Publicado: agosto 12, 2019, 9:49 pm
La noticia se dio a conocer a través de la resolución 34942 de 2019, en la que también se anunció la sanción económica, de entre $5.000.000 a $25.000.000, a tres personas naturales quienes impidieron el mencionado procedimiento de control que intentó llevarse a cabo el 13 de octubre de 2017.
De acuerdo con la Superintendencia los acusados presentaron declaraciones evasivas e incompletas respecto a sus cargos y funciones dentro de la compañía, así como sobre su conocimiento respecto a la estructura corporativa de UBER COLOMBIA S.A.S.
Además, la entidad comprobó que por política de la empresa, los empleados no pueden dar información respecto al negocio, ni otorgar acceso a los computadores y demás equipos de la compañía, lo cual había sido solicitado por la Superintendencia de Industria y Comercio durante la su visita hace dos años. En ese momento, Uber se negó a permitir la inspección de documentos y archivos electrónicos, entre ellos estatutos, actas de asambleas y balances.
Esta multa fue proclamada en menos de un mes después que la misma Superintendencia impartiera la orden para que Uber fortaleciera sus medidas técnicas, humanas y administrativas para garantizar la seguridad de los datos personales de colombianos usuarios y conductores de dicha aplicación móvil en un plazo máximo de cuatro meses.
La decisión se tomó de manera preventiva para que no se volvieran a presentar fallas como las ocurridas durante el año 2016 cuando problemas con los protocolos de seguridad que afectaron las cuentas de 57 millones de usuarios en el mundo, de los cuales 267.000 eran residentes colombianos.
Para demostrar que mejoró sus medidas de seguridad tendrá que presentar una certificación emitida por una entidad, nacional o extranjera, independiente, imparcial, profesional y especializada en estos temas de protección de la información.
Esto con el propósito de garantizar la seguridad de los datos personales de las personas que usan este servicio de transporte, evitando el acceso no autorizado o el uso fraudulento de los mismos por parte de terceros.
