La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dijo comprometida a realizar elecciones «libres y justas» en su país, en una entrevista difundida el jueves en el canal estadounidense NBC.
Cuando la presentadora le preguntó si está comprometida con celebrar elecciones «libres … y justas» en Venezuela, Rodríguez respondió: «Absolutamente, conforme a la Constitución. Elecciones libres y justas», dijo en español.
«Y tengo que decirle que el calendario de las elecciones será fijado y decidido por el diálogo político en este país», según otro extracto de la entrevista traducida al inglés por NBC.
Las elecciones en Venezuela han sido contestadas en varias ocasiones, y la última cita ante las urnas, en 2024, fue denunciada como un fraude por la oposición y su resultado no fue reconocido por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países.
En su segunda sesión de lectura, los diputados del Parlamento chavista fueron … analizando punto por punto los capítulos de la llamada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Pero se quedaron en el apartado número 7 y aplazaron la aprobación a la próxima sesión de la Asamblea, que solo se reúne los martes y jueves.
Esta nueva demora vuelve a colmar la paciencia de las familias de los presos políticos, que siguen esperando su liberación a las puertas de las cárceles del régimen chavista.
La suspensión del debate se debió a la falta de consenso sobre el mencionado artículo 7, que obliga a los «reos», como califica a los presos políticos y a los inhabilitados, a ponerse a disposición del sistema de justicia y a los exiliados a solicitar presencialmente su reinserción en Venezuela. Mediante esta disposición, los detenidos o exiliados deben presentarse a los tribunales para poder beneficiarse de la amnistía y retornar al país.
El polémico artículo 7 reza así: «La amnistía objeto de esta Ley abarca a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos en el marco de los hechos objeto de amnistía, siempre que esté a derecho o se ponga a derecho tras la entrada en vigencia de esta ley».
La comisión especial redactora del proyecto de amnistía presentó el texto a la sesión plenaria, que aprobó los seis primeros artículos. Pero el debate se atascó en la discusión del siguiente punto, que es muy polémico. Por ese motivo, la diputada opositora Nora Bracho solicitó diferir la aprobación hasta el próximo martes.
«La amnistía objeto de esta Ley abarca a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos en el marco de los hechos objeto de amnistía, siempre que esté a derecho o se ponga a derecho tras la entrada en vigencia de esta ley»
Artículo 7 de la Ley de Amnistía
Bracho, vicepresidenta de la comisión redactora, explicó a ABC que puso objeciones a la redacción del artículo 7 porque discrimina a los presos políticos y exiliados políticos, y los obliga a presentarse personalmente a los tribunales como si fueran unos condenados cuando en realidad son inocentes que fueron apresados arbitrariamente.
«Eso es una trampa caza bobos», dijo la diputada opositora. «Nosotros pedimos que en el artículo 7 se incluya ‘según establece el artículo 21 y 49 del texto constitucional». En el articulo 21 de la Constitución se contempla que «todos somos iguales ante la ley y el 49 se refiere a que los detenidos deben tener el debido proceso, se debe presumir su inocencia, hacer justicia y respetar los derechos, lo que no se ha aplicado a nuestros presos políticos».
Su solicitud de aplazar el debate para el próximo martes fue respaldada por el presidente de la comisión, el chavista Jorge Arreaza, y secundada por el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada.
Los primeros seis artículos de la amnistía no arrojaron ninguna controversia entre los 285 diputados, incluidos 12 de la denominada oposición, que es tildada de colaboracionista por los partidarios de la exiliada María Corina Machado, premio Nobel de la Paz.
Nueva demora
Esta es la segunda semana que se posterga la aprobación de la amnistía. Bracho ratificó a ABC que defenderán los derechos e intereses de todos los venezolanos «no importa el esfuerzo y sacrificio que requiera el trabajo. Queremos una ley completa y amplia que de verdad busque la reconciliación y convivencia».
En su opinión, la propuesta oficial implica «que la persona vaya y se presente ante los tribunales para entonces dar la causa ya como cerrada. Y no es necesario de ninguna manera», sino que sea un proceso automático.
Por su parte, la diputada oficialista Iris Varela argumentó que «el que no ha cometido ningún delito no tiene por qué pedir amnistía». A su juicio, «aquí pareciera que alguien quiere amparar que esas personas ni siquiera reconozcan los delitos que han cometido», informa Afp.
600 presos políticos aún entre rejas
La ONG Foro Penal contabiliza más de 600 por presos por razones políticas en Venezuela y todos defienden su inocencia.
Ante el bloqueo en el punto 7, la oposición pidió diferir el debate del artículo cuestionado y avanzar en la ley, pero el Gobierno propuso aplazar la discusión «en aras de mantener ver el clima necesario de conciliación de consenso», indicó el diputado Jorge Arreaza, exministro de Maduro y de Chávez y responsable de la redacción del texto.
La presidenta encargada de Venenezuela, Delcy Rodríguez, pensaba que, con su orden ejecutiva de aprobar rápidamente la amnistía, todos los diputados chavistas le iban a obedecer a pies juntillas. Así ocurrió con la aprobación unánime en la primera sesión del martes 3 de febrero.
Pero el segundo trámite legislativo de la amnistía no fue tan fácil como la ley de reforma de la Ley de Hidrocarburos, que fue aprobada sin objeciones. La presidenta interina no contaba con el clamor de los familiares para que, con o sin amnistía, ordene la libertad de los presos políticos. Los familiares llevan más de un mes acampando y rezando a las puertas de las prisiones para que los detenidos por razones políticas sean puestos en libertad de inmediato sin condiciones.
Más complicado que los hidrocarburos
Para Delcy Rodríguez, la amnistía es más complicada que la apertura de los negocios petroleros con la Ley de Hidrocarburos. El segundo trámite legislativo del proyecto de amnistía sufrió más de una semana de retraso y fue objeto del mayor escrutinio público. Los sectores profesionales, abogados, ONG, periodistas y familiares de los presos políticos fueron consultados.
Entre los familiares consultados destaca la suegra de Nahuel Gallo, quien se encaró con algunos diputados chavistas en Caracas y les exigió la liberación del gendarme argentino. Martha Tineo emplazó así a los diputados chavistas: «Den la orden y todos los presos políticos salen inmediatamente».
El primer borrador de la citada ley se presentó sin divulgación pública. Solo unos diputados preocupados la filtraron, lo que permitió conocer su contenido. De esta manera, los juristas pudieron alertar sobre las restricciones y limitaciones de la amnistía. Era incompleta, insuficiente y peligrosa, a decir de los expertos como Juan Carlos Apitz.
Los 21 miembros de la Comisión Especial legislativa redactora de la ley de amnistía discutieron intensamente sobre los aspectos más controvertidos del proyecto de reconciliación, como son las leyes represivas, la reparación de las víctimas y la habilitación de los políticos inhabilitados. Pero donde hubo mayor forcejeo fue en la derogación o no de las leyes represivas como la Ley del Odio y la Ley Simón Bolívar.
A medianoche del miércoles, los miembros del comité redactor, ya cansados y sin ponerse de acuerdo, se atrancaron en las leyes represivas, aplazando de nuevo el segundo trámite parlamentario. La bancada chavista, que es la mayoría de la comisión, mostró la gran división que los separa entre los radicales y moderados. La parte más extremista, como la exministra de Prisiones Iris Varela, se opuso a la liberación de los policías y militares presos y a la derogación de las leyes represivas, mientras que la parte moderada del chavismo sí estuvo de acuerdo con su eliminación.
La derogación de las normativas represivas, que reclama más del 80% del país, fue impulsada por los representantes opositores como la vicepresidenta de la comisión redactora, Nora Bracho, de Un Nuevo Tiempo. Según dijo, «somos minoría en el Parlamento chavista, pero representamos el clamor de la mayoría de los venezolanos». Bracho insistió hasta el último momento para que la derogación de estas leyes represivas fuese incorporadas al texto de la amnistía.
¿Reconciliación?
Mientras la comisión especial se reunía con los familiares y víctimas de los presos políticos, Delcy Rodríguez los invitaba de forma paralela al Programa para la Convivencia y la Paz. Dicho programa está dirigido por el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, y asesorado por el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, según se evidenció en su visita relámpago a Caracas el pasado fin de semana.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón advirtió que la creación de registros oficiales de presos políticos, ajustados a estándares constitucionales e internacionales, «es una obligación intransferible de los organismos de justicia». El Programa para la Convivencia y la Paz convocó a familiares para que expongan sus casos y llevar un registro. La ONG critica el censo del programa de paz: «Trasladan a las víctimas la responsabilidad del Estado y continúan las prácticas que revictimizan y profundizan el dolor de las víctimas».
El diputado y excandidato presidencial Henrique Capriles propuso que la ley de amnistía establezca jueces especiales y no los mismos «verdugos».
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha planteado el perdón mutuo y compartido para las víctimas de la represión, lo que ha sido rechazado por la oposición.
El diputado opositor Juan Carlos Caldera rechazó de plano la «relativización del mal» y el perdón mutuo que pretenden los hermanos Rodríguez. El dirigente argumentó que ningún miembro de la oposición ha sido responsable de torturas, encarcelamientos masivos o confiscación de bienes, delitos que atribuyó exclusivamente al ejercicio del poder del Estado.
Según las ONG Provea y Justicia, Encuentro y Perdón, «no se necesita una amnistía para liberar a quien nunca debió estar preso. La libertad de los presos políticos no es un acto de clemencia, es una obligación del Estado». En su opinión, «el proyecto no promueve reconciliación si parte de un discurso que descalifica la protesta, el ejercicio de derechos y la crítica como extremismo».
Por último, la ley debe servir para sanar la herida nacional que representan los presos políticos.
Presionado por el Partido Comunista, el Gobierno de Chile ha anunciado el envío de ayuda humanitaria al pueblo cubano que enfrenta una grave crisis alimentaria debido a la restricción de petróleo venezolano que sufre la isla caribeña.El ministro de Interior, Alberto Van Klaveren, ha … informado de que la donación será monetaria y a través de canales multilaterales, específicamente, la Unicef dependiente de Naciones Unidas. Sostuvo que estos programas ofrecen garantías de buen uso y, además, permite que la donación sea verificada en un proceso de rendición de cuentas.
Aunque no ha precisado el monto del aporte, aclaró que éste se hará con los recursos contenidos en el Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo creado en 2006 y que permite al presidente Gabriel Boric disponer de hasta cinco millones de dólares..
Van Klaveren aseguró que en el pasado Chile ha enviado ayuda humanitaria usando el mismo mecanismo a los pueblos de Ucrania y Gaza, afectados por la guerra, y a otros países del Caribe cuando han sido golpeados por huracanes.
La crítica situación de Cuba, cuyo régimen encuentra en Chile solo soporte en el Partido Comunista, ha tomado la agenda veraniega tras conocerse las restricciones energéticas que está enfrentando. Por ello, los comunistas han reclamado desde el inicio de la semana el envío de ayuda a la isla, cuestión que ha sido rechazado por casi toda la oposición y alguno dirigentes de la centroizquierda.
El presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella, señaló que la mejor ayuda que puede hacer Chile es respaldar todas las acciones internacionales destinadas a derrocar la dictadura comunista de Díaz-Canel.
Una ayuda bajo riesgo
Ante la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la isla, el ministro chileno descartó que el país vaya a sufrir represalias por este gesto humanitario, porque es algo que «nadie podría objetar».
«Haremos un esfuerzo de ayuda humanitaria tomando en cuenta la dramática situación de su pueblo, más allá de las características políticas que pueda tener su régimen… Lo que nos interesa es atender las necesidades del pueblo cubano y no estamos solos en eso, México y Brasil también están prestando ayuda», dijo.
Van Klaveren reiteró de paso la posición oficial de Chile contraria las medidas de bloqueo económico y ahora energético que sufre Cuba, indicando que cualquier medida o sanción unilateral afecta las condiciones de vida de personas.
Consultado por el hecho de que el Gobierno ha reaccionado a la presión del PC, el ministro de Relaciones Exteriores aclaró que «nosotros estamos siendo pauteados por un drama humanitario que se extiende ya hace bastante tiempo. Todos sabemos que hay una población que padece hambre». Agregó que se ha contactado con la embajadora chilena en La Habana, quien ha confirmado la gravedad de la situación.
El Partido Nacionalista de Bangladés (PNB) de Tarique Rahman se perfila como favorito en las elecciones celebradas este jueves, las primeras libres y democráticas tras la caída de la dictadura en el verano de 2024. En una revolución liderada por la llamada Generación Z … , los jóvenes bangladesíes acabaron con los quince años del férreo régimen de la ex primera ministra Sheik Hasina, huida a la India y condenada a muerte en noviembre del año pasado.
Con el recuento todavía sin terminar, el BNP ha superado la mayoría de 151 escaños que requiere el Parlamento, imponiéndose así al partido islamista Jamaat-e-Islami. Mientras los partidarios del BNP se echaban a las calles de Daca para celebrar la victoria, el líder islamista, Shafiqur Rahman, concedía la victoria a su rival al anunciar que «haremos políticas positivas, y no de oposición», solo por el hecho de ir en contra del nuevo Gobierno. Rahman, que tiene 67 años y ha pasado por las cárceles de Sheikh Hasina, aspiraba a convertirse en el primer gobernante islamista de la historia de Bangladés, un país de mayoría musulmana (90%).
Cumpliendo con los pronósticos que le daban como favorito, todo apunta a que ese nuevo Ejecutivo estará dirigido por el líder del BNP, Tarique Rahman, de 60 años. «Tendremos una mayoría suficiente para dirigir el país con calma», aventuró ante la prensa durante la campaña electoral.
El portavoz de su formación, Mahdi Amin, declaró que «basándonos en el escrutinio que hemos recibido hasta ahora, somos muy optimistas en que ganaremos estas elecciones», informa la televisión Al Yasira.
«Mamá está bien, ha salido de viaje», afirmaba Marco Paventi, de 58 años, cada vez que alguien le preguntaba por el paradero de su madre, Enrica Bardotti. Con estas palabras pretendía esconder el asesinato de la anciana, de 85, a la que mató en … Turín (Italia) y cuyo cadáver ocultó para seguir cobrando la pensión.
Las sospechas comenzaron con la ausencia de la mujer en misa un domingo y continuaron porque no respondía a las llamadas. Amigos y conocidos trataron de contactar con ella por teléfono y a través de WhatsApp, pero la mujer no daba señales de vida. Última conexión en la plataforma, el 16 de enero a las 17.17 horas, según los medios italianos.
Preocupados, algunos amigos optaron por acercarse a casa de la anciana, pero, al abrir la puerta, se encontraban con el hijo, que llamaba a la calma. No contenta con la respuesta de Paventi, una mujer acudió a los Carabineros para trasladarles sus sospechas y tratar de esclarecer la situación.
Sin embargo, no fue hasta el pasado miércoles por la tarde cuando el hijo de la anciana reconoció parte de la verdad: afirmó haber encontrado a la mujer fallecida un día al regresar a casa y haber optado por sepultar el cuerpo. «Estaba ya muerta, me limité a enterrarla para seguir cobrando la pensión», argumentó, tras dar indicaciones a los agentes para localizar el cadáver, que se encontraba ya en avanzado estado de descomposición.
Donald Trump ha convocado a líderes de países del continente americano para una cumbre que tendrá lugar el próximo 7 de marzo, poco antes de su esperado viaje a China para reanudar negociaciones con Xi Jinping.Está previsto que la cumbre se celebre en Miami … , no muy lejos de Mar-a-Lago, la residencia y club privado del presidente de EE.UU. en la costa de Florida.
La cita fue filtrada por fuentes de la Casa Blanca y se enmarca en un intento de Trump por frenar a China en el continente americano. El gigante asiático ha invertido con fuerza en la región donde Trump busca imponer el dominio económico y político de EE.UU., en una nueva versión de la ‘doctrina Monroe’, que el presidente ha rebautizado como ‘doctrina Donroe’.
Los países a los que por ahora se ha cursado invitación son Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras y Paraguay, según reveló la agencia AFP. Todos ellos tienen Gobiernos que mantienen sintonía con Trump, pero más países podrían sumarse a la cita.
Trump y su Administración han dejado clara su preocupación por el papel que ha adquirido China en el continente americano, lo que en EE.UU. se llama el Hemisferio Occidental. El gigante asiático ha invertido con fuerza en proyectos de infraestructuras y ha desarrollado programas de financiación con gobiernos locales.
Justificación de las intervenciones
El multimillonario neoyorquino justificó en parte la reciente intervención en Venezuela, la operación militar de captura de Nicolás Maduro y el inicio de una cooperación con la ahora presidente Delcy Rodríguez basada en el acceso al petróleo venezolano, como una forma de hacer frente a China.
«Una cosa que todo el mundo debería saber es que si nosotros no hubiéramos hecho esto, China o Rusia lo habrían hecho», aseguró el mes pasado durante un encuentro con ejecutivos de la industria petrolera de EE.UU. China tenía hasta ahora un acuerdo por el que Venezuela enviaba buena parte de sus exportaciones de petróleo para el pago de préstamos anteriores.
Antes de esa operación, Trump ya había amagado con una toma por la fuerza del Canal de Panamá, también con China como justificación. El paso marítimo, que estuvo bajo control de EE.UU. durante décadas, tenía una importante presencia de China en la gestión de grandes puertos de entrada. El mes pasado, la Corte Suprema de Panamá declaró «inconstitucional» el contrato que la china CK Hutchinson tenía sobre los puertos de Balboa, en el Pacífico; y de Cristóbal, en el Atlántico.
Otro ejemplo es Perú: la Administración Trump ha recibido con preocupación la decisión de un tribunal peruano de restringir la supervisión pública de un puerto controlado por China en el país, el de Chancay.
«Apoyamos el derecho soberano de Perú de supervisar infraestructura crítica en su propio territorio», reaccionó el Departamento de Estado. «Que esto sea una lección para la región y para el mundo: el dinero barato de China cuesta soberanía».
Trump buscará trasladar esa idea a los países participantes en la región, donde encontrará líderes cercanos -desde el argentino Javier Milei al salvadoreña Nayib Bukele-, pero también una importante dependencia desarrollada hacia el gigante asiático.
Semanas después de esta cumbre, Trump se verá con Xi en Pekín, donde se esperan que ambos acuerden la continuidad de la tregua en la guerra comercial entre las dos grandes potencias globales.
