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La expansión militar de Donald Trump en Panamá tiene poco sentido

Las lanchas rápidas interceptan un barco sospechoso cerca de la entrada del Canal de Panamá. Las tropas abordan la embarcación y se llevan a los malhechores. En la costa caribeña, las fuerzas especiales lanzan un asalto contra una base rebelde. En las afueras de la … ciudad de Panamá, la capital, helicópteros Chinook y Black Hawk sobrevuelan la zona. Del 3 al 13 de agosto, los panameños fueron testigos de una demostración de poderío militar que no se veía en el país desde hacía casi dos décadas.
El motivo fue ‘Panamax’, un ejercicio militar multinacional liderado por Estados Unidos para practicar la defensa frente a posibles amenazas al Canal de Panamá. Celebrado aproximadamente cada dos años desde 2003, durante los últimos 13 se ha llevado a cabo en forma de simulación desde bases en Texas y Florida. Este año regresó a Panamá. Más de 1.700 efectivos, en su mayoría estadounidenses, pero con el apoyo de soldados de 17 países —en su mayoría latinoamericanos—, participaron en «operaciones cinéticas» por todo el país.

«No tengo nada en contra de los ejercicios de simulación, pero estas situaciones no se pueden replicar», afirmó Pete Hegseth, secretario de Defensa, vestido con una camiseta verde oliva empapada de sudor. El canal, dijo, es «un punto estratégico clave. «Tenemos aquí más tropas, en colaboración con Panamá, de las que hemos tenido en mucho tiempo».

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Estados Unidos ha renovado su interés por el hemisferio occidental desde que Donald Trump asumió el cargo por segunda vez. Ha intervenido militarmente en Venezuela, ha llevado a cabo una campaña de presión económica contra el régimen cubano, ha intimidado a Canadá y ha exigido el control de Groenlandia. Además, Trump ha proferido repetidas amenazas con tomar el control del Canal de Panamá. Para Southcom, el Mando Conjunto de Estados Unidos centrado en América Latina, «garantizar el acceso sin restricciones de Estados Unidos al Canal de Panamá es una prioridad máxima». Sin embargo, el expansionismo militar estadounidense no encaja bien con los tratados que rigen el canal. Y su eficacia dista mucho de estar garantizada.
Hegseth pronunció estas palabras en Fort Sherman, una de las tres escuelas de entrenamiento conjuntas entre Estados Unidos y Panamá que anunció durante su anterior viaje al país en abril de 2025. En la segunda mitad del siglo XX, cientos de miles de soldados realizaron un agotador entrenamiento de guerra en la selva en Fort Sherman, muchos de ellos antes de ser enviados a Vietnam. El «infierno verde» se cerró en 1999, junto con otras 13 instalaciones militares estadounidenses, como condición del Tratado de Neutralidad del Canal de 1977, que prohibía la existencia de instalaciones militares extranjeras. El Gobierno panameño afirma que la nueva versión de la «escuela de la selva» no constituye una base militar extranjera. Los políticos de la oposición califican su reapertura de «invasión camuflada».

La remilitarización del canal

La Constitución de Panamá prohíbe que el país tenga ejército, pero desde que llegó al poder en 2024, el presidente José Raúl Mulino ha reforzado el Senafront, la fuerza de control fronterizo, y el Senan, el servicio naval y aéreo. El año pasado, Panamá acordó la compra de cuatro aviones de combate brasileños. En abril recibió el primero de un pedido de drones de vigilancia y lanchas interceptoras procedentes de Estados Unidos. Junto con equipos de escaneo portuario y de ciberseguridad, Estados Unidos ha proporcionado a las fuerzas de seguridad tecnología por valor de más de 174 millones de dólares, según Mulino. En agosto, el Gobierno puso en marcha un nuevo mando conjunto de las fuerzas de seguridad panameñas, financiado con los ingresos del canal y dedicado a la defensa de la vía navegable y su cuenca hidrográfica.
Panamax también supuso una oportunidad para que se reunieran los miembros latinoamericanos de la Coalición contra los Cárteles de las Américas, anteriormente conocida como el «Escudo de las Américas». Hegseth afirmó que Colombia, junto con Honduras y Guatemala, había acordado permitir operaciones militares conjuntas de Estados Unidos en su territorio «para llevar la lucha contra las [organizaciones terroristas designadas] a tierra firme» —el Gobierno guatemalteco niega haber dado su consentimiento—.

Hegseth aseguró contar con el apoyo de Colombia, Honduras y Guatemala para «llevar la lucha contra las organizaciones terroristas designadas a tierra firme»

Dado que el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha prometido una campaña agresiva contra los grupos criminales, Panamá se está preparando para hacer frente a las repercusiones. El 15 de agosto, Senafront envió más de 700 efectivos de las fuerzas especiales a la frontera sur del país, en un intento por impedir que los delincuentes entraran a través del frondoso Tapón del Darién, que separa a ambos países. «El enemigo del canal es el narcotráfico, y nadie más», afirmó Mulino.
Esa no es la postura de Estados Unidos. La administración Trump cree que es China, y no las bandas de narcotraficantes, la que representa la amenaza más grave para el canal. Quiere alejar la actividad china de todas las infraestructuras críticas que pueda en América Latina. El año pasado, la administración Trump presionó a Panamá para que expulsara a los operadores chinos de los puertos situados a ambos extremos del canal. Según Southcom, dicha «infraestructura de doble uso» podría emplearse para «la recopilación de información, la explotación de vulnerabilidades cibernéticas o la denegación logística durante situaciones de contingencia a escala mundial». Hegseth considera que Panamá forma parte de la «Gran América del Norte» y del «perímetro de seguridad inmediato».

«El Canal de Panamá es probablemente la infraestructura más importante del hemisferio occidental»

Kevin Cabrera
Embajador estadounidense en Panamá

«El Canal de Panamá es probablemente la infraestructura más importante del hemisferio occidental», afirma Kevin Cabrera, embajador estadounidense en Panamá. «Si se quisiera interrumpir nuestro comercio, el Canal de Panamá sería la vía para hacerlo». La coordinación militar entre Estados Unidos y Panamá es crucial para defender la vía navegable, añade.
Sin embargo, reanudar la «escuela de la selva» no resuelve en gran medida estas preocupaciones. Las tropas no pueden detener el espionaje ni los ciberataques de otros Estados, y se necesitarían en gran número para prevenir ataques con drones o sabotajes por parte de terroristas.

La neutralidad de panamá, amenazada

Por el contrario, una mayor injerencia estadounidense aumenta los riesgos para el canal. A los escolares panameños se les enseña que la neutralidad de su país es la mejor defensa del canal, mientras que su apertura a todos los buques «en tiempos de paz y en tiempos de guerra» ha sido la clave de su creciente papel en el comercio mundial. Rodrigo Noriega, un analista político local, afirma que el mercantilismo de Trump amenaza esta neutralidad y que aumentan las posibilidades de que el canal se convierta en objetivo. Cabrera descarta esta posibilidad. «A los actores estatales y no estatales no les importa el Estado de derecho. No les importan los tratados», afirma.
Los diplomáticos panameños siguen creyendo que sí importan. Durante el último año han renovado sus esfuerzos para conseguir que se sumen más signatarios al Tratado de Neutralidad. Austria, Bélgica, Brasil, Portugal y Suiza lo han firmado. Se han enviado invitaciones a Japón, la India y otros 12 países. La neutralidad, señala Noriega, ofrece a Panamá protección no solo frente a ataques físicos contra su canal, sino también, potencialmente, frente a las presiones de Trump.

Perkins Rocha: «El acuerdo entre Trump y Delcy se ha celebrado a espaldas de los venezolanos»

El abogado Perkins Rocha, de 63 años, es el asesor jurídico de María Corina Machado y coordinador de valores de su partido Vente Venezuela. Desde su residencia en la zona financiera de Caracas recibe a ABC. En la puerta de su ático, dos … policías vigilan el movimiento de los que entran y salen: «Pasen adelante», señalan los uniformados. En su pequeña sala, Perkins Rocha muestra el grillete electrónico que lleva en su pie derecho que los carceleros chavistas le colocaron el 10 de enero en su casa después de haber salido dos días antes de la prisión de El Helicoide, el mayor centro de torturas del país que la presidente interina Delcy Rodríguez ordenó cerrar.
Rocha es el único preso político venezolano que lleva una tobillera digital. Estuvo 535 días encerrado en prisión por cinco presuntos delitos: desde conspiración hasta traición a la patria. Le concedieron arresto domiciliario y debe presentarse ante el juzgado cada quince días.

—¿Qué opina del acuerdo petrolero firmado entre Delcy Rodríguez y la Administración Trump?
—Desconozco los términos en los que se pactó. Un acuerdo de esta naturaleza nacional, que se ha celebrado a espaldas de los venezolanos, debe revisarse en algún momento a los efectos de establecer su vigencia y sus alcances.

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CLAVES DE LATINOAMÉRICA

Emili J. Blasco

—¿Qué le parece que Delcy asegure que EE.UU. mantendrá durante 25 años el 22% de las reservas petrolíferas bajo su control?
—Delcy puede decir cualquier cosa. No estoy obligado a creerla. Ella no me representa, ni a ningún venezolano. Ni siquiera ha presentado el acuerdo a su Parlamento. Tendremos que revisarlo, no todas las cosas que nacen sin legitimidad externa son nulas. Para revisar la nulidad hay que ver el principio, los fines y propósitos. Habrá que comprobar qué se pactó.

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—¿Y no cree que han primado los intereses electorales de Trump por encima de los venezolanos?
—No quiero evaluar la política de EE.UU., ni me corresponde. Lo importante a los efectos públicos de los venezolanos es que hay un Estado que arriesgó seres humanos y recursos militares para darnos la libertad y extrajo a una persona, yo estoy aquí gracias a esa gesta.
—¿Cree que Delcy se adelantó a María Corina con el acuerdo con Trump para robarle la bandera de la apertura y privatización petrolera?
—Creo que la Administración interina de Delcy está tratando de sobrevivir. Entendió que para ello es necesario ejecutar acciones distintas a su doctrina e ideología y arriesgar un capital que la pueda mantener a flote, pero está tomando decisiones torpemente que nosotros en libertad nos hubiésemos planteado. Y no creo que se adelantara a María Corina Machado, sino que está tomando decisiones que pudieran ser similares a la que nosotros hubiésemos tomado.
—¿Y cual sería la diferencia entre los planes petroleros de Delcy y los de María Corina?
—Primero, nosotros consultaríamos a los venezolanos. Segundo, no serían decisiones reactivas a una presión externa, sino posiciones reflexivas en donde pudiéramos presentar a los venezolanos los beneficios y las ganancias que tendríamos. No algo a escondidas. Y no tendríamos por qué renunciar a la OPEP.
—¿Cuál sería su política petrolera?
—No tendríamos que renunciar a la visión geopolítica que con respecto al petróleo existe. Deberíamos apuntalar un crecimiento en América que pudiéramos ser autosuficientes continentalmente, no solo con petróleo, sino con gas y electricidad. Deberíamos tener un bloque americano para poder frenar otros mercados con otras intenciones. Ahí nos anotamos con la política norteamericana. Creo que tenemos el mismo enemigo externo e interno, comercial, político e ideológico.
—¿Cuál es el enemigo común?
—Son Rusia, China e Irán. Es el mismo enemigo de la Venezuela libre interno y externo. Y ese elemento en común haría que EE.UU. entendiera que Venezuela puede ser el socio pequeño pero fuerte, y no la rémora. Queremos ser aliados de Washington como lo fuimos en el pasado y construir una alianza con ellos y darles nuestros recursos pero de manera racional.

«Queremos ser aliados de Washington como lo fuimos en el pasado y construir una alianza con ellos y darles nuestros recursos pero de manera racional»

Perkins Rocha
Asesor jurídico de María Corina Machado y ex preso político

—¿Y en esos planes de privatización de María Corina cómo queda la soberanía de la estatal industria petrolera?
—La corporación Petróleo de Venezuela (PDVSA) es de los venezolanos pero será abierta al capital privado nacional e internacional. El Estado será solo promotor de esa inversión bajo la óptica de ganar. Y presentando las cuentas públicamente de forma transparente.
—¿Piensa revocar el acuerdo petrolero firmado por Delcy si llegan a gobernar?
—Pensamos revisar el acuerdo y ponerle racionalmente límites. No anularlo. Eso es importante. Se trata de la seguridad jurídica, de que las autoridades legítimas no anulen todo lo anterior porque generarías un daño terrible a los que por buena fe o confianza legítima creyeron que Delcy sí representaba a los venezolanos. Hay que ser serios en esto.
—Usted ha sido muy crítico con la mesa de negociación, ¿qué objeta?
—Mi primera objeción es de carácter ético. Han debido exigir la liberación de todos los presos políticos antes de sentarse a conversar con el régimen.
—¿Y qué opina de la renovación del Tribunal Supremo de Justicia?
—Mi observación es dónde está la sociedad civil. Apenas son 12 civiles y 11 parlamentarios chavistas en el comité de postulaciones del TSJ. Eso es inconstitucional porque el artículo 270 dice que el comité de postulaciones judiciales estará integrado por representantes de la sociedad civil y no diputados.
—¿Qué pasa con los catorce exmagistrados del TSJ del 2015 que se encuentran en el exilio?
—Si yo fuera Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional del 2015, haría justicia. Así como a ella EE.UU. le reconoció su legitimidad, también debería ser coherente con los magistrados. Así como ya fueron designados antes los 14 magistrados, los podemos incorporar ahora a los 32 que tendrá el nuevo TSJ.
—¿Qué expectativas tiene usted sobre el anuncio de Dinorah de que antes de diciembre tendremos un nuevo Consejo Nacional Electoral?
—Antes se debe designar un comité de postulaciones electorales para la elección de los rectores del CNE y debería ser paralelo. Sería mucho más fácil escoger cinco rectores electorales que 32 magistrados del TSJ.
—¿Qué le recomendaría a Dinorah Figuera?
—Que tenga más firmeza, audacia y autoridad y no ceda ante Jorge Rodríguez que intenta dilatar las elecciones.

«Dinorah Figura debería tener más firmeza, audacia y autoridad y no ceder ante Jorge Rodríguez que intenta dilatar las elecciones»

Perkins Rocha
Asesor jurídico de Maria Corina Machado y preso político

—¿Para cuándo se proyectan las elecciones?
—Los análisis que ha hecho Vente Venezuela proyectan entre ocho y nueve meses durará el proceso electoral. Este será manual con el respaldo del sistema electrónico a partir del momento en que se anuncie elecciones para tal fecha.
—¿Sabe cuándo regresará María Corina Machado a Venezuela?
—Ella ya está aquí con nosotros en espíritu. Su regreso es inminente.

¿Por qué Putin tiene el mismo problema que Trump y Sánchez?

La pregunta en el vecindario europeo más cercano a Rusia no es si Vladímir Putin piensa escalar sus agresiones, sino cuándo piensa romper el tabú disuasorio de no atacar directamente a un miembro de la Alianza Atlántica. Su fracaso durante los últimos cinco años en … Ucrania no ha mermado su beligerancia. De hecho, el irresponsable debilitamiento internacional de EE.UU. logrado por el presidente Trump multiplica el riesgo de un otoño todavía más caliente de lo que corresponde a estos tiempos de cambio climático.
Rusia ensaya masivas movilizaciones de nuevos soldados, construye un muro de drones frente al territorio europeo, y hace tiempo que ni se molesta en ocultar sus intenciones entre renovadas especulaciones sobre el uso de armas nucleares tácticas contra Ucrania. La creciente agresividad del Kremlin se está ensañando con Alemania, incluido el lanzamiento en agosto de drones con explosivos militares contra el aeropuerto de Leipzig. Como un coro de tragedia griega, los países europeos que se toman en serio su defensa y seguridad coinciden en que Putin quiere demostrar que el Viejo Continente es la esfera de influencia que le corresponde en el reparto tripartito con los EE.UU. de Trump y la República Popular de Huawei.

La semana pasada, el director de la CIA, John Ratcliffe, realizó una discreta visita a Moscú. La Casa Blanca, desbordada por Irán, restó importancia a la noticia pero lo cierto es que la penúltima vez que un responsable de la CIA, William Burns, se presentó en la capital rusa fue en noviembre de 2021, durante la Administración Biden. Tres meses después, Putin ordenaba la invasión de Ucrania.
Una preocupación recurrente en Washington es que los ‘Óscar Puentes’ que rodean al narcisista Putin no le estén contando la verdad. Y que se encuentre más despegado de la realidad que nunca, lo que multiplica su peligrosidad. Antes de contactar con el ocupante de un mundo tan triunfalista como menguante, el director de la CIA debería haberse dado una vuelta tanto por Moncloa como por la Casa Blanca.

Un alumno irrumpe a tiros en una escuela del centro de Tailandia sin dejar víctimas

Un alumno de una escuela de Secundaria del centro de Tailandia irrumpió este miércoles a tiros en su instituto sin causar víctimas, en el tercer incidente de este tipo registrado en lo que va de año en el país del Sudeste Asiático, cuya legislación sobre armas de fuego es considerada laxa y anticuada.Sobre las 14.20 hora local (9.20 hora penínsular), «un estudiante de 15 años, que recibía tratamiento por depresión, llevó una pistola de 9 milímetros y disparó dentro de la escuela, provocando pánico entre estudiantes y docentes», explicó la Oficina de Relaciones Públicas de la provincia de Kamphaeng Phet –donde se ubica el colegio– en un comunicado difundido en Facebook.»La zona fue acordonada y todos los alumnos fueron evacuados», añadieron las autoridades locales, que subrayaron que el «impactante» tiroteo no dejó muertos ni heridos en la escuela, que suspenderá dos días las clases presenciales.Agentes policiales, funcionarios administrativos, profesores y unidades de rescate de la zona se coordinaron «para sofocar rápidamente el incidente» y, con ayuda de ciudadanos, lograron confiscar el arma y detener al agresor, que será interrogado por la Policía para determinar los motivos que lo llevaron a atacar y «emprender acciones legales».El tercer tiroteo en centros educativos este añoEl ocurrido este miércoles es el tercer tiroteo registrado este año en centros educativos en Tailandia, donde se ha reabierto el debate sobre el acceso a las armas de fuego. El 7 de agosto, un menor irrumpió a tiros en una escuela de la provincia de Nonthaburi –al norte de Bangkok– y mató a seis personas, después de haber acabado con la vida de sus abuelos en su vivienda. El agresor también perdió la vida en el incidente.Se trató del tiroteo más grave registrado en Tailandia en cuatro años y tuvo lugar después de que, en febrero, la directora de un colegio de Hat Yai –en el sur del país– falleciera tras abrir fuego un hombre en el centro.Además, en 2022, un expolicía disparó en el interior de una guardería de la localidad de Uthai Sawan –en el noreste del país– y mató a 34 personas, entre ellas 22 niños y una profesora embarazada.Tailandia cuenta con unas 15,14 armas de fuego por cada 100 civiles, según datos de Small Arms Survey, y existe además un acceso relativamente sencillo a este tipo de armamento para personal del Ejército y la Policía.La principal ley que regula las armas de fuego data de 1947 y establece un sistema de licencias emitidas por el Ministerio del Interior, que permite a los civiles poseer y portarlas, con concesiones para funcionarios.Los controles para poder comprar un arma legal se limitan al registro de huellas dactilares, un documento de identidad y un permiso de tenencia de armas cuyo precio no supera los 6 bahts –unos 16 céntimos de euro– y que el Estado tarda unos tres meses en conceder. A finales de 2023, las autoridades suspendieron los permisos para llevarlas en público.

El jurado del juicio por asesinato de Lindsay Clancy afirma que sigue sin llegar a un veredicto

Los miembros del jurado del juicio por asesinato contra Lindsay Clancy han informado este miércoles de que seguían sin llegar a un acuerdo sobre si condenar a la mujer de Massachusetts (Estados Unidos) por matar a sus tres hijos en su domicilio … en 2023, lo que ha llevado al juez a ordenarles por segunda vez que siguieran deliberando.
El juez William Sullivan, de Plymouth (Massachusetts), ha dado instrucciones especiales —a veces denominadas «instrucción dinamita»— para animar a los 12 miembros del jurado a reexaminar sus posturas e intentar llegar a una decisión unánime. El juicio se encuentra en su sexta semana y en su quinto día de deliberaciones.

El martes por la mañana, el jurado envió una nota similar en la que indicaba que no era capaz de llegar a una decisión unánime. Sullivan les había ordenado que siguieran deliberando, pero terminaron el día sin alcanzar un veredicto y regresaron el miércoles para continuar examinando el caso.

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Juan Soto Ivars

Nadie discute que Clancy, de 36 años, estranguló hasta la muerte a sus tres hijos en 2023 con bandas elásticas de ejercicio en el sótano de su casa, situada en Duxbury, un suburbio de Boston. A continuación, se infligió cortes con un cuchillo y saltó desde una ventana del segundo piso en un intento de quitarse la vida que la dejó en silla de ruedas.
Su abogado, Kevin Reddington, intentó convencer al jurado a lo largo del juicio de que debía ser declarada inocente por demencia y argumentó que era una madre cariñosa que se encontraba en medio de un episodio psicótico cuando mató a Cora, de 5 años; a Dawson, de 3, y a Callan, de 8 meses, el 24 de enero de 2023.

La salud mental en el posparto

El juicio televisado ha reavivado los debates, que llevaban tiempo latentes, sobre cómo se aborda la salud mental en el posparto de las mujeres en EE.UU. y cómo el sistema judicial del país trata los casos en los que las madres matan a sus hijos.

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El miércoles, antes de hacer entrar al jurado, Sullivan advirtió a todos los que seguían el juicio de que las leyes y una orden judicial prohíben a las personas interferir con los testigos o los miembros del jurado.
Clancy, exenfermera de parto, se enfrenta a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si es declarada culpable de asesinato en primer grado. Si es considerada inocente por demencia, podría ser internada en un hospital psiquiátrico estatal para ser evaluada.

Chile refuerza su soberanía sobre el estrecho de Magallanes más allá del decreto argentino

La soberanía chilena sobre el estrecho de Magallanes es un tema zanjado, más allá de los decretos y declaraciones que emitan las autoridades argentinas. Así lo estimó este miércoles el presidente José Antonio Kast, quien despejó la polémica durante su observación de … ejercicios navales en la zona en cuestión.
Las palabras del mandatario se conocen en la víspera de una reunión bilateral en el Palacio de La Moneda, con el presidente trasandino Javier Milei quien asistirá a una nueva reunión del Foro Madrid que se realizará en la capital este jueves.

En medio de las operaciones del ‘Navy Day’ en el estrecho, Kast señaló que él no le va a exigir a su par firmar un decreto especial que anule el dictado en 2021 por el expresidente Alberto Fernández y que indica que dicho paso interoceánico es compartido y de «control conjunto».

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María J. Errázuriz

«Mañana tendremos una reunión con el presidente Milei, como hemos tenido otras anteriores, donde hablaremos de distintos temas. Este tema está zanjado, más allá de la firma de un decreto o que pone término a un decreto que firmó el señor Fernández… Ahondar en la discusión no tiene mayor sentido. Es algo que se va a dar, pero no necesariamente uno tiene que exigirle a un presidente cuando viene a la nación, decirle: ‘Le exijo esto’«, afirmó Kast desde el extremo austral de Chile.
La firma del decreto derogatorio es demandada por todos los sectores políticos en el país, desde los nacional libertarios hasta el socialismo democrático, más cuando en las últimas semanas algunos altos generales argentinos han recaído en el error de afirmar que Argentina tiene control sobre la boca oriental del estrecho.
Tanto Kast como las demás autoridades chilenas han remarcado que el tema está claramente establecido en los Tratados de Límites de 1881 y de 1984, donde se específica que Chile es el único con soberanía en ese paso.

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El ministro de Defensa, Fernando Barros, aseguró a comienzos de semana que el presidente Milei está próximo a firmar un decreto que echa pie atrás con lo obrado por Fernández porque así se lo comunicó su colega argentino Carlos Pristi, con quien ha conversado telefónicamente por la polémica. Según Barros, Pristi aseguró que, en las palabras del comandante de la Fuerza Aérea, general Gustavo Valverde ha habido un error, «una falta de prolijidad» y que «el tema no está en discusión». Lo mismo sostuvo el viernes el comandante en jefe de la Armada argentina, almirante Juan Carlos Romay, quien declaró que el estrecho «le pertenece a Chile».
En la misma línea, el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna sostuvo este martes que «la información que tenemos y que nos transmitieron en marzo, y que nos han reiterado desde entonces, es que (el decreto) está listo para la firma».

Polémico decreto

La demora en la firma ha generado suspicacias en Chile. El vicepresidente del Senado, Iván Moreira, manifestó ayer que «para volver a creer, después de cinco años de espera, la respuesta definitiva será una vez firmada la derogación del decreto y una buena oportunidad sería antes de la visita del presidente Milei».
El documento en cuestión (decreto 457/2021) fue firmado por Alberto Fernández en julio de 2021 y señala textualmente que es «fundamental continuar fortaleciendo la exploración, estudio y control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces (Mar de Drake)».
En esa oportunidad, el gobierno del expresidente Sebastián Piñera envío a la Casa Rosada una nota de protesta para reclamar por el texto, pero en marzo de 2022, al asumir Gabriel Boric la presidencia el tema salió de la agenda. Solo se retomó cuando tras el cambio de embajador en Buenos Aires en 2023, el socialista José Antonio Viera-Gallo expresó formalmente a la Cancillería argentina derogar el decreto.
Pese a que Alberto Fernández visitó Chile tres veces después de la firma del decreto nunca retrocedió. Por eso, hoy se reclama que Milei actué en consecuencia.
«Si el presidente Kast de verdad va a defender a nuestro país lo que debe hacer es exigirle al presidente Milei la derogación inmediata del decreto», dijo el diputado socialista Nelson Venegas. A esta demanda el mandatario chileno dijo no este miércoles.