Guatemala nombra a un nuevo fiscal general y acaba con la polémica era de Consuelo Porras

En Guatemala soplan vientos de cambio. El presidente de la República, Bernardo Arévalo, ha designado al abogado, notario y juez Gabriel García Luna, de 49 años, como nuevo jefe del Ministerio Público y Fiscal General para los próximos cuatro años, de 2026 a 2030. … Acaba así la polémica y sombría era de la fiscal saliente, Consuelo Porras, que estuvo 8 años en el cargo y saldrá con apenas un 11% de aprobación, de acuerdo con la última medición de CID Gallup, así como una prohibición expresa para entrar a 42 países de occidente (incluidas todas las naciones que conforman la Unión Europea) mientras enfrenta señalamientos de la UE y Estados Unidos por socavar la democracia e intentar influir en los resultados electorales de 2023.
El fin de la era Porras y el inicio del mandato de García Luna, cuyo periodo entra en vigencia el próximo 17 de mayo, es visto con esperanza por múltiples sectores, desde el comercial e industrial, hasta los grupos indígenas e importantes figuras políticas del país.

El nuevo fiscal general es un hombre moderado, sin vínculos con el crimen organizado ni señalamientos de corrupción. Es, más bien, un juez de carrera muy técnico y académico, ajeno a la política, y muy distinto a perfiles radicales, altamente ideologizados y políticos, como las tres anteriores fiscales generales: Claudia Paz y Paz (2010-2014), Thelma Aldana (2014-2018) y Consuelo Porras (2018-2026).

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David Alandete

Cercano al presidente

No es ningún secreto que entre García Luna y el presidente Arévalo hay una estrecha relación. Por eso, su designación no ha sorprendido a analistas políticos y observadores del proceso. García Luna laboraba, hasta ahora, como asesor penal del despacho superior de la Procuraduría General de la Nación —la institución pública que actúa como el abogado y representante legal del Estado— bajo la dirección de Julio Saavedra, uno de los hombres de confianza del presidente. Además, también es cercano al principal asesor presidencial, Alejandro Balsells, según confirman fuentes del Palacio Nacional a ABC. Su cercanía con Balsells y Saavedra lo hacen, sin lugar a dudas, una persona de confianza para el presidente Arévalo.
El nuevo fiscal se enfrentará a una serie de casos que no hacían «más que apilarse» dentro del Ministerio Público, según confirman dos fuente internas de la institución a ABC. Casos que alcanzan a figuras relevantes del poder, como al expresidente Alejandro Giammattei, a Walter Mazariegos, rector de la Universidad San Carlos —la institución pública más importante del país—, así como a influyentes personajes políticos como la ex primera dama y excandidata presidencial Sandra Torres, entre otros.
Por ejemplo, el caso conocido como ‘Alfombra Mágica’, que señalaba al expresidente Giammattei y su pareja sentimental Miguel Martínez de haber recibido dinero en efectivo —en una alfombra rusa de lana— a cambio de favorecer una concesión portuaria. Este caso fue divulgado por el diario ‘elPeriódico’, y fue el inicio de su propio fin, puesto que seis meses después, su presidente, José Rubén Zamora, fue encarcelado y el diario, cerrado, tras una fuerte persecución por parte del gobierno. Sobre este caso, el Ministerio Público de Consuelo Porras desestimó el expediente y ni siquiera abrió una investigación, pese a su alcance internacional.

Polémica con las vacunas

Algo similar ocurrió con el caso ‘Vacunas rusas’, un expediente que no ha presentado avances, pero que tuvo impacto internacional cuando medios de comunicación guatemaltecos publicaron sólidas investigaciones que señalaban irregularidades en la compra de vacunas tipo Sputnik V a empresas rusas, una operación que comprometió recursos públicos en plena emergencia sanitaria por el covid-19 y que incluyó posibles sobornos. Tampoco hay avances en este caso.
Otro gran pendiente, conocido como el caso ‘Eureka’ tampoco ha presentado mayores avances. Las denuncias se fundamentan en una supuesta red de transferencias millonarias hacia China detectadas por la Intendencia de Verificación Especia (IVE). También hay una serie de denuncias hechas por la Contraloría General de Cuentas contra el rector de la USAC, Walter Mazariegos, que tampoco presentan avances.
Garcia Luna no ha asumido el cargo y apenas han pasado 48 horas desde su nombramiento, pero ya está sometido a la presión de grupos de sociedad civil, medios de comunicación, el mismo Gobierno y la comunidad internacional, para comenzar a investigar todos los casos que, durante la era Porras, fueron ignorados y desestimados, por razones que se antojan más sombrías que jurídicas.