Acusan a policías de Jalisco de reclutar a jóvenes para el cártel y enviarlos al rancho de los crematorios

El hallazgo de un rancho en el estado mexicano de Jalisco, donde se encontraron crematorios, restos humanos y ropa de decenas de víctimas, ha detonado un conflicto político entre el Gobierno federal y las autoridades estatales. El fiscal general Alejandro Gertz Manero … señaló en las últimas horas que policías de Jalisco, estado gobernado por la oposición, participaban en un plan para reclutar jóvenes y enviarlos al rancho de Teuchitlán.
Gertz habló de tres policías implicados, el jefe de policía del municipio de Tala que ya está detenido y dos más que cuentan con orden de aprehensión, pero no han sido detenidos. «No sé por qué no han sido detenidos», cuestionó en una clara alusión al gobierno estatal.
El eje del conflicto entre las diversas administraciones es que el rancho fue descubierto en septiembre del año pasado pero no ha sido hasta ahora que se activaron las pesquisas para buscar a todos los responsables detrás del macabro hallazgo.

Para el Gobierno de Claudia Sheinbaum el caso de Jalisco es más cómodo que el drama de la narcoguerra de Sinaloa, esencialmente porque en la entidad del Pacífico gobierna el oficialismo: el gobernador Rubén Rocha, señalado de supuesta colusión con el narco, fue un aliado histórico del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El oficial detenido fue vinculado con el Cártel de Jalisco después de que elementos de la Guardia Nacional localizaran en septiembre el rancho ubicado en La Estanzuela, Municipio de Teuchitlán. Allí también fueron detenidos otras 10 personas, y liberados dos hombres, una de las víctimas señaló al cargo policial de trasladarlo al lugar.
La colusión de policías con el narco es incomoda además para el Ejecutivo mexicano porque allí entienden que estos hechos alimentan la retórica del Gobierno de Estados Unidos que dice públicamente que el Estado mexicano está bajo control del crimen organizado.
Este miércoles la bancada de Morena en el Senado bloqueó el debate de los senadores de oposición que denunciaron un «narcoestado» y reclamaron justicia para los desaparecidos del narcocampamento.
«Los mató el ‘narcoestado’ de Morena», gritaba desde su escaño la senadora del Partido Acción Nacional Lilly Téllez, quien ya había dejado dos pares de tenis viejos para que fueran repartidos a la presidenta Sheinbaum y al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en palabras de ella, «el ser más despreciable».
La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya había desplegado a los lados sendas mantas gigantes: «Den la cara y háganse responsables Teuchitlán», rezaban las consignas sobre una pila de zapatos para simbolizar la tragedia del narcocampamento.
La senadora priista Cristina Ruiz Sandoval afirmó que la tragedia del rancho Izaguirre exhibía «la complicidad de un Gobierno federal de Morena» con el crimen organizado. «Un Gobierno federal de Morena que abrió las puertas al crimen organizado y de autoridades locales que cómplices o negligentes permitieron que el horror se instalara en nuestras tierras.
«Teuchitlán y el rancho Izaguirre simplemente son el símbolo de la barbarie, un campo de exterminio donde cientos de pares de zapatos, hornos clandestinos, listas de ejecuciones y cuerpos calcinados hablan de un México abandonado a su suerte. Pero algo más indignante, y que debe someterse al escrutinio, es que desde septiembre de 2024 la Fiscalía de Jalisco sabía de la existencia de este infierno. Y no hicieron nada», acusó.