Entraron de golpe, sin aviso, como un grupo organizado que sabía exactamente lo que quería hacer. Seis hombres, con camisetas rojas y negras con un mismo nombre estampado en grande en varias de ellas: «Rixi». Algunos iban con gorras, otros con pañuelos en el … brazo, y todos avanzaban formando un cerco sobre el aula donde estábamos periodistas y observadores internacionales. Era el centro de votación 10565 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un punto clave en Tegucigalpa. Apenas cruzaron la puerta empezaron los gritos: «Fuera de Honduras», «No queremos extranjeros», «Aquí nadie mira el conteo». La orden era directa y hostil, dirigida a quienes habíamos llegado para documentar el cierre y el recuento.
GRAVÍSIMO. Colectivos del partido Libre, oficialista, expulsan a observadores internacionales y periodistas para que no presencien el recuento de votos en la urna 10565 de la UNAH en Tegucigalpa. #Honduras pic.twitter.com/X2NEPkMUQj— David Alandete (@alandete) December 1, 2025
Los observadores, algunos acreditados por misiones internacionales, otros independientes, intentaron explicar que tenían derecho a permanecer en el aula. No hubo espacio para diálogo. Uno de los hombres dio un empujón a un periodista que grababa con el móvil. Otro empezó a cerrar el acceso desde afuera. En cuestión de segundos, la sala quedó bajo su control. Nosotros, presionados hacia el pasillo, quedamos encerrados.
Aquel grupo no actuaba por cuenta propia. Obedecía al aparato del oficialismo. Las camisetas con el nombre de Rixi Moncada, candidata del partido Libre y figura estrechamente ligada a la presidenta Xiomara Castro, eran un mensaje en sí mismas. A lo largo del día, Rixi ya había declarado que iba ganando, incluso antes de que empezara el recuento en buena parte del país. Para la oposición, eso se ha vivido como la señal de una estrategia más amplia: administrar el caos, expulsar a los testigos y blindar los espacios donde se cuentan los votos.
Pido mucha atención a lo que está sucediendo ahora en Honduras. Grupos que ven en la imagen, del oficialista Partido Libre, fuerzan el cierre anticipado de una urna y tratan de expulsar a observadores internacionales para que no presencien el recuento. Muy tenso y peligroso. pic.twitter.com/PkL3TOLoh7— David Alandete (@alandete) December 1, 2025
La expulsión forzosa de observadores y prensa agravó ese temor. La presencia de un grupo organizado, alineado con el partido en el poder y dispuesto a forzar físicamente la salida de cualquier mirada independiente, convirtió el recuento de este centro en un proceso totalmente opaco. Lo ocurrido encaja, además, con las advertencias que los partidos opositores llevan días repitiendo: que ciertos sectores del oficialismo podrían empujar el proceso hacia una deriva en la que el caos funcione como herramienta para legitimar un resultado cerrado desde arriba.

La presidenta de mesa, del opositor Partido Nacional, estaba visiblemente alterada

Explicó que ese grupo la había obligado a cerrar la urna antes del horario oficial, dejando a decenas de hondureños sin posibilidad de votar. Yo mismo vi cómo una mujer vestida de rojo, del mismo grupo, se le acercaba con el móvil en alto, grabándola y exigiendo que cerrara el centro de inmediato. Eran las 17.40. El Consejo Nacional Electoral había ampliado la votación hasta las 18.00 por los retrasos en la entrega de material y en la apertura de los colegios, pero aun así la presionaron para detener el proceso antes de tiempo.

Momentos antes había estado en la misma universidad el favorito en las encuestas, Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal. Denunció que forzar el cierre anticipado de un centro es un delito electoral y señaló directamente al oficialismo. «Están tratando de cerrar los colegios antes de lo que ordenan las autoridades, y eso es ilegal», dijo. Según su equipo, un grupo vinculado a Libre intentó impedirle el acceso al aula donde ya se había clausurado la urna. Nasralla los increpó, reclamó que se respetara la ampliación del horario y el grupo terminó retirándose.
Esta tensión en el cierre decía mucho en una jornada ya marcada por fallos técnicos, aperturas tardías, urnas que no cuadran y un sistema biométrico que se cayó en numerosos centros. Desde las primeras horas, miles de votantes se enfrentaron a colas interminables y mesas sin material. En varios colegios de Tegucigalpa, la apertura se retrasó más de dos horas. La desorganización, lejos de resolverse con el paso del día, fue aumentando.
Por eso lo ocurrido en el 10565 no era un incidente aislado, sino un síntoma de tensión alimentada desde el oficialismo. En un país con un historial reciente de crisis poselectorales, la irrupción violenta de un grupo partidista, la expulsión de observadores y la proclamación anticipada de victoria de la candidata oficialista alimentan la sensación de que la línea entre una elección desordenada y una elección intervenida era borrosa.
Las irregularidades se habían acumulado desde la mañana y formaban ya un telón de fondo, la verdad, inquietante. El sistema biométrico falló en numerosos centros, obligando a permitir el voto sin validación de huellas o fotografía. Varias urnas abrieron con retrasos de más de dos horas porque no había material básico y en algunos colegios los votos registrados digitalmente no coincidían con las papeletas físicas. Cada presidente de mesa aplicó criterios distintos ante los fallos técnicos, lo que generó decisiones contradictorias y aumentó la desconfianza. A ello se sumaron intentos documentados de cierre anticipado de urnas incluso después de la ampliación oficial del horario, además de activistas del oficialismo moviéndose dentro de los recintos para presionar a miembros de mesa y votantes.
Ese ambiente alimentó un temor real entre la oposición y también entre no pocos observadores internacionales: que Honduras estuviera asomándose a una deriva parecida a la de Venezuela, con un proceso electoral desbordado por el caos y controlado por un solo bloque político. La proclamación anticipada de victoria por parte de Rixi, la entrada de grupos afines en centros estratégicos y la expulsión de testigos en momentos críticos ahondaron esa preocupación antes de un recuento total.

Tras sofocar las llamas, retirar los cadáveres, investigar a la empresa responsable y atender a los desplazados -con ayuda de una apabullante movilización social-, las autoridades de Hong Kong tratan ahora de silenciar la creciente indignación provocada por el incendio del miércoles en el … complejo residencial de Wang Fuk, una de las catástrofes más devastadoras en la historia moderna del territorio que deja al menos 146 fallecidos según las últimas cifras oficiales.
La Policía efectuó en la tarde del sábado el primer movimiento en ese sentido, con la detención de un estudiante. Se trata de Miles Kwan, alumno de la Universidad China de Hong Kong, quien había iniciado una petición digital en la que reclamaba cuatro medidas: «Seguir apoyando a los residentes afectados y garantizar una reubicación adecuada»; «establecer una investigación independiente sobre el incendio, incluida la presunta connivencia [gubernamental]»; «reexaminar el marco de supervisión y regulación de las obras de construcción»; «responsabilidad de los funcionarios por negligencia regulatoria». Estas exigencias estaban plasmadas en los panfletos que Kwan repartió, con ayuda de otros dos jóvenes no identificados, en la tarde del viernes en la estación de Tai Po, la más cercana al lugar de los hechos.
Para ejecutar el arresto, las autoridades invocaron la Ley de Seguridad Nacional, impuesta en 2020 por el Partido Comunista de China para cercenar los derechos y libertades del territorio, de aquella equiparables a los de una democracia occidental. Este marco jurídico castiga hasta con cadena perpetua todo acto considerado «separatismo, terrorismo, subversión de los poderes del Estado o confabulación con fuerzas extranjeras», y ha acabado con la oposición prodemocracia, los medios de comunicación y la sociedad civil.

«Alborotadores anti-Pekín»

La Oficina para la Protección de la Seguridad Nacional celebró de manera implícita la detención por medio de un comunicado. El organismo amenazaba a los «alborotadores anti-China» que «aprovechan» el incendio para «sembrar el caos» e «incitar al resentimiento» contra el Gobierno, «actos extremadamente maliciosos e indignantes, que socavan la ética social y violan la ley», por los que afrontarán «severas consecuencias».

Los damnificados se quejan de que la reforma había sido adjudicada a una empresa más cara y con un historial de infracciones

Las autoridades habrían acusado a Kwan de «sedición», aunque todavía no ha realizado declaración alguna sobre el caso. Imágenes difundidas en las redes sociales muestran al estudiante esposado y rodeado de cinco agentes de paisano, que ya casi de madrugada le conducían a su domicilio para registrar el lugar.
Este episodio evidencia la indefensión de la ciudadanía hongkonesa en esta nueva realidad sociopolítica, que arrebata cualquier mecanismo de expresión colectiva que permita exigir una rendición de cuentas al poder político. «Al igual que en el Tíbet y Xinjiang, las demandas no políticas de la población están siendo cada vez más tratadas como demandas políticas, y las autoridades están decididas a aplastar toda iniciativa independiente», apunta Maya Wang, directora asociada para Asia de Human Rights Watch.

Trama institucional

Las investigaciones preliminares ya dan por hecho que el factor fundamental de la catástrofe fueron las planchas de poliestireno que cubrían las ventanas, instaladas con motivo de las obras de renovación de la fachada en marcha desde julio de 2024. Este material, altamente inflamable, provocó la expansión de las llamas a una velocidad «inusual» y la rotura de los cristales, lo que introdujo el aire ardiente en el interior de las viviendas.
La empresa ejecutora habría cubierto todas las ventanas por adelantado en lugar de ir piso a piso, «una manera de tramitar el cobro por adelantado», comenta un experto local consultado por ABC que prefiere mantener el anonimato. La alarma antiincendios, además, estaba desactivada. Las autoridades han detenido a once personas, entre ellas a tres responsables de la firma encargada del proyecto, Prestige Construction and Engineering, acusados de homicidio imprudente.
Sin embargo, la trama va más allá de una cadena de infortunios. «El incendio de Tai Po no fue solo un trágico accidente, fue el resultado previsible de un sistema roto en el que la gestión de las urbanizaciones, los contratos de renovación y la seguridad pública han estado durante mucho tiempo socavados por la connivencia, la manipulación de licitaciones y la total ausencia de rendición de cuentas», denuncia Chung Ching Kwong, analista de la Alianza Interparlamentaria sobre China.
Son múltiples las víctimas consultadas por este diario que expresan su enfado ante un desastre evitable. Para empezar, por la adjudicación del proyecto de renovación de la fachada a Prestige Construction and Engineering, pese a que la empresa había presentado la propuesta más cara -valorada en 330 millones de dólares hongkoneses (36 millones de euros)- y tenía un historial de infracciones.

Mientras los muertos suben ya a 146, las autoridades tratan de silenciar las críticas contra la concejal del distrito, Peggy Wong

En septiembre de 2024, los vecinos descontentos lograron destituir a la dirección de la asociación de propietarios, pero las obras ya habían comenzado. Desde entonces, el Departamento de Construcción llegó a reportar tres violaciones del protocolo antiincendios en las obras de Wang Fuk, la última de ellas el pasado 20 de noviembre, apenas una semana antes del devastador fuego.
Todo ello alimenta la indignación de los damnificados, que podría adquirir dimensión política una vez transcurrido el duelo inicial, en especial dada la presunta implicación en las licitaciones de la concejal del distrito, Peggy Wong, a la que varias fuentes han aludido. Así, el recién estrenado aparato represor ha entrado en acción para reafirmar, incluso frente al dolor, las reglas de este nuevo Hong Kong.

Era el penúltimo domingo de noviembre por la tarde y en la misión estadounidense de Ginebra el ambiente estaba ya muy cargado. La delegación ucraniana llegaba exhausta después de dos largos días de presiones del secretario del Ejército de los Estados Unidos, Dan Driscoll, … un amigo íntimo de J. D. Vance desde sus años en Yale. Este había venido repitiendo con dureza el mismo mensaje: aceptar antes de Acción de Gracias el plan de 28 puntos para la paz de la Casa Blanca –renunciar a la provincia del Dombás, un límite al tamaño de las fuerzas armadas ucranianas y veto total de entrada a la OTAN– o arriesgarse a la ira de Donald Trump y quedar a su suerte en el conflicto. Tenían de plazo hasta el jueves 27 de noviembre, Acción de Gracias, ni un día más.
Los europeos, inquietos, hablaban ya de que aquello se asemejaba a un degüello. Veían con alarma unas concesiones a Vladímir Putin, un regalo inesperado y chocante de Trump. Y entonces llegó Marco Rubio. El secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, ausente hasta ese momento en la elaboración del documento y en aquellos contactos, venía a arreglar las cosas. Su llegada cambió la temperatura de la sala: la imposición dio paso a una negociación más abierta y pausada. Según varios diplomáticos presentes, fue la primera vez en días que se respiró la posibilidad de un acuerdo que no obligara a Ucrania a aceptar su propia rendición, con concesiones sí, pero no inabarcables.
La paz en Ucrania –que se le resiste tanto a Trump– se ha convertido en el escenario donde en realidad se mide una nueva rivalidad soterrada entre el vicepresidente Vance y el secretario Rubio. De hecho, fue el equipo de Vance el que impulsó aquel plan de 28 puntos que tantos consideraron una lista de exigencias rusas sin modificaciones. En redes, el propio vicepresidente en persona lo definió como un intento honesto para «poner fin a un conflicto de cuatro años en Europa del Este» y se mostró furioso con quienes en su partido se oponen.

La magnitud del fiasco del plan fallido es enorme. A la mesa de negociaciones llegaron mediadores próximos a Vance, como Driscoll, que se sumaban a las gestiones de Steve Witkoff –amigo personal de Trump, empresario inmobiliario sin formación diplomática– y del propio Rubio.

Paz sin los ucranianos

Todo apuntaba a que el vicepresidente buscaba entregar al presidente un acuerdo de paz rápido, algo que sumar a la lista de logros con los que alimentar la idea de merecer el Nobel en una candidatura que debería quedar ya cerrada. Pero pronto quedó claro que se trataba de una paz sin los ucranianos y a costa de los ucranianos. Cuando la lista de exigencias a Zelenski se filtró, Witkoff llegó a insinuar por error, en un mensaje que pensaba que era privado, que seguramente lo habían filtrado los rusos.

Trump deberá escoger entre la postura que defiende Vance, cercana a Moscú, o la de Rubio, alineada con Kiev y Europa

El conflicto, en realidad, es triple: la guerra en Ucrania; la pugna interna de poder en la Casa Blanca, y la precampaña silenciosa hacia 2028, cuando Trump debe ceder el poder. Las tensiones llevan tiempo sobre la mesa. Fue Vance quien, en febrero, reprochó duramente a Zelenski en el Despacho Oval «no dar las gracias», mientras Rubio permanecía sentado en el sofá, ajeno al bochorno, casi resignado ante la escena.

Trump, junto a Vance y Rubio en el Despacho Oval

AFP

En aquellos meses, muchos daban por hecho que Marco Rubio tenía los días contados en la Administración. Era el ‘establishment’ en sí mismo: 14 años en el Senado y una confirmación unánime en la Cámara alta que incluso los demócratas celebraron con respeto. Vance era todo lo contrario. Su breve paso por el Senado –apenas dos años, de 2023 a 2025– fue incendiario, le hizo blanco de recelos, sobre todo tras su giro dramático desde calificar a Trump de «Hitler» hasta convertirse en su aliado más fiel. En ese contexto, la persona encargada de presionar a Kiev para que aceptara el plan fue Driscoll, cuyo principal activo no era su rango, sino su relación personal con Vance.

Poder silencioso

Pero Rubio fue ganando enteros. Mostró a Trump disciplina, discreción y un talante institucional que empezó a apreciarse tanto en Washington como en las capitales europeas. Se mantuvo al margen de la agitación causada por Elon Musk –cercano a Vance– y asumió más responsabilidades, incluida la dirección del Consejo de Seguridad Nacional y hasta ser Archivero. Es ya, de facto, el funcionario con más poder en materia exterior desde los tiempos de Henry Kissinger. En contraposición, la figura de vicepresidente suele ser, como mucho, la de un actor secundario en la política exterior, limitado a misiones puntuales y a un papel representativo que rara vez altera el rumbo real del gobierno.
Vance y Rubio se ven casi a diario y se coordinan en numerosas áreas. Pero son dos almas distintas dentro del Partido Republicano. Rubio, heredero del conservadurismo clásico: halcón en política exterior, firme defensor de Ucrania, Taiwán y de la alianza transatlántica. Vance, en cambio, encarna el aislacionismo contemporáneo: Europa como problema, Ucrania como carga y la convicción de que EE.UU. no debe comprometerse nada más allá de sus fronteras.
La elaboración del controvertido plan de los 28 puntos confirma esa división. Witkoff viajó a Miami para reunirse con Kirill Dmitriev, jefe del fondo soberano ruso y enviado especial del Kremlin. Fueron tres días de conversaciones, parte de ellas en la propia casa de Witkoff. Allí se fijaron los elementos centrales del texto. Fue Vance quien llamó personalmente a Zelenski para exponer las condiciones. Después envió a Driscoll a Kiev para advertir de un colapso militar. El mensaje era inequívoco: la guerra estaba perdida, Kiev debía ceder.

Donald Trump, escoltado por Vance, Marco Rubio y Pete Hegseth

Reuters

El 18 de noviembre, con Mohamed bin Salmán en la Casa Blanca, Rubio recibió una copia del plan. Horas después, el medio digital Axios revelaba su existencia. El documento causó estupefacción. ¿Por qué presentaba la Casa Blanca un plan con todas las aspiraciones del Kremlin? ¿Por qué estaba escrito con giros y estructuras propias de una traducción defectuosa del ruso? Entre la confusión, Rubio decidió viajar a Ginebra.
Antes llamó a varios senadores. Según uno de ellos, Mike Rounds, Rubio les explicó que el texto «no era el plan de la Administración», sino «lista de deseos de los rusos». Lo dijo en un tono grave, casi de advertencia, subrayando que EE.UU. no podía asumir como propio un documento que parecía diseñado desde Moscú. Más tarde, ya en público, rectificó y afirmó que el plan estaba «elaborado por EE.UU.» con aportaciones rusas y ucranianas. El giro evidencia la tensión interna y confirma que Rubio trataba de reconducir la política exterior hacia posiciones compatibles con el Congreso y con los aliados de la OTAN.

La senda republicana

En Ginebra, Rubio se sentó junto a Witkoff, Jared Kushner, yerno de Trump, y Andy Baker, adjunto de Seguridad Nacional y mano derecha de Vance. Lo primero que hizo fue suspender el plazo de Acción de Gracias. Luego redujo las 28 exigencias a 19, dejando cualquier cuestión territorial en manos de los presidentes. Insistió: «Es solo un borrador».
Entre los diplomáticos europeos y de la OTAN, su intervención fue recibida con gran alivio. Dijeron dos de esas fuentes a ABC que el proceso se había vuelto «más lento» y «mejor». «Por primera vez desde el miércoles, Rubio controla la negociación», dijo una de ellas. Sin embargo, también advirtieron de la ausencia de una línea clara en Washington. Witkoff, Kushner, Driscoll actuaban con notable independencia, lo que hacía difícil prever el rumbo final.
Ante los apuros del vicepresidente, sus aliados ya se han movilizado, temerosos de que el Partido Republicano quede en manos de Rubio. La influyente organización Turning Point USA, tras el asesinato de su líder, Charlie Kirk, quedó bajo la dirección de su viuda, Erika. Esta declaró esta semana que apoyaría a Vance en unas futuras primarias y que esa era la voluntad del difunto fundador.

Marco Rubio goza de más crédito institucional, mientras J. D. Vance aglutina el entusiasmo de las bases trumpistas

Rubio permanece en su papel institucional, cuidando la relación con Europa, con el Capitolio –del que Trump depende para sus presupuestos y reformas– y con las estructuras del partido. Cualquier acuerdo de paz, si llega, deberá pasar por el Senado, un órgano más duro con Rusia de lo que suele ser la Casa Blanca. Y Rubio es, para muchos senadores, la figura fiable que puede devolver los términos de una negociación a un terreno razonable.
Al final, la realidad obligará a Trump a escoger. Una línea que se aproxima a las demandas iniciales de Moscú, representada por el plan de Miami y defendida por el círculo de Vance; o una estrategia más cercana a Kiev y a los aliados europeos, impulsada por Rubio. Y, aunque no lo diga en público, el Senado lo ha dejado claro: hoy Rubio goza de más crédito institucional, mientras Vance aglutina el entusiasmo de las bases trumpistas.