La discusión parlamentaria del artículo 7 del proyecto de la Ley de Amnistía de Venezuela, retrasada una vez más, ha abierto una caja de pandora que frena la liberación plena, inmediata y automática de 641 presos políticos (según cifras de Foro Penal), cuyos familiares esperan … con desesperación el final de su sufrimiento.
Este jueves, la Asamblea Nacional decidió postergar el debate de la amnistía hasta su siguiente sesión plenaria. En principio, debería ser el martes pero, como ese día es Carnaval y hay vacaciones, las familias que aguardan a las puertas de las cárceles deberán seguir esperando. Al menos hasta el jueves, cuando el Parlamento venezolano se reunirá de nuevo para retomar el debate, atascado en torno al polémico artículo 7.
Dicho apartado reza así: «La amnistía objeto de esta Ley abarca a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos en el marco de los hechos objeto de amnistía, siempre que esté a derecho o se ponga a derecho tras la entrada en vigencia de esta ley».
Este artículo supedita el beneficio a que el procesado se encuentre en territorio nacional y se presente personalmente ante los tribunales para tramitar su liberación, que no será masiva. Es decir, no «todos» saldrán libres de inmediato como prometió Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, la semana pasada al visitar a los familiares de los presos políticos acampados en la puerta de la cárcel de la Zona 7.
A tenor de este artículo, los presos políticos deberán tramitar su proceso individualmente y directamente, pero eso requiere recursos para contratar un abogado y esperar a que los tribunales abran las audiencias. Se trata de un proceso judicial engorroso que puede tardar meses y hasta años para que un preso político logre salir de prisión.
Este artículo 7 ha generado airadas protestas y críticas por parte de los partidos políticos, juristas, exiliados y familiares, que se han sentido frustrados por los obstáculos que supone el camino a la libertad prometida por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge Rodríguez.
Tras el forcejeo parlamentario, los diputados de la coalición Libertad cuestionaron este requisito, advirtiendo que la obligación de «ponerse a derecho» bajo las condiciones actuales constituye un señalamiento de culpabilidad anticipado para quienes han sido judicializados injustamente.
Reconocer delitos fabricados por el chavismo
El partido Alianza Bravo Pueblo (ABP), fundado por el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, exiliado en España, ha calificado la amnistía como la ley de la «humillación»: «El artículo 7 es una afrenta abierta al liderazgo opositor en el exilio. Obliga a ‘presentarse’ ante tribunales que responden a la dictadura, aceptar cargos inexistentes y someterse a un ritual de degradación pública. No es justicia, es venganza institucionalizada», señala en un comunicado colgado en la red social X.
Ledezma, como otros muchos opositores, ha sido acusado de delitos como traición a la patria, incitación a delinquir y asociación a delinquir.
El texto señala además que «quienes supuestamente cometieron ‘delitos’ deben primero ponerse a derecho ante ese sistema judicial manipulado. Con esa exigencia queda al descubierto el propósito real: quebrar moralmente a quienes han resistido».
ABP denuncia «las maniobras arteras del régimen continuista de los hermanos Rodríguez, quienes pretenden estafar a la ciudadanía venezolana y engañar a la comunidad internacional mediante la instrumentación de una mal llamada Ley de Amnistía, en cuyo proyecto, desde su primera línea, no se hace otra cosa que criminalizar a quienes han sido perseguidos por pensar distinto».
Y subraya que «no estamos frente a una ley de amnistía. Estamos ante un mecanismo de sometimiento político diseñado para humillar a las víctimas y proteger a quienes han violado sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela».
«No estamos frente a una ley de amnistía. Estamos ante un mecanismo de sometimiento político diseñado para humillar a las víctimas»
Alianza Bravo Pueblo
Por su parte Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal, escribió en su cuenta de X : «A las víctimas de la prisión y de la persecución les digo: si la ley no cumple con las expectativas o no respeta las exigencias ciudadanas, no nos rindamos. La carrera es de resistencia, no de velocidad».
Diego Casanova, miembro de la ONG Comité por la Liberación de Presos Políticos (CLIPP), cuyo hermano es un preso político excarcelado hace un año, dijo a ABC: «El artículo 7 es arbitrario, criminaliza a los presos políticos ya excarcelados y los que todavía permanecen en prisión. Les traslada a ellos mismos la responsabilidad y culpabilidad de que están detenidos. Les obliga arbitrariamente a solicitar al Estado que les perdone por algo que no hicieron, siendo inocentes, les imputa culpabilidad. La Ley de Amnistía debería reconocer el daño cometido contra los presos políticos. Es arbitrario el procedimiento y no garantiza el reconocimiento que debería existir por la violación de los derechos humanos que han sido objetos», subrayó.
En su cuenta de X, Delsa Solórzano, abogada defensora de los derechos humanos y presidenta del partido Encuentro Ciudadanos, considera que el proyecto de amnistía deja fuera múltiples manifestaciones de persecución política que no se encuadran en esos episodios puntuales y «no aborda la dimensión estructural de la criminalización desarrollada durante todos estos años».
A referirse al articulo 7, cuestionó la exigencia de que la persona «esté a derecho», lo que supone ponerse a disposición de los tribunales para poder beneficiarse de la amnistía. «Condicionar su eficacia a la presentación ante el tribunal desnaturaliza la figura y la subordina al mismo sistema judicial que se pretende neutralizar».
Delsa señala que esta imposición de que los perseguidos deben ir a los tribunales impacta directamente tanto a exiliados como a quienes tienen órdenes de captura, condicionando la libertad a la comparecencia ante el mismo sistema que ejecutó la persecución.
María Corina Machado «debería rendir cuentas»
Según lo señalado por los juristas, el artículo 7 no tiene la intención de reconciliación ni de ofrecer ninguna amnistía plena con los presos políticos, los perseguidos y los exiliados porque no les reconoce sus derechos.
Ante la pregunta de un periodista, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, señaló este jueves, mientras paseaba al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, por las instalaciones petroleras venezolanas, que si María Corina Machado quería retornar al país «debería rendir cuentas». Esto es, presentarse ante los tribunales.
La líder opositora ha sido acusada por la Fiscalía venezolana de traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir en 2024.
Pero lo peor es lo que señala la vicepresidenta de la Comisión Especial para la Redacción de la Ley de Amnistía, Nora Bracho, del partido Un Nuevo Tiempo (UNT). En su opinión, el artículo 7 es una «trampa cazabobos» porque obliga a los presos políticos y a los perseguidos a pedir perdón ante un tribunal, lo cual es inconstitucional y viola los derechos consagrados en la Constitución venezolana.
