Calama sería la cuarta y última escala del helicóptero Puma que transportaba al general Sergio Arellano Stark y sus secuaces. En pocas horas decidieron la suerte de 26 prisioneros. Casi todos habían sido condenados en consejos de guerra a penas de prisión. Sólo seis estaban con un proceso abierto y sin condena.Los prisioneros fueron rematados con cuchillos y enterrados en un lugar desconocido. En enero de 1987 llegué a Calama y acompañé a varios familiares en sus rutas semanales por el desierto de Atacama, el más seco del mundo, en búsqueda de la fosa. Los servicios secretos del dictador Augusto Pinochet nos seguían a todas partes.Aquellas mujeres, esposas, madres, hermanas, de los desaparecidos consiguieron que me hospedara en la Pastoral Obrera de Calama, un lugar más seguro que cualquier hostal, y evitar que me dieran un susto en pleno estado de Emergencia tras el atentado contra el sanguinario dictador ocurrido varios meses antes.En venganza por los cinco escoltas muertos en el atentado, la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismo de inteligencia del estado, secuestró y asesinó a varias personas, entre ellas al periodista José Carrasco. Quince minutos después de sacarlo de su casa delante de su mujer y sus tres hijos adolescentes, lo acribillaron con catorce disparos de una pistola semiautomática.Muchos años después conseguí entrevistar a Fernando Reveco Valenzuela, presidente de los consejos de guerra en Calama, que sólo emitió penas de encarcelamiento porque estaba totalmente en contra de la pena de muerte igual que el jefe del regimiento, el coronel Eugenio Rivera. Además, los consejos de guerra, me dijo, se establecen para juzgar delitos en tiempos de guerra y en Calama no había ninguna guerra.Me contó que «Calama era un oasis geográfico y de paz aquel 11 de setiembre de 1973 sin que nadie disparase contra nosotros o intentase algún acto de sabotaje». Al mando de un batallón reforzado este oficial dirigió la toma de la mina de cobre de Chuquicamata y de la fábrica de armas sin disparar un solo tiro. «Ellos se oponían al golpe de Estado, pero llevaban una media de 23 años trabajando en el lugar. ¡Cómo iban a dinamitar sus fuentes de trabajo!», me explicó.Poco después de dictar las penas y 20 días antes de los fusilamientos, «me ordenaron regresar a Santiago por orden de la junta militar y sin darme ningún motivo fui detenido, torturado (me lo contó con lágrimas en ojos) y trasladado a una prisión militar donde pasé un año y tres meses». En los distintos cuerpos de las Fuerzas Armadas se estaban haciendo limpieza de oficiales que no fueron lo suficientemente duros con los prisioneros. Algunos oficiales de la Fuerza Aérea fueron brutalmente torturados.Este oficial fue condenado por un delito de «falta de rigor», sin tipificar en el código de justicia militar. Al ser teniente coronel, el tribunal militar que lo juzgó debía haber estado formado por generales y, en cambio, hubo integrantes de menor graduación. El general que ratificó la condena fue curiosamente Arellano Stark, que ya era el jefe de la guarnición de Santiago, la capital chilena, y que había dirigido la comitiva militar y criminal llamada Caravana de la Muerte.»Lo peor es que perdí la fe en algo tan valioso como era el servicio a la patria después de pasar 23 años en el ejército, desde los 15 años», me relató aunque, subrayó, que «yo puedo dormir con la conciencia tranquila». Me dijo una frase premonitoria hace más de un cuarto de siglo que se ha cumplido hasta hoy: «El ejército como institución nunca emitirá un mea culpa ya que hay mucha gente involucrada en los crímenes».Durante 17 años, los familiares buscaron los cuerpos en el desierto. Excavaron en una decena de lugares y llegaron a encontrar un cementerio indígena. A principios de los noventa, un testigo de la inhumación ilegal indicó el lugar exacto de la fosa clandestina, situada a 14 kilómetros de Calama. Pero la fosa había sido removida unos años antes. Los pocos restos encontrados fueron enterrados en un nicho común.Años después los familiares supieron que había unos fondos especiales para analizar las osamentas y determinar las identidades de las víctimas. Pudieron identificar a 13 de los 26 fusilados con unas pocas mandíbulas destrozadas y alguna clavícula encontradas. Pero permitió asegurar que, al menos, 13 de ellos habían sido asesinados. Los casos de los otros 13, que seguían desaparecidos, sirvieron a la Corte Suprema para aprobar el desafuero de Pinochet en agosto de 2000.Violeta Berrios, compañera de Mario Argüelles, recibió algunos restos de su cuerpo. «Hemos vivido alrededor de la muerte desde que fueron fusilados y escondidos, pensando más en ellos que en nosotras», me contó hace 26 años delante de la tumba clandestina. Estaba inconforme con recibir unos pocos huesos. «Lo quiero todo o nada», comentó. Recordó que la forense le dijo que Mario estaba entre los restos. Ni siquiera preguntó qué partes se habían encontrado. Huyó, lloró por las calles, se equivocó de autobús. Sintió un gran vacío. «Tienes una imagen de una persona y te muestran unos huesos y una se resiste a aceptar que eso pertenezcan a tu ser querido», explicó.No tuvo tiempo para rehacer su vida porque la búsqueda se convirtió en el único objetivo. «Salíamos a buscarlos con palas y picos con la seguridad que esa vez los íbamos a encontrar y regresábamos desilusionadas», narró. No tuvo hijos ni nietos. Era imposible encontrar otra pareja: «Ningún hombre aceptaría a una persona cuyo corazón y pensamientos está en la pampa».Hoy Violeta tiene 88 años y sigue anclada en la lucha por la memoria de las víctimas de Calama. Está recopilando toda la información para publicar un libro definitivo sobre el drama de esta ciudad norteña. Me pide que intente conseguir que el cantante Víctor Manuel les escriba el prólogo. Su canción, Mujer de Calama, compuesta antes de encontrarse la fosa, es mítica en esta ciudad: «Les dieron muertes de perro hasta ocultaron los huesos…».La lucha de Violeta y sus compañeras consiguieron reparaciones judiciales e indemnizaciones del estado chileno a cónyuges, hijos y hermanos de las víctimas. El poder judicial ratificó que estos crímenes era de lesa humanidad e imprescriptibles tanto en el ámbito penal como en el civil. La Corte Suprema dictó sentencias de presidio para los exoficiales y miembros del ejército responsables de los delitos de secuestro, homicidio calificado y exhumación ilegal de los cuerpos de las víctimas.Los familiares directos tiene acceso prioritario al llamado Programa de Reparación y Atención Integral del Ministerio de Salud, que incluye «atención y rehabilitación médica, farmacéutica, asistencia psicológica y contención del daño transgeneracional derivado de la represión política».
