En el ataque a Irán, a diferencia de lo ocurrido en Venezuela, el secretario de Estado, Marco Rubio, sí avisó previamente al llamado «Grupo de los Ocho» antes de que Estados Unidos lanzara los bombardeos sobre Irán. No hubo una notificación formal al conjunto … del Congreso ni una votación de autorización como las que precedieron a las intervenciones en Afganistán e Irak, pero sí un paso intermedio: informar al núcleo más restringido de liderazgo legislativo en materia de inteligencia.
El «Grupo de los Ocho» es el mecanismo previsto en el sistema estadounidense para compartir información altamente clasificada con el Congreso cuando la Casa Blanca considera que la sensibilidad de la operación exige limitar al máximo su difusión. Está integrado por los presidentes y líderes de la minoría de la Cámara de Representantes y del Senado, así como por los presidentes y principales miembros de la minoría de los comités de Inteligencia de ambas cámaras. En la práctica, es el canal reservado para operaciones encubiertas o acciones militares de alto impacto.

Según han publicado medios estadounidenses ningún miembro de ese grupo esperaba la magnitud de los bombardeos sobre Irán, pese al aviso previo. «No tuvimos ninguna pista de que los ataques fueran tan expansivos ni que los objetivos fueran tan amplios», señaló una fuente conocedora del contenido de la reunión informativa. La Casa Blanca habría anticipado una acción militar, pero no el alcance completo ni la amplitud estratégica que finalmente adoptó la operación.

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El contraste con Venezuela es relevante. En aquella ocasión, la Casa Blanca defendió que la acción tenía como objetivo capturar a un prófugo —Nicolás Maduro—, lo que enmarcó la intervención en una lógica policial o judicial más que bélica, y no activó este mecanismo formal de notificación al liderazgo legislativo. Ahora, ante una ofensiva abierta contra Irán, sí se activó el canal del «Grupo de los Ocho», aunque sin buscar una autorización explícita del Congreso.
Ese matiz es clave en el debate constitucional estadounidense. La Carta Magna otorga al Congreso la facultad de declarar la guerra, pero desde la Segunda Guerra Mundial la mayoría de las intervenciones se han producido bajo autorizaciones amplias o decisiones ejecutivas amparadas en competencias de comandante en jefe. En este caso, la Administración optó por una notificación restringida sin someter la operación a votación.
La interlocución con el Capitolio fue delegada en Rubio, mientras el presidente permanece en Palm Beach. En Washington, ese detalle ha alimentado preguntas sobre el grado de implicación directa y sostenida de la Casa Blanca en la gestión política de la escalada. Más allá de la operación militar en sí, el episodio reabre el debate sobre los límites del poder ejecutivo en materia de guerra y el papel real del Congreso cuando las decisiones se adoptan con rapidez y bajo el paraguas de la seguridad nacional.

En las horas previas al ataque, las acusaciones de Donald Trump contra Irán ya habían dejado de girar solo en torno al programa nuclear o armamentístico. La Casa Blanca llevaba días insistiendo en que Teherán no es únicamente un Estado que busca capacidades estratégicas, … sino un exportador de terror que opera por delegación, amenaza e intimida a socios de Estados Unidos y a aliados regionales, incluidos países árabes, y utiliza la violencia y el chantaje como herramientas de política exterior. Ese marco, repetido por Trump y por su equipo, presentaba la ofensiva como un golpe preventivo contra una red, no solo contra instalaciones.
De hecho horas antes del ataque a Irán, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la designación de Irán como «patrocinador estatal de detenciones indebidas» y lo presentó como algo más que una colección de casos aislados. Según Washington, el régimen usa a estadounidenses y a ciudadanos de otros países como moneda de cambio, una forma de coerción para ganar ventaja frente a otros Estados.

La medida, apoyada en una orden ejecutiva firmada por Trump el otoño pasado y en la ley aprobada por el Congreso en 2025 contra las detenciones indebidas, activaba un guión de escalada. Si Irán no se detiene, Estados Unidos estudiará medidas adicionales, incluida una restricción geográfica que limitaría el uso de pasaportes estadounidenses para viajar a, desde o a través de Irán. Rubio exigió la liberación de los detenidos y reiteró el aviso de no viajar al país.

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Esa pieza encajaba en una secuencia que la Casa Blanca viene construyendo por capas y en fases y que busca, de forma deliberada, ensanchar el marco del conflicto. No se trata solo de la dimensión militar, ni de un objetivo único vinculado a capacidades nucleares o balísticas. Se ha ido creando un expediente político y moral que sirva para justificar el golpe como algo más amplio, una operación contra un régimen al que Washington atribuye terror, represión y chantaje.
Por eso, justo antes, el 6 de febrero, Trump había firmado una orden ejecutiva que añadía un instrumento económico de presión. La Casa Blanca argumentó que seguía vigente la emergencia nacional declarada en 1995 frente a lo que define como una amenaza «inusual y extraordinaria» del Gobierno de Irán para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos. Y desde ahí introdujo la novedad. Un sistema de aranceles secundarios pensado para castigar a terceros países. La orden autoriza imponer un arancel adicional ad valorem, con el ejemplo de un 25%, a importaciones en EE.UU. procedentes de cualquier país que compre, importe o adquiera directa o indirectamente bienes o servicios iraníes, incluso si esa relación se oculta mediante intermediarios o terceros países siempre que el origen pueda rastrearse.

Washington ha ido creando un expediente político y moral que sirva para justificar el golpe como una operación contra un régimen

Mientras Washington preparaba ese terreno, Irán arrastraba un incendio interno que la Administración Trump ha utilizado como parte de su relato para atacar. A finales de diciembre de 2025 estallaron las mayores protestas antigubernamentales desde 1979. Comenzaron por el deterioro económico y la caída de la divisa local, el rial iraní, y derivaron en demandas políticas más amplias. La respuesta del Estado, según organizaciones y medios, fue una represión severa, con uso de fuerza letal, detenciones masivas y procedimientos acelerados. Se habló de miles de muertos y decenas de miles de arrestados, en un contexto agravado por cortes extensos de internet y comunicaciones, lo que complicó la verificación independiente y alimentó las denuncias de ejecuciones de manifestantes y castigos ejemplarizantes.
Trump vinculó esa crisis con su estrategia hacia Teherán en su discurso tras el ataque, este sábado. Presentó a los ayatolás como responsables de «terror masivo» y dijo que la operación se hacía «por el futuro» como una misión necesaria. Recordó el cántico de «Muerte a América» como síntesis de una hostilidad que, según él, dura décadas, y repasó episodios históricos y ataques atribuidos a Irán o a su entorno para sostener que el problema no es coyuntural. En el mismo mensaje, deslizó un objetivo político interno. Animó a los iraníes a «tomar el control» y advirtió a militares y fuerzas de seguridad, con una mezcla de incentivo y amenaza, para que no sostengan al régimen.

Un listado de abusos contra los derechos humanos

En ese marco, la Casa Blanca no se limita a hablar de centrifugadoras nucleares o misiles. Ha colocado también sobre la mesa un catálogo de abusos que, según la diplomacia estadounidense, dibuja la naturaleza del sistema. En su informe más reciente sobre derechos humanos, el Departamento de Estado describe ejecuciones por cientos, incluidas de personas que habrían confesado bajo tortura y tras juicios sin garantías, además de denuncias de muertes bajo custodia vinculadas a las fuerzas de seguridad. Afirma que la pena de muerte se aplica a delitos que no encajan en el estándar internacional de los «más graves» y subraya que hay ejecuciones por delitos de drogas, a veces sin aviso previo a las familias, con impacto desproporcionado en minorías como la baluchi.
El mismo documento sostiene que la tortura física y psicológica para forzar confesiones es «prevalente», especialmente durante la detención preventiva, y recoge denuncias de palizas, violación y abusos por parte de fuerzas de seguridad y personal penitenciario. Enumera métodos reportados como amenazas de ejecución y de violación, privación de sueño, ‘waterboarding’, suspensión, electrochoques, quemaduras, posiciones de estrés y privación deliberada de atención médica. En paralelo, describe detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas utilizadas para frenar actividades consideradas antigubernamentales, con redadas, arrestos sin aviso, confiscación de documentos y dispositivos, y casos de detenidos, incluidos algunos con doble nacionalidad, sometidos a encarcelamientos prolongados por cargos políticamente motivados, con dificultades para acceder a abogado, juicios sumarios y demoras o negación de tratamiento médico.

El Departamento de Estado perfila un sistema de censura y control que restringe de forma severa la libertad de expresión y coacciona a las mujeres

En el capítulo de libertades, el informe dibuja un sistema de censura y control. Habla de restricciones severas a la libertad de expresión y de prensa, con amenazas y violencia contra periodistas, detenciones y procesos judiciales, bloqueo y filtrado de webs y presiones para la autocensura. Y añade un componente especialmente sensible en el expediente político de Washington. La coerción contra mujeres en la aplicación del código de vestimenta. Menciona nuevos casos de aplicación violenta de esas normas y penas de prisión por oponerse al hiyab obligatorio, encuadradas como cuestiones de seguridad nacional.
A eso suma restricciones religiosas y persecución de minorías, además de una dimensión exterior que apunta a la represión transnacional. Denuncias de operaciones para intimidar, secuestrar o usar amenazas contra personas fuera de Irán para forzar su retorno o castigarlas por motivos políticos, con menciones a casos emblemáticos y a agresiones contra disidentes y periodistas en el extranjero. También recoge restricciones laborales y persecución de sindicalistas, con tribunales que tratan huelgas y protestas como amenazas a la seguridad, además de referencias al trabajo infantil y a las peores formas de explotación, y a episodios de incitación y retórica antisemita en ámbitos oficiales.

Diez de la mañana. Aviso de la Embajada de España en Emiratos Árabes Unidos a los nacionales residentes en Abu Dabi. La recomendación es clara: seguir las noticias por los canales oficiales, extremar la precaución y permanecer en casa mientras las autoridades evalúan la … situación de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán. «Estamos informados desde primera hora. No hay miedo, pero sí una atención permanente a cualquier aviso. Más prudencia que pánico», cuenta Bárbara Calvo, colaboradora del medio ‘El Correo del Golfo’ y residente en la capital emiratí desde hace ocho años, en conversación con este periódico.
No es la primera vez que los Emiratos atraviesan un momento de tensión y conflicto en la región. Tampoco es la primera vez que los cielos abudabíes se iluminan con la estela de los misiles. Esta vez, el conflicto, explica, ha contado con un mayor despliegue de avisos oficiales que el ejecutado en junio del pasado año, cuando Estados Unidos atacó instalaciones nucleares iraníes en Fordó, Natanz e Isfahán. «La consigna ha sido clara: prudencia y calma. Hemos hecho caso y estamos intentando estar en casa todo el tiempo posible como medida de precaución».

La española insiste en que Emiratos Árabes es una nación que invierte mucho en seguridad y defensa: «Confiamos en el país y en sus instituciones. Hay un poco de revuelo, como es normal. Pero la sensación no es de pánico«. La geografía coloca a Emiratos en una zona sensible, apunta. No es extraño que, ante episodios de tensión, lo primero sea cerrar el espacio aéreo y cancelar vuelos como medida preventiva. Esta vez no ha sido diferente. «Suelen hacerlo de primeras. Han cancelado muchos vuelos por seguridad». Ella y su familia no tenían previsto viajar. «Si hubiera que coger un vuelo de repatriación, lo haríamos, pero de momento estamos tranquilos».

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Cuenta que los móviles han sido la ventana más directa al conflicto. «A través de la redes sociales se viralizan vídeos enseguida. Desde varias zonas de Abu Dabi y también en Dubái se veían las estelas perfectamente. Una vecina mía que se encontraba abajo, en la calle, ha visto los proyectiles. Otras amigas, a media hora de donde yo vivo, también», señala. En muchos casos, asegura, los sistemas de defensa emiratíes los interceptan con rapidez: «No es la primera vez que ocurre».
Mientras tanto, en España, la preocupación cruza fronteras. «Nuestros familiares se han enterado enseguida y nos han preguntado si estábamos bien». Ella responde con serenidad: precaución sí, miedo no. En verano, cuenta, no llegaron a recibir comunicados de este tipo. Ahora sí. No saben si se debe a una mayor gravedad de la situación o simplemente a que se ha gestionado de otra manera. Lo cierto es que, por el momento, todo sigue dentro de una aparente normalidad: «Más allá de las medidas preventivas, la situación se percibe con normalidad y sin alteraciones significativas en la vida cotidiana».
La incógnita está puesta en el lunes: «No hemos recibido ningún comunicado de las empresas en las que trabajamos sobre cómo lo van a gestionar. Estamos a la espera de instrucciones». Uno de los objetivos prioritarios de las autoridades, subraya, es mantener la seguridad de los residentes y los visitantes. Es por eso que a primera hora la Embajada de España ha trasladado a sus nacionales una serie de recomendaciones preventivas y de prudencia, en línea con los protocolos habituales en situaciones de tensión regional. Y, si todo evoluciona como en otras ocasiones, la normalidad podría retomarse en cuestión de horas.