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Muere el segundo preso político en menos de un mes bajo custodia del régimen chavista

Este martes en la madrugada (hora local) se dio la noticia extra oficial del fallecimiento del abogado José Gregorio Hernández Polo, de 59 años, el segundo preso político que muere dentro de la cárcel, estando bajo custodia del régimen chavista en las últimas … dos semanas de transición.
El abogado se encontraba detenido en la estación policial, conocida como la Zona 7 de Boleíta por ser crítico del régimen por las protestas post electorales del 28 de julio del 2024.
Los familiares de presos políticos fueron los que denunciaron el fallecimiento de Hernández Polo, como otra muerte más en manos del régimen que dirige la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras la captura y extracción de Nicolás Maduro.
La noticia del caso del abogado Hernández Polo aún no ha sido confirmada oficialmente y la información habría llegado a través de la propia familia del abogado, a quienes les pidieron que se acercaran a retirar el cuerpo. El presunto fallecido y sus familiares son oriundos de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia.

La noticia del fallecimiento de Hernández Polo fue comunicada por Yessy Orozco, hija del diputado Fernando Orozco, quien se encuentra detenido por razones políticas, al igual que su esposa y su hijo.
«Manejamos información extraoficial de que lamentablemente hay un nuevo suceso, una persona ha muerto aquí. Queremos hacer una denuncia formal y hacer responsables a todos los directores», dijo Yessy Orozco en un video que se difundió en redes sociales.
Cerca de la 1 de la mañana en Venezuela, el periodista Seir Contreras se acercó a la Zona 7 para hablar con los familiares de presos políticos que se encontraban haciendo la denuncia.
«Se está dando una situación irregular, hay movimiento de algunas unidades. Es similar a la situación que presenciamos con la muerte de Edison Torres, el policía de Portuguesa que lamentablemente falleció», dijo Orozco en diálogo con Contreras.

Una semana antes, el 11 de enero, el Fiscal General Tarek William Saab, confirmó que el policía Edison José Torres Fernández, de 52 años, detenido por razones políticas en diciembre pasado en la Zona 7 de Boleíta, falleció en prisión tras sufrir «un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco».
Edison Torres es el segundo preso político que muere bajo custodia de régimen en lo que va de año y en menos de dos semanas. Fue un policía venezolano con más de 20 años de servicio en la brigada hospitalaria de Guanare. Su carrera se desarrolló en áreas de seguridad ciudadana y apoyo hospitalario en su región.
El policía llevaba menos de un mes encarcelado en la estación policial de la Zona 7 de Boleíta. Había sido detenido por criticar al gobierno venezolano, la crisis nacional y los bajos salarios de los funcionarios policiales en un grupo de Whatsapp. Lo acusaron de «traición a la patria» y «asociación para delinquir» y falleció el 10 de enero del 2026 tres días después que las nuevas autoridades chavistas anunciaran la excarcelación de los presos políticos.
Tanto el abogado José Gregorio Hernández como el policía Edison Torres compartieron celda en el mismo centro de reclusión policial de la Zona 7, situada al norte de Caracas. Los dos murieron con una semana de diferencia y sus casos se elevan a 27 presos políticos muertos bajo custodia del Estado desde 2015.

La estación policial de la Zona 7 tiene una capacidad de hasta 250 personas. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha denunciado que la prisión preventiva en Venezuela no debe pasar de 48 horas pero muchos pasan hasta cinco años internados.
Para 2019, Zona 7 tenía una población carcelaria hasta superior de los mil reclusos y era el centro de detención que mayor hacinamiento había registrado en la capital venezolana. El hacinamiento y la falta de atención médica han causado el contagio de enfermedades como la sarna entre los presos. Por ello el OVP ha pedido el cierre de este centro de reclusión el año pasado pero no ha sido tomado en cuenta.
Entre los fallecidos por razones políticas destacan el ex ministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel, Fernando Albán Salazar, Rafael Acosta Arévalo, Rafael Arreaza, Nelson Martínez y Pedro Santana.
El año pasado la OVP responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro por la muerte de 25 presos políticos desde 2015, tras el fallecimiento del exgobernador Alfredo Díaz dentro de El Helicoide, uno de los lugares que ha sido denunciado como centros de tortura de la dictadura. La cifra aumenta a 27 con la muerte de Edison Torres y José Gregorio Hernández.

Von der Leyen anuncia un inminente acuerdo comercial con India

La Unión Europea e India se están acercando por momentos a la firma de un acuerdo de libre comercio largamente pendiente, con las negociaciones entrando en lo que los líderes de la UE describen como una «fase decisiva». Aunque aún quedan algunos pasos procedimentales, … la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha avanzado en el Foro Económico Mundial de Davos que las conversaciones con India estaban cerca de un avance. «Todavía queda trabajo por hacer. Pero estamos al borde de un acuerdo comercial histórico. Algunos lo llaman la madre de todos los tratos. Uno que crearía un mercado de 2.000 millones de personas, que representaría casi una cuarta parte del PIB mundial», se ha enorgullecido, en una parte de su discurso en la que estaba relatando los pasos de la UE para diversificar su comercio.
En una reciente visita a India, el canciller alemán Friedrich Merz ya dio señales de progreso en lo que denominó «un acuerdo de libre comercio con la mayor democracia del mundo», en referencia al tamaño de India como potencia, que supera económicamente a Estados Unidos. Von der Leyen ha recurrido ahora también a esta alusión, en un momento en el que Trump vuelve a poner en peligro las relaciones comerciales trasatlánticas con la nueva amenaza de aranceles.
El mensaje europeo es claro en su respuesta: hay alternativas al comercio con Estados Unidos. Tras cerrar el acuerdo con Mercosur, la UE pisa también el acelerador en este otro, que llevaba 18 años en negociaciones.

Vinculando el impulso comercial con el compromiso diplomático, von der Leyen ha anunciado que viajaría a India el próximo fin de semana, tras la reunión de Davos. La visita tiene como objetivo avanzar en el acuerdo propuesto y fortalecer los lazos económicos y la cooperación más amplios entre Europa e India.
La presidenta de la Comisión Europea ha inscrito estas conversaciones dentro de la estrategia comercial más amplia de Europa y de la intención del bloque de mantenerse comprometido a nivel global. «Europa siempre elegirá el mundo, y el mundo está listo para elegir Europa», ha dicho, convencida de la capacidad de la economía del euro para crear, en el nuevo contexto geopolítico, un entorno estable y bien regulado que fomente la inversión, impulse el comercio y apoye el crecimiento sostenible.

Sobre la seguridad energética

Además del comercio, Von der Leyen ha destacado la seguridad energética como un pilar central de la agenda de crecimiento de Europa. Ha señalado que la UE está trabajando para construir una unión energética basada en energía autóctona, fiable y asequible, y ha subrayado la necesidad de una «mentalidad de urgencia» para afrontar los desafíos energéticos y garantizar la sostenibilidad a largo plazo.
También ha apuntado cambios significativos en las prioridades estratégicas de Europa que ya se están llevando a cabo, especialmente en materia de defensa, al recordar que Europa ha logrado más en preparación para la defensa en el último año que en varias décadas anteriores, con los Estados miembros aumentando las inversiones a niveles récord. Von der Leyen no ha ocultado su orgullo por el hecho de que tres startups europeas de tecnología de defensa han alcanzado recientemente el estatus de unicornio, reflejando el aumento de la innovación en el sector.
Formalmente, el Acuerdo de Comercio e Inversión de Base Amplia (BTIA) marcaría un punto de inflexión estratégico, económico y geopolítico, no solo para los dos socios sino para el propio sistema comercial global. «Esto será la madre de todos los acuerdos», dijo la semana pasada el ministro de Comercio e Industria, Piyush Goyal.

El miedo a la 'migra' paraliza a los hispanos de Mineápolis: «Tenemos papeles, pero nos hemos encerrado en casa»

Elena no debería estar en el mostrador de una parafarmacia mínima en la calle East Lake de Mineápolis, apenas un pasillo estrecho con vitaminas, champús o antigripales. No debería, porque tiene 16 años y lo suyo es que esta tarde estuviera haciendo las tareas … o cosas de adolescentes. Cuando entiende que la visita no es de un agente federal, sino de un reportero, la joven llama por teléfono a su madre, una inmigrante mexicana que regenta el negocio junto a su marido.
«Nos hemos encerrado en casa, llevamos más de una semana así, dice al otro lado de la línea la madre, Marisa (ninguno de estos nombres es real). «Mi hija se ofreció a ayudar, los niños están haciendo el papel que nos toca a nosotros». Como en tantas familias de origen inmigrante en Estados Unidos, los hijos han nacido aquí y son ciudadanos estadounidenses, pero los padres no.
La razón del encierro: el miedo a caer en una de las redadas del ejército de agentes migratorios desplegados por Donald Trump en la principal ciudad de Minnesota. «No salimos ni a tirar la basura», asegura esta inmigrante de origen mexicano.

East Lake es un centro neurálgico de la comunidad hispana de Mineápolis, un corredor plagado de restaurantes, tiendas de comida, negocios de envío de divisas, peluquerías, contables, lavaderos de coches. Está plagado de murales coloristas, de orgullo mexicano y hasta cuenta con una estatua de Emiliano Zapata. Es siempre un hervidero de gente. Debería ser incluso en días como hoy, con las temperaturas hundidas hasta los 20 grados bajo cero. Pero ahora parece un pueblo fantasma.
«Hay temor, hay mucho temor», explica el reverendo Michael Morales, de la cercana iglesia Luz del Mundo. «Estamos en una zona roja», dice sobre este corredor hispano de East Lake. En las últimas semanas, ha sido uno de los objetivos de la ‘migra’, como por aquí llaman a la Policía de inmigración y aduanas (ICE, en sus siglas en inglés). Las apariciones de los agentes han sido constantes.
Este mismo domingo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de quien dependen el ICE y el resto de fuerzas federales que participan en esta operación, anunciaba que en Mineápolis han sido detenidas 3.000 personas en las seis semanas que ha durado por ahora el despliegue. Noem defendía que se ha arrestado a «criminales extranjeros ilegales que estaban matando a estadounidenses, dañando a niños y haciendo reinar el terror en Mineápolis».

Agentes de Inmigración
«Con que tengas la cara de latino, les vale para que seas arrestado, agredido y lastimado»

Marisa
Hispana en Mineápolis

Aquí los vecinos cuentan otra historia. «Que hagan las detenciones que tengan que hacer, aquí nadie queremos criminales», dice Diana Espitia, que tiene una oficina de viajes en Mercado Central, un centro comercial que es una institución en East Lake. «Pero cazar a la gente en las calles, en sus casas, por la apariencia que tienen, es otra cosa».
Esa es una de las quejas que se repiten en esta comunidad. La ‘migra’ no está yendo a por criminales. Son redadas indiscriminadas, que pueden afectar a cualquiera que pase por ahí. Con independencia de su estatus legal. Hay varias demandas interpuestas contra las autoridades federales por la detención de ciudadanos.
«Entiendo que los agentes de inmigración tienen que hacer su trabajo», dice Marisa a través del teléfono de su hija. «Pero no te dan la oportunidad de mostrar que tienes un estatus, te arrestan, te golpean, te maltratan y a lo último ya entonces deciden revisar tu caso y si tienes visa o permiso. Pero ya te golpearon y medio mataron». Ella dice que tiene un visado con un permiso de trabajo de cuatro años, igual que su marido. Y que no tienen antecedentes penales, ni encontronazos con la justicia. «Pero a ellos no les importa; con que tengas la cara de latino, les vale para que seas arrestado, agredido y lastimado».

Pasaporte estadounidense

Es evidente que no se fían. Lo mismo que Espitia, que saca de su bolsillo su pasaporte estadounidense. Es un documento que cualquier estadounidense guarda en el fondo de algún cajón, esperando algún viaje internacional. Ella, como muchos otros en Mineápolis, ya no sale de casa sin él. Le da miedo las consecuencias de caer en una redada y no tenerlo en la mano.
El resultado de esta situación se siente en las aceras congeladas de East Lake. Muchos restaurantes están sin abrir. Es algo que afecta no solo a barrios como este, sino a toda la ciudad. Las cocinas sobreviven con inmigrantes, muchos de ellos indocumentados, como en la gran mayoría de las ciudades del país. Y los trabajadores no se la juegan. Muchos por aquí recuerdan cómo hace unos días unos agentes federales pararon a almorzar en un restaurante de comida mexicana. Después volvieron a parar, esta vez para detener a empleados.

Hispanos en East Lake
En la primera foto, murales hispanos en East Lake, un centro neurálgico de esta comunidad en Mineápolis. Diana Espitia, propietaria de una oficina de viajes en Mercado Central, en la segunda imagen. En la tercera, Consuelo Perea, dueña de una tienda de alimentos
JAVIER ANSORENA

Otro impacto doloroso: muchos padres no llevan a los niños al colegio, las autoridades educativas están ofreciendo clases por internet para paliar la situación. «La gente no viene a la iglesia, la gente ni saca al perro», dice el reverendo Morales.
Casi todos los negocios del barrio tienen pegados carteles en los que se establece que no se permite la entrada a los agentes de ICE ni ningún otro cuerpo de seguridad federal. Algunos, como el supermercado y casa de comidas Morelia, aparentan estar cerrados, con la puerta metálica echada. Pero es solo una medida de precaución, para controlar quién entra y sale. Dentro su dueña, Consuelo Perea, sirve unos tacos de carnitas y cuenta que la situación es «desesperante», que a mucha de la gente encerrada, que no va a trabajar, «se les están agotando los fondos económicos».
La ‘migra’ no ha forzado la entrada en su negocio, aunque sí paró a vecinos en el aparcamiento. Y entró en otros, como en la cercana panadería San Miguel. Aquí casi todo el mundo tiene a un familiar, un vecino, un amigo, un compañero de trabajo afectado por la redada.

Minnesota
«A mucha de la gente encerrada, que no va a trabajar, se les están agotando los fondos económicos»

Consuelo Perea
Dueña de un restaurante

«No sé por qué, pero él odia a los latinos», dice Marisa sobre el presidente Trump, de vuelta en la pequeña tienda que ahora regenta su hija mayor. «Para él somos basura, algo que no vale nada. No se da cuenta de que somos mano de obra barata y que pagamos impuestos». Ahora se plantea dejar de hacerlo. Si la situación continúa, dice que regresará a México en mayo, cuando sus hijas acaben el curso escolar. «Así no podemos vivir».

Trump afirma ahora que le «encantaría involucrar» a María Corina Machado en el futuro de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó su larga comparecencia ante la prensa con motivo del primer aniversario de su segundo mandato para volver a colocar a Venezuela en el centro de su balance político, con un mensaje explícito sobre María Corina … Machado y una respuesta medida sobre los presos políticos, al tiempo que elevó el pulso con Europa por Groenlandia y se preparó para viajar a Davos en plena tensión diplomática.
En una intervención extensa, con preguntas encadenadas y frecuentes digresiones, el mandatario dijo que le gustaría ver a Machado «involucrada» en la futura dirección del país y sugirió que su Administración puede «conseguir que se involucre de alguna manera». Presentó a la dirigente opositora como una figura relevante para la etapa que viene, en un tono que apunta a un reajuste dentro de la estrategia hacia Caracas tras semanas de movimientos acelerados.

ABC preguntó por el principal termómetro político y moral del proceso venezolano: los presos políticos. Pese a que el número de detenidos supera los 900, solo alrededor de 150 han sido excarcelados. Este diario planteó si el ritmo de liberaciones es suficiente o si puede convertirse en un problema para el Gobierno que ahora dirige el país. El presidente respondió sin aportar cifras nuevas ni plazos. Se limitó a afirmar que el Ejecutivo venezolano «ha liberado a muchos presos políticos» y evitó comprometerse a medidas inmediatas si el proceso se ralentiza, dejando la impresión de que Washington mantiene la exigencia como condición, pero sin detallar el mecanismo de presión.

Cuando se le pidió que eligiera sus tres mayores logros del último año, el presidente mencionó en primer lugar «la construcción de un Ejército realmente poderoso». Dijo que dentro de ese apartado incluye «lo de Venezuela» (la captura de Nicolás Maduro), «el ataque a Irán y la eliminación de la amenaza nuclear». En segundo lugar citó los resultados económicos, afirmando que «lo que hemos hecho en negocios ha sido increíble», y habló de «18 billones de dólares» (15,3 billones de euros) en inversiones y de miles de plantas industriales en construcción en todo el país.

Reino Unido autoriza la «megaembajada» de China en Londres en medio de fuertes críticas

El Gobierno británico ha aprobado los planes de China para construir una nueva embajada de gran escala en el centro de Londres, una decisión que se ha demorado durante meses y que ha terminado por convertirse en uno de los expedientes más delicados de … la política exterior y de seguridad nacional del Reino Unido desde la llegada de Keir Starmer a Downing Street.
La autorización desbloquea un proyecto que Pekín considera prioritario desde hace años y que, a ojos de sus detractores, corre el riesgo de consolidar en un solo edificio una infraestructura diplomática susceptible de reforzar la capacidad de vigilancia del Estado chino en territorio británico, además de elevar la presión sobre disidentes y activistas asentados en el país.

El aval administrativo ha llegado con condiciones, entre ellas la obligación de que el desarrollo comience en un plazo de tres años y el establecimiento de un grupo de coordinación local destinado a gestionar las protestas en el exterior del futuro complejo. La carta de decisión sitúa el caso en la frontera entre una resolución urbanística formalmente técnica y una elección política que afecta al equilibrio del Reino Unido con una potencia a la que busca acercarse en términos comerciales, mientras los organismos de seguridad y buena parte del arco parlamentario insisten en las implicaciones de un vínculo menos prudente.
En la Cámara de los Comunes, el responsable de Seguridad, Dan Jarvis, quitó hierro al asunto diciendo que «las agencias (de inteligencia) han sido integrales dentro del proceso», y añadió que se encuentra «satisfecho de que cualquier riesgo esté siendo gestionado de manera apropiada».

Una juez francesa revela injerencias de Trump en el proceso a Marine Le Pen por malversación

La líder de la extrema derecha en Francia, Marine Le Pen, ha testificado este martes en la apelación contra su condena por malversación de fondos europeos. Lo ha hecho en un ambiente muy cargado políticamente y entre sospechas de injerencias de uno de sus … más poderosos aliados: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
A finales de diciembre, el semanario alemán ‘Der Spiegel’ informó de que la Casa Blanca había contemplado la posibilidad de sancionar a la magistrada que había pronunciado el primer veredicto contra Le Pen. Una información que fue calificada de ‘fake news’ por el Departamento de Justicia estadounidense.
Pero la jueza Magali Lafourcade ha reforzado este temor al explicar el pasado fin de semana en un programa de la televisión pública France 5 que había enviado un mensaje de alerta al Ministerio galo de Asuntos Exteriores. Lo hizo tras un encuentro en mayo con agentes oficiales estadounidenses, en el que estos rápidamente se interesaron por la situación judicial de la dirigente de extrema derecha. «Me reuní con dos emisarios de la administración Trump. Debíamos hablar sobre derechos humanos, como suelo hacer con diplomáticos de países aliados. Y, rápidamente, la conversación giró hacia la situación legal de Marine Le Pen», explicó. Según la magistrada, sus interlocutores buscaban recabar pruebas para «sostener la idea de que se trata de un juicio puramente político para impedir que ella sea candidata». Por ese motivo, alertó al Ministerio de Exteriores.

Bajo la sombra de esta supuesta intromisión, Marine Le Pen echó balones fuera este martes en su principal interrogatorio en el juicio del que depende su futuro político. La líder de la extrema derecha en Francia culpó al Parlamento Europeo, a exdirigentes del Frente Nacional —formación rebautizada en 2018 como Agrupación Nacional— que le son hostiles e incluso a su padre, Jean-Marie Le Pen, fallecido en enero del año pasado. Buscó toda una serie de presuntos responsables para no reconocer los hechos ante el Tribunal de Apelación de París.
La líder ultra se defendió como pudo en su principal interrogatorio en el juicio en segunda instancia por la supuesta malversación de más de tres millones de euros del Parlamento Europeo. Le Pen había sido declarada culpable el año pasado por estos hechos y la habían inhabilitado hasta 2030. Esa sentencia le impide ahora mismo presentarse en las elecciones presidenciales del año que viene, lo que la obligaría a pasar el relevo probablemente a su número dos, el joven eurodiputado Jordan Bardella.
La dirigente de Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) se jugó parte de sus opciones para revertir o suavizar ese veredicto en el cara a cara de esta tarde con la jueza Michèle Agi. Duró casi cinco horas en una de las principales salas del histórico edificio del Palacio de Justicia, en el corazón de la capital. «Si hubo un delito, y todo el mundo parece pensar que así fue, me gustaría entender cuál fue. Nosotros no teníamos el sentimiento» de delinquir, aseguró en el arranque de su interrogatorio.

«¿Reconoce los hechos?»

Como ya había hecho en la primera audiencia el pasado 13 de enero, Le Pen adoptó un perfil bajo, una actitud tranquila y aparentemente humilde. Se defendió con cierta habilidad mientras la magistrada la confrontaba a las distintas pruebas que apuntan a la existencia de un ‘modus operandi’ en el seno de FN entre 2004 y 2016 para utilizar a los asistentes en Bruselas y Estrasburgo como si fueran trabajadores del partido en París.
«¿Usted reconoce estos hechos?», le preguntó la jueza Agi. Entonces, Le Pen buscó una serie de responsables externos, aunque sí reconoció la existencia de un modelo centralizado en que un mismo asistente podía trabajar para varios eurodiputados. En cambio, negó que hubiera «un sistema fraudulento» destinado a malversar dinero público. «La palabra sistema me molesta porque insinúa que hubo una manipulación», dijo.
En primer lugar, la líder de la derecha radical culpó al Parlamento Europeo. «Señalo que durante todo ese periodo» la Eurocámara «nunca nos reprochó que hubiera asistentes que de manera evidente trabajaban para varios diputados», dijo la dirigente de RN. Tuvo que defenderse sobre situaciones concretas que la pusieron en aprietos; por ejemplo, la del mediático diputado Julien Odoul, que entonces trabajaba como asistente para un eurodiputado, aunque dedicaba la mayor parte del tiempo a sus tareas como miembro del gabinete de la presidenta de la formación.

Responsabiliza a su padre

Aparte de la administración del Parlamento Europeo, ella se excusó en la figura de su padre, fundador y líder histórico del partido. Así, reconoció que el antisemita Jean-Marie Le Pen había ideado esa manera de funcionar en 2004 y ella la había reproducido tras asumir las riendas del Frente Nacional en 2011. Marine defendió este martes, sin embargo, que su progenitor «presidió nuestro pequeño grupo» de eurodiputados hasta 2014. Además, intentó deslegitimar los testimonios de exrepresentantes purgados que sirvieron para hilvanar el caso. Los acusó de haber actuado cegados por la venganza, «como si fuera un divorcio».
La sentencia final, prevista para la primavera, determinará el grado de convicción de Le Pen en este segundo proceso. Su interrogatorio sí que confirmó un cambio de actitud y un abandono de la retórica populista que había utilizado durante el primer juicio, a finales de 2024. Entonces, multiplicó las críticas contra el «sistema» y los «magistrados rojos». Esa estrategia resultó un fracaso evidente como lo demostró la sentencia del pasado marzo en que la condenaron a cuatro años de prisión (dos de ellos condicionales) y, sobre todo, a cinco de inhabilitación con una aplicación inmediata.