Aunque se ha podido respirar un aire triunfalista tras la aprobación de la consulta anticorrupción, que se realizará el próximo 26 de agosto, existen muchas trabas que le pondrían un camino de obstáculos al proyecto.
El primero de ellos es que, de acuerdo con Patricia Muñoz, docente de política de la Universidad Javeriana, “hay una fatiga política de los ciudadanos colombianos, ha sido un año de diferentes votaciones lo que pone en duda que realmente haya una masiva asistencia a las urnas”.
Y es que, para que la consulta prospere, requiere de la participación de un tercio de la población votante, esto quiere decir un total de más de 12 millones de votantes. Sin embargo, con el plebiscito, elecciones al senado y primera y segunda vuelta presidencial, los colombianos se ven reacios a recurrir nuevamente al mecanismo de elección popular.
Adicional, los militantes del partido del Centro Democrático, grandes ganadores de los comicios a Senado y posteriormente a presidencia, con su candidato Iván Duque, se rehúsan a realizar campaña para promover la votación en la consulta, lo que pone más de 10 millones de votantes en duda.
A esto se le debe añadir que los miembros de Corjusticia, donde se encuentran agremiados los magistrados y jueces del país hicieron su petición ante el Consejo Nacional Electoral para que les permite realizar campaña de abstención, pues consideran que el punto que pide la reducción de los salarios de los congresistas, en realidad exige que también se reduzcan los suyos.
Por otra parte, hay otra arista que puede poner en vilo el feliz desenlace de la consulta y es que cada uno de los siete artículos deberá sacar más de la mitad de los votos afirmativos para que puedan ser de cumplimiento obligatorio: esto quiere decir que más de seis millones de personas deberán votar Sí en cada uno de los artículos.
¿Qué pasa luego de la consulta?
Según el constitucionalista Juan Charry, los promotores de la consulta no escogieron correctamente el mecanismo de votación. “los mecanismos de participación ciudadana tienen una finalidad, para reformar leyes o artículos constitucionales existe el referendo. Creo que equivocaron el mecanismo de participación porque convocan a la ciudadanía para que se manifieste de manera administrativa y le dé un mandato al Congreso para que modifique leyes y normas constitucionales.
Esto quiere decir, por ejemplo, que en el caso del punto que pide la reducción de los salarios de los congresistas, esto deberá someterse a una reforma de la constitución, pasando por todos los debates en el Congreso y más de la mitad de los congresistas deberán votar positivo a que su salario se reduzca de 40 salarios mínimos (31’ 331.821 pesos) a 25 (19’ 531.050 pesos).
Además, hay otro punto que debería ser sometido a una reforma a la constitución y es el de limitar los periodos de los senadores elegidos a un máximo de 3 consecutivos. Esto tendría que ser sometido a un cambio constitucional, es decir, ocho debates en las plenarias del nuevo senado.
Si bien la consulta anticorrupción tiene buenas intenciones, y dentro de las propuestas se busca que haya mayor transparencia en la rama legislativa del país, los expertos aseguran que, de pasar el umbral de votantes, todavía queda mucho camino por recorrer