El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirma que tiene un plan para conseguir que las redes sociales sean un lugar menos nocivo; en el que la desinformación no campará a sus anchas y los más jóvenes estarán protegidos. Para conseguirlo, anunció ayer, dentro … de la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubai, que tiene intención de prohibir el acceso de menores de 16 años a redes sociales. También busca aumentar el control sobre las plataformas con una nueva batería de medidas entre las que figura un sistema denominado ‘huella de odio y polarización’. Este consistirá en la «creación de un ranking de peores a mejores plataformas en relación con la presencia de odio y polarización en las mismas» que será creada por el propio Gobierno.
Expertos en derecho digital consultados por ABC se muestran muy preocupados por este proyecto concreto, temen que se esté intentando «usar la seguridad de los menores como excusa para hacer seguimiento de todo aquello que al Gobierno le parece mal». «Con la medida de la ‘huella de odio’, lo que parece que hará el Ejecutivo es marcar como ‘odio’ o ‘desinformación’ todo aquello que vaya en su contra. Y eso no lo puede decidir un Gobierno. Un Gobierno no puede decir qué es discurso de odio ni qué es desinformación», señala Borja Adsuara, abogado y exdirector general de Red.es.

El experto teme, además, que el Gobierno intente presionar a las plataformas para que tomen medidas contra el contenido que no es de su gusto, por mucho que sea legal: «Podemos empezar a encontrarnos con situaciones en las que se intente forzar a las redes a eliminar contenido con la excusa de que se incita al odio». Además, destaca que deja en claro que «lo que a Pedro Sánchez le gustaría es obligar a las redes sociales a eliminar todas las informaciones que puedan ir contra él o contra su entorno».
En la misma línea se mueve el jurista e ingeniero informático Sergio Carrasco Mayans, que destaca que, con este sistema, «la libertad de expresión puede estar en riesgo»: «El tema de limitar el acceso de los menores a redes sociales puede tener sentido. Sin embargo, el hecho de controlar y señalar a las plataformas desde los poderes públicos es casi como crear un ministerio de la verdad». El experto remarca que el plan es «muy preocupante»: «Seguramente habrá contenidos en los que la desinformación o la incitación al odio será muy clara; pero que desde el propio Gobierno se entre a señalar la red social más polarizada me parece algo muy complicado. ¿Qué entendemos por ‘polarización social’? ¿Qué se hable mal del Gobierno? No tiene mucho sentido».

«¿Quieren meter a Zuckerberg en la cárcel?»

Los expertos también ponen en duda la efectividad del plan del Gobierno para restringir el acceso de los menores de 16 años a redes sociales. El proyecto va un paso más allá del anunciado en Consejo de Ministros en 2024 y que se encuentra en fase de tramitación desde el septiembre pasado, ya que este solo considera elevar la edad mínima para tener una cuenta de los 14 a los 16 años. Para ello, es imprescindible llegar a acuerdos con otros partidos. Asimismo, será necesario que las redes sociales pongan de su parte y establezcan mecanismos de verificación de edad efectivos que mantenga a los más jóvenes lejos de sus espacios. Algo que resulta complicado, porque hay aplicaciones VPN con las que es posible engañar a una web para que se piense que se está intentando acceder desde un país diferente. En la práctica, para evitar que los niños españoles puedan entrar en TikTok todos los países tendrían que tener la misma prohibición.
«Siempre ha habido formas por las que los menores pueden saltarse estas prohibiciones», apunta Carrasco. «No creo que el camino de la prohibición sea el adecuado, porque quebrantar siempre resulta atractivo, y ya sabemos que hay formas de saltarse estas barreras, como las ‘apps’ con VPN. Me parece, de primeras, ponerle puertas al campo», señala, por su parte, el ‘hacker’ Antonio Fernandes.
Cabe recordar que tanto en Australia, donde el límite de acceso a redes sociales quedó limitado a 16 años el pasado diciembre, como en Reino Unido, donde se bloqueó el acceso de menores a sitios de apuestas y pornografía, los jóvenes han seguido encontrando medios para esquivar la prohibición, tal y como ha informado este periódico.
Sánchez también anunció que tiene intención de hacer a los directivos de las redes «responsables penalmente» de las infracciones cometidas en sus servicios, en particular cuando incumplan una orden de retirada de contenidos ilícitos. «¿Quieren meter a Mark Zuckerberg en la cárcel? Que lo intenten», señala Adsuara. Cabe recordar que, actualmente, la Ley de Servicios Digitales de la UE establece que son las plataformas las que tienen la obligación de retirar cualquier contenido ilegal que se vierta en su interior siempre y cuando sean conscientes de su existencia. «El Gobierno español frente a las grandes plataformas no puede hacer nada. La competencia la tiene la Comisión Europea», remata el jurista.
El presidente también compartió que el Gobierno tiene intención de penalizar la manipulación de los algoritmos que facilite la amplificación deliberada de contenidos ilegales. Esto será difícil de demostrar siempre y cuando las plataformas no compartan dicha información, algo a lo que, sobre el papel, solo les puede obligar un juez, según remarcan los juristas. Finalmente, el Gobierno señaló que, a partir de ahora, «actuará con tolerancia cero frente a las posibles infracciones cometidas por plataformas como Grok o TikTok relativas a la generación con IA de contenido sexualizado vinculado a menores o a la difusión de los mismos». Cabe recordar que el pasado enero la ministra de Juventud, Sira Rego, solicitó a la Fiscalía General del Estado que investigase si X (antes Twitter), a través de su herramienta de inteligencia artificial Grok, había incurrido en delitos de difusión de material de violencia sexual contra la infancia.

Un nuevo capítulo en la guerra de Sánchez

Para Borja Adsuara, lo único que busca Pedro Sánchez con estos anuncios es «figurar como uno de los líderes contra los señores digitales a nivel internacional». No es la primera vez que el presidente ataca directamente a las redes sociales. Durante su participación en el Foro Económico de Davos de 2025 destacó que «estas plataformas han dado lugar a una concentración de poder y riqueza en manos de unos pocos. Todo ello a costa de nuestra cohesión social, nuestra salud mental y nuestras democracias». Recientemente, el PSOE solicitó la presencia de Zuckerberg en el Congreso para que declarase sobre un supuesto caso de espionaje a los usuarios de las aplicaciones de Meta en Android. El CEO no acudió y Meta envió en su lugar a José Luis Zimmermann, director de Políticas Públicas de la multinacional para España y Portugal.
 

Pedro Sánchez quiere evitar que los menores de 16 años sigan accediendo a redes sociales. El presidente del Gobierno ha anunciado que España seguirá la estela de países como Francia o Australia en donde ya se han dado pasos para restringir el acceso … de menores a espacios como TikTok o Instagram. Para conseguirlo, el Ejecutivo tiene intención de obligar a las plataformas a establecer sistemas efectivos de verificación de edad «que vayan más allá de simples declaraciones formales» en las que el internauta, únicamente, tiene que pulsar un icono en el que afirma tener la edad suficiente para acceder.
Sea como sea, el plan, sobre el papel, tiene muchos agujeros, tal y como han explicado a ABC varios juristas y expertos en ciberseguridad. Así es como esperan que afecte a los usuarios el movimiento del Gobierno.

¿Por qué quieren establecer el límite en los 16 años?

El Reglamento General de Protección de Datos, que es el que impera en la Unión Europea, permite establecer entre los 13 y los 16 años la edad límite para que los internautas puedan tener cuenta en redes sociales. Desde el Ejecutivo señalan que subir la edad es necesario para salvaguardar la salud, el bienestar y la seguridad de los niños y adolescentes del país. En concreto, se quiere proteger a los más pequeños del contenido nocivo que se publica en su interior y del uso compulsivo de estos espacios.

¿Cuál es la edad mínima actualmente?

Actualmente, España tiene fijada la edad mínima para el acceso a redes sociales en los 14 años. El Gobierno ya anunció en 2024, en Consejo de Ministros, que tenía intención de subir la edad a los 16. Actualmente, el anteproyecto de ley para conseguirlo se encuentra desde septiembre en tramitación en el Congreso de los Diputados, donde deberá ser aprobado para su entrada en vigor.

El ‘hacker’ Román Ramírez todavía se acuerda bien de la primera vez que la página web de su empresa, RootedCon, sufrió una caída a causa de los bloqueos de IP ordenados por LaLiga para combatir la piratería. «Fue a finales de enero del año … pasado o principios de febrero. Un fin de semana, nos dimos cuenta de que estábamos teniendo problemas con la web. Lo más insidioso de todo fue que no nos dimos cuenta de la razón; en un primer momento, pensamos que era culpa nuestra», recuerda en conversación con ABC. Sin embargo, no tardó mucho en confirmar que su problema no era un caso aislado: durante los días de partido, las webs de cientos de compañías acababan, en muchos casos, completamente inaccesibles. Algo que, con el paso de los meses, ha afectado, entre otras, a las páginas de varios medios de comunicación, Madrid Salud, la RAE o a plataformas de videojuegos como Steam y redes sociales como X.
«Un año después, creo que muchos han asumido que los días de fútbol van a tener problemas en internet. Lo malo es que se ha ido asimilando, cosa que me parece peligrosísima, porque no se trata de una situación normal», señala el experto en ciberseguridad, que se ha convertido en uno de los principales opositores al sistema que LaLiga emplea para evitar que alguien pueda ver fútbol sin pasar por caja. El «problema», según señala Ramírez, surgió en diciembre de 2024, cuando el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona habilitó a LaLiga a solicitar directamente a los operadores de telecomunicaciones el bloqueo de direcciones IP vinculadas a emisiones pirata. Lo que ocurre es que una sola IP puede ser compartida por miles de páginas web; entonces, cuando se ordena la retirada de una emisión ilegal, es fácil que sitios legítimos sufran también los efectos.

«Yo he visto dos casos muy graves. Uno, el de Madrid Salud, que se llegó a quedar sin poder mostrar el historial clínico de los pacientes y sin dar opción de reservar cita con el médico. El segundo, el de una aplicación de teleasistencia de la que prefiero no decir el nombre, y que llegó a quedarse sin capacidad para reportar los avisos», dice Ramírez. «Entiendo que la postura de LaLiga sea la de negar la mayor, pero ellos saben que cuando se llevan una dirección IP por delante están tumbando muchos servicios. Es como si la Policía se pone a disparar indiscriminadamente en la Puerta del Sol para detener a un solo criminal. Se sabe que eso no se puede hacer, porque puedes matar a gente inocente que pasa por ahí, y eso va en contra de los derechos fundamentales», remata el experto.

Román Ramírez, CEO de RootedCon

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Para intentar parar los bloqueos, RootedCon, junto con otros afectados, presentó el pasado mayo un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El objetivo: paralizar el auto que da poder a LaLiga para solicitar el bloqueo de direcciones IP. «Esperamos que el Constitucional se pronuncie dentro de poco», apunta Ramírez. El ‘hacker’ añade que, aunque la justicia no le dé la razón, no tiene intención de rendirse: «La lógica dice que el siguiente paso es ir a altos tribunales de la Unión Europea, algo que nos costaría mucho dinero, y que habrá que estudiar. Sí que haremos una cosa importante, que es liberar herramientas completamente legales para que los usuarios puedan evadir cualquier tipo de bloqueo y filtrado».

El Gobierno lo deja en manos de los jueces

Si Ramírez no tiene intención de rendirse, tampoco piensa hacerlo Ofelia Tejerina, jurista especializada en asuntos digitales y presidenta de la Asociación de Internautas. La semana pasada, esta organización, con el apoyo de la Fundación España Digital (FED) y la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) presentó un nuevo requerimiento ante el Defensor del Pueblo para que inste al Gobierno a actuar de oficio para acabar con los bloqueos.
«Ya lo hicimos la pasada primavera, pero el Defensor del Pueblo nos indicó que antes debíamos dirigirnos a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)», explica Tejerina en conversación con este periódico. Y eso fue lo que hicieron las asociaciones, aunque sin demasiado éxito; porque, según señalan, dejaron de recibir respuesta del Gobierno después de compartirles toda la información sobre las operadoras implicadas y los afectados.

Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas

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«Cuando alguien no responde eso ya es un mensaje. Lo que ‘recibimos’ fue la publicación de una fotografía del secretario de Estado (Antonio Hernando) dándose la mano con el responsable de los ataques que sufrimos muchas webs legales (Javier Tebas, presidente de LaLiga)», dice la abogada. Esa imagen, compartida este mes de enero, responde a un acuerdo entre el Gobierno y LaLiga para «impulsar la cultura de la ciberseguridad». Tejerina destaca que «viendo que la secretaría de estado no tiene problemas para conversar, negociar y llegar a acuerdos» con LaLiga, en su opinión, el Gobierno, simplemente ha estado «ignorando deliberadamente las peticiones de intervención».
«Si la empresa privada domina al Gobierno, entonces, ¿cómo le llamamos a esto? Porque la fotografía lo que transmite al resto de los mortales, es que hay una empresa privada controlando secciones del Gobierno para sus propios intereses privados. Desde luego el secretario de Estado no está protegiendo a los ciudadanos que están sufriendo los daños», lamenta Tejerina. La abogada remarca que «el Gobierno, directamente, nos ha ignorado».
Fuentes de Seteleco señalan a ABC que el Ministerio de Transformación Digital, del que depende, «está escuchando a instituciones, pequeñas empresas y usuarios individuales para conocer el impacto que esta situación les está produciendo». Asimismo, se señala que los bloqueos «se realizan en cumplimiento de una orden judicial» y que el ministerio «no tiene participación en el proceso ni conocimiento de las IP que se vean afectadas».
A Tejerina le parece «más grave» todavía que el juez que dictó la sentencia con la que se dio poderes a LaLiga para bloquear direcciones IP no haya rectificado. Lo acusa de haber ignorado «dos criterios esenciales» a nivel legal: «Uno es la notoriedad del daño, porque el juez señala que no le consta que se hayan producido daños, cuando es algo notorio. Además, no recoge el abuso de derecho. Un juez cuando detecta que hay o podría estar dándose un abuso de derecho, incluso un fraude procesal, tiene la obligación de intervenir».
Desde LaLiga se niega que los bloqueos estén siendo masivos, tal y como denuncian los afectados. Además, gracias a su sistema, de acuerdo con sus propios datos datos, se registró una disminución de la piratería de un 60% durante la temporada 2024/25. La competición de fútbol nacional culpa de la situación a Cloudflare, una red de distribución de contenidos estadounidense que desempeña un papel clave en el funcionamiento de internet, y que comparte la misma IP con varias páginas que usan sus servicio. Esto hace que cuando LaLiga bloquea una concreta, muchas otras puedan sufrir los efectos.
«La protección que ofrece Cloudflare es gratis y es una pasada, porque me protege del 95% de ataques que puede sufrir mi web», dice Ramírez, que destaca, además, que la tecnológica estadounidense no puede «detectar a un criminal antes de que empiece a delinquir»: «Lo que quiere LaLiga es que Cloudflare le de acceso a las herramientas propias de la empresa para poder cortar directamente (una emisión pirata) con un margen de 15 minutos. Si ya hemos visto que les da igual todo y se llevan por delante medio internet cortando, imagínate si Cloudflare les da un acceso privilegiado a sus redes para poder cortar lo que quieran».
El caso de los bloqueos ha llegado ya al Congreso de los Diputados. El pasado mes de octubre, la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital votó en contra de una proposición no de ley que buscaba que el Gobierno interviniera. En una respuesta a una consulta realizada por ERC, el Ejecutivo señaló que «anima a cualquier persona o entidad afectada a ejercer sus derechos por las vías legales y seguirá con atención la evolución de la situación para valorar posibles medidas en el marco de sus competencias». Asimismo, se señaló que el Ministerio de Cultura «no ha recibido hasta la fecha comunicaciones o quejas formales que acrediten casos concretos de sobrebloqueo».