El Parlamento Europeo ha dado este jueves luz verde al acuerdo comercial de la UE con Estados Unidos, pero ha añadido a su posición una serie de cláusulas para «proteger» al bloque comunitario en caso de que haya más vaivenes o amenazas arancelarias por parte de la Administración Trump. De este modo, la Eurocámara fija su postura para poder negociar el pacto con los Estados miembros y que posteriormente la Comisión Europea ponga en funcionamiento el acuerdo. Desde el Ejecutivo comunitario, el comisario de Comercio, Vladis Dombrovskis, ha explicado ante el pleno que tienen «plenas garantías» de que Washington cumplirá con lo firmado.Dombrovskis ha defendido «el diálogo» con EEUU y ha insistido en que Bruselas expresará sus dudas «cuando sea necesario», como ya hizo hace meses, reclamando aclaraciones sobre la posición de la Casa Blanca. Así, la Comisión aboga por trabajar de la mano de Washington «en asuntos de interés común, siempre que sea posible y sentando las bases para una colaboración futura», concluyó el dirigente letón ante los eurodiputados.Precisamente la Eurocámara pospuso su posición un par de veces sobre todo en el marco de las amenazas de Trump a Groenlandia, alegando que no se daban las condiciones necesarias para poder respaldar el acuerdo y exigiendo que se respetasen los intereses de la Unión en un pacto cargado de polémica y de críticas a Bruselas desde que se firmó el pasado verano en Turnberry (Escocia).En su planteamiento, ños eurodiputados reforzaron la cláusula de suspensión propuesta, que permitiría suspender las preferencias arancelarias con Estados Unidos bajo una serie de condiciones. Por ejemplo, la Comisión podría proponer la suspensión de todas o algunas preferencias comerciales si Estados Unidos impusiera aranceles adicionales que superen el límite acordado del 15%, o cualquier nuevo gravamen sobre los productos de la UE. Por otro lado, esa cláusula de suspensión también podría activarse si Estados Unidos, por ejemplo, «socavara los objetivos del acuerdo, discriminara a los operadores económicos de la UE, amenazara la integridad territorial de los Estados miembros, sus políticas exteriores y de defensa, o incurriera en coerción económica», añaden desde la Eurocámara.Asimismo, se ha introducido una llamada «cláusula de entrada en vigor condicionada» que significaría que los nuevos aranceles solo entrarían en vigor si Estados Unidos respeta sus compromisos. Estas condiciones incluyen que Washington reduzca sus aranceles sobre los productos de la UE con un contenido de acero y aluminio inferior al 50%, a un máximo del 15%.No obstante, la Eurocámara sigue sin tenerlas todas consigo respecto a Trump, y así lo expresó el ponente, el socialdemócrata Bernd Lange, que califica el resultado como la asunción de «un mandato firme» por parte de la institución. «Los eurodiputados solo podrán aceptar las condiciones comerciales del acuerdo si el reglamento incluye salvaguardias muy sólidas y claras, y solo después de que Estados Unidos haya respetado plenamente los términos del acuerdo. Tengo la intención de defender este mandato con firmeza en las negociaciones» con el Consejo, sostuvo.»Las condiciones están claramente definidas en la posición del Parlamento. Incluyen una cláusula de entrada en vigor que exige el pleno cumplimiento por parte de EEUU antes de que el reglamento pueda entrar en vigor, y una cláusula de caducidad que garantiza la plena supervisión parlamentaria de cualquier prórroga de las concesiones, sin dejar de cumplir con las normas de la OMC», resumió. Y acabó con un aviso a la Casa Blanca: «Cualquier nueva amenaza arancelaria, o el incumplimiento del acuerdo en beneficio de los productores y consumidores de la UE, dará lugar a la expiración de la legislación». 

Una nueva encuesta del instituto Atlas Intel, encomendada por la agencia de noticias Bloomberg, ha colocado por primera vez, al senador Flávio Bolsonaro, primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, numericamente por delante del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en un simulacro de segunda … vuelta para las elecciones de octubre de este año.
Flavio, que como su padre milita en el Partido Liberal (PL) tendría un 47,6% de las intenciones de voto frente al 46,6% del líder de la izquierda, Lula da Silva, y se está consolidando como el favorito de la oposición para derrotar al Partido de los Trabajadores (PT). Los dos candidatos, prácticamente confirmados, están empatados, pero con una pequeña ventaja para el ultraderechista, lo que significa mucho en un escenario que sigue muy polarizado.

Esta ascensión de Flávio confirma la estrategia trazada por su padre a finales del año pasado, cuando enfrentó a los dirigentes de la derecha e impuso el nombre de su primogénito como candidato presidencial. El propio Flávio hizo el anuncio en diciembre de 2025, tras visitar a su padre, que se encontraba incomunicado, detenido y sometido a su octava cirugía, desde que sufrió un atentado en las elecciones de 2018. Bolsonaro está cumpliendo pena de prisión por un intento de golpe de Estado.

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Inhabilitado políticamente y con un estado de salud delicado, que ahora debe llevarlo a un arresto domiciliario por los próximos meses, Jair optó por mantener el legado de su apellido con la propia familia, descartando otros nombres de la derecha que se perfilaban como favoritos, como el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
La encuesta fue realizada entre los días 18 y el 23 de marzo y consultó a 5.028 personas, con un margen de error de apenas un punto porcentual. Los datos revelan una tendencia de crecimiento del senador de Río de Janeiro, que se ha mostrado competitivo frente a Lula desde las primeras encuestas.
El hecho es que casi cualquier candidato vencería en este momento al actual presidente brasileño, que tiene una elevada tasa de rechazo, alcanzando el 52% de los encuestados.

Desgaste del Gobierno

El desgaste del Gobierno es evidente en las cifras: la desaprobación de la gestión de Lula subió al 54%, mientras que el 50% de los brasileños califica su Administración como «mala o pésima», reflejando una fatiga social ante la situación económica, muy influenciada por el escenario externo, y un electorado que sigue muy polarizado.
La encuesta también analizó otros escenarios de segunda vuelta que confirman la debilidad del actual Gobierno frente a la derecha. El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, también superaría a Lula con un 47,2%, mientras que la ex primera dama, Michelle Bolsonaro, aparece prácticamente empatada con el mandatario, obteniendo un 47% frente al 46,8% del líder de la izquierda. Incluso Bolsonaro, preso e inelegible, sería capaz de ganarle a Lula.
Primer candidato confirmado de la derecha, Flávio Bolsonaro ha logrado capitalizar el descontento de los electores, especialmente entre sectores estratégicos donde el bolsonarismo es hegemónico. Entre los evangélicos, el senador derechista tiene una ventaja abrumadora frente a Lula, con un 65,4% contra un 14%. La fuerza de Flávio también notable entre hacendados y en los estados donde se concentra la producción agropecuaria, principal negocio exportador de Brasil.

Ventaja de 16 puntos

En estados clave como Mato Grosso, la ventaja de ‘Cero uno’– un apodo dado por su padre que enumera a los hijos por el orden de nacimiento –, es de hasta 16 puntos porcentuales sobre el actual presidente. Flávio domina las franjas de la clase media y el electorado con educación secundaria, que rechaza la agenda social del PT.
Por su parte, el presidente Lula mantiene sus bastiones tradicionales: lidera con ventaja en la región Nordeste (57,3%), una de las más pobres del país, y es favorito entre las mujeres (54,1%) y los ciudadanos con educación primaria. Pero el «miedo» a su reelección (47,4%) supera hoy al temor que despierta el regreso de un Bolsonaro al poder (44,5%), lo que le ha puesto un freno para crecer frente al heredero de Jair.
Con el país partido por la mitad y una desaprobación de Lula al alza, el Palacio del Planalto observa con preocupación la figura en ascensión de Flávio Bolsonaro y parece no encontrar una vía de salida en medio a una crisis económica y sucesivos escándalos de corrupción en el mercado financiero, que golpean dirigentes de todo el espectro político, pero con más fuerza al presidente.

Desde que Nicolás Maduro fue apartado del poder, la Casa Blanca ha armado un sistema con el que controla la venta del crudo venezolano, canaliza los ingresos a través de cuentas bajo supervisión estadounidense y transfiere después a Caracas el remanente, una vez descontadas comisiones, … porcentajes y otros costes que distintas fuentes sitúan en torno al 10% o superior.
Todo ello se apoya en una serie de ocho nuevas licencias que permiten que vuelva a fluir petróleo venezolano hacia refinerías, que entren insumos para reactivar la producción, que se negocien nuevas inversiones y que incluso se importe oro venezolano a EE.UU., pero sin que ese dinero circule libremente por el aparato chavista, sino bajo control de Washington.

Las ventas de petróleo venezolano bajo supervisión de EE.UU. ya han superado los 2.000 millones de dólares a mediados de febrero, y existen acuerdos de corto plazo para ingresar otros 4.000 millones en los meses siguientes. Gran parte de ese crudo se está procesando ya en refinerías estadounidenses y la Administración Trump sostiene que ha entregado a la autoridad interina venezolana los ingresos obtenidos por esas ventas, aunque mantendrá el control del flujo del dinero hasta que en Venezuela exista un Gobierno representativo.

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Raúl Masa

La estimación de la Casa Blanca es que la producción petrolera venezolana pueda crecer entre un 30% y un 40% en un año, partiendo de un nivel actual de alrededor de un millón de barriles diarios. En febrero, las exportaciones directas a EE.UU. subieron un 32% hasta unos 375.000 barriles diarios.
Pero incluso dentro del sector energético hay escepticismo: en una reunión con Trump en la Casa Blanca, varios directivos de empresas petroleras dijeron el mes pasado que consideran poco realista un aumento del 30% este mismo año por el deterioro de la infraestructura, la incertidumbre política y económica y otros obstáculos, y sitúan un crecimiento de esa magnitud más bien en un plazo de 12 a 18 meses, siempre que haya estabilidad política.
Esa advertencia y necesidad de estabilidad política ayuda a entender las constantes alabanzas públicas de Trump a Delcy Rodríguez, a la que presenta como una interlocutora útil para sostener esa transición energética bajo tutela estadounidense.

Control estricto

Según las ocho licencias revisadas por ABC, la Casa Blanca ha construido una arquitectura en la que Caracas puede mover crudo, recibir diluyentes, atraer a grandes petroleras occidentales y colocar incluso su oro en el mercado estadounidense, pero bajo reglas muy escritas en Washington, con pagos canalizados por cuentas bajo control de EE.UU. y con obligaciones periódicas de información a las autoridades estadounidenses.
Trump ha abierto así una vía de negocio, pero dentro de un carril muy estrecho. La licencia 46B permite a entidades estadounidenses importar, comprar, transportar y refinar petróleo venezolano. La 47 autoriza la venta de diluyentes estadounidenses a Venezuela, una pieza clave para mezclar y mover el crudo pesado de la Faja del Orinoco. La 48A deja enviar bienes, tecnología, software y servicios para petróleo, gas, petroquímicos y electricidad. La 49A permite negociar contratos condicionados para nuevas inversiones. La 51 autoriza importar, refinar y revender oro venezolano en EE.UU.
Dentro de ese esquema hay además una licencia hecha a medida para un grupo muy concreto de grandes petroleras occidentales. La 50A autoriza operaciones en el sector del petróleo y el gas en Venezuela a BP, Chevron, Eni, Maurel & Prom, Repsol y Shell. Es decir, Washington ha escogido a un puñado de compañías conocidas para pilotar parte de esta reactivación. Es una reapertura selectiva, administrada y con nombres propios.

Legislación estadounidense

En el caso de Repsol y de las demás petroleras incluidas en la 50A, los contratos con el Gobierno venezolano, Pdvsa o sus filiales deben regirse por leyes de EE.UU. y cualquier disputa debe resolverse en EE.UU. Además, cualquier pago monetario a una persona bloqueada debe ir a la cuenta que indique el Tesoro, y lo mismo ocurre con impuestos o regalías de petróleo y gas pagados al Estado venezolano o a Pdvsa. A eso se suma la obligación de remitir informes detallados a Washington con las partes implicadas, la descripción de las transacciones, las cantidades, los valores, las fechas y los pagos hechos al Gobierno de Venezuela, primero a los diez días de la primera operación y después cada 90 días.
Las restricciones no acaban ahí. También se prohíben operaciones con personas o entidades ligadas a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China, impide desbloquear bienes ya sancionados y veta operaciones con buques bloqueados. Repsol, Chevron, Eni, Shell, BP y Maurel & Prom pueden operar solo dentro de un perímetro muy cerrado.
En el oro, el control es incluso más estrecho. La licencia correspondiente autoriza importar oro venezolano a EE.UU., refinarlo allí y revenderlo o reexportarlo, pero impone las mismas condiciones sobre contratos y pagos. Además, obliga a informes más frecuentes, cada 30 días, y exige documentación de seguimiento para determinar la cadena de custodia del oro. Y prohíbe expresamente la minería, la exploración, la producción o el refinado de oro dentro de Venezuela, así como la creación de nuevas empresas mixtas para esas actividades.

Opacidad en Washington

Así, Venezuela vende pero el dinero no entra libremente en Pdvsa ni en manos de los sancionados. Las operaciones quedan documentadas y sometidas a supervisión de Washington. Trump ha permitido que vuelva a venderse petróleo venezolano y que incluso se comercialice oro, pero no ha hecho público un cuadro claro de entradas, deducciones, comisiones, costes administrativos, calendario de pagos y destino final de los fondos.
El secretario de Energía, Chris Wright, aseguró en febrero que los primeros 500 millones ingresados pasaron por una cuenta en Qatar controlada por el Gobierno de EE.UU. Más tarde, según explicó, se abrió una cuenta en el Tesoro para que el dinero dejara de pasar por Doha.
Ese episodio de Qatar es revelador. La explicación oficial fue que el dinero debía quedar protegido frente a acreedores de Venezuela que podrían intentar embargarlo si entraba deprisa en una cuenta ordinaria en EE.UU. Es decir, el nuevo circuito no solo buscaba vigilar el dinero, sino blindarlo. Primero se improvisó una salida en Qatar. Después, una vez montado el esquema, el dinero pasó al Tesoro. Pero ahí empiezan las preguntas que siguen sin respuesta pública.
ABC preguntó al Departamento del Tesoro cómo se resolvió exactamente el problema de los acreedores al pasar de Qatar a una cuenta en EE.UU.; cuál es la ruta exacta del dinero en cada venta de crudo; quién cobra primero; qué parte se queda el ‘trader’ o intermediario, y si EE.UU. retiene algún porcentaje por administración. Al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
Hoy no se sabe de forma pública cuánto entra exactamente por cada cargamento, cuánto se descuenta por comisiones, cuánto cuesta el aparato administrativo que lo gestiona, cuánto retiene cada eslabón de la cadena y cuánto remanente recibe finalmente Venezuela. Tampoco está claro si la Casa Blanca controla en qué se gasta ese dinero una vez liberado o si simplemente vigila el recorrido hasta la transferencia.
La reapertura coincide con una emergencia energética global. La guerra con Irán y el cierre de facto del estrecho de Ormuz han empujado a Trump a buscar oferta donde antes veía solo un problema político. De ahí la prisa. De ahí también el agradecimiento repetido de la Casa Blanca hacia la nueva fase venezolana. Pero el cálculo tiene límites evidentes. Por Ormuz se mueve unos 20 millones de barriles diarios. Venezuela produce en torno a un millón. Incluso en el mejor escenario, su producción podría subir hasta unos 1,2 millones de barriles diarios a finales de 2026. Sería un aumento importante para Caracas, pero casi irrelevante para un mercado mundial que consume alrededor de 100 millones de barriles al día. Venezuela ayuda, pero no resuelve.