100 promesas ¿y el dinero?

Las 100 acciones o promesas de Claudia Scheinbaum que leyó en el acto del Zócalo el día de su toma de posesión son una proclamación política. Falta, desde luego, vincular esos deseos con la asignación presupuestal de recursos disponibles para financiarlos y determinar así su viabilidad. Los deseos sin restricción presupuestal pueden ser infinitos y terminan siendo sueños. Lo que ubica en la realidad a esos objetivos es la disponibilidad de dinero con la que se cuente. 

La Secretaría de Hacienda está en plena elaboración del Presupuesto Federal 2025 que deberá enviar al Congreso el 15 de noviembre. Ahí se conocerá la viabilidad de las acciones más importantes de ese listado de 100 anhelos. Se conocerán los criterios bajo los cuales se regirá la política económica. Por ahora, ya se conocen cinco objetivos fundamentales de la política hacendaria: 1) mantener e incrementar los programas sociales; 2) reducir el déficit de 6% del Producto Interno Bruto en 2024 a 3.5% en 2025; 3) reducir el cociente deuda pública a PIB; 4) continuar con los apoyos a Pemex, y 5) no llevar a cabo una reforma tributaria ni aumentar los precios de la electricidad y la gasolina más allá de la inflación.

Los cinco pueden ser objetivos válidos y suenan a unas finanzas públicas saludables. El problema es que son objetivos inconsistentes entre sí o mutuamente excluyentes debido a que los recursos no son suficientes para cubrirlos todos. Por ejemplo, cumplir con el objetivo 1) implicaría incumplir las metas 2) y 3). O bien, cumplir con el objetivo 5) hace prácticamente imposible poder cumplir cualquiera de los otros. Entre estos objetivos existe lo que se conoce como “canje o intercambio” (en inglés trade off). Es decir, para obtener un objetivo se debe intercambiar por otro. Coloquialmente se dice que no se puede comer la enchilada completa. Los buenos diseñadores de políticas económicas toman en cuenta los trade offs para plantear objetivos realistas de acuerdo con las restricciones presupuestales que se enfrentan.

Dentro del objetivo 3), el gobierno de CS se inaugura con una emisión en Estados Unidos de deuda soberana por 18.6 miles de millones de dólares. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que la venta neta de esos valores se “utilizarán para los fines generales de gasto incluido el refinanciamiento, la recompra o el retiro de su endeudamiento interno y externo”. El problema es que parcialmente, al menos, será endeudamiento fresco.

Los objetivos 4) y 5) lucen particularmente complicados. En el caso de Petróleos Mexicanos lo que se requiere es un cambio profundo y estructural para sanear sus finanzas, y no simplemente que el gobierno federal le siga transfiriendo oxígeno financiero que poco ayuda a la sostenibilidad de una solución duradera. Asimismo, no pensar en una reforma tributaria tarde o temprano puede colapsar a las finanzas públicas. Ese escenario podría desembocar en una crisis fiscal tan tempano como 2026.

A los políticos no les gustan los trade offs. Ojalá el equipo del secretario Ramírez de la O se sobreponga a las presiones y entregue un presupuesto 2025 congruente. De lo contrario, la realidad económica impondrá un déficit fiscal difícil de manejar y superar.