El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró este jueves en Washington la primera reunión de la Junta de la Paz con una advertencia explícita a Irán y un anuncio financiero de gran alcance. «Si no alcanzan un acuerdo, pasarán cosas malas», afirmó sobre … el programa nuclear iraní, y añadió que «probablemente lo sabréis en los próximos diez días», en un momento en que el Pentágono refuerza su presencia militar en Oriente Medio.
Acto seguido anunció una contribución de 10.000 millones de dólares (8.500 millones de euros) para la reconstrucción y estabilización de Gaza. No precisó la fuente de financiación ni confirmó si el Congreso ha aprobado la partida. La estimación de Naciones Unidas sitúa el coste total de reconstrucción por encima de los 50.000 millones de dólares (42.500 millones de euros). El embajador estadounidense ante la ONU, Michael Waltz, había hablado previamente de 5.000 millones de dólares (4.250 millones de euros) como aportación inicial.

Trump defendió que la Junta de la Paz «va a fortalecer a Naciones Unidas», aunque matizó que también «va a estar casi vigilando» su funcionamiento. La Carta de la ONU no contempla órganos de supervisión externa y varios diplomáticos han señalado dudas sobre el encaje jurídico del nuevo mecanismo.
Según la lista oficial de participantes, la reunión combinó jefes de Estado, jefes de Gobierno y representación ministerial. Asistieron como jefes de Estado Javier Milei, presidente de Argentina; Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán; Kassym-Jomart Tokayev, presidente de Kazajistán; Shavkat Mirziyoyev, presidente de Uzbekistán; Nicusor Dan, presidente de Rumanía; y el rey Hamad bin Isa al Khalifa, de Baréin. También participó To Lam, secretario general del Partido Comunista de Vietnam.
Como jefes de Gobierno intervinieron Edi Rama, primer ministro de Albania; Nikol Pashinyan, primer ministro de Armenia; Hun Manet, primer ministro de Camboya; Mostafa Madbouly, primer ministro de Egipto; Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán; y el primer ministro y ministro de Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani.

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David Alandete

A nivel ministerial acudieron, entre otros, Gideon Saar, ministro de Exteriores de Israel; Hakan Fidan, ministro de Exteriores de Turquía; Nasser Bourita, ministro de Exteriores de Marruecos; Adel al Jubeir, ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Arabia Saudí; Ayman Safadi, viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Jordania; Sheikh Abdullah bin Zayed al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos; y Sheikh Jarrah Jaber al Ahmad al Sabah, ministro de Exteriores de Kuwait. Varias delegaciones europeas optaron por un perfil de observador o representación diplomática.
Italia estuvo representada por el viceprimer ministro y ministro de Exteriores, Antonio Tajani; Alemania por su embajador en Washington; Países Bajos y Finlandia por sus embajadores; la Comisión Europea por la comisaria Dubravka Suica en calidad de observadora; y el Reino Unido por su embajador en Estados Unidos.
En paralelo, el Consejo de Seguridad debatió en Nueva York la situación en Gaza y Cisjordania. La subsecretaria general para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, sostuvo que el plan liderado por Estados Unidos debe aplicarse «plenamente», junto con medidas para revertir la escalada en Cisjordania. La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, calificó el alto el fuego de «frágil» y afirmó que «Palestina debe ser gobernada por palestinos».
Francia expresó formalmente su insatisfacción por la participación de la Comisión Europea sin mandato explícito del Consejo de la Unión Europea. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Pascal Confavreux, señaló que la Comisión «no tiene mandato del Consejo para ir y participar» y pidió que la iniciativa se «recentre en Gaza conforme a una resolución del Consejo de Seguridad». París confirmó que no estaría representada mientras no se clarifique el alcance institucional de la Junta.

Durante décadas, el príncipe Andrés ocupó un lugar singular dentro de la monarquía británica: héroe de guerra, figura rebelde, representante comercial del Reino Unido y, al mismo tiempo, protagonista recurrente de controversias que, con el paso de los años, se transformaron en un problema … estructural para la institución. Hoy, apartado de la vida pública, despojado de honores militares, sometido al escrutinio público por el escándalo Epstein, y finalmente detenido este jueves por conducta indebida en cargo público por sus lazos con el pederasta condenado, su figura vuelve a situarse en el centro del debate público como símbolo de una caída personal que arrastra implicaciones políticas, institucionales y familiares.
Nacido en 1960, cuando Isabel II llevaba ocho años en el trono y la estabilidad del reinado ya estaba consolidada, Andrés creció en un entorno mucho menos austero que el de sus hermanos mayores. La Reina disponía entonces de más tiempo para ejercer una maternidad directa, y numerosos cronistas han subrayado que la relación con su tercer hijo fue especialmente estrecha. Medios locales han recordado en varias ocasiones que la soberana asistía a actos escolares y dedicaba tiempo personal a su educación, algo poco habitual en los primeros años de su reinado. Aquella cercanía temprana contribuyó a forjar la percepción, dentro y fuera del Palacio, de que Andrés era el hijo predilecto de sus cuatro.

Esa condición se reforzó cuando el príncipe se alistó en la Marina Real y participó en la guerra de las Malvinas en 1982 como piloto de helicóptero Sea King a bordo del portaaviones HMS Invincible. Su regreso fue celebrado como el de un héroe nacional, y la imagen de la Reina recibiéndolo con visible orgullo se convirtió en un símbolo de unidad en un momento de euforia patriótica. Durante un tiempo, Andrés encarnó el ideal de príncipe activo, valiente y útil para la nación.

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Ivannia Salazar

Sin embargo, a partir de mediados de los años ochenta, su vida pública comenzó a asociarse con el lujo y los excesos. Su matrimonio con Sarah Ferguson en 1986, seguido de una intensa vida social internacional llena de lujos, alimentó una reputación de frivolidad que contrastaba con la sobriedad tradicional de la institución. Tras el divorcio en 1996, ambos continuaron compartiendo no sólo residencia junto a sus dos hijas, sino también compromisos sociales.
Como enviado especial del Reino Unido para el comercio y la inversión entre 2001 y 2011, el que fuera duque de York cultivó relaciones con dirigentes políticos, empresarios y élites económicas de todo el mundo. Ese papel también generó controversias por la naturaleza de algunas de sus asociaciones y por el uso de recursos públicos en viajes oficiales. La prensa británica lo apodó «Air-Miles Andy» debido al elevado coste de sus desplazamientos, una imagen que consolidó la percepción de privilegio excesivo.

El principio del fin

El vínculo con Jeffrey Epstein, sin embargo, marcó un antes y un después. El financiero estadounidense, condenado por delitos sexuales contra jóvenes menores de edad, se movía en círculos de poder y filantropía internacional que conectaban con las redes sociales del duque. Aunque Andrés sostuvo que su relación con Epstein era limitada y que había cometido un «error de juicio» al mantener el contacto tras la primera condena del empresario, las revelaciones sobre la magnitud de la red de abusos y las acusaciones de Virginia Giuffre situaron al príncipe en el centro de una tormenta mediática y judicial sin precedentes para un miembro de la familia real.
La entrevista concedida a la BBC en el 2019 se convirtió en el punto de inflexión definitivo. Lejos de restaurar su credibilidad, sus respuestas evasivas y su aparente falta de empatía provocaron indignación pública. Pocos días, después el Palacio anunció que Andrés se retiraba de sus funciones oficiales. En 2022 alcanzó un acuerdo extrajudicial con Giuffre sin admitir culpabilidad. La resolución evitó un juicio, pero no logró disipar el daño reputacional. El suicidio de Giuffre el año pasado, la publicación de su libro y los documentos hechos públicos por Estados Unidos han terminado de hundirlo.

La Reina Isabel II junto a su tercer hijo, el príncipe Andrés, al poco tiempo de nacer.

(ABC)

También el año pasado, el historiador Andrew Lownie publicó la biografía no autorizada «Entitled: The Rise and Fall of the House of York». La obra ofrece un retrato exhaustivo de la trayectoria del duque, desde su ascenso como figura popular hasta su marginación institucional, y analiza las redes sociales, financieras y de influencia que habrían sostenido su estilo de vida.
Entre los episodios descritos se encuentra un evento de 2006 durante un viaje oficial a Tailandia, donde la suite del príncipe habría sido utilizada para encuentros con mujeres jóvenes a lo largo de un fin de semana. El libro también examinaba la profundidad de su relación con Epstein, que habría sido más prolongada y compleja de lo que se había reconocido públicamente, así como la continuidad de su estrecha convivencia con Sarah Ferguson y los costes asociados al mantenimiento de la residencia de Royal Lodge, donde vivían antes de su destierro.
Lownie argumenta que la indulgencia de Isabel II hacia su hijo fue un factor decisivo en la persistencia de comportamientos que, en otras circunstancias, habrían sido corregidos con total contundencia. Durante la presentación del libro a la prensa, afirmó que la Reina tenía «un punto ciego absoluto con su hijo favorito» y que se resistía a aceptar críticas hacia él incluso cuando surgían evidencias problemáticas, una actitud que, según el autor, generó tensiones dentro de la propia familia, especialmente con el ahora Rey.

Fin de la protección

La muerte de Isabel II marcó el final de esa protección. Carlos III adoptó una estrategia de distanciamiento progresivo, retirando honores, patronazgos y el uso del tratamiento de Su Alteza Real. El objetivo ha sido preservar la credibilidad de la institución.
La detención de Andrés este jueves, el día de su 66 cumpleaños, añade un nuevo capítulo a una trayectoria marcada por la oscilación entre privilegio y controversia, un desenlace que parece desbordar incluso los límites de la ficción histórica y que difícilmente habría podido ser anticipado por los guionistas de «The Crown».

Este jueves Buenos Aires amaneció casi vacía. Las calles de la ciudad estaban lejos del ritmo habitual de un día de trabajo en Argentina. El motivo es la huelga general que ha sido convocada por los sindicatos a modo de protesta contra la … ley laboral que impulsa el Gobierno del presidente Javier Milei. La adhesión del sector del transporte, confirmada en vísperas de la huelga, ha dejado a la ciudad paralizada. El proyecto de ley, aprobado ya en el Senado, se vota ahora en la Cámara de Diputados. Hubo protestas en la noche del miércoles en los barrios, horas antes de que se inicie la huelga.

El Congreso, blindado

A primera hora de la mañana, el Congreso argentino ya se encontraba blindado por un fuerte operativo de seguridad. A diferencia de la semana pasada, cuando los sindicatos llevaron a cabo una movilización sin cese de actividades, este jueves –y por el avance del proyecto en el Congreso-, decidieron convocar a una huelga general. Se trata de la cuarta que afronta el Gobierno de Milei en los dos años que lleva al frente de la Casa Rosada. La convocatoria fue realizada en conjunto por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA).

En la previa de la manifestación, las cacerolas volvieron a escucharse en las calles de la capital. En distintos barrios de Buenos Aires, como Caballito, Palermo y Chacarita, los vecinos se reunieron en las principales esquinas para hacer un ‘cacerolazo’ contra la reforma laboral. Este modo de protesta se impuso en Argentina en la famosa crisis de 2001.

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Guadalupe Piñeiro Michel | Corresponsal en Buenos Aires

Desde la medianoche, los principales gremios de transporte, como La Fraternidad y la Unión Ferroviaria, iniciaron la medida de fuerza –que se extenderá durante 24 horas-, dejando el país sin actividad. Como consecuencia este jueves no hay trenes, circulan muy pocos autobuses y el impacto se siente también en los aeropuertos, donde son masivas las anulaciones de vuelos. La empresa Aerolíneas Argentinas canceló más de 250 vuelos.
«Va a ser contundente», habían advertido las principales autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT) horas antes de que comenzará el paro. Si bien a primera hora de la mañana no se han producido incidentes entre los manifestantes y la Policía, todavía queda por delante una larga jornada. Los principales accesos a la capital se encuentran cortados por las protestas. Horas antes del inicio de la huelga, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva –sucesora de Patricia Bullrich-, publicó un comunicado con una advertencia: «Ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas actuarán».
Apenas una semana atrás el Senado argentino votaba a favor de la llamada ‘ley de modernización laboral’, desatando la furia de los sindicatos y asociaciones de trabajadores. La normativa, que cuenta con cuestionados artículos, como el que permite jornadas laborales de hasta 12 horas o la posibilidad de pago en moneda extranjera, obtuvo media sanción y hoy va por su aprobación en la Cámara de Diputados. En caso de ser aceptada, vuelve al Senado para añadir algunas modificaciones.
El debate en el recinto comienza a partir de las 14 horas locales y, como ocurrió en el Senado, se prevé que se extienda durante toda la jornada. En la noche del miércoles, el Gobierno decidió eliminar del proyecto de ley el artículo 44, el que generaba más resistencia. Allí se establecían reducciones de hasta 50% del salario en caso de enfermedad.

Miedo al efecto de la reforma

Si bien la huelga había sido anunciada con anterioridad, en la antesala de la protesta un hecho agitó aún más el enojo de los sindicatos y asociaciones de trabajadores. En la mañana del miércoles la empresa de neumáticos FATE anunció su cierre tras 80 años de trabajo en Argentina. Más de 900 empleados fueron despedidos. El suceso incrementó el miedo al desempleo y a los efectos de la reforma laboral que, entre otras cuestiones, reduce las indemnizaciones.
En caso de aprobarse el proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, el texto deberá volver al Senado para que se implementen ciertas modificaciones. El Gobierno confía en que se convierta en ley antes de marzo.