Decenas de miles de jóvenes alemanes protestaron este viernes en las capitales de los Bundesländer contra el nuevo servicio militar, más perplejos que enfadados. «¿Pero es que alguien piensa de verdad que si vienen los rusos los vamos a parar nosotros?», preguntaba megáfono … en mano Gustav, alumno de 16 años con una camiseta de Los Vengadores de Marvel.
La ley para establecer una mili voluntaria y abrir la puerta a una obligatoria se había aprobado unas horas antes en el Bundestag, casi como un trámite irrelevante, dado que la coalición de conservadores y socialdemócratas había cerrado previamente el acuerdo. Durante los seis meses que ha durado la negociación entre los socios de gobierno, apenas se han escuchado en Alemania voces en contra.
El número de reclutas voluntarios ha crecido un 16%, de hecho, a través de los proyectos piloto de alistamiento. Y una cultura de servicio social ha comenzado a surgir entre los jóvenes, que apoyan mayoritariamente un año de servicio civil en las encuestas. Pero la cosa es empuñar las armas. «Si hubiera nacido sólo un mes más tarde me habría tocado también», respiraba aliviado Laurent, que asistía a la manifestación «en solidaridad con mis compañeros de clase, la mayoría afectados».

La nueva ley establece que los barones nacidos a partir de enero de 2008 y siguientes serán alistados obligatoriamente. Recibirán un cuestionario sobre motivación y aptitud, cuya cumplimentación será obligatoria, al igual que el posterior examen médico. De ahí, los voluntarios pasarán a un periodo de instrucción mínimo de seis meses.
En el momento en el que la afluencia de voluntarios no sea suficiente para cubrir las necesidades alemanas de defensa, pasará a ser obligatorio el reclutamiento a través de una resolución parlamentaria y por sorteo.
El Bundesrat debe todavía aprobar el proyecto, pero es muy previsible que la ley entre en vigor a partir de enero de 2026. Su objetivo es aumentar el número de soldados activos de los actuales 183.000 a 255.000 y más tarde hasta los 270.000, cifra que se espera alcanzar en 2035. Además, se añadirán 200.000 reservistas.
Los seis meses entrañarán instrucción, tareas de seguridad nacional y guardias, quedando después destinados los reclutas a reforzar las reservas. Algunos de ellos, los más aptos o necesarios por sus cualidades, pasarán sin embargo a formar parte de las tropas activas, que estarán listas para el combate y deben ser entrenadas durante más tiempo.
El Ministerio de Defensa deberá presentar al Parlamento el número de voluntarios cada seis meses a partir de 2027 y, sobre ese dato, se establecerá la necesidad semestralmente de pasar al modo obligatorio.

Las mujeres quedan fuera

Las mujeres quedan fuera debido a que, en el momento de la redacción de la Ley Fundamental alemana, en 1949, el deber de defensa fue redactado en género masculino y sería ahora necesaria una reforma constitucional para abrir el servicio obligatorio femenino.
Ellas, en todo caso, pueden responder de forma voluntaria al formulario e igualmente de forma voluntaria presentarse al examen médico y cumplir con el servicio militar. Con el fin de atraer al mayor número posible de personas al servicio voluntario, se planifican incentivos como un salario mensual de alrededor de 2.600 euros brutos y una subvención para la formación y obtención del carné de conducir, que en Alemania tiene un precio promedio de 3.000 euros.
Se dispondrán también servicios sociales voluntarios para jóvenes que no deseen empuñar armas, a modo de objeción de conciencia.
El Ejército alemán comienza así a acompañar el intenso proceso de rearme con la dotación de personal que la Bundeswehr requiere para operar el armamento. Esta misma semana ha entrado en funcionamiento el sistema antimisiles Arrow 3, convirtiendo así al país en el primero fuera de Israel en desplegar esta tecnología.
Se trata de un hito estratégico dentro del rearme alemán y transforma el mapa europeo de la defensa, adoptando un ejército nacional la tarea de interceptación por impacto de misiles balísticos en el espacio, algo de lo que hasta ahora se venían encargando las tropas americanas en las bases alemanas.

No a la mili
Miles de jóvenes se echaron a las calles para protestar contra la recuperación del servicio militar
Reuters

Cada batería del sistema Arrow 3 requiere unos 200 efectivos de la Bundeswehr para su operación completa, entre personal técnico, operadores de radar, equipos de lanzamiento y logística, y las fuerzas armadas alemanas apenas son capaces de cubrir las plazas de ingenieros y especialistas en análisis de riesgo.
«La libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad de religión y el Estado no se protegen a sí mismos. Es algo que debe ser hecho por personas dispuestas a defenderlos, y no por quienes se quedan detrás de la valla del jardín esperando a que otros lo hagan», defendió su proyecto ante el pleno del Bundestag el ministro de Defensa, Boris Pistorius, que respondía así por adelantado las principales críticas de los manifestantes.
Entre los jóvenes que protestaban en la plaza de la República, la explanada frente al parlamento de Berlín, muchos alegaban su condición de musulmanes para negarse a empuñar las armas.
«Como ciudadano, al menos deberías considerarlo», corrige en declaraciones a ABC Ali Mete, portavoz del Consejo de Coordinación Musulmán, aunque añade que «si finalmente decides personalmente a favor o en contra depende de la conciencia de cada individuo».
«Desde un punto de vista islámico-teológico, el compromiso con el Estado en el que se vive es religiosamente imperativo», según Mete, que insistía en que «los musulmanes están obligados a asumir la responsabilidad de la sociedad, lo que también incluye servir en armas si es para proteger y mantener la paz».

«Este pasís, esta democracia, se lo merece… Nuestra Bundeswehr también protege a quienes no quieren aprobarla»

Boris Pistorius
Ministro de Defensa alemán

«Este país, esta democracia, se lo merece… Les recuerdo que nuestra Bundeswehr también protege a quienes no quieren aprobarla», alegó además Pistorius.
El presidente de la Comisión de Defensa, el cristianodemócrata Thomas Röwekamp, insistió en que la decisión sobre la reactivación del servicio militar obligatorio se tomará en el verano de 2027 si no hay suficientes voluntarios reclutados en ese momento.
Röwekamp describió la ley sobre un nuevo servicio militar como un «compromiso político de dos puntos de vista políticos muy diferentes» y que «la mayoría de los alemanes acepta».
El proyecto está abriendo, sin embargo, una brecha generacional. Si bien las encuestas coinciden en que los alemanes de más de 50 años apoyan mayoritariamente la nueva ley como medida de seguridad nacional, también muestran que más del 60% de los menores de 25 años se oponen.

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Los hechos tuvieron lugar en 2018, cuando cientos de refugiados sirios llegaban en embarcaciones desde Turquía a Grecia –principalmente a la isla de Lesbos–. Todos los acusados trabajaban o colaboraban como voluntarios en la organización humanitaria Emergency Response Centre International (ERCI), operativa entre 2015 … y 2018, durante los años de la denominada crisis migratoria europea, y que se encargaba, entre otras funciones, de labores de búsqueda y rescate de refugiados en aguas del norte del Egeo.
En un primer momento, se les acusó de los delitos menores de espionaje, falsedad documental y blanqueamiento de capitales, además de los cargos de tráfico de personas y pertenencia a una organización criminal. En 2023, un tribunal de apelaciones retiró los cargos menores, pero mantuvo los de tráfico de personas y pertenencia a una organización criminal, por los que los acusados están siendo juzgados desde este jueves y por los que podrían afrontar penas de hasta veinte años de prisión.
Entre ellos figuran el entonces director de la ONG, Nasos Karakitsos; el buzo y rescatista profesional Sean Binder; el marinero y voluntario holandés Peter Vinterberg; tres ejecutivos de la ONG, y la activista Sarah Mardini, conocida por huir de Siria en 2015 con su hermana Yursa –entonces ambas eran menor de edad– y salvar a decenas de refugiados que viajaban con ellas una embarcación que partió de Turquía rumbo a Grecia.

Tras averiarse el motor, las dos hermanas remolcaron durante horas la barca a nado hasta las costas de Lesbos. Esta historia inspiró la película ‘Las nadadoras’, dirigida por Sally El Hosaini. Algunos de los acusados, entre ellos Mardini, Karakitsos y Binder, fueron detenidos en 2018 y pasaron más de cien días en prisión preventiva a la espera de juicio.
Se trata de un juicio polémico, que ha sido calificado por diversas organizaciones internacionales de derechos humanos y organismos de la ONU como un proceso basado en cargos infundados y motivado por razones políticas. En 2021, el Parlamento Europeo describió este caso como «el mayor caso de criminalización de la solidaridad en Europa». Amnistía Internacional, por su parte, ha enviado a Lesbos para seguir el proceso a una decena de observadores para seguir el desarrollo de las vistas.

Un refugiado sirio trata de sostener a sus dos hijos al desembarcar en Lesbos en 2015

Reuters

En su defensa, los acusados, han declarado que lo único que hacían era brindar a los refugiados que llegaban a Lesbos una primera atención médica y psicológica, proporcionarles ropa seca, agua y comida, para luego ponerlos inmediatamente a disposición de la Guardia Costera griega para que pudieran iniciar los trámites de solicitud de asilo. «Éramos los primeros en tomarles el pulso y brindarles la atención necesaria, en lugar de pedirles un pasaporte», afirmó Binder en un comunicado.

Endurecimiento de las políticas migratorias

Entre 2015 y 2016, punto álgido de la crisis migratoria, más de un millón de personas entraron en Europa a través de Grecia. Lo que empezó como una emergencia humanitaria –proveer alimentación, alojamiento y ayuda a las miles de personas que llegaban a Grecia huyendo de la guerra– terminó convirtiéndose en una crisis política.
Desde su llegada al poder en 2019, Kyriakos Mitsotakisha endurecido la política migratoria del país con medidas como la construcción de una valla en la frontera terrestre con Turquía o la paralización temporal, el pasado verano, de las tramitaciones de asilo para las personas indocumentadas que accedieran al país por la ruta marítima del norte de África.