Publicado: julio 4, 2026, 12:45 pm
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Grecia acaba de aprobar un decreto ministerial que establece un marco unificado para la orientación jurídica gratuita de los solicitantes de protección internacional. Para asesorarlos, se creará un Registro de Abogados de Orientación Jurídica, que sustituirá a las ONG que hasta ahora informaban gratuitamente a … los inmigrantes sobre el procedimiento de asilo.
La medida, aprobada en el marco del endurecimiento de las políticas migratorias griegas, supone un nuevo revés para las ONG, que hasta ahora desempeñaban un papel relevante en la orientación e información jurídica de numerosos solicitantes de asilo.
En febrero, el Parlamento heleno aprobó una polémica ley para reforzar el control sobre las ONG, limitando su financiación pública y estableciendo penas de al menos 10 años de cárcel y multas de hasta 5.000 euros para los miembros de estas organizaciones que faciliten la entrada ilegal de inmigrantes.
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Enrique Serbeto
La nueva regulación establece un servicio gratuito de asesoramiento a quienes pidan asilo, que deberá prestarse en los días posteriores de la solicitud de protección internacional y antes de que esta sea examinada en primera instancia.
Las sesiones informativas serán impartidas por abogados en grupos de un máximo de 15 participantes y con la presencia de intérpretes. No obstante, en caso de llegadas masivas, el número de asistentes podrá elevarse a 150 personas. El decreto prevé además sesiones individuales para determinados supuestos, como los solicitantes que se encuentren detenidos o en prisión.
Durante estas sesiones los solicitantes recibirán información sobre el procedimiento de asilo, los derechos de los solicitantes, las garantías procesales y los plazos de presentación. El servicio no incluye, sin embargo, la preparación de la entrevista, la redacción de documentos ni el asesoramiento jurídico individual. Además, el abogado encargado impartir la sesión informativa no tendrá acceso al expediente administrativo ni podrá actuar en representación del solicitante.
En el caso de que el solicitante proceda de un país cuya tasa de reconocimiento de protección internacional sea inferior al 20%, también será informado sobre las consecuencias de la entrada y la estancia irregulares en Grecia, así como sobre los programas de retorno voluntario disponibles.
Bonificaciones por retorno
Una de las novedades que ofrece la nueva medida es que los letrados inscritos en el registro recibirán una tarifa básica de 160 euros por cada sesión informativa, ya sean grupales o individuales, incluso si los solicitantes convocados no comparecen. No obstante, la remuneración no se abonará si el abogado no acude a la sesión.
Además, percibirán una bonificación de 250 euros cuando un solicitante de asilo con probabilidades de obtener protección internacional presente, en los dos meses siguientes a la sesión, una solicitud de retorno voluntaria o involuntaria. El incentivo solo se hará efectivo una vez que el retorno se haya complementado y la persona haya regresado a su país de origen.
Registro de abogados
Los abogados encargados de prestar este servicio deberán darse de alta previamente en un registro especial gestionado por el Colegio de Abogados de Atenas. Para ello, deberán acreditar al menos tres años de ejercicio profesional, carecer de sanciones disciplinarias graves y completar una formación específica.
El decreto establece además una serie de incompatibilidades para evitar que los abogados utilicen este mecanismo, financiado por el Estado, como vía de captación de clientes. Así, quienes hayan prestado este servicio de orientación no podrán representar posteriormente al solicitante durante el procedimiento administrativo o judicial de examen de su solicitud. Además, estarán sujetos al deber de confidencialidad y toda la información revelada durante la sesión quedará amparada por el secreto profesional.
Fuertes críticas
La oposición parlamentaria ha expresado su oposición a la nueva regulación por considerar que la medida elimina un «apoyo legal importante». En su opinión, la medida trata a los abogados como «peones» para promover las deportaciones, debilitando un proceso que debería regirse por las convenciones, normas y principios fundamentales internacionales.
La oposición critica que la medida trata a los abogados como «peones» para promover las deportaciones
Algunos partidos de izquierdas han exigido la retirada de la disposición que establece la bonificación de los 250 euros y han pedido que se garantice que la asistencia jurídica sea «real, independiente y personalizada» desde la primera instancia del procedimiento de solicitud de protección internacional.
