Hong Kong impone hasta siete años de cárcel a los organizadores de la vigilia por la matanza de Tiananmen

Un tribunal de Hong Kong ha condenado esta mañana a entre cinco y siete años de cárcel a tres activistas organizadores de la vigilia en recuerdo de la matanza de Tiananmen. Esta sentencia representa la última evidencia de la pérdida de libertades políticas … en el territorio bajo el autoritarismo chino.
Chow Hang-tung, Lee Cheuk-yan y Albert Ho ya habían sido declarados culpables el pasado mes de agosto por «incitación a la subversión», delito penado con hasta diez años de cárcel, por su «hostilidad permanente» hacia el Partido Comunista Chino (PCCh) y sus llamados públicos a «terminar con la dictadura de partido único».

La sentencia divulgada este viernes impone siete años y tres meses de cárcel a Chow, siete años a Lee, y cinco años y dos meses a Ho, el único que había aceptado la acusación de antemano. Su colaboración con el proceso legal también ha supuesto una detención posterior: los dos primeros permanecen bajo arresto desde hace un lustro, frente a los tres años y medio de este último.

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Jaime Santirso

Chow, que ejerció su propia defensa, afirmó que el juicio daba a entender que promover la democracia constituye un delito y que, por tanto, no merecía pasar «ni un solo día» entre rejas. Lee, por su parte, adujo que «terminar con la dictadura de partido único» solo implica permitir que la ciudadanía elija a sus propios líderes políticos, y que en ningún momento había pedido a la gente que empleara métodos ilegales para lograrlo.
Los tres reos dirigían la Alianza de Hong Kong en Apoyo a los Movimientos Democráticos Patrióticos de China, la asociación desaparecida en septiembre de 2021 que durante tres décadas organizó, cada 4 de junio, la tradicional y multitudinaria vigilia en recuerdo de la matanza de Tiananmen, la última conmemoración pública de este funesto hecho histórico en suelo chino.

Silencios forzosos

Tal día de 1989, el PCCh recurrió al ejército para silenciar por la fuerza unas protestas de gran calado social que reclamaban reformas políticas, acabando con la vida de cientos, quizá miles –la cifra exacta sigue siendo un misterio– de manifestantes movilizados en la plaza que ocupa el corazón de Pekín. Lo sucedido permanece desde entonces oculto bajo la más hermética de las censuras.

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Hong Kong suponía la única excepción, hasta que en 2020 el Ejecutivo local prohibió el evento con la pandemia como excusa. Sin embargo, miles de ciudadanos reaccionaron desafiando la orden. Al año siguiente, el mandato llegó secundado por la Ley de Seguridad Nacional, el marco legal impuesto desde Pekín tras las protestas prodemocracia que desde el verano de 2019 sumieron al territorio en una profunda crisis social.
Esta castiga hasta con cadena perpetua cualquier acto considerado «subversivo» y ha sido empleada para cerrar medios de comunicación, disolver a la oposición y maniatar a la sociedad civil.