Nicolás Maduro se va quedando solo y debilitado, nada menos que en sus propias narices frente a las turbulentas aguas del mar Caribe tomadas por la fuerza armada de Estados Unidos, donde su aliado y amigo Ralph Consalves, el primer ministro de San … Vincent y las Granadinas, fue derrotado este jueves en las elecciones de la isla antillana tras 25 años en el poder.
Ralph Gonsalves, un político vincentino líder del partido ULP (Partido de Unidad Laborista) de 79 años, era un amigo fiel de la familia presidencial de Maduro, su mujer Cilia Flores y sus sobrinos, hasta que terminó la larga luna de miel caribeña el pasado jueves cuando Godwin Friday del partido centroderechista ganó los comicios, poniendo fin al prolongado gobierno izquierdista y chavista.
Desde el año 2000 cuando Gonsalves asumió la jefatura de la isla afiliada a la comunidad británica comenzó a tejerse la relación con el entonces presidente Hugo Chávez y su gobierno y luego con Maduro. Todos los años visitaba Caracas y llegó a presidir el Caricom de 14 miembros.

La isla británica solo tiene una población de 100.000 habitantes pero su voto vale tanto en la OEA y la ONU como el de EE.UU. por lo que su votación y su influencia en el Caribe se alineaba siempre a favor del régimen chavista. Así se demostró en su votación registrada a lo largo de los 25 años.

Un refugio frustrado

A cambio, el régimen de Maduro, que acariciaba alguna vez refugiarse en la isla paradisíaca de su aliado Gonzalves, fue cimentando la infraestructura de la isla para ese momento. Maduro y su mujer Cilia Flores financiaron la construcción del aeropuerto de Sant Vincent y otras obras sociales de la isla caribeña.
Sin embargo, el financiamiento de Venezuela ya no fue suficiente para que Gonsalves siguiera en el poder. El opositor Friday, del Nuevo Partido Democrática (NPD), logró desbancarlo y tener la mayoría del parlamento (15 de 14 escaños) en los comicios de la semana pasada. Gonsalves se quedó con el único escaño de su partido.
Maduro ha condonado la deuda petrolera de Sant Vicente y de la República Dominicana y estos dos países le han dado la espalda.
Maduro presenta el síndrome del ser abandonado después de haber comprado la voluntad de otros durante años. Incluso ha amenazado al Gobierno de Trinidad y Tobago con atacarle por haber facilitado su territorio para instalar una base militar de EEUU. Igual tono ha sido con Guyana, más allá de la reclamación territorial legítima del Esequibo, que después de beneficiarse con los créditos blandos del suministro petrolero venezolano de Petrocaribe (2% de interés en 20 años) le dan la espalda.
Los negocios del hondureño Manuel Zelaya, al haber sido puesto por Maduro como jefe de Petrocaribe, tampoco le han dado resultados positivos para mantenerse en el poder en Caracas.
En las últimas elecciones celebradas en América Latina destaca la consolidación del partido de Javier Milei en las legislativas celebradas en Argentina el pasado mes de octubre, golpeando al peronismo y al kirchnerismo, en estos momentos hundidos en la ola de condenas y denuncias sobre corrupción.
«La elecciones en San Vicente y las Granadinas, los comicios legislativos de medio término en Argentina, la paliza que recibió la izquierda en Chile (queda la segunda vuelta, que se celebrará el 14 de diciembre) y el fin de 20 años de socialismo en Bolivia son la marcha fúnebre de la izquierda derrotado», afirma Arturo McFields Yescas, exembajador de Nicaragua ante la OEA, en Panampost.
Según Mcfields, la caída del régimen de Venezuela será fundamental para la libertad de América Latina. «No solo se trata de liberar a este país de la miseria, el narcotráfico y terrorismo. No. Se trata del principio del fin de las dictaduras de Nicaragua y Cuba».
El también periodista nicaragüense asegura que «las dictaduras no son eternas tienen fecha de caducidad. El principal problema es que no todas caen por los votos o procesos convencionales. Hay regímenes donde ya se intentó de todo y la única opción es la fuerza militar. No es la mejor, pero es la única».

De Chile a Bolivia

En Chile ganó la primera vuelta la comunista Jeannette Jara pero José Antonio Kast, el candidato derechista, aparece como favorito para la segunda vuelta según las encuestas.
En Bolivia, Rodrigo Paz ha dejado atrás dos décadas de izquierdismo, dominadas por el partido MAS, y ha roto con el aislamiento internacional. El nuevo presidente ha retomado las relaciones diplomáticas con Israel y Estados Unidos, y ha restablecido contactos con el FMI, el BID y el Banco Mundial.
Para McFields, Brasil y Colombia siguen por el mismo camino de cambiar de color el próximo año de cara a las elecciones previstas del 2026. «Colombia dice hasta nunca Petro. El peor presidente de la historia reciente de ese país se va en 2026 dejando la patria en llamas. Colombia se cae a pedazos por las drogas, el crimen y la corrupción gubernamental. Petro no fue un servidor del pueblo sino un adversario», asegura el analista.
En cuanto a Brasil, »Lula se prepara para hacer sus maletas en 2026. El líder del partido de los trabajadores no logró cumplir sus promesas económicas y se dedicó a defender tiranos y terroristas», mantiene McFields.

Benjamín Netanyahu siguió el ejemplo de Donald Trump y pidió al presidente Isaac Herzog que lo indulte en su largo juicio por corrupción. El primer ministro israelí, como hiciera el presidente de Estados Unidos hace dos semanas, dirigió a Herzog una petición oficial … de perdón y poco después difundió un video en redes sociales para explicar que hubiera preferido demostrar su inocencia ante el tribunal, pero que el “interés nacional” exige lo contrario.
Alcanzado un acuerdo en Gaza, Netanyahu se prepara para las elecciones de 2026, que podrían celebrarse en octubre, pero sólo podrá presentarse siempre y cuando no haya sido condenado. Dado el ritmo del juicio y las interrupciones acumuladas desde 2020, una condena el próximo año es posible en teoría, pero en la práctica poco probable. Los medios israelíes señalan que podría llegar en 2027 o 2028. El primer ministro con más tiempo en el cargo tiene prisa por arreglar sus problemas con la Justicia y lo quiere hacer por la vía rápida.
La pelota está ahora en el tejado del presidente Herzog, quien calificó la petición de “extraordinaria”. La oficina presidencial afirmó analizará la solicitud “responsable y sinceramente” y tomará una decisión tras solicitar la opinión de expertos. Yair Lapid, líder de la oposición, dijo que “el presidente no puede indultar a Netanyahu sin una admisión de culpabilidad, una expresión de remordimiento y un retiro inmediato de la vida política”. En opinión de Lapid, un perdón sin esas condiciones sería “una violación del Estado de derecho”. Merav Michaeli, líder laborista, advirtió que el perdón “sería un colapso moral. Israel no puede convertirse en un estado donde los poderosos borren sus crímenes en lugar de enfrentar la Justicia”.

Netanyahu fue acusado en 2019 de soborno, fraude y abuso de confianza en relación con tres casos separados, pero interrelacionados, y lleva cinco años en juicio. El líder del Likud denuncia que se trata de una “caza de brujas” y defiende su inocencia. Los casos contra el primer ministro son los conocidos como ‘Caso 1000’, en el que está imputado por fraude y violación de confianza por recibir regalos como puros, joyas y viajes por un valor de unos 180.000 euros de empresarios millonarios de Hollywood, a cambio de favores. El ‘Caso 2000’, en el que le imputan también por fraude y violación de confianza debido a la conspiración con el dueño del diario ‘Yedioth Ahronoth’, Arnon Mozes, también acusado, a cambio de obtener una cobertura favorable.

En opinión de Lapid, un perdón sin esas condiciones sería “una violación del Estado de derecho”

El tercer caso, y el más grave, es el ‘Caso 4000′, en el que hace frente a cargos por sobornos, fraude y violación de confianza tras presionar para garantizarse una cobertura informativa favorable para él y su mujer al portal de noticias Walla.
El periodista Anshel Pfeffer, autor de ‘Bibi: The Turbulent Life and Times of Benjamin Netanyahu’, explicó en su perfil de X que, realidad, el primer ministro “no pide indulto, exige inmunidad procesal. Ahora le toca a Herzog, y si cede, entonces al Tribunal Supremo”.

Críticas al sistema judicial

El proceso legal ha sufrido innumerables retrasos, primero por la Covid y luego por la guerra en Gaza. En su mensaje de vídeo, Netanyahu señaló que, debido a la “realidad política y de seguridad” de Israel, tener que comparecer ante el tribunal para testificar tres veces por semana es “una exigencia imposible”. El dirigente conservador estima que “cada vez está más claro que se han cometido delitos graves en la construcción del caso en mi contra”, pero no aportó prueba alguna al respecto.
Los aliados de Netanyahu se sumaron a su petición de perdón y apuntaron al sistema judicial como el culpable de la situación, confirmado la vieja aspiración del Gobierno de cambiar el sistema. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, afirmó que “es evidente para cualquier persona razonable que Netanyahu ha sido perseguido durante años por un sistema judicial corrupto que fabricó casos políticos en su contra”. El responsable de Educación, Yoav Kisch, denunció que el juicio está causando “graves daños a la capacidad del primer ministro para aprovechar las oportunidades políticas con el presidente Trump”.
El país está dividido en torno a la figura del primer ministro y esta petición de indulto volvió a hacerlo evidente. A las pocas horas de que miles de personas se echaran a las calles de Tel Aviv para pedir una comisión estatal de investigación sobre lo ocurrido el 7 de octubre, Netanyahu desvió de nuevo el foco de esa investigación que podría determinar su responsabilidad política en el “sábado negro”.

Honduras llega este domingo a unas elecciones de alto voltaje con la oposición de derecha alertando de un posible fraude y con la injerencia directa de Donald Trump, que acusa al país de deslizarse hacia una deriva «castrochavista» y respalda públicamente a su candidato preferido, … Nasry Asfura, del Partido Nacional. En un clima marcado por errores logísticos en las primarias, tensiones institucionales y una desconfianza extendida, el país se enfrenta a una votación cuyo resultado difícilmente será aceptado sin disputa.
Estas elecciones importan porque Honduras es sede de Soto Cano, la base estratégica desde la que Estados Unidos proyecta operaciones militares y de seguridad en toda Centroamérica; porque el país es un nudo central del narcotráfico y de la cooperación bilateral en extradiciones y operaciones conjuntas, cuya continuidad depende de la estabilidad del poder; y porque Honduras se ha convertido en un escenario de competencia geopolítica entre Washington y Pekín, con decisiones recientes que afectan inversiones, infraestructura y alineamientos diplomáticos.
Honduras se juega este 30 de noviembre una elección general a una sola vuelta en la que más de seis millones de ciudadanos renovarán la presidencia, los 128 escaños del Congreso, las 298 alcaldías y los 20 representantes al Parlamento Centroamericano, en un proceso en que se prueba un nuevo sistema de telemetría y recuento. Tres candidaturas competitivas disputan el poder: la de la ex ministra de Defensa, Rixi Moncada; la de Salvador Nasralla, que es el favorito en las encuestas, y la de Nasry Asfura, líder del grupo conservador.

Se vota en un país bajo estado de excepción, una herramienta que el Gobierno sostiene como imprescindible para contener a las pandillas y al crimen organizado en zonas urbanas donde la violencia marca el ritmo de la vida diaria. La presidenta Xiomara Castro lo impuso para habilitar allanamientos, capturas y retenes sin los límites habituales y para ampliar el papel de la policía y del Ejército en barrios dominados por extorsiones, homicidios y control territorial. La medida replica el modelo salvadoreño y suspende garantías básicas como la libertad de circulación y la exigencia de orden judicial.
En estas elecciones, Estados Unidos es un factor clave, por la diáspora y porque una parte considerable del Producto Interior Bruto Hondureño, casi un 25%, proviene de las remesas, dinero enviado desde allí. De ahí el peso que tienen las palabras de Trump, que ha dicho abiertamente que «si [Asfura] no gana, Estados Unidos no malgastará más dinero, porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a un país, sea cual sea».

El extranjero queda limitado a Estados Unidos, en 12 ciudades estadounidenses —entre ellas Houston, Miami, Washington, Los Ángeles y Nueva York— donde están registrados unos 430.000 hondureños. Esas son las únicas sedes donde la diáspora podrá participar. En cambio, España quedó excluida del proceso pese a que se propuso abrir centros en Madrid, Barcelona y Valencia. La autoridad electoral rechazó la iniciativa por mayoría, alegando dificultades técnicas, falta de reglamento y limitaciones de la red consular. La decisión deja sin voto a más de 67.000 hondureños que estaban previstos en esas tres ciudades y a una comunidad más amplia de unas 240.000 personas empadronadas en España.
Las primarias de marzo dejaron al descubierto graves fallos logísticos que afectaron a más de un millón de votantes y generaron choques entre el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, las Fuerzas Armadas y la fiscalía. Desde entonces se acumularon retrasos adicionales: falta de conectividad via satélite en los colegios, retiro de un contratista logístico a pocas semanas de la elección y la necesidad de activar un procedimiento acelerado para sustituir funciones críticas del sistema. Estos elementos sostienen la preocupación de que el resultado no sea aceptado sin disputa, y que el poder aproveche para perpetuarse.

500 observadores

Los antecedentes recientes alimentan esa inquietud. El país ya vivió una crisis postelectoral en 2017, cuando el resultado fue cuestionado en medio de disturbios, denuncias de irregularidades y tensiones institucionales. Finalmente Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, se declaró ganador y revalidó el cargo. Tras haber sido condenado en Estados Unidos por narcotráfico, ha sido indultado esta semana por Trump.
La elección de este domingo se desarrolla, además, en un contexto donde el Gobierno ha ampliado el rol de los militares más allá de los límites habituales, en medio de estados de excepción sucesivos y una tasa de homicidios que sigue siendo la más alta de Centroamérica: 25,3 homicidios por cada 100 000 habitantes. Esta combinación refuerza el temor a escenarios de impugnación o conflicto tras el anuncio preliminar previsto para las 21:00, las 04.00 del lunes en Madrid.
La observación internacional será una pieza central del proceso. Ya están desplegados en el país alrededor de 500 observadores, incluyendo misiones de la OEA y de la Unión Europea, esta última con unos 120 delegados distribuidos en distintas regiones. A nivel interno, la repentina acreditación de más de nueve mil observadores locales en 48 horas, muchos de ellos vinculados al oficialismo, ha generado dudas sobre la transparencia del mecanismo. La UE tiene previsto emitir un informe dos días después de la elección, un documento que influirá en la lectura del proceso y en la posición de actores internacionales.
Una crisis postelectoral podría afectar la cooperación en seguridad con Estados Unidos, incluidas las extradiciones masivas que ha comenzado Trump y operaciones conjuntas, así como el funcionamiento de la base de Soto Cano, que es el principal centro operativo militar estadounidense en Centroamérica. También podría incidir en la competencia geopolítica abierta tras el giro de Xiomara Castro hacia China en 2023 y en la continuidad de acuerdos migratorios y comerciales clave.