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Irán, un país de cultura milenaria y poesía, atravesado por la protesta contra un régimen opresor

En 1979, Shadi (que no da su apellido para proteger su identidad) vivía en Londres con su marido. Ambos iraníes, él ingeniero y ella artista, se habían mudado a la capital británica desde Shiraz para estudiar y decidieron quedarse. Él encontró un buen trabajo, … ella montó su propio estudio y tuvieron una hija. Con la niña recién nacida, Shadi viajó a Irán para que su familia pudiera conocerla. La revolución estalló y, en medio de la parálisis del país, la suspensión de vuelos y el colapso del estado, ella no pudo salir de Irán ni su marido logró entrar. Quedaron separados sin saber cuándo podrían volver a verse. Meses después, según relata Shadi,su marido se quitó la vida, vencido por la desesperación.
«Y yo me quedé atrapada en este país que antes amaba, en este infierno, y en este velo, que es lo que más odio porque es el símbolo de todo lo que nos duele aquí», explica. «Recuerdo mi pelo suelto en la universidad, lo recuerdo en Londres, paseando con mi esposo, y aquí solo puedo ver el mío, el de mi hija y el de mis dos nietas, dentro de las cuatro paredes de mi casa. Solo encerrada puedo ver mi cabello, mis brazos, mi cuerpo, a mí misma… aunque dentro poco queda, porque me han robado el alma».

Esta conversación, tan sentida como reveladora, tuvo lugar en un vuelo entre Shiraz e Isfahan en 2017, durante un viaje de esta periodista de dos semanas a Irán, como turista, en un momento en el que entrar al país era relativamente sencillo y las autoridades parecían abrirse, con cautela, a los visitantes extranjeros.

«Este velo es lo que más odio porque es el símbolo de lo que nos duele aquí»

La limitada infraestructura turística y el deseo de conocer el país más allá de los circuitos oficiales propiciaron el alojamiento en casas de familias locales, a través de una plataforma de hospitalidad entre particulares, compartiendo, así, techo y mesa con completos desconocidos.
Con algunas de esas familias el contacto se ha mantenido a lo largo de los años, hasta que la censura digital, los bloqueos intermitentes de internet y la creciente vigilancia impusieran una comunicación fragmentada, hecha de nombres ficticios, números alternativos y mensajes que desaparecen en cuanto son leídos.

Hospitalidad iraní, en la imagen de arriba. La periodista nos abre el álbum de su recorrido por Irán..

(ivannia Salazar)

Eran aquellos los tiempos del presidente Hasán Rouhaní, considerado un político «moderado» dentro del sistema político del país, especialmente en comparación con las corrientes más conservadoras. En Irán, sin embargo, todas las etiquetas son relativas. Nadie que compita por el poder cuestiona el sistema islámico ni la autoridad última del líder supremo, Alí Jamenei. Rouhaní pudo maniobrar en una coyuntura excepcional, marcada por el acuerdo nuclear y por un clima de distensión internacional que coincidió con la presidencia de Barack Obama en Estados Unidos. Aquella ventana de apertura, breve pero perceptible, se notaba también en la calle: en la curiosidad hacia el extranjero, en las conversaciones improvisadas, en la sensación de que quizá algo podía empezar a cambiar.

No al aperturismo

Ese margen se cerró con la retirada estadounidense del acuerdo, decidida bajo la presidencia de Donald Trump, y con el regreso de unas sanciones que reforzaron en Teherán la idea de que cualquier gesto de apertura tenía un alto coste interno. En un Oriente Próximo cada vez más inestable, Irán volvió a atrincherarse y Occidente a aislarlo. El resultado ha sido una fase más dura, en la que la represión se ha convertido, una vez más en su historia, en uno de los principales instrumentos de estabilidad del régimen.
Pero Irán no es un país resignado ni silencioso. Desde hace años, y con especial intensidad desde 2022, las protestas recorren sus calles pese a la represión, las detenciones masivas y las condenas ejemplarizantes. Mujeres jóvenes, estudiantes, trabajadores y familias enteras han salido a manifestarse en las grandes ciudades y también en zonas menos visibles, pagando un precio altísimo por hacerlo. El apagón informativo, los cortes de internet y la persecución no han logrado sofocar del todo un descontento que se expresa una y otra vez, incluso sabiendo que cada gesto de protesta puede tener consecuencias irreversibles.

Irán no es un país resignado ni silencioso: a pesar del alto precio que se paga por salir a la calle, hay numerosas movilizaciones

Irán es también el heredero de una civilización milenaria que existía mucho antes de la República Islámica. Este es territorio de Persépolis, de columnas que aún se alzan en el desierto como testimonio de un imperio antiguo, de jardines diseñados para crear sombra y agua en medio de la aridez, de una arquitectura pensada para la contemplación. Esa memoria sigue viva en los gestos cotidianos: en la amabilidad, en la insistencia casi ritual por ofrecer té, fruta o dulces, en la manera de compartir la mesa y la conversación como un acto de hospitalidad.
Esa herencia cultural se percibe en la vida diaria. En parques y jardines, familias enteras extienden mantas para hacer pícnic mientras los niños recitan de memoria versos de grandes poetas persas. En Shiraz, ciudad de flores y de poetas, los naranjos en flor perfuman las avenidas y, al caer la tarde, se comparten helados tradicionales de rosa y azafrán, el faloodeh, orgullo local servido con zumo de lima. La belleza allí no es un decorado, es una forma de resistencia íntima.
La tumba de Hafez no es un lugar solemne y silencioso, sino un espacio vivo. Jóvenes, ancianos y familias enteras se acercan a recitar versos de memoria o a abrir al azar su libro como quien busca orientación. La poesía no pertenece al pasado, forma parte de la conversación cotidiana.

Las restricciones severas que sufren ellas

Esa delicadeza convive con restricciones severas, especialmente para las mujeres. No pueden bailar ni montar en bicicleta en la vía pública, miden cada gesto fuera de casa y reciben advertencias constantes sobre cómo vestir o comportarse. Narges vive en Kashan, cerca del desierto. Dentro de su casa se declara atea, escucha a Shakira y viste leggings. «Aquí no hay protestas», explica. «Solo escuchamos lo que pasa en las grandes ciudades». Aun así, asegura que si las hubiera en su entorno, saldría. «Esta lucha es de todos, pero sobre todo de las mujeres, aunque arriesguemos la vida».
Para muchos fuera de sus fronteras, el nombre de Irán provoca una reacción casi instintiva de recelo, incluso de miedo, construida más desde el titular que desde la experiencia. Es un país asociado en el imaginario occidental a consignas políticas, amenazas nucleares y eslóganes repetidos en televisión, una palabra cargada de significados que rara vez incluyen a las personas que lo habitan. Ese rechazo nace del desconocimiento y de una geografía convertida en abstracción, donde el matiz desaparece y todo se simplifica. Al cruzar sus fronteras y escuchar historias como la de Shadi, se comprende hasta qué punto esa imagen ignora una realidad mucho más compleja, hecha de hospitalidad, sonrisas y vidas que transcurren lejos del ruido que acompaña a su nombre en los periódicos.

El día de la bicicleta

Ese miedo también existe dentro del país. Hace casi una década, Reza y Maryam vivían en Isfahan. Ella estaba embarazada. Temían que el bebé fuera niña, «porque en este país las mujeres sufren la peor parte de la opresión», pero también que fuera niño, «porque el servicio militar obligatorio destruye física y emocionalmente a los hombres». El bebé nació niña y la familia logró emigrar a Canadá. Su corazón, sin embargo, sigue en Irán. «Tener hijos, seguir apostando por la vida, es demostrar que aún hay esperanza», escribe Maryam. «Y si el régimen cae, volveríamos sin pensarlo». Entonces, añade, le regalarían a su hija una bicicleta nueva. «Porque sabemos que llegará el día en que pueda montarla en la calle, como lo hace aquí».
«He visto otras revoluciones, otras protestas… en algunas participé incluso con mi hija», dice en cambio Shadi. «Y el resultado es siempre el mismo: nos aplastan, nos callan, nos silencian». Cuando se le pregunta si cree que algo cambiará, responde sin rodeos: «No. Al menos no creo que sea algo que vayan a ver mis ojos».
Desde Kashan, Narges de muestra más optimista. «Lo vamos a ver», escribe. «Vamos a ser libres, mi hijo será testigo», y recuerda una excursión al desierto de Maranjab, donde durante unas horas ella y esta redactora pudieron quitarse el velo porque «la Guardia Revolucionaria no llega hasta allí». «Allí éramos como queremos ser siempre», explica. «Las muertes de nuestras hermanas y hermanos, como Mahsa Amini y tantas otras, no serán en vano», asevera.
Irán es un país atravesado por la protesta, por la represión y por la valentía cotidiana. Un lugar donde la belleza, el arte, la música y la alegría conviven con la violencia implacable del poder teocrático, y donde muchos hombres y mujeres imaginan la libertad como aquel día con Narges en el desierto, sin velo y sin miedo, con el pelo suelto bajo un cielo tan grande que ni siquiera ese Gran Hermano que es el ayatolá alcanza a vigilar.

Los países grandes de la UE estudian cooperar en inteligencia sin España

El grupo de los cinco países europeos con más potencia militar está estudiando la posibilidad de constituirse en una comunidad de inteligencia para aumentar su autonomía estratégica sin depender de Estados Unidos como hasta ahora. Los ministros de Defensa de estos cinco países (Polonia, Francia, … Italia, Alemania y el Reino Unido) se han reunido recientemente en Polonia y han decidido analizar esta posibilidad de constituir una especie de versión europea del llamado grupo de los ‘Five Eyes’ o ‘cinco ojos’ que funciona entre cinco países anglosajones.
Los ministros de Defensa de estos países, los más activos en la expansión militar dentro de Europa y entre los que no está España, se reúnen frecuentemente desde hace dos años para intentar coordinar sus políticas y aunque uno de ellos, el Reino Unido, no forma parte de la UE, podrían acabar siendo el embrión de la futura Europa de la Defensa. Significativamente, en la reunión de la semana pasada en Cracovia ya participaron la Alta Representante para la política exterior europea, Kaja Kallas, y la secretaria general adjunta de la OTAN, Radmila Sekerinska. También intervino, en su caso por teleconferencia, el ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, lo que da una idea de la importancia de esta reunión.

El mecanismo conocido como ‘Five Eyes’ (FVEY) es una alianza para asuntos de inteligencia y espionaje integrada por Australia, Canadá, Nueva Zelanda, el Reino Unido y Estados Unidos. Estos países que comparten idioma e historia colaboran estrechamente en el análisis de mensajes y comparten los datos interceptados y los datos de vigilancia para monitorear amenazas a escala mundial. El hecho de que la política de Estados Unidos hacia Europa se haya vuelto más imprevisible y que en la guerra de Ucrania la información estratégica se ha convertido en un asunto vital, ha llevado al ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, a plantear esta propuesta a sus colegas de los otros cuatro países.

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En principio, lo único que ha trascendido es que se trataría de crear un Centro Conjunto de Análisis de Amenazas en el que esos países podrían compartir sus datos o incluso ciertas infraestructuras espaciales. El papel del Reino Unido, que de algún modo estaría en los dos organismos, tendría que ser bien definido.
La idea se volverá a plantear en la próxima reunión del grupo de los cinco ministros de Defensa que está previsto que se celebre en Francia.

Desinterés de España

A pesar de su tamaño en la UE, España no ha mostrado hasta ahora ningún interés en formar parte de este grupo, en parte porque uno de los objetivos de estos países es precisamente el rearme y el uso lo más eficiente posible del aumento del gasto militar. Este G5 militar está sustituyendo a la Cooperación Reforzada Permanente en materia de defensa que se planteó en la UE en 2022, inicialmente para que se unieran los países más interesados en desarrollar una defensa europea complementaria con la OTAN, pero al final participan todos los países menos Malta, lo que lo convierte en un instrumento tan lento en la toma de decisiones como la propia UE.
Hasta ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez se empeña en mantener una política disidente dentro de la OTAN y se niega a asumir el acuerdo de todos los aliados para alcanzar el 5% en materia de gastos de defensa. La ausencia de España del grupo de los países grandes que cooperan más estrechamiento en materia de defensa es consecuencia de esa política.

Más de 175.000 millones de dólares cobrados en aranceles por EE.UU. podrían quedar expuestos a reembolso

Tras el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos contra los aranceles de Donald Trump, en Washington ya se discute una cifra que cambia el tablero: más de 175.000 millones de dólares en impuestos aduaneros cobrados podrían quedar expuestos a reembolsos. No es … solo un dato contable. En la Casa Blanca se interpreta como un pasivo potencial que amenaza una pieza central del relato económico del presidente: los aranceles como instrumento de presión y, al mismo tiempo, como una ‘caja’ para financiar prioridades sin pasar por el Congreso.
El detonante fue la sentencia del viernes, por 6-3, que concluyó que el presidente se excedió al invocar una ley de emergencia comercial para imponer gravámenes de alcance global. El alto tribunal devolvió el caso al Tribunal de Comercio Internacional para que determine los siguientes pasos. Ese movimiento procesal, más que el titular político, es lo que se lee en los pasillos como el pistoletazo de salida: el escenario de una avalancha de reclamaciones administrativas y litigios en busca de devoluciones.

El cálculo del dinero «en riesgo» lo puso sobre la mesa el Penn-Wharton Budget Model (PWBM) a petición de Reuters. Su estimación supera los 175.000 millones en recaudación sujeta a posibles reembolsos tras el varapalo judicial. La cifra no nace de un argumento partidista, sino de un modelo que cruza tipos arancelarios por producto y país con datos de importaciones: cuánto se importó, con qué gravamen, desde dónde y durante cuánto tiempo.

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PWBM explicó que su herramienta, diseñada para previsiones de ingresos a largo plazo, utiliza datos del Censo sobre unas 11.000 categorías de productos basadas en códigos arancelarios y operaciones desde 233 países. Con ese cruce, concluyó que los aranceles amparados en la ley de emergencia estaban generando alrededor de 500 millones de dólares diarios. A partir de ahí, estimó 175.000 millones de dólares en ingresos acumulados hasta el jueves anterior al fallo, desde que Trump empezó a activar ese paraguas legal en febrero de 2025.
El esquema arancelario del segundo mandato mezcló un arancel base del 10% sobre la mayoría de importaciones dentro del paquete de «aranceles recíprocos» con tipos superiores para países con mayores desequilibrios comerciales. El suelo era común, pero la arquitectura estaba diseñada para escalar con rapidez según el país y, sobre todo, según el pulso político.

Según PWBM, los aranceles amparados en la ley de emergencia estaban generando alrededor de 500 millones de dólares diarios.

En el caso de la Unión Europea, el punto de partida era ese 10%, con un marco posterior que fijaba un 15% en sectores como automóviles, farmacéuticos y semiconductores, mientras se mantenían gravámenes sectoriales del 50% sobre acero y aluminio. China afrontó los tipos más elevados: arrancó en el 10%, subió al 20% y, en el tramo recíproco, alcanzó niveles mucho más altos tras sucesivas escaladas. Canadá y México quedaron sujetos a un 25% en el bloque vinculado a seguridad y tráfico de drogas, además de medidas sectoriales específicas. El sistema, en suma, era un mecanismo de presión adaptable: mismo arranque, distintas velocidades.

Incertidumbre fiscal

El problema político para Trump es que llevaba meses presentando los aranceles como palanca diplomática y como fuente de ingresos. La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) situó la recaudación de todos los aranceles de Trump en torno a 300.000 millones de dólares anuales, en promedio, a lo largo de la próxima década. Ese marco convierte la sentencia en algo más que una derrota jurídica: si una porción sustancial de la recaudación queda expuesta a devoluciones, la narrativa del «arancel como caja» se vuelve frágil y entra en terreno de incertidumbre fiscal.
La Casa Blanca reaccionó con rapidez para evitar que el fallo se leyera como el final de la ofensiva. Trump sustituyó el viernes los aranceles basados en la ley de emergencias por un arancel global temporal del 10% durante 150 días, mientras impulsa investigaciones comerciales bajo otras leyes más consolidadas para sostener la presión sobre socios y rivales. El movimiento persigue dos objetivos a la vez: mantener la iniciativa política y evitar un agujero inmediato en la recaudación. El sábado Trump aumentó ese porcentaje al 15%.

Trump sustituyó el viernes los aranceles basados en la ley de emergencias por un arancel global temporal del 10%, que el sábado subió al 15%

Desde el Tesoro, Scott Bessent trató de proyectar calma. En enero afirmó que el Departamento puede cubrir devoluciones de aranceles. Y el viernes defendió que el cambio de instrumentos permitiría mantener ingresos arancelarios «prácticamente sin cambios» en 2026. Para sostener esa idea, la Administración apunta a los planes de endeudamiento del Tesoro, que contemplan saldos de caja elevados: 850.000 millones de dólares a finales de marzo y 900.000 millones a finales de junio.
El Tesoro viene informando de aumentos fuertes en ingresos aduaneros en los últimos meses, alrededor de 20.000 millones de dólares más al mes frente a periodos comparables previos a los nuevos gravámenes, y unos 27.700 millones de dólares de ingresos aduaneros totales en enero. Pero el golpe del Supremo introduce un factor nuevo: parte de ese salto puede convertirse en búmeran si el tribunal especializado abre el carril de los reembolsos y las empresas lo recorren.

Rusia confirma que habrá nueva ronda de negociaciones con EE.UU. y Ucrania el 17 y 18 de febrero

La próxima jornada de negociaciones de paz trilateral entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania ya tiene fecha y lugar: será Ginebra los próximos 17 y 18 de febrero. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó a medios rusos esta información este viernes. … Previamente fuentes del medio estadounidense Politico señalaron que la próxima semana habría este encuentro, pero no confirmó fecha ni lugar.
«En esta ocasión, la delegación rusa estará encabezada por Medinski, asesor del presidente ruso», precisó Peskov sobre la reunión. Vladímir Medinski, actual asesor del presidente ruso Vladímir Putin, fue un controvertido ministro de Cultura, firme defensor de la grandeza imperial rusa. Fue acusado de plagiar sus tesis doctorales y en 2017 le revocaron el doctorado académico porque sus investigaciones eran «poco académicas». Su presencia indica que el Kremlin tiene interés en mantenerse firme en sus convicciones más que intentar negociar una salida al conflicto.
Ya participó en las negociaciones de marzo de 2022. Estas no llevaron a ningún acuerdo a pesar de que el mismo Medinski aseguró salir satisfecho de estas rondas de negociaciones. La última vez que Rusia, Ucrania y Estados Unidos tuvieron una reunión trilateral fue el pasado 4 y 5 de febrero en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. De aquel entonces lo más relevante fue la voluntad de mantener el canal de negociaciones abierto y el intercambio de 314 prisioneros de guerra.

Sin garantías de seguridad

«Aunque aún queda mucho por hacer, medidas como esta demuestran que el compromiso diplomático sostenido está dando resultados tangibles y avanza en el camino para poner fin a la guerra en Ucrania», expresó entonces tras el encuentro el enviado especial estadounidense Steve Witkoff. Este empresario es el hombre de confianza del presidente estadounidense, Donald Trump, en Rusia y se ha reunido en repetidas ocasiones con Putin. Según detalló Politico, Estados Unidos no proporcionará garantías de seguridad al país hasta que se alcance un acuerdo de paz con Rusia.
Este es uno de los temas más relevantes de las negociaciones, junto con la cuestión territorial, la adhesión de Ucrania a la OTAN y el desarme de Kiev. Rusia quiere que Ucrania además de retirarse de las zonas del Dombás, que aún controla, quiere que el país liderado por Volodímir Zelenski reconozca esta zona y Crimea como territorio ruso. Además quiere garantizar que el país invadido no entre a formar parte de la OTAN y que reduzca su potencia militar, asegurando que lo considera una amenaza para su seguridad.

Trump anuncia que viajará a Venezuela, sin precisar cuándo, y visita a los militares que capturaron a Maduro

Donald Trump ha anunciado este viernes que visitará Venezuela, en medio de la intensificación de la cooperación con la actual presidenta del país, la chavista Delcy Rodríguez.«Voy ha hacer una visita a Venezuela», ha respondido el presidente de EE.UU. a … preguntas de la prensa sobre un eventual viaje al país sudamericano. «No lo hemos decidido», se ha limitado a decir sobre cuándo podría producirse la visita, de la que Trump no ha dado ningún otro detalle.

El multimillonario neoyorquino ha hecho estas declaraciones justo antes de volar hacia la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte. Ha viajado con la primera dama, Melania Trump, y allí tenía previsto mantener encuentros con algunos de los efectivos y sus familias. De forma específica, con miembros del Ejército que fueron claves en la actual situación en Venezuela: miembros de las fuerzas especiales que ejecutaron la operación de captura de Nicolás Maduro.

La base de Fort Bragg es donde tiene su sede la Delta Force, el grupo militar de élite que apresó de forma sorprendente y espectacular al dictador venezolano en su refugio en Caracas y lo sacó del país en helicóptero. Maduro está ahora en una cárcel de Brooklyn, en Nueva York, donde ha sido imputado por cargos por narcotráfico y donde espera a que sea sometido a juicio.

Artículo 7, la «humillación» inasumible para los presos políticos: declararse traidores

La discusión parlamentaria del artículo 7 del proyecto de la Ley de Amnistía de Venezuela, retrasada una vez más, ha abierto una caja de pandora que frena la liberación plena, inmediata y automática de 641 presos políticos (según cifras de Foro Penal), cuyos familiares esperan … con desesperación el final de su sufrimiento.
Este jueves, la Asamblea Nacional decidió postergar el debate de la amnistía hasta su siguiente sesión plenaria. En principio, debería ser el martes pero, como ese día es Carnaval y hay vacaciones, las familias que aguardan a las puertas de las cárceles deberán seguir esperando. Al menos hasta el jueves, cuando el Parlamento venezolano se reunirá de nuevo para retomar el debate, atascado en torno al polémico artículo 7.
Dicho apartado reza así: «La amnistía objeto de esta Ley abarca a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos en el marco de los hechos objeto de amnistía, siempre que esté a derecho o se ponga a derecho tras la entrada en vigencia de esta ley».
Este artículo supedita el beneficio a que el procesado se encuentre en territorio nacional y se presente personalmente ante los tribunales para tramitar su liberación, que no será masiva. Es decir, no «todos» saldrán libres de inmediato como prometió Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, la semana pasada al visitar a los familiares de los presos políticos acampados en la puerta de la cárcel de la Zona 7.

A tenor de este artículo, los presos políticos deberán tramitar su proceso individualmente y directamente, pero eso requiere recursos para contratar un abogado y esperar a que los tribunales abran las audiencias. Se trata de un proceso judicial engorroso que puede tardar meses y hasta años para que un preso político logre salir de prisión.
Este artículo 7 ha generado airadas protestas y críticas por parte de los partidos políticos, juristas, exiliados y familiares, que se han sentido frustrados por los obstáculos que supone el camino a la libertad prometida por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge Rodríguez.
Tras el forcejeo parlamentario, los diputados de la coalición Libertad cuestionaron este requisito, advirtiendo que la obligación de «ponerse a derecho» bajo las condiciones actuales constituye un señalamiento de culpabilidad anticipado para quienes han sido judicializados injustamente.

Reconocer delitos fabricados por el chavismo

El partido Alianza Bravo Pueblo (ABP), fundado por el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, exiliado en España, ha calificado la amnistía como la ley de la «humillación»: «El artículo 7 es una afrenta abierta al liderazgo opositor en el exilio. Obliga a ‘presentarse’ ante tribunales que responden a la dictadura, aceptar cargos inexistentes y someterse a un ritual de degradación pública. No es justicia, es venganza institucionalizada», señala en un comunicado colgado en la red social X.
Ledezma, como otros muchos opositores, ha sido acusado de delitos como traición a la patria, incitación a delinquir y asociación a delinquir.
El texto señala además que «quienes supuestamente cometieron ‘delitos’ deben primero ponerse a derecho ante ese sistema judicial manipulado. Con esa exigencia queda al descubierto el propósito real: quebrar moralmente a quienes han resistido».
ABP denuncia «las maniobras arteras del régimen continuista de los hermanos Rodríguez, quienes pretenden estafar a la ciudadanía venezolana y engañar a la comunidad internacional mediante la instrumentación de una mal llamada Ley de Amnistía, en cuyo proyecto, desde su primera línea, no se hace otra cosa que criminalizar a quienes han sido perseguidos por pensar distinto».
Y subraya que «no estamos frente a una ley de amnistía. Estamos ante un mecanismo de sometimiento político diseñado para humillar a las víctimas y proteger a quienes han violado sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela».

«No estamos frente a una ley de amnistía. Estamos ante un mecanismo de sometimiento político diseñado para humillar a las víctimas»

Alianza Bravo Pueblo

Por su parte Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal, escribió en su cuenta de X : «A las víctimas de la prisión y de la persecución les digo: si la ley no cumple con las expectativas o no respeta las exigencias ciudadanas, no nos rindamos. La carrera es de resistencia, no de velocidad».
Diego Casanova, miembro de la ONG Comité por la Liberación de Presos Políticos (CLIPP), cuyo hermano es un preso político excarcelado hace un año, dijo a ABC: «El artículo 7 es arbitrario, criminaliza a los presos políticos ya excarcelados y los que todavía permanecen en prisión. Les traslada a ellos mismos la responsabilidad y culpabilidad de que están detenidos. Les obliga arbitrariamente a solicitar al Estado que les perdone por algo que no hicieron, siendo inocentes, les imputa culpabilidad. La Ley de Amnistía debería reconocer el daño cometido contra los presos políticos. Es arbitrario el procedimiento y no garantiza el reconocimiento que debería existir por la violación de los derechos humanos que han sido objetos», subrayó.
En su cuenta de X, Delsa Solórzano, abogada defensora de los derechos humanos y presidenta del partido Encuentro Ciudadanos, considera que el proyecto de amnistía deja fuera múltiples manifestaciones de persecución política que no se encuadran en esos episodios puntuales y «no aborda la dimensión estructural de la criminalización desarrollada durante todos estos años».
A referirse al articulo 7, cuestionó la exigencia de que la persona «esté a derecho», lo que supone ponerse a disposición de los tribunales para poder beneficiarse de la amnistía. «Condicionar su eficacia a la presentación ante el tribunal desnaturaliza la figura y la subordina al mismo sistema judicial que se pretende neutralizar».
Delsa señala que esta imposición de que los perseguidos deben ir a los tribunales impacta directamente tanto a exiliados como a quienes tienen órdenes de captura, condicionando la libertad a la comparecencia ante el mismo sistema que ejecutó la persecución.

María Corina Machado «debería rendir cuentas»
Según lo señalado por los juristas, el artículo 7 no tiene la intención de reconciliación ni de ofrecer ninguna amnistía plena con los presos políticos, los perseguidos y los exiliados porque no les reconoce sus derechos.
Ante la pregunta de un periodista, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, señaló este jueves, mientras paseaba al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, por las instalaciones petroleras venezolanas, que si María Corina Machado quería retornar al país «debería rendir cuentas». Esto es, presentarse ante los tribunales.
La líder opositora ha sido acusada por la Fiscalía venezolana de traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir en 2024.

Pero lo peor es lo que señala la vicepresidenta de la Comisión Especial para la Redacción de la Ley de Amnistía, Nora Bracho, del partido Un Nuevo Tiempo (UNT). En su opinión, el artículo 7 es una «trampa cazabobos» porque obliga a los presos políticos y a los perseguidos a pedir perdón ante un tribunal, lo cual es inconstitucional y viola los derechos consagrados en la Constitución venezolana.