Publicado: mayo 19, 2026, 12:45 pm
La fuente de la noticia es https://www.abc.es/internacional/acusan-evo-morales-buscar-caida-presidente-bolivia-20260519192959-nt.html
Bolivia atraviesa la crisis política más delicada desde la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia hace apenas algo más de seis meses. El Gobierno reforzó este martes la presencia policial y militar en La Paz y El Alto, activó procesos judiciales contra … dirigentes sindicales y endureció su discurso contra sectores afines a Evo Morales, a los que acusa de impulsar una ofensiva coordinada para forzar la caída del poder.
La tensión aumentó después de la violenta jornada del pasado lunes en la capital política boliviana, cuando miles de manifestantes, entre ellos mineros cooperativistas, campesinos, fabriles y sectores vinculados al expresidente Evo Morales, se enfrentaron durante horas con la Policía en el centro de La Paz.
Los disturbios dejaron una ciudad paralizada, con daños en infraestructura pública, ataques a comercios, agresiones contra periodistas y al menos once policías heridos, dos de ellos de gravedad. También se registraron saqueos a negocios, ataques a oficinas judiciales y destrozos en estaciones del sistema de transporte Mi Teleférico, uno de los principales símbolos urbanos de la capital boliviana.
Noticia relacionada
-
Ronald Catari
El Gobierno respondió desplegando más de 2.500 policías en La Paz y El Alto, reforzando operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas y lanzando una denuncia judicial contra líderes de las movilizaciones, entre ellos el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, actualmente buscado por la Policía.
La Fiscalía emitió órdenes de aprehensión contra Argollo y otros dirigentes por presuntos delitos de instigación pública, terrorismo, financiamiento al terrorismo, asociación delictuosa y atentados contra servicios públicos. «Estamos en busca del señor Argollo y otros más para que respondan ante la Justicia», declaró este martes el comandante nacional de la Policía, Mirko Sokol.
Presión social
El conflicto comenzó en abril con marchas campesinas contra la Ley 1720 de Reconversión de Tierras, impulsada por el Gobierno de Rodrigo Paz y rechazada por organizaciones rurales que la consideraban perjudicial para comunidades campesinas e indígenas. Ante la presión social, el Ejecutivo terminó eliminando la norma. Sin embargo, las movilizaciones continuaron y comenzaron a adquirir un carácter abiertamente político.
El 1 de mayo, la Central Obrera Boliviana declaró una huelga general indefinida y endureció sus demandas. Poco después, dirigentes sindicales y sectores afines a Evo Morales empezaron a exigir directamente la renuncia presidencial.
Un manifestante es herido en un enfrentamiento con la policía durante una protesta este lunes, en La Paz.
(EFE)
Morales, enfrentado con Rodrigo Paz desde la campaña electoral y debilitado además por investigaciones judiciales en su contra, respaldó públicamente las protestas y sostuvo que la principal demanda debía seguir siendo la salida del mandatario. Desde entonces, el Gobierno acusa al expresidente de utilizar el malestar económico y social para promover una ruptura institucional.
«No hay la más mínima duda de una intencionalidad política», afirmó el vocero presidencial, José Luis Gálvez.
Bloqueos de carretera
La tensión escaló rápidamente durante las últimas semanas. Bloqueos de carreteras comenzaron a cercar progresivamente La Paz, mientras crecían los problemas de abastecimiento de alimentos y combustible en varias regiones del país.
Este martes Bolivia amaneció con al menos 32 puntos de bloqueo distribuidos en seis departamentos, según reportes oficiales. La Paz continúa siendo el departamento más afectado, aunque las protestas también se expandieron hacia Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz.
El impacto económico y social empieza a agravarse. En La Paz crecen las dificultades de abastecimiento de alimentos y combustible, mientras continúan las largas filas en gasolineras y persisten problemas de transporte y distribución de mercancías debido a los bloqueos instalados en distintos puntos del país.
Escenario complicado
La situación es delicada para el presidente Rodrigo Paz porque apenas cumple seis meses en el poder. El mandatario llegó al Gobierno tras romper casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), en un contexto de fuerte desgaste económico e institucional acumulado durante los últimos años.
Paz heredó una economía marcada por la caída de reservas internacionales, escasez de dólares, déficit fiscal y problemas crecientes de abastecimiento energético. Aunque prometió estabilizar las cuentas públicas y recuperar confianza económica, el deterioro social se aceleró rápidamente durante sus primeros meses de gestión.
Las largas filas para conseguir combustible, la inflación y el aumento del costo de vida alimentaron un creciente malestar social que terminó convirtiéndose en el principal frente de desgaste para el nuevo Gobierno.
La violencia del lunes fue la más intensa. Cinco movilizaciones simultáneas, integradas por mineros, campesinos, fabriles y sectores evistas, convergieron sobre el centro político de La Paz.
Enfrentamientos contra la autoridad
Los enfrentamientos comenzaron cuando grupos de manifestantes intentaron romper el cerco policial alrededor de Plaza Murillo, sede del Ejecutivo y del Parlamento. Los movilizados utilizaron piedras, petardos y cartuchos de dinamita, mientras la Policía respondió con gases lacrimógenos y unidades antidisturbios.
La violencia terminó extendiéndose hacia otros sectores de la ciudad. Manifestantes dañaron estaciones del teleférico, atacaron oficinas judiciales, destruyeron vehículos y protagonizaron saqueos en comercios.
Un policía fue brutalmente golpeado cerca de una estación del teleférico y permanece hospitalizado con riesgo de perder un ojo. También se registraron agresiones contra periodistas y transeúntes.
El canciller Fernando Aramayo acusó este martes a sectores movilizados de buscar deliberadamente una escalada fatal para responsabilizar posteriormente al Gobierno. «Ellos querían que se genere el famoso muerto para endilgarlo a la Policía, militares y al Gobierno», declaró a medios locales.
«De la reinvindicación al crimen»
El discurso oficial se endureció todavía más durante las últimas horas. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que las protestas dejaron de ser reivindicaciones legítimas y derivaron en actos criminales organizados.
El Ejecutivo sostiene además que existen indicios de financiamiento irregular detrás de las movilizaciones como el narcotráfico. La Policía informó sobre operativos en alojamientos donde se encontraron explosivos, dinero en efectivo y material utilizado en enfrentamientos.
El Chapare, principal bastión político y sindical de Evo Morales y región vinculada al narcotráfico y a cultivos de coca excedentarios, vuelve así a aparecer en el centro de la crisis boliviana.
Pese al endurecimiento del discurso oficial, Rodrigo Paz intenta evitar por ahora una medida extrema como el estado de excepción. El portavoz presidencial José Luis Gálvez admitió que Bolivia enfrenta un escenario de «Estado débil», pero argumentó que suspender derechos constitucionales podría alimentar una mayor radicalización de las protestas. «Responder a la violencia con violencia probablemente agravaría el escenario», sostuvo.
Preocupación internacional
Al mismo tiempo, comenzaron a surgir cuestionamientos sobre posibles excesos policiales. De las 122 personas detenidas tras los disturbios del lunes, 94 fueron posteriormente liberadas, mientras abogados defensores denunciaron arrestos indiscriminados y detenciones de personas ajenas a los enfrentamientos.
En medio de los conflictos, la iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos intentan impulsar una mesa de diálogo para frenar la escalada. «Paren con estas medidas violentas porque la gente está sufriendo», pidió el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, Giovanni Arana.
La preocupación ya trascendió las fronteras bolivianas. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) analizará este miércoles la situación política del país, mientras un grupo de expresidentes latinoamericanos y españoles alertó sobre los riesgos para la estabilidad democrática boliviana.
Entre los firmantes aparecen los expresidentes españoles José María Aznar y Mariano Rajoy, además de líderes latinoamericanos como Mauricio Macri y Vicente Fox. Los exmandatarios piden vigilancia internacional frente a lo que consideran un intento de «manipulación política de la protesta social» contra «un gobierno legítimo surgido del voto popular».
Mientras tanto, La Paz, sede de gobierno, continúa atrapada entre bloqueos, tensión política y el temor creciente de que la crisis entre en una nueva fase de confrontación. Se han anunciado más movilizaciones para los próximos días.
