nariño, a finales de agosto.
Petro fue bien recibido en el país gobernado por Claudia Sheinbaum, uno de los últimos reductos de la izquierda latinoamericana frente al avance de los gobiernos de derecha.

A lo largo de cinco días, el exguerrillero fue recibido por la presidenta mexicana en el Palacio Nacional, ofreció una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), concedió entrevistas a la prensa y hasta tuvo tiempo para irse de compras a la tienda de lujo Palacio de Hierro, en el exclusivo barrio de Polanco.

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David Alandete

Según mencionaron en condición de anonimato a ABC desde el entorno del expresidente, Petro tiene previstos nuevos viajes a México, de hecho, tendría la posibilidad de ofrecer una nueva conferencia hacia fin de año en Guadalajara con motivo de la Feria del Libro. Al mismo tiempo, exploraría nuevas opciones del mundo académico como la investigación o estudios de tinte histórico, una faceta que le llevaría a pasar más tiempo en el país norteamericano.

Sancionado por EE.UU.

Esta presencia del exmandatario en México pone al Gobierno de Sheinbaum en una situación compleja. Petro está sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, producto de las fricciones que tuvo como presidente con Donald Trump y por supuestas sospechas de no haber combatido al narcotráfico en Colombia. Al pertenecer a la llamada ‘Lista Clinton’, el expresidente tiene fuertes limitaciones en el plano bancario y financiero y, lo más delicado, cualquier empresa, gobierno o entidad asociada con Petro queda expuesta a ser sancionada por el Tesoro.
Esto fue exactamente lo que pasó en su primera visita a México: Petro habría organizado su viaje a través de la aerolínea colombiana Avianca, pero la empresa, atemorizada por la posibilidad de recibir alguna sanción de EE.UU, decidió cancelarle los vuelos y reembolsarle el dinero. Finalmente, viajó con Aeroméxico.

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Petro fue sancionado en octubre del 2025 después de que el gobierno de EE.UU entendiera que, como presidente de Colombia, no hacía lo necesario para frenar la producción de cocaína que se exportaba a Norteamérica. Las sanciones también se aplicaron a los miembros de su familia y al ministro del Interior, Armando Benedetti.
Para México es un dilema. Petro fue aliado de Sheinbaum y el país tiene una larga tradición de dar asilo por cuestiones políticas. Sin embargo, expone a la presidenta a una mayor tensión con Trump, con el que ya tiene abiertos varios frentes en materia comercial, de seguridad y de migración.
Si EE.UU, que ha demostrado una sintonía absoluta con el Gobierno de De la Espriella, decidiera arrestar a Petro en México, Sheinbaum afrontaría una situación delicada tal y cómo aseguran fuentes del Palacio Nacional.
Petro ha adelantado que está escribiendo un libro sobre la derecha internacional y de qué forma esta influye en las redes sociales y procesos electorales, un tema con el que previsiblemente arremeterá contra Trump.
El presidente estadounidense ha acusado a Petro públicamente de estar relacionado con el crimen organizado, unas acusaciones que el exmandatario ha aprovechado para esgrimir un discurso soberanista.

Otros antecedentes

México ya vivió un antecedente similar durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). En 2019, el entonces presidente boliviano Evo Morales, tras unas elecciones fraudulentas, escapó hacia México en un avión militar despachado por el que fuera su homólogo mexicano. El gobierno que sucedió a Morales se alineó de inmediato con EE.UU, donde gobernaba Trump.
Morales tenía previsto una estancia larga en México, según dijo a la prensa, pero la presión desde la Casa Blanca hizo que López Obrador lo destinara a Cuba, donde pasó unas semanas antes de poner rumbo a Buenos Aires. Morales dijo que la intención era estar más cerca de Bolivia. 
Este no es un caso único, el mismo gobierno también aceptó dar asilo en la Embajada de México en Lima, en 2022, al presidente izquierdista Pedro Castillo tras fracasar un autogolpe de Estado, pero este fue detenido antes de llegar a la legación. Más recientemente, recibió asilo en el país norteamericano la ex primera ministra de Perú, Betssy Chavez.

Regreso a la política colombiana el próximo año

Petro, además de estar señalado por la Casa Blanca, también cuenta con acusaciones en Colombia, desde supuesto uso indebido de información confidencial hasta presuntos pactos irregulares con organizaciones delictivas o presuntas irregularidades en los gastos de sus campañas electorales. En su paso por Ciudad de México, Petro aseguró de forma privada que tampoco descarta su regreso a la política el año que viene con motivo de las elecciones a la alcaldía de Bogotá, cargo que ya ocupó en el pasado.El diario ‘El Tiempo’ aseguró que el expresidente podría competir en sintonía con el senador de su espacio, Gustavo Bolívar, quien sería el candidato a Cundinamarca, el departamento que rodea la capital colombiana.

Pero quizá el caso más mediático, y que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, fue el asilo concedido al vicepresidente correísta Jorge Glas, con varios casos abiertos con la justicia ecuatoriana cuando buscó refugio, en 2023, en la embajada mexicana en Lima. En abril de 2024, el gobierno de López Obrador le concedió asilo y poco después entraron agentes policiales en el edificio para detener a Glas, lo que provocó una crisis entre ambos países que aún no se ha cerrado.

En Guantánamo, lo provisional dura ya un cuarto de siglo. Entre colinas resecas y el aire caliente y salobre del mar Caribe, dentro de la base estadounidense en la costa de Cuba, las primeras jaulas dieron paso a edificios que iban a ser temporales y … ya son permanentes. Quedó aquella imagen que estremeció al mundo: cuerpos de mono naranja, arrodillados, con los ojos y los oídos tapados. Barack Obama y Joe Biden ordenaron cerrarla. Donald Trump ordenó mantenerla abierta. Y mientras, allí siguen los quince presos más importantes de la guerra contra el terrorismo. Veinticinco años después del 11-S, la justicia tiene otra cita en el calendario: junio de 2028. Para entonces, los familiares de las víctimas habrán esperado casi veintisiete años. Y si esta vez se cumple el plazo, lo que llegará será apenas el comienzo del juicio.

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Camila Acosta

El último revés para las familias de los muertos que aún no encuentran el consuelo de la Justicia llegó cuando el juicio acababa de encontrar otra fecha, una más. Este 28 de agosto de 2026, el juez militar Michael Schrama excluyó la confesión que Khalid Sheikh Mohammed, alias ‘KSM’, acusado de ser el ideólogo del atentado de 2001, hizo al FBI en esta misma prisión en 2007. La coacción, concluyó el juez, venía de largo: detrás estaban los años de aislamiento y tortura en las prisiones secretas de la CIA, incluidas 183 sesiones de ahogamiento simulado, el temido ‘waterboarding’. La Fiscalía había defendido durante años que aquella declaración era voluntaria. Pero el 4 de septiembre anunció que no recurriría: intentar recuperar una de sus principales pruebas podía costarle otro aplazamiento. Para conservar la fecha de 2028, decidió continuar sin ella.

KSM no es, desde luego, un preso cualquiera, está acusado de haberle llevado a Osama bin Laden la idea de convertir aviones de pasajeros en armas y de haber dirigido desde la distancia su ejecución. Ante agentes del FBI, en esa confesión de enero de 2007, admitió su participación en la trama. Dos meses después, en otro procedimiento en Guantánamo, se atribuyó abiertamente la operación «de la A a la Z». Ciudadano paquistaní, fue capturado el 1 de marzo de 2003 en Rawalpindi, cerca de Islamabad, en una operación de las autoridades de ese país y estadounidenses. Pasó más de tres años en las prisiones secretas de la CIA antes de ser trasladado a Guantánamo en septiembre de 2006. Lleva veintitrés años y medio detenido, veinte de ellos en la base de Cuba, sin que haya comenzado el juicio por los atentados.

En la cárcel de Campo Delta

Ya no hay visitas, pero varios corresponsales pudimos recorrer la cárcel de Campo Delta, en esa base, y entrar brevemente en sus recintos de máxima seguridad. Dentro, la mirada se iba de las celdas al techo, donde había heces pegadas. Puertas de acero, un camastro, un inodoro y un lavabo metálicos, una ventana estrecha y opaca que dejaba pasar la luz, pero impedía mirar afuera. Los guardias a los que vimos llevaban los nombres tapados con cinta negra y pantallas transparentes ante la cara para protegerse de los orines y el semen que les arrojaban. Veintitrés horas de aislamiento y una de patio: esa era la medida de los días en el régimen que conocimos. Recuerdo también una sala con un televisor y, enfrente, un sillón con grilletes. La televisión era un premio por buena conducta.

Desde 2002 y los primeros 20 hombres, la presión creció hasta los 780 reos, incluidos algunos menores. El más conocido es ‘KSM’, quien llevó a Bin Laden la idea de usar aviones como armas

Khalid Sheikh Mohammed, ‘KSM’
Foto de AP, de 2003

La cárcel abrió el 11 de enero de 2002, cuatro meses después de los atentados, por decisión del entonces presidente George W. Bush, para encerrar e interrogar a los sospechosos capturados en la guerra contra Al Qaeda y los talibanes. Aquel primer día llegaron veinte hombres y pasarían en total unos 780, incluidos algunos menores. El recinto fue creciendo hasta tener siete campos numerados y los anexos de aislamiento. Hoy los quince presos restantes caben en un solo edificio, mucho más reducido. Junto a KSM permanecen los otros cuatro acusados del caso del 11-S (Walid bin Attash, Mustafa al-Hawsawi, Ammar al-Baluchi y Ramzi bin al-Shibh) y también Abd al-Rahim al-Nashiri, acusado de organizar el atentado contra el destructor USS Cole en 1999. Hay también seis hombres sin cargos, tres de ellos con traslado autorizado porque se los considera que ya no son una amenaza, ahora hace falta un país que los reciba.

Primera imagen: se observa a un prisionero ejercitarse en la cárcel de la base naval de Guantánamo (Cuba). Segunda imagen: Esta foto de archivo del 30 de marzo de 2010 muestra a guardias militares estadounidenses trasladando a un detenido al interior del Campamento VI en la base de Guantánamo. Tercera, de 2010: los pies de un detenido de Guantánamo encadenados y con grilletes mientras asiste a una clase de «habilidades para la vida» dentro del centro de detención de alta seguridad Camp 6, en la base naval estadounidense de la Bahía de Guantánamo..

(Efe/Afp/Reuters)

La base de Guantánamo, donde está la prisión, está en el sureste de Cuba, en una bahía que Estados Unidos domina desde 1903, cuando logró el arrendamiento para una base naval como parte de las condiciones impuestas a la independencia cubana tras la guerra que perdió España. La soberanía sigue siendo de Cuba, pero dentro manda Washington. Esa es la clave para que Bush enviara allí a los presos, a sabiendas de que habría condiciones de encarcelamiento muy duras. Lo cierto es que disponía de un recinto militar aislado, bajo su control total, pero fuera del territorio soberano estadounidense, donde sostenía que los presos extranjeros no podían recurrir a sus tribunales para impugnar el encierro. El Supremo rechazó esa pretensión en 2004. Pero la prisión siguió allí, dentro de una base cuya devolución a Cuba nunca formó parte de la orden de cierre de Obama. La dictadura castrista reclama la devolución del territorio; Estados Unidos se ampara en los acuerdos que mantienen su presencia mientras no decida abandonarlo o ambos países pacten otra cosa.

Torturas

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Según una investigación oficial del Senado estadounidense, en esta prisión se privó a detenidos del sueño, se los sometió a desnudez forzada y posturas dolorosas y se emplearon perros para intimidarlos. Se buscaba quebrar su resistencia, hacerles desfallecer para sacarles información. Parte de aquellas técnicas procedían de los manuales que preparaban a los soldados estadounidenses para soportar torturas si caían en manos del enemigo. Aquel informe concluyó que la autorización de métodos agresivos de interrogatorio por Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de Bush, fue una causa directa de los abusos en Guantánamo.
Con aquellas sombras recientes, Obama decretó el cierre el 22 de enero de 2009, dos días después de llegar a la Casa Blanca. Dio en total un año de plazo. Pero vaciar la cárcel exigía resolver el problema del destino de los presos y, sobre todo, dónde juzgar a los acusados del 11-S. El entonces fiscal general, Eric Holder, anunció que llevaría a KSM y a los otros cuatro a un tribunal civil de Manhattan, cerca de donde habían caído las Torres Gemelas. El plan desató una batalla política y el Capitolio terminó bloqueando el traslado de detenidos a Estados Unidos para juzgarlos.

Primera imagen, de 2007: Un guardia patrulla la zona de máxima seguridad «Camp V» —parte del complejo Camp Delta en la base naval estadounidense de la Bahía de Guantánamo. Segunda: los presos, colgando algunas pertenencias. Tercera imagen, de 2017: se observa una puerta de salida por la que se entrega a los detenidos liberados a los países que han aceptado recibirlos. .

(Afp / Reuters)

En abril de 2011, el Gobierno dio marcha atrás y el caso volvió a las llamadas comisiones militares de Guantánamo. Trump revocó en 2018 la orden de cierre y, al regresar a la presidencia en 2025, añadió otra misión a la base: recibir a inmigrantes sin documentos pendientes de expulsión. El 25 de febrero de aquel año, su secretario de Defensa, Pete Hegseth, recorrió las instalaciones para supervisar la operación.
Hegseth había servido allí como teniente dos décadas antes. Volvía al frente del Pentágono; la cárcel que Obama había dado un año para cerrar seguía abierta, y en la base había nuevos detenidos, por otra guerra, contra la inmigración ilegal.
Las comisiones militares son los tribunales especiales con los que EE.UU. ha decidido juzgar a los extranjeros acusados de crímenes de guerra y terrorismo. Tienen jueces militares y un jurado formado por oficiales, con reglas propias que el Capitolio mismo aprobó en 2006 y reformó en 2009. Las vistas se celebran dentro de la base de Guantánamo, en salas preparadas para manejar información secreta, la mayoría de las veces cerradas a la prensa, aunque hay excepciones. Allí, el procedimiento contra los cinco acusados del 11-S volvió a arrancar en 2012 y lleva más de catorce años sin superar la fase preliminar. Se han sucedido los gobiernos, los jueces, los recursos, las disputas sobre qué pruebas pueden utilizarse después de las torturas de la CIA. Antes de juzgar lo que hicieron los acusados, el tribunal ha tenido que examinar lo que EE.UU. les hizo durante su cautiverio, lo que se ha convertido en el gran problema de todo este proceso.

El gran problema de todo el proceso

Antes de juzgar a los responsables de los atentados del 11-S, el tribunal ha examinado lo que EE.UU. les hizo durante su cautiverio

En julio de 2024 hubo una salida que parecía estar al alcance de la mano. KSM, Attash y al-Hawsawi aceptaron declararse culpables a cambio de que la fiscalía renunciara a pedir su ejecución, que es una posibilidad. El acuerdo permitía avanzar hacia las condenas sin someter toda la acusación a un juicio marcado por las torturas. Pero el 2 de agosto, apenas dos días después de anunciarse el acuerdo, el secretario de Defensa de Biden, Lloyd Austin, lo revocó, desautorizando a los fiscales, por las críticas a que no hubiera juicio. Comenzó entonces otra disputa, esta vez sobre si el Gobierno podía retirar lo que sus propios fiscales habían pactado. En julio de 2025, un tribunal federal de casación de Washington avaló la decisión de la Administración Biden por dos votos contra uno. La pena de muerte sigue sobre la mesa.

2002, el inicio de la cárcel: detenidos de Al-Qaeda y los talibanes, vestidos con monos naranjas.

(Afp)

Sin la confesión de KSM ante el FBI, la Fiscalía pretende reconstruir la trama con otras piezas, como por ejemplo el rastro de las transferencias de dinero, conversaciones entre detenidos grabadas en los patios de la prisión y una entrevista que KSM concedió a la cadena Al Jazeera en 2002, antes de ser capturado. Son pruebas con las que los fiscales esperan sostener la acusación, aunque su uso y su alcance todavía pueden disputarse ante el juez.
Mientras tanto, los acusados envejecen y algunos ya no están en condiciones de someterse el proceso. Ramzi bin al-Shibh, señalado como enlace entre una célula yihadista en Hamburgo y los dirigentes de Al Qaeda, fue declarado mentalmente incapaz de ser juzgado en 2023. Su caso quedó separado del de los otros cuatro: las acusaciones siguen pendientes, por si recupera la capacidad de colaborar en su defensa. Fue capturado el 11 de septiembre de 2002, justo un año después de los atentados. Cuando llegue la fecha prevista para el juicio de sus compañeros, llevará casi veintiséis años detenido y seguirá necesitando una decisión médica antes de poder sentarse acusado en el banquillo ante el tribunal.