Estados Unidos ha logrado garantías de que las autoridades venezolanas entregarán a nuevos dirigentes y antiguos colaboradores de Nicolás Maduro, después del traslado a territorio estadounidense del empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas, socio de Alex Saab, también extraditado. Bloomberg adelantó que entre los nombres … reclamados por Washington figuran el exvicepresidente y exministro del Petróleo Tareck El Aissami y el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia Maikel Moreno. Según ha podido confirmar ABC por fuentes propias, las autoridades estadounidenses, con la participación del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), ultiman las gestiones para conseguir ambas entregas.
Al ser preguntado por ABC el lunes por si se esperaban más extradiciones, el presidente Trump dijo que dejará que la Justicia siga su curso, pero que en cualquier caso «lo ocurrido en Venezuela es todo un éxito». La información confirma la línea de cooperación judicial que este periódico adelantó el pasado 21 de febrero, cuando reveló que la Administración Trump había presentado al Gobierno interino de Delcy Rodríguez una relación de nueve personas de interés para las investigaciones estadounidenses. Aquella lista incluía a Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente; El Aissami; Alex Saab; Raúl Gorrín; Samark López; Walter Gavidia Flores y Pedro Luis Martín Olivares, entre otros.

La exigencia estadounidense no se limitaba a solicitar extradiciones. Washington reclamaba acceso a los investigados, interrogatorios, documentación financiera y cooperación para reconstruir las operaciones de blanqueo de capitales, corrupción y narcotráfico atribuidas a las estructuras del antiguo régimen.

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Según las fuentes consultadas por ABC, esa cooperación sigue adelante y las autoridades estadounidenses han obtenido garantías para avanzar en nuevas entregas. Aunque todavía no existe una fecha confirmada para los traslados de El Aissami y Moreno, en Washington se considera que podrían producirse rápidamente, a pesar de que la Constitución venezolana impide la extradición de nacionales. Cuando se envió a Estados Unidos a Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, se alegó que en realidad eran colombianos, aunque el primero tenía pasaporte diplomático venezolano y hasta había sido ministro.
La operación se desarrolla con especial discreción, entre otras razones por esas dificultades jurídicas y por las suspicacias que pueda haber en el chavismo ante estas entregas por parte del régimen de Delcy Rodríguez. La entrega de Pulido representa un nuevo avance de ese proceso. El empresario, detenido en Venezuela desde 2023 por su presunta implicación en el escándalo de corrupción conocido como PDVSA-Cripto, comparece este martes ante un tribunal federal de Miami.

Tramas de corrupción y CLAP

Pulido afronta dos acusaciones presentadas en 2019 y 2021 por presuntas operaciones multimillonarias de blanqueo de capitales y sobornos relacionadas con contratos públicos venezolanos. Los fiscales estadounidenses le atribuyen su participación en tramas vinculadas a la construcción de viviendas y al programa de distribución de alimentos CLAP, mediante las cuales se habrían desviado cientos de millones de dólares.

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Su traslado se produce después de la entrega de Alex Saab, quien se declaró culpable de conspiración para cometer blanqueo de capitales y aceptó colaborar con las autoridades estadounidenses.
El siguiente nombre que concentra la atención de Washington es El Aissami. El antiguo vicepresidente y ministro de Petróleo fue uno de los hombres más poderosos del chavismo hasta su caída en desgracia. Detenido en Venezuela desde abril de 2024, había sido acusado previamente por Estados Unidos de mantener vínculos con el narcotráfico. Las autoridades estadounidenses llegaron a ofrecer hasta diez millones de dólares (8,9 millones de euros) por información que permitiera localizarlo.

EE.UU. acusa a Pulido de corrupción inmobiliaria y de lucrarse a través del programa de distribución de alimentos CLAP

Moreno, presidente del Tribunal Supremo entre 2017 y 2022, también figura entre los objetivos de la Justicia estadounidense de hace tiempo. Fue acusado en 2020 de blanqueo de capitales y de aceptar sobornos a cambio de influir en decisiones judiciales. Washington ofreció cinco millones de dólares (4,4 millones de euros) por información que facilitara su detención.

Cooperación total entre Delcy y Trump

La entrega del empresario Pulido, que compareció ante el juez el martes, constituye, en cualquier caso, otro resultado verificable de las exigencias formuladas por Washington a Delcy Rodríguez. Desde la captura de Maduro el pasado 3 de enero, la cooperación judicial se ha convertido en uno de los instrumentos de la nueva relación entre ambos gobiernos.
La Administración Trump mantiene abiertas investigaciones contra numerosos integrantes de las estructuras políticas, judiciales y financieras del chavismo. La nueva acusación presentada el 8 de octubre contra Maduro y Cilia Flores, que incorpora delitos relacionados con las torturas a ciudadanos estadounidenses, ha ampliado además el alcance de las actuaciones judiciales.
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El Aissami y Moreno ya figuraban en el cartel titulado ‘Régimen venezolano corrupto’, presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 26 de marzo de 2020, durante la primera Administración Trump. Aquel documento, que reunía fotografías de catorce altos cargos y antiguos funcionarios chavistas junto a Nicolás Maduro, situaba al entonces presidente venezolano en el centro, flanqueado por Moreno y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. También aparecían Diosdado Cabello, El Aissami, el antiguo jefe de la inteligencia militar Hugo ‘el Pollo’ Carvajal, el general Clíver Alcalá Cordones, el responsable de las criptomonedas Joselit Ramírez y el exministro de Energía Eléctrica Luis Motta Domínguez, entre otros. La presentación acompañó el anuncio de una batería de acusaciones por narcoterrorismo, narcotráfico, corrupción y blanqueo de capitales contra integrantes del aparato chavista.

EE.UU. atribuyó a los 14 antiguos miembros chavistas cargos por narcoterrorismo, narcotráfico, corrupción y blanqueo de capitales

Desde entonces, varios de los protagonistas de aquel cartel han acabado ante la Justicia estadounidense. Dos de los casos más relevantes son los de Carvajal y Alcalá, que ya han alcanzado acuerdos de culpabilidad con la Fiscalía federal. Carvajal, extraditado desde España en 2023, se declaró culpable en junio de 2025 de cuatro cargos relacionados con el narcoterrorismo, el tráfico de cocaína y las armas. Alcalá, por su parte, admitió en 2023 haber proporcionado apoyo material y armamento a las FARC y fue condenado en abril de 2024 a 260 meses de prisión, casi 22 años. Ambos formaban parte de la estructura del denominado cartel de los Soles descrita por los fiscales estadounidenses.

Estados Unidos ha interceptado, al menos, dos buques con combustible presuntamente destinado a Cuba y, por separado, se ha incautado de 90 cargamentos de biodiésel. El ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, niega que el régimen cubano esté vinculado … a las mercancías confiscadas y asegura que ninguna empresa estatal consiguió contratos para importar ese combustible.
Los envíos sumaban más de 2,3 millones de litros y estaban valorados en unos 2,8 millones de dólares (2,5 millones de euros). Según las autoridades estadounidenses, los cargamentos tenían como destinataria a Enetec S.A., una empresa estatal cubana sancionada por Washington. Sin embargo, el funcionario castrista rechaza que alguna entidad estatal cubana haya contratado esas importaciones.

Sus declaraciones contrastan con la respuesta pública del vicecanciller Carlos Fernández de Cossío. Tras conocerse las incautaciones, éste defendió la legalidad de las importaciones de combustible a Cuba por parte de entidades tanto estatales como privadas, y calificó las acciones estadounidenses de «piratería» y «pillaje».

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Fernández de Cossío no confirmó expresamente la participación del Gobierno cubano ni de Enetec en esos envíos. No obstante, su defensa general de la legalidad de las importaciones contrasta con la posterior negativa del ministro a reconocer contratos de empresas estatales para adquirir ese combustible.

Buques bajo sospecha

El buque cisterna ‘Grace’, de 91 metros de eslora, fue interceptado el 5 de septiembre en el mar Caribe, entre Cuba y México. Según las autoridades estadounidenses, transportaba combustible oculto en tanques de lastre y contenedores y, además, realizaba maniobras para eludir los controles. La embarcación fue escoltada hasta México para su inspección. Mientras, otro buque, de nombre ‘Jaira Provider’, fue interceptado en junio. Según las informaciones publicadas sobre el caso, transportaba más de 750.000 litros de combustible. Estas operaciones se producen en medio de la grave crisis de abastecimiento energético que atraviesa la isla, que se suman al endurecimiento de las medidas de la Administración Trump para restringir los suministros de combustible a Cuba y aumentar la presión sobre el Gobierno de La Habana.
En febrero de este año, ABC publicó una investigación sobre las presuntas importaciones clandestinas de combustible que Cuba habría utilizado para sortear las sanciones estadounidenses. Una fuente confidencial vinculada a las operaciones portuarias describió mecanismos que incluían buques que cambiaban de nombre y bandera, ocultaban a sus propietarios, apagaban sus sistemas de identificación y transferían cargas en alta mar. La investigación también abordó el caso del ‘Castellanos I’, un buque panameño que, según la misma fuente, transportaba combustible oculto en la bodega bajo la apariencia de trasladar minerales como plomo y zinc desde Cuba.

Cifras récord en las exportaciones estadounidenses

En medio del agravamiento de la crisis energética y económica, las exportaciones de bienes de Estados Unidos a Cuba registraron en agosto un récord histórico al alcanzar los 202,5 millones de dólares (casi 190 millones de euros), la mayor cifra mensual desde que la Oficina del Censo estadounidense comenzó a contabilizar estos registros en 1992.
Los datos del Consejo Económico y Comercial EE.UU.-Cuba comprenden exportaciones generales. Dentro de ese total, las ventas relacionadas con combustibles y aceites representaron aproximadamente el 37% de las exportaciones estadounidenses a la isla durante ese mes, con un valor cercano a los 75 millones de dólares (67 millones de euros).
Las regulaciones del Departamento de Comercio de EE.UU. permiten, bajo condiciones específicas, la exportación de gasolina y otros derivados del petróleo a entidades privadas elegibles.
Al referirse a estas importaciones, De la O Levy sostuvo que el combustible procedente de esas operaciones no cubre ni el 3% de las necesidades nacionales. Cuba produce alrededor de 40.000 barriles diarios de petróleo, frente a una demanda estimada en unos 100.000. Mientras, los apagones prolongados y las averías del sistema eléctrico continúan golpeando al país.

La polémica entre la Nobel de la Paz Navanethem Pillay y Estados Unidos por su investigación de la guerra de Gaza y su papel en el Tribunal Penal Internacional no es la única controversia que pesa sobre la galardonada. El terremoto de críticas ha tenido … réplica en Europa, muy especialmente en Dinamarca, donde el exministro de Exteriores Per Stig Moller ha recordado que Pillay le recomendó imponer la censura en su país para no «provocar» al islam radical durante la crisis de las viñetas de Mahoma.
Después de que varios ilustradores daneses no se atreviesen a dibujar imágenes de Mahoma para un libro infantil sobre el islam, doce caricaturas fueron publicadas por el periódico ‘Jyllands-Posten’ el 30 de septiembre de 2005. Su artículo trataba sobre libertad de expresión y autocensura y destacaba que «la sociedad moderna y secular es rechazada por algunos musulmanes».

Los caricaturistas recibieron amenazas de muerte y se produjeron multitudinarias manifestaciones en Irán, Afganistán y Pakistán exigiendo un juicio y una condena para los dibujantes. Cuando Dinamarca intentó recabar el apoyo de la entonces Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay sugirió medidas de censura para mitigar la crisis. Incluso tras un ataque terrorista contra la Embajada danesa en Pakistán, en el que murieron seis personas, siguió dando la espalda a Dinamarca.

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Adrián Peñacoba

El exministro de Exteriores danés Per Stig Moller ha expresado ahora en las redes sociales su disgusto por la entrega del Nobel de la Paz a Pillay. Recuerda que, entre aquellas doce caricaturas, las había también que satirizaban a figuras políticas danesas e incluso una sobre el periódico ‘Jyllands-Posten’, el mismo que las publicaba, porque «se trataba de una defensa de la libertad de expresión». Primero, las amenazas llegaron contra el viñetista Kurt Westergaard, quien dibujó un terrorista con una bomba encendida en el turbante que no representaba a Mahoma. A principios de febrero de ese año, las embajadas danesas en Damasco y Teherán, así como el consulado danés en Beirut, fueron incendiadas por manifestantes.
«Debería haber sido obvio, se trataba de la libertad de expresión, que concierne a los derechos humanos», defiende todavía hoy Per Stig Moller, «pero su respuesta fue que había que introducir la censura para que no volviera a ocurrir». Se refiere a la indicación de «censurar la difamación de la religión» que dio Pillay desde el cargo de Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Por este motivo, se ha declarado «sorprendido» y «enfadado» al saber que ha sido distinguida con el Nobel de la Paz. «No está cualificada. Me disgusté cuando supe que la habían elegido«, ha declarado al periódico danés ‘Berlingske’.

«Se trataba de la libertad de expresión, que concierne a los derechos humanos, pero su respuesta fue que había que introducir la censura para que no volviera a ocurrir«

Per Stig Moller
Exministro de Exteriores de Dinamarca

«Alfred Nobel quiso premiar a quienes más han hecho para promover la paz mundial. En cambio, el premio se ha convertido en un galardón para la clase activista internacional», ha llamado la atención en las páginas de ‘Aftonbladet’ el politólogo Daniel Schatz, autor de ‘De Estocolmo a Jerusalén: La historia desconocida de la política sueca para Oriente Próximo’. Schatz señala que el premio de este año otorgado a la abogada sudafricana y exfuncionaria de la ONU Navi Pillay «es el último ejemplo de esa práctica» y apunta que «Pillay es más conocida por haber dirigido la comisión de la ONU cuyas acusaciones de genocidio en Gaza han suscitado duras críticas y han sido cuestionadas por investigadores y académicos».

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«La verdadera paz requiere mucho más que activismo: diplomacia, compromiso y el valor para afrontar las duras realidades de la política internacional», dice. Sugiere además que el problema es institucional. «El Premio de la Paz se decide por cinco miembros nombrados por el Parlamento noruego. Que este pequeño círculo en particular nombre a los luchadores por la paz del mundo parece cada vez más absurdo. Noruega obviamente no es capaz de gestionar la tarea que Alfred Nobel puso en manos del país. Por tanto, la Fundación Nobel en Estocolmo debe trabajar para garantizar que la responsabilidad del Premio de la Paz se transfiera a Suecia. El premio debe ser decidido por expertos internacionalmente reconocidos en diplomacia, resolución de conflictos y política de seguridad. Y, si no puede salvarse, debe dejar de existir», explicó.

Otros antecedentes

La crisis de las viñetas, en la que Dinamarca basa sus reticencias, no es el único caso en el que Pillay se ha manifestado con relativo desprecio por los derechos humanos. En 2022, también defendió al miembro de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados e Israel, Miloon Kothari, después de que afirmara que las redes sociales estaban en gran medida controladas por el «lobby judío» y cuestionara al Estado hebreo como miembro de la ONU. Pillay argumentó que sus comentarios habían sido sacados de contexto y mal citados. Kothari se disculpó posteriormente, reconociendo que sus comentarios habían sido inapropiados e insensibles.
Anteriormente, en 2013, Pillay se había reunido con Jaber Wishah, que había sido el responsable militar del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), una organización terrorista, al que invitó como panelista a un seminario de la ONU en Khan Yunis. Y, en relación con China, la exfuncionaria de derechos humanos de la ONU Emma Reilly denunció que la oficina de Pillay había proporcionado al régimen de Pekín información sobre personas que pretendían plantear preocupaciones sobre derechos humanos en reuniones de la ONU, nombres de disidentes que iban a participar en los procedimientos del Consejo de Derechos Humanos.

En 2013, Pillay invitó a un seminario de la ONU al responsable militar del Frente Popular para la Liberación de Palestina, una organización terrorista

En 2012 su portavoz, Rupert Colville, calificó las publicaciones de la revista satírica ‘Charlie Hebdo’ como «irresponsables» y «maliciosas», a pesar de que su redacción había sido objeto de un ataque incendiario. Pillay personalmente mostró comprensión por las protestas y pidió que no se alimentara la publicidad de actos «deliberadamente provocadores», además de sostener que el conflicto no debía plantearse como un enfrentamiento entre sociedades musulmanas y no musulmanas, sino entre «pequeños grupos extremistas de distintos sectores». Tres años después, en enero de 2015, dos terroristas islámicos entraron a tiros en la redacción de ‘Charlie Hebdo’ y mataron a doce personas.

Diferentes varas de medir

En junio de 2011, UN Watch examinó sus declaraciones entre septiembre de 2008 y junio de 2010 y demostró que había guardado silencio sobre la situación de derechos humanos en 146 países, incluidos 34 clasificados como «No Libres» por Freedom House. Entre esos países estaban Cuba, Corea del Norte, Eritrea, Arabia Saudí, Sudán, Bielorrusia, e Irán, donde había tenido lugar la violenta represión tras las elecciones de 2009, mientras que 9 de las 21 declaraciones de Pillay sobre Oriente Próximo y el norte de África durante ese periodo se centraron en Israel.
Precisamente, el director de UN Watch, Hillel Neuer, ha publicado un artículo en el periódico judío-alemán ‘Jüdisch Allgemeine’ titulado «¡No, la señorita Pillay no merece el Premio Nobel de la Paz!», en el que habla de «gran error», «noticia devastadora». Además, señala que «uno pensaría que un ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconocería los estereotipos antisemitas y los rechazaría de forma constante, pero Navi Pillay hizo lo contrario».