Francia, un país incendiado por «la manipulación de la izquierda radical»

Francia se echa de nuevo a las calles para reclamar una mejor educación pública. Al menos, ese era «el germen» de las movilizaciones que iniciaron los estudiantes de secundaria a principios de mes. Sin embargo, éstas se han extendido transversalmente bajo un «efecto bola de … nieve» a la sociedad francesa, que vive una crisis económica, política y social en la que la tecnología y la clase política desempeñan un papel clave en un contexto marcado por el calendario electoral. Las calles han ardido –como el histórico Ayuntamiento de Limoges, quemado el sábado durante las protestas–, los manifestantes se han enfrentado a una Policía desbordada, y han provocado saqueos en negocios y daños materiales incalculables.
El profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo, Luis Rodrigo de Castro, explica a ABC que estas protestas parten en gran medida de las ‘banlieues’, las periferias de las ciudades francesas, marcadas por la «escasez de profesores suplentes, una peor calidad de la educación o la masificación de las aulas». Pero no es el único factor que explica tanta movilización y tan violenta: la deuda pública francesa supera el 120% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que «limita la capacidad financiera del Estado», puntualiza Armando Jiménez San Vicente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria.

La economía gala está «al límite», lo que provocó que el Ejecutivo del primer ministro Sébastien Lecornu presentara en septiembre unos impopulares presupuestos marcados por unos recortes de 43.000 millones de euros. Entre las medidas propuestas se encontraban la congelación de los salarios de los funcionarios y la reforma de las pensiones. «Si bien el valor del euro te ofrece una capacidad de flexibilidad mayor que el resto del mundo, están llegando a unos límites totales y no cuentan con mayor capacidad de endeudamiento», señala Jiménez San Vicente, que añade que en este contexto inflacionario «se tiene que pagar más dinero en intereses, lo que le quita recursos al Estado para programas sociales».

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En estas movilizaciones confluyen todo tipo de protestas. Rodrigo de Castro indica que participan desde «agricultores por el acuerdo de Mercosur» hasta activistas por el clima como Greta Thunberg, que apareció en un instituto en Saint-Denis. Pero, a su juicio, uno de los problemas fundamentales radica en la subida del precio de los combustibles, «que nos golpea a todos». Además, el Gobierno francés protagoniza una profunda crisis institucional, en la que han gobernado tres primeros ministros desde 2024 sin mayoría en la Asamblea Nacional y con poca capacidad de acción. La creciente impopularidad del Ejecutivo no se ha logrado revertir con las controvertidas reformas estructurales propuestas por Lecornu en su segundo mandato.
Por otro lado, en tres de los cuatro grandes países de la Unión Europea habrá elecciones el año que viene. España, Italia y Francia vivirán procesos electorales que pueden «marcar el futuro de Europa en la próxima legislatura», indica Rodrigo de Castro, que sugiere que estas movilizaciones forman parte de la precampaña francesa. Por tanto, «las diferentes formaciones políticas van a intentar capitalizar cualquier muestra de descontento». Incluso señala que no será un caso exclusivo de Francia, sino que podrá extenderse a «estos países».

«Las diferentes formaciones políticas van a intentar capitalizar cualquier muestra de descontento»

Luis Rodrigo de Castro
Profesor de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional Público en la Universidad CEU San Pablo

Ante este caldo de cultivo, diferentes colectivos, como los chalecos amarillos «que han vuelto a resurgir y han sido un dolor de cabeza todos los años de gobierno de Macron», han contado con el apoyo de grupos políticos, recuerda Jiménez San Vicente. «Sobre todo La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon», a quien el presidente acusa de instigar las protestas. Para el profesor, en Francia «hay un problema social, también de carácter económico y presupuestario, relacionado con la manipulación política de ciertos actores, siendo la izquierda radical la que los ha movilizado».

«Políticas de integración real»

Asimismo, recupera la figura de Marine Le Pen, que «ha capitalizado este momento para debilitar todavía más la imagen y figura de Macron». El problema reside, en su opinión, en la ausencia de «políticas de integración real», porque considera que han sido el combustible de las protestas. Y, por ello, Le Pen ha construido su campaña en torno a la fractura de la sociedad francesa «por los impactos negativos que ha tenido en la calidad de vida, la cohesión social, el coste de los servicios o la atención sanitaria».
No obstante, este cóctel estaría incompleto si no se abordara el papel que ha desempeñado la tecnología en las movilizaciones. «Como decía el Papa en su primera encíclica ‘Manifica Humanitas’, la tecnología no es neutra y depende de los intereses de quién hay detrás», defiende Rodrigo de Castro. Jiménez San Vicente completa que «los algoritmos promueven este tipo de actividades que levantan pasiones u opiniones airadas. Ha servido como un medio para exacerbar pasiones y apreciaciones equivocadas de lo que está sucediendo».

Sobre las movilizaciones violentas

«Los algoritmos promueven este tipo de actividades que levantan pasiones u opiniones airadas»

Armando Jiménez San Vicente
Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria

Ambos expertos coinciden en que «no existen soluciones rápidas ni sencillas» para atajar la crisis francesa, solo abordable a largo plazo y mediante la continuación de los recortes presupuestarios. El país se enfrenta a una prolongación de las tensiones sociales debido a la falta de recursos, lo que desembocará en que «vamos a ir normalizando» los conflictos de esta índole, según relata Jiménez San Vicente. En cambio, Rodrigo de Castro considera necesaria cierta «altura de miras» en la clase política para «alcanzar consensos» y sugiere centrar el debate público en «medidas económicas pragmáticas» en lugar de caer en discursos identitarios «polarizantes».