El ataque se conoció primero por una frase suelta del presidente de Estados Unidos que pasó casi desapercibida durante varios días y solo después fue tomando forma como una operación concreta, ejecutada dentro del territorio venezolano. Durante ese tiempo, la información circuló de manera fragmentada, … entre declaraciones ambiguas, silencios oficiales y filtraciones dosificadas. Finalmente, este lunes, fuentes estadounidenses confirmaron que la CIA llevó a cabo un ataque con dron contra una instalación portuaria en la costa de Venezuela, en lo que supone la primera operación conocida de EE.UU. dentro del país.
Donald Trump habló por primera vez del asunto el 26 de diciembre, en una entrevista telefónica, sin dar detalles técnicos ni identificar a los responsables directos. Lo hizo desde Mar-a-Lago, aludiendo a una explosión en una zona portuaria utilizada para cargar drogas en embarcaciones. No precisó el lugar exacto, el método empleado ni la autoría operativa, pero dejó claro que Estados Unidos estaba detrás de la acción. La Casa Blanca evitó durante días confirmar oficialmente el ataque y no emitió ningún comunicado explicativo. Solo cuando el lunes Trump volvió a referirse al episodio, la presidencia permitió que se filtraran algunos detalles.
Según esas fuentes, la acción fue ejecutada por la CIA, mediante un dron, y tuvo como objetivo un muelle en la costa venezolana. El propio Trump ratificó después la responsabilidad de EE.UU., aunque volvió a eludir detalles sobre cómo se llevó a cabo la operación y qué organismo concreto la ejecutó.
Los datos verificados indican que el ataque se produjo la semana anterior al 29 de diciembre de 2025, probablemente un miércoles. El objetivo fue un muelle que, según las autoridades estadounidenses, era utilizado por el grupo criminal Tren de Aragua para almacenar drogas y preparar su traslado en barcos. Washington sostiene que la instalación formaba parte de una red logística vinculada al narcotráfico.
La reacción en Washington ha sido, hasta ahora, de silencio casi absoluto. La Casa Blanca no ha emitido ningún comunicado formal ni ha explicado el encaje legal de la operación, y no consta que el Ejecutivo haya notificado al Capitolio en los términos que exigiría una acción militar abierta o una resolución de poderes de guerra. Esa ausencia de notificación ayuda a explicar el mutismo que rodea el caso.
Silencio de los demócratas
El silencio no se limita al Ejecutivo. Tampoco desde la oposición demócrata se han producido reacciones públicas relevantes ni peticiones formales de explicaciones, al menos hasta el momento, en un contexto marcado además por el receso parlamentario de Año Nuevo. En el Congreso no se ha abierto un debate visible sobre la legalidad o el alcance de la operación, ni se han anunciado audiencias o requerimientos de información. Washington permanece así en una especie de pausa política, con un ataque reconocido de facto por el presidente, pero sin el acompañamiento institucional habitual.
Ese mutismo refuerza la naturaleza ambigua del episodio. Al no tratarse de una operación militar declarada, sino de una acción atribuida a la CIA, la Administración Trump evita activar los mecanismos formales de control parlamentario asociados a un conflicto armado.
Ataque de la CIA
En el momento del ataque no había personas en el lugar, por lo que no se registraron muertos ni heridos, según las fuentes consultada
En el momento del ataque no había personas en el lugar, por lo que no se registraron muertos ni heridos, según las fuentes consultadas. El muelle sufrió daños materiales, aunque no se ha difundido una evaluación oficial sobre el alcance exacto de la destrucción.
Primera operación en suelo venezolano
Se trata de la primera operación conocida de Estados Unidos dentro del territorio venezolano. Hasta ahora, la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro se había materializado en acciones fuera del país, como ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas internacionales y la incautación de petroleros venezolanos sancionados.
El régimen venezolano no confirmó oficialmente el ataque. No hubo comparecencia del Gobierno ni reconocimiento explícito de lo ocurrido. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, denunció lo que calificó como una campaña de «agresiones» y «hostigamiento» por parte de EE.UU., sin referirse de manera directa a un ataque concreto ni aportar información sobre daños o consecuencias.
Según las informaciones publicadas en Estados Unidos, la CIA llevaba tiempo elaborando informes de inteligencia sobre presuntas instalaciones vinculadas al narcotráfico en Venezuela y Colombia, como parte de una planificación más amplia. El ataque con dron encajaría en ese marco de preparación previa.
El uso de la CIA. en esta operación marca una diferencia respecto a los últimos años. Durante la presidencia de Barack Obama, la agencia ejecutó ataques con drones en países como Pakistán, Yemen o Somalia. Posteriormente, ese tipo de operaciones quedó en manos del Ejército estadounidense. No está claro si el dron utilizado en Venezuela pertenecía a la CIA o fue facilitado por el Pentágono. Las autoridades militares han evitado pronunciarse.
La CIA llevaba tiempo elaborando informes de inteligencia sobre presuntas instalaciones vinculadas al narcotráfico
en Venezuela y Colombia
El Pentágono mantiene desplegados drones MQ-9 Reaper en bases de Puerto Rico como parte de la campaña de presión sobre Venezuela. Estos aparatos pueden portar misiles Hellfire y han sido utilizados en operaciones de vigilancia y ataque en otros escenarios.
Ola de ataques
Desde el 2 de septiembre de 2025, Estados Unidos ha llevado a cabo al menos 30 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental que la Administración Trump identifica como vinculadas al narcotráfico. Según datos difundidos por las propias autoridades estadounidenses, estas operaciones han causado al menos 107 muertos y el rescate confirmado de dos personas.
Los ataques comenzaron en el Caribe y, con el paso de las semanas, se han desplazado de forma creciente hacia el Pacífico oriental. Las cifras proceden de comunicaciones oficiales del Gobierno de Estados Unidos y de publicaciones del presidente y del secretario de Defensa, y no han sido verificadas de forma independiente. Se trata de una campaña sin precedentes por su volumen y por el uso sistemático de fuerza letal contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas, un ámbito que hasta ahora se había abordado principalmente desde el terreno policial y judicial.
Venezuela
El ministro del Interior denuncia una campaña de «agresiones» y «hostigamiento» por parte de EE.UU.
En paralelo, este martes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones relacionadas con el programa de drones de origen iraní utilizado por Venezuela. Las medidas apuntan a una empresa venezolana y a varios individuos en Venezuela e Irán, a los que Washington atribuye un papel directo en la adquisición, el ensamblaje y el mantenimiento de drones de combate de diseño iraní empleados por las Fuerzas Armadas venezolanas.
Según el Tesoro, los aparatos implicados pertenecen a la familia iraní Mohajer, en particular los modelos Mohajer-2 y Mohajer-6, que habrían sido ensamblados en Venezuela y rebautizados localmente como la serie ANSU. La investigación estadounidense sitúa este programa en instalaciones militares concretas, incluidas bases aéreas donde se realizarían tareas de ensamblaje parcial, pruebas y mantenimiento, con apoyo técnico procedente de Irán.
