La presidencia del derechista José Antonio Kast en Chile cumplirá seis meses a comienzos de septiembre sin haber alcanzado la velocidad de crucero que él mismo anunciaba y que el contundente resultado electoral del 58,1% de los votos frente al 41,8% de la … candidata de izquierda, la comunista Jeannette Jara, parecía garantizar.
Kast ha mostrado cierta vulnerabilidad en su política de nombramientos, con la marcha ya de dos ministros, y se está atascando en la reforma legislativa sobre seguridad ciudadana que tenía que ser la estrella de su presidencia. Los sondeos muestran una aprobación presidencial del 28,9%, por debajo de sus antecesores en el arranque de sus mandatos.

El Gobierno de Kast introdujo en el Senado el pasado 17 de agosto una reforma constitucional para sacar adelante su Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, la cual contempla ocho modificaciones constitucionales. La más polémica de todas es la relativa al estado de excepción, que Kast quiere poder extender hasta 240 días sin intervención del Congreso. La limitación de libertades por tan largo tiempo, sin supervisión del Poder Legislativo, ha provocado críticas entre los partidos que, además del Partido Republicano dirigido por Kast, dan apoyo al Gobierno. Dirigentes de la Unión Demócrata Independiente y de Renovación Nacional han mostrado sus dudas; también se han expresado desde el Partido Nacional Libertario, que aunque no forma parte del bloque oficialista tampoco está integrado en la oposición.

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El propio Gobierno ha dado señales equívocas. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, han llegado a proponer, ante las dificultades que encontraban en el Legislativo, que la reforma se sometiera a plebiscito, algo que el presidente rechazó.
Los últimos días, Kast ha comenzado a sugerir que lo remitido al Senado no es más que un documento de partida sobre el que los partidos deberán alcanzar el mayor consenso posible para su aprobación. Para ello, ha admitido quitar a la tramitación el carácter de suma urgencia que se le había atribuido.

Prioridades de Kast

La propuesta legislativa parece menos madurada en el seno del Gobierno de lo que cabría pensar teniendo en cuenta que la seguridad fue una de las principales cartas jugadas por Kast en las elecciones de finales de 2025, en cuya primera vuelta se impuso a la candidatura de la derecha tradicional en parte por sus promesas de mano dura. Kast tomó posesión de la presidencia el 11 de marzo, insistiendo de nuevo en esa cuestión. Sin embargo, la entonces ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, no cumplió el plazo previsto para presentar su plan ante el Congreso. En mayo fue sustituida por Martín Arrau, quien debió acelerar la tramitación.

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Además de Steinert, Kast también cambió entonces a la ministra al frente de la Secretaría General del Gobierno, Mara Sedini, cuyo cargo acumuló el titular de Interior. En estos seis meses, se han cambiado a cinco subsecretarios –uno de ellos víctima del test de drogas impuesto a todos los altos funcionarios– y 32 secretarios regionales ministeriales que inicialmente formaban parte del organigrama ideado por Kast.
La prioridad en este comienzo de mandato también ha estado en el campo económico. El Gobierno ha logrado la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional, que reduce el impuesto de sociedades del 27% al 23% y flexibiliza el cómputo de la jornada de 40 horas semanales. Se trata de medidas que pueden tener un efecto positivo en los niveles de producción y productividad, pero que no gozan de popularidad, lo que ha contribuido a la baja nota obtenida por el Gobierno.

Demonizado como ultra, Kast está demostrando más moderación y prudencia de la que la propaganda contraria le atribuía.

La última encuesta de Pulso Ciudadana marca un rechazo de la actuación del Ejecutivo del 56,6% y una aprobación del 28,9%; el 49,5% cree que el país está peor que hace un año. En cuanto a la controversia en torno al nuevo plan de seguridad, el 58% de los chilenos se pronuncia contra la propuesta de estado de excepción, según el instituto Cadem. Ha habido aceptación, en cambio, de la propuesta de rebajar a los 17 años la edad para el ingreso en el cuerpo de Carabineros.
El hecho de tomarse más tiempo para intentar materializar las promesas que le llevaron al Gobierno no tendría por qué afectar negativamente al Gobierno. Demonizado como ultra, Kast está demostrando más moderación y prudencia de la que la propaganda contraria le atribuía.

Esta iniciativa empezó hace un año como el proyecto estrella del ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, para combatir la lacra del narcotráfico. La primera prisión de alta seguridad para narcotraficantes abrió a finales de julio de 2025 en Vendin-le-Veil, en el … norte de Francia. Tiene como finalidad encerrar en un mismo centro, bajo estrictas condiciones de seguridad, a una parte de los criminales más peligrosos del país vecino. Su objetivo principal consiste en evitar que esos presidiarios continúen con su actividad delictiva entre rejas, donde consiguen droga o teléfonos móviles a través de drones.
Un año después de la apertura de la prisión especial en Vendin-le-Veil, Francia cuenta con tres prisiones de este tipo. La más reciente acogió a sus primeros detenidos este mes en el sur de la región parisina. El Ministerio de Justicia ha previsto la creación en los próximos meses de otras tres zonas especiales parecidas, dos de ellas en el sureste del territorio galo y una última en Guyana, en América Latina. Espera que a finales de este año haya 200 presidiarios en los centros penitenciarios de alta seguridad.

«Este sistema de detención ha demostrado su eficacia», aseguró Vanessa Perrée, la fiscal nacional contra la criminalidad organizada, cuyo cargo fue creado gracias a una ambiciosa ley para combatir el narcotráfico, aprobada a principios del año pasado. «Ha servido para impedir el uso de teléfonos móviles, cualquier comunicación con el exterior y, por lo tanto, la continuidad de sus actividades delictivas. Ya no pueden continuar con el tráfico de estupefacientes desde sus celdas. Un año después de haberlo impulsado, solo vemos ventajas en este modelo», añadió en declaraciones al diario ‘Le Figaro’.

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El infierno de los inocentes detenidos

Diego Sáenz

«Vulneraciones graves»

Pese a este balance tan positivo por parte del Gobierno, estas prisiones especiales, inspiradas en las cárceles de alta seguridad en Italia, sufrieron un revés judicial a finales de julio. El Tribunal Administrativo de Caen exigió al Ministerio de Justicia que acabara con «los comportamientos contrarios a la deontología» de los agentes penitenciarios de una de estas prisiones. Según los magistrados, en la cárcel antinarcos de Condé-sur-Sarthe «hubo vulneraciones especialmente graves de los derechos y la integridad de los detenidos».

«Ha servido para impedir el uso de teléfonos móviles, cualquier comunicación con el exterior. Ya no pueden continuar con el tráfico de estupefacientes desde sus celdas»

Vanessa Perrée
Fiscal de crimen organizado

Esa decisión judicial no solo salpicó la reputación del proyecto emblemático de Darmanin, sino que también reflejó la delicada frontera entre medidas estrictas para delincuentes peligrosos y la vulneración del respeto de la dignidad humana. Estas unidades especiales fueron concebidas como prisiones con regímenes parecidos al aislamiento, celdas individuales, salidas muy restringidas fuera de la celda y, sobre todo, un control mucho más minucioso —con puertas de rayos X para controlar aquellos que los visitan de manera puntual— por parte de los funcionarios que en la mayoría de los centros penitenciarios franceses. El país vecino sufre un grave problema de hacinamiento carcelario, con tasas de ocupación superiores al 170%, lo que dificulta la vigilancia de los detenidos.
«La situación entre Vendin-le-Veil y Condé-sur-Sarthe es el día y la noche», afirma Dominique Simonnot, la controladora general de los lugares de privación de libertad, un cargo estatal independiente y que supervisa las condiciones de los presidiarios. En una entrevista para este medio, subraya que mientras la primera de estas prisiones para narcos funciona correctamente y se respeta la dignidad de los presidiarios, en la segunda «hay actitudes perversas». «Cuando visité Condé-sur-Sarthe, quedé muy impactada al haber visto allí cosas preocupantes», añade.

Golpes, cacheos integrales y bromas sobre nazismo

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«Varios detenidos me dijeron haber sido víctimas de golpes y otro tipo de agresiones físicas. (…) Algunos de ellos aseguran haber sufrido malos tratos durante los cacheos integrales —los registran completamente desnudos y varias veces cada semana—», comenta el abogado Vincent Brengarth, que, junto con otros letrados, impulsó el recurso judicial que ha puesto en aprietos al Ministerio de Justicia. En un extenso informe, elaborado con testimonios de los presidiarios, pero también de funcionarios del polémico centro, la controladora general denunció que los vigilantes «gritan a primera hora de la mañana, dan golpes en las puertas de los detenidos y los insultan constantemente».
«Me explicaron que hubo vigilantes que gritaron: ‘Estamos en el Tercer Reich’ y ‘Aquí mandan los nazis’», comenta Simmonot sobre unas bromas de mal gusto por parte de los agentes, que en esa prisión siempre van encapuchados. Según la controladora general, algo que también le chocó fue el uso de «una técnica de aplacamiento muy agresiva». «Cuando visité ese centro por primera vez, me impactó la falta de comunicación humana. Algunos vigilantes solo se comunican con los detenidos dándoles órdenes y con frases muy breves, lo que favorece su deshumanización», critica Brengarth.
El Tribunal de Caen validó estas críticas con su sentencia a finales del mes pasado. Tras esa decisión, el Ministerio de Justicia la recurrió y espera que otro tribunal se pronuncie en segunda instancia. Otro veredicto en el mismo sentido pondría en aprietos a Darmanin y su medida estrella para combatir el narcotráfico.

«No echo nada de menos», afirma Dirk Schrödter, ministro de digitalización del estado federado alemán de Schleswig-Holstein. A través de una videollamada con OpenTalk, una alternativa alemana a Teams de Microsoft, explica cómo, en los últimos dos años, ha trasladado a unos 30. … 000 funcionarios del Estado de las herramientas de colaboración y productividad de la empresa estadounidense a alternativas de código abierto. Ahora ha iniciado el proceso de migrar al personal de Windows a Linux, un sistema operativo de código abierto. Esta medida ha llamado la atención de autoridades de otros lugares que también desean romper sus vínculos con los gigantes tecnológicos estadounidenses. «Cada semana recibimos preguntas de otros estados, ciudades y gobiernos tanto de dentro como de fuera de Europa», afirma.
El creciente interés por el software de código abierto refleja una nueva realidad geopolítica. Estados Unidos lleva mucho tiempo utilizando su poderío comercial para perjudicar a sus enemigos, por ejemplo, imponiendo sanciones contra Irán y Rusia. Sin embargo, ahora incluso los aliados temen que pueda cortarles el acceso a tecnologías críticas —o, al menos, amenazar con hacerlo durante, por ejemplo, una negociación comercial—.

Los gobiernos extranjeros están analizando hasta qué punto su capacidad de funcionamiento depende de los proveedores estadounidenses. Los temores se avivaron el pasado mes de mayo cuando Karim Khan, entonces fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, perdió el acceso a su cuenta de correo electrónico de Microsoft después de que el presidente Donald Trump impusiera sanciones a la Corte por haber dictado una orden de detención contra Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel —Microsoft afirma que no interrumpió su servicio—. Otro sobresalto se produjo este mes de junio, cuando Trump obligó a Anthropic, un laboratorio de inteligencia artificial, a cortar temporalmente el acceso a sus últimos modelos en países extranjeros. Los aliados de Estados Unidos también tomaron nota cuando el país suspendió en dos ocasiones el suministro de armas a Ucrania el año pasado.

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Las empresas estadounidenses obtienen una pequeña parte de los contratos licitados por gobiernos extranjeros. Sin embargo, sus productos y servicios suelen ser fundamentales para funciones gubernamentales críticas. Por ello, se están llevando a cabo diversas iniciativas para reducir la dependencia de los proveedores estadounidenses y fomentar alternativas nacionales. En muchos casos, no obstante, hacerlo resultará enormemente difícil.
Europa, en particular, se ha convertido en el epicentro de los esfuerzos para expulsar a las compañías estadounidenses de las cadenas de suministro de la administración pública. El ejecutivo francés tiene previsto abandonar Teams y quiere migrar algunos ordenadores a Linux. Las administraciones locales, entre ellas las ciudades de Reus, en España, y Aarhus, en Dinamarca, han recurrido a proveedores europeos de servicios en la nube como Nextcloud y Hetzner, ambos de Alemania. En junio, la Comisión Europea dio a conocer un plan para impulsar la «soberanía tecnológica» del continente que, entre otras cosas, tiene como objetivo trasladar el procesamiento de datos gubernamentales sensibles a dichos proveedores. El año pasado, España canceló un pedido de aviones de combate F-35, suministrados por la empresa estadounidense Lockheed Martin. Los políticos británicos están instando al primer ministro a aplicar una cláusula de rescisión en un contrato entre Palantir, una empresa estadounidense de análisis de datos, y el Servicio Nacional de Salud.
Nuestras estimaciones sugieren que, a nivel agregado, las empresas estadounidenses representan una parte modesta del gasto público en el extranjero. Calculamos que, de los 25 billones de dólares en ventas generadas el año pasado por las empresas estadounidenses que cotizan en bolsa, quizá 500.000 millones de dólares (o el dos por ciento) procedieron de gobiernos extranjeros. Esto equivale aproximadamente al siete por ciento de la contratación pública en los países de la OCDE, excluido Estados Unidos, que representan una abrumadora mayoría del gasto.

Información y defensa

Algunos países son más dependientes que otros. Si nos basamos en el número de contratos públicos adjudicados a empresas estadounidenses el año pasado, Australia (el seis por ciento de los contratos) y el Reino Unido (el cuatro por ciento) son más dependientes que Francia (el dos por ciento) y Alemania (el uno por ciento), según cifras de TenderAlpha, un proveedor de datos.
Sin embargo, las empresas estadounidenses desempeñan un papel desproporcionado en áreas críticas de la administración pública. Estimamos que aproximadamente dos quintas partes del volumen de negocio que las empresas estadounidenses generan con gobiernos extranjeros corresponde a los sectores de las tecnologías de la información y la defensa. —los productos farmacéuticos y los equipos médicos, adquiridos por los sistemas de salud públicos de todo el mundo, constituyen otra parte importante—.
A menudo, esto se debe a que hay pocas alternativas válidas. Alphabet, Amazon y Microsoft controlan dos tercios del mercado mundial de la computación en la nube, según Synergy Research, una empresa de análisis. Forrester, otro grupo de investigación, calcula que los proveedores estadounidenses representan entre siete y nueve de los diez mayores proveedores en la mayoría de los segmentos del software empresarial.

Los gobiernos que desean el sistema de defensa aérea más avanzado deben recurrir a Lockheed y RTX

Los sustitutos que existen suelen ser de menor calidad. A veces, la pérdida es insignificante: en OpenTalk, los usuarios no pueden enviar emojis que vuelen por la pantalla. Sin embargo, otras carencias son más graves. LibreOffice, el paquete de software de productividad de código abierto por el que se están decantando muchos gobiernos, carece de las funciones de inteligencia artificial que ofrece Microsoft, una debilidad que no hará más que acentuarse a medida que avance la tecnología. OVHcloud, proveedor francés de computación en la nube que es la mayor empresa de este tipo de Europa, genera aproximadamente una centésima parte de los ingresos de Amazon Web Services, lo que le dificulta competir en precio o mantenerse al día en materia de innovación. Del mismo modo, los gobiernos que desean el sistema de defensa aérea más avanzado deben recurrir a Lockheed y RTX, otro fabricante de armamento estadounidense, que juntos producen el Patriot.
Los costes del cambio también pueden ser elevados. Lockheed suministra aviones F-35 a gobiernos desde Noruega hasta Bélgica. Estos países podrían optar en su lugar por un avión europeo, como el Rafale o el Typhoon, aunque sean menos avanzados. Sin embargo, eso requeriría una profunda reorganización operativa, que incluiría la recapacitación de pilotos y personal de apoyo, así como la sustitución de los arsenales de armas —algo difícil de vender cuando ya se han gastado enormes sumas en los aviones de Lockheed—.
O pensemos en los sistemas de historiales de pacientes en los hospitales. El elevado coste de cambiar a un nuevo proveedor es, en parte, la razón por la que el Parlamento noruego votó en junio a favor de seguir utilizando Epic, un proveedor estadounidense de bases de datos sanitarias, a pesar del descontento de los médicos con el producto.

Las empresas estadounidenses que venden a gobiernos extranjeros suelen depender de cadenas de suministro globales

La dependencia de las empresas locales respecto a los proveedores estadounidenses complica aún más las cosas. Roy Illsley, de Omdia, otra empresa de investigación, señala que gran parte del software que utiliza OVHcloud procede de VMware, propiedad de Broadcom, una empresa estadounidense.
Los gobiernos que rechazan a los proveedores estadounidenses corren el riesgo de irritar a su tempestuoso presidente, lo que podría convertir a la superpotencia en un aliado aún menos fiable. Pieter Wezeman, del SIPRI, un centro de estudios de Estocolmo, señala que, en julio, Dinamarca se decantó por aviones de patrulla marítima fabricados por Boeing, un gigante aeroespacial estadounidense, en lugar de por alternativas europeas, lo que interpreta como una señal de que el país no quiere distanciarse de Estados Unidos a pesar de los enfrentamientos por Groenlandia.
A modo de consuelo, los aliados de Estados Unidos deberían recordar que existen numerosas dependencias en sentido contrario. Gran parte del gobierno federal de Estados Unidos funciona con software proporcionado por la empresa alemana SAP. Y las empresas estadounidenses que venden a gobiernos extranjeros suelen depender de cadenas de suministro globales. La parte trasera del fuselaje de cada F-35 la fabrica BAE Systems, un fabricante de armamento británico, en Lancashire. Los chips más avanzados utilizados en la computación en la nube se fabrican en instalaciones gestionadas por TSMC, una empresa taiwanesa, utilizando equipos de ASML, una compañía neerlandesa. A los aliados de Estados Unidos les convendría centrarse en hacerse aún más indispensables.