Publicado: febrero 9, 2020, 2:30 am
Aunque la demanda por trabajo desde las empresas parece estabilizarse, para los analistas el panorama laboral sigue siendo preocupante.
En ese sentido, una variable clave para tener en cuenta es la oferta de mano de obra que los economistas, en su jerga, llaman tasa de participación. Para septiembre de este año, dicha cifra cayó a 66,1% frente al 67,3% observado en 2018.
Según el Dane, las dos principales razones detrás de la menor participación son la ocupación en labores del hogar y el crecimiento de los ‘desmotivados puros’, que es el grupo de personas que detuvo su interés en estar empleado por cuenta de las condiciones adversas generales del mercado.
De acuerdo con un análisis de Bancolombia, esta situación está relacionada con la fortaleza de las transferencias corrientes desde el exterior (particularmente las remesas), que se han visto impulsadas en su valor en pesos con la depreciación de la tasa de cambio.
“Así pues, este flujo se viene transformando en un ingreso sustituto a los salarios, que está reduciendo la necesidad e interés de participar en el mercado laboral de una porción de los hogares del país”, explica.
Flexibilización, ¿la panacea?
Con un mercado laboral en continuo deterioro (hay que tener en cuenta, además, que el subempleo supera el 60%), la discusión sobre las respuestas de política girará sobre la reforma laboral que el gobierno piensa llevar al Congreso y que abocará una palabra controversial, casi que maldita: flexibilización.
Controversial porque los críticos la asocian al modelo laboral de plataformas digitales como Rappi y otras similares, y los trabajadores la asimilan al recorte de derechos adquiridos en el pasado, tal como ocurrió con las horas extras en el gobierno de Álvaro Uribe.
Pero lo cierto es que, a pesar de no contar con mayorías en el Congreso y de la baja popularidad del presidente, Iván Duque, el gobierno tiene algunas ideas sobre la materia y la Ministra de Trabajo, Alicia Arango, ya ha venido mostrando sus cartas.
Por ejemplo, a pesar de apoyar la flexibilización, Arango dijo en la última asamblea de la Andi que la contratación no puede violar los derechos de los trabajadores: “La transformación tecnológica, la flexibilidad de los jóvenes que quieren trabajar desde su casa y el mundo cambiante, requiere darle un poco de posibilidades a las personas de trabajar de forma distinta, pero respetando los derechos de los trabajadores, lo cual será siempre nuestra prioridad”.
Adicionalmente, Arango dijo que el país debe flexibilizar el mercado laboral para que los trabajadores que permanecen en la informalidad puedan cotizar por horas: “Todas las personas que trabajan en Colombia deben tener derecho a cotizar a salud y a pensión, hasta los que ganan menos de 1 salario mínimo legal vigente”.
Explicó que el gobierno está dispuesto a luchar por los trabajadores más vulnerables y esto incluye el 44% de ellos que no alcanzan a devengar 1 salario.
Por su parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, señaló que hay que crear las condiciones para que, además de obligatorio, sea más atractivo para todos contratar trabajadores en esquemas formales.
Según el dirigente gremial, los desafíos laborales son inmensos. “En el caso de la informalidad estamos hablando de un problema endémico el cual no ha registrado nunca niveles aceptables. Colombia tiene que tomarse muy en serio este tema, debe estudiar sus causas y definir las reformas que nos permitan superarlo”.
Explicó que, aunque hay indicios de que la economía debe crecer a tasas más aceleradas, las condiciones de inflexibilidad y cargas prestacionales inhiben el crecimiento del empleo formal.
“Desde el punto de vista laboral, la informalidad es sin duda alguna el principal flagelo para el país. No es correcto con los trabajadores, que no cuentan con ninguna seguridad social y normalmente con salarios muy por debajo del mínimo, el Estado no cuenta con aportes a la salud o la vejez, y las empresas formales cuentan con una depredadora competencia desleal”.
