Publicado: noviembre 12, 2021, 2:55 pm
Reducir y compensar la huella de carbono ya no es una opción, es una necesidad. Las empresas están comprendiendo la importancia de ser responsables con el planeta, debido a los efectos que del calentamiento global y a los acuerdos internacionales de países desarrollados y en vía de desarrollo que buscan dejar un precedente en relación con acciones ambientales.
Por acuerdos como el de París, en el que Colombia también se ha comprometido, las empresas han dirigido su mirada a estrategias de producción más limpias y a compensaciones de la huella de carbono más efectivas para aportar a la meta global de no sobrepasar el límite de calentamiento de la tierra a 2°c.
En camino hacia esta meta, Colombia también se ha planteado objetivos como ser carbono-neutral a 2050 y lograr una reducción de Emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) en un 51% a 2030; por tanto, empresas, gobierno y personas naturales han entrado en un proceso de consciencia respecto a su consumo y producción, y en esta transición, el desarrollo del mercado de carbono en el país con soluciones basadas en la naturaleza, ha empezado a tener un papel importante para facilitar herramientas de mitigación de GEI.
En 2016, cuando se planteó el Impuesto Nacional al Carbono, a través de la Ley 1819, constituido como uno de los primeros impuestos ambientales en el país, se trazó la línea de acción desde políticas públicas que aportan a la mitigación de los efectos del cambio climático, desincentivando el uso de combustibles fósiles. Así mismo, en esta Ley, se estableció el mecanismo de No Causación, reglamentado por el Gobierno, a través del Decreto 926 de 2017, con el cual se reforzó la finalidad ambiental del Impuesto Nacional al Carbono.
Esta alternativa se ha constituido como una innovación normativa a nivel mundial, que tiene como objetivo que los contribuyentes, que compensen sus emisiones con la adquisición de créditos de carbono, no se les cause el impuesto, y con su compensación impulsen la protección de áreas significativas de bosques para la captura de carbono y se mejore la calidad de vida de comunidades étnicas que habitan esos territorios.
Tras la implementación de este tipo de instrumentos para la financiación climática, como el impuesto al carbono, y el mecanismo de la no causación, desde 2018 se desarrollan proyectos de conservación de gran envergadura, estructurados bajo la metodología REDD+ (Reducción de Emisiones generadas a causa de la Deforestación y Degradación de bosques), que en asocio con comunidades indígenas y afrocolombianas, han sido reconocidos en América Latina como referentes para la mitigación del cambio climático y el mejoramiento de la calidad de vida de familias en estado vulnerable.
¿QUÉ PASA CON LA COMPENSACIÓN REALIZADA POR LAS EMPRESAS?
La compensación de las empresas no solo demuestra su compromiso con el medioambiente y su interés por mitigar los efectos del calentamiento global, que ya es un hecho, sino que aporta significativamente al desarrollo social y económico de las regiones. Actualmente, el 32% de la tierra rural en Colombia pertenece a comunidades étnicas, de acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), familias que por su ubicación geográfica cuentan con un sin número de necesidades básicas insatisfechas. Sin embargo, su tenencia de tierra colectiva (en su mayoría bosque) les permite ser un agente importante en el proceso de conservación y reforestación, así como en la generación de negocios verdes, que son iniciativas económicas responsables con el medioambiente.
Con la compensación de la huella de carbono realizada por empresas o personas naturales, evidenciada a través de la compra de créditos de carbono que equivalen a toneladas de captura de CO2 en grandes hectáreas de bosque, las familias indígenas o afrocolombianas perciben un incentivo económico que les permite mejorar su calidad de vida. Empresas como Biofix, experta en el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza, han asumido un papel importante como facilitadores en la gestión de las emisiones a empresas de todos los tamaños en Colombia. Su función es desarrollar proyectos de conservación en asocio con comunidades, a través de los cuales se monitorea la protección de bosques y se protegen especies en peligro de extinción, además, toda la estructuración de proyectos de este tipo está centrada en los planes de vida de las comunidades, respetando su autonomía en la gobernanza del territorio. Para dar una muestra del impacto social y económico de proyectos de conservación a los que las empresas pueden acudir para compensar su huella de carbono, las cifras solo de esta compañía, sin contar las pertenecientes al gremio del mercado de carbono en Colombia, alcanza a impactar positivamente la vida de cerca de 40.000 personas, desarrollando proyectos principalmente en Vichada, Chocó, Guaviare, Guainía y Valle del Cauca. Además, su impacto llega a más de 20 comunidades étnicas, compuestas por resguardos indígenas de los pueblos sikuani, piapoco, puinave y curripaco, y consejos comunitarios conformados por familias afro.
En cuanto a los bosques conservados a través de los proyectos desarrollados por Biofix, estos abarcan una extensión total de 1’300.000 hectáreas, que corresponden a bosque muy húmedo tropical y bosque húmedo tropical, además de contar con áreas en el ecosistema de manglar. A través de estos proyectos se ha logrado certificar 17,3 millones de toneladas de dióxido de carbono, un número significativo que permite asegurar los ingresos financieros a las comunidades, a través de su comercialización. Con estos recursos, las familias beneficiadas en Colombia invierten en líneas de acción definidas por su comunidad que aportan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como ‘Fin de la pobreza’, ‘Hambre Cero’, ‘Acción por el clima’, ‘Agua Limpia y Saneamiento’, ‘Educación de calidad’, entre otros.
