La exmagistrada venezolana Bárbara César Siero ha hecho una denuncia explosiva, la primera con la que un ex alto cargo del régimen se atreve a sacudir los cimientos del sistema judicial chavista. Su revelación se produce, además, en pleno proceso de designación de un … nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
A sus 51 años, vive con el miedo en el cuerpo incluso en el piso donde se escondió para protegerse de la persecución chavista. La ex vicepresidenta de la Sala Político-Administrativa del TSJ explica por teléfono a ABC cómo y quién ordenaba las sentencias contra los opositores. Su dedo acusador señala tanto al expresidente Nicolás Maduro como a su esposa Cilia Flores, actualmente encarcelados en Nueva York a la espera de juicio. Según desvela, ambos eran los principales responsables de fabricar las «órdenes superiores» con las que los magistrados inhabilitaban o mandaban a los disidentes a la cárcel y al destierro.

Entre las sentencias que firmó para inhabilitar a políticos, destaca la de María Corina Machado, rubricada en 2023. Dicho documento impidió a la líder opositora participar en las elecciones de 2024. Tres años después, la exmagistrada le pide perdón, no solo a la Premio Nobel de la Paz, sino a toda Venezuela. Se disculpa por todo el daño infligido. «La firmé bajo coacción», asegura. Lo hizo después de que la Policía del régimen detuviera a sus dos hermanos y a su cuñada, que en aquel momento eran militares en activo, por presunta conspiración. Fueron arrestados el 15 de diciembre y, cuatro días más tarde, la magistrada firmó la inhabilitación de Machado.

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—¿Durante cuánto tiempo ejerció como magistrada en el Tribunal Supremo?
—Casi diez años, desde diciembre del 2014 a febrero de 2024, aunque me siguieron pagando el sueldo hasta octubre de 2024. Ingresé en el TSJ como juez por mi propia postulación en 2013 y, al año siguiente, concurrí como magistrada.
—¿A cuántos opositores envió a la cárcel en ese tiempo?

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—Yo nunca metí preso a nadie.
—¿Y a quienes inhabilitó políticamente?
—Solo fueron dos personas inhabilitadas. Por órdenes superiores fui coaccionada a firmar sentencias para inhabilitar a María Corina Machado, expediente número 2023-0461, y a Henrique Capriles, expediente 2023-720.
—¿Todos los jueces firmaron esa sentencia?
—Los tres magistrados de la Sala Político-Administrativa firmaron la sentencia sin ningún tipo de presión, a excepción de mi persona, que sí me coaccionaron, secuestrando a mis dos hermanos: el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero y, el mayor Guillermo Henri. También a mi cuñada, Diana Desirée Victora Justo. Habían hecho desaparecer a mi familia.
—¿Usted leyó lo que firmaba o fue a ciegas?
—Nunca me permitieron leer la sentencia contra María Corina Machado. Yo no redacté las sentencias, a mí me obligaron a firmarla. El fallo contra Machado lo desconozco. No soy la ponente de su caso. Fue el magistrado presidente de la sala quien la redactó. Fueron dos veces; la primera en 2023 no la publicaron, y la segunda del 2024 sí la publicaron. Las sentencias son colegiadas. Por ser vicepresidenta de la sala debía firmar en segundo lugar, pero lo hice la tercera porque así me la pasaron los otros compañeros de la sala que habían firmado antes.

«Nunca me permitieron leer la sentencia contra María Corina Machado. Yo no redacté las sentencias, a mí me obligaron a firmarla. El fallo contra Machado lo desconozco»

—¿Cuándo secuestraron a sus hermanos?
—El 15 de diciembre de 2023, cuando firmé la sentencia contra Henrique Capriles. Ese mismo día, María Corina Machado también consignó su demanda para revisar la inhabilitación y detuvieron a mis dos hermanos y a mi cuñada.
—¿Por qué decidió dejar su puesto en el Supremo?
—Me obligaron a renunciar dos veces y salí porque asistí a la detención de mis hermanos e hice observaciones a la División General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) porque estaban violando el debido proceso. A mis hermanos los detuvieron ilegal y arbitrariamente bajo la supuesta Operación Brazalete Blanco. Fueron utilizados como rehenes para presionarme para que firmara sentencias contra políticos.
—¿Quiénes en el Gobierno daban las órdenes para condenar a los opositores?
—Principalmente, Cilia Flores y Nicolás Maduro. Ellos eran los que daban las órdenes y de ahí había una cascada de superiores hasta bajar a diferentes niveles del sistema judicial. Yo era vicepresidenta de la Sala Político-Administrativa y no tenía acceso. Las órdenes que venían de arriba las transmitía el presidente de la sala. Y nadie podía discutirlas.
—¿Por qué tardó tanto en denunciar?
—Por miedo a que mataran a mi familia. El miedo no ha terminado después del 3 de enero, sigue presente e instalado en toda la estructura administrativa y judicial del país. La represión todavía continúa aquí. No lo denuncié antes porque el miedo existe y es real. Hay que sentirlo y vivirlo. Si yo hablaba, me podían matar a mí y a mi familia.

«El miedo no ha terminado después del 3 de enero. No lo denuncié antes porque el miedo existe y es real. Si yo hablaba, me podían matar a mí y a mi familia»

—¿Qué le diría a quienes ha perjudicado con sus sentencias?
—Les pido perdón, disculpas y empatía, que comprendan esa situación. Tener miedo no es un delito.
—¿Pediría perdón a María Corina?
—Sí, claro, mil veces. Pido disculpas a toda Venezuela por haber tenido miedo a las represalias de mis denuncias. Hoy rompí el silencio. Nunca es tarde para hacer justicia. Creo que lo importante es dar un testimonio. Por ello, estoy aquí y pido empatía por mi situación familiar.
—¿Se postularía nuevamente al futuro Tribunal Supremo de Justicia?
—No está en mis planes. Pero sí es oportuno señalar que los futuros magistrados que se vayan a elegir deben tener independencia judicial, que no sigan repitiendo el mismo esquema de ejercer bajo terrorismo judicial, amenazas, presión y coacción.
—¿Fueron excarcelados sus hermanos?
—Mi hermano Guillermo Henri César Siero y mi cuñada Diana Victora fueron excarcelados con medidas cautelares, pero no así Guillermo Enrique, quien fue condenado a doce años de prisión y continúa en Rodeo I. Hemos solicitado la amnistía, pero no ha sido otorgada. Mis hermanos fueron torturados. Terminó el juicio de la Operación Brazalete Blanco y condenaron a mis familiares. No puedo mantener más este silencio.

«A María Corina le pido perdón mil veces. Pido disculpas a toda Venezuela por haber tenido miedo a las represalias de mis denuncias»

Según documentó la Misión de la ONU, a Guillermo Enrique lo colgaron de los brazos, colocaron perros debajo de él y amenazaron con hacerle daño a su familia para obligarlo a escribir una carta dirigida a Alexander Granko Arteaga, incriminando a otras personas en una supuesta conspiración. Tras sus denuncias, la exmagistrada Barbara César Siero responsabiliza al régimen venezolano y a los funcionarios de la DGCIM de cualquier atentado o represalia contra ella y su familia.

La colaboración de las autoridades que gobiernan Venezuela con Washington de supervisor alcanza ya de lleno a los empresarios que durante años hicieron fortuna al amparo del chavismo. Primero fue Alex Saab, indultado por Joe Biden y devuelto este año a Estados Unidos por … el régimen de Delcy Rodríguez. Ahora, por sorpresa, es su socio, Álvaro Pulido, el otro empresario del hambre venezolano, según se le apodó en la primera Administración Trump. El fiscal general estadounidense, Todd Blanche, anunció este domingo, 11 de octubre, su extradición. Le esperan dos causas federales, trece cargos y acusaciones sobre operaciones que movieron casi 2.000 millones de dólares.
Pulido estaba preso en Venezuela. Agentes de la DEA lo sacaron de una cárcel venezolana para trasladarlo a Florida. Esa salida apunta a la cooperación de Caracas, aunque las autoridades estadounidenses no han detallado públicamente cómo se ejecutó. La portavoz de la fiscalía norteamericana Nicole Navas Oxman confirmó su custodia y anunció que comparecerá el martes ante un tribunal de Miami.

Blanche presentó la detención como un golpe a los negocios ligados al régimen de Nicolás Maduro. En su anuncio acusó a Pulido de corromper programas destinados a proporcionar alimentos, medicinas y viviendas para enriquecerse, utilizando además el sistema financiero estadounidense. El mensaje del fiscal general incluía una advertencia: dijo que ni el tiempo transcurrido ni la distancia impedirían perseguir a los responsables y llevarlos ante un tribunal norteamericano.

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David Alandete

En el primer expediente, presentado en julio de 2019 contra Pulido y Saab, la fiscalía describe una operación sencilla y rentable: cobrar varias veces por una misma importación. Los empresarios habían obtenido un contrato para construir viviendas sociales. Según los investigadores, presentaban facturas y documentos falsos para conseguir dólares del sistema venezolano de control de cambios.
Un cargamento podía convertirse, sobre el papel, en varios. Los funcionarios sonornados fotografiaban los mismos materiales de construcción en lugares diferentes para aparentar nuevas entregas. Después se solicitaban nuevos pagos. Para mantener el mecanismo, la trama habría sobornado a empleados de aduanas, de la Guardia Nacional Bolivariana y de Cadivi, el organismo encargado de administrar las divisas.
La acusación cifra en exactamente 350.041.500 dólares las transferencias realizadas desde cuentas venezolanas, a través de bancos estadounidenses, hacia cuentas extranjeras controladas por los socios. Ese expediente contiene ocho cargos contra Pulido: uno de conspiración para blanquear dinero y siete de blanqueo. Esa es la causa en la que Joe Biden indultó a Saab en 2023, pero ahora Pulido rendirá cuentas por ella.

Sobornos en comida y salud

La segunda causa, presentada en octubre de 2021, entra directamente en el negocio de la comida y los medicamentos, de ahí la referencia al hambre de los venezolanos. Los fiscales sostienen que Pulido y sus colaboradores conseguían contratos mediante sobornos, elevaban los precios y distribuían el dinero entre empresarios, intermediarios y funcionarios. Las necesidades básicas de los venezolanos se convertían así, según la acusación, en una fuente de beneficios privados.
Se vendieron diez millones de cajas de alimentos a 34 dólares cada una, por un total de 340 millones. El escrito sostiene que el entonces gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, conocía que producirlas e importarlas costaba considerablemente menos. La diferencia permitía pagar sobornos y repartir ganancias. Otro contrato de alimentos ascendía a 369,9 millones; dos de medicamentos sumaban cerca de 146 millones.
En este auto aparecen también el hijo de Pulido, Emmanuel Enrique Rubio González, y otros integrantes de la red. Se atribuyen a Pulido cinco cargos adicionales. La petición de decomiso asciende a 1.607 millones de dólares. Cada uno de los trece cargos de ambas causas contempla hasta veinte años de prisión, aunque las penas no se suman automáticamente.

🚨 Law enforcement on the @HSTaskForce arrested Alvaro Pulido Vargas where he now faces two separate federal indictments in the U.S. from 2019 and 2021 involving an alleged multibillion-dollar Venezuelan money laundering and bribery schemes tied to the Maduro regime. His alleged actions show a blatant disregard to the Venezuelan people by corrupting government programs intended to provide critical food, medicine, and housing for personal enrichment and exploiting the American financial system to do it. No amount of time or distance will stop @TheJusticeDept from working with our federal law enforcement and international partners to pursue these criminals and bring them to justice in an American courtroom.— Attorney General Todd Blanche (@AGToddBlanche) October 11, 2026
El regreso de Saab a Estados Unidos anticipó este desenlace. Biden lo había indultado el 20 de diciembre de 2023, dentro de un intercambio de prisioneros con Venezuela. Pero aquel perdón estaba limitado al caso de 2019: no cerraba la puerta a perseguir otros delitos. El 16 de mayo de 2026, las autoridades venezolanas anunciaron su deportación. El empresario que Maduro había defendido y hasta hecho ministro quedó nuevamente al alcance de la justicia estadounidense.
Esta vez, Saab terminó admitiendo su responsabilidad. El 15 de septiembre se declaró culpable de conspiración para blanquear dinero en una nueva causa sobre contratos de alimentos y medicamentos. Reconoció haber organizado pagos ilegales para conseguir adjudicaciones públicas. Afronta hasta veinte años de prisión.

Miles de seguidores del presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, se manifestaron este domingo en São Paulo para tratar de impulsar la remontada ante el ultraderechista Flávio Bolsonaro de cara a la segunda vuelta del 25 de octubre.En un ambiente festivo, la llamada ‘Marcha por la democracia’ llenó la emblemática Avenida Paulista de la mayor ciudad de Brasil con personas vestidas de rojo, el color del Partido de los Trabajadores.»Olé, olé, olé, olá, Lula, Lulaaa», coreaban unos; «Fascistas, fascistas, no pasarán», gritaban otros, a la espera de la llegada del presidente al acto.Este fue el mitin más multitudinario de la campaña desde que el líder de izquierdas quedó segundo en la primera vuelta de los comicios celebrada el domingo pasado, un resultado que ninguna encuesta pronosticaba y que el propio candidato tachó de «inesperado».Este domingo, sin embargo, Lula adoptó un tono optimista sobre sus opciones de victoria al dirigirse a los asistentes y llamó a movilizar a los más de 30 millones de brasileños que no acudieron a las urnas el domingo pasado, principalmente a las personas de edad avanzada.»Tenemos una responsabilidad muy grande; no podemos permitir que los ladrones vuelvan a gobernar este país», proclamó.También recordó que el Senado tiene previsto votar la próxima semana la reducción de la semana laboral, una medida que espera que energice su campaña y que ponga contra las cuerdas a Bolsonaro, que tiene una agenda económica liberal.Entre los asistentes, Margarida Porto, trabajadora metalúrgica jubilada y sindicalista como lo fue Lula, y su hermana Ana, apuntaban a los logros de Lula en la reducción de la pobreza y la ampliación de los beneficios para los trabajadores.»Nosotras no recibimos ayudas sociales, pero luchamos por los que sí», aseguraban las hermanas, ambas en la sesentena.Cerca, Murilo de Oliveira, analista de datos de 24 años, cargaba con cuatro carteles con soflamas como ‘Brasil es nuestro’, uno de los lemas esgrimidos por Lula ante las presiones de los EEUU de Donald Trump.Oliveira, preocupado con un posible retroceso de derechos para la comunidad LGBT, confesó que esperaba un triunfo del presidente en primera vuelta, pero dijo confiar en la remontada por la mayor movilización de la izquierda.Él, por ejemplo, fue a hablar con su abuela, quien se había abstenido en la primera vuelta por estar harta de la polarización, y dice que la convenció para acudir a las urnas en dos semanas.Bolsonaro se reúne con alcaldesFlávio Bolsonaro también estuvo este domingo en São Paulo para reunirse con alcaldes de la región metropolitana de la ciudad, con una población de más de 20 millones de personas.En esta región, la más poblada del país, el candidato ultraderechista ya cuenta con el apoyo de sus principales representantes políticos, el gobernador Tarcísio de Freitas y el alcalde Ricardo Nunes.Aunque Bolsonaro no se dio un baño de masas como Lula, sí tuvo buenas noticias en forma de decisiones judiciales.El Tribunal Superior Electoral ordenó cerrar un canal de WhatsApp favorable al presidente, después de que Bolsonaro se quejara de que difundía noticias falsas en su contra.