La fuente de la noticia es https://www.abc.es/internacional/primera-ministra-takaichi-ganaria-elecciones-japon-amplia-20260208124216-nt.html La líder del Partido Liberal Democrático obtendría entre 274 y 328 escaños, frente a 198 de los …
Muchos en San Francisco creían que era una broma. A ratos, lo parece. Pero no. La ‘Marcha a favor de los Multimillonarios’ va en serio -al menos, por parte de los organizadores- y se celebra este sábado. Varias decenas de personas caminan por … las calles de la ciudad californiana, patria de algunas de las mayores fortunas del mundo, con pancartas y gritos a favor de los que más tienen. Y muchas otras vienen a protestar, a reírse de ellos, a hacer parodia. El histrionismo casi acaba con la marcha.
«La mayoría de los multimillonarios hacen mucho bien», defiende ante este periódico Derrick Kauffman, el cabecilla de la movilización, tras el mitin delante del ayuntamiento con el que concluye la marcha. «Quería dejar claro que yo les defiendo», añade en un momento en el que California debate un nuevo impuesto al patrimonio de los multimillonarios: les arrebataría el 5% de su fortuna si tienen más de 1.000 millones de patrimonio.
Kauffman sujeta un cartel que decía ‘Larry y Sergei ya se han ido, ¿quiénes son los siguientes?’, en referencia a Larry Page y Sergei Brin, los fundadores de Google, el gigante tecnológico con sede muy cerca de aquí. Ambos han hecho las maletas y el joven Kauffman y sus amigos temen que pronto sean más. «Desde que ellos se fueron, son cien millones por cada uno que el estado no ingresa en impuestos», señala.
La marcha ha empezado un par de horas antes, en Alta Plaza Park, un promontorio en el acomodado Pacific Heights. Es un barrio paradigmático de San Francisco: muy progresista, bandera de todas las causas sociales de nuestro tiempo, y, al mismo tiempo, muy rico, en parte por la lluvia de dinero del cercano Silicon Valley.
La cabecera lleva una pancarta que reza: ‘Los multimillonarios crean riqueza, mantenedlos en California’. Otros empuñan carteles como ‘El 1% más rico paga el 40%, ¿quién lo hará en su lugar?’ o ‘Hasta en Suecia han acabado con el impuesto al patrimonio’.
¿Está detrás Jeff Bezos?
Caminan por la acera, entre gritos de «¡Gracias, multimillonarios!». La gente en las terrazas, con un ‘prosecco’ de 20 dólares en la mano, se queda atónita. En San Francisco, como en cualquier ciudad del país, están acostumbrados a que cuando se habla de los multimillonarios en manifestaciones sea para atizarles. Es aquella letanía de «los millonarios y los multimillonarios…» de Bernie Sanders, el tótem de la izquierda socialista.
Durante días, muchos en San Francisco han especulado si la marcha era real o una parodia. Kauffman y el resto de organizadores aseguran que van en serio y que no tienen detrás ningún interés comercial ni político. No hay ningún Jeff Bezos poniendo un cheque para que la gente grite por las calles sus bondades.
«Soy pobre y estoy orgulloso», reza uno de los carteles de un ‘contramanifestante’
Javier Ansorena
«Ojalá», reacciona Pablo Villalobos, un joven español que está entre los organizadores, cuando se le pregunta si el fundador de Amazon está detrás de la movilización. «Los multimillonarios no son un grupo universalmente malignos. No deberíamos odiarlos. Crean cosas que benefician a un montón de gente. No es que necesiten protección, pero no deberíamos justificar cualquier acción contra ellos o quitarles la riqueza de forma arbitraria», dice este matemático madrileño, que ha venido a San Francisco a buscarse la vida en medio de la fiebre del oro de la inteligencia artificial.
«Los multimillonarios no son un grupo universalmente malignos. No deberíamos odiarlos. Crean cosas que benefician a un montón de gente»
Pablo Villalobos
Español en San Francisco que forma parte de la organización
«Entiendo la perspectiva de Sanders, de que la desigualdad extrema es mala», dice sobre el veterano senador por Vermont, que despuntó en las primarias demócratas de 2016 con un mensaje de izquierda populista. «Pero es mejor intentar resolver la pobreza y de esta manera ver si se resuelve también la desigualdad que intentar eliminar la desigualdad y ver si de esa manera se resuelve también la pobreza».
La marcha, que ya era peculiar desde su inicio, se convierte en un vodevil. Hay infiltrados un grupo de agitadores, disfrazados de multimillonarios, que dinamitan la protesta desde la parodia. «¡Lamed las botas a los ricos!», «¡que se jodan los pobres!», grita uno, tocado con una corona de plástico. «Nuestros impuestos van a demasiados pobres, la gente pobre se está quedando nuestros recursos. Les damos demasiado, solo hay que ver nuestras calles», dice uno con chistera, que se hace llamar Steve Monopoly, y se refiere al ejército de sintecho que puebla las calles del centro de San Francisco. Lleva un cartel que reza ‘Defund the poor’, ‘quitar la financiación a los pobres (un guiño al ‘Defund the police’, ‘quitar la financiación a la policía’, que fue lema izquierdista tras la muerte de George Floyd en 2020).
Más allá, una joven disfrazada de chef francesa reparte bocados de ‘Musk à la guillotine’. A su lado, un joven llamado Genaro ha venido a protestar, pero sin parodia, de frente. «Los multimillonarios están acaparando tantos recursos y no ofrecen condiciones decentes a sus trabajadores, esto es de risa», dice sobre la protesta.
«He venido porque creo que los buenos incentivos hacen que la economía florezca», dice Ayla, que está con los organizadores. «Se pone impuestos a lo que quieres que haya menos, no a los ingresos», defiende.
¿Trabaja en el sector tecnológico, como tantos otros aquí? , le pregunta este periódico. «No, soy una trabajadora sexual. Tengo sexo por dinero y también estoy en OnlyFans», responde ella. «Esta marcha es algo muy orgánico. Alguien creó la web y a unos cuantos nos ha gustado la idea y hemos venido, aunque no todos pensemos lo mismo».
La marcha acaba convertida en un espectáculo ambulante de protesta y de sátira política, con debates profundos entre unos, gritos de otros e incluso algún conato de pelea.
Un repartidor de Amazon mira con extrañeza la manifestación, con su jefe superior, Bezos, presente en algunos carteles. Se llama Antonio y es de origen ecuatoriano. Ni siquiera trabaja para el gigante tecnológico. Le paga una subcontrata de una subcontrata. «No estamos en plantilla ni tenemos seguro médico», dice a este periódico. ¿Cree que es malo que haya muchos multimillonarios? «No, para nada, yo no creo que eso sea malo», responde. «Pero que repartan más, que cobro una miseria».
El grupo consigue por fin llegar hasta el ayuntamiento, donde Kauffman da un discurso, pese a que los multimillonarios ‘fake’ le interrumpen con sus parodias. «Hay gente que dice que los multimillonarios se hicieron ricos por robar a los pobres», dice («¡absurdo!», apostilla con indignación forzada uno de los histriones). «Pero los multimillonarios se hicieron ricos por crear valor, por hacer cosas que la gente quiere», dice. Una mujer con máscara y un aparato que filtra su voz y le da un sonido electrónico le interrumpe: «Vengo del futuro y las cosas no fueron bien en Marte», anuncia sobre los planes espaciales de Elon Musk y otros tecnólogos.
Antes de que el grupo se disperse, Kauffman responde si sus amigos en este San Francisco tan progre le toman por loco. «Sin duda, hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo, algunos han venido hoy aquí», responde. «San Francisco es un sitio muy izquierdista, pero también es el lugar donde se crea toda esta riqueza. Es el lugar ideal para tener este debate».
Según dos fuentes coincidentes, el viaje de José Luis Rodríguez Zapatero a Caracas, presentado oficialmente como una visita para integrarse en la comisión que redacta la ley de amnistía, tenía un objetivo adicional: trasladar el nombre del general retirado Miguel Rodríguez Torres, afincado en … Madrid con asilo concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez, como posible ministro de Defensa en la nueva etapa abierta tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.
Zapatero fue recibido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores. Declaró que mantiene con ella una relación «casi diaria» y que le tiene «una gran confianza». Su agenda pública se centró en el ‘Programa para la Paz y la Convivencia Democrática’, impulsado por el entorno de los hermanos Rodríguez, y en la tramitación de una amnistía que, según afirmó, se aprobará con rapidez y marcará «un antes y un después».
El movimiento se produce en un momento de reordenación interna. Tras la caída de Maduro en una operación estadounidense, la Fuerza Armada formalizó su respaldo institucional a Delcy como comandante en jefe. Sin embargo, fuentes militares sostienen que su margen real sobre la estructura castrense es limitado. No ha habido una renovación amplia de la cúpula. El relevo más visible ha sido el de la Guardia de Honor Presidencial, ahora en manos del general Gustavo González López, sancionado por Estados Unidos en 2015 y considerado próximo a Diosdado Cabello. El equilibrio del poder militar sigue condicionado por lealtades previas y en Washington se da por hecho que Delcy no controla plenamente el aparato represor ni el estamento militar.
En ese escenario reaparece Rodríguez Torres. En la capital estadounidense su nombre no es desconocido. Según fuentes diplomáticas, Delcy y su hermano Jorge lo han presentado en distintos contactos como un exgeneral de pedigrí chavista, con capacidad de interlocución dentro de las Fuerzas Armadas, pese a su ruptura con Maduro. Fue este quien ordenó su arresto en 2018 al considerar que conspiraba contra él. Rodríguez Torres pasó casi cinco años en prisión hasta que en 2023 fue excarcelado y trasladado a España en una operación gestionada directamente por Zapatero, que lo acompañó de Caracas a Madrid.
Su trayectoria es controvertida. Fue director del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) hasta enero de 2014 y ministro del Interior hasta otoño de ese año, marcado por la represión contra las protestas. Informes internacionales y documentos de inteligencia lo vinculan con el aparato de detenciones y con centros clandestinos como ‘La Tumba’. También figuran en informes estadounidenses alegaciones sobre su presunta relación con redes de narcotráfico asociadas al llamado cártel de los Soles. Se trata de referencias de inteligencia, no de condenas judiciales firmes. Este diario ha tenido acceso a un informe que obra en poder de la Fiscalía y de los servicios de inteligencia estadounidenses que lo vincula a esos hechos.
Delcy y su hermano Jorge lo han presentado en distintos contactos como un exgeneral de pedigrí chavista, con capacidad de interlocución dentro de las Fuerzas Armadas
Sus abogados sostuvieron que se acogió a la admisión de hechos por instigación a la rebelión y que había cumplido la mayor parte de la pena. Él mantiene su inocencia. En escritos remitidos a este diario asegura que no tiene investigaciones abiertas en Estados Unidos ni en ningún otro país, que no ha sido sancionado y que no es candidato de nadie a la presidencia de Venezuela. Afirma que su relación con Zapatero se limita a gestiones para la liberación de presos políticos.
En 2025 un juzgado español admitió a trámite una denuncia por torturas y crímenes de lesa humanidad contra Rodríguez Torres, que posteriormente fue archivada por falta de jurisdicción al haberse cometido los hechos en Venezuela. El propio general ejerció su derecho de rectificación reiterando que no tiene causas penales abiertas ni aspiraciones políticas.
Un relevo controlado
Pese a ello, sectores del chavismo han promovido su nombre como figura de continuidad en un eventual relevo controlado. Fuentes consultadas por ABC señalan que su perfil habría sido trasladado a interlocutores próximos al entorno de Donald Trump como una opción capaz de garantizar estabilidad interna y preservar el control del aparato de seguridad en una transición ordenada. En Washington, sin embargo, su nombre es considerado problemático por su historial y difícilmente compatible con la narrativa de una transición limpia.
En Washington el nombre de Rodríguez Torres es considerado problemático por su historial y difícilmente compatible con la narrativa de una transición limpia
Según las fuentes que sostienen la tesis del viaje, la propuesta no apuntaría a una ruptura con el sistema, sino a un ajuste interno: integrar a una figura con pasado en el aparato chavista, enfrentada a Maduro en los últimos años, pero con conocimiento profundo de los resortes de poder. No existe confirmación oficial de que esa oferta se haya formalizado ni anuncio alguno sobre cambios en el Ministerio de Defensa. Tampoco hay constancia pública de que Rodríguez Torres haya aceptado o rechazado tal posibilidad.
Legitimidad internacional
Las mismas fuentes consideran que Zapatero no sería el autor material de la propuesta, sino la figura que podría dotarla de legitimidad internacional. La presencia de un expresidente del Gobierno español serviría, según esa lectura, para presentar el movimiento como parte de un proceso de reconciliación y no como una maniobra interna del chavismo.
Para Estados Unidos, el nombre de Rodríguez Torres no es neutro. Su historial en el Sebin y el Ministerio del Interior, junto con las alegaciones recogidas en informes de inteligencia, lo convierten en un factor sensible para cualquier interlocución militar. No hay acusación formal abierta en su contra en territorio estadounidense, pero su perfil forma parte del análisis político y de seguridad en Washington. Un eventual nombramiento en Defensa obligaría a redefinir la posición estadounidense ante el nuevo poder en Caracas.
Motivaciones del viaje de Zapatero
En paralelo, en algunos sectores de la oposición venezolana se comenta —sin respaldo documental público ni confirmación independiente— que el viaje de Zapatero podría tener también implicaciones personales o profesionales. Esas valoraciones apuntan a la eventual necesidad de dejar por escrito o clarificar trabajos de consultoría o interlocución realizados en el pasado en el contexto venezolano. No existen pruebas públicas que acrediten pagos pendientes ni gestiones concretas en ese sentido, y ninguna de las partes ha confirmado tal extremo.
La amnistía avanza como símbolo de reconciliación. Desde 2015 Zapatero ha ejercido como mediador intermitente entre el chavismo y la oposición, defendiendo la vía del diálogo y la liberación progresiva de presos políticos. Sin embargo, las excarcelaciones de mayor alcance no comenzaron hasta después del 3 de enero. Solo tras la captura de Maduro se activó una amnistía amplia, impulsada según fuentes diplomáticas en coordinación con Washington como parte de una hoja de ruta para estabilizar el país.
La iniciativa política ya no nace exclusivamente del chavismo ni de la fracasada mediación española, sino de una dinámica en la que Estados Unidos marca condiciones. En ese contexto, fuentes consultadas interpretan que Zapatero busca situarse en el nuevo tablero y no quedar al margen de un proceso que ahora pilota Washington. Para sus críticos, intenta capitalizar un movimiento que no controló. Para su equipo, incluidos quienes le han acompañado en este viaje, se trata de la continuidad de una mediación sostenida durante una década que encuentra por fin un marco político diferente.
Fuentes consultadas, afirman que con este viaje Zapatero buscaría situarse en el nuevo tablero y no quedar al margen de un proceso que ahora pilota Washington
El centro de gravedad, en cualquier caso, no es la amnistía sino el control del aparato armado. Los cambios han sido selectivos y el poder militar continúa sujeto a equilibrios internos muy precarios. La eventual incorporación de Rodríguez Torres a Defensa no supondría una ruptura, sino, según las fuentes consultadas, un intento de estabilizar el sistema desde dentro, una versión ajustada de un chavismo que busca sobrevivir a la caída de su líder sin desmontar sus estructuras.
En los últimos días ha tomado forma en Washington y en el ecosistema mediático afín al trumpismo una campaña dirigida contra María Corina Machado. No es una posición oficial de la Casa Blanca, sino un flujo constante de mensajes, comentarios de activistas y filtraciones … atribuidas a fuentes anónimas que apuntan en la misma dirección: la líder opositora venezolana estaría incomodando a parte del entorno de Donald Trump por su estrategia política en Estados Unidos.
El reproche central es su insistencia en mantener el expediente venezolano en clave bipartidista. Machado se ha reunido con el presidente y con responsables republicanos, pero también con legisladores demócratas. Para sus críticos, esa interlocución sería innecesaria e incluso contraproducente en un momento en que la transición venezolana se presenta como un logro de la actual Administración.
Medios como Politico han publicado informaciones basadas en fuentes anónimas próximas a la Casa Blanca que reflejan frustración por sus declaraciones sobre el calendario electoral. Según ese artículo, un asesor afirmó que sus comentarios sobre la posibilidad de celebrar elecciones en menos de un año «no sentaron bien» a algunos. Otro interlocutor consideró que un plazo de 24 meses sería más realista y que estratégicamente no debería fijar tiempos concretos.
Fuentes consultadas por ABC ofrecen otra lectura. Sostienen que Machado mantiene contacto directo con el presidente y con el núcleo que toma decisiones sobre Venezuela, y que en ese entorno se entiende que cualquier paquete relevante de ayuda, préstamos o garantías financieras requerirá respaldo del Congreso. La mayoría republicana en la Cámara es estrecha y podría ajustarse aún más tras las elecciones parciales de noviembre. Sin votos demócratas, determinadas medidas presupuestarias o instrumentos financieros no prosperarían.
La cuestión es aritmética. Si la transición implica asistencia económica estadounidense o mecanismos vinculados al sector energético, esos instrumentos deben ser aprobados en el Capitolio. En ese marco, el respaldo transversal no es un gesto simbólico, sino una necesidad legislativa. La política hacia Venezuela ha contado en distintas etapas con apoyo de ambos partidos, especialmente en materia de sanciones y exigencia de condiciones electorales.
Fuentes anónimas próximas a la Casa Blanca que reflejan frustración por sus declaraciones sobre el calendario electoral
La campaña contra Machado ha sido amplificada por figuras del entorno trumpista. Richard Grenell, enviado especial de Trump que mantuvo contactos directos con Nicolás Maduro y participó en negociaciones para la liberación de ciudadanos estadounidenses, compartió en redes la llegada a Caracas del presentador Rob Schmitt y del CEO de Newsmax, Chris Ruddy, para informar sobre el plan ‘Make Venezuela Great Again’, vinculado a Trump y al secretario de Estado Marco Rubio. Se promocionaron reportes en directo desde Caracas como prueba de un avance diplomático.
Sin embargo, la situación de la libertad de prensa en Venezuela sigue siendo restrictiva. Organizaciones internacionales denuncian que el acceso de periodistas extranjeros es limitado y depende de autorizaciones discrecionales. Reporteros han sido deportados o impedidos de entrar, y comunicadores locales han enfrentado detenciones y procesos judiciales. La presencia puntual de determinados medios con permisos especiales no equivale a una apertura general del sistema informativo.
A esta narrativa se han sumado activistas como Laura Loomer y Roger Stone. Loomer ha cuestionado públicamente la visibilidad y la agenda de Machado en Washington. Stone, aliado histórico de Trump, ha promovido a figuras alternativas dentro del universo opositor venezolano, presentándolas como más alineadas con la base conservadora estadounidense, pero que carecen de influencia dentro de Venezuela. Estas posiciones no constituyen una línea oficial, pero influyen en el debate público.
Modelo de transición
El trasfondo es el modelo de transición. Tras la captura de Maduro el 3 de enero, Estados Unidos abrió una hoja de ruta que incluye normalización diplomática gradual, reformas políticas y ajustes en el sector energético. El 2 de febrero se informó de una reunión en Miraflores entre Delcy Rodríguez y la encargada de negocios estadounidense, Laura Dogu, para abordar un plan por fases promovido por Marco Rubio. Se han producido liberaciones de presos y se discute una nueva ley petrolera que podría facilitar exportaciones a Estados Unidos.
Machado defiende que la transición debe incorporar garantías electorales claras y un respaldo institucional amplio en Washington. Sus detractores consideran que esa estrategia introduce fricciones innecesarias con el ala más dura republicana. Sus partidarios replican que sin apoyo demócrata no habrá presupuestos ni instrumentos financieros suficientes y que convertir la política hacia Venezuela en un asunto exclusivamente partidista reduciría su viabilidad legislativa.
Mientras tanto, la Administración mantiene contactos con el Gobierno interino en Caracas y evalúa el alcance real de los cambios. Aunque se han producido gestos de apertura, persiste cautela sobre la profundidad de las reformas y sobre la consolidación del nuevo equilibrio interno.
La caída de Alex Saab vuelve a abrir un expediente judicial que en Washington nunca llegó a cerrarse del todo, pese a los esfuerzos de la Casa Blanca de Joe Biden por darlo por zanjado. Su supuesta detención en Caracas, adelantada por medios colombianos … y por Reuters citando a un funcionario estadounidense, y negada o respondida con evasivas por las autoridades venezolanas, ha reactivado un caso que durante años simbolizó la ofensiva judicial de Estados Unidos contra el entramado financiero del chavismo y que terminó en un indulto que generó una honda incomodidad en la Fiscalía federal.
Saab, señalado durante años como presunto testaferro de Nicolás Maduro, fue una pieza codiciada por la Justicia estadounidense desde su detención en Cabo Verde y posterior extradición. El régimen venezolano exigió reiteradamente su liberación y la situó como condición en las negociaciones políticas con Washington. Finalmente la obtuvo. Pero el desenlace no alteró el curso autoritario en Caracas: la inhabilitación de opositores como María Corina Machado y unas elecciones cuestionadas marcaron el rumbo posterior. La liberación de Saab no trajo normalización democrática; trajo el regreso de un hombre que durante años había estado en el centro de uno de los expedientes más sensibles para Estados Unidos.
Mucho antes del indulto y del debate sobre su inmunidad diplomática, Washington ya había construido un retrato detallado. El 25 de julio de 2019, el mismo día en que fue acusado penalmente en el Distrito Sur de Florida, el Departamento del Tesoro lo situó en el corazón de lo que describió como una red de corrupción ligada al programa estatal de alimentos CLAP, creado en 2016 para distribuir cajas de comida subsidiada a la población más vulnerable.
Según las alegaciones del Tesoro, Saab sobornó a los hijastros de Maduro —Walter, Yosser y Yoswal, conocidos como ‘Los Chamos’— para asegurarse el acceso a contratos públicos sobrevalorados. Washington sostuvo que explotó contratos adjudicados sin licitación y que se lucró con programas de subsidio alimentario mientras el país atravesaba una escasez crónica. De ahí nació el apodo que lo persiguió durante años en el debate político venezolano: el «empresario del hambre».
Las autoridades estadounidenses describieron un esquema que, en su versión, combinaba sobreprecios, sobornos y una red internacional de empresas pantalla. Saab y su socio Álvaro Pulido habrían diseñado una estructura corporativa para adquirir alimentos en el extranjero, ensamblarlos en terceros países y enviarlos a Venezuela «al tipo más rentable para ellos». El Tesoro sostuvo que el resultado fueron «beneficios sustanciales» mientras se importaba solo una fracción de los alimentos necesarios.
La mecánica, según esas alegaciones, era siempre la misma: empresas instrumentales recibían pagos anticipados del Estado venezolano por contratos inflados; parte del dinero se desviaba en forma de comisiones ilegales y sobornos a funcionarios; se emitían facturas fraudulentas alineadas con el valor de los contratos; y, en ocasiones, se subcontrataba el suministro de productos de menor calidad nutricional. Para dificultar el rastreo, los fondos circulaban por una red global de sociedades registradas en México, Turquía, Panamá, Emiratos Árabes o Hong Kong, vinculadas directa o indirectamente a Saab, Pulido y su entorno familiar.
Corrupción estructural
No se trata de una condena judicial, sino de designaciones administrativas bajo el régimen de sanciones estadounidenses. Pero el lenguaje empleado fue inequívoco, acusaciones de corrupción estructural, de contratos sobrevalorados y de una red que permitió que dirigentes y allegados al poder obtuvieran beneficios de un programa creado para alimentar a la población.
A ese frente administrativo se sumó el expediente penal en Miami. El 25 de julio de 2019, Saab fue acusado de un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales y de siete cargos adicionales de lavado de dinero. La acusación sostiene que, junto a Pulido, había articulado desde 2011 una trama para obtener contratos de vivienda social en Venezuela con precios inflados. Según los fiscales, las empresas vinculadas a ambos suscribieron acuerdos para suministrar materiales prefabricados con sobrecostes significativos.
El núcleo del caso describe movimientos por aproximadamente 350 millones de dólares. Los documentos judiciales detallan que el dinero se canalizó a través de sociedades registradas en distintas jurisdicciones y que parte de las transferencias transitó por el sistema financiero estadounidense. Esa conexión permitió fundamentar la jurisdicción federal. La acusación menciona reuniones celebradas en Miami para coordinar pagos y transferencias hacia cuentas en el Distrito Sur de Florida.
Alex Saab, fue nombrado ministro de Industria por Maduro tras regresar de EE.UU, cargo del que fue expulsado por Delcy Rodríguez hace unos días, antes de ser presuntamente detenido
efe
En agosto de 2019, al no comparecer ante el tribunal, Saab fue declarado en rebeldía. El 12 de junio de 2020 fue detenido en Cabo Verde cuando su avión, que cubría la ruta entre Venezuela e Irán, hizo escala para repostar. Estados Unidos formalizó la solicitud de extradición. Saab alegó que viajaba como enviado especial del Gobierno venezolano y que gozaba de inmunidad diplomática. El tribunal de distrito en Florida rechazó su intento de comparecer de forma especial para invocar esa inmunidad. Tras una larga batalla judicial, fue extraditado en octubre de 2021 y trasladado a Miami.
Allí se enfrentaba a una acusación formal de ocho cargos vinculados al blanqueo de capitales y a la presunta vulneración de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, en un esquema que, según el Departamento de Justicia, incluía sobornos para aprovechar el sistema de control cambiario venezolano mediante documentación de importación falsa. Para la Fiscalía estadounidense, Saab y Pulido no eran simples intermediarios comerciales, sino arquitectos de una estructura diseñada para ocultar el origen y destino de fondos públicos.
El proceso nunca llegó a juicio. En diciembre de 2023, el presidente Biden le concedió un indulto presidencial completo por los delitos incluidos en la acusación federal de 2019. El documento de clemencia establecía condiciones claras: Saab debía abandonar Estados Unidos y permanecer fuera del país; no cometer nuevos delitos federales; renunciar a cualquier reclamación contra el Gobierno estadounidense; abandonar cualquier derecho sobre fondos o bienes incautados o sujetos a decomiso vinculados al caso; y no percibir beneficios económicos derivados de libros, películas u otras producciones sobre su situación.
El texto precisaba que, si incumplía cualquiera de esas condiciones, el indulto podría quedar sin efecto a discreción del presidente en ejercicio o de un futuro mandatario. Ese detalle mantiene abierto un resquicio jurídico que ahora vuelve a examinarse en Washington ante la incertidumbre sobre su situación en Caracas.
El texto precisaba que, si incumplía cualquiera de esas condiciones, el indulto podría quedar sin efecto a discreción del presidente en ejercicio o de un futuro mandatario
El indulto extinguió la acción penal por esos cargos concretos, pero no borró el marco más amplio de sanciones. El Departamento del Tesoro ya lo había designado en virtud de la Orden Ejecutiva 13850, vinculándolo también a redes destinadas a eludir sanciones en el sector petrolero venezolano. Según esas alegaciones, el régimen de Maduro, la estatal PDVSA y Saab recurrieron a estructuras empresariales en México y otros países para negociar la venta de crudo mediante sociedades instrumentales, en lo que Washington describió como un mecanismo de «crudo por comida» para sortear el régimen sancionador.
Las designaciones implican el bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones con personas estadounidenses. No constituyen condenas penales, pero consolidan el señalamiento de Saab como figura relevante en redes de corrupción y evasión de sanciones.
Operador del chavismo
Durante años, fiscales estadounidenses lo situaron como uno de los principales operadores financieros del chavismo. En el terreno público se le señaló reiteradamente como presunto testaferro de Maduro, una afirmación que no fue objeto de sentencia firme, pero que marcó la narrativa política del caso. En su batalla contra la extradición en Cabo Verde contó con la defensa del exjuez español Baltasar Garzón, quien sostuvo que actuaba como enviado especial y que su detención vulneraba normas internacionales.
Tras el indulto, Saab regresó a Venezuela y fue incorporado al Gobierno. Su posición parecía consolidada. Sin embargo, la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses y su salida posterior del Ministerio de Industria han alterado el equilibrio interno. La noticia de una posible detención por parte del SEBIN abre interrogantes sobre si se trata de un movimiento interno para apartar a una figura incómoda o de una eventual coordinación con instancias externas.
Tras el indulto, Saab regresó a Venezuela y fue incorporado al Gobierno. Su posición parecía consolidada
Por el momento, las autoridades estadounidenses consultadas aseguran no tener constancia de un plan de extradición ni de nuevos cargos federales. El indulto cubre específicamente los delitos imputados en el caso de Florida, pero no otorga una inmunidad general frente a cualquier investigación futura.
«Durante tus pruebas y tribulaciones nunca te dejé de lado. Siempre estuve ahí, con consejos y apoyo moral, y nunca me aparté». La frase no está sacada de una novela romántica, sino de un correo electrónico de 2012 del exembajador británico en Washington, Peter Mandelson … , a Jeffrey Epstein. Años después, aparece como una suerte de epílogo involuntario de una relación que ha terminado por arrastrar al veterano político laborista fuera de la vida pública y ha colocado al primer ministro, Keir Starmer, ante la mayor crisis de su mandato.
Leída en el contexto de los documentos difundidos en las últimas semanas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la declaración ya no suena a gesto de amistad privada, sino a una confesión incómoda sobre la persistencia de un vínculo que sobrevivió a condenas penales, a cambios de gobierno y a advertencias que, según ahora admiten desde Downing Street, no fueron atendidas con la severidad que exigía el cargo.
Las imágenes que acompañan esa correspondencia, incluida una fotografía en la que Mandelson aparece en ropa interior junto a una mujer con el rostro oculto, han ayudado a construir una iconografía de escándalo sexual mundial. Pero el verdadero centro del asunto se desplaza mucho más allá, hacia un espacio más opaco y dañino para la arquitectura del poder. Porque va más allá de la evidencia de una vida privada moralmente cuestionable, gracias a la aparición de correos y memorandos que sugieren que un ministro en ejercicio compartió información sensible del Estado británico con un financiero condenado por delitos sexuales contra menores de edad. Además, lo hizo en un contexto, el de la crisis financiera global, en el que cada decisión fiscal y cada señal a los mercados tenían consecuencias sistémicas.
Según los documentos que han salido a la luz, Mandelson remitió a Epstein en 2009 y 2010, cuando era responsable de Empresa en el gobierno de Gordon Brown, materiales internos sobre planes fiscales, ventas de activos públicos y debates en el seno del gabinete sobre medidas para estabilizar la economía. En uno de esos intercambios, por ejemplo, Epstein preguntaba por la inminencia de un gran rescate europeo del euro, y la respuesta de Mandelson apuntaba a una confirmación prácticamente inmediata. En otro, el político reenviaba un memorando dirigido al primer ministro con reflexiones sobre incentivos fiscales y posibles subidas de impuestos. Epstein, que tenía intereses financieros directos en mercados internacionales y en banca, preguntaba de forma explícita por información confidencial y por su calendario, y Mandelson respondía, actuando así como intermediario informal entre el poder político y un interés privado concreto.
Investigación policial
La acumulación de esos indicios, unidos a registros bancarios que reflejan pagos de 75.000 dólares de Epstein a cuentas relacionadas con Mandelson y con su marido en los años anteriores, han terminado por activar una investigación de la Policía por presunta mala conducta en el ejercicio de cargo público. Las autoridades, que han confirmado la apertura de diligencias, han pedido al Gobierno que retrase la publicación completa de los documentos relacionados con el nombramiento de Mandelson como embajador en Washington para no interferir en el proceso. El viernes, la Policía británica investigó las propiedades Mandelson tras las revelaciones sobre Epstein.
Ese nombramiento, anunciado el año pasado por Starmer como una apuesta por un peso pesado político capaz de desenvolverse en unos Estados Unidos complejos, dominados de nuevo por Donald Trump, es ahora el epicentro de la crisis. La relación de Mandelson con Epstein no era desconocida, y había sido objeto de informaciones periodísticas años antes, pero Starmer sostuvo durante meses que había recibido garantías suficientes sobre su carácter limitado y pretérito. La semana pasada, sin embargo, el primer ministro reconoció en la Cámara de los Comunes que sabía que Mandelson había mantenido contacto con Epstein después de su condena en 2008. Aun así, autorizó su nombramiento tras un proceso de verificación que ahora considera viciado por «respuestas engañosas».
La investigación sobre Mandelson entra en una nueva fase con unos 100.000 documentos bajo escrutinio
El alcance del material que rodea el nombramiento de Peter Mandelson como embajador británico en Estados Unidos amenaza con alargar la crisis política más allá de la agenda inmediata de Downing Street. Según informa la BBC, el número total de documentos gubernamentales relacionados con ese proceso podría acercarse a los 100.000. El Comité de Inteligencia y Seguridad remitió una carta a Keir Starmer en la que dejó claro que corresponde al Gobierno decidir qué documentos no deben hacerse públicos por motivos de seguridad nacional. En paralelo, la Policía ha confirmado el registro de dos domicilios vinculados a Mandelson, en el marco de la investigación por presunta mala conducta en el ejercicio de cargo público.
El giro retórico culminó con una disculpa pública dirigida a las víctimas de Epstein, en la que Starmer afirmó lamentar haber «creído las mentiras de Mandelson». El inusual gesto buscaba marcar una ruptura moral clara, pero no ha bastado para sofocar la inquietud dentro del propio Partido Laborista ni para neutralizar la implacable ofensiva de la oposición. Los conservadores exigen explicaciones detalladas sobre quién defendió el regreso de Mandelson al primer plano, qué advertencias se registraron por escrito y qué peso tuvo el jefe de gabinete del primer ministro, Morgan McSweeney, en la decisión final.
Reacción de los mercados
Y la erosión no es solo interna. Los mercados reaccionaron con nerviosismo ante la perspectiva de una inestabilidad prolongada y la oposición ‘tory’ ha llegado a plantear mecanismos parlamentarios para forzar la entrega íntegra de los archivos del caso. Mientras tanto, el Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento ha reclamado un papel central sobre la información que pueda afectar a intereses nacionales, una intervención que, para los críticos, corre el riesgo de convertirse en un cortafuegos político.
Para Mandelson, de 72 años y cuya carrera estuvo marcada desde el inicio por la habilidad táctica y por una cercanía constante a grandes fortunas, este episodio parece cerrar definitivamente el ciclo de caídas y resurrecciones que lo acompañó desde los años de Tony Blair. Tras dos dimisiones en gobiernos anteriores y una larga etapa en el sector privado, su regreso como embajador pretendía ser un acto de rehabilitación. Ha terminado, en cambio, fuera del Partido Laborista y de la Cámara de los Lores. Además, su caso amenaza seriamente a Starmer, ya que la crisis pone en cuestión su criterio, su control del aparato gubernamental y su promesa de una política más austera en lo ético.
