El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó el martes que su Gobierno evalúa una liberación «anticipada» y «condicional» de detenidos durante su guerra antipandillas que sean «culpables» de colaborar con esas bandas criminales. «Tenemos un plan (…) que beneficiaría más o menos a un … 50% de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con pandillas con una liberación anticipada», dijo Bukele, al señalar que aunque son «culpables» se podrían liberar «condicionalmente» y «bajo monitoreo».
Unas 93.000 personas han sido encarceladas bajo un régimen de excepción vigente desde hace cuatro años, que redujo la criminalidad a mínimos históricos, pero que según oenegés y un grupo de expertos de la ONU han derivado en crímenes de lesa humanidad. Según la organización humanitaria Socorro Jurídico, al menos 30.000 detenidos son inocentes y más de medio millar han fallecido bajo custodia estatal.

El mandatario reveló el plan de «liberación anticipada» al responder, en una conferencia de prensa sobre inversión española, a una periodista que preguntó acerca de publicaciones que hizo en abril su hermano, Ibrajim Bukele, en la red social X. Su hermano afirmó que existe una «comisión independiente» que evaluaba casos de detenidos y «trabaja de la mano con Fiscalía, Ministerio de Justicia y Centros Penales», con participación del «Despacho de la Primera Dama». «Me imagino que lo que él quiso decir (…) es que nosotros no tenemos ninguna intención de tener ninguna persona que no sea culpable en la cárcel», defendió el presidente.

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Milton Merlo

Abraham Abrego, director legal de la oenegé Cristosal, en el exilio, dijo a la AFP que revisar los casos de personas inocentes detenidas es una reiterada demanda de los grupos de derechos humanos. Pero Abrego advirtió que determinar la culpabilidad corresponde al sistema de justicia, no al Ejecutivo; y cuestionó que Bukele llamara «colaboradores de pandillas» a los posibles beneficiarios, en lugar de reconocer que hay inocentes en prisión.
Bukele ha reconocido que su gobierno ha liberado a unas 8.000 personas detenidas, a las que funcionarios de su gabinete han descrito como parte de un «margen de error» del régimen de excepción. El mandatario, que buscará un tercer mandato en las elecciones de febrero y controla casi todos los poderes del Estado, no precisó cuándo comenzaría a aplicarse el plan de «liberación anticipada» ni cuáles serían los criterios para acceder al beneficio.
Las oenegés también critican los juicios masivos que se realizan en El Salvador contra detenidos en la guerra antipandillas por considerar que al no individualizar la responsabilidad penal se castiga a muchos inocentes. Bukele, que rechaza las acusaciones de que viola los derechos humanos, defendió la continuidad del régimen de excepción y comparó su aplicación con una «quimioterapia» para un país afectado por el «cáncer» de las pandillas.

Desde que desapareció del radar de las autoridades, tras la destrucción del gasoducto ruso-alemán Nord Stream en septiembre de 2022, Serhii Kuznietsov llevaba una vida discreta y relativamente tranquila, aunque muy agitada y nada fácil de financiar. Hasta su detención el 13 de … agosto de 2025, había viajado de manera regular por el mundo, acumulando en su pasaporte más de dos docenas de visados de países como Francia, España y Canadá.
Mientras aparentemente disfrutaba de unas vacaciones familiares en un bungalow, en un pueblo de la provincia de Rímini, la Policía italiana irrumpió en la vivienda en cumplimiento de una orden de arresto europea emitida en Berlín. Quienes presenciaron su captura indicaron después que Kuznietsov se entregó pacíficamente, sin poner resistencia, frente a la mirada de su esposa e hijos.

Su paso por las cárceles de máxima seguridad en Italia antes de su extradición fue sumamente turbulento. El 31 de octubre de 2025, Kuznietsov inició una huelga de hambre radical en protesta por las condiciones de su reclusión. En cartas enviadas a través de su abogado, denunciaba con indignación que las autoridades italianas lo estaban tratando como al «criminal número uno», manteniéndolo aislado junto a reclusos de extrema peligrosidad vinculados a Daesh.

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Rosalía Sánchez

La huelga se prolongó durante días y le hizo perder nueve kilos de peso de forma acelerada. Su esposa, Halina, llegó a describir su estado de salud como «crítico» ante el Defensor del Pueblo ucraniano antes de que Kuznietsov depusiera la protesta tras recibir garantías sobre sus derechos penitenciarios. Tras ser extraditado a finales de noviembre de 2025, su día a día ha transcurrido en condiciones de aislamiento casi total en el centro de detención de Hamburgo.
Aunque la Fiscalía alemana asegura tener pruebas sustanciales contra él, incluyendo llamadas telefónicas interceptadas y conversaciones privadas con su esposa tras su detención, Kuznietsov mantiene una postura de silencio absoluto en el proceso. Su defensa asegura que se trata de «pura disciplina militar». Sus abogados presentarán declaraciones de sus superiores que certifican que, como oficial, tiene estrictamente prohibido revelar detalles de operaciones.
Mientras la acusación lo retrata como el cerebro y líder operativo que falsificó identidades para alquilar el yate Andromeda y coordinó la colocación de potentes explosivos en el fondo del mar Báltico, sus allegados lo describen como un veterano militar y empresario del sector energético que cumplió con su deber de defender a su patria tras la invasión rusa. A las puertas del tribunal de Hamburgo, grupos de manifestantes ucranianos se congregan para apoyarlo como soldado en una «guerra justa».

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En su expediente consta que se alistó voluntariamente para defender a Ucrania tras la invasión y permaneció en servicio activo hasta diciembre de 2023. Los informes de la Fiscalía General de Alemania apuntan a que Kuznietsov, aprovechando su rango de capitán retirado y su experiencia en las Fuerzas Especiales ucranianas (SOF) y el Servicio de Seguridad (SBU), ejerció como el patrón o comandante de la embarcación Andromeda y la dirigió rumbo al gasoducto.
A pesar de su experiencia como buceador, su implicación no consistió en ponerse el traje de neopreno, sino en organizar la logística en tierra y capitanear el yate. Utilizando un pasaporte falso bajo el nombre de Serhii Kulinich, alquiló la embarcación y fue el encargado de coordinar el traslado del equipo desde el puerto de Rostock, en Alemania, hasta la zona de la isla danesa de Bornholm.

Expertos en buceo a grandes profundidades

Para ejecutar el trabajo, las cargas explosivas se colocaron a unos 70 u 80 metros bajo el agua y Kuznietsov presuntamente lideró un equipo de cuatro buceadores profesionales de aguas profundas y un experto en explosivos. Entre el grupo de submarinistas que operaban bajo su mando, la investigación identifica formalmente a Volodímyr Zhuravlev. Detenido en Croacia en agosto, es un buceador profesional e instructor con formación avanzada, contratado expresamente por su capacidad para soportar inmersiones técnicas extremas en el Báltico y colocar los pesados bloques de explosivos militares. La acusación yambién menciona a Svitlana y Yevhen U., que dirigían una escuela de buceo en su país. Zhuravlev trabajaba para ellos como instructor, y la Fiscalía sospecha que proporcionaron soporte técnico para la compleja operación de descompresión e inmersión en las profundidades.
Aunque Kuznietsov no llevara a cabo la inmersión, su experiencia en operaciones especiales fue clave para supervisar un reto mayúsculo, el de bucear a 80 metros en las aguas frías y de baja visibilidad del mar Báltico. Una operación de este tipo requiere mezclas especiales de gases, como el Trimix, paradas prolongadas de descompresión y una precisión absoluta para manejar artefactos de entre 14 y 27 kilos sin sufrir accidentes mortales. Según la acusación, Kuznietsov fue la mente militar en cubierta que garantizó que los buceadores cumplieran su cometido con éxito.

La República Islámica de Irán ha condenado a muerte a una joven de 23 años por un presunto delito de blasfemia por publicaciones en redes sociales en la que habría insultado al profeta Mahoma.A raíz de este caso, las organizaciones de Derechos Humanos … han querido lanzar la voz de alarma por las crecientes condenas y ejecuciones que se están realizando en Irán en los últimos años.

Según informa ‘The Guardian’, Najmeh Amini, una estudiante de contabilidad, se encuentra arrestada en la prisión de Vakilabad. La joven habría sido condenada a cadena perpetua por insultar al profeta Mahoma y a doce años, seis meses y un día por delitos de contra seguridad nacional y por difundir propaganda contra el régimen del país.

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África Albalá

Amini fue detenida el pasado 31 de enero después de que formase parte de las manifestaciones que salieron a la calle en Irán para protestar contra el régimen. Las represiones del gobierno iraní provocaron más de 7.000 muertes y acabó con la detención de millares de personas, según grupos de Derechos Humanos.

Audio filtrado pidiendo ayuda a Naciones Unidas

Una vez se produjo la detención de Najmeh Amini, se filtró un audio de la joven en el que pedía ayuda a Naciones Unidas para que tratasen de esclarecer su caso.
«No pretendo hacerme la heroína; solo pido una cosa: sean mi voz. Soy una chica inocente, una joven con tantas esperanzas y sueños», se escucha en él. «Solo quiero justicia y la oportunidad de defenderme. Solicito a abogados, expertos en derecho, activistas de derechos humanos y a todos aquellos que escuchan las voces de personas inocentes que revisen mi expediente», explica en otro fragmento.

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Amini declaró ante el tribunal que había realizado dichos comentarios tras consumir setas alucinógenas con varios amigos y su defensa explicó que se trataba de un desliz.
Segín el artículo 262 del código penal islámico iraní, insultar a Mahoma o a otras figuras chiíes veneradas está castigado con la pena de muerte. No obstante, el artículo 263 contempla excepciones si las declaraciones están hechas bajo efectos del alcohol o sin mala intención, aunque se mantendría un castigo que podría ir hasta a los 74 latigazos.