Mark Carney gobierna en medio de una paradoja. El mayor socio comercial de Canadá, Estados Unidos, está dirigido por un hombre poco fiable que utiliza las barreras comerciales como arma. Para Canadá, diversificar sus socios comerciales es una medida acertada, pero lleva tiempo. Construir la … infraestructura necesaria para abastecer a los nuevos mercados requiere una inversión considerable. Sin embargo, pocas cosas contribuirían más a que esa inversión fluyera que un acuerdo comercial con Estados Unidos.
La búsqueda de dicho acuerdo ha llevado a ambos países al borde de una guerra comercial en toda regla. Minutos antes de la medianoche del 21 de agosto, dos días después de que Donald Trump afirmara que «un acuerdo muy bueno para ambas partes» estaba prácticamente cerrado, el primer ministro de Canadá abandonó las negociaciones, lo que permitió que entraran en vigor nuevos aranceles de hasta el 50% sobre el 5% de las exportaciones canadienses a Estados Unidos, por un valor de 20.000 millones de dólares. El precio que pedía Trump a cambio de unas relaciones comerciales normales era demasiado alto. «Nuestro objetivo ha sido conseguir el mejor acuerdo para los canadienses», declaró Carney el 22 de agosto. «Nunca un acuerdo a cualquier precio».

Así pues, el 25 de agosto Canadá respondió a los nuevos aranceles estadounidenses con gravámenes propios sobre unas exportaciones estadounidenses por valor de unos 20.000 millones de dólares, cuya aplicación se aplazó hasta el 8 de septiembre. El apoyo a la decisión de Carney de abandonar las negociaciones es generalizado en Canadá. Una encuesta realizada por el Angus Reid Institute, una empresa de sondeos, sugiere que el 76% de los canadienses respalda esta medida. El riesgo político que conlleva firmar un acuerdo comercial que los canadienses no pueden aceptar es mucho mayor que el derivado de los aranceles de Trump.

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Sin embargo, por muy malo que pudiera haber sido el acuerdo de Trump para Canadá a largo plazo, rechazarlo y permitir que entren en vigor los nuevos aranceles empezará a pasar factura pronto. La economía canadiense creció un 0,8% entre el primer y el segundo trimestre de este año, tras haber crecido solo un 1,7% en 2025, cuando entró en vigor la primera ronda de aranceles en marzo de ese año. El desempleo alcanzó en julio su nivel más bajo en dos años, con un 6,4%, pero la inflación está subiendo poco a poco. David Colletto, director de Abacus Data, una empresa de sondeos, señala que casi dos tercios de los votantes canadienses citan el coste de la vida como su principal preocupación. Ningún otro tema se le acerca. «La amenaza», afirma Colletto, «no es que los canadienses se cansen de la lucha, sino que esta choca con el coste de la vida».
Parece inevitable. Trevor Tombe, economista de la Universidad de Calgary, estima que los nuevos aranceles de Trump impulsarán la inflación hasta el 4%. Unos 90.000 canadienses podrían perder sus puestos de trabajo, lo que elevaría la tasa de desempleo al 7%, y eso sin tener en cuenta el daño que causarán los aranceles de represalia.
Si Carney sigue adelante con su plan el 8 de septiembre, las represalias conllevarán riesgos políticos internos tan importantes como los económicos. Algunos primeros ministros provinciales, como Doug Ford en Ontario, se muestran muy entusiastas; en julio, Ford afirmó que Canadá podría «desmantelar a EE.UU. si quisiéramos» cortándole el suministro energético. Sin embargo, otros, en particular Danielle Smith, primera ministra de Alberta, se muestran mucho más discretos. Alberta suministra a Estados Unidos aproximadamente la mitad de su petróleo importado y, hasta ahora, se ha librado casi por completo de los aranceles de Trump.

Un arma de doble filo

Carney ya había descartado anteriormente utilizar las exportaciones energéticas de Canadá como arma, quizá en parte porque hacerlo podría irritar a los electores de Smith. Ahora se le insta, como mínimo, a considerar la posibilidad de aplicar un arancel a la energía canadiense destinada a Estados Unidos si Trump lleva a cabo su nueva amenaza de duplicar los aranceles sobre los automóviles fabricados en Canadá hasta el 50%. «No creo que quieran que dejemos de enviar nada de esa energía», declaró Carney el 22 de agosto.
Cualquier gravamen sobre la energía canadiense está plagado de peligros. Las grandes ciudades del este, como Toronto y Montreal, obtienen gran parte de su combustible a través de oleoductos que atraviesan Estados Unidos y transportan hidrocarburos procedentes tanto de Alberta como de fuentes estadounidenses. El 24 de agosto, Trump lanzó una amenaza velada de cerrar el grifo.
El peligro más existencial sería para la unidad nacional de Canadá. En octubre, los habitantes de Alberta votarán en un referéndum, convocado a raíz de una petición al efecto, en el que se les preguntará si están satisfechos con permanecer en Canadá o si preferirían celebrar un segundo referéndum vinculante sobre la secesión. Aunque Ford tenga razón al afirmar que las exportaciones de energía dan a Canadá influencia sobre Estados Unidos, no se trata de un arma que pueda utilizarse sin correr el riesgo de causarse un gran daño a sí mismo. Es difícil predecir el efecto que tendría que el Gobierno federal de Canadá privara a los acaudalados habitantes de Alberta de su mayor cliente, pero es poco probable que ello contribuya a reforzar el argumento a favor de que la provincia siga formando parte de Canadá.

Un problema para todos

La política provincial también explica en parte la motivación de Carney para rechazar el acuerdo de Trump. Los quebequenses votarán en octubre para elegir un nuevo Gobierno provincial. Las encuestas de opinión pública sugieren que el separatista Partido Quebequense mantiene una ligera ventaja. Carney afirma que Estados Unidos quería suavizar las medidas que protegen la lengua y la cultura francesas de Canadá, una exigencia que, de haberse aceptado, podría haber fortalecido también el separatismo en Quebec.
Los aranceles de represalia de Canadá se dirigen contra estados como Míchigan y Maine, donde los senadores republicanos se enfrentan a reñidas campañas para las elecciones de mitad de legislatura. Carney debe esperar que los problemas relacionados con el coste de la vida en Estados Unidos, agravados por el aumento de los precios de las importaciones canadienses, empujen a Trump a reabrir las negociaciones y, de este modo, aporten por fin cierta estabilidad a Canadá.

Hay una fecha que todos los británicos conocemos de nuestra educación primaria: 1066 y la batalla de Hastings, cuando Guillermo el conquistador, duque de Normandía, mató al entonces rey Harold y se convirtió rey de Inglaterra.Disfrutamos de pequeños aprendiendo ese momento histórico gracias a las fotos en nuestros libros de texto de lo que algunos describen como el primer y más antiguo tebeo de nuestros tiempos, el tapiz de Bayeux, creado en el siglo XI.Es un tejido bordado de casi 70 metros de largo, probablemente realizado por monjas de Canterbury, en el sudeste de Inglaterra, a petición del obispo Odón de Bayeux, que narra en 58 escenas cómo la amistad entre Harold y Guillermo se tuerce y termina en un conflicto mortal.Los pequeños calcan y colorean dibujos de los barcos representados allí que los normandos utilizaron para cruzar la Mancha. Todos recordamos especialmente el dibujo que puede ser el rey Harold con una flecha en su ojo, aunque algunos estudiosos creen que la flecha fue añadida al bordado posteriormente.Ahora se puede ver el tapiz en Inglaterra por primera vez en casi 1.000 años, prestado por el Museo Bayeux, del noroeste de Francia, cerrado de momento por obras de remodelación.Después de peticiones de varios gobiernos británicos y del actual rey de Inglaterra, Carlos III, el empuje de Emmanuel Macron ha sido clave para que la obra maestra milenaria viajara al Museo Británico de Londres.Para proteger la frágil obra, los expertos franceses y británicos han tenido que planificar una operación meticulosa, utilizando las últimas tecnologías para controlar la temperatura y limitar las vibraciones durante el viaje.No soy la única con ganas de ver la obra de arte medieval expuesta en Londres hasta julio del año que viene. Las primeras entradas que salieron a la venta el 1 de julio se agotaron el primer día. La cola virtual superó las 80.000 personas.Afortunadamente, saldrán más entradas más adelante este año para fechas entre enero y marzo, y entre abril y julio del año que viene. Tanto Macron como el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, y el rey Carlos III, descendiente directo de los reyes protagonistas de la obra, destacaron la historia compartida de los dos países reflejada en la obra, y la confianza implicada en el intercambio cultural. Es un poderoso símbolo de la amistad franco-británica.

John Gannon es un ejemplo del riesgo al que se enfrentan los republicanos en las elecciones parciales del 3 de noviembre. Este empresario tejano, republicano de toda la vida de 75 años, votó con entusiasmo por Donald Trump en 2024 y apoya la gran mayoría … de sus osadas reformas. Sin embargo, vio cómo agentes de extranjería, el temido ICE, detenían el 24 de julio en el aeropuerto de Houston a su prometida, Yasmin Suárez Reyes, venezolana con ciudadanía española, cuando ambos iban camino a Las Vegas.
Suárez había entrado legalmente en EE.UU., tenía una petición de asilo pendiente, permiso de trabajo y no tenía antecedentes penales ningunos, aunque su periodo de admisión había expirado. El Departamento de Seguridad Nacional explica a ABC que eso permitía iniciar su deportación. Gannon sigue defendiendo que se expulse a delincuentes, como prometió Trump en campaña, pero rechaza que la ofensiva migratoria alcance a personas como su prometida. «Están destruyendo familias y empleos», asegura.

Su caso es solo una historia más de muchas, pero refleja una tendencia que empieza a inquietar a los republicanos. En el año fiscal de 2026, que ya acaba, más de 350.000 personas han sido expulsadas o devueltas por las autoridades migratorias de EE.UU., mientras las detenciones del ICE llegaron a superar las 46.000 mensuales durante el verano. Muchas de las personas afectadas no tienen antecedentes penales, y ahí está precisamente el problema para el Partido Republicano en año electoral: una parte de los hispanos que votó por Trump apoyaba mano dura en la frontera y la deportación de delincuentes, pero no necesariamente operaciones amplias contra trabajadores y familiares suyos asentados desde hace años en el país, muchos de los cuales entraron de forma legal y esperaban obtener asilo o permiso de permanencia.

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DESDE LA CASA BLANCA

David Alandete

El caso venezolano es especialmente sensible. Cientos de miles de ellos llegaron a EE.UU. en los últimos años huyendo de la devastación política y económica del chavismo, y muchos obtuvieron protección temporal mediante el llamado TPS, un programa de protección temporal que les permitió vivir y trabajar legalmente en el país aunque no equivaliera a una residencia permanente. La Administración Biden había extendido esa protección hasta octubre de 2026, pero la Administración Trump anuló esa prórroga y ha ido desmontando parte de ese amparo.

En el año fiscal de 2026, que ya acaba, más de 350.000 personas han sido expulsadas o devueltas por las autoridades migratorias de EE.UU.

Eso ha dejado a decenas de miles de personas expuestas a perder su permiso de trabajo y, en algunos casos, a ser deportadas. El impacto político es particular porque la diáspora venezolana, sobre todo en Florida, ha sido uno de los grupos hispanos más receptivos al mensaje republicano y a la línea dura contra el chavismo. El problema para el Partido Republicano es que muchos de esos mismos votantes pueden ver ahora cómo familiares, amigos o miembros de su propio entorno pierden una protección migratoria que les permitió establecerse legalmente en EE.UU. Ahí aparece una contradicción difícil de gestionar: apoyo a Trump por su política frente a Maduro, pero rechazo porque la ofensiva migratoria alcanza directamente a venezolanos que habían entrado o permanecido bajo mecanismos legales.

John Gannon y su pareja, en una foto personal.

(J. GANNON)

Terremotos en Venezuela

Ese giro ha provocado situaciones muy duras para muchos venezolanos. El pasado 24 de junio, más de 140 venezolanos deportados desde EE.UU. llegaron a su país y fueron alojados por las autoridades en un hotel de La Guaira. Horas después, dos terremotos devastaron la zona. Entre los deportados estaba Abelardo Rincón, de 23 años, que había vivido seis años en Georgia, trabajaba en un concesionario y esperaba el nacimiento de su hija. Tras aterrizar llamó a su familia; después desapareció entre los escombros.

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Otros deportados corrieron una suerte parecida. Anderson Salcedo, de 22 años, sobrevivió después de permanecer casi dos días atrapado, pero perdió las dos piernas. Las familias, muchas de ellas todavía en EE.UU., pasaron días buscando a sus parientes entre hospitales y morgues. Seguridad Nacional sostuvo que, una vez entregados a las autoridades venezolanas, habían dejado de estar bajo responsabilidad estadounidense, y era responsable de ellos el chavismo. Son casos extremos, pero ayudan a explicar por qué una política que en campaña se presentó sobre todo como una ofensiva contra delincuentes y entradas ilegales empieza a tener un coste distinto cuando alcanza a personas que llevaban años trabajando, formando familias y esperando resolver su situación migratoria dentro de la ley.
El problema llega además en un momento complicado para los republicanos. El próximo 3 de noviembre EE.UU. renueva los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado, unas elecciones que determinarán quién controla el Capitolio durante los dos últimos años de este mandato de Trump. Una encuesta de Politico y Public First mostraba recientemente que el 50% de los estadounidenses considera que la campaña de deportaciones ha sido demasiado agresiva. Incluso entre quienes votaron por Trump en 2024, casi uno de cada cuatro comparte esa opinión; entre los votantes republicanos que apoyaron a Trump pero no se identifican con el movimiento trumpista, la cifra sube al 31%.
Dentro del propio Partido Republicano son cada vez más las voces que piden distinguir entre quienes han cometido delitos y quienes llevan años trabajando y formando familias en EE.UU. Una de las más contundentes es la diputada republicana por Miami María Elvira Salazar, que ha defendido repetidamente una salida legal para los beneficiarios del TPS, entre ellos muchos venezolanos.
En julio, Salazar firmó una petición para obligar a la Cámara de Representantes a votar una iniciativa bipartidista que permitiría a determinados beneficiarios de ese programa obtener la residencia permanente y los protegería de la deportación mientras se tramita su solicitud. «Han trabajado, han formado familias y han fortalecido nuestras comunidades», afirma Salazar sobre los beneficiarios del TPS. «El Congreso ha retrasado esta conversación durante demasiado tiempo. Es hora de que la Cámara vote, que lo haga ya».

Una decisión permanente

La propuesta de Salazar busca, por tanto, convertir en permanente lo que hasta ahora ha dependido de decisiones temporales de cada Administración, dar una vía hacia la residencia legal a quienes cumplan los requisitos y evitar que su situación cambie cada vez que cambia el presidente o una sentencia judicial. Como todos los diputados, ella se presenta a la reelección en noviembre.
Los demócratas han encontrado además algunas señales favorables en Florida, un estado que durante los últimos años se había ido claramente hacia los republicanos. En diciembre, Eileen Higgins ganó la alcaldía de Miami frente al candidato respaldado por Trump, Emilio González, por unos 18 puntos de diferencia. Fue la primera demócrata elegida alcaldesa de la ciudad desde 1997 y la primera mujer en ocupar el cargo. La victoria tuvo especial carga simbólica porque Miami es una ciudad de mayoría hispana y uno de los lugares donde el avance republicano entre cubanos, venezolanos y otros grupos latinos había sido más visible.

Los demócratas han encontrado además algunas señales favorables en Florida, un estado que durante los últimos años se había ido claramente hacia los republicanos

Más llamativo todavía fue lo ocurrido después en Palm Beach, donde está Mar-a-Lago, la mansión de Trump. En una elección especial, la demócrata Emily Gregory arrebató a los republicanos el distrito 87 de la Cámara estatal de Florida, que incluye la residencia de Trump. Su antecesor republicano había ganado ese mismo distrito por 19 puntos en 2024; Gregory se impuso ahora por 2,4 puntos a un candidato respaldado por Trump. Los demócratas también han recuperado la mayoría en la Comisión del condado de Palm Beach.

Una señal de alarma

Son resultados locales y no permiten trasladar automáticamente esa tendencia a las elecciones de noviembre, pero coinciden con un deterioro apreciable de Trump entre los hispanos. En abril, el Centro Pew situó su aprobación entre los votantes latinos que le apoyaron en 2024 en el 66%, frente al 93% al comienzo de su segundo mandato. Y una encuesta de UnidosUS en Florida encontró que el 20% de los hispanos que habían votado por Trump decía que probablemente o con seguridad no volvería a hacerlo; entre los puertorriqueños llegaba al 26%.
Para los republicanos es una señal de alarma especialmente relevante porque Florida es el estado de Trump y porque buena parte de su transformación política en los últimos años se asentó precisamente sobre el avance del partido entre los votantes hispanos. El 3 de noviembre, con toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado en juego, la cuestión será si ese desgaste se queda en elecciones locales y encuestas o termina afectando también a distritos competitivos donde el voto latino puede resultar decisivo.