Los suicidios aumentan en Francia, cuando disminuyen en Europa. Doce muertes y ocho intentos por parte de funcionarios del Ministerio de Economía, Finanzas y Recuperación, más concretamente en la Dirección General de Finazas Públicas, desde enero, han recordado la gravedad de una tragedia nacional que … se confunde con los orígenes de la crisis política más grave desde la fundación de la V República, entre 1958 y 1962.
Esa última ola de suicidios, en el Ministerio de Finanzas, comenzó el 10 de enero pasado, cuando sus colegas descubrieron, en el Centro de Finanzas de Saint-Denis, a una joven inspectora que había decidido ahorcarse en la entrada del edificio. Nadie deseó saber, ni deseó explicar ni comprender porqué una suicida sin problemas decide ahorcarse en la puerta del edificio donde trabaja. Este detalle tan simbólico ha quedado sin explicación.
Seis meses después, ni el Gobierno, ni el Ministerio, nadie, ha deseado comentar las circunstancias de los sucesivos suicidios e intentos de suicidios. Los sindicatos han pedido «explicaciones» al ministerio, que ha prometido «reuniones» de trabajo, los próximos días, para «intentar comprender».
Sandra Demarcq, secretaria general del sindicato Solidarios-Finanzas, reacciona al silencio de las administraciones públicas de este modo: «Han sucedido muchos problemas, pero las razones de un suicidio son múltiples, por lo general. Y la dirección tiende a evitar comentar los factores profesionales. Se ha abierto una investigación sobre los distintos sitios donde se produjeron los suicidios. De momento nadie comprende ni desea ir más allá de la evidencia. A nosotros nos gustaría conocer los eventuales problemas laborales, en algunos casos. Pero, de momento, solo se han convocado reuniones de trabajo para intentar comprender».
El 2012, cuando se aceleró la crisis nacional, política, financiera, institucional, con el titubeante comienzo de la presidencia de François Hollande, y se aceleraba el crecimiento de los déficits del Estado y la Deuda pública, hace trece años, la Dirección general de las finanzas públicas (DGFP), dependiente del Ministerio de Economía, anunció que diecinueve funcionarios de esas mismas administraciones se habían suicidado. Oficialmente, esa tragedia fue explicada por «razones coyunturales». En verdad, trece años después, comenzamos a comprender que había comenzado a agravarse una tragedia nacional muy profunda.
Según las estadísticas oficiales de Eurostat, los suicidios han disminuido en la Unión Europea (UE) en un 13 % durante los diez últimos años. Durante ese mismo intervalo de tiempo, entre 2017 y 2023, los intentos de suicidios y los suicidios comenzaron a aumentar de manera significativa y constante en Francia.
Según Santé Publique, institución oficial, las muertes por suicidio, en Francia, entre 2017 y 2021, crecieron de 20 a 22 casos por cada 100.000 habitantes cada año. Por las mismas fechas, las hospitalizaciones por intentos de suicidio crecieron de manera espectacular de 137 a 168 intentos por cada 100.000 habitantes. Dicho de otra manera: durante la última década comenzó a crecer la angustia social que se ponía de manifiesto con los intentos de suicidio. Los hospitales consiguieron salvar muchas vidas de hombres y mujeres angustiados por su futuro.
La última ola de funcionarios con tentaciones suicidas, en el Ministerio de Economía y Finanzas, durante el primer semestre de este año se inscribe en esa ascensión de una angustia social con raíces muy profundas.
Entre 1976 y 2002, el suicidio, en Francia, fue cosa de agricultores, obreros pobres y profesiones con poco futuro. Funcionarios y franceses con profesiones sólidas estaban muy alejados de cualquier tentación de suicidio.
Esa tendencia tomó otro rumbo a finales del siglo XX y comenzó a «evolucionar» durante la última década.
Según las estadísticas oficiales, en Francia se suicida un agricultor cada dos días. Tragedia indisociable de la «metamorfosis» muy profunda de la agricultura francesa. Los agricultores ricos viven muy bien. Los agricultores pobres votan a la extrema derecha.
Las crisis de los suburbios que comenzaron a estallar en 2005, sucediendo de manera regular cada año o cada dos años, pusieron de manifiesto otra evolución del suicidio en Francia: Según las estadísticas oficiales, durante el 2022 se suicidaron 46 policías. Poco menos de un suicidio por día. Cifra muy semejante a la de años anteriores. En su día, el sindicato policial Alternativa denunció el comportamiento de sucesivos gobiernos de izquierda (Hollande) y derecha (Macron) insensibles a la grave crisis que no ha dejado de crecer entre la Policía y el resto de las fuerzas de seguridad del Estado.
Por las mismas fechas se detecto el crecimiento del suicidio entre los obreros de algunas empresas del sector público, como France Telecom. Entre el 2008 y el 2009 existieron 35 suicidios en la gran empresa pública, cuando comenzaba a estallar la metamorfosis nacional de la telefonía móvil.
Hasta ayer, los funcionarios de las administraciones públicas estaban ausentes en las tentaciones suicidas y la angustia social grave. Esa es la barrera que han roto los suicidas del Ministerio de Finanzas. Jacques Reluce, psicoanalista, analiza la crisis de este modo: «El Gobierno y el Ministerio no saben ni quieren explicar lo que ocurre. Los funcionarios del Ministerio de Economia y Finanzas, por el contrario, están en el corazón de la crisis de las finanzas públicas. Los empresarios, la direccion del Banco de Francia, la direccional general del Tesoro, han denunciado la crisis históricas de las finanzas del Estado. Los funcionarios, ellos, manejan a toda hora las cifras básicas de ese desastre. Parece normal que muchos de ellos sientan una cierta angustia, si, para colmo, atraviesan alguna crisis personal o familiar. Todas las crisis tienen cosas y raíces en común».

El Parlamento griego aprobó este viernes con 177 votos a favor del grupo conservador Nueva Democracia y de Solución Griega, 74 votos en contra y 42 abstenciones, una enmienda que tiene como objetivo frenar el creciente flujo migratorio, especialmente el que llega a … las islas de Creta y Gavdos por la denominada ruta libia.
La controvertida medida prevé la imposibilidad de solicitar asilo a los inmigrantes que lleguen de forma irregular principalmente desde la costa de Libia. Estas personas serán detenidas y deportadas de forma inmediata a su país de origen o al lugar desde donde emprendieron su viaje a Grecia. Además, según lo anunciado en la sesión parlamentaria, hasta que se produzca su repatriación, los inmigrantes permanecerán retenidos en centros especiales que serán habilitados en Creta.
Durante su intervención en el Parlamento, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, afirmó que «Grecia no es la ruta fácil» y defendió la necesidad de una respuesta unificada europea frente a la presión migratoria.

Por su parte, el ministro de Migraciones y Asilo, Thanos Plevris, anunció un nuevo proyecto de ley que criminalizará la estancia irregular en Grecia. El ministro calificó las llegadas desde el norte de África como «una operación de invasión hacia Europa» y advirtió de la presencia de «tres millones de personas en la costa de Libia» esperando llegar a Europa.
Según el ministro Plevris, más de 500 personas cruzaron este jueves la frontera sur de Grecia. El ministro afirmó que ninguna de ellas –en su mayoría procedentes de Egipto– cumple con los requisitos para recibir protección internacional. En un tono contundente, pidió poner fin a lo que calificó como «el cuento de hadas que cuentan las niñeras», en referencia a las posturas de los partidos de la oposición que piden que no se elimine para estas personas la posibilidad de iniciar los trámites de asilo.

Rechazo de la oposición griega

Los principales partidos de la oposición denunciaron la inconstitucionalidad de la medida y alegaron que es también contraria a lo establecido por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y de la Convención de Ginebra, que garantiza el derecho de las persona a solicitar asilo.
Desde Syriza-A.P, calificaron la enmienda como «una devolución en caliente de facto» que, además, viola el derecho internacional. Advirtieron de que la medida crea un «limbo legal» al suprimir la distinción entre refugiados e inmigrantes económicos, creando «zonas grises» donde muchas personas quedarán sin un estatus legal definido.
Los socialistas del Pasok-Kinal optaron por abstenerse durante la votación, al considerar que se trata de una medida populista que no ofrece una solución estructural al problema y que vulnera la Constitución griega. En su lugar, propusieron agilizar los procedimientos de asilo para que, una vez denegada la solicitud, los inmigrantes puedan ser repatriados de inmediato a sus países de origen. Según el líder socialista, Nikos Andrulakis, el 80% de los solicitantes de asilo no son refugiados, sino inmigrantes, en su mayoría de países con los que Grecia tiene acuerdos bilaterales.
Frente a las críticas, el portavoz del Gobierno, Pavlos Marinakis, defendió la legalidad de la reforma, asegurando que se trata de «una decisión necesaria y absolutamente legítima para el bien del país y de sus ciudadanos».
El ministro de Asuntos Exteriores, Yorgos Gerapetritis, calificó la situación actual como «una amenaza potencial» y justificó la urgencia de las actuaciones «ante un fenómeno que puede tornarse muy peligroso». Si bien ha puesto de relieve que se trata de una medida con carácter temporal, para afrontar una situación de emergencia y con el objetivo de enviar el mensaje a los traficantes de que la frontera griega está cerrada.
Por su parte, Plevris señalo que se trata de «circunstancias extraordinarias», similares a las acontecidas en 2020 en la región fronteriza de Evros, y aseguró que se consultó previamente a la Comisión Europea.
Tras un acalorado debate, la objeción de inconstitucionalidad fue finalmente rechazada por mayoría absoluta.

Críticas internacionales

La enmienda también ha sido criticada por Acnur, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, a través de un comunicado que la medida viola el principio de no devolución. Asimismo, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, recordó que la medida viola lo establecido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Tras la votación en el Parlamento, tuvo lugar una reunión urgente en el Ministerio de Migraciones y Asilo en el que se establecieron los pasos para gestionar las llegadas masivas en Creta.

Este viernes la Justicia argentina ha tomado una decisión con respecto a las condiciones en las cuales la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple su pena de prisión domiciliaria. La Cámara de Casación, que contaba con apenas cinco días para expedirse luego de haber … sido presentadas las apelaciones tanto de la fiscalía como de la defensa, ha resuelto que la exjefa de Estado puede continuar presa en su piso porteño del barrio de Constitución, pero debe seguir utilizando tobillera electrónica.
La líder kirchnerista fue condenada por corrupción en la Causa Vialidad. Por ese motivo, debe cumplir seis años de prisión. Además, fue inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, lo cual la deja fuera de la carrera de las elecciones legislativas del mes de octubre. Este mismo viernes se dio a conocer también que tanto la expresidenta como los otros condenados deben devolver al Estado más de 500 millones de dólares.

Se mantiene el domicilio

A comienzos de esta semana tuvo lugar una audiencia en Buenos Aires en la cual se fueron presentadas las apelaciones tanto de la fiscalía como de la defensa de la exmandataria por la Causa Vialidad. Curiosamente, minutos antes de que comenzara la cita, la fiscalía tomó la decisión de retirar el pedido que había realizado para que la política kirchnerista cumpliera el resto de su condena en una prisión ordinaria como es el caso de la mayoría de los condenados en la misma causa. Cabe recordar que el beneficio de la prisión domiciliaria le había sido otorgado por tener más de 70 años.

Sin embargo, el lunes el fiscal general Mario Villar había solicitado a la Cámara de Casación que Cristina Fernández de Kirchner fuera trasladada a otro domicilio, argumentando que su presencia en el barrio de Constitución alteraba el orden de los vecinos. Este viernes este pedido ha sido denegado por la Justicia en su resolución.

Sobre la tobillera y las visitas

No obstante, la defensa de la expresidenta tampoco obtuvo mucho éxito en sus apelaciones presentadas a la Cámara de Casación. Una de ellas se refería al uso de tobillera electrónica, que consideraba innecesario en este caso. Y la otra, al régimen de visitas, dado el desacuerdo de la exmandataria en tener que pedir autorización en algunas ocasiones, como ocurrió días atrás cuando recibió desde la prisión domiciliaria a su aliado político, el expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
La resolución dada a conocer este viernes ha rechazado ambos pedidos de la defensa y, en consecuencia, obliga a la expresidenta a continuar utilizando el dispositivo electrónico. «Hasta el momento, no se ha incorporado elemento probatorio alguno que acredite la existencia de un impedimento material, técnico o médico que torne inviable o desaconsejable la utilización del dispositivo de vigilancia electrónica en el caso de la condenada», expresa el documento de tribunal.
El fallo de la Cámara de Casación también mantiene la regla por la cual Cristina Fernández de Kirchner debe pedir permiso en caso de recibir visitas que no se encuentran dentro de la lista de sus familiares y amigos. «El arraigo y el bienestar social de la señora penada también permanecen plenamente garantizados. Su familia, abogados y médicos tienen acceso irrestricto», aclara el texto.
Hacia el final, el documento considera que «lejos de implicar una afectación ilegítima, ambas medidas son compatibles con los estándares legales vigentes, funcionales a la modalidad adoptada, y, en el caso concreto, razonables frente a la gravedad institucional de los hechos juzgados«.