Uno de los líderes del Tren de Aragua implicado en el secuestro y asesinato del exteniente Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024, Alfredo José Henríquez alias el ‘gordo Alex’, fue capturado la noche del miércoles por la Policía de Investigaciones (PDI).La … información fue entregada por el fiscal regional y coordinador el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, quien confirmó que con esta detención ya son 12 los sujetos apresados por el homicidio del exmilitar venezolano, disidente del Gobierno de Nicolás Maduro.
Henríquez había salido de Chile días después del secuestro y tortura de Ojeda y había orden de captura internacional por ser considerado uno de los cabecillas del homicidio. Según las autoridades, el venezolano es líder de uno de los grupos operativos del Tren de Aragua, Los Piratas, y habría regresado al país con la finalidad de rearmar este brazo criminal desarticulado casi en su totalidad por las policías durante el 2024 y 2025.

Durante la jornada el fiscal Barros reiteró el convencimiento de que el crimen de Ojeda fue ordenado y planificado en Caracas por el dirigente chavista Diosdado Cabello y el jefe del Tren de Aragua prófugo Héctor Niño Guerrero.
«Nosotros seguimos sosteniendo la tesis de que es un hecho político. Háganse solo la siguiente pregunta ¿Qué hecho hemos tenido anterior al 21 de febrero del 2024 y posterior al 21 de febrero del 2024 que tenga las mismas características del secuestro y posterior a homicidio del teniente Ronald Ojeda? La respuesta es ninguno«, sostuvo el fiscal.
Aunque no se entregaron detalles del lugar y forma en que fue capturado, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó que las policías continuarán trabajando hasta dar con el paradero de las cuatro persona identificadas que participaron en el crimen y permanecen prófugas.
«El Estado de Chile, a través de su sistema de persecución penal, ha sido muy claro en este punto, quienes sean autores directos o intelectuales de cualquier crimen que se cometa en el país -y se encuentren en el extranjero- serán requeridos de conformidad a las reglas que están reguladas para este efecto», manifestó.

Crimen político

Cordero respaldó las declaraciones del fiscal Barros en orden a que para el Gobierno el asesinato de Ojeda obedece a un crimen político porque tiene «particularidades que no tienen otros crímenes cometidos por organizaciones criminales en Chile».
Según la fiscalía ECOH, el ‘gordo Alex’ fue una de las personas que se hizo pasar por funcionario de la PDI la noche del 21 de febrero de 2024 cuando cuatro sujetos concurrieron al departamento de Ojeda y lo sacaron en ropa interior. Su cuerpo fue encontrado 10 días después enterrado bajo una losa de cemento dentro de una maleta en un campamento marginal de la capital.
Algunos de los involucrados en este asesinato fueron capturados meses después y otros han caído en el extranjero, como es el caso de Maickel Villegas Rodríguez, quien fue detenido y luego extraditado desde Costa Rica.

El expresidente y líder de la ultraderecha brasileña, Jair Bolsonaro, principal acusado, y otros siete reos, se han declarado inocentes en las alegaciones finales del proceso que los apunta como autores de un plan de golpe de Estado contra su sucesor, el actual mandatario … Luiz Inácio Lula da Silva. Las alegaciones finales son el último paso antes de que la Corte Suprema fije la fecha del juicio. El grupo forma parte del llamado ‘núcleo crucial’ que, según la Fiscalía General de la República, actuó para la ruptura democrática y llegó a pensar en un magnicidio contra Lula, su vicepresidentente, Geraldo Alckmin, y contra el juez Alexandre de Moraes, que lidera el proceso judicial.
Bolsonaro está en prisión domiciliaria decretada por Moraes desde el 4 de agosto pasado en su casa en Brasilia, con restricción de visitas y usando una tobillera electrónica. Según una encuesta de Datafolha publicada el jueves, el 51% de los brasileños son favorables a su prisión domiciliaria y un 53% creen que el juez Moraes actúa dentro de la ley, en un país que sigue muy dividido.
Bolsonaro, señalado por la Fiscalía como el «principal articulador, mayor beneficiario y autor de los más graves actos ejecutivos» de la conspiración, ha defendido su inocencia. Sus abogados han optado por una estrategia agresiva: cuestionar no solo la acusación, sino la legitimidad del proceso judicial en sí mismo, cuestionando al juez Moraes y sus colegas de ya tener la sentencia lista. En un documento de 197 páginas, la defensa solicita la anulación de la delación premiada del teniente coronel Mauro Cid, exmano derecha de Bolsonaro, cuyas revelaciones son pieza clave en la investigación.

«La defensa del expresidente optó por ir más allá del mero contraataque a la acusación y transformó la pieza en un acto de indignación contra la forma de actuación de las instituciones brasileñas», explica Flávia Maia, analista judicial del portal JOTA, especializado en temas jurídicos. La defensa, consciente de que la condena «está puesta incluso antes del juicio», utilizaría estas alegaciones como una plataforma para reforzar el discurso de persecución política, dice la especialista.
Según Flávia Maia, la pieza jurídica comienza con la frase: «’Un proceso tan histórico como inusitado», una estrategia de impacto de los abogados para tratar de desvincular a Bolsonaro del liderazgo de la trama. La defensa argumenta que «no hay pruebas» que conecten al expresidente con una organización golpista y que los elementos de la acusación, como el borrador del golpe, son «frágiles».
Con la fase de alegaciones concluida, el caso se prepara para el juicio. El juez Moraes, responsable de la instrucción del proceso, debe ahora elaborar un informe completo del caso. El juicio debe realizarse en la Primera Sala de la Corte Suprema, presidida por el juez Cristiano Zanin, y debe ocurrir probablemente en septiembre. El juez Zanin, nombrado por Lula, fue también abogado del actual presidente cuando estuvo preso entre 2018-19, razón por la cual también ha sido cuestionado por la defensa.
El juicio se llevará a cabo con la presentación del informe por parte del juez Moraes, seguido de las exposiciones de la acusación y las defensas de cada uno de los imputados. Los ministros votarán de forma individual y la decisión de absolución o condena se tomará por mayoría simple. En total, tres votos serán suficientes para emitir un veredicto final.
Las defensas de los demás acusados también han presentado sus argumentos. Los abogados del general Walter Braga Netto, que está preso desde enero en un cuartel de Río de Janeiro, pidieron que el caso sea enviado a un tribunal de primera instancia, alegando la incompetencia de la Corte Suprema y la sospecha sobre Moraes. Por su parte, la defensa del exministro bolsonarista Anderson Torres negó el plan golpista, mientras que el general Augusto Heleno, también cercano a Bolsonaro, solicitó una pena menor, alegando su poca relevancia en las acciones.
El almirante Almir Garnier, excomandante de la Marina, afirmó no tener ninguna implicación en la trama. La defensa del general Paulo Sérgio Nogueira usó las declaraciones del delator Mauro Cid para justificar que él le había dicho a Bolsonaro que el plan era una «una locura». Todas las defensas, sin embargo, piden la absolución y niegan los crímenes imputados.

El Gobierno de Donald Trump refuerza su estrategia militar sobre América Latina. Después de la determinación de incrementar las tropas en el sur del Caribe para ir contra los cárteles de la droga que operan con base en Venezuela, también se ha reforzado la … presión en México, lo cual genera tensiones con el gobierno de Claudia Sheinbaum.
El esquema de la Casa Blanca esgrime una combinación de poderío militar con fuertes recompensas por la captura de los criminales más buscados.
Este jueves el Departamento de Justicia acusó a cinco capos de cárteles mexicanos y ofreció una recompensa de 26 millones de dólares por información que lleve al arresto de Juan José Farías Álvarez, mejor conocido como ‘El Abuelo’, jefe del grupo Cárteles Unidos, una organización más pequeña que las de Sinaloa y Jalisco y que, históricamente, ha operado en el estado de Michoacán, en el Occidente del país.

También fueron acusados capos Alfonso Fernández Magallón, Luis Enrique Barragán Chávez, Edgar Orozco Cabadas y Nicolás Sierra Santana de supuestamente formar parte de conspiraciones para fabricar y distribuir drogas, incluidas metanfetamina, cocaína y fentanilo, para su importación ilegal en EEUU.
Los documentos de la dependencia que dirige la fiscal general Pam Bondi narran, como ya ha sucedido, todo el tránsito de la droga, desde la producción en México hasta las cadenas de distribución en EE.UU. En un giro curioso, también dan cuenta del impacto social del narco en las comunidades del campo mexicano.

Cambio de narrativa

Al mismo tiempo, este jueves la presidenta Sheinbaum ha reconocido que su Administración está utilizando aviones no tripulados de EE.UU. para tareas contra el narcotráfico.
Sheinbaum se vio obligada a admitir esto después de que este miércoles se conociera en redes sociales que un avión militar estadounidense sobrevolaba el estado de México, la entidad colindante con la Ciudad de México, la capital del país.
Es una situación incomoda para la presidenta que busca esgrimir frente a Trump un discurso soberanista y afincado en el rechazo absoluto a la injerencia militar de EE.UU. en territorio mexicano.
Una narrativa que cada vez está más en duda: desde que comenzó su Administración cientos de militares estadounidenses han ingresado a México -supuestamente a tareas de colaboración-, se ha registrado a drones de EE.UU. sobrevolando el norte del país para tareas de espionaje y ahora se conoce sobre el avión no tripulado.
La aeronave de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), que salió de Texas, habría funcionado para un operativo contra el grupo de la Familia Michoacana, controlada por los hermanos José Alfredo ‘La Fresa’ y Johnny ‘El Pez’ Hurtado Olascoaga.
El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, admitió la operación: «Sí, claro, son aviones no tripulados, que vuelan a petición específica de alguna institución del Gobierno mexicano; vuelan específicamente en apoyo y colaboración».