En la explosiva carta que ya está en manos de Donald Trump, Hugo el ‘Pollo’ Carvajal, el antiguo jefe de la Inteligencia Militar de Venezuela, describe el origen y uso de una empresa tecnológica creada en Caracas y dedicada al recuento electrónico de votos … llamada Smartmatic. Carvajal sostiene que, desde su nacimiento, la compañía funcionó, según él mismo alega, como una herramienta del chavismo para asegurar el control político.
Los servicios de esa empresa se han utilizado en numerosos procesos electorales, el más reciente en Honduras el domingo, en unos comicios en los que la oposición temía un fraude que permitiera perpetuar a la izquierda afín al chavismo. En dichos comicios, ABC detectó fallos en el sistema de registro biométrico. La derrota del oficialismo venezolano, sin embargo, fue de tal magnitud que no había margen para revertirla.
No hay evidencias de fraude electoral y, en casos anteriores, Smartmatic ha negado servir a interés político alguno. Eso es lo que la empresa defiende en un litigio contra Fox News por haberla señalado en el recuento de las elecciones estadounidenses de 2020, en las que Trump denunció por varios medios ser víctima de un fraude.

Estas denuncias de Carvajal ante Trump añaden un elemento nuevo al debate sobre la fiabilidad de la tecnología electoral y sobre la supervisión de las empresas que operan en ese sector. Hay de hecho una imputación en Miami que señala prácticas de soborno, pagos opacos y uso de estructuras internacionales por parte de la empresa señalada para asegurar contratos públicos, lo que expone vulnerabilidades en la contratación de servicios electorales en países con instituciones frágiles.
Para Estados Unidos y para otras democracias que utilizan soluciones tecnológicas de proveedores externos, el procedimiento abre interrogantes sobre controles, auditorías y estándares de integridad. Además, sitúa a Smartmatic bajo un escrutinio más amplio en un momento en que su imagen ya estaba marcada por disputas políticas y litigios previos.
En el texto de Carvajal a Trump, el exjefe de la Inteligencia militar de Caracas afirma que «Smartmatic nació como una herramienta electoral del régimen venezolano», y que después se convirtió en «un instrumento para garantizar que el régimen permaneciera en el poder para siempre».
Smartmatic fue proveedor del Consejo Nacional Electoral (CNE), la autoridad que organiza los comicios en Venezuela. Carvajal asegura que él mismo intervino en su funcionamiento al «colocar al jefe de informática del Consejo Nacional Electoral», quien, según dice, le «reportaba directamente» a él. Ese cargo controlaba la parte tecnológica del sistema de votación y el flujo de datos durante los comicios.

Modificar resultados sin dejar rastro

Carvajal sostiene que «el sistema Smartmatic puede ser alterado; esto es un hecho». Con ello se refiere a que el software que procesa los votos permitiría, según su versión, modificar resultados sin dejar rastro externo.
Afirma también que esa tecnología fue «exportada al extranjero, incluido Estados Unidos», donde Smartmatic ha trabajado en algunos estados y condados como proveedor de máquinas o servicios electorales. Carvajal dirigió durante mucho tiempo el aparato de inteligencia y espionaje militar del chavismo, hasta su salida a España, de donde fue extraditado a Nueva York.
El exgeneral añade que «operativos del régimen mantienen relaciones con funcionarios electorales y empresas de máquinas de votación» en territorio estadounidense. Con «operativos» alude a personas leales al chavismo que, según él, mantienen contactos con actores del sistema electoral fuera de Venezuela. Carvajal señala además que ya había enviado información previa a las autoridades estadounidenses y que está dispuesto a ampliar lo que sabe.

La empresa tecnológica Smartmatic se fundó en 2000 y desarrolla y opera sistemas de votación electrónica, registro biométrico y gestión electoral

Smartmatic es una empresa tecnológica fundada en 2000 que desarrolla y opera sistemas de votación electrónica, registro biométrico y gestión electoral. Su tecnología se ha utilizado en procesos electorales de Venezuela –su primer y principal mercado–, Filipinas, Brasil, Bélgica, Armenia, Uganda, Zambia, Sierra Leona, Estonia, México, Argentina, Chile, Ecuador, Italia, Bulgaria, Singapur, el Reino Unido y Estados Unidos, donde ha participado en proyectos puntuales como el caucus republicano de Utah en 2016 y el sistema de voto de Los Ángeles.
Se trata además de una empresa que ha tenido contactos en España y ha sido consultada para proyectos en procesos electorales por parte de empresas de este país.
En 2020, tras la derrota de Trump, Smartmatic se vio envuelta en una oleada de acusaciones de fraude electoral difundidas por el propio presidente y por algunos de sus aliados. Figuras como Rudy Giuliani y Sidney Powell afirmaron falsamente que la empresa había manipulado los resultados, pese a que Smartmatic no participó en los estados en disputa de esa elección.
Varios presentadores de Fox News dieron espacio a esas afirmaciones, lo que llevó a la compañía a presentar una demanda por difamación de 2.700 millones de dólares (2.300 millones de euros). El caso sostiene que altos ejecutivos de Fox permitieron la difusión de alegaciones que sabían inciertas, mientras que la cadena defiende que solo informaba sobre declaraciones de asesores de Trump.

El ‘Pollo’ Carvajal, con Maduro en una imagen de 2014

ABC

La disputa judicial ha avanzado con la publicación de mensajes internos y declaraciones en las que algunos empleados de Fox expresaban dudas sobre esas teorías. Smartmatic ya obtuvo precedentes favorables gracias al caso paralelo de Dominion Voting Systems, que terminó en un acuerdo millonario, y ahora busca que un jurado determine los daños causados a su reputación y a su actividad comercial.
Además de la polémica política surgida en 2020 en Estados Unidos, Smartmatic afronta desde 2024 un procedimiento penal abierto en Miami por una trama de sobornos y blanqueo de capitales en Filipinas.
Según la imputación del Departamento de Justicia, la matriz del grupo, SGO Corporation Limited, y varios de sus directivos participaron entre 2015 y 2018 en el pago de más de un millón de dólares (858.000 euros) al entonces presidente de la Comisión Electoral filipina para asegurar contratos y liberar reembolsos tributarios ligados a las elecciones nacionales de 2016.

Ocultación de pagos con contratos ficticios

La acusación sostiene que los implicados inflaron el precio de las máquinas de votación para generar un fondo opaco y que ocultaron los pagos mediante contratos ficticios, lenguaje codificado y transferencias a través de bancos en Asia, Europa y Estados Unidos, incluido el distrito sur de Florida. La empresa y sus ejecutivos afrontan cargos por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y por blanqueo internacional de capitales. Algunos de los acusados permanecen prófugos, y todos se presumen inocentes mientras el caso avanza en los tribunales.
Smartmatic comenzó a crearse en Caracas como un proyecto tecnológico orientado a la automatización del voto y pronto se convirtió en proveedor central del Consejo Nacional Electoral venezolano. Con el tiempo trasladó su sede al exterior, al Reino Unido, mientras expandía sus servicios a decenas de países en procesos de registro biométrico y recuento electrónico.
La investigación abierta en Miami identifica como acusados a la propia matriz, SGO Corporation Limited, y a varios de sus directivos: Roger Alejandro Piñate Martínez, residente en Boca Ratón; Jorge Miguel Vásquez, de Davie, y Elie Moreno, con nacionalidad venezolana e israelí. Se suma Juan Andrés Donato Bautista, expresidente de la Comisión Electoral de Filipinas.
Según la imputación, todos habrían participado en un esquema de sobornos y blanqueo de capitales ligado a los comicios filipinos de 2016. Bautista y Moreno siguen prófugos.

Alemania recibió más de un millón de refugiados en 2015, el año en que Angela Merkel abrió las puertas a los sirios que huían de la guerra civil en su país. Llegaron 750.000 más en 2016, según las cifras oficiales, aunque se … sospecha que estos números fueron en realidad mucho mayores. A partir de ese momento, la cifra anual fue descendiendo, pero los datos de 2025 demuestran que el flujo sigue su curso.
Este es el decimotercer año consecutivo en el que Alemania ha registrado más de 100.000 solicitantes de asilo. Eso significa que el país sigue recibiendo una ciudad mediana de refugiados cada año, a pesar de las políticas de acogida mucho más restrictivas aplicadas por el anterior y por el actual Gobierno.
Ni siquiera el cierre de fronteras y los controles sistemáticos decididos este año logran frenar un fenómeno de traslación de población que responde a mecanismos globales, pero que ha de ser gestionado por las autoridades locales.

El senador de Asuntos Sociales de Berlín, Cansel Kiziltepe, se esfuerza por ampliar la capacidad de los contenedores instalados como viviendas provisionales en las pistas del antiguo aeropuerto de Tegel, en la capital alemana. Alrededor de 3.900 refugiados de la guerra de Ucrania y unos 540 solicitantes de asilo se encuentran actualmente alojados en el centro de llegada. Unas 1.500 personas esperan en tiendas de campaña y contenedores a que les sea asignada una vivienda modular o habitaciones en la red de albergues de la ciudad.
«La extensión de la capacidad de Tegel no es un deseo explícito del Senado; las cifras de llegada están subiendo de nuevo y las 16 ubicaciones planificadas hasta ahora no serán suficientes; nos darán un poco de aire que respirar pero el desafío general permanecerá», reconocía en noviembre el alcalde de Berlín, Kai Wegner, durante una visita a las obras.

«Las cifras de llegada están subiendo de nuevo y las 16 ubicaciones planificadas hasta ahora no serán suficientes»

Kai Wegner
Alcalde de Berlín

En otro extremo de la ciudad, en el barrio residencial de Blankenburg, acaba de licitarse por 20 millones de euros la construcción de un asentamiento de contenedores de nueva generación para 500 personas. Las obras comenzarán en abril y estará operativo a principios de 2027. Alemania ha dado grandes pasos contra la inmigración ilegal y ahora arriba al país un tipo de refugiado más controlado por las autoridades, pero sigue llegando y, sobre todo, procedente de Siria, Afganistán, Turquía, Somalia e Irak, por este orden.
El canciller alemán, Friedrich Merz, ha tomado medidas para que se aplique la «prohibición de facto de entrada en la República Federal de Alemania» para todas las personas sin documentos de entrada válidos. Además, ha prometido que «el número de deportaciones diarias será significativamente mayor que el número de entradas ilegales diarias».
Las alrededor de 20.000 deportaciones efectuadas este año hasta el mes de octubre suponen un aumento significativo. A pesar de todos los esfuerzos, sin embargo, ningún sirio ha sido deportado hasta ahora y cada avión que despega cargado de afganos o ciudadanos de otros países de África y Asia debe superar numerosos obstáculos legales.

El coste de la gestión de los refugiados
La gestión de los refugiados en Alemania cuesta actualmente alrededor de 30.000 millones de euros al año, según cifras oficiales, con previsión de estabilizarse en torno a los 25.000 millones en 2028. Unos 12.000 millones se pagan en transferencias sociales tras los procedimientos de asilo, como ayudas al sustento, vivienda y sanidad, y el resto se distribuye en alojamiento inicial, integración, educación, seguridad y administración. Los responsables legales directos de alojamiento, escolarización, guarderías, asistencia sanitaria básica y servicios sociales son los ayuntamientos, que siguen sometidos a una gran presión financiera y organizativa. La Asociación Alemana de Ciudades y Municipios ha pedido repetidamente «limitar la inmigración», alegando que las capacidades locales están sobrecargadas.

Aunque la mayoría llega a través de otros países seguros de la UE, solo había registradas a finales de noviembre 5.112 devoluciones conforme al llamado reglamento de Dublín, según la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF).
El Tribunal Constitucional acaba de ponerlo más difícil todavía con una sentencia favorable a un ciudadano guineano que debía ser deportado en 2019. Cuando la Policía se presentó a buscarlo en el albergue estatal, cerró por dentro con llave y los agentes tumbaron la puerta. Según los jueces de Karlsruhe, una deportación no justifica la intromisión sin orden judicial específica en el domicilio.

La realidad se impone

Alemania ofrece billetes de vuelta y hasta 2.000 euros en metálico por regresar al país de origen, así como asesoría para iniciar un negocio o acceder a formación profesional allí a través de programas de la BAMF. Berlín está además forzando en la UE la recalificación de países como «seguros», pero la realidad se impone a la política.
En un viaje a Siria en noviembre, el ministro alemán de Exteriores Johann Wadephul reconoció, entre las ruinas de Damasco, que «difícilmente alguien puede vivir aquí con dignidad» y comparó el paisaje con el de la Alemania devastada de 1945. Sus palabras parecieron descalificar la política del Gobierno y reabrieron el eterno debate.
«No, no voy a volver, sea lo que sea lo que me ofrezcan», confirma a ABC Reyad Salloum, dentista en una clínica de Starnberg. Ahorró durante cinco años para pagar los 34.000 euros que le costó el viaje y la obtención de visados legales para él y su esposa, además de vender su coche y su casa. «En mi barrio en Damasco no hay ni electricidad, no voy a llevar allí a mis hijos».

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado este jueves que durante su viaje a Washington, donde participará en el sorteo del Mundial de fútbol del 2026, tendrá una «pequeña reunión» con el presidente estadounidense, Donald Trump. Será el primer cara … a cara en persona desde que ambos tomaran el poder.
«Vamos a tener una pequeña reunión con el presidente Trump, y otra con el primer ministro (Mark) Carney», ha apuntado en referencia también con la pequeña bilateral que va a mantener la dirigente con su homólogo canadiense. Aunque no ha dado mayores detalles sobre los temas que se abordarán durante el encuentro, se espera que traten temas que puede ir desde las relaciones económicas hasta asuntos como la inmigración o la lucha contra el narcotráfico. En cualquier caso, la tensión entre los tres países socios en el T-MEC debido a las amenazas arancelarias del estadounidense marcarán el encuentro.

Sheinbaum ha confirmado que viajará este jueves por la noche a Washington, en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que debido a los tiempos no podría hacer uso de aerolíneas comerciales.

Unidos por el fútbol

Asimismo, ha precisado que el encuentro con Trump y Carney ocurrirá momentos antes del inicio del sorteo del Mundial de Fútbol, del cual México, Estados Unidos y Canadá son co-organizadores. Como países anfitriones, los tres ya tienen asignado el grupo del que serán cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026.