Bruselas rechaza legislar para financiar el aborto y recuerda a los países que pueden costearlo con fondos europeos
La Comisión Europea ha adoptado una comunicación en la que anuncia a los países miembros que pueden utilizar las ayudas del Fondo Social Europeo y redirigir una parte para financiar programas que permitan a las mujeres someterse a abortos. La decisión es la respuesta … a la Iniciativa Ciudadana (ICE) bautizada como «Mi Voz, Mi Elección: Por un Aborto Seguro y Accesible», que ha cumplido todos los requisitos para ser atendida.
Los peticionarios habían solicitado al Ejecutivo comunitario que «en un espíritu de solidaridad, presente una propuesta de apoyo financiero a los Estados miembros que puedan realizar interrupciones seguras del embarazo a cualquier persona en Europa que aún no tenga acceso a un aborto seguro y legal».
De acuerdo con los datos disponibles, en la UE se interrumpen anualmente alrededor de 483.000 embarazos en condiciones consideradas poco seguras para la mujer. Según la Comisión, «el aborto inseguro es un asunto de salud pública, ya que puede provocar diversas formas de daño físico y estrés mental grave, poniendo en riesgo la vida de las mujeres». Aunque los sistemas de salud son responsabilidad de los países miembros, Bruselas considera que tiene margen para apoyar la actuación de los Estados miembros en el ámbito de la salud pública, respetando al mismo tiempo su responsabilidad en la definición de su política sanitaria, así como en la organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica.
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Por ello, Bruselas recuerda en su comunicación que los gobiernos nacionales pueden recurrir a los instrumentos existentes de la UE para mejorar la igualdad de acceso a servicios de salud legalmente disponibles y asequibles, «incluidas las prácticas seguras de de aborto». Concretamente, este apoyo financiero puede realizarse a través del programa Fondo Social Europeo Plus (FSE+), pero no incluye nuevos fondos, sino que los gobiernos estarían autorizados a reasignar el dinero previsto para otros asuntos y dedicarlo a garantizar el acceso de las mujeres a los servicios médicos, en este caso para poner fin a un embarazo no deseado.
La comisaria de Asuntos Sociales, la belga Hadja Lahbib, ha explicado que la petición hecha a través de la iniciativa ciudadana «era clara: acceso a un aborto seguro para todas las mujeres en Europa. Sin importar dónde vivan. Sin importar cuánto dinero tengan. Ellos han respetado los tratados y ya sabían que la política sanitaria es competencia nacional y que la Comisión tiene un margen de acción limitado». Sin embargo, «sí que podemos apoyar a los Estados miembros y acompañarlos hacia una Europa más igualitaria».
La comisaria ha explicado que los peticionarios «nos solicitaron que apoyáramos a los Estados miembros que, de forma voluntaria y solidaria, desean ofrecer acceso a un aborto seguro y legal, de conformidad con sus leyes nacionales. Incluyendo a las mujeres de otros Estados miembros que, de otro modo, no podrían acceder a él ni permitírselo».

