Venezuela avanza en la era post-Maduro en dos frentes, en el económico, cuya urgencia se centra en la recuperación a corto plazo del sector petrolero, y en el político, en el que de inmediato deben corregirse los abusos más extremos de la arbitrariedad … chavista.
El cometido directo de Donald Trump es atraer inversión que en año y medio permita elevar la producción petrolera hasta medio millón de barriles diarios adicionales. Los ingresos derivados deberían comenzar a rescatar del colapso los servicios públicos y la economía, de forma que una ligera mejora de las condiciones de vida contribuya a consolidar la transición.
La misión más apremiante de la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, es hacer creíble esa transición; para ello debe apartar del poder a todos aquellos que se opongan a desmantelar los aspectos más tiránicos del régimen. Y ahí está siendo evidente el pulso con Diosdado Cabello, ministro de Interior en los últimos años y siempre considerado el número dos del chavismo. Dado su perfil e historial, es difícil que Cabello acate los pormenores del nuevo orden; si persiste en controlar cárceles y calle, probablemente tendrá un final nada satisfactorio.

Viabilidad petrolera

La reticencia mostrada la semana pasada por algunas grandes petroleras estadounidenses (como ExxonMobil o ConocoPhillips) a involucrarse en Venezuela, si no se dan especiales garantías políticas y jurídicas de estabilidad y juego limpio a medio y largo plazo, no hunde el plan de Trump, ligado a los tres años que le quedan en la presidencia. El planteamiento de la Casa Blanca es suficientemente pragmático y puede salir adelante.
Por un lado, Trump va a disponer de 50 millones de barriles de petróleo que Venezuela tiene almacenados, ya comprometidos por Delcy Rodríguez y cuya venta podría suponer en breve unos ingresos de 2.500 millones de dólares. Ese dinero, ingresado en una cuenta de fideicomiso, será utilizado como un primer pago para encargar a empresas estadounidenses el suministro de productos y servicios esenciales en Venezuela.
Por otro, basta con que las petroleras que ya están (Chevron) o tienen infraestructura en los campos venezolanos por haber tenido actividad hasta hace poco (Repsol y Eni, entre otras) aumenten su inversión, lo que en el corto plazo ya les va a dar un beneficio. Compañías de servicios o de distribución y comercialización del crudo también pueden esperar rentabilidad en el horizonte próximo que maneja la Administración Trump.
En estos momentos Venezuela produce cerca de 900.000 barriles diarios de petróleo. Aunque el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, habla de añadir a esa producción hasta 700.000 barriles diarios para dentro de un año o año y medio, probablemente haya que hacer una estimación más moderada: Javier Blas, de ‘Bloomberg’, piensa en una producción extra de entre 300.000 y 500.000 barriles diarios para mediados de 2027; Antonio de la Cruz, de Inter-American Trends, coincide con estas cifras, si bien alarga un poco el plazo, apuntando a una producción total cercana a 1,5 millones barriles diarios en tres años.
Es verdad que el sector petrolero venezolano requiere inversiones importantes para recuperar los niveles de producción que tuvo (alcanzó los 3,7 millones de barriles diarios en la década de 1970; era de 3,2 millones cuando Chávez llegó al poder en 1998 y bajó a poco más de 500.000 en el peor momento de Maduro), pero la reparación y modernización de refinerías y la mejora tecnológica de la estatal Pdvsa pueden ser progresivas, en la medida en que ciertamente la realidad del país cambie. Y a lo largo de esta transición, si es satisfactoria, incluso cabe una modificación de la ley que obliga a sociedades mixtas en las que Pdvsa tiene al menos el 51%, lo que mejoraría el atractivo inversor.

Guerra interna

Si ese revulsivo económico queda en manos principalmente de Trump, la apertura política del régimen es tarea de Delcy Rodríguez y de su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional. El miedo entre la cúpula gobernante y entre el Ejército a represalias armadas por parte de Estados Unidos ha llevado a entender que deben converger, al menos de momento, en la dirección que marca Washington. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y la mayor parte de los máximos dirigentes entienden que su única salvación personal (y quizás la de sus fortunas escondidas) está en avanzar hacia un desmantelamiento del aparato represivo y una cierta aceptación del pluralismo político.
El único jerarca que se está moviendo en contra es Diosdado Cabello. Es posible que, según qué decisiones se tomen y los intereses personales que se pisen, haya en los próximos meses otros disidentes que compliquen la situación, pero hoy la gran batalla está entre Cabello y los Rodríguez. Estos han demostrado gran astucia a lo largo de los años para deshacerse de serios contrincantes, como fue Tareck el Aissami, el gran aliado de Maduro en sus primeros años de presidente, y pueden echar a un lado a Cabello a pesar de su gran control interno.
Como ministro del Interior, Cabello controla las fuerzas del orden y los grupos paramilitares y tiene poder sobre las filas de Ejército más chavistas. Se le atribuye la lentitud con que se está produciendo las excarcelaciones de presos políticos. Delcy Rodríguez se lo está jugando todo en esta apuesta de poder y no permitirá que Cabello le tuerza las cosas, así que cabe esperar que a este se le vayan cerrando las opciones.
Solo si la transición se ralentiza y el interés de Estados Unidos decae, porque Trump se olvida de aspiraciones democráticas o porque en 2028 es elegido alguien muy distinto para la Casa Blanca, Cabello podría volver a sacar la cabeza, pero a la vista del ritmo de los acontecimientos ese horizonte le queda muy lejos.

La guerra abierta por dos abogados de altos vuelos para ver quién se queda la defensa de Nicolás Maduro ha sido resuelta este lunes por el juez que supervisa el caso, Alvin Hellerstein: el magistrado decidió expulsar a Bruce Fein, uno de … letrados que se personó en la causa que se ventila en Nueva York para asistir al expresidente de Venezuela.
Fein, exalto cargo del Departamento de Justicia en la presidencia de Ronald Reagan y un comentarista habitual de asuntos legales en la prensa estadounidense, solicitó ante el juez ser reconocido como abogado de Maduro.
Ocurrió un día después de la primera aparición del dictador venezolano ante el juez Hellerstein, cuando se le leyeron los cargos y el acusado se declaró no culpable, entre proclamaciones de que era un «prisionero de guerra» de EE.UU. y que seguía siendo el presidente de Venezuela.

Maduro apuntaba a comparecer en aquella vista sin abogado contratado, con la sola asistencia de David Wikstrom, un abogado de oficio nombrado por el juzgado. Pero a última hora apareció la figura de otro abogado, y uno de envergadura: Barry Pollack, uno de los mejores penalistas de EE.UU., que lideró la defensa de Julian Assange y consiguiṕo un acuerdo con la fiscalía para la liberación del fundador de WikiLeaks.
Cuando apareció en la documentación judicial la petición de Fein al juez para ser admitido como abogado de Maduro, parecía que la idea era formar un ‘dream team’ legal, una dupla con Pollack para apuntalar la defensa en un caso de complejidad extrema y atención global.
Pero no fue así. Pollack y Fein no eran un equipo. El primero exigió al juez que echara a Fein de la defensa. En un escrito, expuso que Maduro no había hablado con Fein, mucho menos le había contratado para formar parte de su defensa.

Fein replicó que se había postulado como abogado porque miembros del círculo íntimo de Maduro -se habló de un cuñado- le habían pedido que lo hiciera, ante las dificultades del líder chavista de organizar su defensa, tras haber sido capturado por el ejército de EE.UU. en su refugio en Caracas y haber sido trasladado en condiciones de máxima seguridad a una cárcel de Brooklyn.
Fein requería al juez que tomara una decisión al respecto y que lo hiciera en una comparecencia a puerta cerrada en el juzgado. Y Hellerstein la ha tomado: le ha abierto la puerta de salida. «La solicitud de Fein para sumarse a la defensa no tiene base legal», concluyó el magistrado, que no consideró necesaria organizar esa vista. «Si Maduro quisiera contratar a Fein, tiene la capacidad de hacerlo. Fein no puede nombrarse a sí mismo para hacerlo», sostuvo.
Tras esta decisión del juez, la siguiente comparecencia de Maduro se mantiene en el próximo 17 de marzo, en los mismos juzgados del Distrito Sur de Manhattan donde le espera su juicio.

Una semana después de que los helicópteros estadounidenses despegaran de Caracas llevándose a Nicolás Maduro y su esposa, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana proyecta una imagen de solidaridad inquebrantable. A nivel interno, fuentes del Ejército niegan cualquier fractura, aseguran que la institución permanece compacta … en torno a la nueva estructura de poder. Es un mensaje que se repite en comunicados oficiales y declaraciones de alto nivel. Pero la realidad es más compleja, más perturbadora de lo que esa narrativa sugiere.
Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, ha consolidado su control político con velocidad sorprendente. La CIA, según informes de medios internacionales, recomendó que ella asumiera el poder ante el riesgo de que María Corina Machado no pudiera mantener bajo control a la institución militar. Es una decisión que revela cómo Washington percibe la situación: no se trata de restaurar la democracia, sino de asegurar que alguien capaz de ejercer autoridad sobre los uniformes asuma el poder. Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro, comprende la lógica del poder militar y domina el lenguaje de los cuarteles.
Junto a Rodríguez, dos hombres sostienen el andamiaje del poder. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa desde 2014, controla directamente a más de 123.000 soldados y 8.000 reservistas, con una estructura de mando que se extiende por todo el territorio nacional. Sobre él pesa una recompensa de 15 millones de dólares ofrecida por Washington, pero esa cifra no lo ha hecho vacilar. Ha respaldado públicamente a Rodríguez como presidenta interina, ha calificado la captura de Maduro como un «secuestro cobarde», pero ha hecho poco para impedirlo. Es pragmatismo político que revela cómo un militar experimentado navega el cambio de poder.

El otro pilar es Diosdado Cabello, número dos del chavismo, quien ocupa la cartera de Ministerio del Interior y Justicia. Cabello controla el aparato de seguridad interna y la red de colectivos que funcionan como una milicia paralela. Sobre él pesa una recompensa de 25 millones de dólares, la más elevada después de la de Maduro. Ha negado cualquier traición al presidente capturado, ha recorrido Caracas movilizando a sus seguidores, ha exigido el retorno de Maduro. Es como si Cabello estuviera escribiendo su propia historia, jugando a un juego cuyas reglas solo él parece dominar.

El llamamiento que no fue escuchado

Cuando Edmundo González Urrutia, reconocido por varios países como ganador de las elecciones presidenciales de 2024, hizo su llamamiento a las Fuerzas Armadas después del 3 de enero, su mensaje fue directo: pidió que respetaran la voluntad popular, que cumplieran con su deber constitucional, que se colocaran del lado de la legalidad. Su llamamiento asumía que la institución militar podía ser persuadida, que podía cambiar de bando si se le presentaba la oportunidad.
Pero la realidad fue distinta. Mientras González y la oposición en el exilio esperaban una respuesta, la Administración Trump les propinó una bofetada política. Washington, pragmático como siempre, había decidido que Delcy Rodríguez era la opción más viable para mantener el control institucional. Para la Casa Blanca, la continuidad bajo nuevas reglas era preferible a la incertidumbre de un cambio de poder que podría fragmentar la estructura militar.
González se encontró en una posición incómoda: reconocido como presidente electo por varios países, pero sin apoyo de la superpotencia que podría haber legitimado su posición. La oposición en el exilio descubrió que sus cálculos políticos no coincidían con los de los halcones.

Militares venezolanos retirados en EE.UU.
La lealtad no es a la bandera tricolor de la antigua república, sino a la narrativa roja de la revolución

En la capital americana y Miami, la oposición juega su propio juego. Se reúnen en salones de hoteles y centros de pensamiento, haciendo ‘lobby’ con funcionarios estadounidenses, presentando una visión de Venezuela desconectada de la realidad del terreno. En esas reuniones participan militares venezolanos retirados, algunos con más tiempo fuera de la institución que los años que lleva la revolución bolivariana en el poder.
Hablan de honor, de tradición, de una Fuerza Armada que ya no existe. Es un diálogo de sordos que ignora que los oficiales que hoy comandan las tropas fueron formados bajo un sistema de valores completamente diferente. Para los capitanes, mayores y coroneles de hoy, la lealtad no es a la bandera tricolor de la antigua república, sino a la narrativa roja de la revolución.
La respuesta de la Fuerza Armada fue el silencio, seguido por una reafirmación de su lealtad a la nueva estructura de poder. Las fuentes internas de la institución niegan cualquier división, aseguran que el mando se mantiene consolidado. Es un mensaje que se repite con tanta consistencia que parece ensayado, como si fuera parte de una estrategia coordinada de comunicación.

La estructura del control

Lo que permite que el Ejército permanezca compacto no es la convicción ideológica, sino la estructura del control. Vladimir Padrino López ha mantenido la disciplina mediante una combinación de lealtad personal, amenazas implícitas, y la promesa de que la institución continuará siendo relevante bajo el nuevo orden. Los oficiales de alto rango que podrían cuestionar la situación están neutralizados, ya sea mediante su cooptación en el nuevo sistema o mediante el miedo a las consecuencias de la disidencia.
En los pasillos y oficinas de Fuerte Tiuna, en los cuarteles de todo el país, circula una escuda o justificación que ha adquirido la consistencia de un mantra oficial. Los militares señalan que fue «la operación más sofisticada con tecnología de punta utilizada en todos los tiempos», que «sobrepasó cualquier estrategia». No había defensa posible contra semejante despliegue de recursos. Es una forma de exonerar la responsabilidad institucional, de convertir la debacle en inevitabilidad.
Un oficial que prefiere mantener su anonimato comenta sobre lo que han sido estos días posteriores al ataque: «La solidaridad que ves es la solidaridad que el mando quiere que veas. Pero adentro hay dudas, hay resentimiento, hay militares que se sienten traicionados. Lo que sucedió el 3 de enero fue una sorpresa para muchos de nosotros. Algunos creían que el Ejército iba a resistir. Otros creían que íbamos a defender al presidente. Pero cuando llegó el momento, descubrimos que la decisión ya había sido tomada en otro lugar, por otras personas». Su testimonio revela la brecha entre la narrativa oficial y la realidad de una institución dividida internamente, aunque compacta en la superficie.

La vulnerabilidad de Fuerte Tiuna

La captura de Maduro ocurrió en Fuerte Tiuna, el complejo militar más importante de Caracas, ubicado en el suroeste de la capital, entre las parroquias de Coche y El Valle. Es la instalación que debería haber sido la más segura, la más protegida, la más defendible. Pero fue precisamente allí donde la operación estadounidense encontró la menor resistencia.
Parte de esa vulnerabilidad radica en una decisión tomada hace más de una década, cuando Hugo Chávez permitió la construcción de viviendas para civiles dentro del complejo militar. Cientos de familias fueron alojadas en residenciales construidos en los terrenos de la base, presentado como un acto de inclusión social, una forma de democratizar el espacio militar. Pero también fue una decisión que comprometió la seguridad operativa de la instalación.

«Todo era visible. Un niño con un teléfono celular podía fotografiar lo que sucedía adentro y enviarlo a cualquier parte del mundo»

Ese mismo oficial comenta: «Cualquiera pudo filtrar información desde esas viviendas. Los civiles veían los movimientos de la guardia presidencial, los cambios de turno, los refuerzos que llegaban. Todo era visible. Un niño con un teléfono celular podía fotografiar lo que sucedía adentro y enviarlo a cualquier parte del mundo. Eso fue un error estratégico que cometimos hace años, y esa noche pagamos el precio». Su análisis es incisivo: la vulnerabilidad de Fuerte Tiuna fue estructural, resultado de decisiones políticas tomadas años atrás.

Las preguntas que nadie responde
¿Por qué Maduro necesitaba 32 guardaespaldas cubanos si confiaba en su propia Fuerza Armada? ¿Qué sabía el presidente que los militares venezolanos no sabían? ¿Por qué recurrir a soldados de una isla caribeña para proteger la vida del líder de la revolución bolivariana? La respuesta es incómoda: seguramente porque no confiaba. Porque sabía que la institución militar venezolana había sido comprometida, que había divisiones, que había militares que podrían traicionarlo. La presencia de esos guardaespaldas cubanos es un testimonio silencioso de la desconfianza que Maduro tenía en su propio entorno, un símbolo de la dependencia del proceso respecto a actores externos.
Pero hay otras preguntas que quedan sin respuesta, preguntas que erosionan la moral no solo de los soldados, sino de todo un pueblo. ¿Dónde está el parte detallado de lo que sucedió? ¿Dónde está la explicación oficial de cómo una operación militar extranjera pudo penetrar el corazón de la capital sin ser detectada? ¿Dónde está la rendición de cuentas? El silencio del alto mando es ensordecedor. No hay comunicados que expliquen la debacle. No hay oficiales que asuman responsabilidad. No hay transparencia.
Ese silencio es más que una omisión administrativa. Es una violación de la soberanía nacional que no ha sido reconocida públicamente. Es un acto de invasión que ha sido presentado como una operación quirúrgica, como si fuera un procedimiento médico y no una incursión militar en territorio venezolano. Los venezolanos no solo han visto a su presidente capturado; han visto a su nación invadida sin que sus propias Fuerzas Armadas pudieran impedirlo. Es una humillación nacional que ha quedado sin explicación.
La moral de los soldados ha sido destruida. La moral del pueblo ha sido destrozada. Los ciudadanos ven a sus militares patrullando las calles, pero ¿en nombre de qué? ¿En nombre de una institución que no pudo defender lo más sagrado: la madre patria?

Antes de la operación estadounidense, la Fuerza Armada se jactaba de contar con un sistema de defensa llamado Escudo Bolivariano. Era presentado como una red de protección impenetrable, un conjunto de medidas coordinadas que garantizaría la seguridad del territorio nacional. Los comunicados oficiales hablaban de vigilancia aérea, sistemas de alerta temprana, coordinación entre cuerpos de seguridad.
Pero cuando llegó el momento de la verdad, Escudo Bolivariano se desvaneció como humo. No hubo alertas tempranas que funcionaran. No hubo coordinación visible. No hubo respuesta organizada. Lo que sucedió fue una serie de acciones desconectadas, de unidades que no sabían qué hacer, de oficiales que esperaban órdenes que nunca llegaban.
La Operación Resolución Absoluta dejó un rastro de cifras que revelan la magnitud del colapso. Diosdado Cabello informó de al menos 100 civiles muertos y un número similar de heridos. La Fuerza Armada realizó un funeral por 24 soldados caídos en distintos puntos de Caracas. Cuba confirmó la muerte de 32 de sus militares, que formaban parte del círculo más cerrado de seguridad de Maduro. Esos números representan más que cifras: una institución que no pudo defender a su comandante en jefe.

La naturaleza bolivariana del dilema

Para entender lo que sucede en la Fuerza Armada en estos momentos, es necesario comprender una realidad incómoda: esta es una institución bolivariana formada en la revolución. Casi 30 años de Gobierno chavista han moldeado la mentalidad de los oficiales que hoy ocupan posiciones de poder. Los comandantes y generales que actualmente toman decisiones eran apenas cadetes cuando Chávez llegó al poder, o se iniciaban como oficiales jóvenes en los primeros años de la revolución. Para ellos, la institución militar no es un legado de la Cuarta República, sino una creación del chavismo.
Vladimir Padrino López representa una anomalía: es el último de una generación de militares formados en la vieja república, un oficial que transitó desde los cuarteles de la Cuarta República hacia los de la revolución. Su carrera es una crónica de adaptación, de supervivencia política mediante la flexibilidad ideológica. Para Padrino, el Ejército es la constante; los gobiernos, los presidentes, las estructuras políticas, son variables que cambian. Esa mentalidad institucionalista, pragmática hasta el cinismo, es lo que le ha permitido mantenerse en el poder durante más de una década.
Diosdado Cabello es su opuesto. Donde Padrino es institucional, Cabello es revolucionario. Donde Padrino es pragmático, Cabello es ideológico. Es el compañero de Chávez desde el golpe de 1992, desde aquellos días cuando la revolución era apenas un sueño de militares jóvenes. Para muchos de los oficiales que hoy ocupan posiciones de poder, Cabello no es solo un político, es una encarnación viviente de la revolución. Lo llaman «papá Diosdado», una expresión que revela la naturaleza de la relación: es paternidad revolucionaria, es lealtad a alguien que personifica la continuidad del proyecto bolivariano.

Lo que sucede en Venezuela en estos momentos es una transición que no es una transición, una continuidad bajo nuevas reglas

Esa lealtad a Cabello es lo que mantiene compacta a una institución que, de otra manera, podría desmoronarse. No es lealtad a Delcy Rodríguez, que es una figura nueva en el poder. No es lealtad a Padrino López, que es visto como un pragmático. Es lealtad a Cabello, al revolucionario, al compañero de Chávez, al hombre que encarna la continuidad de lo que originalmente fue denominado el Movimiento Revolucionario MVR 200.
Lo que sucede en la Fuerza Armada es un conflicto entre lo que representó en sus primeros años y lo que es. Es un conflicto entre los ideales de 1992 y la realidad de 2026. Es un conflicto que se resuelve, por ahora, mediante la lealtad a figuras como Cabello y mediante la continuidad bajo nuevas reglas.
Lo que sucede en Venezuela en estos momentos es una transición que no es una transición, un cambio que no es un cambio, una continuidad bajo nuevas reglas. Y en el centro de esa continuidad está la fuerza pública, que se atrinchera en torno a una nueva cúpula chavista, proyectando una imagen de solidaridad que es, en esencia, una ilusión que se desmorona cada vez que alguien se atreve a hacer las preguntas que nadie quiere responder.