Desde la última medición sobre corrupción, Colombia cayó 6 puntos pasando del puesto 90 al 96 entre 180 países. El país tiene la misma calificación que Brasil, Panamá y Perú y se ubica por encima de países como Salvador, Bolivia, Ecuador y México. En Latinoamérica se destacan Uruguay y Chile con 70 y 67 puntos respectivamente, mientras que las peores calificaciones corresponden a Venezuela y Haití con 18 y 22 puntos.
De acuerdo con Transparencia por Colombia, en estos resultados preocupa especialmente el caso de Venezuela, el cual tuvo la peor calificación de la región, ocupando el puesto 169 entre los 180 países países evaluados.
A propósito de la votación en contra de la corrupción que se llevará a cabo el próximo 26 de agosto, los ciudadanos tendrán la oportunidad histórica de votar la Consulta Popular Anticorrupción para reafirmar el rechazo a todas las formas de corrupción y entregar un mandato claro para que los representantes políticos fortalezcan los instrumentos que se tienen para luchar contra este crimen.
Balance actual de corrupción
Según el reporte más reciente de Transparencia por Colombia, el país tiene cifras alarmantes sobre la legalidad en contratación pública y uso de los recursos. Por ejemplo, en cuanto a licitaciones públicas, los recursos de contratación que se ejecutan a través de licitación pública no son la mayoría, como se esperaría. En las entidades nacionales solamente 12% de estos recursos son de licitación pública, mientras que en las gobernaciones el porcentaje es de 26% y en los municipios el porcentaje corresponde a 39%.
Respecto a proponentes, existen grandes diferencias en el promedio de proponentes que se presentan en una licitación pública, mientras en el nivel nacional el 79% de las entidades cuentan con tres o más proponentes, en las gobernaciones este porcentaje es de 22% y en los municipios 14%. Así mismo, en 59% de las gobernaciones cuentan con un solo proponente, mientras que en los municipios este porcentaje es de 75%. (Lea también: Camino de espinas para la consulta anticorrupción)
Por otro lado, en relación con la contratación directa, los recursos de contratación, destinados a la modalidad de contratación
directa son la mayoría, en el nivel nacional el porcentaje es de 75%, mientras que en el nivel territorial el porcentaje corresponde a 56% para gobernaciones y 41% para municipios. Estos porcentajes incluyen los recursos destinados al pago de contratos de prestación de servicios profesionales.
«Al observar el porcentaje de recursos destinados a contratación directa, sin tener en cuenta el que se destina a pago de contratos de prestación de servicios, en el nivel nacional corresponde a 65%, en las gobernaciones a 51% y en los municipios a 30%», señala el reporte.
¿Qué pasa en el empleo público?
En cuanto empleo público, en la mayoría de entidades públicas no se realizan procesos meritocráticos para las personas que ingresan como funcionarios públicos. En el nivel nacional es donde más se realizan estos procedimientos, para 2015, 74% de directivos y 46% de asesores que ingresaron de libre nombramiento y remoción (LNR) lo hicieron a través de selección meritocrática.
En el nivel territorial los datos contrastan, en las gobernaciones para 2016, 17% de quienes ingresaron como directivos y 13% de los asesores lo hicieron a través de selección de mérito. La escala del índice va de 0 a 100, siendo 0 (muy corrupto) y 100 (muy limpio). Mientras tanto, en los municipios para 2016, solamente 1% de quienes ingresaron como directivos lo hicieron a través de esos procesos, sin embargo, para los asesores el porcentaje es de cero.
Por último, respecto al seguimiento al desempeño, debido a que a los funcionarios públicos provisionales y LNR no se les puede realizar evaluación al desempeño, se indaga si se les realiza algún tipo de seguimiento a su labor, se encontró que la mayoría de entidades públicas no lo realiza. En el nivel nacional, se le hace seguimiento al 44% de funcionarios LNR y a 21% de provisionales, en las gobernaciones, se le realiza seguimiento a 33% de funcionarios LNR y 34% provisionales, y en los municipios, se realiza seguimiento a 29% de funcionarios LNR y 21% de provisionales.
Con la implementación de los puntos mencionados en la consulta anticorrupción que se votará el próximo 26 de agosto, es posible hacer una seguimiento detallado del uso de los recursos públicos para que la transparencia sea real en la administración del país.