«¡Bienvenidos a Israel! ¡Aquí mandamos nosotros!», así ha recibido el titular de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, a los activistas de una nueva Flotilla de la Libertad, detenidos por el Ejército en aguas internacionales cuando se dirigían a Gaza. El líder ultranacionalista, que … recientemente ha sacado adelante una ley para aplicar la pena de muerte exclusivamente a presos palestinos, ha difundido el vídeo de su bienvenida a decenas de detenidos de diferentes países, todos atados y arrodillados en el suelo de una habitación del puerto de Ashdod. El ministro se ha burlado de ellos, las fuerzas de seguridad se han empleado con dureza, y las imágenes, muy habituales en los arrestos de palestinos, han provocado una oleada de condenas internacionales y domésticas.
El Ministerio de Exteriores del Gobierno de Benjamin Netanyahu ha informado a primera hora de la mañana de este miércoles de que «otra flotilla de propaganda ha llegado a su fin»: «Los 430 activistas han sido transferidos a embarcaciones israelíes y están de camino a Israel, donde podrán reunirse con sus representantes consulares». Los organizadores han denunciado que las fuerzas israelíes comenzaron a tomar el control de las embarcaciones en aguas internacionales, frente a la costa de Chipre, donde abordaron los barcos y capturaron a los activistas, que pretendían romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Las imágenes de la dura bienvenida de Ben Gvir han hecho que varias naciones, como Italia y Francia, convocaran a los embajadores israelíes para expresar su «indignación» por el trato «inaceptable» de los detenidos. España ha hecho lo propio con la encargada de negocios israelí en Madrid. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha escrito en su cuenta de X que es «inaceptable» que estos manifestantes, incluidos muchos ciudadanos de su país, sean sometidos a «este trato que viola su dignidad humana». El departamento de Exteriores luso ha recurrido también a las redes para expresar que «Portugal condena firmemente el comportamiento intolerable del ministro israelí Ben Gvir y el trato infligido a los activistas de la flotilla».

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Guillermo Rodríguez

Benjamín Netanyahu ha emitido un comunicado de reprimenda hacia su ministro en el que ha explicado que su país tiene «todo el derecho» a impedir que «flotillas provocadoras de simpatizantes terroristas de Hamás» entren en sus aguas territoriales y lleguen a Gaza. «Sin embargo, la manera en que el ministro Ben Gvir trató a los activistas de la flotilla no está en línea con los valores y normas de Israel», ha señalado. El responsable de Exteriores, Gideon Saar, se ha dirigido también a Ben Gvir para decirle que ha causado «deliberadamente daño al Estado con esta actuación vergonzosa»: «Y no es la primera vez (…) No, tú no eres la cara de Israel».
La reacción de sus aliados de Gobierno ha sido simbólica porque Ben Gvir es un socio firme de un Ejecutivo que ha cumplido una muy complicada legislatura y ha liderado el endurecimiento de la situación penitenciaria de miles de palestinos con el respaldo total de Netanyahu. La ONG israelí Breaking The Silence denunció que el ministro de Seguridad Nacional «convierte el abuso contra los detenidos en una campaña de propaganda». «Los presos palestinos son torturados y asesinados de forma sistemática, algo que él, además, exhibe con orgullo. Un trabajo de exposición de aquello que los defensores de los derechos humanos llevan mucho tiempo intentando denunciar», ha apuntado.

Negociación con Irán

Mientras Ben Gvir mostraba cómo se comporta un ministro ultra con detenidos de todo el mundo, los medios israelíes han informado de una conversación «larga y dramática» entre Netanyahu y Donald Trump en la noche del martes en torno a la guerra de Irán. El Canal 12 dijo que ambos líderes parecen estar «al borde de una decisión» después de más de un mes de alto el fuego y negociaciones.
El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Raza Naqvi, ha regresado a Teherán por segunda vez en menos de una semana, una señal de que los contactos son cada vez más intensos. Según fuentes de Al Arabiya, Estados Unidos mantiene sus exigencias respecto al programa nuclear y la seguridad en el estrecho de Ormuz, pero habría mostrado flexibilidad respecto al alivio de sanciones.
A lo largo del día, Trump ha vuelto a dar marcha atrás en el enésimo ultimátum a la república islámica. El lunes le concedió «dos o tres días» de plazo para aceptar la propuesta de Washington, pero pasó a decir que no tenía prisa e incluso adelantó que las negociaciones están «en la fase final». Ante las dudas que genera la influencia de Netanyahu en las decisiones de la Casa Blanca, el presidente indicó que el primer ministro israelí haría lo que él quisiera respecto a Irán.
No ha habido comentario desde el régimen islámico a las últimas palabras de Trump. La Guardia Revolucionaria ha insistido una vez más en el control total sobre Ormuz y ha afirmado que «26 buques, incluidos 11 petroleros, portacontenedores, buques de gas y otros barcos comerciales, transitaron por el estrecho en las últimas 24 horas en coordinación con Irán». Emiratos Árabes Unidos han anunciado «avances» en su plan de construir un oleoducto diseñado para evitar Ormuz, que ya estaría completado al 50%, según Reuters.

«Condenamos la farsa del Gobierno de EE.UU. de presentar una acusación ilegítima e ilegal contra el Líder de la Revolución cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz». Con estas palabras ha reaccionado en su cuenta de X el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez.
«Es un acto que descansa en la mentira y oculta verdades históricas debidamente documentadas sobre los acontecimientos que llevaron al derribo, en espacio aéreo cubano y en legítima defensa, de dos aeronaves de la organización terrorista Hermanos al Rescate», ha señalado.

Según el canciller, la acusación de Washington busca reforzar la narrativa fraudulenta «para justificar la agresión reforzada contra el pueblo cubano. Lo hace el mismo gobierno que ha sido cómplice de la organización y ejecución de acciones terroristas y violentas contra #Cuba desde su territorio y que ha cometido recientemente crímenes de ejecuciones extrajudiciales contra cerca de 200 personas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, por supuestos vínculos con operaciones de narcotráfico», ha subrayado . Y ha insistido en que Cuba «no renunciará a su derecho inalienable a la legítima defensa».

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Sylvia Iriondo

Manuel Trillo

Por otra parte, y coincidiendo con la imputación, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), el brazo juvenil del Partido Comunista de Cuba (PCC), convocó a una jornada de conmemoración de los 95 años del dictador, pese a que faltan más de diez días para ello.
Bajo el lema «Los 95 de Raúl», la UJC «llama a sumar amor y respeto» en toda la isla «como reconocimiento sincero» a la «sensibilidad humana» de quien «siempre ha promovido la paz».
Los medios oficiales se hicieron eco y llamaron también «a la creatividad de pioneros, adolescentes y jóvenes, que puedan expresar, mediante todas las iniciativas posibles, la admiración y el amor hacia un hombre excepcional como Raúl».
Durante más de cuatro décadas, Raúl fue el brazo derecho de la dictadura de su hermano Fidel; este le cedería la dirección del país en 2006 al enfermarse gravemente; en 2018 Raúl traspasó el poder simbólico a Miguel Díaz-Canel, a quien todos reconocen como un simple títere del castrismo.
En los últimos años, Raúl Castro ha aparecido en escasos eventos oficiales y ya no habla en público; algunos medios refieren que padece graves problemas de salud pero la información se ha manejado como «secreto de Estado». El 1 de mayo encabezó una manifestación del régimen frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, en donde se veía débil y con problemas para caminar.

Una grabación clave

Este 20 de mayo Estados Unidos hizo formal la acusación en su contra por un crimen que ocurrió hace más de 30 años en aguas internacionales: el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, ataque en el que murieron cuatro hombres.
Raúl Castro era entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Esta constituye una acusación sin precedentes y reabre la responsabilidad penal del régimen cubano en un suceso que marcó uno de los momentos más tensos entre Washington y La Habana tras el fin de la Guerra Fría.
La acusación contiene, entre otros, una grabación de 11 minutos y 32 segundos en la que se escucha a Raúl Castro admitiendo haber impartido instrucciones para derribar las avionetas: «Yo decía que traten de tumbarlos arriba del territorio, pero ellos entraban en La Habana y se iban. (…) Claro, con un cohetazo de esos, avión-avión, lo que viene para abajo es una bola de fuego (…) que va a caer arriba de la ciudad. (…) Bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; y no consulten los que tienen las facultades».
Durante una conferencia de prensa celebrada en Washington este miércoles, la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, muy combativa contra el régimen cubano desde hace décadas, calificó la imputación como «el principio del fin» de la lucha contra el castrismo.

La crisis política y social boliviana escaló este miércoles a un conflicto diplomático después de que el Gobierno de Bolivia expulsara a la embajadora de Colombia, Elizabeth García Carrillo, acusando al presidente Gustavo Petro de intervenir en asuntos internos del país y respaldar … políticamente las protestas que exigen la renuncia del mandatario Rodrigo Paz.
La decisión, anunciada por el ministro de Exteriores Fernando Aramayo, marca la mayor tensión diplomática entre ambos países en años y ocurre en medio de una ola de bloqueos, enfrentamientos violentos, desabastecimiento y creciente presión internacional sobre Bolivia, que atraviesa su tercera semana consecutiva de conflictividad social.

«Efectivamente, la embajadora fue declarada persona ‘non grata’ ante las insistentes declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro de injerencia en política interna boliviana», afirmó Aramayo.

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Ronald Catari

El Gobierno boliviano sostiene que las movilizaciones dejaron de ser protestas de sectores sociales y se transformaron en una estrategia política destinada a provocar la caída de Rodrigo Paz, quien asumió el poder hace apenas seis meses tras imponerse en las elecciones generales de 2025.
El Gobierno, además, asegura que detrás de la conflictividad existen sectores radicales vinculados al expresidente Evo Morales, organizaciones afines al evismo y estructuras relacionadas con economías ilícitas y el narcotráfico.

«Insurrección popular»

La crisis diplomática se desató después de que Gustavo Petro afirmara que Bolivia atraviesa una «insurrección popular» y ofreciera a Colombia como mediador para buscar una salida política. El mandatario colombiano cuestionó además la postura del Gobierno boliviano frente a las protestas y pidió evitar la represión contra los movilizados.
«Si por proponer un diálogo y una intermediación sacan a la embajadora, es porque se está pasando a extremismos que pueden llevar a una situación muy difícil al pueblo boliviano», declaró Petro en medios de ese país.

Agentes de policía, desplegados en los alrededores de la sede presidencial para protegerla de las protestas.

(AFP)

El presidente colombiano advirtió incluso sobre el riesgo de una «masacre» si no se abre un «gran diálogo nacional» y pidió que no existan «presos políticos» en América Latina. Petro también rechazó que se vincule al movimiento cocalero boliviano con el narcotráfico y salió públicamente en defensa de Evo Morales.
Las declaraciones fueron interpretadas como una validación política de las movilizaciones y como respaldo indirecto a sectores que el Gobierno considera desestabilizadores.

«Que venga el señor Petro, que aterrice en el Chapare, que tome de la mano al señor Morales y lo traiga para que declare»

miFernando Aramayo
Ministro de Exteriores de Bolivia

La respuesta boliviana fue inmediata. El canciller Fernando Aramayo acusó a Petro de actuar políticamente en favor de Evo Morales y desafió públicamente al mandatario colombiano a trasladarse al Chapare para convencer al exmandatario boliviano de presentarse ante la Justicia.
«Que venga el señor Petro, que aterrice en el Chapare, que tome de la mano al señor Morales y lo traiga para que rinda declaración», afirmó Aramayo.
Morales enfrenta procesos judiciales en Bolivia relacionados con un caso de presunto estupro y trata de menores, además de ser señalado por el Gobierno como uno de los principales articuladores políticos de las protestas que actualmente cercan La Paz.
Aramayo sostuvo además que Petro difunde información falsa sobre una supuesta represión estatal y aseguró que las fuerzas de seguridad actuaron únicamente con fines disuasivos frente a hechos de violencia.

Contra el orden constitucional

El canciller boliviano insistió en que el Gobierno no negociará con sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz porque considera que esa demanda representa una amenaza contra el orden constitucional.
El propio Rodrigo Paz endureció este miércoles el discurso contra Gustavo Petro y defendió la expulsión de la embajadora colombiana, aunque marcó distancia entre el mandatario colombiano y el pueblo de ese país. «Yo viví exiliado en Colombia y Bogotá fue mi cobijo. Entre Bolivia y Colombia son históricas nuestras relaciones», afirmó Paz.

Camiones cisterna bolivianos esperan en un centro logístico de combustible a que se estabilicen las condiciones en Bolivia, en San Antonio, Paraguay.

(Reuters)

Sin embargo, acusó a Petro de actuar movido por afinidades ideológicas. «La conducta de Petro es reprochable», sostuvo. El mandatario boliviano afirmó además que el presidente colombiano «cree que está por encima de las relaciones» entre ambos países.
«No podemos aceptar tremenda injerencia», señaló. Paz aseguró que las declaraciones del mandatario colombiano representan «un ataque a la democracia boliviana» y por eso su embajadora «se va».

«Hipocresía diplomática»

El expresidente Evo Morales reaccionó a la expulsión de la embajadora colombiana y acusó al Gobierno boliviano de actuar con «hipocresía diplomática». Cuestionó que el Ejecutivo expulsara a la representante de Colombia mientras mantiene relaciones normales con Estados Unidos y otros gobiernos que respaldaron a Rodrigo Paz.
Mientras escalaba la tensión con Colombia, el Gobierno boliviano llevó la crisis al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Durante la sesión, el canciller Fernando Aramayo y el vicecanciller Carlos Paz Ide denunciaron un intento de «quebrantar el orden constitucional» mediante bloqueos coercitivos, violencia y presión política organizada.
Bolivia pidió además acompañamiento político internacional y solicitó a la OEA condenar cualquier forma de violencia y desestabilización.
El Gobierno boliviano denunció además que los bloqueos están afectando el acceso a alimentos, medicamentos, combustibles y servicios médicos, luego de que se registraran muertes de personas que no pudieron recibir atención oportuna debido al corte de rutas.

Apoyo de la OEA

La OEA expresó preocupación por la situación humanitaria y respaldó la institucionalidad democrática boliviana. El secretario general, Albert Ramdin, manifestó apoyo al «Gobierno democráticamente elegido» de Rodrigo Paz y pidió un diálogo inclusivo entre las partes.
La postura de la OEA coincidió con el respaldo expresado por Estados Unidos al Gobierno boliviano. Durante la sesión, el embajador estadounidense ante la OEA, Leandro Rizzuto Jr., manifestó preocupación por los bloqueos y condenó cualquier intento de alterar el proceso democrático mediante violencia o intimidación.
Días antes, el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, había ido incluso más lejos al afirmar que en Bolivia existe «un golpe de Estado en marcha». Landau sostuvo que las protestas responden a una alianza entre actores políticos y crimen organizado, una tesis que coincide con la narrativa impulsada por el Gobierno boliviano.
Washington pidió además a otros países de la región respaldar institucionalmente a Rodrigo Paz y evitar el avance de fuerzas «antiinstitucionales» vinculadas al crimen organizado.

Bloqueos activos

Mientras la crisis política y diplomática se profundiza, Bolivia enfrenta una situación interna cada vez más delicada. Según informes, más de 45 puntos de bloqueo permanecen activos en seis de nueve departamentos del país, el doble de los registrados al inicio de la semana. Hay denuncias de personas que son obligadas a bloquear con amenazas y multas.
La Paz, sede de gobierno, continúa siendo el principal foco de conflictividad, cercada por movilizaciones campesinas, sectores afines al evismo y organizaciones radicalizadas que exigen la renuncia presidencial.
Los enfrentamientos registrados en el centro paceño durante los últimos días dejaron policías heridos, ataques a periodistas, daños a infraestructura pública y privada, saqueos y agresiones a civiles. El Gobierno desplegó más de 2.500 efectivos policiales y reforzó la presencia militar en La Paz y El Alto, aunque descartó declarar el estado de excepción.
Entretanto, la iglesia Católica, organismos de derechos humanos y diversos sectores civiles insistieron en la necesidad de abrir un diálogo urgente para evitar una mayor escalada de violencia.