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La diáspora venezolana celebra el Nobel de la Paz a María Corina Machado con una marcha global

Lina es venezolana y tiene 67 años. De ellos, los últimos 18 años ha vivido en España. Confiesa que dejó su país «por motivos políticos». Geóloga de profesión, fue despedida junto a otras 21.000 personas en 2003, durante el Gobierno de Hugo Chávez. El … motivo: «Protestar», explica a ABC, mientras espera que arranque, en Madrid, la Marcha por la Paz y la Libertad, convocada por el partido Vente Venezuela, que lidera la opositora María Corina Machado.
La cita es global. La organización ha logrado que participen en ella 130 ciudades de más de 31 países, explica José Antonio Vega, uno de los coordinadores del Comando Vzla España. Se esperaba gran afluencia. «Mayor que la de las anteriores convocatorias», asegura Gabriela Olavarría, otra coordinadora, que reconoce que la gente «tiene miedo a salir por sus familias» que siguen en Venezuela. Miedo a la represión del régimen que ha metido en prisión a un millar de personas por disentir.
Este sábado se conocía precisamente la muerte del exgobernador del estado de Nueva Esparta Alfredo Díaz durante una «injusta condena» en la cárcel de El Helicoide de Caracas, según comunicó la Plataforma Unitaria Democrática, en su cuenta de la red social X. Díaz, de 55 años, murió tras un año encarcelado y en situación de aislamiento, apuntaba el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, también en X.

«Pero estamos tan cerca de alcanzar la libertad que la gente ha vencido el miedo», indica Gabriela, que define esta marcha como un «símbolo de paz y de esperanza para los venezolanos. No es una celebración, sino el reconocimiento a 27 años de lucha», los que lleva el chavismo en el poder. Una lucha «no solo liderada por María Corina Machado», aunque reconoce que el Nobel de la Paz avala el trabajo de la líder opositora. Otro disidente histórico, Leopoldo López, encabezaba la marcha por las calles de Madrid.
Sobre el anuncio este mismo sábado por parte del Instituto Nobel de que Machado viajará a recoger el galardón, una incógnita que ha sobrevolado desde la concesión del premio, Gabriela se muestra cauta: «Nosotros no tenemos constancia. Es un tema de seguridad, que es lo prioritario». Vega, por su parte, maneja esa información con «prudencia y responsabilidad. Los detalles se darán en su momento», afirma.
Lina, sin embargo, no puede ocultar su «emoción» ante la posibilidad de que Machado vaya a Oslo. Sobre la justicia del galardón, no tiene dudas: «Gracias a su liderazgo empezó a conocerse nuestra causa –destaca–. Le ha dado visibilidad. Ella ha aglutinado nuestras esperanzas».

Con Machado y contra Maduro
El opositor Leopoldo López encabeza la marcha en Madrid, donde estuvo muy presente la imagen de María Corina Machado y abundaban los carteles contra el dictador chavista
Tania Sieira

A su lado está su marido, Bruno, de 67 años, despedido en la misma purga que ella. Preguntando sobre la posibilidad de que Machado, si sale, pueda regresar a Venezuela, asegura que «si no pudiera yo no la juzgaría. Ha gastado mucho tiempo de su vida, su mensaje seguirá vigente». «Ella nos ha hecho entender todo el peligro que se corre», apostilla Lina, que también ha vivido «en carne propia» la represión. «Tengo un primo militar detenido desde hace un año; y con mi familia de allí hablo con códigos porque revisan los móviles», explica. Palabras como «Trump» o «invasión» pueden llevar a la cárcel.

«Gracias a su liderazgo empezó a conocerse nuestra causa. Le ha dado visibilidad. Ella ha aglutinado nuestras esperanzas»

En otro lugar de la marcha, dos mujeres, las dos se llaman Carolina, no se muestran de acuerdo sobre sí María Corina Machado ya está fuera o no de Venezuela. Una de ellas, de 55 años, lleva casi 25 años en nuestro país. «Ganó Chávez, ahorré y me vine. No le veía buen fondo». Ser hija de españoles le facilitó la salida. Como muchos, considera que el Nobel de la Paz no es de una persona, «sino de todos los venezolanos que están en esta lucha».
Mientas hablamos, una persona de la organización reparte carteles con eslóganes como «El Nobel es nuestro», «El Nobel es mío». Entre la marea de banderas venezolanas se ven otros con lemas como «El Nobel es de los que están injustamente presos», «Justa paz», «Paz y libertad en Venezuela» y «¿Maduro? ¡Podrido!».

La oposición venezolana anuncia la muerte en prisión del exgobernador del estado de Nueva Esparta Alfredo Díaz

La oposición venezolana ha anunciado este sábado la muerte del exgobernador del estado de Nueva Esparta Alfredo Díaz durante una «injusta condena» en la cárcel de El Helicoide de Caracas.«Hoy, lamentablemente, fallece injustamente en prisión un líder inocente», ha lamentado la … principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática, en su cuenta de la red social X.

Díaz, de 55 años, ha muerto tras un año encarcelado y en situación de aislamiento, según ha informado el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, también en su cuenta de X, antes de pedir explicaciones inmediatas al Gobierno venezolano como «responsable de la salud de la persona bajo su custodia», como también lo ha hecho en redes sociales su viuda Leynys Malavé.

Asimismo, el líder opositor Leopoldo López también ha condenado la muerte de Díaz antes de denunciar maltratos y abusos por parte de las autoridades penitenciarias. «Muere en el centro de tortura Helicoide Alfredo Díaz, ex alcalde, amigo, patriota y luchador. Llevaba meses solicitando atención médica y se la negaron, lo mataron. Es otra víctima de la dictadura», ha indicado.

Escándalo en la Administración Petro tras confirmarse vínculos entre el Estado y la disidencia de las FARC

Colombia se encuentra sumida en una profunda crisis de confianza institucional tras la revelación de presuntos vínculos entre altos funcionarios del Estado y las disidencias de las FARC, lideradas por Alexander Díaz, alias Calarcá.Este escándalo ha desatado una ola de investigaciones que … afectan tanto al Ejército como a la Inteligencia nacional y ha puesto en el centro del debate público la política de ‘Paz Total’ impulsada por el Gobierno actual, generando una profunda inquietud sobre la integridad de las instituciones y la eficacia de los controles internos.
Los hechos se encuentran bajo investigación desde julio de 2024, cuando un retén militar inspeccionó un vehículo en el que se transportaba la delegación del grupo armado designada para establecer diálogos con el Gobierno y fueron incautados teléfonos móviles, ordenadores y discos duros.

Posteriormente, la unidad de investigación del canal local Caracol accedió a correos, chats y documentos que mencionaban nexos entre la disidencia de las FARC y altos funcionarios del Estado, entre ellos el general del Ejército Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Ambos se enfrentan a procesos disciplinarios y judiciales por presuntos contactos y acuerdos con la organización liderada por Calarcá. El Ministerio de Defensa ha anunciado medidas preventivas, incluyendo la suspensión temporal del general Huertas y la apertura de una inspección exhaustiva sobre su gestión, mientras se realizan las investigaciones formales.

Entre los aspectos más polémicos está la posibilidad de que el grupo armado haya financiado campañas electorales

El debate político se ha intensificado en el Senado, donde algunos legisladores han cuestionado la eficacia de los controles internos y han exigido respuestas claras sobre si la infiltración fue producto de negligencia o de acuerdos deliberados entre sectores del Estado y el narcoterrorismo.
La senadora Paloma Valencia, del uribista Centro Democrático, lideró un debate en el que planteó interrogantes sobre la posibilidad de que la infiltración de las disidencias en instancias clave de seguridad y defensa haya sido parte de un pacto político, lo que ha generado tensiones profundas en torno a la política de paz y a la gestión de la seguridad nacional.

Petición de EE.UU.

Las investigaciones no se limitan al ámbito militar. La Procuraduría General ha abierto procesos contra los funcionarios señalados, mientras la DNI realiza indagaciones internas y externas, incluyendo una investigación independiente dirigida por el inspector general, designado directamente por el presidente.
Estados Unidos, aliado clave en materia de seguridad, ha pedido a Colombia que investigue a fondo los vínculos señalados, dada la importancia estratégica de la cooperación bilateral.
El informe periodístico que desató el escándalo reveló datos sobre comunicaciones, transferencias de información y supuestos acuerdos políticos y financieros entre funcionarios y miembros de las disidencias.

Sospechas de financiación de campañas

Entre los aspectos más polémicos está la posibilidad de que el grupo armado haya financiado campañas electorales, lo que ha generado rechazo y desconfianza en la opinión pública y entre los sectores políticos.
El Gobierno colombiano insiste en la transparencia y en la aplicación de la «cero tolerancia» ante cualquier acto ilegal, aunque la gravedad de los señalamientos ha abierto un debate sobre la eficacia de los controles institucionales y la vulnerabilidad del Estado frente a la infiltración de estructuras criminales.
La sociedad civil y la comunidad internacional han exigido transparencia y resultados contundentes, dada la importancia estratégica de la cooperación bilateral en materia de seguridad.
La crisis ha puesto en el centro de la agenda la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones y garantizar la integridad del Estado, aspectos fundamentales para el proceso de paz y la estabilidad democrática.

El gobierno colombiano insiste en la transparencia y en la aplicación de la «cero tolerancia» ante cualquier acto ilegal

En este contexto, el Gobierno ha anunciado la aplicación de medidas contundentes y la apertura de procesos de investigación exhaustivos, con el fin de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
La sociedad espera respuestas contundentes y medidas que fortalezcan la confianza en las instituciones y garanticen la integridad del Estado, aspectos fundamentales para el proceso de paz y la estabilidad democrática.

Euroclear, la entidad belga que guarda 40 billones de euros y custodia los fondos rusos que la UE pide para Ucrania

Euroclear es una de las principales infraestructuras financieras del mundo dedicada a la compensación, liquidación y custodia de valores. Su función es garantizar que las transacciones de instrumentos financieros —ya sean bonos, acciones o efectivo— se ejecuten de forma segura, eficiente y precisa … entre instituciones financieras de todo el mundo. Simplificando las cosas, Euroclear actúa como un depositario central y como un sistema internacional de liquidación de valores de modo que se garanticen las operaciones financieras dentro del sistema global, especialmente facilitando las operaciones transfronterizas. Ahora mismo, Euroclear es una pieza fundamental en el engranaje de los mercados financieros globales. Garantiza que las transacciones se ejecuten de manera eficiente, segura y fiable, lo que contribuye a la estabilidad y funcionamiento del sistema financiero internacional. Su rol como custodio y mecanismo de liquidación lo convierte en un actor indispensable para bancos, gobiernos y grandes inversores.
Esta empresa fue creada en 1968 para facilitar la liquidación de eurobonos, un mercado que entonces estaba en expansión y ha crecido hasta convertirse en un pilar esencial de la infraestructura financiera europea y global. Actualmente, Euroclear custodia alrededor de 40 billones de euros provenientes de los bancos centrales y las instituciones financieras de todo el planeta. Por ese motivo, la certeza absoluta de la seguridad en la custodia de esos depósitos es vital para su funcionamiento.
Valerie Urbain, la responsable ejecutiva de Euroclear, ha dicho que la confiscación de los fondos rusos congelados por las sanciones económicas pondría en riesgo no solo a la empresa, sino a todo el sistema financiero belga. Un país pequeño cuyo gasto público anual ronda los 350.000 millones de euros y 1.500 millones vienen de los impuestos que paga Euroclear.

Urbain también ha advertido que, si Moscú emprende acciones legales para recuperar el dinero, se abriría la puerta al riesgo de confiscación de activos belgas en Rusia e incluso a otras represalias contra empresas belgas. Por ello, ha advertido de que, si la Comisión le obliga a entregar los activos rusos que posee en sus cuentas, la institución sin duda impugnará la decisión ante los tribunales.
La asociación paneuropea European Central Securities Depositories Association (ECSDA) agrupa a todas las empresas de este sector que existen en Europa. Clearstream, por ejemplo, que pertenece a la Bolsa alemana y tiene su sede en Luxemburgo, es la única que en parte puede medirse por tamaño con Euroclear. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha incluido en su nueva propuesta la opción de obligar a otras empresas del sector a que también acepten poner como aval los fondos rusos que puedan estar en su poder.
La presidenta del banco central Europeo, Christine Lagarde, ha advertido de que usar esos activos rusos podría implicar serios riesgos legales y financieros. Eso incluye la credibilidad del euro si la operación no se articula con todas las garantías, dado que los fondos están depositados en euros y Euroclear es «una infraestructura crítica para el sistema financiero europeo».

Montserrat viaja a Washington para reactivar los canales políticos entre Europa y Estados Unidos

Dolors Montserrat, eurodiputada y secretaria general del Partido Popular Europeo, viajó esta semana a Washington para reforzar los vínculos entre Europa y Estados Unidos en un momento en que la Administración Trump mantiene contacto con pocos líderes europeos. Exministra de Sanidad en … España, presentó el viaje como una oportunidad para recuperar presencia en la relación transatlántica y evitar que Europa quede al margen en un ciclo político marcado por tensiones geopolíticas y cambios de prioridades en Washington.
Su planteamiento fue que ambos lados siguen siendo aliados naturales y que es necesario reactivar los canales que se habían enfriado en los últimos años. «Tenemos que volver a caminar juntos», dijo Montserrat a ABC. «Europa y Estados Unidos comparten valores, desafíos y responsabilidades. Si no reforzamos esta relación, otros ocuparán ese espacio y perderemos capacidad de influir en las decisiones que afectan a nuestras democracias».
En sus reuniones con responsables políticos y expertos, Montserrat insistió en que el centroderecha europeo quiere una relación estable y basada en intereses compartidos: seguridad, energía, competitividad económica y defensa del mercado único. Explicó también que España debe volver a posiciones de influencia en Estados Unidos y que hay margen para iniciativas prácticas, como facilitar que estudiantes estadounidenses hagan estancias en instituciones europeas, una propuesta bien recibida por su potencial para reconstruir el conocimiento mutuo.
El viaje a Washington llega en un momento de tensión entre Estados Unidos y Europa. Trump ha marcado distancia con varias capitales europeas y esta misma semana presentó una nueva estrategia de seguridad nacional que cuestiona el proyecto europeo y adopta un tono equidistante con Rusia en varios apartados. En ese escenario, la visita de Montserrat busca evitar un deterioro mayor de la relación transatlántica y recordar que Europa sigue siendo un socio relevante para Washington.

«En un momento en que se cuestiona a Europa desde fuera y desde dentro, nuestra responsabilidad es dejar claro en Washington que seguimos siendo un socio fiable y necesario. Separados perdemos influencia; juntos seguimos marcando el rumbo», afirma.
El viaje tiene un contexto político significativo. Trump se ha alineado con los partidos del bloque Patriotas, ha reconocido públicamente a Vox, ha dicho que Santiago Abascal debería ganar las próximas elecciones y mantiene vínculos con dirigentes como Viktor Orbán o Nigel Farage. En este marco, la presencia de una dirigente del centroderecha europeo intenta reequilibrar ese mapa de afinidades y subrayar que la interlocución con Estados Unidos no debe limitarse a las fuerzas más radicales.
La relación bilateral ha tenido ciclos distintos. En los años de José María Aznar, el Partido Republicano mantuvo una afinidad notable con España, que se quebró durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Más tarde, Mariano Rajoy recuperó una interlocución cordial con Trump, que mostró interés en apoyar la estabilidad de España en plena crisis del desafío independentista en Cataluña y se distanció del referéndum ilegal de 2017. Con Pedro Sánchez, la relación se ha erosionado de nuevo por el incumplimiento de los compromisos de gasto en defensa y por el giro diplomático respecto a Israel.
Durante su estancia en Washington, Montserrat mantuvo una agenda de reuniones que incluyó encuentros con el International Republican Institute, con responsables del Hudson Institute, con el equipo del senador Steve Daines —presidente del subcomité del Senado para Europa— y con la exministra británica Priti Patel. Intervino también en la Catholic University of America y convocó a las delegaciones afines en el desayuno del PPE dentro del IDU Forum. Su participación en el panel sobre cómo frenar a la extrema derecha y volver a ganar elecciones completó un viaje cuyo objetivo declarado fue reposicionar al centroderecha europeo ante una Casa Blanca que redefine prioridades y que observa a Europa con mayor distancia.

Un vídeo revela que EE.UU. remató en un segundo ataque a dos náufragos en el Caribe

Un vídeo mostrado a diputados y senadores en el Capitolio recoge que dos supervivientes del primer ataque estadounidense en el Caribe intentaban voltear su embarcación volcada cuando un segundo ataque los alcanzó y remató. El almirante Frank M. Bradley, responsable del operativo, pasó una … jornada entera en reuniones a puerta cerrada para explicar la operación del 2 de septiembre, que incluyó cuatro ataques concretos y dejó 11 muertos.
Esa operación forma parte de una campaña militar ordenada por la Administración Trump contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico. Desde su inicio se ha atacado a más de veinte embarcaciones y han muerto más de ochenta personas. El Pentágono anunció el 4 de diciembre un nuevo ataque en el Pacífico oriental, con cuatro fallecidos, alegando que los ocupantes eran traficantes.
El golpe, dirigido por el secretario de Defensa Pete Hegseth y ejecutado por el Mando Sur, tuvo como objetivo una embarcación que, según la evaluación del mando militar, era operada por una organización designada como terrorista y transportaba narcóticos a lo largo de una ruta conocida de tráfico en el Pacífico oriental, hacia México.

El ataque se produjo mientras aumenta la indignación del Capitolio sobre la operación realizada el 2 de septiembre, cuando aquella embarcación fue alcanzada dos veces y murieron los dos supervivientes del primer impacto. El Gobierno afirma que el segundo ataque fue ordenado por el almirante Bradley y que se ajustó al derecho de los conflictos armados, mientras que opositores consideran ilegal disparar contra personas naufragadas o no combatientes.

Esta operación forma parte de una campaña militar ordenada por la Administración Trump contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico

El Congreso investiga el caso

Tras ver el vídeo de aquel incidente, varios legisladores demócratas afirmaron que los supervivientes estaban en situación de extrema vulnerabilidad y cuestionaron la legalidad del segundo ataque, afirmando que deberían haber sido asistidos, rescatados y en todo caso juzgados. Pidieron que se investigue el operativo y que el Pentágono publique la grabación íntegra. Legisladores republicanos, entre ellos el senador Tom Cotton y el diputado Rick Crawford, ambos republicanos, defendieron en cambio la actuación de Bradley y sostuvieron que los cuatro ataques del 2 de septiembre fueron legales.
Durante las reuniones, surgieron versiones contradictorias sobre si el secretario de Defensa, Hegseth, dio una orden verbal previa para «matar a todos los ocupantes» de la embarcación. Funcionarios que estuvieron en los encuentros afirmaron que Bradley confirmó la existencia de esa instrucción, mientras que el propio almirante trasladó a algunos legisladores que no hubo tal orden. El Pentágono no ha autorizado entrevistas con Hegseth ni ha difundido el vídeo del operativo.
El almirante Bradley consideró a los dos supervivientes como objetivos válidos al estimar que podían pedir ayuda y continuar su misión, según explicaron legisladores republicanos. Expertos en derecho de guerra recordaron que las normas del Pentágono prohíben atacar a personas naufragadas o incapacitadas. Un diputado que vio el vídeo afirmó a The Washington Post que no quedaba embarcación operativa, sino solo restos del casco, y que los hombres se aferraban a una pequeña parte del naufragio.

Investigación formal

Bradley, veterano de operaciones especiales, participó en varias sesiones informativas a lo largo de unas ocho horas, en las que también estuvo presente el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto. Varios legisladores señalaron que estas reuniones podrían ser el inicio de una investigación más formal, que puede ser problemática para la Casa Blanca.
El caso ha reactivado investigaciones en comisiones bipartidistas del Congreso sobre la legalidad de la campaña, mientras grupos de derechos humanos alertan de posibles ejecuciones extrajudiciales. La familia de un pescador colombiano fallecido en septiembre presentó una queja ante un organismo regional alegando que resultó muerto por error en un ataque estadounidense. El nuevo bombardeo coincide con el aumento de activos militares de Estados Unidos cerca de la costa de Venezuela, en un contexto en el que el presidente Trump ha advertido de posibles ataques en tierra y el régimen de Nicolás Maduro acusa a Washington de intentar forzar un cambio de régimen.