En el Colegio de Abogados de Tegucigalpa, un bastión habitual del voto conservador y del Partido Nacional, la escena a media mañana era de agotamiento y frustración. La fila daba vuelta y media a la manzana y avanzaba con una lentitud que agotaba y … enfadaba a los cientos de vecinos que llevaban allí desde las 6.00. A las 10.30, muchos no habían logrado siquiera acercarse a la puerta. Dentro del edificio, el panorama no ofrecía alivio: una sola planta habilitada para una decena de urnas funcionaba sin señalización clara, entre empujones, dudas y discusiones sobre el orden de ingreso. El ambiente, cargado de ansiedad y cansancio, reflejaba el desgaste de una jornada que había comenzado tarde y que ya acumulaba retrasos en cada mesa.
Desde primeras horas del domingo quedó claro que no todos los llamados a las urnas lograrían votar. Más de seis millones de hondureños estaban convocados a elegir presidente, Congreso, alcaldías y representantes al Parlamento Centroamericano en un país que vota bajo estado de excepción y con una desconfianza acumulada desde las fallidas primarias de marzo. Honduras llegaba a esta jornada con acusaciones cruzadas de fraude, con la oposición denunciando intentos de manipulación y con el oficialismo señalando interferencias externas. Todo ocurre, además, bajo la presión directa de Estados Unidos: Donald Trump ha respaldado abiertamente al conservador Nasry Asfura y ha advertido sobre «resultados catastróficos» si no gana su candidato. En este contexto, las demoras, una red de registro caída y la apertura tardía de centros alimentan el temor a que el desenlace no va a ser aceptado sin disputa.
En el colegio Gustavo Adolfo Alvarado, María Durón, de 70 años, aguardaba sentada junto a otros adultos mayores que buscaban resguardo del sol y del cansancio. «No quieren que votemos, quieren que nos vayamos cansados, para que las elecciones se hagan solo con el grupo que está ahora mandando», decía a ABC mientras la fila avanzaba por tramos mínimos. Dentro del recinto, la escena era de parálisis total: habían pasado más de dos horas desde la hora oficial de apertura y aún no podían empezar porque faltaban urnas y sellos básicos para habilitarlas. Los miembros de mesa llamaban sin pausa al centro de atención del órgano electoral, pero no lograban respuesta. Con las cajas sin cerrar, sin material y sin instrucciones claras, no quedaba más que esperar.
Y hay responsables claros detrás de este desorden. La logística depende de las Fuerzas Armadas, que en teoría reportan al Consejo Nacional Electoral, pero cuya jefa directa es la ministra de Defensa, la propia presidenta Xiomara Castro. Bajo su mandato, Honduras ha girado hacia China y ha estrechado vínculos con la izquierda que marcó la etapa de su marido, el expresidente Manuel Zelaya. La oposición, tanto Libertad y Refundación como el Partido Nacional, sostiene que estos fallos no son accidentales: acusan a Castro de preparar un escenario de caos que favorezca a su candidata, Rixi Moncada, exministra de Defensa y figura clave del oficialismo en esta contienda.
El ambiente, cargado de ansiedad y cansancio, refleja el desgaste de una jornada que comenzó tarde y que ya acumulaba retrasos en cada mesa
D. Alandete
Todos los ojos están puestos en Honduras y en las disputas sobre el resultado, cuyo recuento se alargó hasta después del cierre de esta edición. Hay miles de observadores desplegados en el país: misiones invitadas por el Gobierno, equipos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y delegados acreditados por la oposición. También han aterrizado figuras cercanas al oficialismo. En Tegucigalpa, en actos de campaña de Rixi Moncada, se vio a Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos y veterano asesor de regímenes de izquierda en política latinoamericana, y a la jueza electoral venezolana Jhannett Madriz, señalada como parte del entramado que avaló el fraude de ley de 2024 en las presidenciales de Venezuela. Su presencia ha añadido inquietud en una jornada ya marcada por retrasos, fallos técnicos y un ambiente de desconfianza creciente.
En varios colegios de Tegucigalpa el desorden fue evidente. Este diario recorrió cinco centros de votación junto a funcionarios del Consejo Nacional Electoral y ninguno abrió a la hora prevista. En todos se registraron fallos en alguna de las urnas vinculadas al nuevo sistema de telemetría, encargado de validar la identidad mediante huellas dactilares y fotografías. La aplicación o no del protocolo quedó, en la práctica, al criterio de cada presidente de mesa, lo que derivó en decisiones improvisadas y, en algunos casos, contrarias al reglamento. En la mesa 10.185 del Colegio de Abogados, por ejemplo, se permitió votar sin cotejo biométrico porque el dispositivo no funcionaba, pese a que la norma exige validar cada identidad antes de emitir el sufragio.
En el Colegio República de Panamá, la urna 9.901 presentó una anomalía aún más delicada: el sistema registraba más votos de los que habían sido depositados físicamente. Este diario contó 30 papeletas en la caja, mientras que la base de datos mostraba una veintena adicional. Ni el presidente de mesa ni el secretario ni los observadores pudieron explicar el desfase. Afirmaron que, al cerrar, se guiarían por los votos físicos, pero reconocieron que no tenían cómo garantizar que el desajuste digital no inflara el recuento posterior. Se trata de un centro situado en una zona donde el oficialismo de Libre concentra históricamente un apoyo considerable, lo que incrementó las suspicacias en una jornada ya tensa.
La historia reciente ya anticipaba este desenlace: un golpe en 2009, el caos poselectoral de 2017 y, ahora, un nuevo desastre logístico en el que el Ejército volvió a retrasar la entrega de urnas hasta entrada la noche en numerosos centros.
