El presidente de Estados Unidos ha impuesto este jueves nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% a las importaciones procedentes de 60 socios comerciales, en una medida que afecta también a España como miembro de la Unión Europea. La Casa Blanca justifica … la decisión por la falta de leyes o de controles eficaces para impedir la entrada de productos elaborados mediante trabajo forzoso.
En el caso de la Unión Europea, el gravamen no será necesariamente un arancel adicional uniforme del 10%, sino que elevará hasta ese porcentaje los derechos totales aplicados a cada producto. Cuando el arancel ordinario estadounidense sea inferior al 10%, Washington añadirá la cantidad necesaria para alcanzar ese nivel. Si el producto ya paga un arancel igual o superior al 10%, no se impondrá un recargo adicional por esta medida.

Eso significa que una mercancía española que actualmente tribute, por ejemplo, al 3% pasará a pagar otro 7% bajo la llamada Sección 301 de la legislación comercial estadounidense, que permite al Ejecutivo investigar prácticas extranjeras que considere injustas. Una que ya soporte un gravamen del 10% o superior quedará, en principio, sin arancel adicional por este expediente.

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David Alandete

Tras anular el Tribunal Supremo los aranceles que Trump había impuesto al amparo de poderes de emergencia, la Casa Blanca buscó otra vía legal. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, dirigida por Jamieson Greer, anunció la decisión este jueves siguiendo instrucciones directas de Trump. La medida afecta a los 60 principales socios comerciales de Estados Unidos, que en conjunto representan el 99,4% de todas las importaciones del país.
«Estados Unidos es el único país del mundo que ha adoptado y aplica eficazmente una prohibición contra las importaciones producidas mediante trabajo forzoso», afirmó la Administración en una nota en el boletín oficial. Trump, añadió, está pidiendo a todos los socios comerciales que se sumen a Estados Unidos para «eliminar el trabajo forzoso de las cadenas mundiales de suministro».
Washington sostiene que la Unión Europea, pese a contar con normas destinadas a combatir esta práctica, «no ha aplicado eficazmente su prohibición de importar productos elaborados mediante trabajo forzoso». Esa conclusión permite a la Administración recurrir al mecanismo empleado tradicionalmente para responder a prácticas extranjeras que EE.UU. considera injustificadas, discriminatorias o perjudiciales para su comercio.

Trump presiona a Bruselas

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Según el documento oficial, los aranceles constituyen una medida «apropiada» para lograr que los países afectados eliminen las políticas o prácticas consideradas contrarias a los intereses estadounidenses. En el caso europeo, el objetivo declarado es presionar a Bruselas para que refuerce los controles y la aplicación de su legislación.
La Administración distingue entre los países que han asumido compromisos para aprobar y hacer cumplir prohibiciones sobre productos fabricados con trabajo forzoso y aquellos que no lo han hecho. Los primeros serán sometidos generalmente a un arancel del 10%; los segundos, a uno del 12,5%.
La Casa Blanca presentó la decisión como una medida de defensa de los trabajadores de EE.UU. Su argumento es que los bienes producidos mediante coerción o explotación laboral tienen costes artificialmente bajos y, por tanto, compiten en condiciones desleales con las empresas y trabajadores que cumplen unas normas laborales más exigentes.
Se excluyen, eso sí, materias primas cuya penalización pudiera provocar problemas de suministro en EE.UU.; bienes que pudieran causar alteraciones en el conjunto de la economía; productos que no pueden fabricarse o cultivarse suficientemente en territorio estadounidense; y mercancías cuya exención pueda servir como incentivo para que otros gobiernos aprueben o apliquen prohibiciones contra el trabajo forzoso.
La amplitud de esas excepciones determinará el impacto real sobre las exportaciones españolas. Los sectores más expuestos serán aquellos que actualmente disfrutan de aranceles estadounidenses reducidos y que no figuren en los anexos de productos exentos. El efecto será menor para mercancías que ya soportan derechos del 10% o superiores.

Sospechas por lazos con China

La decisión abre, sin embargo, un nuevo frente comercial con Bruselas. La Unión Europea aprobó en los últimos años un reglamento destinado a prohibir la comercialización de productos fabricados con trabajo forzoso, pero Washington considera insuficiente su aplicación práctica y recela de la apertura a China, donde sí se da trabajo forzoso. El reproche estadounidense no se dirige específicamente contra España, sino contra el sistema comunitario en su conjunto.
El presidente de EE.UU. ha convertido los aranceles en una herramienta no sólo económica, sino también diplomática, empleándolos para forzar concesiones sobre déficits comerciales, inversión industrial, seguridad nacional, inmigración y ahora derechos laborales.
La Administración sostiene que combina los aranceles con acuerdos bilaterales para corregir desequilibrios comerciales y favorecer el regreso de la producción industrial a EE.UU. Según Washington, diez socios comerciales ya se han comprometido a adoptar prohibiciones específicas contra las importaciones fabricadas mediante trabajo forzoso como parte de sus nuevos acuerdos comerciales con la Casa Blanca.
Trump ya consiguió durante su primer mandato que Canadá y México aceptaran compromisos de ese tipo dentro del acuerdo comercial que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahora pretende extender el mismo modelo a la mayor parte de los grandes exportadores mundiales.
La Casa Blanca afirma que la decisión supone «un golpe largamente esperado» contra el trabajo forzoso y «una llamada clara de atención al mundo» para que adopte políticas similares. Para la Unión Europea y España, sin embargo, se traduce de forma inmediata en una nueva barrera de entrada al mercado estadounidense y en otro conflicto comercial con una Administración Trump. cada vez más dispuesta a utilizar los aranceles como instrumento de presión.

Un juzgado de Estambul ha decretado este jueves prisión preventiva para una joven influencer turca por «desprecio a una religión que representa a parte del pueblo», en referencia al islam, y «difundir imágenes obscenas», cargos que la acusada niega. Fatma Soydas, que tiene 285.000 seguidores en Instagram, adquirió popularidad en marzo al protagonizar un cántico de Ramadán en el programa de un conocido teólogo turco en una televisión relacionada con el Gobierno.No obstante, también ha causado polémica por sus contenidos. En mayo fue criticada por ofrecer a sus seguidores una versión de pago de sus contenidos, ingresando miles de euros en la primera hora, pero no está claro qué imagen ha causado su detención, ordenada este martes por la Fiscalía de Ankara.El miércoles, la influencer denunció que por internet circulaban imágenes creadas con inteligencia artificial que la mostraban con atuendos provocadores o en actitud de besar a otra mujer, sugiriendo que la denuncia habría surgido por estas imágenes falsas. En el contexto de la sociedad laica turca, estas imágenes tampoco se podrían calificar de «obscenas», y solo chocarían por incluir el hiyab, el velo islámico que caracteriza a las mujeres devotas.Los cargos de «mostrar desprecio a la religión que representa a parte del pueblo» se utilizan a menudo en los últimos años en Turquía, un país laico en el que no existe el delito de blasfemia, para perseguir a humoristas o personas críticas con el islam. Conlleva hasta tres años de cárcel, al igual que el delito de «difundir imágenes obscenas» que también se ha invocado en los últimos años contra mujeres artistas y cantantes con atuendos que antes se consideraban normal en Turquía.

Lo que comenzó como una broma viral en redes sociales empieza a convertirse en una crisis social en las calles de la India. Las ‘cucarachas’, ese movimiento anticorrupción impulsado por jóvenes indignados, han iniciado una oleada de protestas. Estas manifestaciones suponen el principal … desafío cívico al poder, cada vez más incontestable, del primer ministro Narendra Modi, una amenaza sin solución a la vista.
La última convocatoria tuvo lugar este martes, cuando unos 5.000 manifestantes se concentraron en su escenario habitual, el manifestódromo de Jantar Mantar en Nueva Delhi. Allí, entre una marea de ‘tirangas’ –la bandera tricolor nacional– reiteraron sus tres reivindicaciones: reformas estructurales y la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan.

En esta ocasión los congregados se mantuvieron inmóviles y no avanzaron por las calles para evitar repetir lo sucedido un día antes. El lunes, decenas de miles de personas acudieron a ese mismo lugar, en la cita más multitudinaria hasta la fecha, con el propósito de marchar hacia el Parlamento pese a la prohibición explícita de las autoridades.

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Álex Bustos

Las fuerzas de seguridad, por tanto, acabaron por intervenir, reprimiendo la movilización mediante porrazos, gases lacrimógenos y hasta el corte de internet en la capital india. El fundador del movimiento, Abhijit Dipke, ha asegurado que más de 150 simpatizantes se encuentran hospitalizados a causa de la brutalidad policial y ha denunciado ataques violentos a mujeres.
La Policía ha defendido por su parte que estos «mostraron un comportamiento indisciplinado, agresivo y violento» y «violaron deliberadamente las órdenes restrictivas en vigor». Sus efectivos «manejaron las protestas de manera profesional», ha añadido, pese a la dureza de las imágenes difundidas en redes sociales. Según fuentes policiales, el número total de heridos se eleva a 118 agentes y 60 manifestantes, una llamativa asimetría entre ambos bandos.
Las tareas de contención prosiguen: las Fuerzas de Seguridad han desmantelado el escenario y las tiendas de acampada instaladas en Jantar Mantar, una calle de Nueva Delhi reservada para llevar a cabo manifestaciones. Pero los participantes han rehusado abandonar el lugar, protagonizando una sentada bajo la atenta supervisión de las fuerzas paramilitares desplazadas en las últimas horas. Desde el pasado viernes, las autoridades han clausurado hasta 16 estaciones de metro en Nueva Delhi, una medida que trata de dificultar la llegada de nuevos asistentes al centro neurálgico de las protestas.

Las protestas empezaron por la indignación al descubrirse la filtración de los exámenes de acceso a las facultades de Medicina

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Sin embargo, la dinámica de acción-reacción que alimenta toda movilización social ya está en marcha. La marcha del lunes, de hecho, vino impulsada dos días antes por la hospitalización forzosa del activista Sonam Wangchuk, en huelga de hambre desde el pasado 28 de junio. Durante este tiempo ha perdido once kilos, pero ha asegurado estar «todavía vivo» y dispuesto a continuar. El martes por la noche recibió la visita del ministro de Sanidad, JP Nadda, quien no logró hacerle cambiar de opinión.
A su vez, la violencia policial del lunes ha motivado la involucración de otros sectores de la sociedad. También el martes, el Congreso Nacional Indio, el principal partido de la oposición, organizó una concentración ante la residencia oficial de Modi para expresar su rechazo. Asimismo, estos fueron sofocados por la fuerza, empezando por su líder, Rahul Gandhi.

Los simpatizante del Partido de las Cucarachas (CJP) sostienen carteles contra Modi durante las protestas (primera y segunda foto)., En la última imagen, Abhijit Dipke, el fundador del Partido de las Cucarachas..

(REUTERS, RR.SS.)

El último miembro de la afamada dinastía política –en tanto que bisnieto del héroe de la independencia Jawaharlal Nehru, nieto de Indira Gandhi, hijo de Rajiv y Sonia Gandhi– fue reducido por un grupo de agentes entre banderas que rezaban «La democracia sangra cuando sus voces son golpeadas». Las protestas ya se han extendido a otras grandes ciudades como Bombay, Bangalore, Hyderabad o Goa.

Insulto y nombre

El Cockroach Janta Party o Partido de las Cucarachas surgió el pasado mes de mayo, ante la indignación causada por la filtración del examen de acceso a las facultades de Medicina. Este escándalo afectó a casi dos millones de estudiantes, quienes se vieron obligados a repetir la prueba, y según los denunciantes habría causado una docena de suicidios.

Su apodo viene del insulto que el presidente del Tribunal Supremo le dedicó a los jóvenes desempleados, a quienes comparó con las cucarachas

El episodio se ha convertido en prueba de la corrupción generalizada del país a ojos de las ‘cucarachas’. Su sarcástico nombre deriva de unos comentarios vertidos por el presidente del Tribunal Supremo, Surya Kant, quien en una intervención pública comparó a los jóvenes desempleados que protestan contra el sistema con este insecto.

El rey de las ‘cucarachas’

El fundador del Partido de las Cucarachas se llama Abhijit Dipke. Este treintañero, hasta hace poco desconocido, trabajaba como estratega de comunicación política tras haber realizado sus estudios de posgrado en Estados Unidos. En el pasado había colaborado con el Partido Aam Aadmi, liderado por Arvind Kejriwal, uno de los principales rivales de Modi, quien en 2024 pasó cinco meses en la cárcel por acusaciones de corrupción de las que fue absuelto. Redondea el retrato sociopolítico su origen ‘dalit’, según él mismo ha reconocido, el grupo de ‘intocables’ excluido del sistema tradicional de castas.

Modi, entretanto, ya ha puesto de su parte para aplacar los ánimos. «Nada es más importante que el bienestar y el futuro de nuestra juventud», ha escrito el primer ministro a través de una publicación en redes sociales este jueves.
«Hemos decidido crear tribunales de vía rápida para garantizar un castigo rápido y severo a quienes estén implicados en filtraciones de exámenes. He dado instrucciones a las autoridades y funcionarios competentes para que adopten todas las medidas necesarias al respecto», ha señalado. «Quienes intenten perjudicar el futuro de nuestra juventud no quedarán impunes».
Un día antes, el ministro de Asuntos Parlamentarios Kiren Rijiju ya adelantó que las Fuerzas de Seguridad habrían realizado 13 arrestos vinculados con las filtraciones.