La junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2021 anunció este jueves una amnistía para más de 1.500 presos y procedió a reducir las penas impuestas contra algunos de ellos, entre los que se encuentra la exlíder ‘ … de facto’ del país y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi.
Así, su condena ha sido reducida un sexto del tiempo total que debía pasar en prisión, tal y como han confirmado sus abogados, que han recordado que la política birmana lleva encarcelada desde la asonada militar y que le quedan otros 18 años de pena por delante hasta cumplir con toda su condena.

El nuevo presidente de Birmania y líder de la junta, Min Aung Hlaing, ha detallado en un comunicado recogido por la cadena estatal MRTV que ha «conmutado el resto de la condena para que la cumpla en la residencia designada», sin dar más detalles al respecto.

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Suu Kyi, que fue sometida a varios juicios y tiene 80 años, fue condenada a un total de 33 años de prisión por diversos delitos, que van desde corrupción hasta fraude electoral, pasando por violar la ley de secretos oficiales. Sus seguidores denuncian que todos los cargos que se le impusieron estaban «políticamente motivados» y tenían como objetivo «dejarla fuera de la esfera política».
La sentencia fue posteriormente reducida a 27 años, y ha sido sometida a otra medida similar a mediados de abril, cuando la junta anunció otra amnistía que propició la liberación del que fuera uno de sus principales aliados, el expresidente Win Myint. Ahora, esta nueva reducción de la pena tiene lugar a medida que las autoridades anuncian nuevas medidas de amnistía.
De momento, se desconoce dónde se encuentra encarcelada Suu Kyi, y no ha sido vista en público desde los juicios, por lo que ni su equipo legal ni su familia han podido visitarla, según informaciones recogidas por el portal de noticias Irrawaddy.
El líder de la junta ha estado haciendo frente a la creciente presión internacional respecto a la liberación de los presos políticos desde la celebración de las últimas elecciones, incluso por parte de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), con la que busca retomar el diálogo tras haber sido excluido de las cumbres.
El país, que se encuentra sumido en un largo conflicto armado, fue a las urnas el pasado mes de enero para elegir la composición de la nueva Cámara, que tendrá ahora que votar al nuevo presidente, un cargo que el actual jefe de la junta, Min Aung Hlain, espera ratificar.
El golpe de 2021 fue perpetrado por el Ejército para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi se hizo con la mayoría parlamentaria. Los militares argumentaban que había habido fraude, una afirmación cuestionada por observadores internacionales.
La asonada se vio seguida por una dura campaña de represión contra opositores, activistas y manifestantes. A las protestas se ha sumado un repunte de los enfrentamientos entre el Ejército y diversos grupos rebeldes en varios estados del país, especialmente en zonas del noreste, cerca de la frontera con China, y en el estado de Rajine (oeste).

La fiscalía federal de Washington compartió este jueves un vídeo donde se muestra a Cole Allen, el acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado, disparando contra un agente del Servicio Secreto antes de ser detenido.»Hoy, estamos publicando el video ya presentado ante la Corte de Distrito de EE. UU. que muestra a Cole Allen disparando a un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos», dijo la fiscal Jeanine Pirro en una publicación acompañada por las imágenes en su cuenta oficial de X.Pirro agregó que «no hay evidencia de que el tiroteo fuera resultado de fuego amigo».Las imágenes compartidas por la fiscal también muestra a Allen el día anterior al ataque merodeando la zona donde se realizó la cena.Allen, un profesor de California de 31 años, compareció este jueves en una audiencia de unos 15 minutos en la que comunicó a la jueza del Distrito de Columbia Moxila Upadhyaya que renuncia a impugnar su permanencia en la cárcel, una medida cautelar solicitada por la fiscalía.Los abogados del acusado solicitaron a la jueza modificar las condiciones penitenciarias de Allen, quien permanece recluido 24 horas al día en una celda de aislamiento, una medida que consideran desproporcionada. La magistrada, sin embargo, respondió que carece de autoridad sobre este asunto.Allen enfrenta de momento un cargo por intentar matar al presidente, un delito que puede acarrear cadena perpetua, y otros dos relacionados con el transporte y el uso de armas, aunque la fiscalía anunció este jueves que planea presentar «muchos más» cargos en su contra.El acusado intentó irrumpir armado en el salón del hotel Washington Hilton, donde se celebraba una gala con presencia de Trump, la primera dama, Melania; el vicepresidente, JD Vance; el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; y varios miembros del Gobierno.Había además en la sala unos 2.000 invitados, entre periodistas, diplomáticos y empresarios.Según el relato de la fiscalía, Allen corrió a gran velocidad, burló el arco de metales de un control de seguridad, se dirigió hacia las escaleras que conducen al salón de baile y disparó con una escopeta.Agentes del Servicio Secreto respondieron con cinco disparos y Allen cayó al suelo y fue reducido, aunque no sufrió impactos de bala.El incidente no dejó víctimas, aunque los disparos provocaron la evacuación de Trump y el resto de autoridades, además de desatar el pánico entre algunos de los asistentes.

Al menos 36 barcos de la Flotilla Global Sumud a Gaza —una iniciativa civil pacífica y humanitaria destinada a llamar la atención de la comunidad internacional sobre la catástrofe humanitaria— lograron evitar este jueves el bloqueo de las Fuerzas de Seguridad israelí en aguas internacionales a 1.200 kilómetros de su destino y prosiguen con su viaje.El ejército israelí interceptó 22 de las 58 naves de la Flotilla al oeste de la isla griega de Creta y transbordó a los activistas a un barco israelí, y para después ser desembarcados en Creta (Grecia). Según han relatado desde una de las embarcaciones que prosigue su ruta, soldados israelíes abordaron sus embarcaciones con zodiacs y «apuntaron con armas semiautomáticas y con láser y les obligaron a ponerse de rodillas en la proa». Una treintena de españoles figuran entre los 175 activistas detenidos por Israel en el mar.El Gobierno griego confirmó este jueves que los 175 pasajeros de las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud trasladados a un buque israelí tras ser interceptados en el mar desembarcarían en territorio heleno, aunque no había precisado que sería en Creta.La Flotilla quiere llegar a Gaza a mediados de mayoUna de las activistas a bordo de las embarcaciones no bloqueadas por Israel, la española Alba, ha explicado este viernes a RTVE que la actuación del Ejército de Israel ha obligado al resto de embarcaciones a revisar los protocolos de seguridad y junto con la previsión de una tormenta ha modificado sus planes de viaje: «Hablábamos de que, si todo iba bien, llegaríamos a Gaza sobre el 9 de mayo, pero como tenemos que estar rehaciendo la seguridad, afrontamos una tormenta, y estamos aguas griegas, hasta mediados de mayo no llegaremos», ha asegurado.»Cuando los gobiernos no hacen nada y las instituciones internacionales son cómplices pasivos, esto es lo mínimo que podemos hacer por respeto a los derechos humanos y por los 70.000 asesinatos de gazatíes desde 2023, más de 20.000 de ellos niños», ha explicado la activista. Según su testimonio, el objetivo de la Flotilla es «forzar a la reapertura del corredor marítimo para poder hacer llegar ayuda a Gaza», ante su bloqueo «ilegal» por parte de Israel «por tierra, mar y aire».Condena internacionalMientras tanto, las autoridades griegas lograron que las autoridades israelíes desembarcaran a los activistas detenidos en un lugar «seguro» en Grecia, señaló el Ministerio de Exteriores heleno en un comunicado.  Guiada por el derecho internacional y por razones humanitarias, y como «factor de estabilidad en la región», Grecia «pidió a Israel que retirara sus buques de la zona», indicó el Ministerio. Al mismo tiempo, el país heleno «ofreció sus buenos oficios comprometiéndose a acoger a las personas a bordo en su territorio y garantizar su regreso seguro a sus países».  Por su parte España y otros diez países condenaron de manera enérgica los ataques israelíes contra la Flotilla Global Sumud, así como la detención «ilegal» de los activistas humanitarios en aguas internacionales, e instaron a las autoridades israelíes a su liberación inmediata. Lo han hecho en un comunicado conjunto, difundido por el Ministerio de Exteriores de España, el ministro José Manuel Albares y sus homólogos de Turquía, Brasil, Jordania, Pakistán, Malasia, Bangladés, Colombia, Maldivas, Sudáfrica y Libia. En la nota, los once países remarcan que la Flotilla Global Sumud es una iniciativa civil pacífica y humanitaria destinada a llamar la atención de la comunidad internacional sobre la catástrofe humanitaria en Gaza.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves que Israel ha vuelto a violar la legalidad internacional con el asalto a la flotilla de activistas que se dirigía a Gaza y ha vuelto a pedir a la UE que suspenda el acuerdo de asociación con ese país «ya».