Bolivia llega al cierre de 2025 con un escenario político inesperado para un país que hace apenas dos meses celebraba el inicio de un nuevo ciclo político alejado de la izquierda. El presidente Rodrigo Paz, que asumió el poder el 8 de noviembre tras … imponerse en una segunda vuelta electoral, está enfrentado públicamente con su vicepresidente, Edmand Lara, quien se ha declarado «oposición» y acusa al Gobierno de gobernar «para los ricos».
La ruptura, que se fue gestando en silencio durante las primeras semanas de mandato, estalló a pocos días de Navidad y se profundizó en la última semana del año, dejando a Bolivia con un gobierno dividido, protestas de sectores sociales y una agenda económica marcada por decisiones consideradas impopulares.
El punto de quiebre fue el Decreto Supremo 5503, aprobado por el presidente Paz como parte de un paquete de emergencia económica que eliminó la subvención a los combustibles, elevando de forma inmediata los precios de la gasolina y el diésel. El Gobierno defendió la medida como inevitable ante una economía «al borde del colapso», pero Lara la calificó como un «decreto del hambre».

Desde entonces, el vicepresidente no solo rechazó la decisión, sino que se alineó con sectores movilizados, respaldó protestas y cuestionó públicamente a ministros y asesores del presidente, a quienes llegó a insultar en videos difundidos sobre todo en redes sociales. «Soy oposición, pero oposición constructiva», afirmó Lara, marcando una distancia inédita para un vicepresidente en funciones.
El enfrentamiento dejó de ser un desacuerdo interno cuando Lara acusó al presidente de rodearse de «gente corrupta» y aseguró que su misión es combatir la corrupción. En una serie de mensajes, afirmó que, si el pueblo decide revocar el mandato presidencial en dos años, «no tendrá miedo» y se irá «por la puerta grande».
Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata del entorno presidencial. La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, denunció un supuesto «plan de conspiración» contra el presidente Paz, en el que se habrían alineado Lara y sectores afines al exmandatario Evo Morales.
El propio presidente se pronunció. «Yo no hago tiktoks, yo actúo», dijo Paz tras firmar acuerdos con gremiales para mitigar el impacto del decreto económico. Defendió la eliminación de la subvención señalando que el Estado perdía hasta 10 millones de dólares diarios y advirtió que mantener ese esquema habría llevado al país a la quiebra en pocos meses.
La crisis escaló aún más este lunes cuando el Gobierno acusó al vicepresidente de intentar influir en la Policía Boliviana y en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). El viceministro de Defensa Social denunció públicamente que Lara llamó en reiteradas ocasiones para solicitar puestos de trabajo y espacios dentro de la institución policial.
«La Policía no es botín político ni agencia de empleos», afirmó la autoridad, asegurando que el comandante de la Policía fue designado por meritocracia y que no se aceptaron sugerencias de ningún actor político, incluido el vicepresidente.
El episodio cobra relevancia internacional tras conocerse que 700 kilos de cocaína, ocultos en madera y con destino a España, habían salido de ese país meses antes, durante la gestión anterior. Lara había denunciado inoperancia y corrupción en la FELCN, pero el Gobierno respondió que el cargamento salió en octubre, antes de la asunción de Paz, y que las acusaciones generales solo «embarran» a la institución.
La confrontación política se desarrolla en un contexto económico extremadamente delicado para Bolivia. Según el Instituto Nacional de Estadística, Bolivia cierra el año con una inflación acumulada del 19,22%, una de las más altas de las últimas décadas. Productos básicos como tomate, carne y zanahoria registraron subidas abruptas, mientras la escasez de combustibles afectó al transporte, la producción y el abastecimiento de alimentos.
El Gobierno sostiene que recibió un país devastado, con déficit fiscal elevado, falta de dólares y un Estado paralizado. En su discurso de investidura, Paz habló de «la peor crisis de los últimos cuarenta años» y acusó a los gobiernos del Movimiento al Socialismo de haber dilapidado más de 40.000 millones de dólares durante la bonanza del gas.
Mientras su gobierno se fragmenta, Paz avanzó rápidamente en política exterior. Restableció contactos formales con Estados Unidos, rotos desde 2008, y recibió en La Paz al subsecretario de Estado Christopher Landau, quien aseguró que Washington ve en Bolivia «una nueva era» de cooperación. El nuevo Gobierno también reactivó el diálogo con países vecinos y con la Unión Europea, buscando financiamiento y respaldo para estabilizar la economía.
El vicepresidente Lara insiste en que no busca desestabilizar, sino «corregir el rumbo». El presidente Paz, en cambio, apuesta por consolidar autoridad y avanzar con reformas estructurales, aun a costa de desgaste político.
Bolivia cierra así el 2025 con una crisis económica y un Gobierno que prometía unidad, pero comienza su gestión marcada por la confrontación interna.

El Ejército de Arabia Saudí ha anunciado este martes un ataque de la coalición que apoya al Gobierno yemení -reconocido internacionalmente- contra «armas y vehículos de combate» supuestamente transportados en dos barcos desde Emiratos Árabes Unidos (EAU) en favor del Consejo de Transición … del Sur, una facción secesionista que aspira a la creación del Estado del Sur de Arabia.
El portavoz de las fuerzas de la coalición, Turki al Maliki, ha asegurado que este sábado y domingo «dos barcos procedentes del puerto de Fuyairá (en EAU) entraron en el puerto de Mukala (en el sur de Yemen) sin obtener los permisos oficiales», según el comunicado difundido a través de la agencia estatal de noticias saudí, SPA.

«Las tripulaciones de ambos buques desactivaron sus sistemas de rastreo y descargaron una gran cantidad de armas y vehículos de combate para apoyar a las fuerzas del Consejo de Transición del Sur en las gobernaciones orientales de Yemen (Hadramut y Mahra) con el objetivo de avivar el conflicto», ha denunciado Al Maliki, quien califica esta actuación como «una clara violación del principio de tregua y de alcanzar una solución pacífica, así como de la Resolución número 2216 del Consejo de Seguridad de la ONU de 2015», que establece un embargo de armas contra múltiples personas y entidades en Yemen.

En este contexto, el portavoz ha asegurado que, a petición del presidente del Consejo Presidencial de Liderazgo yemení, Muhamad al Alimi, «las Fuerzas Aéreas de la coalición han llevado a cabo esta mañana una operación militar limitada dirigida contra las armas y vehículos de combate descargados de los dos buques en el puerto de Al Mukala».

Emmanuel Macron disputa a François Hollande el título de peor presidente de la V República, precipitando a Francia en la crisis institucional, política, social y cultural más grave de la historia del régimen fundado por el general Charles de Gaulle entre 1958 y 1962.
El mes de junio de 2017, semanas después de su primera elección presidencial, Macron contaba con un 57% de opiniones positivas entre los franceses. Ocho años más tarde, el mes de noviembre pasado, solo un 11% de los franceses tenían buena opinion de su presidente, cuando un 84% desconfiaban del jefe del Estado. Solo François Hollande, su antecesor en el cargo, ha tenido una cota tan baja de rechazo popular.
¿Puede mejorar o empeorar la impopularidad de Macron, a 17 meses del fin de su mandato presidencial? Todo parece indicar que puede empeorar. La impopularidad del presidente francés obedece a razones institucionales y decisiones personales.

La Constitución de la V República concede al presidente poderes excepcionales de los que no gozan ningún otro presidente o jefe de Estado en ninguna democracia occidental. A lo largo de ocho años de una doble presidencia, inconclusa, Macron ha ‘compartido’, en cierta medida, el crisol de catástrofes que han degradado la vida pública nacional. Pero, al mismo tiempo, él tomó personalmente decisiones de una gravedad desastrosa para Francia y su funcionamiento institucional.
Entre los desastres relativamente compartidos con sus gobiernos, hay un rosario de crisis graves, percibidas con mucha inquietud por la opinión pública: inmigración «incontrolada», crecimiento de la violencia en la periferia de París y las grandes ciudades, crisis económica sin precedentes, crecimiento amenazante de los déficits del Estado y la deuda pública, aparición de una Francia multicultural que modifica profundamente las relaciones sociales, en ‘beneficio’ de la extrema izquierda y la extrema derecha, las dos fuerzas mayoritarias en la Asamblea Nacional, la primera cámara del Parlamento.

Situación apocalíptica

En el terreno económico, el analista de referencia Marc Touati resume la crisis de este modo: «Macron ha incrementado la deuda y los déficits de manera desastrosa. La situación económica nacional es de ‘Apocalypse Now’, un ‘apocalipsis’ desastroso. Y puede empeorar, víctima de una crisis política e institucional sin precedentes».
En el terreno político, Gérard Courtois, exdirector de ‘Le Monde’, agrega: «Con grandes ambiciones durante su primer mandato, Macron ha quedado reducido al puesto insignificante de un gestor de expedientes, con una credibilidad y legitimidad muy degradadas; un presidente devaluado, encerrado en sus certidumbres, miope, lejos de la realidad, dispuesto a perdurar pase lo que pase, desastroso».
François Villeroy de Galhau, gobernador del Banco de Francia, referencia canónica, ha resumido la ‘herencia’ que está dejando Macron con esta sentencia: «Nos encontramos en una situación de urgencia absoluta».
Reelegido presidente el mes de abril del 2022, gracias al apoyo de socialistas y comunistas, que deseaban evitar la elección de Marine Le Pen como presidenta de la República, Emmanuel Macron se encontró inmediatamente en una situación política personal muy incómoda: sin partido político propio, apoyado por varios grupúsculos centristas enfrentados entre sí. Estos contaban con proyectos denunciados por todas las izquierdas y todas las derechas. Ante este escenario, Macron tomó la decisión más catastrófica de su vida política… la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas en junio y julio del 2024.
El presidente esperaba que los franceses le diesen una mayoría política parlamentaria para poder gobernar. Ocurrió exactamente lo contrario: las elecciones legislativas anticipadas del año pasado confirmaron a Agrupación Nacional (AN, extrema derecha), el partido de Marine Le Pen, como primer partido de Francia, seguida de La Francia Insumisa (LFI, extrema izquierda), el partido de Jean-Luc Mélenchon.
Francia entraba en la crisis institucional más grave del Régimen, víctima de una decisión personal de Macron. Por vez primera en la historia, la extrema derecha tenía más votos y diputados que todas las izquierdas juntas.
Por vez primera en la historia del Régimen, el jefe del Estado estaba literalmente solo: Macron había sido incapaz de crear un partido propio; los minúsculos partidos que lo apoyaban no tenían mayoría, necesitados de apoyos de la izquierda socialista. Muy mayoritaria, la extrema derecha era ‘víctima’ de la oposición del resto de las fuerzas políticas nacionales.

Laberinto sin salida

Entre julio y septiembre del año pasado, Francia estuvo sin gobierno. Presidente ultra solitario, solo, aislado, sin poder tomar decisiones prácticas ni diplomáticas, a falta de un gobierno mínimo, Macron terminó nombrando primer ministro a Michel Barnier, conservador europeísta, excomisario de la UE.
Barnier tardó tres meses y medio en verso forzado a dimitir, en diciembre del año pasado. Sus contorsiones políticas, sus concesiones a las izquierdas y las derechas, fueron harto insuficientes para negociar unos presupuestos del Estado. Macron se vio forzado a aceptar su dimisión y nombrar un nuevo primer ministro, François Bayrou, viejísimo ‘camaleón’ de la vida política nacional.
Bayrou duró nueve meses en el cargo, con unos resultados sencillamente nulos: nueve meses perdidos para Francia, víctima de un presidente con un Gobierno incapaz de negociar unos presupuestos del Estado rechazados por el resto de las fuerzas políticas nacionales.
A primeros de septiembre, Macron nombro a su sexto jefe de Gobierno en año y medio de crisis, Sébastien Lecornu, sin experiencia gubernamental, que ha hecho muchas concesiones a los socialistas, sin conseguir la aprobación de los presupuestos nacionales. Macron se ha visto forzado a aceptar el abandono de sus frágiles reformas, como la supresión de la edad de jubilación a los 62 años. Desastre nacional y personal con un costo diplomático internacional que instala al presidente francés en el podio de la insignificancia gesticulante.

A primeros de septiembre, Macron nombró a su sexto jefe de Gobierno en año y medio de crisis

Durante muchas décadas, la construcción política de Europa se fundó en el difunto eje franco-alemán, la complicidad de Francia y Alemania. Berlín ha terminado descubriendo la imposibilidad de hacer grandes proyectos con un presidente francés sin el poder imprescindible para tomar decisiones ejecutivas de cierta envergadura.
La crisis económica precipitada por el macronismo ha instalado a Francia en la ‘cola’ de la zona euro. Los gobiernos presididos por Macron han hundido la credibilidad económica nacional, degradada por las grandes agencias de notación financiera internacional, como Moody’s y S&P.
Imposible ‘intervenir’ en la escena política nacional, sin partido, víctima del acoso de las derechas y las izquierdas, Macron intenta ‘refugiarse’ en la gesticulación internacional, viajando y tomando posiciones ultra teóricas sobre las grandes cuestiones mundiales, de Ucrania a Palestina, criticando verbalmente a Donald Trump y Vladímir Putin, asociándose al canciller de Alemania, Friedrich Merz, y el primer ministro ingles, Keir Starmer, que tampoco se encuentran en situaciones muy boyantes, víctimas de crisis nacionales de distinta naturaleza.

La crisis económica precipitada por el macronismo ha instalado a Francia en la ‘cola’ de la zona euro

El segundo mandato presidencial de Macron termina en la primavera del 2027. Un número creciente de políticos y analistas de referencia piden su dimisión, para intentar sacar a Francia de la histórica crisis en curso. Macron confirma sistemáticamente que llegará hasta el fin de su mandato, sin descartar, en absoluto, nuevas crisis de gobierno, si Marine Le Pen y la extrema izquierda no deciden presentar y votar una moción de censura, exigiendo elecciones legislativas anticipadas.