El plan aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) será ejecutado en alianza con el sector privado y busca rescatar el crecimiento de la economía de manera sostenible e incluyente, y garantizar la vacunación de 35 millones de colombianos.
Este paquete de medidas, denominado ‘Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia’, fue construido con aportes de más de 500 participantes, incluidos el Consejo Gremial Nacional y el Consejo Privado de Competitividad.
Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de crecimiento y empleo, las entidades públicas involucradas en la estrategia de reactivación implementarán acciones habilitantes que dispondrán de una financiación total de $3,8 billones.
Se destinarán $669.894 millones para detener y mitigar el incremento de la pobreza y vulnerabilidad económica de las familias causado por la emergencia sanitaria.
Para enfrentar la destrucción de empleos se destinarán $662.190 millones. La recuperación del sector productivo demandará $2,2 billones. El fortalecimiento institucional y la articulación de los distintos instrumentos de la política económica y social tendrá el aporte de $307.727 millones. El impulso al desarrollo digital recibirá $1.067 millones.
La hoja de ruta tiene un horizonte de seis años, que empieza en 2021 y finaliza en 2026.
Más de $135 billones para la recuperación
Los $135 billones del plan ‘Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia’ equivalen al 12,5% del Producto Interno Bruto (PIB) actual del país.
• El 7,2% del Plan de Inversiones se destinará a la construcción de vivienda, actividad crucial para la generación de empleo y la reactivación de la demanda en distintos sectores de la producción y el comercio.
• Otros $57 billones, correspondientes al 42,4% del presupuesto establecido, estarán dirigidos a transporte, recursos que contribuirán a elevar la productividad futura de la economía y el desarrollo regional.
• Por otra parte, unos $35 billones, equivalente al 26,3%, se invertirán en el sector de minas y energía.
• El 15,8%, equivalente a $21,3 billones, se concentrará en la financiación de proyectos en el sector agropecuario y deportes, entre otros.
• El 3,9% del plan, unos $5,2 billones, se destinará al sector de educación.
A los programas sociales que involucran transferencias de recursos a los hogares más pobres y vulnerables, principalmente al Programa Ingreso Solidario, se dirigirán $4,4 billones, equivalentes al 3,3%.
Este compromiso incluye acciones para proteger a la población migrante que será regularizada con el Estatuto de Protección Temporal.
Como respuesta a los problemas generados por la pandemia, el Conpes definió, las siguientes acciones de política económica y social que apoyarán el desarrollo del Plan de Inversiones y facilitarán su puesta en marcha.
Las principales acciones para beneficio de los hogares más vulnerables son las siguientes:
• La integración y actualización de datos de la Plataforma de Transferencias Monetarias y el Registro Social que incluye a la población migrante.
• El seguimiento y búsqueda activa de la población desescolarizada.
• Los auxilios económicos para el pago de la matrícula de los jóvenes en instituciones de educación superior públicas.
• El plan de información y divulgación sobre los beneficios y el proceso de vacunación contra el covid-19.
Entre las acciones de política para las empresas sobresalen:
• La estrategia para facilitar el acceso de micro y pequeñas empresas al mercado de compras públicas.
• La creación de una línea directa para que pequeñas y medianas empresas puedan solicitar créditos de máximo $2.500 millones, para pagarlos en hasta tres años de plazo.
• El programa de asistencia técnica a mipymes, cuyo fin es que estas empresas puedan cumplir estándares de calidad en mercados destino.
• La estrategia de apoyo a proyectos de desarrollo tecnológico e innovación con enfoque regional.
• El programa de apoyo empresarial orientado a la promoción y desarrollo de productos, procesos y servicios a partir de la biodiversidad y la biomasa.
Las acciones para fortalecer el gobierno incluyen:
• Una plataforma de intercambio de experiencias exitosas y lecciones aprendidas para la atención a la crisis.
• El Sistema Único Integrado de Gestión Judicial (SUIGJ) y servicios digitales asociados.
• El mejoramiento de los sistemas de información para anticipar los cambios atípicos en la ocurrencia del delito y en comportamientos contrarios a la convivencia.
• El modelo de acompañamiento a entidades públicas para la adopción de soluciones Govtech.
• El Plan Nacional de Infraestructura de Datos.
• Crecimiento del 5%.