Publicado: junio 4, 2021, 10:24 am
Fernando García López, Instituto de Salud Carlos III
El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo han alcanzado recientemente un acuerdo sobre la propuesta de la Comisión Europea para poner en marcha el Certificado COVID Digital de la Unión Europea, que podría estar listo a finales de junio. Con el certificado, las personas que hayan sido vacunadas por completo podrán viajar entre los países del Espacio Económico Europeo y acceder a los lugares que los Estados miembros decidan.
Este certificado está concebido para aportar unos beneficios económicos claros antes de que la inmunidad de grupo se pueda alcanzar, al facilitar los viajes internacionales, el turismo y la recuperación de muchas actividades sociales y comerciales. Además, el certificado anima a vacunarse a los más reticentes. Y permite relajar las medidas restrictivas contra la COVID-19 en determinados ámbitos.
Sin embargo, no todo son beneficios. De hecho, este certificado vacunal plantea serios problemas de índole científica y ética.
Incertidumbres de las vacunas frente a COVID-19
Antes que nada, tenemos que considerar que, hoy por hoy, siguen sin aclararse muchas incertidumbres relativas a la vacunación:
- cuál es la capacidad de las vacunas para reducir la transmisión del virus (y no solo para proteger al vacunado frente a las complicaciones más graves de la infección);
- cuánto dura la inmunidad que confieren las vacunas, que apenas llevan en funcionamiento diez meses, el tiempo de seguimiento de los
ensayos clínicos; - qué protección aportan frente a nuevas variantes del SARS-CoV-2;
- cuál es la eficacia de las vacunas en determinadas poblaciones vulnerables o en los casos con infecciones previas;
- cuáles son exactamente las diferencias en eficacia entre las distintas vacunas —que oscilan entre el 66% y el 95%– e incluso entre distintos fabricantes de la misma vacuna, y
- qué indicadores podrían mostrar con garantías la presencia de protección.
Con frecuencia, se esgrime el ejemplo de la vacunación contra la fiebre amarilla como un precedente del certificado de vacunación contra la COVID-19. Sin embargo, el ejemplo es inadecuado. A diferencia de lo que sucede con la fiebre amarilla, no está demostrado que la vacunación contra la COVID-19 proteja frente a la transmisión de la infección.
Es cierto que ya hay algunas pruebas de que la vacunación reduce la transmisibilidad. Pero la eficacia vacunal no es perfecta. Eso significa que muchos viajeros con su certificado vacunal en regla podrían convertirse en vectores de transmisión de la infección. Y dar pasos atrás en la lucha contra la pandemia.
Datos sanitarios y discriminación
En lo que respecta a las cuestiones éticas, el certificado manejará datos personales especialmente sensibles, como son los datos de salud, cuyo tratamiento está prohibido, salvo en circunstancias debidamente justificadas. Quiere decir esto que el certificado no debería contener ningún otro dato de salud ajeno al propio certificado (el principio de limitación de finalidad relativo a la protección de datos). Y tampoco debería usarse para discriminar a las personas por ningún motivo.
Siguiendo con la ética, no parece claro que usar un certificado de esta índole respete a las personas que tengan contraindicaciones para la vacunación o que decidan no vacunarse por motivos de conciencia.
Otro problema ético se deriva del acceso escalonado a la vacunación dentro de las fronteras de cada país. Como la escasez de vacunas obliga a que la vacunación se efectúe por etapas establecidas por las prioridades de vacunación, quedan muchas personas que no han podido vacunarse todavía y no podrán disponer del certificado y disfrutar de sus beneficios hasta que no les llegue su turno.
Sin hablar de determinados colectivos, como los inmigrantes irregulares, que pueden ser más remisos a vacunarse por miedo a represalias.
Países ricos y países pobres
Hay otro aspecto muy relevante que no podemos obviar. Los certificados vacunales pueden acentuar las inequidades (las desigualdades injustas) en salud mientras las opciones de vacunarse sean tan diferentes entre países ricos y países pobres. Mientras los países ricos han acaparado la mayor parte de vacunas disponibles hasta ahora, los pobres carecen de recursos para la adquisición de suficientes vacunas.
Se calcula que la vacunación todavía no ha empezado en 70 países del mundo. Solo sus poblaciones más adineradas se pueden permitir el turismo vacunal, mientras el resto tendrá que esperar meses o años hasta conseguir la vacunación completa.
No parece muy justo que los países ricos defiendan sistemas restrictivos de la propiedad intelectual para las vacunas, que dificultan su reparto a los países con menos ingresos, mientras permiten viajar solo a quienes se hayan vacunado.
En base a estas consideraciones, la incertidumbre científica que rodea a las vacunas y los problemas éticos que surgen por una distribución mundial de las vacunas poco equitativa, la Organización Mundial de la Salud desaconseja por ahora el uso de certificados vacunales como criterio para los viajes internacionales.
No se debe olvidar que lo principal y lo urgente en este momento sigue siendo ampliar la vacunación al mayor número de personas posible. El objetivo prioritario debe ser lograr (o acercarse a) la inmunidad de grupo, tanto dentro de la Unión Europea como en el resto del planeta.
Con una vacunación masiva, las condiciones de inmunidad harían ocioso plantearse siquiera los certificados de vacunación.
Y mientras se consigue, sería prudente esperar a resolver las incertidumbres científicas existentes y evitar tomar medidas precipitadas que acentúen las inequidades y vulneren los derechos de las personas.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva del autor, en ningún caso son responsabilidad del Instituto de Salud Carlos III.
Fernando García López, Epidemólogo, médico especialista en Nefrología y en Medicina Preventiva y Salud Pública. Miembro del grupo de trabajo de Ética y protección de datos de la Sociedad Española de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III
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