Publicado: abril 23, 2019, 11:07 pm
“El primer requisito para un buen manejo económico es tener un buen gobierno, pero el problema es que no sabemos quién manda en Colombia”, dijo recientemente el polémico ex ministro de Hacienda, Rudolf Hommes.
Y aunque las duras palabras del funcionario parecían dirigidas principalmente contra el presidente Iván Duque, en realidad apuntó al Centro Democrático, al que muchos críticos acusan de seguir actuando como un partido de oposición y no de gobierno.
Así parece confirmarlo la inclusión de un polémico artículo en el Plan de Desarrollo que permitiría el traslado entre los regímenes de ahorro individual y de prima media (Colpensiones), después de la edad límite para hombres (52) y mujeres (47) siempre y cuando hayan cotizado más de 750 semanas.
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Según la ministra Alicia Arango, “el Ministerio conceptuó de manera negativa la proposición que incluía dicho artículo, toda vez que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre este asunto, manifestando que son exequibles los términos establecidos en la Ley 797 de 2003 para los traslados de régimen pensional”.
A juicio de la funcionaria, la propuesta “conlleva riesgos de financiamiento para el Sistema Pensional a mediano y largo plazo”.
De acuerdo con Asofondos, la propuesta de traslados exprés es un “orangután” y en la práctica, 45 millones de colombianos pagarían a 172 mil personas subsidios pensionales por $50 billones.
De aprobarse el artículo, podrían trasladarse 207 mil personas, de la cuales sólo 172 mil lograrían los requisitos de pensión en el régimen de prima media, es decir, 1.300 semanas. La población restante se trasladaría y no accedería a pensión.
Según cifras del Ministerio del Trabajo, hoy cerca del 80% de los adultos mayores no tienen pensión, precisamente la población quien debería recibir subsidios por parte del Estado, no quienes tienen más ingresos.
Arango ya había sorprendido este año a propios y extraños al anunciar que el gobierno no llevaría al Congreso la reforma pensional sino que la dejaría para 2020, lo que levantó suspicacias por ser 2019 un año electoral.
En un país con índices de informalidad laboral que rayan en el 50%, el porcentaje de ocupados que cotiza a pensión en 13 y 23 ciudades y áreas metropolitanas ha oscilado recientemente entre 50,2% y 48,9% respectivamente.
