El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, ha rechazado este viernes la exigencia de la Comisión Europea de abolir los controles en las fronteras internas germanas, que alega que «siguen siendo necesarios». Bruselas insiste en que la reforma integral de la política migratoria … los hace superfluos, pero Dobrindt mantiene su insumisión y se remite a las cifras.
«El alto número de rechazos en la frontera, los elevados casos de inmigración ilegal, el desmantelamiento de bandas de tráfico de personas: todo esto demuestra lo efectivos que son estos controles fronterizos y por eso queremos continuar con ellos», ha justificado, desoyendo la exigencia de la Comisión y subrayando la reducción de solicitudes de asilo.

Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Eslovenia y Suecia han sido instados también a eliminar progresivamente los controles. La Comisión Europea ha enviado incluso una solicitud similar a Noruega, que no pertenece a la UE. Sin embargo, a Polonia, el décimo Estado con controles continuos, no se le ha pedido que los relaje.

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Enric Bonet

La respuesta del Ministerio Federal del Interior alemán a una pregunta parlamentaria del Partido Verde permitió el mes pasado conocer la magnitud de los recursos que Berlín está destinando a los controles internos en las fronteras del espacio Schengen, ordenados por su titular, Alexander Dobrindt, hace un año.

14.000

son los agentes asignados a los pasos fronterizos terrestres

Alemania cuenta con 54.000 efectivos en la Policía Federal, pero más de una cuarta parte de ellos están apostados en los controles fronterizos.

Hasta 14.000 de los 54.000 agentes de la Policía alemana, más de una cuarta parte de sus efectivos, están actualmente asignados a los pasos fronterizos terrestres, ferroviarios y fluviales con Austria, República Checa, Polonia, Francia, Suiza, Dinamarca, Luxemburgo y Países Bajos.
Los representantes sindicales de la Policía advierten que este despliegue deja estaciones de tren, aeropuertos y unidades de investigación peligrosamente desabastecidos. Según el sindicato policial GdP, entre 5.000 y 6.000 agentes que normalmente patrullan las principales estaciones han sido reasignados a tal efecto, mientras que entre 800 y 1.000 miembros de la reserva móvil antidisturbios están destinados semanalmente a tareas fronterizas.

Complicado día a día en las fronteras

Las empresas de logística se quejan de que las inspecciones obligatorias a camiones en las autopistas A3 y A8 están alargando los tiempos de entrega y aumentando los costos para las cadenas de suministro. Los operadores ferroviarios no pueden garantizar los horarios publicados.
Los empleadores que trasladan personal a través de la frontera entre Alemania y Austria o el país germano y Polonia deben preparar cartas que expliquen el motivo del viaje y confirmar que los familiares acompañantes llevan prueba de residencia.
Los controles, presentados inicialmente como una respuesta temporal a la inmigración irregular, se han prorrogado repetidamente en incrementos de seis meses. Varios tribunales han declarado ilegales las devoluciones en bloque, pero el Ministerio había sostenido hasta ahora que la medida era proporcionada ante la ausencia de una solución común europea para las fronteras exteriores. Con la entrada en vigor en junio del nuevo ‘Pacto sobre Migración y Asilo’, deberían quedar derogados.
«Siempre somos flexibles, siempre conversando, siempre adaptables. Pero sí, queremos seguir desarrollando los controles fronterizos y seguiremos necesitándolos», ha repetido Dobrindt, que atribuye a estos controles la reducción de inmigración ilegal de la que se enorgullece su departamento. Desde el inicio de los controles, Alemania ha ejecutado unas 8.000 órdenes de detención en la frontera.
El Ministerio de Interior considera que el descenso del número de solicitudes de asilo, de 350.000 en 2023 a 170.000 el año pasado, está directamente relacionado con los controles, que sólo permiten pasar a personas con la documentación que acredita su derecho de entrada con la excepción de mujeres embarazadas, menores o personas cuya salud esté en peligro. Estos son los datos que permiten a Dobrindt afirmar que los controles «funcionan».

Reducción de prestaciones a solicitantes de asilo

Otra de sus medidas estrellas de Alemania contra la inmigración, los recortes en prestaciones para solicitantes de asilo rechazados en Alemania, acaban de ser declarados ilegales por el Tribunal de Justicia de la UE.
Dobrindt había eliminado las ayudas en metálico que garantizaban a los solicitantes de asilo «un mínimo de autodeterminación» y el tribunal ha dado la razón a una demanda presentada por un joven afgano que había entrado en Alemania a través de Rumanía.
En 2021, su solicitud de asilo en Alemania fue rechazada porque Rumanía era la responsable según el denominado ‘Reglamento Dublin III’, que determina que el país en el que el solicitante de asilo entró por primera vez en la UE o solicitó asilo es siempre el responsable de las solicitudes de asilo.
Las autoridades ordenaron su deportación y recortaron sus prestaciones en 2022, incluyendo los pagos por ropa y electrodomésticos. Según su abogado, le quedaban unos 150 euros al mes. Según cifras del Ministerio del Interior, más de 900.000 refugiados rechazados viven todavía en Alemania, la mayoría de ellos con una suspensión temporal de la deportación.

La Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido (NAO, por sus siglas en inglés) ha sacado a la luz nuevos detalles sobre la situación patrimonial del expríncipe Andrés. Un informe oficial publicado este viernes revela que el hermano de Carlos III obtuvo ingresos privados … mediante el subarriendo de varias viviendas situadas dentro de la finca de Royal Lodge, en Windsor, una residencia que él mismo ocupaba bajo unas condiciones de arrendamiento extraordinariamente favorables.
La investigación confirma que Andrés, identificado oficialmente en el documento como Andrew Mountbatten-Windsor, percibió rentas procedentes de tres viviendas ubicadas en los terrenos de Royal Lodge gracias a una cláusula de su contrato que le permitía subarrendarlas a terceros. Los ingresos derivados de esos alquileres fueron abonados directamente al propio Andrés y no al Crown Estate, la entidad pública encargada de gestionar una parte sustancial del patrimonio inmobiliario de la Corona británica.

La auditoría no cuestiona la legalidad de la operación ni su adecuación a los términos del contrato. Sin embargo, la revelación resulta especialmente sensible porque se produce después de años de controversia sobre las condiciones de ocupación de Royal Lodge, una mansión histórica situada en Windsor Great Park que el duque de York ocupó durante más de 20 años.

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El informe constituye la primera revisión exhaustiva de las residencias reales llevada a cabo por la Oficina Nacional de Auditoría en dos décadas y ha sido elaborado tras la creciente preocupación política y mediática por la falta de transparencia en determinados acuerdos inmobiliarios relacionados con la familia real.
La documentación examinada por los auditores muestra que Andrés firmó en 2003 un contrato de arrendamiento de 75 años sobre Royal Lodge. Como parte del acuerdo, asumió importantes costes de rehabilitación del inmueble, valorados en aproximadamente 7,5 millones de libras, y quedó sujeto a una denominada «peppercorn rent», una figura jurídica tradicional del derecho británico que equivale a una renta meramente simbólica.
Fue precisamente la existencia de ese régimen excepcional la que provocó una fuerte polémica durante los últimos años, especialmente después de que Andrés dejara de desempeñar funciones oficiales en representación de la Corona a raíz del escándalo derivado de su amistad con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Alquilar parte de las propiedades

La auditoría confirma ahora que, además de disfrutar de ese acuerdo favorable para la ocupación de la residencia principal, el duque de York también se benefició de la posibilidad de alquilar parte de las propiedades existentes dentro de la finca.
Según el informe, subarrendó tres de las ocho viviendas auxiliares existentes en los terrenos de Royal Lodge. Aunque el documento no detalla quiénes fueron todos los inquilinos, fuentes cercanas a la Casa Real citadas por la prensa local sostienen que algunas de esas viviendas estaban ocupadas por empleados o antiguos empleados vinculados a la propiedad.

La auditoría oficial no ha podido establecer cuánto dinero recibió Andrés a través de los subarriendos

La NAO reconoce, sin embargo, que no ha podido determinar ni la cuantía de los ingresos obtenidos ni la duración exacta de los contratos de alquiler. Tampoco existía ninguna obligación contractual que exigiera informar al Crown Estate sobre esas rentas.
Esa ausencia de información ha provocado críticas entre algunos responsables políticos. Margaret Hodge, expresidenta de la Comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes, afirmó que resulta «impactante» que una auditoría oficial no hubiera podido establecer cuánto dinero recibió Andrés a través de los subarriendos. Según Hodge, el hecho de que los ingresos procedieran de propiedades vinculadas al patrimonio de la Corona hace aún más relevante la necesidad de transparencia.

Alojamiento de las princesas

La situación de Royal Lodge ocupa una parte importante del documento, pero no es el único asunto que ha llamado la atención de los auditores. La investigación también analiza las condiciones de alojamiento de las princesas Beatriz y Eugenia, hijas de Andrés y Sarah Ferguson. Ambas disponen de residencias dentro de complejos palaciegos gestionados por la Casa Real, aunque no desempeñan funciones oficiales.
Según la auditoría, Beatriz ocupa una vivienda en el Palacio de St mientras que Eugenia reside en una propiedad dentro del Palacio de Kensington, ambos ubicados en Londres. Los alquileres correspondientes no son abonados por las princesas, sino por Carlos III a través del Privy Purse, el patrimonio privado del monarca alimentado principalmente por los ingresos del Ducado de Lancaster.
La NAO constató además que las rentas aplicadas se sitúan por debajo del valor de mercado. En el caso de Eugenia, el alquiler representaba inicialmente el 50% del valor de mercado calculado en 2018 antes de incrementarse gradualmente hasta alcanzar el 64% de la valoración en 2026. Para Beatriz, la renta pasó del 60% al 68% del valor estimado de mercado durante el mismo periodo.
Un portavoz del Palacio de Buckingham afirmó que la auditoría se ajusta al compromiso de transparencia de la Casa Real y expresó su confianza en que los datos publicados permitan «corregir, aclarar o contextualizar» diversos aspectos relacionados con las propiedades reales

El Gobierno francés evalúa este viernes posibles fallos judiciales, tras las acusaciones de que los investigadores podrían haber evitado la desaparición de una niña de 11 años si hubieran gestionado mejor denuncias previas por abusos sexuales.La menor, identificada por la prensa únicamente como «Lyhanna», … desapareció el pasado 29 de mayo cerca de la localidad de Fleurance, del suroeste de Francia, después de ser vista por última vez subiendo al coche de un hombre.

Tras varios días de búsqueda por la zona rural, los investigadores encontraron este jueves el cuerpo de una niña que vestía la misma ropa que Lyhanna en un silo abandonado. La identificación formal aún está en curso. Un hombre de 41 años, padre de dos hijos y cuya hija era compañera de escuela de Lyhanna, ha sido detenido como principal sospechoso.

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Enric Bonet

La indignación se ha extendido por todo el país después de conocerse que el sospechoso había sido acusado formalmente en dos ocasiones anteriores de violar a menores, aunque las investigaciones fueron archivadas o quedaron estancadas.
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, canceló este viernes un viaje al norte del país para presidir una reunión del gabinete en París sobre el caso. Por su parte, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, afirmó que todos estaban «aterrorizados por este fallo del sistema» y, según su equipo, convocará el próximo lunes a todos los fiscales del país en la capital.

Disfunciones profundas

La fiscal Clémence Meyer detalló este miércoles las denuncias previas presentadas contra el sospechoso.
En diciembre de 2017, una madre denunció que su hija de 17 años mantenía una relación con el hombre. El caso fue archivado en 2018 después de que la joven declarara que la relación había sido consentida.
En enero de 2022, una denuncia lo acusó de haber violado a una menor de menos de 15 años en 2020 en su domicilio del suroeste de Francia. El caso fue desestimado en 2024 por falta de pruebas.
En un tercer caso, el 22 de agosto de 2025, la madre de una niña nacida en 2014 lo acusó de haber abusado sexualmente de su hija entre septiembre de 2024 y mayo de 2025, también en su vivienda, según explicó la fiscal.
Sin embargo, cuando Lyhanna desapareció nueve meses después, la policía todavía no había interrogado al sospechoso por esa última denuncia.
El alcalde de Fleurance, Grégory Bobbato, aseguró este jueves que el caso plantea serias preguntas sobre el funcionamiento del sistema: «Existe una profunda disfunción en las investigaciones y en la forma en que se llevaron a cabo».
«¿Debemos esperar siempre a que aparezcan pruebas completamente concluyentes antes de hacer algo para proteger a nuestros niños?», agregó.
Por su parte, Anne-Cécile Mailfert, de la organización feminista ‘Women’s Foundation’, afirmó esta semana sentirse «furiosa» y reclamó leyes más eficaces para prevenir los abusos sexuales.
«Otra niña de 10 años tuvo el inmenso valor de contar lo ocurrido a sus padres. Ellos la apoyaron, la creyeron, acudió a la policía, presentó una denuncia, pero después no pasó nada», denunció, concluyendo que «el sistema no funciona».