Los ministros europeos de Defensa celebraron este miércoles una reunión en Bruselas en la que se centraron en la situación en la guerra de Ucrania y la política de ayuda militar a Kiev. Entre otras cosas, los ministros analizaron la posibilidad de … poner en marcha un programa de adiestramiento de soldados que, por primera vez, se situaría dentro del territorio ucraniano, en caso de que se llegase a un acuerdo para poner fin a la guerra.
La alta representante europea de Política Exterior, Kaja Kallas, dijo que en la reunión se había debatido sobre “nuestra contribución a las garantías de seguridad” para Ucrania, teniendo en cuenta que en las actuales circunstancias está excluido que el país pueda entrar en la OTAN. “Hemos estado debatiendo el entrenamiento de los soldados ucranianos también en territorio ucraniano y, en este sentido, hemos identificado dos centros de entrenamiento que podrían utilizarse para ese fin».
Por su parte, el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, recordó que considera esencial que los europeos no dupliquen sus esfuerzos defensivos con la OTAN.

Los europeos celebraron también la presencia en la reunión del nuevo ministro de Defensa ucraniano, Mykhaïlo Fedorov, quien informó a sus homólogos acerca de la situación sobre el terreno, incluyendo los avances que han desarrollado los propios ucranianos en determinados campos como el de los drones. Kallas señaló que Fedorov es “conocido por su innovación en defensa. Debatimos qué más podemos hacer para ayudarlos, pero también tenemos mucho que aprender de ellos en materia de innovación en defensa».
Para Kallas, las evidencias demostrarían que «Rusia no está ganando esta guerra teniendo en cuenta que las tasas de bajas están aumentando y su economía no va bien».

Más sanciones contra Rusia

La UE está preparando la aprobación de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que pretende hacer prácticamente imposible que venda masivamente su petróleo utilizando buques de falsa bandera. El paquete se espera que sea aprobado alrededor del día 24, cuando se cumpla el cuarto aniversario de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Alguno de los ministros, como el letón Andris Sprūds, cree que por ahora el efecto de las sanciones económicas «está tardando más de lo previsto». En su opinión, «es poco probable que las sanciones cambien de inmediato el comportamiento del régimen autoritario de Putin, ni en Ucrania ni en sus actividades de guerra híbrida», añadió, señalando que las sanciones suelen tener un impacto a largo plazo.
Por otro lado, los ministros han analizado las fórmulas para utilizar los 90.000 millones de euros que la UE se ha comprometido a entregar a Ucrania durante los próximos dos años. Kallas insistió en que “es fundamental que se tengan en cuenta las prioridades urgentes de Ucrania”, pero también propuso que se abra la puerta a inversiones privadas. Para ello, se analizaron algunas propuestas por parte del Banco Europeo de Inversiones.

El Gobierno italiano ha dado este miércoles un paso de gran calado político: el Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de 18 artículos que endurece de forma sustancial la gestión de la inmigración y, de paso, intenta rentabilizar el controvertido plan Albania, con … dos centros que llevan meses prácticamente vacíos pese a su enorme coste. El texto -un proyecto de ley que inicia ahora su trámite parlamentario- recupera una idea que en Italia siempre vuelve en épocas de presión migratoria: un «bloqueo naval» que, técnicamente, se formula como la posibilidad de prohibir temporalmente el cruce del límite de las aguas territoriales a determinadas embarcaciones, incluidas las de ONG de rescate, cuando el Ejecutivo considere que existe una amenaza grave para la seguridad nacional.
La norma, además, abre la puerta a llevar a inmigrantes rescatados o interceptados a países terceros con los que Italia tenga acuerdos, refuerza expulsiones para condenados por ciertos delitos y endurece la disciplina dentro de los CPR, los centros donde se retiene a personas en situación irregular a la espera de repatriación. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, resumió el espíritu del decreto con esta frase: «Los confines de Italia son los confines de Europa. Defenderlos es un deber». La premisa gubernamental es clara: si el Mediterráneo es frontera exterior de la UE, Roma quiere más margen de maniobra para frenar llegadas, acelerar procedimientos y reducir lo que el Ejecutivo llama «efecto llamada», especialmente en lo relativo a barcos humanitarios.

El «bloqueo naval»: prohibición temporal, multas y confiscación

El artículo más discutido permite que el Consejo de Ministros, a propuesta de Interior, prohíba durante un periodo determinado el cruce de las aguas territoriales en casos de «amenaza grave para el orden público o la seguridad nacional». La medida se plantea por 30 días, con posibilidad de prórrogas hasta un máximo de seis meses. El decreto enumera cuatro supuestos para justificar esa prohibición: riesgo concreto de terrorismo, presión migratoria excepcional que comprometa la gestión segura de fronteras, emergencias sanitarias internacionales y eventos internacionales de alto nivel que exijan medidas extraordinarias de seguridad.
El mecanismo no se queda en la declaración: prevé un régimen de sanciones contundente. Si una embarcación ignora la prohibición, se contemplan multas de entre 10.000 y 50.000 euros, y se amplía la llamada «responsabilidad solidaria» a armador y propietario, no solo a quien pilote la nave. Si hay reincidencia con la misma embarcación, el texto habilita el secuestro cautelar y, posteriormente, la confiscación. Es el tipo de arquitectura legal que el Gobierno vende como disuasión: no solo castigar, sino encarecer y dificultar la repetición del intento.

El plan Albania: trasladar procedimientos fuera de Italia

Aquí está la pieza que explica la insistencia gubernamental en dar sentido a los centros en Albania. El decreto señala que los inmigrantes a bordo de embarcaciones afectadas por la prohibición podrían ser conducidos a países terceros -distintos al de origen o procedencia- con los que Italia haya firmado acuerdos que prevean asistencia, acogida o retención en instalaciones dedicadas, con presencia de organizaciones internacionales especializadas en migración y asilo. En la práctica, el Gobierno aspira a que Albania se convierta en una plataforma donde tramitar solicitudes de asilo y gestionar retornos sin que la persona pise territorio italiano.
Para el Ejecutivo, la fórmula es doblemente útil: responde a su electorado con una señal de control y, al mismo tiempo, intenta justificar una infraestructura que se ha convertido en símbolo de coste político y presupuestario. Para sus críticos, en cambio, es el corazón más problemático del modelo: externalizar procedimientos y tensar la frontera entre control migratorio y garantías.

Menos margen para recurrir, más expulsiones, más disciplina en los CPR

El texto también aprieta el tornillo en el ámbito de la protección internacional. Limita los motivos de recurso contra decisiones negativas en primera instancia: en términos llanos, ante una denegación, el margen para recurrir se estrecha a cuestiones de legalidad, y el decreto sugiere que la existencia del recurso no bloqueará automáticamente medidas como el traslado a un país tercero o determinadas fórmulas de retención. El objetivo declarado es agilizar: menos atascos administrativos, menos tiempos muertos.
En materia de expulsiones, amplía los supuestos en los que un juez puede ordenar la expulsión o el alejamiento del territorio -incluidos ciudadanos comunitarios en determinados casos- cuando haya condenas por delitos concretos: violencia o amenaza a funcionario público, resistencia a la autoridad y otros delitos graves contra el orden público, la persona o el patrimonio. También incorpora la expulsión por participación en revueltas dentro de centros mediante actos de violencia, amenaza o resistencia cometidos por varias personas.
En los CPR -Centros de Permanencia para la Repatriación-, el decreto introduce reglas más estrictas: se prohíben grabaciones de audio y vídeo sin autorización y se restringe el uso de teléfonos móviles. La norma establece que, fuera de horarios y espacios autorizados, los retenidos no podrán tener libremente el móvil consigo, quedando bajo custodia del personal para su uso limitado. El Gobierno lo justifica como una medida de orden interno y prevención de incidentes; las organizaciones de derechos humanos lo ven como un paso hacia una retención más dura y opaca.

Aplausos y protestas: seguridad frente a derechos

Los portavoces de la derecha sostienen que la presión de la inmigración no puede gestionarse solo con acogida y que el Estado debe recuperar capacidad de disuasión. En esa línea, el eurodiputado ultraderechista Roberto Vannacci, exgeneral que abandonó recientemente la Liga, celebró el giro y lo presentó como un cambio de época: «primero se pide permiso y luego se entra», defendiendo que Europa se está moviendo hacia políticas más restrictivas.
En el bando contrario, las críticas llegan desde varios frentes. Una parte de la oposición acusa al Gobierno de construir un gran relato de firmeza con instrumentos jurídicamente frágiles y operativamente discutibles. Y el argumento más serio es el del choque con el derecho internacional: el jurista Giuseppe Cataldi, especialista en derecho del mar, sostiene que el «bloqueo naval» sería, en buena medida, incompatible con la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, porque esta ya define de forma clara cuándo un Estado puede considerar «no inocente» el paso de una nave. Según su tesis, salvo el supuesto terrorista -más encajable-, los demás escenarios planteados -presión migratoria, emergencias sanitarias, grandes eventos- no justificarían cerrar el acceso de manera general, y menos aún cuando hay obligación de socorro a personas en peligro.
Con este proyecto de ley, Meloni intenta cerrar un círculo iniciado hace tres años: demostrar firmeza contra la inmigración sin romper el marco europeo. Si lo consigue sin que los tribunales o la realidad del Mediterráneo le desmientan, es otra historia.

La policía canadiense ha identificado a la autora del tiroteo en un colegio de Tumbler Ridge este martes, donde murieron ocho personas y otras 27 resultaron heridas. Se trata de Jesse van Rootselaar, una mujer transgénero de 18 años que antes de atacar el instituto … mató a su madre y a su hermano. En total hay diez víctimas mortales.
La agresora acudió primero a un edificio residencial, donde la policía encontró el cuerpo de su madre, de 39 años de edad, y de su «hermano, o hermanastro», de once. Tras ello, acudió al instituto, donde perpetró una matanza que acabó con la vida de ocho personas: una profesora de 39 años, tres niñas estudiantes de 12, dos niños estudiantes, de 12 y 13 años, y la propia atacante, que según los primeros datos murió por una herida autoinfligida.

«Al llegar, se produjo un tiroteo y, cuando los agentes se acercaron a la escuela, se dispararon balas en su dirección», ha afirmado el subcomisario de la Real Policía Montada de Canadá de Columbia Británica, Dwayne McDonald. También ha asegurado que la policía no tiene «ninguna idea» del móvil del ataque en Tumbler Ridge, un pequeño pueblo al pie de las Montañas Rocosas.
Según la policía, no contaban registros de que Van Rootselaar contara con armas en su posesión, ya que «su licencia [de armas de fuego] expiró en 2024». Por otro lado, McDonald ha manifestado que «Jesse nació biológicamente como un hombre y hace aproximadamente seis años comenzó la transición de género». Tanto públicamente con en la intimidad, «se identificaba como mujer».