Durante décadas, cada huelga general convocada por la CGIL (Confederación General Italiana del Trabajo) solía tener el mismo titular en los medios: «Italia se paraliza». Este viernes, 12 de diciembre, la fotografía es distinta. La CGIL, sindicato de izquierdas y mayoritario –aunque con una afiliación … cada vez más envejecida y fuertemente compuesta por pensionistas–, ha convocado un paro general contra la Ley de Presupuestos del Gobierno Meloni. Pero el país ha continuado moviéndose, con fricciones, algunos servicios interrumpidos y con manifestaciones en algunas ciudades, pero sin paralizarse.
La convocatoria llega en un contexto de fatiga social. A diferencia de épocas pasadas, muchos trabajadores no pueden permitirse perder un día de sueldo. El cansancio por las convocatorias también pesa. La CGIL llamó a otra huelga «general» el pasado 3 de octubre, a favor de Gaza, bajo el lema «Lo paramos todo», que tuvo un impacto muy limitado. Este viernes, el escenario se ha repetido parcialmente: la huelga se nota en sectores donde la CGIL conserva fuerza –metalurgia, transportes, servicios públicos–, pero su seguimiento es irregular en el resto del tejido productivo. Según la CGIL, la media nacional de participación ha sido en torno al 68%.
Más allá del rechazo a los presupuestos del Estado, el sindicato exige aumentos salariales para compensar la pérdida de poder adquisitivo; frenar el incremento de la edad de jubilación; rechazar la carrera de rearme y redirigir esos recursos hacia sanidad y educación; impulsar políticas industriales efectivas; y acometer una reforma fiscal considerada más justa, que alivie a trabajadores y pensionistas.
En el transporte público, las interrupciones han sido relevantes, aunque no generalizadas. La M3 de Milán y la línea 1 del metro de Nápoles han cerrado durante horas. En Roma, en cambio, el transporte público de Atac funciona casi con normalidad porque la huelga del sector ya se celebró el martes. En el ferrocarril, el paro del personal va de la medianoche a las 21.00, pero se garantizan los trenes de larga distancia y los regionales en las franjas de 6–9 y 18–21. Los vuelos aéreos operan con total normalidad, al tener una jornada de protesta propia convocada para el día 17.
La fotografía territorial es aún más fragmentada. En Liguria se han cancelado más de una quincena de trenes Intercity y regionales, y miles de trabajadores se han manifestado en Génova. En Emilia-Romaña y Lombardía se han suprimido trenes regionales y cerrado escuelas; en Campania, los primeros desplazamientos del día han sufrido retrasos moderados.
Mientras tanto, la restauración, el comercio y la hostelería –donde predominan los contratos privados y sectores menos sindicalizados– funcionan casi con normalidad. Bares, restaurantes y tiendas han abierto sin grandes variaciones. Para miles de empleados con salarios bajos o contratos precarios, la decisión de trabajar no es política: es económica.
El choque de declaraciones ha sido inmediato. La CGIL reivindica una alta participación y habla de «plazas llenas» en toda Italia, con una gran manifestación en Florencia encabezada por su secretario general, Maurizio Landini. El Gobierno, por su parte, trata de desactivar la narrativa del bloqueo. El vicepresidente y ministro de Transportes, Matteo Salvini, visitó la central operativa de Ferrovie dello Stato, en Roma, para comunicar que «las molestias o perturbaciones son muy limitadas» y que los datos de circulación son «alentadores».
En el frente político, la huelga deja al desnudo la soledad del sindicato de izquierdas. Ni la Cisl ni la Uil se han adherido, rompiendo la unidad sindical que históricamente daba fuerza a las grandes movilizaciones. La Uil, que el año pasado marchó junto a la CGIL, ha preferido organizar otras iniciativas. Este aislamiento se extiende al plano partidista: los únicos apoyos explícitos llegan desde la alianza Verdi–Sinistra. El Partido Democrático, el mayoritario de la oposición, y el M5S se han limitado a enviar delegaciones, sin colocar a sus líderes en la primera fila.
Desde la derecha, el discurso es contundente. La diputada de Hermanos de Italia Augusta Montaruli acusa al sindicato de «aislamiento» y considera «incomprensible» intentar parar el país cuando, según el Gobierno, el empleo está en máximos. Y reivindica los fondos de la ley de presupuestos para pensiones y jóvenes.
Italia no se paraliza, pero tampoco es indiferente. La huelga exhibe el malestar social, pero también los límites de un sindicalismo que ya no moviliza como antes
Landini, desde el escenario de Florencia, replica cargando contra el Ejecutivo. Denuncia que «estamos ya en un régimen» y que el Gobierno «cuenta al país un relato que no existe». El analista Dario Di Vico, en ‘Il Foglio’, periódico liberal, resume la tensión interna y externa que atraviesa a la CGIL al describir a Landini como un líder que ha llevado a su sindicato hacia un modelo combativo, cercano a los Cobas (comités autónomos de base, de fuerte tradición asamblearia): más lucha política que negociación, más plaza que mesa de diálogo, más coalición social que unidad sindical.
El balance de la jornada es revelador: Italia no se paraliza, pero tampoco es indiferente. La huelga exhibe el malestar social, pero también los límites de un sindicalismo que ya no moviliza como antes. Entre un Gobierno que presume de «disgustos limitados» y un sindicato que reivindica «plazas llenas», la disputa va más allá de la ley de presupuestos: es una batalla política en la que Landini, con claras aspiraciones políticas, según muchos analistas, es hoy el protagonista visible en su pulso al Gobierno de Meloni.
