Bajo los focos de una operación nocturna de rescate, ante una formación de agentes venezolanos y con los restos del terremoto todavía marcando el paisaje, John Barrett se acercó a Diosdado Cabello, el poderoso ministro de Interior. El nuevo encargado de negocios de Estados Unidos … en Caracas le apoyó una mano en el brazo. Hablaron unos segundos, conversación cordial. Fue un gesto mínimo, parecía casi rutinario, pero cargado de una importancia extrema para el régimen y para su oposición, porque durante años habría sido imposible una escena así.
Cabello no es un funcionario venezolano más para Washington, un jerarca sin peso en el entramado chavista. Ha sido un objetivo prioritario: imputado en Nueva York por delitos vinculados al narcotráfico y al narcoterrorismo, incluido durante años en la lista de buscados de EE.UU. y objeto de una recompensa de hasta 25 millones de dólares (equivalente a 21,8 millones de euros) por información que condujera a su arresto o condena. El Departamento del Tesoro también lo sancionó. Desde su programa, Con el mazo dando, había hecho de la enemistad con Washington y el ataque a Trump una parte central de su discurso político, un argumento de su agitación constante contra el imperio.
Como Nicolás Maduro, Cabello acusaba a EE.UU. de querer poner sus manos sobre el petróleo, como hizo en Irak y en Libia. Pedía incluso al pueblo estadounidense que evitara «un nuevo Vietnam» en Venezuela, decía que, como el Vietcong, esperaba a los invasores armado y dispuesto a una carnicería. Trump era para él una figura recurrente de ataque, símbolo de una supuesta ofensiva contra la revolución chavista.
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David Alandete
Pero el terremoto ha alterado de forma visible esa ecuación. Primero, días después de la catástrofe, Cabello volvió a aparecer en el centro de una mesa de coordinación en Caracas, junto a Delcy Rodríguez, John Barrett, el general Francis L. Donovan —jefe del Mando Sur— y otros responsables civiles y militares de ambos países. El encuentro estaba dedicado a las operaciones de rescate, la llegada de ayuda humanitaria y la logística desplegada en La Guaira, una de las zonas más afectadas.
La imagen adquiría una carga política especial por quién era Donovan: el militar al frente del Mando Sur, la estructura estadounidense que dirigió la operación del 3 de enero que acabó con la captura de Nicolás Maduro, en medio de un despliegue militar en el Caribe sin precedentes. En otra fotografía, días después, Cabello apareció junto al mismo general, sonriente y distendido, siempre con su gorra, durante un intercambio con mandos venezolanos y estadounidenses.
Para muchos opositores al chavismo y víctimas exiliadas de las violaciones de derechos humanos atribuidas al aparato de seguridad venezolano, el giro resultaba muy difícil de asumir. Cabello, durante años uno de los dirigentes que más ha presentado a EE.UU. como una amenaza existencial para Venezuela, participa ahora en reuniones operativas con los representantes de Washington y con los militares que encarnan la intervención estadounidense en el país.
El general Donovan saluda a Diosdado Cabello.
(Embajada de EE.UU en Venezuela)
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Las imágenes corrieron por las redes venezolanas con la velocidad de una descarga eléctrica. Para buena parte de la oposición, de la diáspora y de quienes salieron del país huyendo de las cárceles, las torturas o la persecución del aparato chavista, no eran fotografías de protocolo ni de ayuda humanitaria. Eran otra cosa: el hombre al que Washington acusó de narcoterrorismo, por cuya captura ofreció 25 millones de dólares, sentado ahora con los enviados de Estados Unidos y con el general que dirigió la operación contra Maduro.
En los mensajes que se multiplicaron en redes sociales había rabia, desconcierto y una pregunta repetida: cómo podía EE.UU. mantener viva la acusación, la recompensa y las sanciones, y al mismo tiempo tratar a Cabello como interlocutor en Caracas. Volvieron a circular declaraciones antiguas de Marco Rubio, hoy secretario de Estado, cuando defendía que Cabello debería estar en una prisión federal estadounidense. La distancia entre aquellas palabras y las fotografías de estos días era demasiado visible como para que la Administración Trump pudiera ignorarla.
Pero en Washington el cálculo parece ser otro. Cabello no es solamente un dirigente del chavismo. Conserva influencia sobre estructuras de seguridad, mandos policiales y sectores del aparato militar y territorial del régimen. En una Venezuela sacudida por el terremoto, con miles de muertos, ciudades dañadas y una transición todavía frágil tras la captura de Maduro, su cooperación puede ser vista como una necesidad incómoda. No porque EE.UU. haya olvidado quién es, sino porque sigue siendo uno de los hombres capaces de evitar que el poder chavista se fracture por dentro.
Preguntado este martes en conferencia de prensa por Diosdado, el encargado de negocios estadounidense, Barrett, evitó aclarar si Washington mantiene intacta su condición de hombre buscado, la recompensa de 25 millones de dólares y las acusaciones de narcotráfico y narcoterrorismo. El encargado de negocios estadounidense no confirmó ni negó un cambio de postura. «El Departamento de Estado está centrado al cien por cien en la respuesta al terremoto», dijo, antes de remitir al plan de Trump para Venezuela: «estabilización, recuperación económica, reconciliación y transición democrática».
El chavismo ha leído las fotografías de otra manera. Sus medios y sus cuentas afines las presentan como la prueba de que Washington ha terminado por aceptar quién manda realmente en Caracas, alguien que no es solo Delcy Rodríguez. Para Cabello, además, tienen un valor político propio. Tras la caída de Maduro, vuelve a aparecer en el centro de los focos y los objetivos de las cámaras: con su gorra, junto a Delcy, frente a los estadounidenses, en una mesa donde no está de invitado, sino como uno de los hombres que todavía cuentan, cuando su suerte podría haber sido otra el 3 de enero.
Diosdado Cabello, con Delcy Rodriguez y los enviados de EE.UU. en Caracas.
(Presidencia de Venezuela)
La Casa Blanca ya había dejado abierta esa posibilidad al explicar, tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero, que la operación no tenía por qué limitarse a ellos. Dijo entonces el secretario de Estado Rubio que hubo contactos y llamadas con otras figuras del poder venezolano para exigir cooperación y evitar una confrontación mayor. Aunque no mencionó a Cabello por su nombre, la pregunta sobrevolaba claramente aquella declaración: si entre quienes recibieron ese mensaje estaba también el ministro del Interior y si la coordinación actual es la consecuencia de aquel pacto tácito.
En agosto de 2019, Associated Press reveló que la primera Administración Trump había abierto contactos secretos con Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional Constituyente . Según AP, Cabello se reunió en Caracas el mes anterior con un intermediario cercano a la Casa Blanca; la agencia ocultó su identidad y detalles del encuentro por temor a represalias. La información procedía de un alto funcionario estadounidense, bajo condición de anonimato, y de otra persona conocedora de la reunión. Washington insistía en que no buscaba promover a Cabello como sustituto de Maduro, sino explorar qué garantías exigirían figuras del régimen para apartarse de él y facilitar una transición.
Cabello sigue formalmente imputado en EE.UU. La Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York lo incluyó en la acusación ampliada presentada el 3 de enero de 2026, el mismo día de la captura de Maduro. No fue apartado del caso ni quedó reducido a un papel accesorio: continúa señalado junto al propio Maduro y Ramón Rodríguez Chacín en los cuatro cargos principales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados a armas de guerra y artefactos destructivos.
A Cabello se le atribuyen actuaciones concretas. La acusación, que se remonta a 2020 afirma que coordinó con Hugo ‘El Pollo’ Carvajal el envío de 5,6 toneladas de cocaína en un avión que salió de Maiquetía en 2006 y fue interceptado en Campeche, México. También le sitúa en reuniones con representantes de las FARC para acordar apoyo financiero y armamento a cambio de un aumento de la producción de cocaína, así como en encuentros para organizar rutas desde Venezuela hacia Nicaragua y México, con destino final a EE.UU.
La nueva acusación ampliada en 2026 extiende la supuesta conspiración hasta 2025 e incorpora alegaciones de actividad reciente, en vez de limitarse a los episodios históricos de los años de cooperación con las FARC. El nuevo documento, promovido por la Fiscalía, no apunta a una retirada de la estrategia judicial contra Cabello, sino a una actualización y ampliación del caso: mantiene las imputaciones y las inserta en una red criminal más amplia, con nuevos actores y hechos posteriores.
Cartel de busca y captura de Cabello.
La presión pública siguió después. El 10 de enero, una semana después de la captura de Maduro y de la nueva acusación, el Departamento de Estado volvió a difundir en español el cartel de búsqueda de Cabello, con una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena. El aviso mantenía exactamente la base penal del caso: la conspiración de narcoterrorismo, la de importar cocaína y otra para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo a delitos de drogas.
La gran duda ahora es qué piensa Rubio más allá del pragmatismo que requiere la situación de rescate y reconstrucción tras un terremoto devastador. Durante buena parte de la última década, él mismo presentó a Cabello como uno de los principales dirigentes de esa estructura criminal que las autoridades estadounidenses sitúan en la cúpula política y militar venezolana.
Rubio fue, desde el Senado, uno de los defensores más firmes de esa línea: en 2017 su seguridad fue reforzada tras información de inteligencia sobre una presunta amenaza directa de Cabello contra él. Por eso, y pasadas afirmaciones suyas, la imagen de un representante de Washington junto a Cabello y el silencio posterior de la Administración abren una incógnita difícil de ignorar: si la estrategia ha cambiado, y hasta cuándo.
En mayo, preguntado directamente en la Casa Blanca por la situación de Cabello, Rubio fue poco concreto. «No tengo novedades», dijo en conferencia de prensa, antes de añadir que «la política no ha cambiado», aunque se negó a explicar qué contactos mantenía Washington con figuras del poder venezolano. «Seamos un poco maduros. No voy a contarles de qué hablamos con los líderes de esos países», respondió.
La frase cobra ahora otro sentido. Rubio no anunció entonces ninguna retirada de la recompensa ni de la acusación contra Cabello, pero dejó claro que la Administración no pensaba revelar el alcance de sus conversaciones. Las fotografías posteriores de Barrett y Donovan con el ministro chavista sugieren que esa interlocución ya existía, aunque Washington evitara confirmarla públicamente.
