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Sector energético es el segundo mercado más atacado por el cibercrimen

Los ciberataques le cuestan al sector de servicios públicos y energético aproximadamente US$ 17.20 millones al año.

 El avance de la tecnología ha traído beneficios para muchos sectores, pero también abre las puertas a la ciberdelincuencia, que dejan abierta la posibilidad de vulnerar los sistemas de las empresas.

Uno de los sectores más afectados por el cibercrimen es el energético, donde estuidos revelan un incremento sustancial en los ataques durante los últimos años, con un costo aproximado de US$ 17.20 millones al año.

La industria que se dedica a la generación, transporte y distribución de energía está registrando un elevado índice de incidentes y se ubica en segundo lugar en cuanto a ciberataques después del sector financiero. “A medida que la transformación digital se ha extendido en este mercado, también ha aumentado el cibercrimen, con ataques cada vez más sofisticados a las infraestructuras críticas entendidas como aquellas que proveen servicios básicos a la población“, comentó el experto  de Digiware, Rimel Fraile Fonseca.

Es clave reconocer que las grandes fugas de información se han generado a través de terceros, hoy en día los atacantes no tienen como foco principal a la gran empresa, sino a los distribuidores u organizaciones pequeñas que laboran para una gran red. Es de esta forma que los delincuentes afectan las redes de abastecimiento más grandes.

En países como Perú y Colombia la protección de la infraestructura crítica se encuentra en formación. La falta de regulación y prevención de las infraestructuras es un problema de toda Latinoamérica. En la mayoría de los casos, la alta dirección no está sensibilizada sobre el tema y le resta importancia. Esto, sumado a que la inversión en centros de monitoreo de ciberseguridad aún es muy reducida.

En general, existen avances en la región en cuanto a la ciberseguridad de las organizaciones. Sin embargo, el sector energético en América Latina permanece rezagado y con una brecha muy grande por falta de normativa legal. En países como Perú y Colombia ya existen normativas para la seguridad del sector y la aplicación de requerimientos mínimos de ciberseguridad, reduciendo riesgos de ciber terrorismo y guerra electrónica.

 

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