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El abogado de Lindsay Clancy pide archivar el caso: «¿Dónde están las pruebas de que ella lo hizo?»

El abogado de Lindsay Clancy, la madre estadounidense acusada de asesinar a sus tres hijos, ha pedido este martes a un juez que su clienta sea absuelta después de que el jurado no alcanzara un veredicto en el caso a principios de septiembre.
Clancy, de 36 años, no negó durante el juicio haber estrangulado a Cora, de cinco años; Dawson, de tres, y Callan, de ocho meses, pero sostuvo que sufría psicosis posparto, lo que, según su defensa, la eximiría de responsabilidad penal.

«¿Dónde están las pruebas de que ella hizo esto?», se ha preguntado Kevin Reddington, abogado de Clancy, ante un tribunal de Massachusetts durante una audiencia para determinar si habrá nuevo juicio.

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Reddington ha puesto en duda las propias declaraciones de Clancy de que mató a sus hijos, lo que sería un cambio importante respecto a su línea de defensa basada en la salud mental.
Un jurado de nueve mujeres y tres hombres no logró alcanzar el 4 de septiembre una decisión unánime, como exige la ley estadounidense en los procesos penales, lo que llevó a declarar nulo el proceso. Ahora, Reddington busca que el juez dicte un veredicto de no culpabilidad, lo que supondría desestimar el caso tras un mediático juicio. «Todo se basa en conjeturas», ha dicho. Por su parte, la fiscal Jennifer Sprague ha rechazado la alegación de falta de pruebas como un «argumento ridículo».
El juez William Sullivan ha aplazado la audiencia hasta el 2 de noviembre y ha planteado la posibilidad de fijar una nueva fecha para el juicio, en función de lo que decida sobre la solicitud de la defensa. También estudiará la petición de divulgar información adicional sobre las deliberaciones del jurado, que duraron siete días.

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De los 12 miembros del jurado, once se pronunciaron a favor de declarar a Clancy no culpable por motivos de salud mental, mientras que uno se opuso y afirmó públicamente que la considera culpable.

Debate sobre la salud mental y el posparto

El juicio, en el que declararon más de 80 testigos, desató un debate en Estados Unidos sobre la salud mental en el posparto. El presidente Donald Trump calificó el caso de «tragedia horrible» y dijo que daba por hecho que habría otro juicio.
Clancy, que está internada en una institución psiquiátrica, se declaró no culpable por enajenación mental y afirmó que escuchó una voz que le ordenaba matar a sus hijos. Sus abogados sostienen que eso fue provocado por una psicosis posparto, condición que según expertos médicos afecta a entre una y dos mujeres por cada 1.000 partos.
Los fiscales rechazaron ese argumento y afirmaron que Clancy planificó cuidadosamente los asesinatos de sus hijos y era capaz de comprender las consecuencias de sus actos. Tras los homicidios ocurridos en la vivienda familiar en Massachusetts, en enero de 2023, la mujer se cortó el cuello y las muñecas y saltó desde una ventana de un segundo piso en un aparente intento de suicidio, tras lo que quedó paralizada de cintura para abajo.

Sudáfrica corre el riesgo de convertirse en un Estado mafioso

A principios de la década, si se hubiera preguntado a los directivos de las empresas sudafricanas cuál era el mayor problema al que se enfrentaba su país, la mayoría habría respondido que la electricidad. Los incesantes cortes de luz estaban asfixiando la economía. Hoy en … día, otro tema ocupa el primer puesto de su lista: el crimen organizado.
Sudáfrica lleva mucho tiempo teniendo un mundo del hampa. Ahora la criminalidad amenaza al mundo oficial: el Estado y el sector empresarial formal. La amenaza ha quedado dramáticamente documentada en una investigación dirigida por Mbuyiseli Madlanga, un juez jubilado, que cumplió un año el 17 de septiembre. Sus audiencias televisadas han sacado a la luz más esqueletos que una fiesta de Halloween, y han revelado cómo las mafias se han apoderado del sistema de justicia penal. Que Sudáfrica sea capaz de detener esta decadencia será una prueba decisiva para su democracia.

La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) sitúa a Sudáfrica en el séptimo peor puesto de 193 países en cuanto a criminalidad organizada, solo por detrás de Myanmar, Colombia, México, Ecuador, Paraguay y el Congo, y por delante de Brasil. Mark Shaw, director del grupo, afirma que la situación del país ha empeorado en cada informe bienal desde que se iniciaron en 2019. El Banco Mundial señala que la delincuencia le cuesta a Sudáfrica al menos el 10 % del PIB al año en forma de bienes robados, elevados costes de seguridad y seguros, y «oportunidades económicas perdidas». «El crimen organizado es ahora la amenaza más inmediata para nuestra democracia, nuestra sociedad y nuestro desarrollo económico», declaró el presidente Cyril Ramaphosa ante el parlamento en febrero.

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Sudáfrica lleva muchos años siendo un centro de tráfico ilícito: el contrabando de drogas, animales, plantas raras y personas se lleva a cabo con facilidad. Los delitos financieros y cibernéticos también están a la orden del día. Sin embargo, hay tres tendencias preocupantes que son relativamente nuevas: el crecimiento de la economía ilícita, el auge de las mafias de extorsión y la captura de las fuerzas policiales y la política por parte de elementos criminales.
Edward Kieswetter, que hasta abril dirigió la autoridad fiscal de Sudáfrica, calcula que el volumen de la economía ilícita ha pasado del 5 % del PIB de hace dos décadas al 12-15 % del PIB de este año —al menos tan grande como la industria manufacturera legal—. Las empresas legítimas se ven sometidas a una gran presión. Aproximadamente el 70 % de los cigarrillos y el 20 % de las bebidas alcohólicas se venden de forma ilegal. Solo la minería ilícita supuso al menos 60 000 millones de rands (3300 millones de dólares o el 0,8 % del PIB) en pérdida de producción formal en 2024. Kieswetter estima que las empresas ilícitas le cuestan al Estado hasta 300 000 millones de rands al año en impuestos no recaudados, una cantidad suficiente para financiar el presupuesto sanitario.
La segunda amenaza creciente es la extorsión. Hace aproximadamente una década surgió una «mafia de la construcción» en la provincia de KwaZulu-Natal (KZN). Sus miembros amenazaban con sabotear proyectos de infraestructura a menos que recibieran una parte de los beneficios del contrato. Desde entonces, estos grupos se han extendido. El gobierno de Ciudad del Cabo cuenta con una «sala de crisis» específica para organizar la protección de más de 50 proyectos. Los delincuentes son «astutos», señala Geordin Hill-Lewis, el alcalde; los miembros de la mafia intentan infiltrarse en las empresas de seguridad contratadas para proteger las obras que amenazan.
Los casos de secuestro para obtener rescate se han más que triplicado en la última década. Los empresarios están contratando más personal de seguridad. Intercape, una empresa de autobuses, ha registrado más de 220 incidentes violentos contra su flota desde 2020, perpetrados por delincuentes vinculados a la famosa industria del «taxi», proveedores de minibuses que ven con malos ojos la competencia.
Los más pobres son los que más sufren. Algunos gánsteres exigen dinero a cambio de protección a los profesores. Los grupos de la «mafia del agua» sabotean las tuberías municipales y, mediante sobornos o intimidación, se hacen con contratos para camiones cisterna. Después cobran a los residentes pobres por cubo. Ciudad del Cabo, que está intentando plantar cara, ha desplegado 200 agentes de las fuerzas del orden para proteger al personal que presta servicios públicos en las afueras, azotadas por las bandas.

Los casos de secuestro para obtener rescate se han más que triplicado en la última década. Los empresarios están contratando más personal de seguridad

A medida que el crimen organizado se ha extendido, ha infectado al Estado: esta es la tendencia más preocupante. La Comisión Madlanga se creó después de que Nhlanhla Mkhwanazi, el oficial de mayor rango de KZN, hiciera acusaciones explosivas sobre la connivencia entre la policía, los políticos y los mafiosos. Hasta ahora, su labor ha provocado la dimisión del ministro de la policía de Sudáfrica, del comisario general de policía, de su adjunto, del jefe de la unidad de crimen organizado de la policía y del abogado que dirigía una división anticorrupción en el seno de la Fiscalía Nacional (NPA). En el centro de los acontecimientos se encuentra Vusimuzi «Cat» Matlala, un presunto mafioso que está siendo juzgado por intento de asesinato. En las vistas se le ha acusado de sobornar a agentes con dinero en efectivo y regalos, entre los que se incluyen una veintena de impalas y dosis de Ozempic, un medicamento para adelgazar.
Es posible que la comisión solo esté viendo la punta del iceberg. El creciente poder económico y la influencia política del crimen organizado hacen que los criminólogos comparen cada vez más a Sudáfrica con los países de América Latina más azotados por la mafia. Firoz Cachalia, ministro de la policía en funciones, afirma que el gobierno ha identificado 162 organizaciones criminales desde 2024. Muchas de ellas operan en varios mercados delictivos; algunas tienen vínculos con redes internacionales.
Recurren a un mercado de sicarios. Según la GI-TOC, entre 2000 y 2025 se produjeron alrededor de 2500 incidentes relacionados con asesinatos por encargo o intentos de asesinato. En lo que va de año, se han producido cerca de 30 asesinatos políticos.

Un problema de mucho mayor calado

A medida que el Estado se retira, los sudafricanos pasan a tomar cartas en el asunto. En las zonas pobres, el vigilantismo va en aumento. En las zonas más ricas, proliferan las empresas de seguridad privada. A finales de la década de 1990 había un agente de seguridad privada por cada agente de policía; hoy en día, la proporción es de cuatro a uno. Inspiradas por una colaboración entre el sector empresarial y el gobierno que ayudó a hacer frente a los cortes de electricidad y a los problemas logísticos, las empresas están ayudando a los investigadores y a los fiscales a resolver casos complejos proporcionándoles formación y tecnología (por ejemplo, en banca y telecomunicaciones). El objetivo es garantizar que los cabecillas acaben entre rejas. «La rendición de cuentas es la mejor forma de prevenir el crimen organizado», sostiene Anton du Plessis, exsubdirector de la NPA y actual líder de Business Against Crime South Africa (BACSA). Sin embargo, hay límites a lo que se puede hacer sin una reforma institucional. «No se puede privatizar el Estado de derecho», señala du Plessis.
La Comisión Madlanga ofrece una oportunidad única en una generación para sanear el sistema de justicia penal. Es lo más parecido que ha visto Sudáfrica a las investigaciones llevadas a cabo en otros países que lograron desarticular a los delincuentes organizados, como las realizadas en Italia en la década de 1990. En noviembre, Madlanga tiene previsto presentar a Ramaphosa sus propuestas de reforma.
La forma en que actúe el presidente contribuirá a definir su legado. Su partido, el Congreso Nacional Africano (ANC), está implicado en la delincuencia. El presidente ha actuado con demasiada lentitud para reparar el daño institucional causado por su predecesor, Jacob Zuma. Ramaphosa da a entender que quiere ser recordado por haber salvado a Sudáfrica de la era de la «captura del Estado». Sin embargo, se le está acabando el tiempo. Su sucesor al frente del ANC será elegido el año que viene.

Una madre abandona a sus cuatro hijos para irse de crucero a las Bahamas

Una madre de 29 años ha sido acusada de negligencia infantil por, supuestamente, abandonar a sus cuatro hijos —entre ellos un bebé de dos meses y un niño de dos años— para irse de crucero a las Bahamas. Los menores fueron encontrados el sábado por la Policía en el domicilio de la mujer, natural de North Miami Beach y que ha sido identificada como Nathalie Belizaire, según ha informado la cadena ABC News.Las autoridades se personaron en la vivienda de la acusada después de que Lether Bazile encontrara a su hija de dos meses, fruto de su relación con Nathalie Belizaire, en la casa y llamara al 911. La pequeña y sus tres hermanos estaban sin supervisión y escondidos en el baño. La Policía descubrió posteriormente que la mujer había comprado un billete para irse en un crucero de cuatro días el 25 de septiembre.La acusada le había dicho a Lether Bazile que iba a dejar a los niños con su bisabuela. Sin embargo, a pesar de que Nathalie Belizaire le comunicó a la mujer que le llevaría a los menores porque iba a salir de la ciudad, la realidad es que nunca lo hizo.La Policía finalmente detuvo a la mujer el lunes en el puerto de Miami cuando llegó el crucero. Nathalie Belizaire ha comparecido este martes ante un juez, pero todavía no se ha declarado culpable ni inocente.

El Supremo avala cautelarmente las deportaciones de Trump a terceros países

El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio este martes una victoria a Donald Trump en su ofensiva migratoria al permitir que su Gobierno continúe deportando inmigrantes a terceros países, incluso cuando no tengan ningún vínculo con ellos. La Administración podrá mantener por ahora una de … sus políticas migratorias más controvertidas mientras los nueve magistrados deciden si el procedimiento empleado por el Gobierno es legal, ya que la decisión es cautelar.
La inmensa mayoría de los 25.000 deportados a terceros países ha terminado en México, pero la red creada por Washington se extiende mucho más allá de la frontera sur de Estados Unidos. Entre los países que han aceptado recibir inmigrantes procedentes de Estados Unidos aparecen también El Salvador, Liberia o Guyana, lugares con los que algunos de los deportados no habían tenido anteriormente ninguna relación. Muchos de ellos no sabían ni donde estaban al llegar a su destino.

El Supremo ha convocado para diciembre los argumentos sobre el fondo del caso y será entonces cuando examine los límites de estas deportaciones. La decisión de este martes permite simplemente que continúen mientras se desarrolla el litigio, una distinción importante porque los magistrados todavía no se han pronunciado definitivamente sobre la legalidad de la política. El fallo definitivo sólo llegará en verano de 2027.
La decisión se ha adoptado por seis votos contra tres, siguiendo la habitual división entre la mayoría conservadora y los tres magistrados considerados progresistas. El Supremo paraliza así una resolución de un tribunal de apelaciones que había impuesto límites a la capacidad del Ejecutivo para enviar rápidamente a los inmigrantes a países distintos de aquellos de los que son ciudadanos.
El conflicto gira sobre todo alrededor de qué posibilidades tiene un inmigrante de recurrir antes de subir a uno de esos vuelos. Los tribunales inferiores habían establecido que el Gobierno debe ofrecerle una oportunidad real de presentar objeciones antes de deportarlo a un país con el que puede no tener relación alguna, especialmente cuando sostiene que allí corre peligro de ser perseguido o torturado.
La Administración Trump considera que ese requisito convierte un procedimiento rápido de deportación en otro largo proceso judicial. Los abogados del Gobierno alegaron ante el Supremo que la decisión del tribunal inferior ya había tenido consecuencias prácticas y había obligado a cancelar un vuelo en el que unos 70 inmigrantes iban a ser enviados a tres países distintos.

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Las cifras muestran que no se trata de una parte menor de la política migratoria de Trump. Desde que comenzó a aplicar este sistema, su Gobierno ha deportado a esos 25.000 inmigrantes a más de dos docenas de países que no eran necesariamente los suyos. Para hacerlo, Washington ha negociado una serie de acuerdos con otros gobiernos, algunos de ellos mantenidos en secreto.
El mecanismo se utiliza sobre todo cuando Estados Unidos se encuentra con un inmigrante que ya tiene una orden definitiva de deportación pero no puede ejecutar su expulsión de la forma habitual. En algunos casos su país de origen se niega a recibirlo. En otros existen obstáculos que impiden devolverlo allí. La solución de la Administración ha sido buscar otro Gobierno dispuesto a aceptarlo.
Trump sostiene además que este instrumento es especialmente importante para expulsar a extranjeros con condenas por la vía penal que de otro modo podrían permanecer en Estados Unidos pese a existir una orden definitiva contra ellos. Pero los abogados que representan a los inmigrantes recuerdan que entre quienes han sido enviados a terceros países también hay personas sin antecedentes criminales algunos.
El Gobierno asegura que esas deportaciones no se realizan sin garantías. Según los abogados federales, los países receptores se comprometen ante Estados Unidos a no perseguir ni torturar a las personas que reciben. Washington considera esas garantías suficientes para proceder con los traslados y rechaza que cada caso tenga que convertirse en un nuevo procedimiento prolongado antes de ejecutar la deportación.
Los abogados de los inmigrantes ofrecen una versión muy distinta de lo que ocurre una vez que los aviones aterrizan. Sostienen que algunos deportados han terminado encarcelados en países que ni siquiera conocían antes de que Estados Unidos decidiera enviarlos allí. Personas que esperaban ser expulsadas de territorio estadounidense descubren así que su destino no es su país de origen, sino un tercero elegido mediante un acuerdo entre gobiernos.
Ese es precisamente el principal argumento contra la política aplicada por Trump. Sus detractores sostienen que las garantías diplomáticas no eliminan necesariamente los riesgos que puede afrontar una persona una vez entregada a las autoridades de otro país. En algunos casos, afirman, existen motivos concretos para temer por su seguridad, incluso aunque el Gobierno receptor haya prometido previamente a Washington que respetará sus derechos.
Existe además otra consecuencia. Algunos inmigrantes enviados a terceros países pueden acabar ante una elección difícil: permanecer en un lugar donde no tienen familia, vínculos ni perspectivas de futuro, o intentar regresar al mismo país del que huyeron. Sus abogados sostienen que eso puede terminar exponiéndolos precisamente a la persecución o la tortura que habían intentado evitar al llegar a Estados Unidos.
No es la primera vez que este asunto llega al Supremo. Los magistrados ya habían permitido anteriormente que los vuelos continuaran de forma temporal cuando la disputa judicial llegó ante ellos el año pasado. La decisión de este martes mantiene esa línea y vuelve a conceder al Ejecutivo margen para aplicar su política mientras los tribunales resuelven el fondo del conflicto.
El caso forma parte, finalmente, de una batalla mucho mayor sobre hasta dónde puede llegar Trump para cumplir una de las grandes promesas de su regreso a la Casa Blanca. Su Administración se ha comprometido a deportar a millones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos y ha buscado nuevas fórmulas para acelerar las expulsiones, y recurrir a esos terceros países son una de ellas.

Scaloni, antes de los amistosos que traen a Messi de regreso a la Selección: «Entre todos tenemos que suplir lo que nos daba»

Este miércoles el seleccionado argentino regresará al campo de juego por primera vez luego de la final del Mundial -el pasado mes de julio-, que acabó con la consagración de España como campeón. El motivo es una serie de amistosos con un condimento muy especial: … el tercero y último de ellos será la despedida oficial de Lionel Messi del equipo albiceleste. Horas antes del primero de los encuentros, en el que la ‘scaloneta’ se enfrentará a Bolivia, el técnico Lionel Scaloni admitió su intención de continuar en el puesto, habló de la gran despedida de Messi y despejó interrogantes sobre el futuro de la camiseta número 10.
El entrenador también anunció quiénes serán los capitanes en los próximos tres partidos que jugará la albiceleste: Cristian ‘Cuti’ Romero, Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Lautaro Martínez. «No buscamos un caudillo al que los compañeros le tengan miedo. Buscamos gente positiva y buena gente para suplir lo que hacía Leo, que va a ser difícil. El grupo siempre ha respondido y tenemos gente que lo puede hacer», expresó.

Si bien apenas Messi anunció su retiro definitivo del seleccionado albiceleste en Argentina circularon fuertes versiones de que Scaloni seguiría inmediatamente sus pasos, este martes, en el marco de una rueda de prensa, el entrenador se mostró muy favorable a continuar. «Cada vez que vengo, tengo una reunión con Tapia –presidente de la AFA-», sostuvo. Y añadió que «la predisposición está de ambas partes… Las ganas están».

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A continuación, el técnico hizo referencia a una de las principales dudas de los argentinos luego de la salida del astro del fútbol: ¿qué ocurrirá con la camiseta número 10 en una selección sin Messi? Dado que el rosarino jugará solo en la tercera fecha, el próximo 6 de octubre en el Monumental, la camiseta recién se usará en esa ocasión. Sin embargo, Scaloni anticipó que esta prenda tendrá un heredero. «En estos partidos no tenemos obligación, así que no le vamos a dar la camiseta a nadie», dijo, pero aclaró: «La idea es que se la quede uno«.

La era post Messi

El entrenador también explicó que su tarea en estos momentos es modificar el esquema de juego de la ‘scaloneta’ a fin de acomodar el escenario a la ausencia de su principal figura. «Por suerte, en los partidos en los que no ha estado Messi el equipo ha respondido», destacó. En la misma línea, indicó: «Le vamos a buscar la vuelta para jugar de otra manera. Se pueden usar dos o tres delanteros. Intentaremos desde nuestro fútbol: tener la pelota y juntar gente que juegue bien. Al menos mientras nosotros estemos acá«.
A partir de ahora, su desafío más grande consiste en reordenar el escenario a fin de disminuir el impacto de la salida de ‘La Pulga’. Así lo ha expresado Scaloni en la antesala del enfrentamiento con Bolivia: «Entre todos tenemos que suplir lo que nos daba».

La gran despedida

Luego de enfrentar a Bolivia este miércoles, la próxima fecha de la ‘scaloneta’ es este sábado contra Burkina Faso. Pero el partido más esperado tendrá lugar el martes, cuando Messi salga al campo de juego para lucir la camiseta albiceleste por última vez.
Está previsto que el deportista más querido de Argentina aterrice el próximo domingo en su país para prepararse para enfrentar a Benín en un encuentro en el Monumental en lo que será una gran fiesta del fútbol. Será la última oportunidad para sus compatriotas para celebrar al ídolo que en 2022 devolvió la esperanza de una copa mundial a todo un país que la esperó por más de tres décadas.

Más de 200.000 personas protestan en Francia en una huelga de funcionarios contra los recortes

El Gobierno francés se enfrentó este martes a las primeras manifestaciones de un otoño en el que convergen varios factores de cabreo social: el elevado precio de la gasolina y la voluntad gubernamental de aplicar unos recortes de 54.000 millones de euros. Entre más … de 300.000 (según los sindicatos) y 206.000 personas (Ministerio del Interior) han protestado en 170 ciudades en esta jornada de huelgas en varios sectores de la función pública. Aunque las cifras de manifestantes han resultado inferiores a las que hubo en la ‘rentrée’ del año pasado –la Policía contabilizó más de medio millón de manifestantes en una huelga general el 16 de septiembre de 2025–, tampoco ha sido una movilización que el Ejecutivo pueda ignorar.
Los sindicatos han avisado de que la huelga de funcionarios de este martes es solo el aperitivo. «Queremos alertar al Gobierno: no para de crecer la indignación por los salarios y el coste de la vida. (…) Si el Ejecutivo sigue haciendo oídos sordos, los frentes se multiplicarán», ha asegurado Sophie Binet, secretaria general de la CGT –uno de los dos sindicatos más influyentes en Francia–, poco antes del inicio de la protesta en París. De hecho, las organizaciones de trabajadores han advertido de que contemplan la convocatoria de una huelga general para las próximas semanas, si las autoridades no escuchan sus reivindicaciones respecto a los presupuestos y la subida de los precios.

El Ejecutivo «prepara unos recortes de 54.000 millones de euros en perjuicio de los trabajadores, los jubilados y los jóvenes. Se trata de un tijeretazo que nunca habíamos visto en Francia», explicó a este medio Frédéric Lejeune, de 53 años, conductor de trenes de la SNCF y militante en Sud, durante el transcurso de la manifestación en París. Este representante sindical se refería al «esfuerzo presupuestario» anunciado hace dos semanas por el primer ministro Lecornu para las cuentas públicas del año que viene.

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Enric Bonet

Congelación de sueldos públicos y pensiones altas

El Gobierno presentará oficialmente el jueves el proyecto de ley presupuestario. Según ya ha anunciado, incluirá medidas impopulares, como una congelación del sueldo de los funcionarios y de las pensiones de jubilación superiores a 2.000 euros. Lecornu considera necesarias estas políticas para reducir el elevado déficit público, del 5,4% del PIB previsto para finales de este año a un 5,1% en diciembre de 2027. Y así compensar la delicada situación de las arcas públicas del país vecino, donde está previsto que la deuda supere el año que viene el 120% del PIB.
Estos recortes, sin embargo, corren el riesgo de lastrar las opciones de los candidatos afines a Macron –los ex primeros ministros Édouard Philippe y Gabriel Attal– de cara a las elecciones presidenciales de la próxima primavera. Al rompecabezas presupuestario se le ha sumado el malestar por el incremento del precio del combustible a causa del conflicto bélico en Oriente Medio. El empeoramiento de la situación en las gasolineras ha coincidido con una caída de la popularidad del presidente y del primer ministro a sus niveles más bajos.

«Mi salario apenas ha aumentado en los últimos tres años. Cuando uno gana 2.000 euros al mes, difícilmente puede llegar a final de mes en una ciudad tan cara como París»

Lolita
Maestra de escuela

«Mi salario apenas ha aumentado en los últimos tres años. Cuando uno gana 2.000 euros al mes, difícilmente puede llegar a final de mes en una ciudad tan cara como París», se quejaba Lolita, de 38 años, una maestra de escuela que participó en la manifestación en la capital francesa junto con su hija pequeña. Entre 70.000 (según los organizadores) y 30.000 (según la Policía) desfilaron por la tarde por los bulevares que hay entre la Plaza de República y la de la Nación.

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Predominó un ambiente festivo durante la manifestación en París, donde se veían los habituales globos sindicales y chalecos con los colores de cada organización. Los principales focos de tensión fueron los intentos de bloqueo de las entradas de los institutos por la mañana (más de 400 en todo el país), donde se produjeron enfrentamientos entre menores de edad y agentes antidisturbios. A pesar de ello, fue una jornada de protestas relativamente tranquila para los estándares de Francia, uno de los países más bulliciosos de Europa.

Poco más de un 10% de funcionarios en huelga

Uno de los cuerpos del Estado más representados fue el de los bomberos. «Con el cambio climático, nuestros medios actuales son insuficientes para hacer frente a los grandes incendios a los que nos enfrentamos. Antes los fuegos forestales se concentraban en el arco mediterráneo, pero este verano los hubo por toda Francia», recuerda Thomas, del Sindicato Autónomo de la zona de Marsella. Las autoridades contabilizaron 8.000 bomberos en la protesta en la capital. Estos cantaron la Marsellesa en la estatua de la Plaza de la Bastilla y fueron aplaudidos cuando llegaron al final de la manifestación.
Recortes, crisis energética, verano sofocante… Varios factores de indignación se acumulan en Francia. Teniendo en cuenta todo esto, algunos manifestantes se mostraban algo decepcionados por el porcentaje de huelguistas. «Me gustaría que el país se hubiera paralizado, pero solo ha habido un 13% de los profesores en huelga –y una media nacional del 10% de los funcionarios–. Pero no abandonaremos la lucha», advertía Lolita, quien llevaba una pancarta en la que decía: «Nos manifestaremos tanto como sea necesario». Las próximas semanas dirimirán si fue una jornada de huelgas puntual en medio de un periodo de tregua antes de las presidenciales. O el inicio de un otoño caliente.