El Supremo avala cautelarmente las deportaciones de Trump a terceros países

El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio este martes una victoria a Donald Trump en su ofensiva migratoria al permitir que su Gobierno continúe deportando inmigrantes a terceros países, incluso cuando no tengan ningún vínculo con ellos. La Administración podrá mantener por ahora una de … sus políticas migratorias más controvertidas mientras los nueve magistrados deciden si el procedimiento empleado por el Gobierno es legal, ya que la decisión es cautelar.
La inmensa mayoría de los 25.000 deportados a terceros países ha terminado en México, pero la red creada por Washington se extiende mucho más allá de la frontera sur de Estados Unidos. Entre los países que han aceptado recibir inmigrantes procedentes de Estados Unidos aparecen también El Salvador, Liberia o Guyana, lugares con los que algunos de los deportados no habían tenido anteriormente ninguna relación. Muchos de ellos no sabían ni donde estaban al llegar a su destino.

El Supremo ha convocado para diciembre los argumentos sobre el fondo del caso y será entonces cuando examine los límites de estas deportaciones. La decisión de este martes permite simplemente que continúen mientras se desarrolla el litigio, una distinción importante porque los magistrados todavía no se han pronunciado definitivamente sobre la legalidad de la política. El fallo definitivo sólo llegará en verano de 2027.
La decisión se ha adoptado por seis votos contra tres, siguiendo la habitual división entre la mayoría conservadora y los tres magistrados considerados progresistas. El Supremo paraliza así una resolución de un tribunal de apelaciones que había impuesto límites a la capacidad del Ejecutivo para enviar rápidamente a los inmigrantes a países distintos de aquellos de los que son ciudadanos.
El conflicto gira sobre todo alrededor de qué posibilidades tiene un inmigrante de recurrir antes de subir a uno de esos vuelos. Los tribunales inferiores habían establecido que el Gobierno debe ofrecerle una oportunidad real de presentar objeciones antes de deportarlo a un país con el que puede no tener relación alguna, especialmente cuando sostiene que allí corre peligro de ser perseguido o torturado.
La Administración Trump considera que ese requisito convierte un procedimiento rápido de deportación en otro largo proceso judicial. Los abogados del Gobierno alegaron ante el Supremo que la decisión del tribunal inferior ya había tenido consecuencias prácticas y había obligado a cancelar un vuelo en el que unos 70 inmigrantes iban a ser enviados a tres países distintos.

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Las cifras muestran que no se trata de una parte menor de la política migratoria de Trump. Desde que comenzó a aplicar este sistema, su Gobierno ha deportado a esos 25.000 inmigrantes a más de dos docenas de países que no eran necesariamente los suyos. Para hacerlo, Washington ha negociado una serie de acuerdos con otros gobiernos, algunos de ellos mantenidos en secreto.
El mecanismo se utiliza sobre todo cuando Estados Unidos se encuentra con un inmigrante que ya tiene una orden definitiva de deportación pero no puede ejecutar su expulsión de la forma habitual. En algunos casos su país de origen se niega a recibirlo. En otros existen obstáculos que impiden devolverlo allí. La solución de la Administración ha sido buscar otro Gobierno dispuesto a aceptarlo.
Trump sostiene además que este instrumento es especialmente importante para expulsar a extranjeros con condenas por la vía penal que de otro modo podrían permanecer en Estados Unidos pese a existir una orden definitiva contra ellos. Pero los abogados que representan a los inmigrantes recuerdan que entre quienes han sido enviados a terceros países también hay personas sin antecedentes criminales algunos.
El Gobierno asegura que esas deportaciones no se realizan sin garantías. Según los abogados federales, los países receptores se comprometen ante Estados Unidos a no perseguir ni torturar a las personas que reciben. Washington considera esas garantías suficientes para proceder con los traslados y rechaza que cada caso tenga que convertirse en un nuevo procedimiento prolongado antes de ejecutar la deportación.
Los abogados de los inmigrantes ofrecen una versión muy distinta de lo que ocurre una vez que los aviones aterrizan. Sostienen que algunos deportados han terminado encarcelados en países que ni siquiera conocían antes de que Estados Unidos decidiera enviarlos allí. Personas que esperaban ser expulsadas de territorio estadounidense descubren así que su destino no es su país de origen, sino un tercero elegido mediante un acuerdo entre gobiernos.
Ese es precisamente el principal argumento contra la política aplicada por Trump. Sus detractores sostienen que las garantías diplomáticas no eliminan necesariamente los riesgos que puede afrontar una persona una vez entregada a las autoridades de otro país. En algunos casos, afirman, existen motivos concretos para temer por su seguridad, incluso aunque el Gobierno receptor haya prometido previamente a Washington que respetará sus derechos.
Existe además otra consecuencia. Algunos inmigrantes enviados a terceros países pueden acabar ante una elección difícil: permanecer en un lugar donde no tienen familia, vínculos ni perspectivas de futuro, o intentar regresar al mismo país del que huyeron. Sus abogados sostienen que eso puede terminar exponiéndolos precisamente a la persecución o la tortura que habían intentado evitar al llegar a Estados Unidos.
No es la primera vez que este asunto llega al Supremo. Los magistrados ya habían permitido anteriormente que los vuelos continuaran de forma temporal cuando la disputa judicial llegó ante ellos el año pasado. La decisión de este martes mantiene esa línea y vuelve a conceder al Ejecutivo margen para aplicar su política mientras los tribunales resuelven el fondo del conflicto.
El caso forma parte, finalmente, de una batalla mucho mayor sobre hasta dónde puede llegar Trump para cumplir una de las grandes promesas de su regreso a la Casa Blanca. Su Administración se ha comprometido a deportar a millones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos y ha buscado nuevas fórmulas para acelerar las expulsiones, y recurrir a esos terceros países son una de ellas.