«El mundo se ha vuelto más peligroso». Esta esa una de las frases más repetidas en Europa en los últimos tiempos y esta semana la ha dicho el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, que ha puesto sobre la mesa un plan para disponer «del Ejército más fuerte de Europa», según sus propias palabras. En este sentido, Berlín sabe que necesita alcanzar el medio millón de soldados, pero también mejorar sus capacidades de resistencia y destinar cada vez más fondos a temas militares. El objetivo es, dijo el ministro, disuadir a Rusia, que está consiguiendo debilitar a la OTAN y «desconectar» a Estados Unidos de sus aliados europeos.En un momento en el que la Alianza Atlántica pasa por su peor época, el Gobierno alemán asume que tiene que dar un paso adelante. Ahora mismo, el ejército alemán -la Bundeswehr- cuenta con unos 186.000 militares en activo, alrededor de 860.000 reservistas y más de 80.000 empleados civiles, situándose entre las fuerzas armadas más grandes de Europa; su presupuesto de defensa para 2026 supera los 108.000 millones de euros, lo que lo convierte en uno de los más altos del mundo, y el país está en pleno proceso de expansión con el objetivo de alcanzar hasta 260.000 soldados activos en la próxima década dentro de una estrategia de refuerzo militar ligada a la OTAN. La idea es pasar, sin ir más lejos, a 500.000 tropas en activo de aquí al 2035, es decir, en menos de diez años.Rusia es «la principal amenaza» para Europa, sostuvo Pistorius. No solo por sí misma, sino también por su influencia en la Administración Trump ahora mismo, y la estrategia de Berlín en estos términos no se limita a lo militar; lo civil también entra, como se ve en la medida para recuperar en cierto modo el servicio militar (en un formato casi obligatorio, por así decir). Hay que contar también con que en el país los cuarteles de Alemania han registrado cifras récord de reclutamiento en un contexto de creciente incertidumbre laboral. El Ejecutivo de Friedrich Merz ha implementado, ante el caos global, un servicio militar de seis meses para los jóvenes y aunque participar en él no es obligatorio, sí lo es el registro para los hombres nacidos a partir del año 2008.La luz roja en Alemania lleva tiempo encendida, con un país sumido en una crisis económica importante y con la fortaleza industrial tocada por culpa de una transición que no se ha hecho. Hay una ‘militarización’ de la sociedad y Berlín no lo esconde. «Rusia se está preparando, mediante su rearme, para un enfrentamiento militar con la OTAN y considera el uso de la fuerza militar como un instrumento legítimo para imponer sus intereses», volvió a avisar el ministro de Defensa.El país germano ha pasado de reducir su número de soldados y flexibilizar su política militar a querer aumentar todo drásticamente. «A corto plazo aumentaremos nuestra capacidad de defensa y resistencia. A medio plazo aspiramos a un aumento de capacidades significativamente más amplio. Y a largo plazo lograremos la superioridad tecnológica», añadieron desde el Ejecutivo. En el marco de la OTAN, eso sí, Alemania no es uno de los líderes ahora mismo. Según el informe de 2025 de la Alianza, el país alcanzó el 2,39% del PIB en gasto en defensa, muy por debajo todavía de la meta del 5% pactada en la cumbre de La Haya el pasado verano tras la presión de Estados Unidos. Los germanos son el duodécimo aliado en esa cifra, a la altura de Turquía y Reino Unido, dos socios de mucho empaque. Polonia, Lituania y Letonia son quienes más invierten y solo los polacos están por encima del 4%. Es decir, el peso defensivo de Occidente está recayendo sobre todo en los países Bálticos, que además son quienes más se acercan a la nueva meta.Alemania, en realidad, ve como el sostén defensivo de Europa se desentiende, y asume que tiene que dar un paso adelante. Y es que la presión de Trump a los demás no se aplica a Washington: ha reducido la inversión en defensa en el último año, situándose en un 3,19% y siendo el único miembro de la Alianza que ha bajado la cifra (la aportación total a la organización ha pasado del 64% al 60%). Esto se da un momento de máxima tensión de Trump con la propia OTAN, a la que ha augurado «un muy mal futuro» porque los países no le han apoyado en su ofensiva sobre Irán.El giro que pretende ofrecer Berlín sí puede ser un buena noticia para la autonomía estratégica europea, pero para ello hacen falta fondos: volviendo a los datos de la OTAN, Alemania ha experimentado un crecimiento histórico en su inversión militar, alcanzando un gasto estimado de 106.899 millones de euros en 2025 por lo que un crecimiento de ese tipo unido por ejemplo al papel de Estonia, Letonia, Lituania, y sobre todo Polonia, así como Dinamarca o Países Bajos, podría dar una foto optimista para la UE. Es más, ya se habla incluso de una «OTAN europea» dados los planes de Trump de retirar su apoyo a los aliados.En general, del total presupuestado dentro de la organización atlátnica, Alemania destina actualmente un 29,57% a la adquisición de equipamiento mayor y un 25,16% a gastos de personal. Además, el Gobierno de Friedrich se ha sumado a proyectos multinacionales clave, como la cooperación para el almacenamiento de materias primas críticas para la industria de defensa, concluye el informe publicado hace algunas semanas.Alemania quiere ser el motor de Europa, como lo ha sido históricamente, y ahora parece hacer suya también la frase de Emmanuel Macron de que «para ser fuerte hay que ser temido». Eso se traduce, a ojos de Berlín, en más y mejor despliegue militar. «El Ejército más fuerte de Europa» suena muy bien como lema, pero ahora Berlín ya está metido de lleno en un plan para hacerlo realidad.

La vida de Paige Adams ha cambiado radicalmente en las últimas horas. Ha pasado de ser un «gran ejemplo a seguir para los jóvenes» por su desempeño como entrenadora de baloncesto a acabar arrestada por «mantener relaciones sexuales con un alumno».Este martes Paige Adams … fue acusada de más de 30 delitos sexuales. Algunos de los cargos incluyen «participar en un acto sexual o tener relaciones sexuales desviadas con un estudiante», contacto sexual con un alumno menor de 19 años o distribución de material obsceno.

La acusación se ha producido tan solo un mes después de que Paige renunciase a su puesto en una escuela de secundaria de Alabama. Había sido capaz de llevar al equipo femenino de Cold Springs Eagles a clasificarse al campeonato estatal, de ahí que extrañase su prematuro adiós.

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Manuel P. Villatoro

Los cargos podrían llevarla a pasar 31 años de prisión, según explicó Champ Crocker, fiscal del distrito del condado de Cullman. El superintendente del distrito escolar, Shane Barnette, explicó que Adams renunció a su puesto poco después de que se presentase una denuncia contra ella.
«En cuanto se planteó la preocupación, se inició una investigación de inmediato. El empleado optó por dimitir en ese momento», apuntó Banette.

Su marido le pide el divorcio y la custodia del hijo

Las acusaciones contra Adams no le han penalizado únicamente en plano profesional, sino que también le ha afectado al plano más personal.
Su marido, Drew Adams, ha solicitado el divorcio y le ha pedido la custodia total de su único hijo. De esto modo, se pone fin a un matrimonio que ha durado quince años.
Paige Adams se encuentra ahora en libertad tras pagar la fianza que le impuso la juez de 250.000 dólares. A pesar de estar en la calle, tiene que llevar una pulsera electrónica para estar localizable.

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha confirmado este jueves todos los cargos presentados contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad durante la llamada ‘guerra contra las drogas’, por lo que ha decidido finalmente enviarlo a juicio.La Sala … de Cuestiones Preliminares I ha confirmado por unanimidad los tres cargos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad después de las audiencias judiciales previas al juicio que se han venido realizando durante los últimos meses, tal y como ha señalado la corte en un comunicado.

Así, ha indicado que hay indicios «significativos» para considerar que Duterte es «responsable de estos crímenes y de los delitos de asesinato y de intento de asesinato» en base al artículo 7 del Estatuto de Roma -el tratado fundacional del TPI-. «Estos delitos fueron cometidos como parte de un ataque sistemático a la población civil en el territorio filipino entre noviembre de 2011 y 2019», ha puntualizado el TPI en relación a parte de su mandato como presidente del país.

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Guerra contra las drogas

Susana Gaviña

La sala ha llegado a esta conclusión tras revisar las pruebas y los argumentos presentados por la Fiscalía y después de rechazar los intentos de la defensa de presentar nuevos informes sobre el estado de salud del exmandatario, de 81 años. También han atendido a los documentos presentados por las partes interesadas, entre las que se encuentran grupos de víctimas y familiares.
El tribunal ha indicado que el caso queda ahora pendiente de juicio y ha recordado que la corte actúa de forma «imparcial y justa» y que la defensa «tendrá el tiempo suficiente para prepararse», siempre «respetando los derechos de las víctimas», tal y como recoge el texto.
Para los miembros que componen la Sala de Cuestiones Preliminares todo apunta a que Duterte es «responsable individualmente de crímenes recogidos en el artículo 25 del estatuto, los cuales habría cometido como cómplice, de forma indirecta». «Entre el 1 de noviembre de 2011 y marzo de 2019, Duterte y sus cómplices compartieron un plan para neutralizar criminales en Filipinas, incluidos aquellos supuestamente relacionados con el consumo, venta o producción de drogas», han afirmado.
En este sentido, los coautores de este plan pusieron sobre la mesa la posibilidad de «neutralizar» a estas personas también mediante «crímenes violentos que incluyen el asesinato», unas medidas que se habrían llevado a cabo de forma sistemática.

Familiares de las víctimas hacen campaña en Filipinas para que el expresidente Duterte sea juzgado por el TPI.

(EFE)

Uso de los cuerpos de seguridad

Durante su mandato como alcalde de Davao, Duterte y otros altos cargos «encargados de hacer cumplir la legislación, hicieron uso de policías de la ciudad y sicarios para asesinar a presuntos delincuentes», recoge el documento, que señala que «mediante su autoridad de iure o de facto, uno o más coautores de estos crímenes controlaban la estructura de poder».
Con esto, hace referencia principalmente a la Policía local y a otros cuerpos de las fuerzas de seguridad. «Duterte se encontraba, como alcalde, en la cúspide de las estructuras policiales y municipales, con control legal sobre las unidades de la Policía Nacional de Filipinas en la ciudad de Davao, así como sobre de funcionarios del Ayuntamiento de Davao y funcionarios de Barangay (la unidad política y administrativa más pequeña de Filipinas), que a veces participaban o facilitaban los crímenes», ha detallado el TPI.
Duterte habría encabezado este tipo de acciones y estructuras, que se extendieron cuando pasó a ocupar la Presidencia, sostiene el texto. «Durante el periodo presidencial, Duterte y sus cómplices utilizaron la red nacional, incluyendo a sus miembros de bajo nivel, como herramientas para cometer los crímenes contemplados en ese plan común», ha alertado la corte.

«Durante el periodo presidencial, Duterte y sus cómplices utilizaron la red nacional, incluyendo a sus miembros de bajo nivel, como herramientas para cometer los crímenes contemplados en ese plan común»

«En sus nuevas funciones, que ampliaron su alcance geográfico, los cómplices controlaron la voluntad de los perpetradores mediante un mecanismo que garantizaba su obediencia automática a sus órdenes. Este mecanismo se basaba en la autoridad que ejercían sobre los perpetradores a través de las cadenas de mando; el reclutamiento de personas leales y a quienes sabían que podían controlar (incluyendo subordinados ya conocidos por su participación en asesinatos en la región de Davao, trasladados a otras partes del país); amenazas y el uso de la violencia para asegurar el cumplimiento», ha especificado.
También se dio «el aprovechamiento de circunstancias que les permitían ejercer presión sobre sus subordinados; la supervisión y el reporte de las operaciones; y los pagos y otros incentivos a los perpetradores», apunta la resolución. «Los encargados de llevar estas acciones a término eran intercambiables dentro del aparato y quienes no acataban las órdenes corrían el riesgo de ser asesinados si se les percibía como opositores o una amenaza para el plan», ha zanjado.
Duterte se encuentra detenido en la ciudad neerlandesa de La Haya desde marzo de 2025. Fue entregado al TPI en marzo de 2025, precisamente, por las autoridades filipinas bajo el Gobierno de Ferdinand Marcos Jr.-perteneciente a una familia otrora aliada del exmandatario-, que lo detuvieron en virtud de la orden de arresto emitida por la corte. Con todo, su detención y entrega es objeto de debate en el país, donde cuenta con una base de seguidores fieles, y su hija, Sara Duterte, ha anunciado su candidatura a las próximas elecciones presidenciales, que se celebrarán en 2028.