«En la frontera nunca hubo una emergencia nacional, pero sí una crisis que se usó para justificar políticas extremas»

A escasos kilómetros del muro que separa Estados Unidos de México, en San Diego (California), la politóloga Katrina Burgess ofrece una lectura muy distinta de la que defiende el presidente Donald Trump sobre la situación en la frontera sur. Mientras la Casa Blanca insiste en … presentar el descenso de las entradas irregulares como el resultado exclusivo de su política migratoria y de la declaración de emergencia nacional, la directora del Instituto Leir para la Migración y la Seguridad Humana de la Escuela Fletcher de la Universidad de Tufts sostiene que la realidad es bastante más compleja.
Autora de varios libros sobre migración y una de las académicas de referencia en esta materia, Burgess lleva décadas investigando los movimientos migratorios en Hispanoamérica. Ha vivido y trabajado en países como Honduras y Guatemala, además de realizar un extenso trabajo de campo en México y en la propia frontera con Estados Unidos.

—Los últimos datos muestran que los cruces irregulares desde México a Estados Unidos han caído a mínimos históricos. La Administración Trump atribuye ese descenso al endurecimiento de su política migratoria. ¿Comparte ese análisis o existen otros factores que explican esta reducción?
—La disminución empezó en 2024 durante el Gobierno de Joe Biden, principalmente gracias a las políticas más restrictivas de México. Después continuó bajo el Gobierno de Trump y se mantiene en niveles muy bajos debido a sus políticas, particularmente la determinación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la prohibición de solicitar asilo en la frontera y las detenciones y deportaciones masivas dentro de Estados Unidos. Por tanto, no puede atribuirse únicamente a un cambio de Administración, sino a un proceso que comenzó antes y que después se intensificó.

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David Alandete

—Uno de los argumentos más repetidos por el presidente Trump es que la frontera está controlada por organizaciones criminales y que la inmigración irregular favorece a los cárteles. ¿Qué papel desempeñan realmente estos grupos?
—Es cierto que muchos migrantes recurren a los ‘coyotes’ cuando no existen vías legales para cruzar la frontera. También es cierto que los ‘coyotes’ mantienen vínculos con el crimen organizado, aunque normalmente se trata de actores distintos. Los cárteles cobran a los ‘coyotes’ una cuota de extorsión por atravesar los territorios que controlan y también obtienen beneficios mediante el secuestro de migrantes o la explotación de su vulnerabilidad. Pero es engañoso afirmar que la mayoría de quienes llegan a la frontera son criminales. Más allá de su situación migratoria, la inmensa mayoría de estas personas no tiene antecedentes penales y simplemente busca una oportunidad para rehacer su vida.

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—Las organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente las condiciones de los centros de detención para inmigrantes. ¿Hasta qué punto se están vulnerando los derechos fundamentales de estas personas?
—Hay muchas evidencias del maltrato que sufren los migrantes detenidos en Estados Unidos. Hay sobrepoblación en numerosos centros, condiciones insalubres, alimentos en mal estado, falta de atención médica adecuada, abusos verbales, separación de niños de sus familias, dificultades para acceder a asistencia jurídica, detenciones prolongadas e incluso muertes que podrían haberse evitado.
—Miles de migrantes permanecen actualmente en territorio mexicano tras el endurecimiento de los controles. ¿Cuál es su situación? ¿Siguen intentando llegar a Estados Unidos o han cambiado sus planes?
—La mayoría de los migrantes varados en México ya no tiene como objetivo inmediato cruzar la frontera. Muchos planean quedarse en el país, regresar a su lugar de origen o trasladarse a un tercer Estado. Un ejemplo es la caravana que se formó recientemente en el sur de México. Su destino era el norte del país, pero no con la intención de entrar en Estados Unidos, sino de buscar empleo en Tijuana. Aun así, México necesita desarrollar una política nacional mucho más sólida de integración. Existen iniciativas locales y programas apoyados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), pero todavía son insuficientes para responder a la magnitud del fenómeno.
—¿Qué consecuencias ha tenido este endurecimiento para quienes ya habían solicitado asilo en Estados Unidos y esperaban una resolución de su caso?
—Con el regreso de Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) empezó a detener incluso a solicitantes de asilo que contaban con permisos de trabajo o cuyos procedimientos seguían abiertos. Muchos desistieron de sus solicitudes y aceptaron órdenes de salida voluntaria. Forman parte del grupo de más de 80.000 migrantes que han recibido este tipo de órdenes desde enero de 2025. Los tribunales de inmigración acumulan más de dos millones de solicitudes de asilo pendientes, un retraso que se ha agravado tras la destitución de más de un centenar de jueces de inmigración. Todo ello genera un enorme clima de incertidumbre y miedo entre quienes buscan protección internacional.
—La Casa Blanca continúa justificando estas medidas apelando a una supuesta «emergencia nacional» en la frontera. Desde su punto de vista, ¿esa emergencia existe realmente?
—No. Nunca existió una emergencia nacional, ni siquiera durante el momento de mayor volumen de cruces fronterizos. Ese concepto ha sido, sobre todo, una herramienta política para sembrar miedo entre la opinión pública y justificar la aplicación de políticas extraordinarias frente a un desafío complejo. Es cierto que la llegada de miles de personas en un corto periodo de tiempo provocó una crisis humanitaria y supuso un importante reto logístico para las autoridades. Pero los migrantes nunca representaron una amenaza para la seguridad de Estados Unidos ni desbordaron la capacidad de un país tan grande y con tantos recursos para gestionar la situación mediante los mecanismos ordinarios del Estado.