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Josep Oliu dimite como consejero dominical de Grupo Puig

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ha presentado su dimisión como consejero dominical de la compañía de fragancias y maquillaje, Puig Brands, según ha avanzado el diario La Vanguardia y han confirmado a La Información Económica fuentes de mercado. El directivo se incorporó al grupo catalán como miembro del consejo de administración en 2002. Ahora abandona el cargo siete meses antes de que expire su mandato en diciembre de 2026. Las mismas fuentes indican que esta salida atiende a motivos personales, si bien continuará como presidente del consejo de administración de Exea, el family office de la familia Puig, al que Oliu lleva vinculado 34 años a través de diferentes responsabilidades. Tras diferentes cargos de asesor y consejero, no fue hasta 2007 cuando ascendió a la presidencia. Puig anunció la separación de los cargos de presidente y consejero delegado hace un mes, algo habitual en las empresas cotizadas. Hasta ese momento los cargos recaían en Marc Puig, de la familia fundadora, que se mantendrá como presidente ejecutivo, mientras que José Manuel Albesa ejercerá como CEO. Estos puntos han quedado recogidos en el orden del día para la convocatoria de la junta general de accionistas de Puig, prevista para el próximo 29 de mayo. Entre ellos también se contempla el nombramiento de Julie Van Ongevalle como independiente, así como la fijación del número de consejeros. La compañía también contempla la venta de la marca ‘Aromas de Castilla’. Asimismo, la sociedad también propondrá la reelección de Marc Puig Guasch como consejero ejecutivo, junto con la de otros siete consejeros en las categorías de independientes y externos. Entre los nombres figuran Daniel Lalonde, Ángeles García-Poveda Morera, Jordi Constans Fernández u Ioannis Petrides. La multinacional española registró en 2025 un beneficio de 594 millones, un 11,8% más en comparativa interanual. Se da la circunstancia de que Puig se encuentra en plenas negociaciones con Estée Lauder para negociar una posible fusión. De salir adelante la operación se crearía el tercer grupo por tamaño de la industria cosmética, con un valor de mercado cercano a los 35.000 millones. Las ventas alcanzaron los 5.042 millones, un 5,3% más, cifra que se sitúa en la parte alta de las previsiones. Los orígenes de Puig se remontan a hace más de un siglo. Antonio Puig Castelló fundó la compañía en un pequeño taller de Barcelona allá por 1914. El negocio arrancó con la importación de colonias desde Londres, que se ha convertido con el paso del tiempo en una de las multinacionales de la moda y perfumería más relevantes a escala mundial. Su portfolio incluye marcas como Paco Rabanne, Carolina Herrera o Nina Ricci, entre otras. Comercializa sus productos en más de un centenar de países y cuenta con una plantilla de alrededor de 11.000 personas. Su capitalización bursátil supera los 10.000 millones y debutó en el Ibex en mayo de 2024, protagonizando el mayor debut de Europa. En lo que va de año cotiza prácticamente en tablas con un precio de 18,38 euros por título, por debajo de los 24,5 euros en los que arrancó su andadura por los mercados financieros. 

Las constructoras reclaman un peaje de 111 euros al año por conductor para financiar la conservación de las carreteras

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) calcula que solo mantener en condiciones las infraestructuras que ya existen en España exigirá desembolsar 127.341 millones de euros a lo largo de la próxima década, lo que equivale a destinar cerca de 12.700 millones de euros cada año únicamente a conservación. A esa cifra se suman otros 280.000 millones para construir nuevas infraestructuras y adaptar las actuales, lo que eleva la factura total hasta los 407.341 millones de euros en diez años, según el informe anual presentado este lunes por la patronal.»Son 58.000 millones en carreteras de todas las administraciones, más de 20.000 en ferrocarriles de titularidad estatal y 48.600 en infraestructuras hidráulicas» ha desglosado el presidente de la patronal, Julián Núñez, quien ha insistido en que se trata de una estimación conservadora. Según el análisis realizado por la organización a partir del Anuario Estadístico de Transportes, el conjunto de las administraciones ha dejado de invertir casi 8.000 millones de euros en conservación y reposición viaria en términos reales desde 2010. «Hemos tardado prácticamente 15 años en recuperar el volumen de inversión que teníamos antes de la crisis financiera» ha apuntado Núñez Para cubrir ese déficit acumulado y cumplir los estándares técnicos recomendados, Seopan calcula que sería necesario incrementar un 56% la dotación anual actual destinada a conservación de carreteras, pasando de los 2.800 millones de euros actuales a 4.370 millones al año. El esfuerzo sería aún mayor en las vías del Estado -un 80% de aumento- y significativo también en las redes autonómicas y de diputaciones, con incrementos del 69% y el 82% respectivamente.En aras de financiar esas necesidades sin recurrir a subidas de impuestos ni comprometer el gasto público, Núñez ha vuelto a defender la tarificación por uso de las infraestructuras viarias. La propuesta de Seopan contempla un peaje a vehículos ligeros de 3 céntimos por kilómetro recorrido en vías interurbanas. Aplicado al recorrido medio que realiza un conductor español fuera de núcleos urbanos -unos 3.700 kilómetros al año-, el coste ascendería a 111 euros anuales por vehículo. «Es exactamente lo que ya paga de media cada contribuyente para sostener el mantenimiento de las carreteras españolas» ha argumentado antes de añadir que «en este caso lo harían exclusivamente los usuarios de la carretera». Según los cálculos de la organización, este modelo generaría más de 43.000 millones de euros en una década, permitiría reducir los peajes actuales a la cuarta parte y aportaría más de 4.000 millones de euros a 2.680 municipios a través de la recaudación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.Urge medidas frente al alza de costes por la guerra de IránPor otro lado, Núñez también ha aprovechado los focos para reclamar una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público y un nuevo marco legal que impulse la colaboración público-privada, dos demandas recurrentes de la patronal que consideran imprescindibles para movilizar la inversión necesaria. Asimismo, ha reclamado la reactivación «con una serie de modificaciones» del Real Decreto Ley 3/2022 -el mecanismo de compensación de costes aprobado tras la guerra en Ucrania- para paliar el aumento de los costes derivado del conflicto en Oriente Medio.Pide más maquinaria de mantenimiento para las grandes líneas ferroviariasEn el ámbito ferroviario, Seopan ha presentado un análisis propio sobre los contratos de mantenimiento de la red de alta velocidad que, de forma llamativa, avala prácticamente al céntimo el acuerdo alcanzado por el Gobierno con los sindicatos en febrero. Los 11 contratos de mantenimiento vigentes en la red de alta velocidad -con un canon base de licitación de 424 millones de euros en cuatro años- deberían incrementarse en torno a un 43% para restituir el coste real actual de los trabajos, según los cálculos de la patronal. En relación al crecimiento del tráfico en la red de alta velocidad desde la llegada de operadores privados (un 47% más desde la etapa previa a la pandemia). la patronal ha reivindicado la necesidad de incorporar maquinaria adicional de mantenimiento. En concreto, Núñez ha propuesto añadir un tercer equipo de bateo en las líneas con mayor intensidad de uso -el corredor noroeste, Madrid Sur y Madrid-Levante-, donde actualmente los contratos solo contemplan dos conjuntos de equipamiento completo. La valoración económica de esa ampliación, realizada con el manual de costes de maquinaria que publica la propia Seopan y que Hacienda utiliza como referencia, arrojaría un incremento adicional del 31% sobre los contratos actuales.Exige palancas para impulsar la inversión hidráulicaEn lo que respecta a las infraestructuras hidráulicas, cuyas necesidades conjuntas -sumando conservación y nueva obra- superan los 125.000 millones de euros en la próxima década, Seopan ha planteado dos palancas fundamentales. La primera, que el Estado recupere el nivel de inversión presupuestaria previo a la crisis financiera: 6.500 millones de euros al año, seis veces la cifra que se destina actualmente. La segunda, impulsar convenios de cofinanciación entre el Estado y el resto de administraciones que permitan acometer las infraestructuras reclamadas por comunidades autónomas y corporaciones locales, con mecanismos de recuperación de costes a 30 años según establece la directiva marco europea y con acceso a fondos comunitarios.

La otra guerra del Golfo enfrenta a Arabia Saudí, Emiratos e Irak con Irán para decidir el futuro del petróleo

La guerra contra Irán ha dejado de ser un único frente militar. El conflicto se ha fragmentado en varios escenarios paralelos que tienen al petróleo como nexo de unión. Arabia Saudí, Emiratos e Irak se han convertido en piezas de una confrontación indirecta que ya condiciona la producción, las rutas y los precios energéticos a escala global.El foco no está solo en los ataques directos de Irán. Las milicias en Irak, los golpes sobre infraestructuras saudíes y la presión sobre el tráfico marítimo han ampliado el alcance del conflicto. En las últimas semanas se han registrado decenas de incidentes contra petroleros, interrupciones en rutas clave y un aumento significativo de los costes de transporte y seguros en la región.La intensidad de los ataques refleja el cambio de escala. Según estimaciones saudíes, cerca de la mitad de los casi 1.000 drones lanzados contra el reino saudí en las últimas semanas han partido desde Irak. Entre los objetivos figuran refinerías clave en Yanbu y campos petroleros en el este del país.También han sido atacadas infraestructuras críticas en Kuwait y Bahréin. Irán utiliza a las milicias iraquíes para ampliar su capacidad de ataque sin exponerse a una respuesta directa. Para Riad y Abu Dabi, Irak ofrece el mismo margen en sentido inverso y permite responder sin golpear territorio iraní y sin precipitar una escalada regional abierta.Oleoductos y rutasLa presión se traslada a las infraestructuras que sostienen el suministro global. Arabia Saudí ha reactivado su oleoducto Este-Oeste, con capacidad para transportar hasta siete millones de barriles diarios hacia el mar Rojo, con el objetivo de reducir su dependencia del estrecho de Ormuz. Durante los ataques, el flujo llegó a reducirse en torno a 700.000 barriles diarios y la producción se vio afectada en unos 600.000 barriles.El riesgo en Ormuz sigue siendo el principal factor de inestabilidad. Por ese paso circula alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado mundial. En los momentos de mayor tensión, el tráfico de buques ha caído de más de 130 tránsitos diarios a menos de una decena. Las primas de seguro marítimo se han disparado y varias navieras han optado por evitar la zona.El control de las rutas se convierte así en un elemento central del conflicto. No basta con producir petróleo. Es necesario garantizar su salida al mercado en condiciones estables. Cualquier interrupción prolongada tendría impacto directo en precios, inflación y crecimiento global.Inversión bajo presiónEl impacto se traslada al plano económico. Emiratos y Arabia Saudí han construido su modelo sobre la estabilidad y la atracción de capital internacional. Ahora, los ataques con drones y misiles han erosionado esa percepción. Desde el ‘think tank’ Atlantic Council sostienen que “la imagen del Golfo como refugio seguro se ha roto”. El resultado es un aumento del riesgo percibido y el coste de invertir.El efecto es desigual. Emiratos se ha convertido en uno de los principales objetivos de los ataques iraníes, con cientos de misiles y más de 2.000 drones interceptados desde el inicio del conflicto. Se han registrado impactos en infraestructuras industriales, energéticas y tecnológicas en Abu Dabi, con interrupciones puntuales en la actividad empresarial y servicios estratégicos. Su peso como centro de negocios internacional amplifica el impacto de cada incidente sobre la confianza inversora.Arabia Saudí mantiene su capacidad de producción, pero el riesgo sobre sus instalaciones aumenta. Complejos como Jubail, uno de los mayores polos petroquímicos del mundo, y varias refinerías han sido objetivo de ataques. La defensa antiaérea ha interceptado buena parte de los proyectiles, pero la frecuencia de los ataques incrementa el riesgo operativo sobre infraestructuras estratégicas para el suministro global.El conflicto también altera el equilibrio interno del Golfo. Los países compiten por asegurar rutas alternativas, reforzar sus sistemas de defensa y garantizar el acceso a tecnología militar, en un contexto de escasez global. El resultado es un mercado energético más volátil y más expuesto a decisiones geopolíticas. Y todas tienen un impacto directo sobre el petróleo.

El verano más caro en años amenaza al turismo en Europa en plena crisis de combustible

El bloqueo del Estrecho de Ormuz está retirando del mercado entre 8 y 10 millones de barriles diarios de crudo y combustibles, cerca del 10% del suministro global, según estimaciones de UBS. Parte de ese flujo alimenta las refinerías asiáticas que transforman el crudo en productos como el queroseno que consume Europa. Sin ese circuito, el mercado pierde volumen y capacidad de ajuste en el inicio de la temporada alta turística.Esa brecha entre la oferta y la demanda se traslada con especial rapidez al mercado del combustible de aviación, donde Europa mantiene una elevada dependencia de importaciones y donde la capacidad de ajuste es limitada. El mercado global de queroseno apenas alcanza los dos millones de barriles diarios, lo que restringe la posibilidad de redirigir suministros en el corto plazo.El impacto es más visible en el combustible de aviación. Europa importa una parte relevante de su suministro y depende en gran medida de rutas que han quedado interrumpidas. Por su parte, la Agencia Internacional de la Energía advierte de que las reservas para combustible de aviación en Europa cubren apenas entre cuatro y seis semanas de demanda en el escenario actual.A este desequilibrio se suma el rápido encarecimiento del combustible, que representa entre el 25% y el 35% de los costes operativos de una aerolínea. El precio ha subido entre un 95% y un 105% desde finales de febrero.Las aerolíneas ajustan operativas y valor bursátil Lufthansa ha anunciado la cancelación de 20.000 vuelos hasta octubre, lo que supone un recorte de unas 120 operaciones diarias en su red europea, mientras otras aerolíneas también están reduciendo frecuencias en plena temporada alta. KLM ha eliminado al menos 80 vuelos y compañías como Volotea han introducido recargos por combustible ante el encarecimiento del queroseno, que se ha duplicado desde el inicio del conflicto. En Estados Unidos, Delta Air Lines ha recortado su previsión de capacidad en 3,5 puntos porcentuales por el aumento de costes y la incertidumbre sobre el suministro.El sector en su conjunto afronta un aumento de costes de miles de millones de dólares, como reflejan estimaciones de aerolíneas como American Airlines, que prevé un impacto adicional de 4.000 millones de dólares en combustible este año.Las acciones de aerolíneas europeas como EasyJet, Wizz Air o Air France-KLM han caído más de un 14% desde el inicio de la crisis. En cambio, las aerolíneas con mayores coberturas de combustible, como Ryanair o IAG, han sufrido correcciones más moderadas, en torno al 8%-10%, y están mejor posicionadas para absorber el shock, al tener fijado entre el 70% y el 80% de su consumo a precios anteriores al conflicto.Mientras tanto, el desequilibrio entre oferta y demanda se amplifica en el momento de mayor presión del año para el transporte aéreo. El verano concentra cerca del 35% del tráfico aéreo anual en Europa, según datos del propio sector, lo que reduce el margen operativo de las compañías en plena temporada alta.Efecto inmediato sobre el turismo Menos vuelos reducen la capacidad de llegada de viajeros internacionales en plena temporada alta. El aumento de costes energéticos se traslada a toda la cadena de valor, desde aerolíneas hasta hoteles y operadores turísticos. España parte de una posición más sólida, pero no se queda al margen. Según la Asociación de Líneas Aéreas, más del 80% del queroseno consumido se produce en refinerías nacionales y las reservas cubren hasta 90 días de consumo total de combustibles, aunque en el caso específico del combustible de aviación el margen se reduce a alrededor de 31 días. Las ocho refinerías españolas han incrementado su producción para compensar la caída de importaciones, que representan cerca del 20% del consumo.Aun así, el sector asume que el impacto llegará por la vía internacional. España aspira a superar los 100 millones de turistas extranjeros en 2026, y cualquier restricción en vuelos desde otros mercados europeos afectaría directamente a la demanda. El propio sector recomienda anticipar la compra de billetes ante un entorno de precios al alza y menor disponibilidad.

Los supermercados compiten con bajadas de precios en el carrito de la compra en plena guerra de Irán

La inestabilidad política por el conflicto en Oriente Próximo y el repunte de la inflación en marzo en más un punto hasta el 3,4% están afectando ya al modo en que las familias hacen la compra. Consultoras como Nielsen advierten de que los hogares llenan menos el carro, espacian más sus compras y buscan de forma activa promociones. Mercadona, El Corte Inglés, Carrefour, Grupo Dia, Lidl o ALDI han convertido al ahorro en un producto reclamo, con el que tratar de arañar clientes en el actual contexto geopolítico.  El Corte Inglés y Mercadona, últimos movimientos El último anuncio lo ha realizado El Corte Inglés este jueves. La compañía española ha anunciado la congelación del precio de 300 productos de alimentación básicos durante 90 días, comprometiéndose a mantener la calidad. La selección incluye productos como el pollo, la lubina, la ternera, las hamburguesas, la leche o el agua. La acción nace con vocación de permanencia y tendrá su propio espacio en Supermercados El Corte Inglés, Hipercor y Supercor. El grupo distribuidor justifica esta iniciativa en «facilitar a las familias la planificación y composición de su cesta básica de la compra, aportando mayor estabilidad y previsibilidad».El Corte Inglés y Mercadona han sido las cadenas de supermercados que, más recientemente, han ‘congelado’ y rebajado el precio de cientos de productos de alimentación El presidente de Mercadona, Juan Roig, anunciaba a mediados de marzo en la rueda de prensa de los resultados anuales que la cadena de supermercados líder en España reducía el coste de 300 productos de alimentación. «Queremos bajar los precios: nadie está contento subiéndolos», defendía el empresario haciéndose eco de la reivindicación de la industria alimentaria para una rebaja del IVA de los alimentos. Los artículos que han visto su precio reducirse, revelados por este medio, son muy variados: alcachofas, fresón, aceite de oliva, el chocolate con leche, el arroz, huevos, etc.Ajuste de márgenes y «opciones más baratas» ¿Guerra por el ahorro en el carrito de la compra? En Lidl reconocen que es «un tema sensible y prioritario para las familias españolas en este momento» y destacan que han optado por una estrategia basada «en la contención». Lo que, añaden, están logrando «ajustando» sus márgenes y «asumiendo internamente gran parte de ese sobrecoste». Algo que, concluyen, busca un impacto positivo en el ticket de compra de sus clientes sin perder calidad a través de herramientas como la aplicación ‘Lidl Plus’ con cupones descuentos y ofertas personalizadas. El director del Servicio al Cliente de NIQ España, Stéphane Roger, advierte que si la guerra en Irán se prolonga «el consumidor buscará opciones más baratas: más compra de marca blanca o en establecimientos de surtido corto». Un punto de vista compartido por el profesor de EAE Business School, Jaime Romano, quien constata que «la variable precio siempre gana peso para los consumidores cuando aumenta la incertidumbre económica».  Desde empresas como Lidl reconocen que es «un tema muy sensible y prioritario para las familias españolas en este momento» y defienden su estrategia basada «en la contención» con ajustes de márgenesRoger (NIQ España) añade que «la frecuencia de visitas a las tiendas cayó un 10,9% en 2025 en relación con 2024» y que, en lo que va de 2026 se mantiene esta tendencia. El experto de EAE Business School concluye que las familias están siendo obligadas a cambiar sus hábitos tradicionales de compra por «una reducción de su renta neta», provocada por «un encarecimiento general de precios sin compensación a nivel salarial ni fiscal». ALDI: Más de 70 ofertas y promociones Fuentes de ALDI resaltan «el compromiso con el cliente, la calidad y los precios bajos siempre». La cadena de supermercados, que está protagonizando uno de los planes de expansión más intensos de los últimos años y ya cuenta con 8 millones de hogares españoles como clientes, garantiza a sus clientes «una compra completa, al mejor precio posible, y sin tener que hacer ningún tipo de renuncia». ¿Cómo? En el grupo distribuidor garantizan unos niveles de calidad elevados y, añaden, que «todas las semanas los clientes pueden aprovechar más de 70 ofertas y promociones en productos habituales en la compra de los hogares».   En la cadena de supermercados defienden que han mantenido sus precios bajos y, como ejemplo, citan que Wordlpanel by Numerator estima que, a cierre de 2025, habían logrado mantener sur pecios un 13% más bajos que la media del mercado. Además ponen en valor la eficiencia de su modelo y su apuesta por la marca blanca que representa 9 de cada 10 de sus productos y estiman que hacer la compra habitualmente en sus establecimientos puede suponer un ahorro de 40 euros a la semana. «Nuestra prioridad es ofrecer una compra fiable y accesible, permitiendo a los hogares encontrar ahorros directos sin renunciar a la calidad», concluyen.    Clubes de fidelización para ‘percibir’ el ahorro  ¿Qué tienen en común Carrefour y Dia? Los clubes de fidelización se han convertido en sus mejores activos para la ‘batalla’ por el ahorro. Desde Carrefour, que es el segundo grupo de distribución alimentaria en España, aseguran que su meta es «proteger el poder adquisitivo de sus clientes a través del ahorro» y, para ello, cuentan con la «dinámica promocional» y todas las ventajas por ser socio de El ‘Club Carrefour’. En la actualidad ya suma 10,5 millones de socios y, a finales de febrero, la compañía le dio un fuerte impulso a través de una campaña al ritmo de Raffaella Carrá.  «El consumidor buscará opciones más baratas: más compra de marca blanca o en establecimientos de surtido corto», Stéphane Roger (NIQ España)Lo describen como «una compra donde el ahorro se percibe tanto en el bolsillo como en el estado de ánimo», que impulsan por medio de cupones exclusivos e iniciativas como ‘Mi Día de El Club’ con un 15% de ahorro en alimentación al mes, y 5.000 promociones diarias. El Grupo Dia, por su parte, tiene previsto invertir 180 millones de euros en promociones durante 2026. Estos son 5 millones más que el año pasado. Lo que se traduce en ofertas semanales de hasta el 40% de descuento en más de 200 referencias, sobre todo, frescos (carnes, pescados, frutas y verduras).El Club Dia, su herramienta de fidelización, juega un rol importante. Sus casi 6 millones de socios disfrutan de elementos de gamificación en la aplicación como la ‘Ruleta de la Suerte’, que repartió el año pasado casi 30 millones de euros en premios, a través de descuentos, productos gratuitos y bonificaciones, canjeables en tiendas físicas y la web.

El pago con Bizum en tienda física estará disponible desde el 18 de mayo

El pago con Bizum en establecimientos físicos estará disponible en España a partir del próximo 18 de mayo. Será desde esa fecha cuando la funcionalidad esté disponible, pero sólo para un puñado de bancos, ya que su despliegue será progresivo a lo largo de los próximos meses, según ha podido saber La Información Económica de fuentes del sector. «Las entidades bancarias irán incorporando progresivamente el servicio y estimamos que, a finales de este año, la gran mayoría de los usuarios de Bizum podrán pagar presencialmente con nuestra solución, bien a través de la aplicación de su banco, bien a través de la nueva cartera digital Bizum Pay», explican. Otras fuentes indican que de esta primera hornada previsiblemente formarán parte CaixaBank Banco Sabadell y Bankinter, mientras que habrá que esperar un poco más en el caso de Banco Santander. Su puesta en marcha supone una transformación en materia de pagos, ya que apunta a comerse buena parte del negocio de las tarjetas, restando previsiblemente cuota de mercado a gigantes del sector como Mastercard o Visa. España y Europa buscan con la puesta en marcha de esta nueva herramienta recuperar independencia estratégica en materia de pagos ante la alta dependencia de la tecnología estadounidense. La plataforma de origen español lleva meses trabajando en el desarrollo de este proyecto que una vez puesto en marcha no será necesario utilizar las billeteras de Google Pay y Apple Pay, si bien la experiencia del usuario será similar. La plataforma, que nació en 2016 y desde entonces ha ido sumando a más de 35 entidades bancarias, cuenta ya con más de 30 millones de usuarios. En concreto, va a integrar los pagos contactless mediante tecnología NFC. Esto quiere decir que permitirá a los consumidores abonar sus compras acercando su dispositivo móvil al terminal, eliminando la necesidad de teclear el código PIN.En el caso de los establecimientos, el sistema trae consigo una ventaja, dado que podrán disponer de liquidez inmediata, a diferencia de lo que sucede con los pagos tradicionales con tarjeta, cuyos fondos pueden tardar días en llegarles. Sin embargo y, al igual que ocurre con las tarjetas, Bizum cobrará una comisión a las tiendas asociadas por prestar este servicio. Esto quiere decir que no será gratuito, siguiendo el ejemplo de lo que ocurre en la actualidad con las transferencias entre particulares.Será tarea de los bancos integrados en esta herramienta fijar las cantidades a desembolsar. Por otra parte, el sistema permitirá pagar aunque el usuario no tenga conexión a internet. En el momento actual más de 100.000 establecimientos electrónicos permiten el cobro por Bizum. Bizum entre países europeosDe forma paralela, el sistema de pagos instantáneos ha estado trabajando en el envío de dinero entre personas de diferentes países por medio de esta vía. Después de varios meses de pruebas con otros sistemas como Bancomat o Wero, ya es posible enviar dinero a Italia y Portugal. El objetivo es que se incorporen otros once mercados a partir de 2027, incluido Francia y Alemania. La expansión transfronteriza de Bizum se está ejecutando en paralelo al desarrollo del euro digital por parte del Banco Central Europeo (BCE), cuyo estreno se espera para 2029. En este sentido, desde la Asociación Española de Banca (AEB), su presidenta, Alejandra Kindelán defiende que más que rivales, el euro digital viene a complementar a Bizum y no a ser el medio de pago de referencia en el ámbito minorista donde están más acostumbrados a utilizar sus soluciones de pago. No obstante, considera que se debe priorizar las soluciones privadas de pagos y que el euro digital las complemente como una solución de pagos off-line. 

Los españoles pagan más IRPF que nunca: el tipo efectivo del impuesto alcanza el 15%, un nuevo máximo histórico

El porcentaje de su renta que los españoles dedican a pagar el IRPF es el más alto desde que hay registros. El tipo efectivo del impuesto se situó el año pasado en el 15,1%, un nuevo máximo histórico desde que la Agencia Tributaria (AEAT) recopila datos. Así se refleja en el último informe anual de recaudación tributaria correspondiente al año 2005 que ha publicado la AEAT este jueves.El porcentaje de ingresos que se destina a tributación de la renta no ha parado de crecer desde la última gran reforma estatal del IRPF, que se produjo en el año 2015. Así, el tipo efectivo ha dado un salto desde el 12,1% en aquella fecha hasta el 15,1% el año pasado, un incremento de tres puntos en una década. Si sumamos a la fiscalidad de la renta también la del gasto (es decir, en esencia, el IVA) el tipo efectivo alcanzó un máximo del 16,2%»Como en años anteriores, la subida del tipo [del IRPF] se debe a las subidas de las retribuciones salariales y de las pensiones medias», refleja de forma escueta como explicación la Agencia Tributaria en el informe. Más concretamente, las rentas brutas de las familias se incrementaron un 7,2% el año pasado hasta alcanzar los 970.728 millones de euros. Pero sus obligaciones tributarias crecieron todavía más: lo hicieron un 10,9% respecto a 2024 y se situaron en 146.734 millones en 2025 (según criterio de devengo).Cuando las rentas de asalariados y pensionistas aumentan es lógico que el porcentaje que pagan por el IRPF vaya subiendo. Está en su propia definición, es un tributo progresivo que grava con más fuerza a quienes más ganan. Sin embargo, lo que ocurre es que el incremento de ese tipo efectivo se ha producido sin que los salarios hayan ganado poder adquisitivo.
Los datos del último informe de la OCDE sobre la fiscalidad de los salarios reflejan que el sueldo medio bruto en España ha crecido por debajo de lo que lo han hecho los precios del consumo en los últimos años. En concreto, los salarios se han devaluado casi un 3,7% si lo medimos en comparación con la inflación. Sin embargo, la carga fiscal que soportan las nóminas ha ido aumentando, aunque esos salarios permiten ahora un nivel de vida que no mejora el que existía hace 10 años. Esto sucede así porque la última gran reforma del IRPF se desplegó en el año 2015, lo que implica que los importes de los mínimos exentos, deducciones y de las tarifas del impuesto no han cambiado desde entonces. Estos números reflejaban un nivel de precios (y, por tanto, de vida) que ya no existe. Y la consecuencia es que los sueldos cada vez tributan más, aunque no necesariamente haya mejorado su poder adquisitivo. Para revertir esta situación, sería necesario adaptar esas grandes cifras del impuesto a la inflación (o la subida de los salarios). Es decir, deflactar el impuesto. Algo que algunas autonomías han hecho, pero de manera muy parcial. Sin embargo, esto implicaría que tanto el Estado como las comunidades autónomas renunciaran a una valiosa fuente de ingresos en un momento en el que desde Bruselas exigen ajustes fiscales. Cuadrar las cuentas con menos ingresos cuando sube el gasto en defensa, en pensiones, sanidad o en los intereses de deuda es, evidentemente, más difícil.Nuevo récord de recaudaciónEl documento refrenda las cifras de recaudación que ya adelantó el Gobierno cuando presentó los datos de déficit el último día de marzo. El año pasado, las arcas públicas recibieron 325.356 millones de euros, un 10,4% más que el año anterior y un nuevo récord. Un aumento de ingresos que se produjo en buena parte gracias al tirón del IRPF, que recaudó 142.466 millones (un 10,1% más), y del IVA, que ingresó 99.532 millones (un 9,9% más).
El incremento de la recaudación en general se explica en buena parte por el aumento de las bases imponibles (es decir, la renta y los beneficios cuando hablamos de IRPF y Sociedades o el gasto cuando hablamos del IVA) que crecieron un 7%, algo menos que el 8,2% que se vio en 2024. Además, a ese efecto se añade también el de una serie de decisiones normativas adoptadas por el Ejecutivo que han supuesto un incremento de recaudación de 7.820 millones de euros. Esta cifra procede en buena medida por los cambios normativos introducidos en el impuesto de Sociedades, por la vuelta a la normalidad de la fiscalidad de la energía y los alimentos, que en 2024 todavía estaba rebajada por la guerra en Ucrania, la creación del impuesto a la banca o las subidas fiscales al tabaco. 

Banco Santander suspende temporalmente la recompra de acciones de 5.030 millones por la compra de Webster

Banco Santander suspenderá desde mañana hasta el 26 de mayo su programa de recompra de acciones para cumplir con la normativa de Estados Unidos aplicable a la adquisición de Webster Bank y debido a que la contraprestación de la operación de compra incluye acciones del propio banco, según ha informado este jueves la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).La suspensión del programa, de 5.030 millones entrará en vigor mañana viernes con motivo de la convocatoria de la junta general de accionistas de Webster, que deberá pronunciarse sobre la adquisición. De este modo, Santander espera que el programa se reanude el 27 de mayo y que la duración se extienda ahora hasta el 20 de agosto. El plan se había ralentizado recientemente, concretamente, la entidad presidida por Ana Botín mantuvo el mismo porcentaje de ejecución sobre este programa de readquisiciones de títulos en su última notificación informada el pasado 16 de abril que el anotado en la semana anterior -53,8%-. En este sentido, elevó en únicamente 6.000 acciones el total de títulos comprados en una semana de diferencia.  Con todo, la entidad ha readquirido por el momento cerca de 266 millones de acciones por un importe de 2.705 millones.Santander inició la compra de acciones propias el pasado 4 de febrero con el objetivo de reducir capital a través de la amortización. Sin embargo, tan sólo un día antes de que se iniciara este programa, anunció la compra del estadounidense Webster Bank por 12.200 millones de dólares (10.323 millones de euros) con el objetivo de alcanzar una rentabilidad sobre capital tangible (ROTE) del 18% en Estados Unidos en 2028.No publicará el folleto de emisiónPor otro lado, Banco Santander ha informado al supervisor bursátil de que no publicará el folleto informativo con motivo de la emisión de hasta 334,8 millones de nuevas acciones ordinarias en el marco de la adquisición de Webster Financial Corporation, al acogerse a las exenciones previstas en la normativa europea.»Banco Santander no está obligado a publicar, y no publicará, un folleto a efectos del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado», ha detallado la entidad financiera cántabra.En este contexto, el banco ha publicado este jueves en su página web corporativa un documento de exención, que ya ha sido remitido a la CNMV y puesto a disposición del público conforme a la legislación vigente, aunque no tiene la consideración de folleto y, por tanto, no ha sido objeto de «examen ni aprobación»

¿Sabías que te han subido los impuestos sin que te des cuenta? Te lo contamos en un minuto

La mayor subida de impuestos de la historia no ha sido aprobada a través de una ley, no ha pasado por el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero sí la sufren los trabajadores. El tipo medio que se paga por el Impuesto sobre las Personas Físicas (IRPF) no ha parado de crecer en los últimos años. Esto tiene una explicación lógica, y es que a medida que una persona recibe más salario paga más por el carácter progresivo de este tipo de tributo. Los salarios han subido, el problema es que las condiciones de vida apenas han mejorado. Descontado el efecto de la inflación, el sueldo real es el mismo que hace diez años. Sin embargo, todas las rentas soportan una carga mayor a excepción de los tramos más bajos. Todo ello a pesar de que los grandes elementos del impuesto no se han tocado a lo largo de la última década. Los tramos, el umbral establecido para los mínimos exentos y las deducciones casi no han variado prácticamente desde 2015, pero están diseñadas para un nivel de vida que no existe. La solución a esta problemática pasa por deflactar dicho impuesto. De hecho, algunas comunidades autónomas ya han aprobado esta medida, aunque se han quedado lejos de lo que sería necesario para repercutir el mayor encarecimiento de la vida. La pregunta es ¿por qué no se está deflactando? El quid de la cuestión radica en que genera unos ingresos muy valiosos para las administraciones públicas, especialmente, en un momento en el que hay que ajustar el presupuesto. La Información Económica lanza ‘Economía Indiscreta’, una serie de contenidos audiovisuales de carácter divulgativo con la que busca contribuir al debate público-económico. En el anterior, publicado hace justo una semana, lanzamos la pregunta de qué hacen los bancos españoles con los beneficios milmillonarios. 

Los sindicatos rechazan la oferta de empleo público que prepara Óscar López y le acusan de «ocultar» las cifras: «Es una falta de respeto»

Los tres sindicatos con más peso en la Administración General del Estado (AGE) han rechazado por unanimidad la oferta de empleo público (OEP) para 2026 que está preparando el Gobierno. Tanto CSIF como CCOO y UGT han cargado contra el ministerio de Función Pública que capitanea Óscar López por no ofrecer cifras del número de plazas que saldrán a concurso. Así lo han trasladado tras haberse reunido este miércoles con representantes del ministerio para negociar la medida. Según han revelado las organizaciones sindicales, el Gobierno se ha comprometido a que la OEP para este año suponga creación de empleo neto (es decir, que se convoquen más plazas que salidas de empleados públicos se produzcan). Sin embargo, no ha proporcionado una cifra, siquiera global, del alcance de la misma. Cabe recordar que el año pasado se ofertaron 36.588 plazas, 3.500 menos que en la OEP de 2024. Una reducción que los sindicatos no quieren que vuelva a repetirse En CSIF, el sindicato con mayor representación en la Administración General del Estado, afirman que no pueden valorar la propuesta porque Función Pública «oculta» las cifras. «Esta situación es inaudita y supone una falta de respeto a los representantes de los trabajadores a los que por primera vez se nos hurta el derecho a negociar el reparto de los refuerzos que requieren las plantillas». El sindicato apunta, además, que la regularización de migrantes ha puesto de manifiesto la situación de tensión y necesidad de la AGE, especialmente en sectores como Extranjería, Seguridad Social e Interior. En esa línea, sostienen que la reducción de la jornada a 35 horas aprobada recientemente debe ir acompañada de un refuerzo de efectivos. Desde el sindicato UGT han trasladado que no avalarán la propuesta de Función Pública «al considerar que continúa marcada por la falta de transparencia y la ausencia de planificación». «La administración sigue sin facilitar información clave sobre la distribución de las plazas por territorios, departamentos, cuerpos y escalas, lo que impide realizar una valoración rigurosa», han señalado a través de un comunicado.Por parte de CCOO, han trasladado que el Gobierno ha pedido «fe, pero sin números». «No podemos negociar una oferta de empleo público sin números ni compromisos», ha señalado este sindicato a través de un comunicado. En concreto, desde la organización han reclamado que la oferta que se ponga sobre la mesa suponga la creación de al menos 12.000 empleos netos y que se refuercen especialmente los niveles C1 y C2 (los más bajos). El sindicato denuncia que se está poniendo en riesgo la atención a la ciudadanía en más de 3.000 oficinas con nóminas «que rozan el salario mínimo habiendo aprobado una oposición». El Gobierno se compromete a sacar más plazas para gestión de catástrofes Además, Función Pública se ha comprometido a dar prioridad a las plazas en atención pública y ha convocar una oferta extraordinaria para el Ministerio de Transición Ecológica. La idea sería reforzar el personal especializado en la gestión de desastres naturales vinculados al cambio climático como la DANA de Valencia. El departamento que dirige Óscar López ha prometido también que convocará las plazas pendientes de personal laboral correspondientes a las OEP de 2023 y 2024 antes de que caduque el procedimiento. Según estiman los sindicatos todavía hay 9.000 plazas que no han salido de las OEP de los años 2023,2024 y 2025. De ellas, el 63% son de libre acceso y el resto, de promoción interna. Función Pública también ha asegurado que mejorará el desarrollo de los procesos selectivos con medidas como la obligación de elaborar informes en las convocatorias donde no se cubren más del 75% de las plazas, potenciar las competencias digitales o revisar el acuerdo de promoción interna por el gran pinchazo en la cobertura de estas plazas. 

Bruselas ve «injustificado» el recargo por combustible si el vuelo se compró con antelación

Bruselas cree que no está justificado el recargo por combustible si el vuelo se compró con antelación en medio de una crisis derivada por la guerra en Irán, según han explicado los portavoces comunitarios que además han añadido que una medida como esta puede ir en contra de las directivas sobre el tema que tiene la UE. La española Volotea ya está aplicando esta medida.Y es que las líneas aéreas se enfrentan con la decisión de cómo compensar los sobrecostes de la escalada del precio del queroseno, que como indicaba este martes el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) Javier Gándara, ha duplicado su precio en las últimas semanas a consecuencia de la guerra en Irán. De momento, desde la patronal recomiendan a los consumidores comprar sus billetes con antelación. «Lo que está claro es que hay un incremento de costes para las compañías y no se sabe qué parte se va a poder cubrir con márgenes y cuáles con incremento de precios», apuntaba en rueda de prensa.De acuerdo con los expertos consultados, a las compañías aéreas se les abren dos opciones: bien trasladarlo directamente al consumidor o asumir esta factura perdiendo parte de su margen de beneficios. El profesor de EAE Business School, Romà Andreu, augura en declaraciones a ‘La Información Económica’  «una dinámica de subida de precios: la pregunta es qué pasará cuando el consumidor diga que no paga».En la situación actual,  la Comisión Europea ha presentado este miércoles en Bruselas el llamado Accelerate EU, es decir, su plan de choque para hacer frente a la crisis, con medidas que ahora tendrán que ser respaldadas por los Estados miembros. La propuesta incluye desde la opción de compartir queroseno, un almacenamiento de 200 GW para baterías o reducciones del IVA o las llamadas «autopistas energéticas», hasta unas inversiones de 660.000 millones al año para desterrar los combustibles fósiles, los cuales siguen poniendo en jaque la estabilidad energética europea: y es que suponen el 57% del consumo energético del continente.»La Comisión coordinará con los Estados miembros, los proveedores de combustible y el sector de la aviación el abastecimiento alternativo de queroseno y propondrá medidas para optimizar su distribución entre los Estados miembros con el fin de garantizar su disponibilidad en todas las regiones y aeropuertos», explica el documento remitido por Bruselas a los Estados miembros. Eso sí, se trata solo de una propuesta, y no de una obligación. El Ejecutivo comunitario quiere «optimizar la distribución de combustible» entre los países.Funtes comunitarias han explicado que el petróleo ha subido un 30% por barril y el gas un 22% por megavatio, con una situación descrita como muy volátil aunque lejos todavía de la presión que se dio en 2022 con la invasión rusa de Ucrania. Eso sí, la UE se ha gastado 26.000 millones extras en compras de energía en 52 días de guerra, según la última actualización, y ahora pone el foco en la producción interna, añaden desde Bruselas. El objetivo, dicen, es que el sistema sea resiliente a largo plazo y se toman estas medidas como una segunda parte de la estrategia iniciada hace ya cuatro años.En rueda de prensa fueron la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y el comisario de Energía, Dan Jorgensen, quienes dieron cuenta del plan de choque. La española aseguró que la políticas energéticas van ahora de la seguridad y de la seguridad económica. «La energía no puede ser usada como un instrumento de dominación», alertó la número dos del Ejecutivo comunitario. «Por eso es importante acelerar nuestros planes energéticos», añadió, asegurando que el sistema de la UE tiene que estar basado en «reducir vulnerabilidades» y sostuvo que hay razones «para ser optimistas» a nivel europeo.Por su parte, Jorgensen explicó que la factura de compra de combustibles fósiles ha costado mucho ya a los europeos pero al mismo tiempo avisó que las consecuencias de esta crisis pueden verse a largo plazo porque los próximos meses «estarán llenos de incertidumbre» y la UE «no puede predecir nada» y por eso «tiene que estar preparada para todo» y acompañó la idea de Ribera de que el objetivo tiene que ser «proteger a los ciudadanos, sobre todo a los más vulnerables». Y por eso el comisario danés pidió «actuar rápido» y «trabajar juntos» en otro llamamiento a los países miembros. Europa necesita «maximizar» sus capacidades y los gobiernos nacionales tienen ya herramientas para contener los precios, comentó Jorgensen para terminar. «Esto tiene que ser una llamada a despertar y un punto de inflexión», sentenció.

La mitad de los hogares recibe más del Estado en pensiones, Sanidad o Educación de lo que paga en impuestos

El sistema fiscal español está concebido bajo la idea de ‘quitar’ a quienes más tienen para dárselo a los que menos ganan. Este diseño hace que haya una parte de los contribuyentes que obtiene más de lo público, en forma de transferencias, ayudas o servicios de lo que aporta. Lo mismo sucede en sentido contrario: hay otra porción de hogares que paga más en impuestos de lo que luego obtiene de lo público. Según un estudio de Fedea publicado el lunes, esas dos Españas tienen un tamaño prácticamente idéntico. Mientras que un 50,6% de los hogares del país era lo que se podría denominar «beneficiario neto» de la intervención pública en el año 2023 (recibe más de lo que da), otro 49,4% sería «contribuyente neto» (aporta más de lo que obtiene). Un equilibrio que enmascara realidades muy diferentes. Los hogares que menos ingresan por sus propios medios son los más beneficiados de este reparto público de la renta. En concreto, el 83% de las familias que están en el escalafón de ingresos más bajo (el 20% que menos gana del país) recibe más de lo que aporta, una cifra que se va reduciendo a medida que vamos avanzando peldaños en la escalera de la renta hasta llegar a la élite de familias más acaudaladas. Dentro del 1% que más ingresa, solo el 5% recibe más en servicios y prestaciones de lo que aporta a través de sus impuestos. 
El estudio de Fedea es una radiografía bastante precisa de cómo la intervención pública actúa para repartir la renta. Retrata lo que sucede desde que las familias obtienen sus ingresos, reciben prestaciones del Estado en forma de dinero como las pensiones, el paro, las becas y ayudas de todo tipo. Pasando por su contribución en forma de impuestos y cotizaciones para después analizar otras prestaciones «en especie» como es el valor de los servicios sanitarios y educativos de que disfrutan. 
Los investigadores del organismo han cuantificado el volumen de esas transferencias. Así, la renta media de ese 20% de hogares con menos ingresos (quintil 1), pasa de 4.678 euros de media antes de la intervención de pública a 15.284 euros una vez se contabilizan todas las prestaciones y servicios disfrutados. Es decir, 10.607 euros más de media. El segundo quintil (el 20% siguiente en esa escalera) recibe, de media, 9.828 euros más en prestaciones y servicios de lo que abona el impuesto, mientras que el tercer quintil es beneficiario neto por 6.656 euros. La balanza se invierte en los escalafones superiores de esa escalera de la renta. En promedio, los hogares del cuarto quintil pagan en impuestos 3.056 euros más de lo que reciben de la intervención pública. Si se pone la vista en la cúspide de la pirámide de la renta (el top 1% de la distribución) la contribución neta es de 93.831 euros de media. 
La intervención pública reduce la desigualdad un 41% Una de las conclusiones más llamativas del estudio es que la intervención pública -es decir todo el aparato de pensiones, ayudas y servicios que presta la administración- reduce un 41% la desigualdad de renta de las familias españolas frente a un escenario en el que no existiera todo ese mecanismo público de redistribución.Sin embargo, no todos los engranajes del sector público ayudan de la misma manera. Por ejemplo, el sistema tributario por sí solo apenas reduce la desigualdad un 1,2%. La razón es que, mientras que los impuestos directos (IRPF y Sociedades) redistribuyen la renta, ese efecto se ve neutralizado por el impacto negativo del IVA y las cotizaciones sociales (que los investigadores tratan como un impuesto, aunque actúan más bien como un seguro social obligatorio).
La principal fuerza de reducción de la desigualdad en España son las prestaciones monetarias y, más concretamente, las pensiones públicas de jubilación. Solo este tipo de pensiones recortan la desigualdad en España (reflejada en el índice de GINI) en un 15,3%. El valor de los servicios públicos que recibimos en especie (como la sanidad y educación) merma la desigualdad de renta en un 7,6%. El resto de la caída en la inequidad se explica por otras partidas de gasto público como la defensa, la seguridad, el orden público o el medio ambiente. El resultado de esta intervención pública hace que la renta esté menos concentrada en los hogares más acaudalados. Si no fuera por esta redistribución, el 20% de las familias más acaudaladas concentraría el 54,5% de toda la renta que se genera en España. Gracias a la redistribución, ese porcentaje se reduce al 43,3%.