Vida Gerente

La Casa Blanca ha confirmado este martes la concesión por 100 años otorgada a la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP) para explotar parte del petróleo venezolano. Según el pacto entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, NABEP tendrá derechos durante un siglo para perforar 17 campos petroleros que albergan unos 65.000 millones de barriles de crudo, equivalentes a cerca de una quinta parte de las reservas de Venezuela.Según la Casa Blanca, el Departamento de Defensa de EEUU tendrá una participación del 35% en la empresa matriz de NABEP. Por su parte, el Departamento de Estado dispondrá del derecho a adquirir, a precio de producción, el 20% del petróleo extraído para abastecer las reservas estratégicas estadounidenses.NABEP, dirigida por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, se presenta como la segunda mayor productora de crudo de Venezuela, con una producción superior a los 200.000 barriles diarios. Betancourt ha sido investigado en España, Suiza y EEUU por presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal en operaciones relacionadas con la petrolera estatal venezolana Pdvsa, acusaciones que él rechaza.Según la Casa Blanca, NABEP invertirá cerca de 100.000 millones de dólares para recuperar la deteriorada infraestructura petrolera venezolana y pagará, durante los próximos 25 años, unos 200.000 millones de dólares en impuestos a las autoridades venezolanas. Además, el Gobierno estadounidense tendrá derecho de veto sobre los nombramientos en el consejo de administración de NABEP.Por otro lado, el secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, viaja este martes a Venezuela para negociar un nuevo contrato para la petrolera estadounidense Chevron en la faja del Orinoco, ha explicado un funcionario estadounidense en una llamada con periodistas. La fuente ha detallado que está previsto que este miércoles Chevron anuncie «la ampliación de sus operaciones actuales en el país, algo que también incrementará la capacidad productiva (petrolera de Venezuela)».El anuncio parece hacer referencia a un acuerdo que Chevron estaría ultimando, según han apuntado medios citando fuentes anónimas, para incorporar dos grandes yacimientos en la faja. La petrolera con sede en Texas habría estado negociando los derechos para operar estos yacimientos situados en estado venezolano de Carabobo, los cuales se cree que albergan miles de millones de barriles en reservas de crudo pesado. Este anuncio forma parte del plan de Trump para incrementar el volumen de producción de crudo a niveles previos a la llegada del chavismo al poder y de incrementar la presencia de empresas estadounidenses o alineadas con Washington en el mercado petrolero venezolano.EEUU apela a un paso necesario para las eleccionesMientras, el Gobierno de EEUU ha defendido el acuerdo petrolero cerrado con el Gobierno de la presidenta interina venezolana como un paso necesario y previo para la futura celebración de elecciones democráticas en Venezuela. Durante una rueda de prensa telefónica, un alto funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato ha vinculado la democratización del país con la reconstrucción económica, sobre todo del sector petrolero.»Queremos que un nuevo Gobierno de Venezuela, un Gobierno de la República democráticamente elegido, herede no un país quebrado, sino un país que al menos haya sido estabilizado y esté funcionando», ha explicado dicho funcionario. Además, ha añadido que el nuevo acuerdo permitirá que el país caribeño reinvierta ingresos que obtenga en modernizar su industria petrolera, algo que, según él, no sucedía durante los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.La misma fuente ha señalado que la futura celebración de unas elecciones libres en el país, para la que no hay una fecha fijada, es un paso «importante» y debe ser «la culminación de los esfuerzos» para estabilizar el país. Ha asegurado que si las elecciones en Venezuela se celebraran la próxima semana, se llevarían a cabo bajo «los mecanismos establecidos por Hugo Chávez» y que el país todavía necesita una nueva autoridad electoral, una prensa libre y partidos políticos fortalecidos.Puso el ejemplo de Nicaragua como advertencia, al recordar que el país centroamericano retornó al sandinismo 16 años después a través de unas elecciones porque no se hizo el trabajo necesario para prevenirlo. «Una de las cosas más importantes es conseguir que el país no se limite a una elección o a dos, sino que se convierta en una democracia estable, una república estable que pueda celebrar elecciones de manera recurrente», ha dicho.Desde que EEUU capturó y depuso en enero al presidente venezolano Nicolás Maduro, Washington ha tutelado al Gobierno encabezado ahora por Rodríguez y ha restablecido las relaciones diplomáticas con Caracas. El acuerdo petrolero ha despertado suspicacias entre sectores que consideran que la Administración de Trump no está verdaderamente interesada en impulsar una transición democrática en Venezuela, pese a que ese fue uno de los argumentos esgrimidos para justificar la captura de Maduro. 

El Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen ha aprobado un plan de ajuste para transformar la compañía y mejorar su eficiencia, competitividad y adaptar su estructura a la evolución del mercado automovilístico. Esta nueva estrategia implicará la pérdida de 50.000 empleos y deja además en el aire el futuro de una marca de origen español que podría desaparecer en el año 2030. Estamos hablado de SEAT (acrónimo de Sociedad Española de Automóviles de Turismo), el buque insignia de una compañía que durante los últimos 76 años ha formado parte de la historia de España y cuya repercusión social va más allá de una simple marca de coches. No en vano, antes de su aparición en los años 50 del siglo pasado por empeño del régimen franquista, el automóvil era un artículo reservado en exclusiva para las clases más altas. Pero SEAT cambió esa realidad al poner al volante de las cuatro ruedas a la clase trabajadora. «Para esas familias españolas, el coche significaba mucho más que un medio de transporte: era libertad para desplazarse, ir al trabajo, visitar a los familiares del pueblo o disfrutar de las primeras vacaciones en la playa», asegura Rafael Papillón, Catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo y profesor del IE Business School.Papillón explica que «SEAT desempeñó un papel fundamental en la democratización del automóvil en España», y más concretamente la salida al mercado su modelo más popular: el 600. «Simbolizó el paso de un país en el que el coche era un lujo al alcance de pocos a otro en el que muchas familias trabajadoras podían aspirar a tener uno. Su precio relativamente asequible, unido al aumento de los salarios y a la posibilidad de comprarlo a plazos, abrió esa puerta», afirma. Su coste inicial rondaba las 65.000 pesetas de la época y «fue una de las expresiones más visibles del nacimiento de una sociedad de consumo y de la expansión de las clases medias españolas». Para muchas familias, comprarlo fue comprobar que el progreso «también llegaba a su casa», añade. La aparición de la compañía automovilística tuvo además un gran impacto económico e industrial, llegando a fabricar 200.000 unidades al año durante las década de los 70. «SEAT contribuyó a modernizar nuestra economía: creó empleo industrial e impulsó una extensa red de proveedores de componentes, talleres y concesionarios», sostiene este experto. Fiat renuncia y Volkswagen toma el control Pero la buena marcha de la empresa empezó a torcerse a finales de los 70, cuando acumuló deudas fruto de la crisis económica y se vio con una plantilla sobredimensionada. También se acabó su matrimonio de más de tres décadas con Fiat, su socio tecnológico e industrial, que se rompió justo cuando la compañía italiana estaba a punto de hacerse con el control de SEAT. Con dificultades y algún lío judicial con Fiat del que salió ganador, SEAT empezó de nuevo y apostó por sacar modelos propios e icónicos de la marca, como el Panda o el Ibiza. Precisamente el éxito que tuvo el Ibiza y la constatación de que SEAT había levantado de nuevo el vuelo fue lo que hizo que el Grupo Volkswagen se hiciese en junio de 1986 con el control de la empresa adquiriendo el 51% de la compañía, aunque en diciembre de ese mismo año incrementó su participación hasta el 75%. En 1990, el grupo alemán adquirió el 99,99% de las acciones, convirtiendo así SEAT en una filial de pleno derecho de la multinacional. En 1990, el grupo alemán adquirió el 99,99% de las acciones, convirtiendo así SEAT en una filial de pleno derecho de la multinacionalCon esta nueva propiedad, SEAT inauguró en 1993 la destacada planta de Martorell, el buque insignia de la marca. Allí emplea a más de 14.000 trabajadores directos en Cataluña y genera más de 100.000 indirectos. En el siglo XXI, la marca ha experimentado una profunda transformación provocada por la encrucijada que implica la electrificación del parque automovilístico. No obstante, SEAT ha revisado con éxito modelos emblemáticos como el Ibiza o el León y se ha adentrado en el mercado de los SUV (vehículos utilitarios deportivos) con el Ateca, el Tarraco y el Arona, que llegó a ser el coche más vendido en España en 2021. A esto se suma la creación de Cupra, que ha pasado de ser un distintivo de las versiones deportivas de SEAT a convertirse en una marca independiente más enfocada al vehículo eléctrico y a un público joven.SEAT ganó 122 millones en el primer semestre En lo que respecta a los números, según los datos publicados por el Grupo Volkswagen, SEAT S.A., que engloba las marcas SEAT y CUPRA, ha registrado un beneficio operativo de 122 millones de euros durante el primer semestre de 2026. Esta cifra supone triplicar los resultados (+222%) del mismo periodo del año anterior, cuando se anotaron 38 millones de euros, impulsada por la reducción de costes en la compañía, por la exención de los aranceles al Cupra Tavascan y por el tirón de la marca Cupra. Hasta junio, Seat y Cupra ingresaron 7.695 millones de euros , un 1,3% más que en el mismo periodo de 2025. Si embargo, en los seis primeros meses del año, el Grupo Volkswagen vio caer sus beneficios un 30,7%, hasta los 3.103 millones de euros, respecto al mismo periodo de 2025. La facturación de la compañía cayó en el primer semestre del año un 0,2% al compararla con el mismo periodo del ejercicio pasado, hasta los 158.102 millones de euros, mientras que el resultado operativo o ebit bajó un 11,6%, hasta los 5.931 millones.

China llegó a quedarse con ocho de cada diez barriles que exportaba Venezuela, pero Estados Unidos acaba de entrar en ese reparto de una forma que va bastante más allá de comprar petróleo. Washington se ha asegurado acceso privilegiado a 65.000 millones de barriles venezolanos, más que los cerca de 46.000 millones que mantiene como reservas probadas dentro de sus propias fronteras, mediante17 campos concedidos durante un siglo a North American Blue Energy Partners, una petrolera privada venezolana conocida por sus siglas NABEP. La paradoja resulta difícil de pasar por alto porque el mayor productor mundial de crudo acaba de reservarse durante décadas petróleo de otro país. El acuerdo va además mucho más allá de una inversión empresarial. El Gobierno estadounidense controlará el 35% de la matriz de NABEP, podrá comprar a coste una quinta parte de toda su producción y tendrá derecho preferente sobre el 80% restante en determinadas emergencias. Washington contará incluso con capacidad de veto sobre los nombramientos de su consejo de administración. ¿Para qué quiere Washington semejante control si ya produce más petróleo que ningún otro país? Estados Unidos bombeó una media récord de 13,6 millones de barriles diarios en 2025, alrededor de un 40% más que Rusia o Arabia Saudí, y a finales de agosto su producción rozaba ya los 13,9 millones.  Precisamente esa abundancia hace que el interés por Venezuela resulte más llamativo ahora que el conflicto con Irán ha vuelto a recordar que producir mucho petróleo no garantiza tener siempre suficientes barriles disponibles donde y cuando se necesitan. El tráfico por el estrecho de Ormuz continúa alterado y el crudo vuelve a cotizar bajo la presión de una posible interrupción del suministro, lo que convierte cualquier fuente situada fuera de Oriente Medio en una pieza mucho más valiosa. Y Venezuela tiene petróleo de sobra, pero durante años buena parte de esos barriles estuvo prácticamente fuera del alcance de Estados Unidos. Las sanciones empujaron a Caracas hacia los pocos compradores dispuestos a recibir su crudo y China terminó absorbiendo alrededor del 80% de sus exportaciones, mientras Venezuela aceptaba fuertes descuentos para mantenerlas abiertas.De manera que Washington no está entrando ahora en un mercado vacío, sino en uno en el que Pekín había conseguido ocupar una posición de privilegio.El barril que falta La respuesta a por qué Estados Unidos vuelve a mirar hacia Venezuela empieza en un detalle que suele perderse cuando se habla de producción de petróleo. EEUU bombea casi 14 millones de barriles diarios, pero buena parte del crecimiento de los últimos años procede del shale, el petróleo que se extrae mediante fracturación hidráulica de formaciones rocosas y que, en el caso del crudo estadounidense, suele ser más ligero y contener menos azufre que el venezolano. Muchas refinerías de Texas y Luisiana fueron construidas, sin embargo, para trabajar con petróleos más pesados y con mayor contenido de azufre, justo las características de buena parte del crudo de Venezuela. Esa diferencia explica por qué Estados Unidos sigue necesitando importar determinadas variedades pese a la enorme cantidad de petróleo que produce. El barril venezolano no tiene, por tanto, que sustituir necesariamente al que sale de Texas o Nuevo México, sino que puede complementarlo. De ahí que recuperar ese suministro tenga sentido incluso para un país que ya produce más crudo que ningún otro. Chevron parece dispuesta a apostar dinero por esa lógica. La petrolera ha anunciado más de 7.000 millones de dólares de inversión durante los próximos cinco años y quiere más que duplicar su producción venezolana hasta alrededor de 600.000 barriles diarios. La compañía calcula además costes totales inferiores a 20 dólares por barril, lo que dejaría margen incluso si el precio internacional del petróleo retrocede con fuerza.¿Y dónde irán? Hasta aquí podría pensarse que el misterio está resuelto. Venezuela produce crudo pesado, las refinerías estadounidenses lo necesitan y, por tanto, los nuevos barriles terminarán en Estados Unidos. Pero la letra pequeña del acuerdo apunta a algo bastante más amplio. Washington podrá comprar a coste de producción el 20% de todo el petróleo que extraiga NABEP. ¿Qué significa eso? Que no tendrá que acudir al mercado y pagar el precio internacional por esos barriles, sino que podrá adquirirlos por lo que cuesta producirlos. Además, mantendrá derecho preferente sobre el otro 80% cuando aparezcan determinadas situaciones de emergencia.Esto ya no se parece tanto a una compra normal de petróleo. Se parece más a asegurarse una opción de compra sobre una enorme fuente de suministro para utilizarla cuando resulte necesario.La propia Casa Blanca ofrece una pista al señalar que una parte de ese petróleo puede utilizarse para ayudar a rellenar la Reserva Estratégica de Petróleo, el gran almacén de emergencia que Estados Unidos mantiene para responder a guerras, interrupciones de suministro o crisis energéticas. No quiere decir necesariamente que los barriles venezolanos vayan directamente a esas reservas. El crudo pesado puede ir a las refinerías y permitir que otros barriles estadounidenses, más adecuados para almacenarse, terminen en la reserva.La diferencia parece pequeña, pero cambia bastante la pregunta inicial. Estados Unidos no solo se asegura petróleo para consumir hoy. También gana margen para decidir qué petróleo entra en sus refinerías, cuál puede reservar para una emergencia y qué volumen podría reclamar si el mercado internacional vuelve a sufrir un corte importante. ¿Quién manda ahora? Ese derecho preferente cuando falte petróleo puede terminar siendo más importante que los barriles que lleguen ahora a Estados Unidos. Venezuela todavía necesita años de inversión para recuperar buena parte de la producción perdida, pero Washington se ha asegurado ya una posición privilegiada sobre una parte de lo que pueda bombear en el futuro. El petróleo venezolano seguirá teniendo muchos destinos. Una parte irá a las refinerías estadounidenses, otra continuará viajando hacia Europa o Asia y algunos barriles pueden ayudar indirectamente a reconstruir la Reserva Estratégica de Estados Unidos. China tampoco desaparecerá necesariamente como comprador. El reparto será bastante distinto cuando llegue la próxima crisis. Washington tendrá derecho a comprar una quinta parte a coste y, sobre todo, podrá ponerse el primero en la fila para reclamar buena parte del 80% restante. 

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Hacienda mueve ficha para tratar de convencer a las comunidades autónomas de que se sumen al nuevo modelo de financiación que plantea el Gobierno. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha dado luz verde este viernes a la reforma del Gobierno solo con los votos favorables de Cataluña y Canarias y pese al rechazo del resto de autonomías. En líneas generales, la propuesta del Gobierno cede 21.000 millones más del Estado a los gobiernos regionales, en un reparto que beneficia en particular a Cataluña, pero también a otras regiones como Andalucía o Comunidad Valenciana. Sin embargo, al mismo tiempo, Hacienda ha acordado crear un nuevo instrumento al margen del sistema de financiación para compensar a los territorios que salen peor parados con el nuevo reparto de los fondos. Es decir, los que van a recibir una financiación por habitante inferior a la media. Todavía no se ha concretado de cuántos fondos dispondrá el instrumento, ni cómo se repartirá. El ministerio se ha limitado a transmitir que, a la hora de distribuir el dinero, se tendrán en cuenta criterios como la despoblación, los efectos del turismo masivo, los riesgos derivados de la masa forestal, la reindustrialización, la innovación, la digitalización o la «ubicación extrapeninsular».El ministro Arcadi España no ha entrado en grandes detalles. Ha dicho que será «un nuevo elemento» que tendrá en cuenta «otros factores» que para algunos territorios «deberían tener una ponderación mayor» que lo que recoge la reforma de la financiación. Cuando María Jesús Montero presentó la reforma a comienzos de enero de este año ya habló de la posibilidad de crear un fondo de ‘dinamismo’ dotado con unos 3.300 millones de euros para beneficiar a las autonomías peor paradas por la reforma. De hecho, llegó a concretar que Cantabria y Extremadura -los dos únicos territorios que no mejoran su financiación con el nuevo modelo- recibirían 46 y 216 millones, respectivamente gracias a este fondo.El nuevo vehículo partirá de una «reformulación» de los llamados Fondos de Compensación Interterritorial, un mecanismo que viene recogido en la Constitución y que se utiliza para corregir desequilibrios financieros entre territorios. En el último ejercicio presupuestario liquidado (2024), el Estado transfirió a las autonomías 440 millones de euros gracias a este vehículo. Además, Hacienda prevé modificar también los llamados incentivos regionales, ayudas financieras que el Gobierno central concede para invertir en zonas determinadas del país.El argumento de Hacienda para sacar esta financiación del resto de la reforma del sistema es no alterar el reparto de los 21.000 millones que son el núcleo del modelo que promueve el Gobierno. Argumentan que «si tocas algo, cambia todo» y por eso prefieren canalizarlo «por fuera». Sin embargo, aunque formalmente queda fuera de la reforma, en el fondo resulta muy difícil desligarlo de la misma. En cualquier caso, el mecanismo ni siquiera está diseñado todavía. El acuerdo alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sencillamente emplaza al ministerio a crearlo. Fuentes gubernamentales trasladan que se podría plasmar a través de una enmienda al proyecto de ley que desarrolle la reforma de la financiación autonómica. Sin embargo, el éxito parlamentario de la nueva financiación autonómica es una incógnita. El próximo paso que tiene que dar el Gobierno es llevar un texto normativo ya articulado al Consejo de Ministros, algo que el ministro España ha asegurado que sucederá «en las próximas semanas». Después, la norma viajará hacia el Congreso, donde el Ejecutivo tendrá muy difícil superar el bloqueo parlamentario. Junts, que podría ser la llave para la reforma, ha insistido este viernes en que mantendrá su enmienda a la totalidad al texto. Es decir, en que vetará siquiera que el proyecto de ley pueda llegar a tramitarse. La formación que dirige Puigdemont cree que lo que ha presentado el Gobierno no es una «financiación singular» para Cataluña ni le entrega la llave de la caja -como ocurre con el País Vasco y Navarra-, sino que es un «café para todos». 

La compañía Airbus y los sindicatos han alcanzado un principio de acuerdo este viernes para desbloquear el actual conflicto laboral, tras la mediación del Gobierno durante una reunión de urgencia en el seno del Ministerio de Industria y Turismo, con la presencia del titular del ramo, Jordi Hereu, y del consejero delegado de la compañía, Guillaume Faury, entre otros.»Es un magnífico principio de acuerdo en el que salen ganando los trabajadores en sus condiciones salariales y laborales, a la vez que se garantiza la competitividad y la viabilidad industrial de Airbus España», ha señalado el propio Hereu en declaraciones a los medios una vez finalizó el encuentro, destacando además la «capacidad del diálogo social para generar grandes acuerdos que dan estabilidad y permiten atraer más carga industrial» al país. Esta reunión ha tenido lugar después del cierre de la segunda de las mesas de mediación ante el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje). El pasado martes, el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ya avanzó la posibilidad de mediación por parte del Ejecutivo o del titular de su departamento, en caso de que el conflicto no avanzara.Recordar que el pasado lunes los trabajadores de Airbus decidieron por una mayoría muy holgada (81% de los votos) continuar con la huelga indefinida que empezaron el pasado 25 de agosto para exigir mejores condiciones laborales. Durante la reunión del pasado 27 de agosto, la dirección de Airbus España rechazó la propuesta de subidas salariales que presentaron los sindicatos convocantes de la huelga, aunque introdujo algunas mejoras a su planteamiento inicial, como la vinculación del salario al IPC real y una recuperación del poder adquisitivo perdido del 7,6% en un periodo de 5 años hasta 2030.Airbus cuenta en España con 14.000 trabajadores repartidos entre las plantas de Getafe -9.000 empleados-, Illescas (Toledo), Albacete, Cádiz y los centros sevillanos de Tablada y San Pablo.

El impacto de las tensiones geopolíticas, con la guerra en Oriente Próximo, sus consecuencias energéticas y las condiciones meteorológicas extremas por fenómenos como El Niño inciden ya en el precio mundial de los alimentos, y era un efecto sobre el que habían venido advirtiendo ya organismos internacionales y bancos centrales. Los precios mundiales de estos productos básicos subieron en agosto hasta alcanzar su nivel más alto desde finales de 2022.El índice de precios de los productos alimenticios básicos, que ha publicado este viernes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha aumentado un 1,9% en el último mes, impulsado por los cereales, el azúcar y los productos lácteos. En concreto, los precios mundiales del trigo subieron un 2,6% mensual, mientras que los del azúcar aumentaron un 11,9%. Este índice hace un seguimiento de los los precios de los productos alimenticios que se comercializan internacionalmente, si bien los movimientos que registra tardan algo en reflejarse a pie de calle, en los estantes de los supermercados.El índice de la FAO no es el único que ha puesto sobre aviso al Banco Central Europeo o a otros actores relevantes de la economía global. En los mercados internacionales de materias primas, los futuros de cultivos básicos clave como el trigo y el maíz han tocado máximos de varios años. El índice Bloomberg Agriculture Spot, que rastrea diez de estos productos esenciales, se ha disparado más del 13% en agosto, en lo que supone su mayor subida desde julio de 2012.El índice de precios de alimentos de la FAO tocó su máximo histórico en marzo de 2022 por una combinación de factores que se retroalimentaron. A las disrupciones en las cadenas de suministro que la economía global arrastraba desde la pandemia de Covid se sumaron la invasión rusa de Ucrania, que afectó especialmente al comercio mundial de trigo, maíz, aceites y fertilizantes; el fuerte incremento del gas, del petróleo y de la energía, que elevó los costes de producción y de transporte y encareció los fertilizantes, así como los fenómenos meteorológicos adversos.La crisis tuvo consecuencias devastadoras en los países más pobres. Meses después, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que los precios internacionales de los alimentos habían añadido unos seis puntos porcentuales a la inflación mundial de estos productos en 2022. A nivel nacional, los precios de alimentos, bebidas y tabaco aumentaron a un ritmo del 14,7% interanual en España en diciembre de aquel año, un máximo histórico en la serie comparable desde 1997. Según el INE, estos productos se encarecieron de media un 11,7% en el conjunto del ejercicio. Persisten los problemas que generaron la crisis en 2022Varios de aquellos problemas persisten en la actualidad. y algunos se han agravado. A las dificultades en las cadenas de suministro, se añaden la presión sobre los agricultores, que ya afrontan mayores costes de los insumos, así como las tensiones en el ‘granero’ del Mar Negro que se han intensificado desde mediados de julio al recrudecerse los ataques rusos a Ucrania. De nuevo, los productores del país se están encontrando con dificultades para exportar grano.A la vez, se desvanecen las esperanzas de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y la sequía extrema azota Europa, lo que provoca que el Viejo Continente sea más dependiente de las importaciones y eleva la competencia por los suministros mundiales. El hecho de que fenómenos como El Niño se hayan intensificado implica que es poco probable que los riesgos meteorológicos desaparezcan pronto, lo que hace que los mercados alimentarios mundiales sean todavía más vulnerables a otra crisis inflacionaria. De ahí que los principales bancos centrales estén endureciendo su mensaje. Recientemente, el economista jefe del BCE, Philip Lane, advertía en declaraciones a la cadena RTE1 de que los episodios climáticos adversos ejercerán «previsiblemente» una «mayor presión al alza sobre la inflación», sobre todo el año que viene, cuando la subida de precio de los alimentos «será uno de los principales impulsores» de la tasa de IPC en la Eurozona. Eurostat, la oficina de estadísticas europea, confirmó esta misma semana que el precio de los alimentos frescos subió con más fuerza en agosto, un 2,7% interanual. La inflación se disparó en la región al 3,3% el mes pasado, el nivel más alto desde que se inició la guerra en Irán. La subida del coste de la vida se aleja de la meta del 2% que el BCE tiene marcada a medio plazo y que es la que garantiza que los precios suban lo suficiente como para que la actividad avance a buen ritmo y sin dañar ni la situación de las familias ni la de las empresas. 

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La Comunidad de Madrid no asistirá este viernes al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) al que están convocados el Ministerio de Hacienda y las autonomías para avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica y ha instado al resto de gobiernos del PP a seguir sus pasos para que no se dé el quorum necesario para constituir el órgano, una postura que el departamento que dirige Arcadi España ha tildado de «gamberrismo institucional». Desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso han justificado su negativa a acudir a la reunión porque consideran que la propuesta sobre la mesa está pactada «de manera bilateral» entre el Gobierno central y la Generalitat catalana y «de espaldas» al resto de comunidades.»Se trata de un sistema de financiación que rompe con la igualdad de todos los españoles y que persigue blanquear la deuda generada por la gestión corrupta de los gobiernos independentistas y que ha seguido e intensificado el presidente socialista actual», han expresado este jueves a primera hora de la tarde sobre su negativa a acudir al CPFF. La reunión estaba prevista en un primer momento para finales del pasado julio para debatir sobre el borrador de la propuesta que había sido remitido a principios de ese mes por Hacienda, pero fue pospuesta por el ministro España a petición de los gobiernos autonómicos del PP. Los consejeros de Hacienda y Economía ‘populares’ enviaron una carta en la que trasladaban al sucesor de María Jesús Montero que veían un intento «apresurado» del Ejecutivo de Pedro Sánchez por aprobar una propuesta que era «fruto de un pacto bilateral con ERC» y que contaba con el rechazo 16 de los 17 territorios —incluidos Asturias y Castilla-La Mancha, gobernados por el PSOE— integrados en el modelo, según recordaron. El titular de Hacienda accedió a retrasar el Consejo, que se celebrará este viernes en ausencia de Madrid y está aún por ver si de otros gobiernos autonómicos del PP, a los que desde el Gobierno madrileño se insta a no acudir para que el órgano no se pueda constituir conforme a la normativa.»La única manera de que este acuerdo no pueda materializarse en el CPFF es que no haya quorum en la reunión», han defendido este jueves desde el Ejecutivo de Díaz Ayuso. «El Gobierno de la Comunidad ha mostrado su posición en el seno de las reuniones internas que ha mantenido con la dirección nacional del PP y el resto de consejeros de Economía y Hacienda», han incidido las mismas fuentes. Al momento de redactar esta información no había trascendido que ninguna otra autonomía del PP se haya sumado al ‘plante’ promovido por Madrid.El Ejecutivo de Díaz Ayuso ha censurado la propuesta de reforma del actual sistema de financiación autonómica, en vigor desde 2009 y caducado desde 2014, abanderada por el Ministerio de Hacienda desde que el pasado enero María Jesús Montero, entonces vicepresidenta y titular de la cartera, esbozara sus líneas principales. «Lo que hoy se nos ha presentado es una corrupción de Estado en estado absoluto», apreció Rocío Albert, consejera madrileña de Economía, tras el primer CPFF que se celebró con la propuesta de reforma encima de la mesa. «No vamos a aceptar que Cataluña y los independentistas catalanes reciban un 83% más de lo que recibe Madrid con capacidades muy similares», agregó sobre el modelo que asignaba a la región 2.555 millones de euros más que el actual y 4.686 a Cataluña. «Es un sistema totalmente confiscatorio y que acaba con el alma de esta región», insistió en el reproche Díaz Ayuso hace tan sólo unas semanas.La dirección nacional del PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, tampoco ha escatimado en críticas al planteamiento del ministerio. «Primero, no es un modelo, es un sistema de supervivencia; segundo, el Gobierno va a repartir un dinero que no tiene, no tiene los Presupuestos del Estado; y tercero, está diseñado por un partido independentista de Cataluña», valoró hace tan sólo unos días el líder de la oposición en una entrevista. Tras adelantar la Comunidad de Madrid sus intenciones, desde Génova, de momento, no ha habido pronunciamiento.

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El Ministerio de Hacienda ha acusado de «gamberrismo institucional» a la Comunidad de Madrid por intentar «boicotear» el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) previsto para este viernes después de que el gobierno regional anunciara esta tarde su intención de ausentarse del mismo. Hacienda convocó el cónclave antes de las vacaciones para debatir sobre la reforma del sistema de financiación autonómica que promueve el Gobierno y que rechazan todos los ejecutivos regionales a excepción de Cataluña y Canarias. El ejecutivo de Ayuso trasladó en la tarde de este jueves que no acudirá a la reunión y anima a hacer lo mismo al resto de comunidades gobernadas por el PP.  Según la comunicación, a la que ha tenido acceso este diario, Madrid arguye que la única forma de que no se materialice un acuerdo sería evitar haya el quorum suficiente para que no pueda votarse la propuesta de Hacienda. Según el reglamento del CPFF, para que el consejo esté válidamente constituido es necesario que asistan al menos la mitad de sus miembros, por lo que sería necesario una deserción amplia entre las doce autonomías que gobierna el PP y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La normativa interna de este órgano -que reserva la mitad de los votos al ministerio y reparte el resto entre las comunidades- hace que el Gobierno tenga garantizado que su propuesta saldrá adelante con el voto favorable de Cataluña y Canarias. Fuentes oficiales del departamento que dirige Arcadi España tachan de «irresponsable» la actitud del gobierno de Ayuso y lo acusan de hacer un llamamiento a «boicotear» la reunión. Desde el ministerio trasladan que todos los gobiernos autonómicos habían confirmado su asistencia al cónclave en el que Hacienda defenderá su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica. De hecho, subrayan que todas las comunidades habían acudido con normalidad a las reuniones preparatorias que se han celebrado en la mañana de este jueves. Según Hacienda, ninguna consejería trasladó su intención de ausentarse del encuentro durante las conversaciones previas. El ejecutivo madrileño sostiene que ya había trasladado su postura al resto de autonomías y a la dirección nacional del PP en reuniones internas celebradas previamente. En cualquier caso, el Ministerio de Hacienda recalca que la reforma del modelo se debatirá «en última instancia» en el Congreso de los Diputados, que es donde reside la soberanía nacional, insisten. Como sucede con las leyes que salen del ministerio que afectan a las autonomías, lo habitual es que se vote primero en el Consejo de Política Fiscal y después pasen al Consejo de Ministros para acabar, finalmente, en el Congreso y el Senado. Por el momento, ninguna otra autonomía gobernada por los populares ha trasladado públicamente su intención de no acudir a la reunión. Hasta la fecha, los gobiernos regionales del PP habían hecho frente común tanto contra la reforma de la financiación como con la condonación de la deuda. Y eso pese a que dentro del bloque conviven territorios como Comunidad Valenciana o Murcia -que se encuentran entre las peor financiadas y con más deuda pública- con Cantabria o Baleares, que reciben recursos por encima de la media o la propia Madrid, que apenas tiene deuda. De hecho en febrero del año pasado, todas las autonomías del PP se coordinaron para abandonar el CPFF en el que se debatió la condonación de la deuda y escenificaron su desacuerdo con una declaración improvisada en las escaleras del Ministerio de Economía, donde se celebran las reuniones. Entonces, una de las portavoces de la protesta fue Rocío Albert, la consejera de Hacienda madrileña. El frente autonómico del PP trató de impugnar la votación al considerar que no había quorum suficiente, pero Hacienda rechazó esa interpretación al considera que ya se había constituido la reunión.Las líneas generales de la reforma del sistema de financiación que presentará Arcadi España el viernes son ya conocidas desde hace tiempo. El Ejecutivo plantea incrementar la parte del pastel de los impuestos que le corresponde a las comunidades autónomas en 21.000 millones de euros para que ninguna vea reducidos sus recursos. Sin embargo, el reparto de los nuevos fondos beneficia particularmente a Cataluña -que recibiría unos 507 euros más de financiación por habitante, según estima Fedea-, Comunidad Valenciana (496 euros), Murcia (468), Baleares (450 euros) y Madrid (409).Al mismo tiempo, modifica el cálculo de población ajustada -que determina cómo se reparten los recursos en función de la necesidad de gasto público- y altera elementos fundamentales del sistema como la solidaridad interterritorial. Con la nueva financiación, la Comunidad de Madrid contribuiría con unos 8.000 millones a financiar al resto de territorios (una cifra muy similar a la que ya realiza), mientras que Cataluña reduciría notablemente su aportación de los 2.266 millones actuales a apenas 810 millones. 

El grupo Volkswagen encara un día crucial para su futuro este viernes, cuando está previsto que el consejo de administración de la compañía se reúna para trazar los planes de ahorro del grupo. El encuentro se celebra en un contexto marcado por los cambios que afectan a la industria del automóvil, especialmente durante el último año. «El grupo está trabajando en un plan de transformación para todas sus actividades con el fin de reforzar su competitividad y eficiencia», precisan en un comunicado, en el que remarcan «su compromiso con la electrificación». En este sentido, desde la firma germana señalan la necesidad de aprovechar el potencial de sinergias tecnológicas, estrategia que se ha debatido en varias reuniones del Consejo de Supervisión. Este programa de recortes podría plantear hasta el cierre de cuatro fábricas en Alemania (Zwickau, Emden, Hannover y la de Audi en Neckarsulm), además del recorte de miles de empleos en todo el mundo. En cualquier caso, todavía no hay nada en firme. Hace unos meses anunció hasta 50.000 despidos en el país germano hasta 2030 después de registrar sus peores beneficios desde el ‘diéselgate’.Entre las medidas de ajuste también entraría la posibilidad de dejar de producir la marca Seat a finales de 2029 como muy tarde, según el diario WirtschaftsWoche, que cita un documento confidencial destinado al consejo de supervisión de Volkswagen. «La marca Seat se retirará de forma ordenada y rentable como muy tarde a finales de 2029, garantizando al mismo tiempo el apoyo continuado a los clientes existentes (por ejemplo, en materia de servicio)», indican. No obstante, Cupra se mantendría. Los representantes de los trabajadores y el sindicato IG Metall, así como el estado federado de Baja Sajonia, con una participación del 20% en el grupo, han expresado su rechazo a los planes del consejero delegado, Oliver Blume, según recoge Bloomberg, citando al periódico alemán Handelsblatt. El rotativo asegura que ambas partes se reunieron el pasado lunes y martes, pero no lograron acercar posturas, y no están previstas nuevas conversaciones antes de la reunión del consejo de mañana. Desde el lado de la dirección, ya se están preparando para que los accionistas voten dicho acuerdo en una junta general extraordinaria, previsiblemente este otoño.Noticia en ampliación…

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La Seguridad Social perdió 162.839 afiliados el pasado agosto, un mes en el que es habitual que se destruyan puestos de trabajo, mientras que el paro se incrementó en 44.000 personas, la mayor subida desde 2019. Así lo reflejan los datos que han publicado este miércoles los ministerios de Seguridad Social y Trabajo, respectivamente. Pese a la pérdida de cotizantes, la caída en la afiliación es la más reducida de los últimos cinco años. Habría que remontarse a agosto de 2021 -un mes todavía muy afectado por el rebote económico tras el confinamiento- para encontrar un dato más bajo. En concreto, se han destruido unos 30.000 puestos de trabajo menos que la media de los cuatro años anteriores.En este dato más benigno de lo habitual tiene mucho que ver la regularización masiva de migrantes que concluyó el pasado 30 de junio. Los datos que maneja el Gobierno reflejan que el proceso ha aflorado ya 337.917 cotizantes extranjeros, de los cuales muchos, previsiblemente, ya trabajaban aunque lo hacían fuera del radar protector de la Seguridad Social y no computaban en la estadística. El auge de las afiliaciones por la regularización ha elevado a 3.551.759 los cotizantes extranjeros, que ya suponen el 15,9% de los trabajadores del país. Así, España cerró agosto con 22.345.226 puestos de trabajo, casi 680.000 más que a estas alturas del año pasado y un nuevo máximo histórico para este mes. De hecho, el dato desestacionalizado refleja un incremento de 83.844 empleos, aunque también está inflado por el efecto de la regularización. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha celebrado un dato que ha calificado como «histórico». «Llevamos más de cinco años y medio sumando afiliados mes a mes en la serie desestacionalizada; nuestro mercado laboral goza de muy buena salud», ha expresado. En una línea similar se expresó el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien tachó el dato de «muy positivo», subrayando que el crecimiento interanual del empleo se ha acelerado gracias a la regularización y la «inercia positiva» de la economía. No obstante, analistas como Funcas -el centro de estudios de las antiguas cajas de ahorro- apuntan a que, descontando el efecto de la regularización, los datos de agosto muestran una ralentización en la creación de empleo. En el caso de los parados registrados en las oficinas del SEPE, la cifra asciende a 2.355.918 personas, un nuevo mínimo desde el año 2007. No obstante, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que la regularización ha incrementado el dato de desempleo de agosto por encima de lo habitual, dado que muchos migrantes se registran por primera vez como demandantes de empleo. «El paro en España se ha reducido en el último año en 70.593 personas, esto es un 2,9% menos, y tenemos 710.000 parados menos en el mercado laboral que en 2019», ha destacado la vicepresidenta.Educación, fijos discontinuos y despidos por vacacionesA diferencia de lo que pueda parecer a simple vista, el descenso del empleo en agosto no tiene nada que ver con el fin de la campaña turística de verano. De hecho, la hostelería es uno de los pocos sectores que incorpora trabajadores: el mes pasado la afiliación se incrementó en más de 7.000 ocupados en el sector. Este dato solo superan la sanidad y los servicios sociales, actividad que sumó 17.226 afiliados. En este caso, el incremento se debe a las contrataciones temporales que se hacen en sanidad para cubrir las vacaciones del personal, dado que es un sector que no puede permitirse parar en verano. En cambio, la mayoría de los sectores de actividad pierden afiliación en agosto, fundamentalmente por el parón en la actividad económica que se produce este mes en particular. Casi la mitad del descenso en el empleo se explica por el sector educativo, donde la afiliación se redujo en 78.272 cotizantes. Los empleos que se pierden son contratos temporales que finalizan al caer la actividad en agosto y trabajadores fijos discontinuos que pasan a la inactividad, pero que después volverán a activarse cuando comience el curso escolar.El descenso en el empleo es notable también en otros sectores, como las actividades administrativas y servicios auxiliares (-18.083), en las actividades profesionales, científicas y técnicas (16.924), en la industria manufacturera (16.417), en actividades artísticas, deportivas y de entretenimiento (-15.238), construcción (-12.653) o en el comercio (-10.180). 

La multinacional de juego y casinos, Cirsa, ha dado un vuelco en su estrategia tras anunciar un acuerdo con la italiana Lottomatica para gestar la segunda mayor compañía del sector a nivel mundial. El grupo catalán controlado por Blackstone será absorbido por la firma transalpina y dejará de cotizar en la Bolsa de Madrid, a la que regresará una vez se haya materializado la integración, prevista para el segundo trimestre de 2027. El grupo fundado en 1978 en Terrasa (Barcelona) pondrá fin tal y como se le conoce a su corta andadura bursátil, que arrancó el verano pasado con su estreno en el mercado continuo. Debutó a un precio de 15 euros por acción, nivel que no ha recuperado hasta este miércoles después de dispararse más de un 18% por el anuncio de este acuerdo. En el día previo cerró en 13,64 euros por título. Desde el toque de campana el 9 de julio de 2025 hasta ayer contabilizaba una caída del 9%. Los términos acordados para esta unión recogen que los accionistas de Lottomatica tendrán el control con un 67,5% del capital, mientras que el 32,5% estará en manos de los accionistas de Cirsa, de los cuales el citado fondo estadounidense poseerá cerca del 24%. Reduce así su participación desde el 74,23% que ostenta en el momento actual, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El conocido como uno de los grandes ‘caseros’ de España se hizo con el 100% de la compañía en 2018 tras cerrar un acuerdo con su fundador, Manuel Lao, cuyo importe nunca fue revelado. Cirsa opera en trece mercados, ubicados principalmente en Europa y América Latina. Además de España, entre sus mercados figuran Italia, Marruecos, México, República Dominicana o Puerto Rico. No obstante, el grueso del negocio está en España, que representa alrededor del 40% de su actividad con seis casinos, 40 bingos y 237 salones de juego. Cirsa ha pasado de posición compradora a ser comprada en cuestión de meses. El pasado julio cerró la adquisición de una participación mayoritaria en Sociedade Figueira Praia, propietaria y operadora de Casino Figueira en Portugal, un icono de los casinos en la Península Ibérica. Las cuentas correspondientes al segundo trimestre arrojan un beneficio operativo de 202 millones, superando por primera vez la barrera de los 200 millones. Destaca la división de juego ‘online’ y apuestas deportivas, que experimentó un crecimiento de los ingresos del 14,9% en comparativa interanual, registrando un récord histórico de usuarios activos y captación al calor de la Copa del Mundial de Fútbol. Desde el lado de Lottomatica, este movimiento para ampliar su presencia geográfica supone un cambio de estrategia, ya que con anterioridad había priorizado las compras complementarias dentro de Italia. La operación también podría ayudar a estas empresas a hacer frente a los retos planteados por las plataformas dedicadas a la predicción, que dejan apostar por todo tipo de acontecimientos, desde elecciones hasta ganadores de premios, y que están empezando a ganar terreno a las apuestas deportivas.Los analistas de Banca Akros ven este movimmiento con buenos ojos, sobre todo, para Cirsa, que abre la puerta a un potencial desarrollo para Cirsa. Los accionistas recibirán 0,668 títulos de nueva emisión de Lottomatica por cada título, lo que implica una prima del 21% con respecto al cierre del martes, hasta los 16,55 euros, ya que la integración se acometerá a través de un canje de acciones. La empresa resultante contará con un resultado bruto de explotación ajustado (Ebitda ajustado) de aproximadamente 2.000 millones. Lottomatica corrige más de un 10% en la Bolsa de Milán. 

La rentabilidad de la deuda se convierte en un nuevo foco de tensión para los mercados en el inicio de septiembre. El Bloomberg Global Government Bond Index, que mide el rendimiento de los bonos soberanos de todo el mundo, ha escalado hasta el 3,72%, su nivel más elevado desde mediados de 2008. El recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo, con un nuevo ataque por parte de Estados Unidos y el tono más restrictivo de la Reserva Federal en Jackson Hole, en el que su presidente, Kevin Warsh, abrió la puerta a retomar las subidas de los tipos de interés, impulsa al alza dicho rendimiento, con la consecuente caída de su precio. En estas últimas dos semanas, el bono americano a 30 años ha repuntado hasta el 5,31%, un nivel inédito desde 2007, mientras que el rendimiento del bono a diez años ya se mueve en el 4,8%, máximos desde enero de 2025 años. En la misma línea, al otro lado del Atlántico, el ‘bund’ alemán, la referencia en el Viejo Continente, alcanza el 3,34%, máximos desde 2011, mientras que en el caso español se dispara al 3,8%, su cota más alta desde finales de 2023. «La intervención militar se une a las sanciones económicas anunciadas por EEUU y eleva la tensión en Oriente Próximo. Como consecuencia inmediata, el petróleo repuntó situándose por encima de la barrera psicológica de los 90 dólares el barril. Un petróleo más elevado implica inflaciones superiores, lo que añade más presión a los bonos y penaliza las valoraciones de las bolsas», precisan los analistas de Bankinter. La cotización del petróleo se ha disparado por la tarde del martes ante la mayor preocupación porque el conflicto se extienda más de lo previsto. El Brent, la referencia en Europa, ha cerrado este martes con una subida del 4,6%, hasta los 94,65 dólares el barril, máximos desde el pasado mayo. En la misma línea, el West Texas Intermediate (WTI) supera de nuevo los 90 dólares tras rebotar un 5,7% ante un nuevo ataque de EEUU a Irán, el segundo en 48 horas. La situación en el mercado de deuda se ha dado la vuelta a partir del pasado viernes con el discurso de Warsh, en el que enfatizó en la necesidad de priorizar el control sobre la inflación. Tras esto, la probabilidad de un alza de tipos en septiembre ha aumentado hasta el 60%, sin descartar que el aumento desde el rango objetivo del 3,5-3,75% se produjera en el encuentro de septiembre. «Creemos que ha dejado pocas dudas de que los datos de inflación del índice de precios del consumo (IPC) de agosto, que se publicarán en apenas unos días antes de la reunión de la Fed de septiembre, serán cruciales», señala Richard Clarida, asesor económico de PIMCO y exvicepresidente de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Esta situación se da con un volumen de deuda pública en máximos históricos en Estados Unidos, después de que haya rebasado los 40 billones de dólares. Como receta, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha defendido el crecimiento y la desregulación como única vía para reducir los volúmenes de deuda, y señala como principales obstáculos las cargas regulatorias excesivas, los sistemas fiscales mal diseñados y la insuficiente inversión pública y privada. En Japón, el interés de la deuda ha sobrepasado el 3%, máximos de tres décadas, impulsado también por las expectativas de que el Banco de Japón (BoJ) acelere con una subida de los tipos de interés. Concretamente, la cifra más elevada desde 1996. La intervención conjunta entre Japón y Estados Unidos para frenar la depreciación del yen en el mercado de divisas en julio ha tenido una intervención limitada, ante lo que algunos analistas defienden que el banco central nipón podría dar un paso al frente. Este martes se ha conocido además la tasa de inflación en la Eurozona, que ha repuntado hasta el 3,3% por los precios energéticos y da vía libre para que el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos de interés en la cita de la próxima semana, tal y como espera el mercado. Entre los argumentos para ese movimiento en el precio del dinero figuran los precios energéticos, que han subido cuatro puntos por encima del 10,3% registrado en julio. «El repunte de la tasa de inflación general justifica una subida de tipos en septiembre. Sin embargo, la persistente moderación de la tasa subyacente debería dar lugar a un debate interesante sobre un repunte posterior», apunta el analista de ING Bert Colijn.

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El Gobierno ha movilizado un paquete económico de 309 millones de euros de apoyo y dinamización para Ceuta, cuando se cumple un mes desde que estalló la crisis migratoria y humanitaria en la ciudad autónoma. El Real Decreto-ley de medidas urgentes incluye un refuerzo de los servicios esenciales, de la seguridad, de la financiación asociada a los menores acogidos y medidas de apoyo a las empresas y a los trabajadores. Entre ellas destaca un paquete fiscal con bonificaciones permanentes en el impuesto sobre Sociedades y en el IRPF que se extenderá a la ciudad autónoma de Melilla.  El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el plan pretende atender a las peticiones de los agentes sociales y de la ciudad autónoma en el último mes. «El objetivo principal es dar confianza y tranquilidad tanto a empresas como a trabajadores (…) Es el principio que explica este plan de choque», ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El plan de apoyo a Ceuta cuenta con cuatro ejes. En primer lugar, contempla un refuerzo de los servicios esenciales (Sanidad, Educación o tratamiento del agua, entre otros) por valor de 21 millones de euros; incorpora, además, un refuerzo de la seguridad por más de 90 millones de euros destinado a Defensa, Policía y Guardia Civil. El Ejecutivo incrementa también la dotación para la acogida de menores y la atención humanitaria en 118 millones; y, finalmente, anuncia 80 millones de euros en apoyo a las empresas y a los trabajadores. Las ayudas directas podrán solicitarse desde el día 14 El también ministro de Economía, Comercio y Empresa ha destacado que esos 80 millones «superan con creces la estimación de pérdidas que había hecho la Cámara de Comercio», que rondaban los 30 millones en el conjunto del mes, y equivalen al 4% del PIB de la ciudad autónoma. Entre las medidas de respaldo al tejido productivo se incluyen 36,6 millones en ayudas directas que gestionará la Agencia Tributaria (AEAT) y que se articularán de forma parecida a como se hizo en Valencia con la Dana. Estas incluyen ayudas de 5.000 euros por cada autónomo y de entre 10.000 y 150.000 euros por empresa, en función del volumen de facturación que podrán solicitarse a partir del lunes 14 de septiembre, en la propia web de la Agencia Tributaria, con el objetivo de iniciar los pagos a principios de octubre. Cuerpo prevé que esta actuación beneficie a 2.600 autónomos y 1.400 empresas. Moncloa anuncia, además, 14 millones en ayudas directas para contribuir a recuperar la actividad económica y empresarial de Ceuta y reforzar la confianza de consumidores, visitantes y empresas en modo de bonos de consumo y al turismo, descuentos al transporte de no residentes o de campañas específicas… Dos de las medidas ‘estrella’ del paquete son fiscales y tienen carácter permanente. Se trata de la bonificación del Impuesto de Sociedades, que pasará del 50% al 60% para entidades residentes en ambas ciudades autónomas y para las que mantienen actividad y los puestos de trabajo en la ciudad. A esta se suma una mejora en la tributación del IRPF para los autónomos que supone la ampliación de la deducción de gastos de difícil justificación en el IRPF. Las dos, que están cuantificadas en unos 12 millones de euros, se extienden a Melilla. Avales del ICO y bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad SocialA todas las actuaciones anteriores se suman un millón de euros para el Plan Ceuta Exporta, que ICEX pondrá en marcha, así como otro millón de euros para una campaña específica de promoción internacional de Ceuta como destino turístico. Carlos Cuerpo ha incidido en que el paquete suma una línea de avales del ICO por hasta 50 millones; así como exenciones en cuotas a la Seguridad Social para las empresas que hayan visto interrumpida o limitada su actividad y se vean obligadas a recurrir a un ERTE.En el ámbito laboral se aprueban también una prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos, una bonificación permanente en la cuota empresarial a la Seguridad Social del 50% actual al 75% (se cuantifica en 12,2 millones para cuatro meses) destinada a los trabajadores con contrato indefinido en Ceuta y Melilla y vinculada a que desarrollen actividades formativas. Por último, habrá ayudas de 650.000 euros para la formación de trabajadores a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

La inflación se disparó en la Eurozona al 3,3% en agosto, el nivel más alto desde que se inició la guerra en Irán. El coste de la vida sube muy por encima del 2% que el Banco Central Europeo (BCE) tiene marcado como objetivo a medio plazo, lo que empobrece a las familias y resta competitividad a las empresas. El dato avanzado, que ha dado a conocer este martes Eurostat, allana el camino para que la entidad anuncie una nueva subida de los tipos de interés en septiembre, la segunda en lo que va de año.La guerra en Irán se prolonga ya por más de medio año, la tensión entre Estados Unidos e Irán no afloja y la cotización del petróleo ha vuelto a escalar en los mercados internacionales. El barril de Brent, el crudo de referencia en Europa, se encarece cerca del 41% en lo que va de año. En este contexto, los precios energéticos subieron un 14,3% interanual en agosto, frente al 10,3% al que se habían incrementado un mes antes. La inflación de servicios aumentó un 3%, tres décimas menos que en julio. Esta tasa preocupa especialmente al BCE porque indica si la inflación se está estancando y puede generar efectos de segunda ronda, la temida espiral inflacionista. Esto es, cuando la inflación se eleva, lo hacen también los salarios, la demanda aumenta ante la expectativa de que los precios sigan subiendo y todo vaya a estar mucho más caro en un futuro y esto genera una nueva subida de los precios de bienes y servicios. Es un escenario que los bancos centrales temen porque en él es muy complicado controlar el alza de los precios sin dañar la economía -una subida demasiado brusca o fuerte de los tipos puede lastrar la inversión y el consumo al encarecer demasiado la financiación-. La tasa subyacente, el otro termómetro que indica si el alza de precios es temporal o se está enquistando, se moderó una décima hasta el 2,1%.El precio de los alimentos frescos sube másLos datos que ha publicado la oficina de estadísticas europea reflejan que  los bienes industriales no energéticos se encarecieron un 1,2%, tres décimas más que en julio; y la subida en los alimentos, el alcohol y el tabaco se mantuvo estable en el 1,2%. Sin embargo, los alimentos frescos subieron un 2,7%, más que en julio. Este es otro tema que preocupa a los organismos internacionales. Los efectos del rally del petróleo y de la escasez de fertilizantes por el bloqueo del Estrecho de Ormuz pueden empezar a reflejarse en unos meses en los lineales de los supermercados. Por países, las mayores subidas de precios se registraron en Lituania (5,8%) y en Bulgaria (5,1%), mientras que en Estonia el alza fue del 1,3%, la más baja. En España, la inflación armonizada, dato que Eurostat toma como referencia para poder hacer comparaciones entre los distintos países, se disparó al 4,5%, por encima de la media. Esto resta competitividad a la economía nacional frente a sus principales socios, que son precisamente las grandes economías del área del euro. «Los precios de la energía podrían volver a subir, las sequías están afectando a las cadenas de suministro y la economía sigue funcionando razonablemente bien, lo que facilita que se repercutan en costes más elevados», advierten los analistas de ING. En la entidad recuerdan que los indicadores de crecimiento salarial han empezado a repuntar por lo que, si bien la situación actual es favorable, «cabe esperar que la inflación subyacente siga aumentando en los próximos meses».