El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este viernes Panamá dejó al menos 27 heridos leves, unos 300 evacuados y más de 400 edificaciones afectadas, entre ellas 142 residencias y 188 centros escolares, sin que se registren víctimas mortales, según el último balance … de las autoridades panameñas.
«Los reportes iniciales reflejan daños en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias, edificios gubernamentales, puentes y carreteras en distintas provincias del país (…) Hasta el momento no se reportan personas desaparecidas», informó el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) en un comunicado.

El terremoto, cuyo epicentro se situó cerca de la localidad de Tonosí, en el suroeste del país, a 200 kilómetros de la capital, tuvo una magnitud de 7,7 según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), mientras que el Instituto de Geociencias (IGC) de Panamá lo rebajó a 7,5, mientras prosiguen las réplicas, más de un centenar.

Un terremoto de 7,7 sin víctimas mortales

Según el informe, gran parte del país resultó afectado en mayor o menor medida por el terremoto. En total en las nueve provincias afectadas, además de los 27 heridos leves, resultaron dañadas por el temblor 142 viviendas, cuatro edificios residenciales, 188 centros escolares, 20 instalaciones sanitarias, 26 edificios gubernamentales, 13 iglesias, siete hoteles, nueve puentes y múltiples tramos viales, entre otros, además de daños en plantas potabilizadoras.
En la provincia de Los Santos, donde se encuentra Tonosí, se reportaron 14 residencias y cinco hoteles con afectaciones parciales, seis personas con lesiones menores, cuatro hospitales con daños parciales, además de 22 centros educativos, dos iglesias y 18 edificios gubernamentales afectados.
En esa provincia, aproximadamente 300 personas en una comunidad costera fueron evacuadas hacia otra más elevada ante el incremento del nivel del mar, y cinco comunidades permanecen incomunicadas debido a daños en puentes, carreteras y deslizamientos de tierra.

Miedo a las réplicas en Panamá

También en la provincia de Coclé, otra de las más golpeadas y donde se encuentra la localidad de Penonomé, el balance preliminar registra 50 residencias afectadas, dos hoteles con daños de consideración, 17 personas con lesiones menores, dos hospitales con afectaciones menores, dos escuelas, dos iglesias y cuatro edificios gubernamentales afectados, además de ocho familias trasladas a un albergue.
Una de las dos torres de la catedral de San Juan Bautista de Penonomé colapsó a causa del terremoto, precisamente en momentos en que varios sacerdotes y el obispo del municipio, Edgardo Cedeño, sostenían una reunión, como dijo el prelado a EFE.
Así mismo, uno de los costados del edificio de la Gobernación de Coclé colapsó completamente y dejó al descubierto todas las oficias, mientras el otro lado se agrietó.
En Ciudad de Panamá se sintió fuertemente el sismo y al tratarse de una urbe con numerosos rascacielos, cuya altura hace que se sientan más las sacudidas, por lo que las calles se llenaron de personas que habían salido con lo puesto ante posibles derrumbes.

El adelanto electoral que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha provocado que el Tribunal Supremo acelere los trámites para decidir qué hacer con la suspensión cautelar que acordó sobre la llamada ‘ley de nietos’, que paralizó el voto para los nacionalizados a través de esa vía.Ese mismo lunes, el partido Iustitia Europa, una de las organizaciones que denunciaron ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo que la ‘ley de nietos’ podía alterar el censo electoral, presentó un escrito al alto tribunal pidiendo que tome medidas para «garantizar» que la suspensión cautelar sea aplicada en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.En ese escrito, Iustitia Europa advertía de que el censo de referencia es «el cerrado a 1 de agosto de 2026», antes de la suspensión cautelar. Vox, la otra recurrente, hizo lo propio horas después.Una vez que Sánchez convocó elecciones anticipadas, el alto tribunal concedió el martes un plazo «improrrogable» de dos días a las partes para que pudieran presentar alegaciones sobre la ‘ley de nietos’, con el fin de acelerar su decisión con estas nuevas circunstancias. No se descarta que la decisión se conozca este mismo fin de semana.El Gobierno ve «imposible» cuantificarloTanto la Fiscalía como el Gobierno son partidarios de levantar la suspensión y permitir votar a todos los españoles en el extranjero. En sus alegaciones, el Ejecutivo consideró «materialmente imposible» que antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre se pueda diferenciar entre los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ y quienes lo fueron por otros motivos, por lo que solicitó al Supremo que levante la suspensión cautelar.»O se suspende a todos los españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), pues los datos que en él se tienen son, globalmente, los de los españoles sin distinción alguna, o no se suspende a ninguno, porque resulta materialmente imposible distinguir a unos de otros en el brevísimo plazo de tiempo del que se dispone», expuso.Y añadió que «ya no es posible discernir en el CERA» en los «breves plazos» que configura la ley electoral entre los inscritos que adquirieron la nacionalidad por la ‘ley de nietos’ y «aquellos que son españoles por otros motivos».Iustitia Europa recogió estas palabras del Ejecutivo y solicitó el viernes paralizar las elecciones «para garantizar la ejecución efectiva» de la suspensión cautelar de la ‘ley de nietos’ que acordó el alto tribunal el pasado septiembre, cuando paralizó el voto y las nuevas inscripciones en el censo para nacionalizados por la ‘ley de nietos’ que no acrediten exilio de sus descendientes.Más de 300.000 expedientesLa denominada ‘ley de nietos’ es una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, que permite que puedan optar a adquirir la nacionalidad española descendientes de exiliados.La norma establece que está dirigida a los nacidos fuera de España de padres o abuelos que «originalmente hubieran sido españoles» y que abandonasen el país «como consecuencia de haber sufrido exilio». También incorpora algunos supuestos, como los nacidos en el exterior de mujeres que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de que se aprobase la Constitución, así como los descendientes de las personas a quienes «les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo».El Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado de que se han recibido más de 1,2 millones de solicitudes, de las cuales se han aprobado 571.761. En total, se han practicado 333.696 inscripciones en oficinas consulares.Estos datos fueron esenciales para la decisión del Supremo. Los magistrados enfatizaron «la magnitud de las cifras de incremento del CERA ofrecidas, la afectación al derecho de sufragio y al resultado electoral deseado por los españoles que ya figuran inscritos correctamente en el censo electoral, podrían quedar también gravemente comprometidos».En concreto, señalaron que dicho censo tiene 408.262 inscritos más, a 1 de julio de 2026, que en el censo correspondiente para las elecciones generales de 2023: 2.736.522 electores frente a 2.328.260.En pos de la «transparencia»Fue en julio cuando el Supremo comenzó con las diligencias tras ser recurrida, solicitando a la Junta Electoral Central información sobre los posibles efectos electorales de la iniciativa. El pasado 7 de septiembre, el alto tribunal celebró una vista para escuchar las alegaciones de las partes ante la eventual suspensión y, al día siguiente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo acordó, finalmente, paralizarla.En dos autos, los magistrados consideraron que «tal crecimiento genera un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral, causando entonces un daño irreversible».Por tanto, alegaron que a fin de evitar «una circunstancia fundada de incertidumbre sobre el resultado electoral», el alto tribunal estimó la petición de medidas cautelares, que tendrán un carácter temporal y supeditado a la sentencia del alto tribunal.El Supremo aseveró que «la afectación del derecho de participación» de las personas que hayan adquirido la nacionalidad por la ‘ley de nietos’ «no resulta desproporcionado en relación con los intereses generales que se trata de preservar».»La transparencia y objetividad del proceso electoral, así como la vigencia del principio de igualdad, constituyen los pilares esenciales sobre los que se asienta el principio de participación ciudadana en los asuntos públicos, dentro del Estado democrático y de derecho que es España», apuntó.El voto particularEl tribunal señaló que lo que se decide son aspectos «relevantes y decisivos para nuestro Estado de derecho y para el derecho del pueblo español a decidir su futuro».»La veracidad, objetividad y transparencia del proceso de elección de los representantes en los diferentes procesos electorales, debe regir y estar presente en todas sus fases, desde la elaboración y actualización del censo electoral, con la exacta y correcta relación de ciudadanos con derecho de sufragio que puedan participar en cada circunscripción electoral, hasta el resultado final del proceso y la elección de los representantes», aludió la Sala.Esta decisión del Supremo contó con el voto particular en contra de la magistrada María Alicia Millán, que opinó que las medidas cautelares producen «la privación de uno de los efectos más relevantes inherentes al reconocimiento de la nacionalidad española», el derecho al sufragio, a «un número potencialmente muy elevado de ciudadanos».Para la magistrada, que «un determinado número de personas haya adquirido la nacionalidad española» no constituye «un riesgo cualificado que haga necesaria la adopción de la medida cautelar pretendida».Esta misma semana, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, advirtió de que el censo se verá «alterado» si el alto tribunal mantiene la medida cautelar a la ‘ley de nietos’. En este contexto, el titular de Justicia instó a los magistrados a «resolver el fondo de la cuestión lo antes posible» porque «privar el derecho a voto a españoles» es una decisión de «mucha trascendencia».

El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte en su informe de 2026 sobre trata de personas de dos problemas en Ceuta: faltan medios para detectar a las víctimas y servicios especializados para atenderlas. El documento, que analiza principalmente lo ocurrido en 2025 y … no recoge aun los hechos ocurridos este pasado bverano, mantiene a España en la máxima categoría por sus esfuerzos contra la trata, pero señala fallos considerables sobre todo en Ceuta que pueden dejar sin ayuda a personas explotadas.
Pero ya desde ahce mesea queda claro que la diplomacia norteamericana observa una carencia en la respuesta del Gobierno. Sostiene que no abordó adecuadamente las vulnerabilidades frente a la trata relacionadas con la presión migratoria y que esa insuficiencia agrava los riesgos tanto para migrantes como para ciudadanos del país. El reproche se refiere a la capacidad de prevención y protección; el documento no equipara la inmigración irregular necesariamente con la trata.

«El Gobierno no abordó adecuadamente las vulnerabilidades frente a la trata de personas relacionadas con la crisis migratoria masiva, lo que agravó las amenazas de trata para los ciudadanos del país y los migrantes», dice. «El Defensor del Pueblo informó de que, debido al elevado número de migrantes en situación irregular que llegaban a Canarias, Ceuta y Melilla, la policía no disponía de capacidad suficiente para identificar a todas las víctimas de trata», añade.

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Borja Méndez

La advertencia sobre la identificación se apoya en el Defensor del Pueblo. Según recoge el informe, el elevado número de llegadas irregulares a Canarias, Ceuta y Melilla desborda la capacidad policial disponible para identificar a todas las víctimas de trata, sin los recursos necesrios. En otro apartado, dedicado a la atención que reciben, el Departamento de Estado sitúa a Ceuta, Melilla y La Rioja entre los territorios que no disponen de servicios específicos para estas personas.
El documento no ofrece un desglose de víctimas en Ceuta ni permite determinar cuántas han quedado sin identificar o qué asistencia general han recibido. Sí señala una brecha concreta, que en uno de los puntos de entrada a España, las dificultades para reconocer la explotación coinciden con la falta de atención especializada.
La distinción importa porque una persona puede llegar mediante una red de tráfico de inmigrantes y acabar después sometida a una red de trata. El informe recoge la advertencia del Defensor del Pueblo de que algunas mujeres que entran irregularmente no son detectadas como posibles víctimas. Cita también al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el CITCO, para explicar que los tratantes suelen imponer su control cuando las mujeres ya están dentro del país y que estas pueden terminar sometidas a explotación sexual.

Reticencias policiales ante redes

Una de sus observaciones más llamativas afecta a la persecución de las redes. Tras recoger una advertencia del CITCO sobre la llegada de víctimas mediante organizaciones de tráfico de migrantes, el informe atribuye a la Fiscalía haber detectado reticencias entre agentes a perseguir a responsables del tráfico de migrantes o de trata en esos casos. No concreta qué unidades estarían afectadas, en qué territorios se habría observado esa conducta ni cuáles serían sus motivos. Tampoco permite el texto atribuirla específicamente a la policía de Ceuta.
La falta de identificación tiene consecuencias que van más allá de perder el acceso a una plaza de acogida. Según el informe, España no adoptó medidas eficaces para evitar que posibles víctimas fueran penalizadas indebidamente por ilícitos cometidos como consecuencia directa de su explotación. El documento recoge que quienes no hablan con las fuerzas de seguridad y no obtienen reconocimiento formal pueden quedar expuestos después a procedimientos penales.
Es uno de los aspectos más graves del diagnóstico de este informe: una persona obligada a delinquir puede llegar ante las autoridades sin ser reconocida como víctima. El informe describe, entre las modalidades de explotación presentes en España, el trabajo forzoso en plantaciones de cannabis y la vulnerabilidad de menores migrantes no acompañados ante la explotación sexual y la mendicidad forzada. No ofrece ejemplos individualizados en Ceuta, pero esas modalidades muestran la importancia de distinguir entre la conducta impuesta por una red y la responsabilidad de quien la controla.
El sistema de reconocimiento constituye otro de los puntos cuestionados. Las fuerzas de seguridad siguen siendo la única instancia facultada para identificar formalmente a las víctimas de trata. Aunque el Gobierno sostiene que ese reconocimiento no depende de colaborar en un procedimiento penal, exige una entrevista policial para acceder a determinados beneficios. El imforme en cuestión reconoce una vía administrativa adicional de acreditación para víctimas de trata sexual, a través de servicios sociales y ONG autorizadas, pero considera que persisten barreras para acceder a la asistencia.
Las cifras nacionales reflejan una mejora de la detección, pero también un retroceso en las acusaciones y las condenas. En 2025, las autoridades identificaron formalmente a 858 víctimas, frente a las 505 del año anterior. De ellas, 484 habían sufrido trabajos forzosos y 374 explotación sexual. Entre las personas identificadas había once menores.
La policía detuvo a 563 sospechosos, frente a 407 en 2024. Sin embargo, el número de personas contra las que se ejerció la acusación descendió de 110 a 74 y los condenados bajaron de 59 a 44. Son cifras de procedimientos que pueden corresponder a periodos distintos y no permiten establecer una tasa de condena sobre las detenciones de ese año. El propio informe destaca, no obstante, el descenso de la actividad acusatoria y de las condenas. Todos esos datos vienen del Gobierno español, recogidos por la misión diplomática en España.
La explotación laboral presenta un desequilibrio especialmente visible. Las ONG financiadas por el Gobierno declararon haber atendido a 10.253 posibles víctimas, de las cuales solo once correspondían a trabajos forzosos. Esa cifra no puede compararse directamente con las 484 víctimas de explotación laboral identificadas por la policía, porque son registros diferentes.
El informe también cuestiona la continuidad de la planificación gubernamental, que es desigual a tenor de los datos recogidos. El plan general contra la trata había expirado en 2023 y, al cierre del periodo examinado, no había comenzado la elaboración de su sucesor. La evaluación del anterior se completó en 2025, pero todavía no se había publicado. El plan contra el trabajo forzoso venció en 2024, aunque el Ministerio de Trabajo había empezado a preparar el siguiente.
Estas críticas conviven con una valoración general favorable. España permanece en el nivel 1 porque, según el informe publicado en Washington, cumple plenamente los estándares mínimos para combatir la trata y mantiene esfuerzos serios y sostenidos. El informe reconoce el aumento de investigaciones, la mayor identificación de víctimas y la mejora de las penas: 43 de los 44 condenados recibieron más de un año de prisión.