Publicado: septiembre 6, 2021, 9:30 am
El Plan de Vacunación pública avanza con rapidez y las iniciativas de vacunación privadas autorizadas por el Gobierno también se han puesto en marcha, buscando la inmunización de la población. Colombia ha empleado diferentes mecanismos para lograr la vacunación con el fin de promover la reactivación de la economía nacional, y esto definitivamente, tiene repercusiones en el ámbito laboral.
El tema de la obligación de los empleadores para establecer una vacunación obligatoria ha causado impactos desde el punto de vista laboral dado que, si un empleado o incluso un candidato, se niega a vacunarse, no está vacunado o prefiere no entregar una prueba de vacunación, no hay una causa justa para el despido ni motivos objetivos para negar la contratación. Tampoco podría negar o suspender el pago de salarios.
Según María Paula Dueñas, asociada del área de práctica de Empleo y Compensación de Baker McKenzie: “en principio, en estos casos, el empleador no podría tomar medidas respecto a su empleo per se, es decir, despido o medidas disciplinarias. Sin embargo, para las contrataciones vigentes, el empleador tiene la facultad de negar el ingreso como dueño y responsable del lugar de trabajo. Además, estos empleados pueden ser incluidos en los planes de retorno al trabajo presencial según la Resolución 777, vigente a la fecha”.
Cabe resaltar que los empleadores no pueden requerir estas vacunas como obligatorias o como requisito para contratar y continuar con el empleo ya que: (i) la vacunación contra el COVID-19 no es actualmente obligatoria en Colombia; (ii) cada individuo tiene derecho a decidir qué protocolos y tratamientos médicos desea recibir; (iii) cada individuo tiene derecho a aceptar o rechazar procedimientos médicos; y (iv) constitucionalmente, los cuerpos de las personas no pueden ser intervenidos sin su permiso. Por lo tanto, no pueden: (i) dejar de pagar salarios, (ii) imponer acciones disciplinarias o (iii) terminar con justa causa los contratos de trabajo por este motivo.
“Los empleadores no pueden obligar a los empleados a vacunarse. Exigir que los empleados se vacunen, o negarles un trabajo, podría considerarse una discriminación ilegal independientemente de si se oponen por razones relacionadas con su salud mental o física, su religión o si simplemente rechazan la vacunación por razones personales: es su decisión. La vacunación no es obligatoria en Colombia. Además, esto podría implicar riesgos de reclamos por discriminación y violación del derecho a la intimidad y autonomía”. Añadió Dueñas.
¿Está obligado a vacunarse para volver al trabajo? Acá los detalles
Si bien es claro que no es posible la obligatoriedad, los empleadores, como dueños del lugar pueden implementar políticas sobre quién puede volver a trabajar presencialmente a sus oficinas, según el estado de vacunación. En la práctica, los empleadores pueden decidir negar la entrada a sus instalaciones a las personas que no estén vacunadas para evitar el contagio en el lugar de trabajo.
Es importante tener una estrategia clara ante los casos en que los empleados rechacen la vacunación porque la única consecuencia posible es no autorizar el ingreso, pero, como se ha mencionado, esto no puede tener repercusiones en el contrato, salario o empleo del trabajador. Por ejemplo, diseñar alternativas de trabajo a distancia, vacaciones o de licencias, es algo que hay que revisar caso por caso y de manera cuidadosa, para mitigar riesgos.
En la práctica, vemos que algunos empleadores solicitan a los colaboradores su información de vacunación y ésta es información médica, privada, personal y sensible de los individuos, por lo tanto, los empleados deben entregar esta información de forma voluntaria. “Cabe destacar la importancia de las autorizaciones de manejo, tratamiento y recolección de datos personales en caso de recoger información personal y colectiva sobre el estado de vacunación de empleados o contratistas, o en caso de que la empresa cuente con esta información debido a su plan de vacunación privado. Adicionalmente, es importante confirmar si esto da lugar a obligaciones adicionales ante el Registro Nacional de Bases de Datos”, afirmó Dueñas.
