Publicado: octubre 21, 2026, 4:45 pm
La fuente de la noticia es https://www.abc.es/internacional/fiscalia-cuba-pide-anos-prision-detenidos-protestas-20261021191441-nt.html
La Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila solicitó penas de entre siete y trece años de prisión para 19 personas acusadas de participar en las protestas contra el régimen en marzo en Morón, en el centro de Cuba. Entre los procesados figuran seis menores de … edad, según la documentación fiscal consultada por ABC.
Los acusados, en su mayoría sometidos a prisión provisional, afrontan cargos por sedición. Las peticiones de condena se producen después de las manifestaciones del 13 de marzo, cuando decenas de personas salieron a las calles de Morón para exigir libertad y el fin de la dictadura, tras permanecer más de 28 horas continuas sin electricidad.
En vídeos difundidos en redes sociales se observa a los pobladores recorriendo las calles a pie o en motocicletas, coreando consignas de libertad y golpeando cacerolas. Algunos llevaban el rostro cubierto para evitar ser identificados. Las protestas escalaron hasta el incendio de la sede municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC). En las imágenes aparecen jóvenes que entran en el inmueble con antorchas, sacan mobiliario a la calle y lo arrojan a una hoguera.
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En los días posteriores, se reportaron varias detenciones y allanamientos de viviendas de la localidad por parte de las autoridades.
Según el documento de petición fiscal, los acusados «alteraron el orden y la tranquilidad ciudadana que caracterizan al estado socialista cubano». También los acusa de atacar instituciones estatales y a sus representantes, entre ellos la Policía Nacional Revolucionaria, el Ministerio del Interior, el Partido Comunista y el presidente de la República.
Detención de menores
En el escrito se reprocha a los manifestantes haber coreado consignas «contrarrevolucionarias», proferido insultos contra dirigentes del Estado y del Partido Comunista y alentado a otros vecinos a salir de sus viviendas y sumarse a las protestas.
La acusación incluye el incendio de la sede municipal del PCC y otros hechos presuntamente ocurridos durante las manifestaciones, como el lanzamiento de piedras contra una farmacia y motocicletas de oficiales de la Seguridad del Estado, así como lesiones a un agente de la Policía.
Entre los procesados hay un adolescente de 16 años, cinco de 17, un joven de 18 y otro de 21.
Uno de los menores procesados es Christian de Jesús Crespo Álvarez, de 17 años, para quien la Fiscalía solicita ocho años de prisión. Su madre, Marielkis Álvarez, ha cuestionado las pruebas contra su hijo. Según sostiene, los peritajes de huellas no lo relacionan con los hechos investigados y la acusación se apoya en imágenes en las que no se distingue con claridad el rostro del adolescente.
Otro de los adolescentes acusados es Jonathan David Muir Burgos, quien tenía 16 años al momento del arresto y cumplió los 17 en una prisión de máxima seguridad, en donde permaneció tres meses rodeado de adultos.La Fiscalía solicita para él siete años de prisión.
En el escrito fiscal se afirma que el joven estaba bajo control de las autoridades desde 2023 por «conductas desajustadas y expresiones negativas con relación al proceso revolucionario»
Su caso motivó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en abril le otorgó medidas cautelares ante los riesgos identificados para su integridad y salud durante la detención.
Jonathan David Muir Burgos.
(Prisoners Defenders)
En junio, las autoridades lo excarcelaron tras sustituir la prisión provisional por la reclusión domiciliaria. Sin embargo, su familia ha denunciado presiones y amenazas de devolverlo a prisión si sus miembros hablan con la prensa o realizan nuevas denuncias.
«Todas las semanas los citan para la sede de la Seguridad del Estado acá en Morón; en una de esas citaciones les aseguraron que les tenían la cama preparada», afirmó a ABC una fuente cercana a la familia que solicitó el anonimato. Según su testimonio, la advertencia aludía a la posibilidad de encarcelar a varios familiares si continuaban denunciando el caso públicamente.
Por el momento, no se ha anunciado una fecha para el juicio oral. Las familias de los acusados temen el resultado del proceso y cuestionan las garantías de imparcialidad de la justicia cubana, en un país donde el sistema judicial está sometido a un partido único y este, a su vez, es sostenido por un aparato represivo como la Seguridad del Estado.
