La familia de los españoles fallecidos en un accidente de helicóptero en el río Hudson, en Nueva York, en 2025, ha demandado por negligencia a la empresa turística y a su propietario, según publicaron este martes medios locales.La demanda civil acusa a New York Helicopter Charter y New York Helicopter Tours, operadoras del vuelo, y su dueño, Michael Roth, de no haberse asegurado del mantenimiento del helicóptero ni inspeccionado las aspas del rotor, que presentaban deterioro.De acuerdo con el documento, los acusados sabían que esas aspas «eran susceptibles de deslaminación», el proceso por el que separan su material en capas, y que provoca «fallos prematuros», e ignoraron las normas que obligan a su sector a hacer inspecciones.En el accidente, ocurrido el 10 de abril de 2025, fallecieron ahogados el matrimonio formado por Agustín Escobar Cañadas y Merce Camprubí Montal, y sus tres hijos de 10, 8 y 4 años. También falleció el piloto, un joven militar retirado.Daños por el «terror»La acción, interpuesta por el hermano de la mujer, Joan Camprubí, solicita un juicio con jurado para determinar la compensación por daños derivados del «terror» que sufrieron sus familiares antes de su muerte y de la «angustia» que esta les ha causado, según indica el documento.La demanda alega que la Administración Federal de Aviación (FAA) exigió a la empresa cesar operaciones durante la investigación, a lo que accedió su entonces director de operaciones, Jason Costello, pero después Roth lo despidió y dijo al regulador que no lo haría.La FAA acabó ordenando a la empresa cerrar, citando el despido de Costello.Roth, de 72 años, dijo al medio local Gothamist que «nunca haría nada incorrecto» y cree que las aspas defectuosas del helicóptero, que su empresa alquiló a otra, contribuyeron al accidente.También afirmó que no ha contratado una revisión independiente del suceso porque no se la puede permitir.En el aniversario del accidente, a principios de este mes, familiares de los fallecidos se trasladaron a Nueva York para hacerles un homenaje y reclamar, junto a legisladores estadounidenses, más medidas de seguridad en la aviación de helicópteros comerciales.

Camina con dificultad, casi tambaleándose, su voz, aunque grave, es débil, tiene apenas 45 años de edad y aparenta tener más de 65. El preso político cubano Alexander Díaz Rodríguez salió hace poco más de una semana de las cárceles castristas y parece un … enfermo terminal. La foto, en la que se le ven las costillas y los huesos debajo de un pellejo mustio, solo habría que ponerla en blanco y negro para asemejarse a un judío acabado de salir de un campo de concentración nazi.
«Yo era una persona gruesa, saludable, bajé más de 100 libras (45 kilos). Cuando camino un par de calles tengo que sentarme para recuperar el aliento; me siento muy mal, acabaron conmigo», declara en una entrevista en exclusiva con ABC.

Díaz Rodríguez estuvo cinco años en prisión en Cuba por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11-J) en la provincia de Artemisa, ubicada a unos 70 kilómetros al suroeste de La Habana. Fue acusado de los supuestos delitos de «desórdenes públicos», «desacato» y «ultraje a los símbolos patrios». Cumplió íntegramente su condena.

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Camila Acosta

«Pasé mucha hambre», asegura al tiempo que describe una de las comidas habituales en las prisiones por las que transitó: la mayoría de las veces era una cucharada de arroz y una de picadillo de pescado, y un poco de sopa (agua saborizada). «Un niño de 8 años come eso y se queda con hambre», señala.

Alexander Díaz tras salir de prisión.

Estando en prisión le diagnosticaron un cáncer de tiroides maligno; la doctora le recomendó una dieta reforzada que incluyera carnes, lácteos, frutas y verduras. Al llegar al centro penitenciario los guardias se burlaron. «Ni nosotros comemos eso, esa doctora está loca», cuenta que le dijeron entre risas.

Estando en prisión le diagnosticaron un cáncer de tiroides maligno; la doctora le recomendó una dieta. Al llegar al centro penitenciario los guardias se burlaron

Tampoco recibió tratamiento para su enfermedad ni seguimiento médico. Por el momento, espera recibir de unos amigos, fuera de la isla, unas vitaminas para recuperar las fuerzas, porque ni eso ha podido encontrar en las farmacias cubanas. Debido al grave desabastecimiento de combustibles en el país, los servicios médicos en Cuba funcionan al mínimo, fundamentalmente para urgencias.

«Me partieron costillas y dientes»

Alexander relató cómo los abusos a los que fue sometido lo llevaron a desarrollar varias huelgas de hambre, una de ellas de más de 30 días. «Estuve en muchas celdas de castigo, me dieron golpes en unas tres ocasiones, en una de ellas me partieron dos costillas y varios dientes y muelas», dice mostrando el hueco en el maxilar superior.
Las palizas de sus carceleros ocurrieron por manifestarse pacíficamente en la prisión, exigiendo sus derechos. Tras cada paliza, según asevera, lo encerraban durante días en una celda de castigo, sin acceso a atención médica. «Cuando me partieron las costillas sí me llevaron al médico», aclara.

«Una vez me dejaron toda la noche esposado con las manos hacia arriba», recuerda Alexander

El pasado mes de diciembre, por denunciar las pésimas condiciones de los centros penitenciarios, lo mantuvieron unos 10 días en una celda de castigo en la prisión de Kilo 8, provincia de Pinar del Río; allí estuvo durmiendo en el suelo la mayor parte del día y expuesto a las bajas temperaturas del invierno, sin colcha para taparse y vestido con ropa ligera.
«Pensé que moriría de frío, o de hambre. Se me hicieron ampollas en el cuerpo, fue abusivo», afirma. «Una vez me dejaron toda la noche esposado con las manos hacia arriba», recuerda. También cuenta como tortura psicológica los constantes maltratos y humillaciones de sus carceleros. Solo fue consciente de su pésimo estado físico cuando, al salir de prisión, se vio al espejo.

De casa en casa

Alexander no tiene vivienda propia porque poco antes del 11-J, como miles de cubanos, vendió la suya para intentar salir del país y establecerse en Estados Unidos. Por lo que, tras su liberación, ha tenido que vagar por casas de amigos y alquileres de los que lo han echado porque la Seguridad del Estado amenaza a los dueños.
Por el momento, vive en un cuarto al fondo de una vivienda en la misma provincia de Artemisa. En esa pequeña habitación de 6×3 metros, sus únicas pertenencias son una cama con su colchón, un ventilador y una mesa con dos sillas; en el baño ni siquiera tiene agua corriente, sino que debe pedirla a sus vecinos; tampoco tiene condiciones para cocinar, depende de la buena voluntad de amigos o compra comida en la calle. Su ropa y zapatos han sido donados también por amigos.
Antes del 11-J, trabajaba en el sector de los servicios como el gastronómico. De momento, no puede reintegrarse pues su prioridad es recuperar las fuerzas para salir adelante.

Alexander Díaz durante la entrevista con ABC este lunes en Artemisa (Cuba).

(C. Acosta)

A pesar de haber salido de prisión continúa temiendo por su vida, no solo por su condición de salud, sino por el acoso de la Seguridad del Estado. Antes de darle la libertad, la policía lo amenazó con devolverlo a prisión si se vinculaba a alguna otra protesta pacífica o a movimientos de la oposición.
«A veces los veo que me siguen, también han provocado que me echen de los alquileres, amenazan a los dueños, les dicen que yo soy un contrarrevolucionario, un gusano. Pero también temo que me hagan algo en la calle, por ejemplo, que manden a darme una paliza o que me maten, porque eso se lo han hecho a otras personas, manda a civiles a hacerlo, o ellos mismos», afirma. «Temo por mi salud y por mi vida, las dos están en peligro», añade.

Más de 1.200 presos políticos

La desnutrición severa y el deteriorado estado de salud de Alexander no es excepcional, sino que expone las pésimas condiciones de los centros penitenciarios cubanos, en donde los reclusos, desde hace décadas, son sometidos a hacinamiento, hambre, trabajos forzados, golpizas, humillaciones y otras formas de tortura como métodos de castigo o, lo que el régimen denomina, «reeducación».
En el caso de los presos políticos, el ensañamiento suele ser peor. Son numerosas las denuncias de este tipo que ha documentado el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas. No pocos han muerto tanto por las torturas como por la falta de atención médica.
En la isla existen actualmente más de 1.200 presos políticos, según la ONG Prisoners Defenders, entre una población penal de alrededor de 90.000, una de las más altas del mundo.
Este fin de semana España, México y Brasil, durante la cumbre de líderes progresistas, abogaron por la no intervención militar en Cuba, sino por el envío de ayudas humanitarias para enfrentar las carencias extremas. Sin embargo, miles de millones de dólares llegan a la isla cada año producto de esas ayudas de aliados de la dictadura, ninguna llega a las cárceles, ni siquiera a la población, sino que terminan en escaparates de tiendas en dólares o en los almacenes de los militares.

Desde comienzos de marzo, Donald Trump ha hecho rodar la cabeza de tres miembros de su Gobierno. Todas ellas mujeres. Todas ellas secretarias –el equivalente en EE.UU. a un ministro– de carteras relevantes. A comienzos de marzo fulminó a Kristi Noem, la secretaria de … Seguridad Nacional, sobre la que recae la ejecución de su política migratoria. Un mes después cayó la fiscal general, Pam Bondi, el brazo ejecutor de la ley. Y esta semana ha sido el turno de Lori Chavez-DeRemer, la secretaria de Trabajo, envuelta en acusaciones de comportamientos inadecuados en el cargo, desde un romance con un miembro de su seguridad hasta el consumo de alcohol en horario laboral.
La racha de despidos marca un fuerte contraste con lo que ha sido el primer año de Trump tras su regreso a la Casa Blanca. En su primer mandato, el Gabinete del multimillonario neoyorquino fue una carnicería. Caían con velocidad los secretarios de Prensa, los fiscales generales, los jefes de Gabinete, los asesores y los ministros de todo rango.

Trump aprendió la lección en los cuatro años que pasó fuera de la Casa Blanca, durante la presidencia de Joe Biden. Cuando regresó al poder, se preocupó de elegir solo a figuras de la máxima lealtad, que no pestañearan a la hora de ejecutar sus políticas, por muy cuestionables que fueran.

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Javier Ansorena

Así, contra pronóstico, Trump ha estado más de un año sin tener que despedir a nadie de su Gabinete. El único cambio relevante fue la primavera pasada, cuando Mike Waltz, hasta entonces asesor de seguridad nacional, fue recolocado como embajador ante Naciones Unidas.
Pero en las últimas semanas, en un momento de creciente debilidad política, el presidente ha buscado dar golpes de timón en su Gabinete para enderezar el rumbo. En el caso de Noem, la despidió porque se había convertido en una carga. No solo por la crisis de las redadas masivas en Minneapolis, donde la muerte de dos vecinos a manos de la policía provocó rechazo de la política migratoria de Trump incluso entre votantes republicanos. Sobre todo fue por el perfil problemático que había adquirido Noem, entre críticas por gastos multimillonarios en campañas de autobombo y tras una comparecencia explosiva en el Congreso.
Después fue el turno de Bondi, una aliada leal de Trump que difuminó cualquier apariencia de independencia de la acción del Departamento de Justicia frente a los deseos del presidente (el símbolo de ello fue cuando colgó carteles enormes con el rostro de Trump en la sede del Departamento). Pero el multimillonario neoyorquino consideró que no había sido eficiente en controlar la sangría de los documentos de Jeffrey Epstein –uno de sus talones de Aquiles– y en la persecución de sus rivales políticos. Trump exigía a Bondi el procesamiento de figuras como la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James; el senador demócrata Adam Schiff o el exdirector del FBI, James Comey. Eran causas penales cogidas con alfileres, que han acabado por no salir adelante. Bondi pagó el pato.
La salida de Chavez-DeRemer evitará un nuevo escándalo para Trump. La secretaria de Trabajo había sido investigada durante el último mes por el inspector general de su Departamento. Estaba previsto que la semana que viene fuera entrevistada sobre las denuncias, y el asunto pintaba muy mal para ella.

La salida de Chavez-DeRemer evitará un nuevo escándalo para Trump. La secretaria de Trabajo había sido investigada durante el último mes por el inspector general de su Departamento

Entre las acusaciones está una relación sentimental con un miembro de su seguridad y la conducta inapropiada de su marido, Shawn DeRemer, con mujeres del Departamento, a quienes hacía ofrecimientos sexuales. Pero también se le acusa de utilizar recursos públicos para viajes personales, incluidos la estancia en hoteles de lujo, el alquiler de buenos coches y comidas que no eran de trabajo. Y de beber alcohol durante la jornada laboral.
Chavez-DeRemer fue una elección significativa de Trump. Es una republicana moderada, que proviene del sindicalismo, y su entrada en el Gabinete fue un guiño del multimillonario neoyorquino al mundo sindical, donde Trump ha conseguido erosionar el dominio demócrata.
La ya exsecretaria de Trabajo aseguró en un comunicado que había sido «un honor» trabajar para Trump y que ahora pasará al sector privado.

Nuevas denuncias contra el director del FBI

Las tres salidas en el Gabinete ocurren en un momento clave para Trump. Todas han ocurrido durante la guerra de Irán, que ha pegado dentelladas a su popularidad, que está en el peor momento desde su regreso a la Casa Blanca. El presidente necesita remontar posiciones de cara a las elecciones legislativas de otoño, donde él y los republicanos se juegan sus mayorías en las dos Cámaras del Congreso.
La próxima turbulencia podría llegar desde el FBI. Desde finales del año pasado, se ha rumoreado que su director, Kash Patel, está en la cuerda floja. Esta semana, la revista ‘The Atlantic’ revelaba la preocupación dentro del FBI por el consumo de alcohol excesivo de Patel y por sus ausencias continuadas en la gestión de la agencia de investigación federal, en la que supervisa una plantilla de casi 40.000 personas.

La próxima turbulencia podría llegar desde el FBI. Desde finales del año pasado, se ha rumoreado que su director, Kash Patel, está en la cuerda floja

El artículo describe situaciones de intoxicación etílica habituales en Patel, que fuerzan la suspensión de reuniones y que viaja con frecuencia a Las Vegas para irse de fiesta.
La gestión de Patel ha sido cuestionada durante el último año, en especial en las ocasiones que se ha lanzado a detallar avances en investigaciones –como en la muerte del activista Charlie Kirk– que luego tuvieron que ser desmentidos.
Patel ha reaccionado a la información de ‘The Atlantic’ con una demanda por difamación de 250 millones de dólares.