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La Comunidad Andina da diez días a Ecuador y Colombia para eliminar los aranceles que ambos se impusieron

En medio de la guerra comercial por los aranceles interpuestos que ha tensado, al máximo, las relaciones políticas entre Ecuador y Colombia, la Comunidad Andina (CAN), ordenó a los dos países desmontar las medidas arancelarias en un plazo de diez días. Lo hizo mediante una … resolución emitida la noche del 7 de mayo y difundida la mañana de este viernes 8, cuando comienzan a contar los días hábiles.
La Comunidad Andina, organismo regional formado por Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, declaró ilegales tanto la tasa de seguridad ecuatoriana como el arancel recíproco colombiano, determinando que ambas medidas violan el Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena.

En el caso de Ecuador, tiene diez días hábiles para retirar la tasa de 100% sobre importaciones colombianas, que entró en vigor el 1 de mayo pasado, y abrir el paso fronterizo de San Miguel, cerrado desde el 24 de diciembre de 2025. Mientras que Colombia debe derogar, en el mismo plazo, el Decreto 0170, que impuso aranceles recíprocos y cerró las aduanas de Ipiales y Puerto Asís, bajo advertencia de una acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia Andino.

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Emili J. Blasco

«No es una sentencia del Tribunal Andino, sino una resolución administrativa de la Secretaría General», dijo el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (Senae), en respuesta a consultas de los medios sobre la decisión de la CAN.
Justamente, la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) determinó que la tasa no es una contraprestación por un servicio al importador sino un gravamen arancelario encubierto, porque financia funciones generales del Estado: seguridad fronteriza, inteligencia aduanera y equipamiento institucional.
Ecuador arguyó razones de seguridad, pero la Secretaría General determinó que concentrar el comercio en un solo paso fronterizo no redujo las actividades ilícitas, que lo hacen por los 142 pasos no autorizados y no por los habilitados. Sectores comerciales de los dos países han dicho también que se ha propiciado el contrabando en perjuicio del comercio formal.
De hecho, el comercio por San Miguel cayó un 100% en enero y febrero de 2026.
Si alguno de los países no retira las medidas en los plazos dispuestos, la contraparte puede iniciar una acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
La semana pasada, Ecuador anunció que bajaría la tasa del 100% al 75% a partir de junio. Por coincidencia, la decisión fue anunciada luego de un diálogo telefónico entre el presidente Daniel Noboa y la candidata presidencial de oposición colombiana Paloma Valencia.
La «guerra arancelaria» se inició el 21 de enero de 2026, cuando el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la imposición de una tasa del 30% a las importaciones desde Colombia, que llamó «tasa de seguridad», debido a la falta de reciprocidad y acciones firmes de ese país en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, evidenciado en el abandono de la frontera común. El Gobierno de Gustavo Petro respondió con una medida recíproca; después las divergencias han escalado al igual que la tasa arancelaria que hoy están en 75%.

Publicado: mayo 8, 2026, 6:45 pm

La fuente de la noticia es https://www.abc.es/internacional/comunidad-andina-diez-dias-ecuador-colombia-eliminar-20260509004549-nt.html

En medio de la guerra comercial por los aranceles interpuestos que ha tensado, al máximo, las relaciones políticas entre Ecuador y Colombia, la Comunidad Andina (CAN), ordenó a los dos países desmontar las medidas arancelarias en un plazo de diez días. Lo hizo mediante una resolución emitida la noche del 7 de mayo y difundida la mañana de este viernes 8, cuando comienzan a contar los días hábiles.

La Comunidad Andina, organismo regional formado por Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, declaró ilegales tanto la tasa de seguridad ecuatoriana como el arancel recíproco colombiano, determinando que ambas medidas violan el Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena.

En el caso de Ecuador, tiene diez días hábiles para retirar la tasa de 100% sobre importaciones colombianas, que entró en vigor el 1 de mayo pasado, y abrir el paso fronterizo de San Miguel, cerrado desde el 24 de diciembre de 2025. Mientras que Colombia debe derogar, en el mismo plazo, el Decreto 0170, que impuso aranceles recíprocos y cerró las aduanas de Ipiales y Puerto Asís, bajo advertencia de una acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia Andino.

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«No es una sentencia del Tribunal Andino, sino una resolución administrativa de la Secretaría General», dijo el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (Senae), en respuesta a consultas de los medios sobre la decisión de la CAN.

Justamente, la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) determinó que la tasa no es una contraprestación por un servicio al importador sino un gravamen arancelario encubierto, porque financia funciones generales del Estado: seguridad fronteriza, inteligencia aduanera y equipamiento institucional.

Ecuador arguyó razones de seguridad, pero la Secretaría General determinó que concentrar el comercio en un solo paso fronterizo no redujo las actividades ilícitas, que lo hacen por los 142 pasos no autorizados y no por los habilitados. Sectores comerciales de los dos países han dicho también que se ha propiciado el contrabando en perjuicio del comercio formal.

De hecho, el comercio por San Miguel cayó un 100% en enero y febrero de 2026.

Si alguno de los países no retira las medidas en los plazos dispuestos, la contraparte puede iniciar una acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La semana pasada, Ecuador anunció que bajaría la tasa del 100% al 75% a partir de junio. Por coincidencia, la decisión fue anunciada luego de un diálogo telefónico entre el presidente Daniel Noboa y la candidata presidencial de oposición colombiana Paloma Valencia.

La «guerra arancelaria» se inició el 21 de enero de 2026, cuando el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la imposición de una tasa del 30% a las importaciones desde Colombia, que llamó «tasa de seguridad», debido a la falta de reciprocidad y acciones firmes de ese país en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, evidenciado en el abandono de la frontera común. El Gobierno de Gustavo Petro respondió con una medida recíproca; después las divergencias han escalado al igual que la tasa arancelaria que hoy están en 75%.

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