El Tribunal Penal Internacional, que se encontraba entre los candidatos al Nobel de la Paz y también opta al premio Sájarov que otorga el Parlamento Europeo, atraviesa probablemente la crisis institucional y política más grave de su historia y puede acabar creando un incómodo conflicto … diplomático entre Estados Unidos y la Unión Europea. Creada en 1998 como parte de la arquitectura institucional que pretendía sustituir los elementos contrapuestos que había dejado la Guerra Fría, se enfrenta ahora a los límites del concepto decimonónico del Estado-nación, que por definición no admite ninguna jurisdicción por encima de la suya. Tarde o temprano tenía que llegar un momento en el que el concepto mismo de un tribunal internacional con capacidad de perseguir y condenar a responsables políticos de forma individual vería que sus cimientos serían puestos a prueba.
Ahora mismo, el Tribunal Penal Internacional (TPI) ha emitido órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y contra el dictador ruso, Vladímir Putin, pero no consigue que ningún Estado cumpla su obligación de arrestarlos, lo que pone en duda de forma palmaria su capacidad de hacer justicia.
Los problemas con esta institución, que no depende de las Naciones Unidas sino que solo es reconocida por los países signatarios que la crearon, han desembocado en un callejón sin salida a raíz de su decisión de noviembre de 2024, de emitir órdenes de arresto contra Netanyahu y contra su ministro de Defensa Yoav Gallant, al considerar que existían motivos razonables para atribuirles crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Gaza. En un intento de exhibir una posición equilibrada, el fiscal del TPI también reclamó el arresto de los dirigentes de Hamás Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh, aunque los tres fueron liquidados por Israel poco después, por lo que el gesto resultó vano.
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El problema central ahora es que tanto Israel como Estados Unidos no solo no reconocen la jurisdicción del TPI sino que Washington ha pasado de criticar al tribunal y a aprobar una ley que prohibe a sus funcionarios colaborar con ella, a sancionar directamente a sus jueces y fiscales, incluida su presidenta, la japonesa Tomoko Akane. Sin embargo, tanto el presidente del Consejo Europeo, António Costa; como la de la Comisión, Ursula von der Leyen, han expresado su apoyo «firme» al TPI. «La presidenta Von der Leyen y yo estamos firmemente al lado del Tribunal Penal Internacional, de su presidenta Akane, y de los funcionarios que defienden su misión» y que han sido sancionados por la Casa Blanca como si fueran delincuentes.
Bélgica vivió un momento parecido. En 1993 promulgó la Ley de Justicia Universal que otorgaba a los tribunales belgas competencia mundial absoluta, es decir que podían juzgar crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad sin importar dónde ocurrieran ni la nacionalidad de las víctimas o de los acusados. Esa ley fue en parte inspiración para la creación del TPI pero al igual que muchas delas que también se promulgaron en otros países europeos chocaron con la realidad. Cuando llegó a los tribunales belgas una denuncia contra el entonces presidente norteamericano George W. Bush por supuestos hechos delictivos en la invasión de Irak, bastó con que Washington amenazase con retirar la sede de la OTAN de Bruselas para que el parlamento belga reformase la ley para privarla de lo esencial de su contenido.
Atacar la soberanía
Estados Unidos sostiene que el TPI está excediendo sus competencias y atacando la soberanía estadounidense y la de sus aliados, concretamente Israel y está intentando presionar a los Estados miembros para que abandonen el tratado de Roma que fundó la corte. En su fundación participaron 125 países entre los que no están los tres más poderosos del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, Rusia, China. Tampoco reconocen este tribunal la India o Israel, mientras que varias de las dictaduras más notorias como Cuba o Venezuela también están fuera de la jurisdicción del TPI. Incluso dentro de la UE, Hungría decidió retirarse ya en tiempos de Victor Orbán. Chad, Burkina Faso, Niger y Mali, todos gobernados por juntas militares, también se han retirado o están en proceso de hacerlo.
En su fundación participaron 125 países entre los que no están los tres más poderosos del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, Rusia, China
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¿De qué sirve un tribunal que no es reconocido por las partes ni tiene legitimidad para imponer su jurisdicción? Esa es la pregunta que se hacen desde su creación y hasta el mismo tribunal reconoce en sus documentos que «sin un apoyo adecuado de los Estados, el TPI es prácticamente un tribunal sin dientes». Otros expertos afirman que puede suceder que en lugar de favorecer la resolución de conflictos, el TPI puede alentar a los verdaderos culpables a permanecer en el poder y prolongar sus actividades criminales precisamente para protegerse de sus jueces.
En 2024, cuando la TPI abrió el caso contra Netanyahu, la corte denunció la existencia de maniobras de presión contra los fiscales y los jueces. Entonces, más de 90 países firmaron una declaración de apoyo a la institución. Hoy, cuando Trump ha decidido sancionarlos, las reacciones se han limitado a mensajes de los principales dirigentes de la UE en redes sociales. La cuestión del futuro del TPI es cada vez más inquietante.
