Han pasado seis meses desde que comenzara la guerra entre Estados Unidos e Israel conta la República Islámica de Irán. La contienda estalló poco después de que grandes manifestaciones pusieran contra las cuerdas al régimen iraní, que aplicó una represión extrema. Tras esos meses de … diciembre y enero de máxima tensión interna, hubo detenciones masivas, que según distintas ONG alcanzaron varios miles de personas. Hubo un uso letal de la fuerza contra los manifestantes, con disparos a quemarropa, incendios de mercados y otras muchas barbaridades; y posteriormente, procesos judiciales y ejecuciones contra personas detenidas, acusadas de delitos conta la seguridad nacional o de colaborar con grupos opositores.
Y lo que se ha mantenido hasta hoy: apagones y bloqueos de internet que han dejado en muchas ocasiones incomunicados a los millones de iraníes que viven dentro del país.
Pero todo eso pasó a un segundo plano cuando Donald Trump prometió acabar «con toda la civilización» de Irán y atacó el corazón de Teherán: mató al líder supremo el ayatolá Alí Jameneí y a gran parte de la cúpula de poder y comenzó una guerra que llega hasta hoy.
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Carlota Pérez
Esperanzas perdidas
Podía parecer que el barco iraní estaba tocado y casi hundido. Los propios iraníes mantenían la esperanza de un cambio de gobierno. «Trump ha venido a salvarnos», decían algunos. Quizás eran demasiado ilusos.
Metidos de lleno en la guerra dialéctica y de misiles, el régimen iraní está endureciendo sus castigos, su represión y el control de la población. La última idea ha sido criminalizar todo contacto con medios de comunicación extranjeros.
A mediados de agosto, Teherán aprobó un proyecto de ley para combatir la supuesta «influencia extranjera». Según los borradores conocidos y los informes de medios iraníes el proyecto criminaliza las entrevistas, colaboraciones o comunicaciones con medios considerados «hostiles», especialmente los estadounidenses, israelíes o financiados por esos países. El castigo puede ser de entre seis meses y dos años de prisión para quienes concedan entrevistas o participen en programas de esos medios.
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Además, exige que los contactos con otros medios extranjeros sean notificados previamente al Ministerio de Inteligencia.
También puede penalizar el envío de fotografías, vídeos, grabaciones de audio o información a periodistas o medios radicados fuera de Irán. Es decir, por ejemplo, las informaciones que ABC ha ido publicando a lo largo de estos meses con testimonios desde dentro de Irán sobre la situación del país, contada por sus propios ciudadanos, pueden ser motivo más que suficiente para que quienes hablaron sean acusados de atentar contra la seguridad de su país. Si ya es complicado informar sobre Irán, ahora lo será más.
Incluso las plataformas de redes sociales que el régimen considera «financiadas» por otros países, como lo son Instagram o X, estarían contempladas en el proyecto de ley, según apunta Moein Khazaeli, abogado iraní de derechos humanos en un centro de asesoramiento legal para activistas iraníes que maneja desde Suecia.
«Esto significa que cualquier tipo de entrevista, contacto o envío de fotografías a (medios de comunicación u organizaciones extranjeras) podría acarrear penas de prisión de entre seis meses y dos años. No solo en Estados Unidos e Israel, sino que cualquier contacto con medios de comunicación extranjeros en cualquier país podría considerarse un delito si no se informa previamente al Ministerio de Inteligencia», declaró al diario británico ‘The Guardian’ Khazaeli.
Casos de detenciones
Aunque es un proyecto de ley que se tiene que aprobar en el Parlamento iraní, (el texto aún está sujeto a aprobación final y debe ser ratificado por el Consejo de Guardianes, compuesto por 12 miembros, antes de convertirse en ley) ya ha habido detenciones de periodistas acusados de estos delitos.
Es el caso de la fotoperiodista iraní Yalda Moaiery, quien ha dedicado gran parte de su carrera a documentar momentos de disidencia y la vida de las mujeres en Irán. No es la primera vez que se ha tenido que enfrentar a las autoridades, pero el pasado 8 de agosto, el Día Nacional del Periodista de Irán, se enteró de que había sido condenada a 15 años de prisión.
Según unas notas manuscritas revisadas por la agencia de noticias Reuters, las acusaciones en contra de Moaiery incluyen conceder entrevistas a medios de comunicación considerados hostiles por las autoridades y proporcionar fotografías a organizaciones vinculadas a Estados Unidos e Israel. Lo que argumenta la fotoperiodista es que las acusaciones vienen motivadas porque compartió con la cadena americana CNN unas fotografías que mostraban los daños causados por los ataques aéreos en Irán y por aparecer en una entrevista en la misma cadena en marzo de 2026.
La agencia de noticias, a través de un comunicado de la propia fotoperiodista, informaba de que el servicio de Inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica allanó su casa durante las protestas antigubernamentales de enero y le confiscó el teléfono, el ordenador y otros equipos electrónicos.
Un caso que no va a ser aislado. Bahar Ghandehari, directora del Centro para los Derechos Humanos en Irán describió que esta ley convertiría a Irán en un «agujero negro aislado». «No se trata simplemente de un ataque contra periodistas y ciudadanos; es un intento de aislar a toda la sociedad iraní del resto del mundo, criminalizando la libre circulación de la información».
Sin libertad de prensa
Este proyecto de ley acotará aún más la ya muy pobre libertad de expresión y sobre todo, privará a la opinión pública internacional de lo que está pasando dentro del régimen iraní. Un lugar donde hay corresponsales extranjeros, pero que viven absolutamente condicionados por lo que pueden o no pueden contar.
Irán ya cuenta con uno de los entornos mediáticos más represivos del mundo, ocupando el puesto 177 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF) .
El Gobierno controla todas las cadenas de radiodifusión, los medios de comunicación extranjeros tienen prohibido emitir en Irán y las autoridades bloquean con frecuencia internet y las redes sociales durante los disturbios civiles, como se vio durante la sangrienta represión de las protestas en enero de 2026.
