Publicado: mayo 20, 2026, 2:45 pm
La fuente de la noticia es https://www.abc.es/internacional/bolivia-expulsa-embajadora-colombia-acusa-petro-alentar-20260520211140-nt.html
La crisis política y social boliviana escaló este miércoles a un conflicto diplomático después de que el Gobierno de Bolivia expulsara a la embajadora de Colombia, Elizabeth García Carrillo, acusando al presidente Gustavo Petro de intervenir en asuntos internos del país y respaldar … políticamente las protestas que exigen la renuncia del mandatario Rodrigo Paz.
La decisión, anunciada por el ministro de Exteriores Fernando Aramayo, marca la mayor tensión diplomática entre ambos países en años y ocurre en medio de una ola de bloqueos, enfrentamientos violentos, desabastecimiento y creciente presión internacional sobre Bolivia, que atraviesa su tercera semana consecutiva de conflictividad social.
«Efectivamente, la embajadora fue declarada persona ‘non grata’ ante las insistentes declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro de injerencia en política interna boliviana», afirmó Aramayo.
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Ronald Catari
El Gobierno boliviano sostiene que las movilizaciones dejaron de ser protestas de sectores sociales y se transformaron en una estrategia política destinada a provocar la caída de Rodrigo Paz, quien asumió el poder hace apenas seis meses tras imponerse en las elecciones generales de 2025.
El Gobierno, además, asegura que detrás de la conflictividad existen sectores radicales vinculados al expresidente Evo Morales, organizaciones afines al evismo y estructuras relacionadas con economías ilícitas y el narcotráfico.
«Insurrección popular»
La crisis diplomática se desató después de que Gustavo Petro afirmara que Bolivia atraviesa una «insurrección popular» y ofreciera a Colombia como mediador para buscar una salida política. El mandatario colombiano cuestionó además la postura del Gobierno boliviano frente a las protestas y pidió evitar la represión contra los movilizados.
«Si por proponer un diálogo y una intermediación sacan a la embajadora, es porque se está pasando a extremismos que pueden llevar a una situación muy difícil al pueblo boliviano», declaró Petro en medios de ese país.
Agentes de policía, desplegados en los alrededores de la sede presidencial para protegerla de las protestas.
(AFP)
El presidente colombiano advirtió incluso sobre el riesgo de una «masacre» si no se abre un «gran diálogo nacional» y pidió que no existan «presos políticos» en América Latina. Petro también rechazó que se vincule al movimiento cocalero boliviano con el narcotráfico y salió públicamente en defensa de Evo Morales.
Las declaraciones fueron interpretadas como una validación política de las movilizaciones y como respaldo indirecto a sectores que el Gobierno considera desestabilizadores.
«Que venga el señor Petro, que aterrice en el Chapare, que tome de la mano al señor Morales y lo traiga para que declare»
miFernando Aramayo
Ministro de Exteriores de Bolivia
La respuesta boliviana fue inmediata. El canciller Fernando Aramayo acusó a Petro de actuar políticamente en favor de Evo Morales y desafió públicamente al mandatario colombiano a trasladarse al Chapare para convencer al exmandatario boliviano de presentarse ante la Justicia.
«Que venga el señor Petro, que aterrice en el Chapare, que tome de la mano al señor Morales y lo traiga para que rinda declaración», afirmó Aramayo.
Morales enfrenta procesos judiciales en Bolivia relacionados con un caso de presunto estupro y trata de menores, además de ser señalado por el Gobierno como uno de los principales articuladores políticos de las protestas que actualmente cercan La Paz.
Aramayo sostuvo además que Petro difunde información falsa sobre una supuesta represión estatal y aseguró que las fuerzas de seguridad actuaron únicamente con fines disuasivos frente a hechos de violencia.
Contra el orden constitucional
El canciller boliviano insistió en que el Gobierno no negociará con sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz porque considera que esa demanda representa una amenaza contra el orden constitucional.
El propio Rodrigo Paz endureció este miércoles el discurso contra Gustavo Petro y defendió la expulsión de la embajadora colombiana, aunque marcó distancia entre el mandatario colombiano y el pueblo de ese país. «Yo viví exiliado en Colombia y Bogotá fue mi cobijo. Entre Bolivia y Colombia son históricas nuestras relaciones», afirmó Paz.
Camiones cisterna bolivianos esperan en un centro logístico de combustible a que se estabilicen las condiciones en Bolivia, en San Antonio, Paraguay.
(Reuters)
Sin embargo, acusó a Petro de actuar movido por afinidades ideológicas. «La conducta de Petro es reprochable», sostuvo. El mandatario boliviano afirmó además que el presidente colombiano «cree que está por encima de las relaciones» entre ambos países.
«No podemos aceptar tremenda injerencia», señaló. Paz aseguró que las declaraciones del mandatario colombiano representan «un ataque a la democracia boliviana» y por eso su embajadora «se va».
«Hipocresía diplomática»
El expresidente Evo Morales reaccionó a la expulsión de la embajadora colombiana y acusó al Gobierno boliviano de actuar con «hipocresía diplomática». Cuestionó que el Ejecutivo expulsara a la representante de Colombia mientras mantiene relaciones normales con Estados Unidos y otros gobiernos que respaldaron a Rodrigo Paz.
Mientras escalaba la tensión con Colombia, el Gobierno boliviano llevó la crisis al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Durante la sesión, el canciller Fernando Aramayo y el vicecanciller Carlos Paz Ide denunciaron un intento de «quebrantar el orden constitucional» mediante bloqueos coercitivos, violencia y presión política organizada.
Bolivia pidió además acompañamiento político internacional y solicitó a la OEA condenar cualquier forma de violencia y desestabilización.
El Gobierno boliviano denunció además que los bloqueos están afectando el acceso a alimentos, medicamentos, combustibles y servicios médicos, luego de que se registraran muertes de personas que no pudieron recibir atención oportuna debido al corte de rutas.
Apoyo de la OEA
La OEA expresó preocupación por la situación humanitaria y respaldó la institucionalidad democrática boliviana. El secretario general, Albert Ramdin, manifestó apoyo al «Gobierno democráticamente elegido» de Rodrigo Paz y pidió un diálogo inclusivo entre las partes.
La postura de la OEA coincidió con el respaldo expresado por Estados Unidos al Gobierno boliviano. Durante la sesión, el embajador estadounidense ante la OEA, Leandro Rizzuto Jr., manifestó preocupación por los bloqueos y condenó cualquier intento de alterar el proceso democrático mediante violencia o intimidación.
Días antes, el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, había ido incluso más lejos al afirmar que en Bolivia existe «un golpe de Estado en marcha». Landau sostuvo que las protestas responden a una alianza entre actores políticos y crimen organizado, una tesis que coincide con la narrativa impulsada por el Gobierno boliviano.
Washington pidió además a otros países de la región respaldar institucionalmente a Rodrigo Paz y evitar el avance de fuerzas «antiinstitucionales» vinculadas al crimen organizado.
Bloqueos activos
Mientras la crisis política y diplomática se profundiza, Bolivia enfrenta una situación interna cada vez más delicada. Según informes, más de 45 puntos de bloqueo permanecen activos en seis de nueve departamentos del país, el doble de los registrados al inicio de la semana. Hay denuncias de personas que son obligadas a bloquear con amenazas y multas.
La Paz, sede de gobierno, continúa siendo el principal foco de conflictividad, cercada por movilizaciones campesinas, sectores afines al evismo y organizaciones radicalizadas que exigen la renuncia presidencial.
Los enfrentamientos registrados en el centro paceño durante los últimos días dejaron policías heridos, ataques a periodistas, daños a infraestructura pública y privada, saqueos y agresiones a civiles. El Gobierno desplegó más de 2.500 efectivos policiales y reforzó la presencia militar en La Paz y El Alto, aunque descartó declarar el estado de excepción.
Entretanto, la iglesia Católica, organismos de derechos humanos y diversos sectores civiles insistieron en la necesidad de abrir un diálogo urgente para evitar una mayor escalada de violencia.
