El Tribunal Supremo de Rusia ha prohibido este lunes a Yabloko, la única formación política contraria a la guerra de Ucrania presente en la papeleta electoral, participar en las próximas elecciones legislativas que tendrán lugar en septiembre, después de que la oposición presentara, la … semana pasada, una demanda por supuesta financiación irregular del partido.
El magistrado del Supremo, Viacheslav Kirílov, ha fallado a favor de la acusación, integrada por el partido ultraconservador Rodina, para inhabilitar a Yabloko. «Se han aceptado las solicitudes para cancelar la inscripción» de la lista de candidatos del partido para la renovación de la Duma, dictaminó Kirílov en la vista, según recoge la agencia de noticias rusa TASS.

En la audiencia judicial, celebrada este lunes durante más de nueve horas, representantes de la parte demandante denunciaron que la campaña del partido acusado infringió «la propiedad intelectual, los derechos de autor, las leyes contra el extremismo y las leyes de financiación». Por su parte, desde la formación política han dejado claro que actuarán para revocar la prohibición.

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Desde el gobierno ucraniano consideran el dictamen como una forma de controlar el resultado a favor de la ofensiva contra su país de las elecciones legislativas que tendrán lugar el próximo mes en Rusia, a pesar de la tendencia general de los rusos en contra de la guerra.

Acusado de financiación ilegal

Un representante de la Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia evocó a la Rosfinmonitoring, la Inteligencia financiera de Rusia, según la cual durante el periodo previo a la campaña electoral, julio y agosto de 2026, se tiene constancia de que la lista federal del partido acusado, incluye a «personas que recibieron financiación extranjera».
En concreto, Alexei Zhuravlev, líder de Rodina, acusó a la formación política de ideología contraria de haber financiado su campaña con fondos extranjeros de personas como el opositor ruso, Mijail Jordokovski, a quien Moscú tiene en su ‘lista negra’ por supuestas «actividades terroristas».

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Por su parte, Yabloko ha negado las acusaciones asegurando que los fondos mencionados «no provienen de entidades extranjeras», ha anunciado que recurrirá la sentencia del Supremo a la espera de que «revoque» su veredicto.
En este sentido, Nikolai Ribakov, presidente del partido, ha confirmado a los medios que harán todo lo posible para garantizar la «permanencia de la formación política en la papeleta electoral». Ribakov fue inhabilitado por «delitos de extremismo», debido a su apoyo y condolencias públicas por la muerte del opositor al Kremlin, Alexei Navalni.

Kiev condena la decisión del Kremlin

Las autoridades ucranianas no han tardado en pronunciarse respecto al dictamen de la Justicia rusa sobre la legalidad de Yobloko. Desde Kiev consideran que inhabilitar al único partido opositor de Putin en las elecciones legislativas que se celebran en septiembre, es una prueba de temor a las muestras de «apoyo antibelicista», por parte del presidente ruso.
«Esto demuestra una vez más que el régimen ruso no concibe un futuro sin guerra», ha reprochado Andri Kovalenko, jefe del centro contra la Desinformación de Ucrania, en redes sociales. En su mensaje, destaca la gran tendencia de la población rusa a posicionarse en contra de continuar con la guerra. A pesar de ello, «las elecciones a la Duma Estatal en Rusia se van a celebrar bajo una retórica que aboga por la guerra eterna: todas las fuerzas políticas respaldan la continuación de la hostilidad contra Ucrania», subraya Kovalenko.
También ha puesto en tela de juicio la «limpieza» de estas elecciones a la Duma Estatal, en las que por primera vez participaran las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, que se encuentran bajo control de Moscú desde casi el inicio de la invasión, en febrero de 2022. «Rusia retende falsificar de manera masiva las supuestas elecciones que se celebrarán el 20 de septiembre», advierte.
«El Gobierno de Putin se ha propuesto lograr una participación superior al 65-70% en dichos territorios, así como asegurar que Rusia Unida obtenga al menos el 70% de los votos», ha asegurado Kovalenko, quien ha insistido en que los comicios en estas provincias ucranianas «son completamente ilegales».

El Ministerio de Salud de Argentina ha anunciado que a partir de este martes toda persona extranjera deberá contar con un seguro médico o pagar en el momento para ser atendido en los hospitales públicos del país.Esta medida se comenzó a formalizar … en 2024, y en 2025 algunos hospitales ya solicitaban el DNI a sus pacientes para determinar si podían ser atendidos gratuitamente o no. Sin embargo, la normativa no era concreta y no existía ninún mecanismo uniforme que indicara como operar al respecto.

Ahora, el gobierno ha oficializado la medida mediante la resolución N° 1066/2026 publicada en el boletín oficial, que sirve como una hoja de ruta para que los hospitales públicos de carácter nacional puedan actuar en estos casos. Así, todo paciente extranjero que no sea residente permanente «deberá contar con seguro médico o pagar para ser atendido», ha explicado el portavoz del gobierno argentino Adrian Ravier.

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Noemi Vega

En primer lugar, los pacientes que no cuenten con DNI argentino serán sometidos a un «circuito de admisión correspondiente» para poder ser atendidos. En este exigirán la documentación necesaria, y en caso de ser ‘residente permanente’ también podrá acceder a los servicios de manera gratuita.
En el caso de no contar con ninguno de los permisos anteriores, el establecimiento solicitará, previamente a la intervención, un seguro de salud válido que cubra la prestación requerida o bien el abono del 100% del valor presupuestado. En este sentido, el Nomenclador de Prestaciones vigente de cada hospital será quien ponga precio al servicio ofrecido.

SE TERMINÓ LA SALUD GRATIS PARA LOS EXTRANJEROSA partir de hoy, todo paciente extranjero que no sea residente permanente deberá contar con seguro médico o pagar para ser atendido en los hospitales públicos nacionales.En el caso de extranjeros que no cuenten con seguro médico… pic.twitter.com/9Nhr395JGg— Adrian Ravier (@AdrianRavier) August 11, 2026
Con esta nueva normativa, el gobierno celebra que se termina con «uno de los mayores flagelos de los pagadores de impuestos: financiar la salud pública de extranjeros que no viven acá, no trabajan acá, ni pagan impuestos acá», ha sentenciado Ravier en sus redes sociales.

Intervención en caso de emergencia

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Si bien esta legislación recae en todos los extrangeros sin excepción ninguna, queda exenta la «evaluación, diagnóstico, estabilización y tratamiento inmediato» en un caso de emergencia. En concreto, la resolución define esta emergencia como una «condición clínica que implique riesgo cierto e inminente para la vida, para un órgano o una función», o un daño irreversible en la salud de la persona.
En estos casos, el hospital cubrirá todos estos gastos de emergencia hasta que el paciente esté estabilizado. Una vez estable, el hospital acumulará una deuda de todos los gastos generados desde el cese de la emergencia hasta el momento de su alta clínica. Así, el paciente estará obligado a efectuar el pago en el hospital una vez se le haya dado el alta.
En la resolución, se recoge un listado de 15 cuadros clínicos específicos que serán considerados como emergencia, entre los que se encuentran paros cardiorrespiratorios, cuadros de shock, quemaduras extensas, intoxicaciones agudas, etc.
No obstante, en caso de duda el texto explica que prevalecerá el criterio de brindar la atención sanitaria inmediata hasta que el profesional responsable determine que no se configura una de las situaciones enumeradas anteriormente.

En la vida pública húngara de las últimas décadas, pocas figuras han encarnado con tanta coherencia la idea de la fuerza del derecho como András Baka. Su ascenso a la presidencia no tiene nada que ver con una carrera política, sino que … culmina una biografía marcada por la disciplina, la discreción y una fe casi obstinada en la estructura jurídica como fundamento de la convivencia democrática. Con 140 votos a favor y sólo 6 en contra, el Parlamento eleva a la Presidencia de Hungría al que fuera presidente del Supremo sustituido por Orbán en 2012.
Baka no es un político carismático ni un estratega partidista; es, ante todo, un jurista que ha sobrevivido a cambios de régimen, reformas judiciales y tensiones institucionales sin perder su reputación de seriedad. Y esa reputación, en la Hungría contemporánea, es en sí misma un gesto político.

«El Estado no es para sí mismo, sino para el pueblo», ha dicho en su discurso ante el Parlamento, «el cambio no es una oportunidad para restaurar un pasado perdido, sino la oportunidad de aprender de lo que ha ocurrido hasta ahora». Con su declaración de principios, ha comenzado a tejer la red de legimidad que Péter Magyar requiere para su reforma y ha advertido que «el Presidente de la República no es un poder constitucional, no es su tarea determinar el contenido de una nueva constitución, pero debe asegurarse de que la redacción de una nueva constitución no vuelva a ser al servicio de los intereses de un partido».

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Una de cal y otra de arena con la UE

Rosalía Sánchez

La precisión como virtud

Nacido en 1958 en Győr, una ciudad industrial que en la Hungría socialista era sinónimo de trabajo duro y disciplina obrera, Baka creció en un hogar donde se cultivaba la precisión como virtud. Su padre, ingeniero mecánico, solía decirle que «un tornillo mal ajustado puede arruinar una máquina entera». Su madre, profesora de literatura, le repetía que «una palabra mal elegida puede arruinar un argumento».
Aprendió a leer a los cuatro años, al tiempo que desmontaba aparatos de radio para volver a montarlas «mejor que antes», según sus familiares. Y así entiende el Estado, como un engranaje en el que cada componente debe desempeñar su función con precisión para que el conjunto funcione.
Cuando ingresó en la Universidad Eötvös Loránd (ELTE) de Budapest en 1976, en plena era Kádár, sus profesores lo recuerdan como un estudiante obsesivo: anotaba cada clase con un sistema de colores que él mismo había diseñado y que le permitía «ver la estructura del derecho como si fuera un plano arquitectónico», según su propia explicación.

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Una anécdota muy repetida en la facultad se refiere a un examen oral de Derecho Constitucional, en el que Baka corrigió al profesor sobre una interpretación de la norma de 1949. El profesor le pidió explicaciones y Baka sacó una copia anotada del texto constitucional con referencias cruzadas a jurisprudencia alemana y austríaca. El profesor concluyó: «este joven será juez antes de los 30» y no se equivocó.
Inició en 1982 una carrera judicial caracterizada por la absoluta falta de ambición política. En Győr, su primer distrito, se decía que «si Baka firma, no hay apelación posible». En Budapest, ya como juez regional, se ganó fama de independencia técnica en un sistema donde esta era una rareza y su llegada al Tribunal Supremo, en 1995, coincidió con la transición democrática húngara. Allí se consolidó como una figura de referencia en casos de libertad de expresión y derechos civiles.

Su llegada al Tribunal Supremo, en 1995, coincidió con la transición democrática húngara. Allí se consolidó como una figura de referencia en casos de libertad de expresión y derechos civiles

Una sentencia especialmente recordada absolvió a un periodista acusado de difamación por criticar a un funcionario local. Baka escribió en la sentencia que «la crítica a los poderes públicos es un elemento esencial de la democracia». Pero el episodio que definió su figura pública llegó en 2012, cuando fue destituido como presidente del Tribunal Supremo tras una reforma judicial impulsada por el Gobierno. La reforma cambió el nombre y la estructura del tribunal, lo que permitió cesarlo antes del final de su mandato. Baka no hizo declaraciones políticas, pero en círculos tranquilizó a los críticos, aseguró de que «el derecho es más fuerte que cualquier gobierno, porque sobrevive a todos». Desde entonces ha sido símbolo de resistencia silenciosa.

«La Justicia no es una victoria personal»

El caso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en 2016 dictaminó que Hungría había violado su derecho a la libertad de expresión. Baka nunca celebró la sentencia. Cuando un periodista le preguntó si se sentía reivindicado, respondió: «La Justicia no es una victoria personal; es una obligación del Estado».
Tras su destitución, lejos de retirarse, Baka se convirtió en una figura clave en el Consejo Nacional de la Judicatura, donde trabajó en reformas técnicas, digitalización de procesos y formación de jueces jóvenes. En 2023, durante una conferencia en Szeged, un estudiante le preguntó si alguna vez había pensado en entrar en política y respondió que «la política es ruido; el derecho es estructura. Yo prefiero la estructura». Su figura es profundamente política precisamente porque él no lo es.
Casado desde 1984 con Katalin Baka, profesora de matemáticas, tiene dos hijos: Ádám, ingeniero informático, y Eszter, pediatra. Es conocido por su afición a la jardinería: cultiva rosas antiguas en su casa de Buda. Escuchar a Bartók cada mañana, antes de trabajar, y no usa redes sociales porque «la vida ya es suficientemente pública sin necesidad de añadir más ventanas».

Con su nombramiento, Magyar pretende señalar el camino de la Hungría después de Orbán y de la estabilidad institucional

Con su nombramiento como presidente, el primer ministro Péter Magyar pretende ahora vestir su Gobierno de esa pulcritud intelectual, señalar el camino de la Hungría después de Orbán y de la estabilidad institucional. Tras sucesivas presidencias afines al Gobierno, Baka representa la independencia judicial y la reputación internacional, aportando credibilidad técnica en las previsibles tensiones con Bruselas y debates constitucionales internos de cara a la reforma de la Ley Fundamental húngara que en breve abordará el Gobierno del partido Tisza.