Tras seis meses de bloqueo político, con el respaldo de los socialdemócratas y el apoyo parlamentario condicionado de los liberales, Luca Niculescu ha sido investido hoy como jefe de gobierno por el parlamento rumano con 280 votos a favor, superando los 233 que … necesitaba. Bruselas espera de él disciplina fiscal y continuidad europea; la OTAN, estabilidad en un país estratégico para la defensa del mar Negro. Su elección también constituye un revés táctico para la derecha radical nacionalista prorrusa, próxima a Donald Trump, aunque no elimina las causas de su ascenso.
Luca Niculescu no es el típico dirigente que llega a la jefatura del Gobierno después de conquistar un partido, ganar unas elecciones o construir una base electoral propia. Periodista, diplomático y negociador de la incorporación de Rumanía a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), representa una apuesta por la gestión tecnocrática para sacar al país de una crisis política que amenaza con convertirse en un problema geopolítico. El presidente Nicusor Dan lo eligió el 5 de octubre como su cuarto candidato a primer ministro desde la caída del Gobierno anterior, en mayo.

Su proyecto político es una mezcla de regeneración y garantías sociales. Prevé reducir el déficit público, impulsar la producción nacional para no depender de las importaciones, simplificar la burocracia y mejorar la gestión de las empresas públicas, al igual que actualizar las pensiones, proteger a las familias vulnerables con tres hijos o más, ampliar la formación profesional y acelerar el programa «Primer Empleo». El presupuesto será la prueba de hasta dónde llegan estos compromisos.

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Niculescu es un europeísta convencido. Tras terminar su formación en periodismo europeo en Estrasburgo y trabajar en Radio France Internationale, su conocimiento de los circuitos informativos europeos derivó en una carrera diplomática. Fue embajador rumano en París entre 2016 y 2021 y posteriormente asumió responsabilidades en el Ministerio de Exteriores relacionadas con el proceso de adhesión a la OCDE.
Acostumbrado a negociar, construir consensos y desenvolverse en instituciones internacionales, tendrá que recurrir a estos talentos para liderar un gobierno sin una organización partidista propia. «No puedo prometer milagros», advirtió al recibir el encargo del presidente de formar Gobierno, pero garantizó seriedad en el uso del dinero público y previsibilidad económica, un compromiso que resume tanto su estilo como la dimensión de su desafío.

Niculescu prometió seriedad en la gestión del dinero público y previsibilidad económica

El principal apoyo de Niculescu procede del Partido Socialdemócrata (PSD), la mayor formación parlamentaria, que se incorpora al Ejecutivo con una presencia dominante: once de los dieciocho puestos ministeriales previstos corresponden a sus representantes. Su líder, Sorin Grindeanu, ha defendido el respaldo como una forma de evitar que la crisis desemboque en una situación económica todavía más grave. Sin embargo, ha dejado claro que el primer ministro no pertenece políticamente al PSD y que el apoyo no equivale a una autorización ilimitada para desarrollar su programa.

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El Partido Nacional Liberal (PNL), de centroderecha, y la formación de la minoría húngara UDMR han ofrecido apoyo parlamentario sin entrar en el gabinete. También cuenta con votos de representantes de minorías nacionales y grupos menores. El problema es que esos apoyos tienen condiciones distintas y no forman una coalición cohesionada. El PSD exige que el Gobierno presente antes del 1 de diciembre un proyecto presupuestario para 2027 y rechaza nuevas subidas de impuestos. Los liberales, por su parte, reclaman realismo presupuestario y continuidad en la reducción del déficit. La contradicción es evidente: los socialdemócratas tienen incentivos para proteger el gasto social, mientras que los socios externos exigen medidas que limiten el desequilibrio de las cuentas públicas.

Niculescu orienta Rumanía hacia Occidente

En este complicado contexto interno, Niculescu cuenta con el apoyo exterior de la Unión Europea, que tiene motivos económicos concretos para seguir de cerca la situación. Rumanía registró un déficit público superior al 9% del PIB en 2024 y afronta una reducción exigente para cumplir sus compromisos europeos. La meta acordada es situarlo por debajo del 3% en 2030. Las agencias de calificación han advertido, además, de los riesgos para la solvencia del país si no aprueba un presupuesto creíble. La crisis política ya ha presionado a la baja al leu, la moneda rumana, y elevado el coste de financiación del Estado. Del presupuesto para 2027 y las reformas dependen ayudas europeas.
Niculescu simboliza, por otra parte, la continuidad de la orientación prooccidental defendida por Nicusor Dan y la voluntad de preservar la cooperación con Bruselas. La importancia de Rumanía para la Alianza Atlántica, además, va más allá de su pertenencia formal. Comparte una frontera de unos 614 kilómetros con Ucrania, dispone de una posición estratégica en el mar Negro y participa en la defensa del flanco oriental de la OTAN. Hace sólo unos días, por ejemplo, cazas rumanos F-16 interceptaron dos drones sobre aguas territoriales rumanas, según el Ministerio de Defensa. Los incidentes relacionados con la guerra de Ucrania y las amenazas a las rutas marítimas exigen coordinación militar, vigilancia y decisiones presupuestarias sostenidas que Niculescu garantiza.
La otra dimensión de la investidura es el pulso con la Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), la formación nacionalista de derecha radical encabezada por George Simion. AUR podría beneficiarse electoralmente de una nueva convocatoria electoral anticipada si los partidos tradicionales vuelven a bloquearse, por lo que la designación de un diplomático independiente y comprometido con la continuidad occidental constituye un contrapeso institucional a la estrategia de la agrupación nacionalista.

Los desastres naturales son cada vez más frecuentes y graves en América Latina y el Caribe. Durante los últimos 50 años, cuatro de cada diez personas han sido impactadas por tormentas tropicales, huracanes, inundaciones, sequías, olas de calor o incendios forestales, un promedio de un … desastre natural por semana, con cerca de 100.000 víctimas mortales y pérdidas económicas que superan los 360.000 millones de dólares.
Tormentas, inundaciones, sequías, olas de calor y otros fenómenos extremos, cada vez más intensos y frecuentes, destruyen viviendas, interrumpen cadenas logísticas, reducen ingresos, obligan a desviar recursos públicos hacia la atención de emergencias y la reconstrucción y, en muchos casos, generan secuelas prolongadas sobre el crecimiento, la pobreza, la cohesión social y la estabilidad fiscal.

La experiencia demuestra que, aunque la región ha avanzado de forma significativa en materia de protección civil -sistemas de prevención, alerta temprana y evacuación ante una emergencia- los países necesitan disponer de una estrategia adicional para reforzar la resiliencia regional y acelerar la reconstrucción tras este tipo de desastres de origen natural.

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Guadalupe Piñeiro Michel

Ante la recurrencia de estos fenómenos, es clave contar con instrumentos financieros predefinidos, adecuados a distintos tipos de riesgo y momentos de intervención, como los seguros, esquemas público-privados y otras herramientas de liquidez y transferencia de riesgo que permiten disponer de fondos y reglas de actuación ya definidas, evitando improvisaciones cuando se produce una emergencia.
Los expertos indican que para los incidentes más habituales y de menor impacto pueden utilizarse reservas presupuestarias, y fondos de contingencia, mientras que para eventos menos frecuentes y de mayor severidad son necesarios instrumentos de transferencia, como los seguros, reaseguros, esquemas paramétricos y bonos catastróficos que ayuden a cubrir los costes de recuperación.
Son algunas de las conclusiones del informe Hacia una Estrategia Iberoamericana de Respuesta a los Desastres de Origen Natural: Resiliencia, Seguro y Alianzas Público-Privadas, que la Fundación Iberoamericana Empresarial (FIE) ha presentado hoy a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) para que pueda ser analizado en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 2026. El informe ha sido impulsado de forma conjunta por la

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FIE, Mapfre, y CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, y ha sido elaborado por los economistas, ingenieros y expertos en estrategias de políticas públicas Manuel Balmaseda, Ángel Melguizo y Víctor Muñoz.
El documento propone avanzar en una estrategia que refuerce la protección civil con una segunda línea de defensa basada en la resiliencia financiera a través de los seguros, la financiación preventiva, la innovación tecnológica y la colaboración entre el sector público y el privado que, según los autores, son elementos clave para contribuir a reducir la brecha de protección aseguradora (81% en la región), acelerar la recuperación tras una catástrofe y fortalecer la resiliencia económica y fiscal de los países que forman parte de esta región.

Urgencia social y económica

Reforzar la capacidad de respuesta de América Latina y el Caribe ante los desastres de origen natural es una urgencia social y económica, con una dimensión financiera decisiva.
El informe propone un decálogo con principios claros, accionables y medibles, que permitan a los países pasar a la acción y disponer de recursos suficientes y rápidos para acelerar la reconstrucción tras los desastres naturales y reducir sus consecuencias sociales y económicas.
Entre ellos, destaca el hecho de convertir la resiliencia financiera en una prioridad de Estado; disponer de recursos para la recuperación de forma rápida; proteger las infraestructuras, servicios y actividades económicas cuya interrupción tenga un mayor impacto social y económico; mejorar la accesibilidad aseguradora para que una parte importante de la población y de las pequeñas empresas tengan mayor acceso a mecanismos de cobertura frente a riesgos catastróficos, aumenten la proporción de pérdidas cubiertas debido a barreras económicas, limitaciones de información y dificultades de distribución; y asegurar pagos rápidos, ya que la agilidad en los desembolsos es fundamental para una recuperación eficaz.
El decálogo también hace referencia a la importancia de: impulsar alianzas público-privadas, ya que la colaboración entre administraciones y empresas es clave para aprovechar la capacidad técnica, financiera y de innovación del sector privado y mejorar la protección; vincular protección y prevención, para que los mecanismos de cobertura estén acompañados de medidas que reduzcan los riesgos y fomenten una mejor planificación y preparación ante los desastres; y avanzar con una cooperación flexible y orientada a resultados, ya que cada país debe poder progresar según sus necesidades y capacidades con el objetivo común de ampliar la protección, acelerar la recuperación y reducir el impacto de los desastres.

Bruselas quiere revitalizar el sector de la pesca, y para ello se da 15 años: por eso ha presentado su estrategia Visión 2040, centrada en el sector pesquero y en la acuicultura con dos retos clave: asegurar el relevo generacional que ahora falta y reducir las importaciones. Europa continúa dependiendo en un 70% de las importaciones de alimentos acuáticos, lo que la expone a tensiones geopolíticas, avisa la Comisión Europea. Además, la meta de aquí a 2040 es que también aumente una rentabilidad que se ha visto trastocada en los últimos años.Según los datos que maneja el Ejecutivo comunitario, actualmente cerca de 124.500 personas trabajan en la pesca y casi 76.000 en la acuicultura dentro de la Unión Europea, sumadas a cientos de miles de empleos indirectos que se dan en todo el bloque comunitario.Eso sí, la Visión 2040 establece que la competitividad del sector requiere un «entorno marino saludable». En este sentido, la Comisión reconoce que la obligación de desembarque de todas las capturas reguladas no ha dado los resultados esperados en el control de capturas no deseadas, por lo que promoverá innovaciones tecnológicas y un diálogo con el sector para solucionar este problema, tal como recoge en el documento presentado este martes en Estrasburgo.En ese contexto, Bruselas se ha propuesto destinar una reserva mínima de 2.000 millones de euros en el presupuesto europeo de largo plazo 2028-2034, que ahora mismo se está negociando. «Estos fondos se enfocarán en la pesca sostenible, la restauración de ecosistemas marinos y la recolección de datos, complementándose con capital privado y apoyo del Banco Europeo de Inversiones», explica la Comisión en su plan.Otro eje fundamental, insisten, es la transición energética del sector pesquero y acuícola para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Hasta el año 2030, la estrategia «priorizará la eficiencia energética, nuevas tecnologías y combustibles limpios; mientras que a partir de 2030 se impulsará la adopción a gran escala de tecnologías de cero emisiones y la modernización» de los buques. Así, al mismo tiempo, se actualizarán las directrices de 2014 para evaluar el equilibrio de la capacidad pesquera. De este modo, «se buscará diferenciar adecuadamente la capacidad de captura de aquella destinada a fines sociales o ambientales», sentencian.En el ámbito de la acuicultura, la Comisión Europea presentará una iniciativa legislativa para crear «un marco regulatorio más claro, sencillo y coherente en todos los Estados miembros». Esta medida, recogen en el documento, pretende «brindar certidumbre a las empresas para impulsar la inversión, la innovación y el desarrollo sostenible de la producción de alimentos marinos».Por otro lado, Bruselas se compromete a reforzar las herramientas de las que dispone para perseguir y frenar la pesca ilegal y no controlada y, según la hoja de ruta, también pondrá en marcha la Ley del Océano y una Estrategia de Relevo Generacional Azul para atraer a las generaciones jóvenes al sector mediante formación continua y de este modo asegurar otra de las grandes preocupaciones tanto de la UE como del propio sector: la falta de relevo generacional.»Unos ingresos justos para los pescadores y los productores acuícolas y un medio ambiente marino saludable dependen mutuamente. Cuando asumí el cargo, me comprometí a lograr el equilibrio adecuado entre ambos mediante una visión a largo plazo para nuestro sector pesquero y acuícola», ha recordado el comisario de Pesca, Costas Kadis, que dice que este plan cumple «con un compromiso» de Bruselas para el sector, para que este sea «sostenible y resiliente» en el largo plazo.