Publicado: junio 16, 2026, 2:00 pm
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El presidente de la gran patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha propuesto este martes que sea la Seguridad Social y no la empresa quien cargue con los costes laborales de los trabajadores que estén de baja médica a partir del cuarto día de incapacidad. Así lo ha anunciado el líder empresarial tras participar en unas jornadas sobre incapacidad temporal -el término técnico para referirse a las bajas- organizadas por CEOE en las que han participado organizaciones empresariales sectoriales y territoriales.
Actualmente, los tres primeros días de baja médica el trabajador no recibe prestación, aunque muchas empresas ofrecen complementos salariales en sus convenios para compensar la pérdida de salario. Sin embargo, entre los días cuatro y quince de la baja, el coste recae íntegramente sobre las empresas. La Seguridad Social asume el impacto económica de las bajas a partir del día 16 y hasta que el asalariado es dado de alta.
La propuesta de la patronal implicaría que las empresas dejaran de pagar la prestación por incapacidad temporal y las cotizaciones sociales del trabajador a partir del cuarto día de baja. De hecho, en la práctica lo que plantea Garamendi implicaría que la prestación por incapacidad corra a cargo íntegramente de la Seguridad Social, dado que esta ya la asume a partir del día 16. Los empresarios se escudan en que el 69% de las bajas actuales duran menos de 15 días y en ellas el coste recae exclusivamente sobre los hombros de las empresas.
Además, el responsable de CEOE ha incorporado a su lista de reivindicaciones que las empresas queden exoneradas de pagar las cotizaciones por contingencias comunes en las bajas que duren más de un año. Garamendi sostiene que las incapacidades temporales por este motivo se han duplicado en los últimos seis años debido a «cuellos de botella» en el sistema público de salud. En esa misma línea, el líder empresarial ha pedido que la Seguridad Social perdone las cotizaciones empresariales a los refuerzos que se contraten para sustituir a los trabajadores de baja.
También ha reclamado que se refuerce la plantilla de inspectores, tanto en los servicios públicos de salud como en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), y que se hagan controles cada tres meses a partir del tercer mes de baja en lugar de al año, como sucede en la actualidad. En esa misma línea, Garamendi ha reivindicado que se invierta más en sanidad y en sus profesionales.
Según un informe de la Airef publicado el pasado febrero, el coste de las bajas médicas alcanza ya los 33.000 millones de euros al año, que se reparten a partes casi iguales entre las empresas y la Seguridad Social. Además, la incidencia de este fenómeno se ha incrementado un 60% desde 2018 y la duración ha aumentado un 15%.
Para Garamendi, estas cifras reflejan «un esfuerzo económico gigantesco sin mejora equivalente de la salud de los trabajadores». «Cuando escuchamos a los sectores, los territorios, las empresas… comprendemos que no es un problema coyuntural y sectorial. Es un desafío estructural que exige respuestas estructurales», ha añadido.
El Gobierno toma nota y los sindicatos rechazan la propuesta
Consultadas sobre esta cuestión, fuentes oficiales de Seguridad Social se limitan a señalar que la mejora en la gestión de las bajas médicas y la recuperación de la salud de los trabajadores es un asunto capital para el Gobierno. Y que esta cuestión se está abordando en el diálogo social junto a sindicatos y empresarios, donde se han alcanzado importantes acuerdos, sostienen. Además, recuerdan que se han puesto a disposición de las comunidades autónomas recursos de las mutuas para realizar pruebas diagnósticas y tratamientos en procesos traumatológicos.
A quien no ha gustado nada la propuesta de la patronal es a los sindicatos, que siempre han negado que haya un abuso de las bajas médicas. «Si se retrasan las citas que se les dan a los trabajadores ¿Quién se extraña de que a veces se alarguen innecesariamente los procesos de baja si a la gente le están condenando a estar más tiempo enferma porque se han debilitado los servicios de atención sanitaria primaria en la sanidad pública?», ha valorado Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.
Desde UGT, Pepe Álvarez ha señalado que la patronal no ha tenido interés en abordar esta cuestión en el Observatorio de Bajas Laborales creado hace dos meses por el Gobierno para analizar el fenómeno y ha pedido mejoras en la sanidad y en prevención de riesgos laborales. Algo, esto último, de lo que considera que las empresas «no quieren hablar».
