En un día cualquiera en Florence, una localidad cercana a Phoenix, el personal de la oficina electoral está realizando un simulacro de mesa, un eufemismo para referirse a los preparativos ante el infierno electoral. El ejercicio consiste en imaginar todo tipo de calamidades —incendios, cortes … de electricidad, amenazas de bomba— y preparar planes alternativos. Los responsables siempre han contemplado escenarios apocalípticos, pero el simulacro de este año es más exhaustivo y abarca una gama más amplia de amenazas. ¿Qué deberían hacer, por ejemplo, si agentes federales se presentan en los colegios electorales? El personal repasa los protocolos. Los observadores del Departamento de Justicia pueden permanecer allí si presentan una acreditación oficial. De hecho, el gobierno ha anunciado que desplegará a 1000 personas por todo el país. Cualquier otro agente deberá marcharse, salvo que esté allí para votar. La ley de Arizona establece un perímetro de exclusión de 75 pies (unos 25 metros) alrededor de los centros de votación. «Si se niegan a marcharse, es entonces cuando el escenario hipotético se convierte en una situación real», afirma un trabajador electoral de la oficina del secretario del condado de Pinal, al que pertenece Florence. En otras palabras: llamar al sheriff.
Pinal es un condado de mayoría republicana. Una parte del condado se encuentra en el sexto distrito congresional de Arizona, uno de los numerosos distritos donde las elecciones a la Cámara de Representantes estarán muy disputadas en los comicios de mitad de mandato del 3 de noviembre. Nuestro pronóstico apunta a que los demócratas recuperarán el control de la Cámara y posiblemente también el del Senado. La preocupación de fondo es que Donald Trump intente subvertir los resultados legítimos de las elecciones.

Su intento de revertir la derrota de 2020 puso de manifiesto los numerosos puntos vulnerables del sistema electoral descentralizado de Estados Unidos y hasta dónde podría llegar para presionar a quienes lo administran. Hasta ahora, sus numerosos intentos de intervenir este año han tenido escaso efecto, ya que el Congreso y el Tribunal Supremo han frenado sus esfuerzos por modificar las normas electorales. Las elecciones las organizan los estados, no el gobierno federal, y las normas se mantienen en su mayor parte sin cambios respecto a ciclos electorales anteriores. Sin embargo, el poder ejecutivo ha pasado de contribuir a garantizar la integridad electoral a socavarla, y en noviembre el sistema volverá a ponerse a prueba.

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Algunos cambios no consisten en una interferencia directa, sino en retirar apoyos. El año pasado, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA) dejó de sufragar los costes de las administraciones locales por participar en un servicio de intercambio de información sobre ciberamenazas. La participación en el programa ha caído aproximadamente dos terceras partes. Según Geoff Hale, antiguo miembro de la CISA, esto aumenta las probabilidades de que los ciberataques se propaguen. «Si una jurisdicción sufre un ataque y sus sistemas quedan comprometidos, o consigue repelerlo pero no comparte información sobre él, las demás jurisdicciones electorales siguen siendo igual de vulnerables». Asimismo, según se informa, el FBI no tiene previsto activar su centro de mando electoral, que en años anteriores supervisaba las amenazas y coordinaba la respuesta con los responsables locales.
Sin embargo, los responsables electorales ven cada vez más al gobierno federal como una amenaza, afirma Jonathan Miller, de Public Rights Project (PRP), una organización que litiga en nombre de los gobiernos locales. A principios de este año, el Departamento de Justicia anunció que procesaría a los funcionarios que permitieran votar a personas que no sean ciudadanas estadounidenses. Este tipo de fraude electoral es extremadamente raro, pero el temor a que voten personas sin ciudadanía alimenta el mito del fraude electoral generalizado. Esa es la razón por la que los activistas del movimiento MAGA quieren que se aplique la legislación migratoria en los colegios electorales.
Su presencia sería ilegal: la legislación federal prohíbe que las autoridades envíen agentes armados a los centros de votación. En nombre de la ciudad de Denver, PRP ha demandado al Departamento de Seguridad Nacional para intentar impedir que algo así ocurra el día de las elecciones. La administración Trump afirma que no tiene intención de patrullar los centros de votación, pero que podría adoptar medidas específicas, como ejecutar órdenes de detención contra personas sospechosas de encontrarse ilegalmente en el país. Los demócratas temen que incluso la mera presencia de agentes cerca de los colegios electorales disuada de votar a las minorías, que tienden a apoyar a su partido. En una encuesta realizada por la Universidad de California en San Diego, una tercera parte de los hispanos afirmó que prevé ser interrogado en los colegios electorales pese a tener la ciudadanía estadounidense. Casi la mitad espera sufrir algún tipo de intimidación.

A vueltas con la cadena de custodia

La principal pesadilla de los expertos electorales es que Trump intente incautar equipos de votación o papeletas. Eso rompería la llamada «cadena de custodia», es decir, los controles que determinan quién puede manipular las papeletas y adónde se trasladan, para garantizar que todas sean contabilizadas. Si se pierde la cadena de custodia, resulta más difícil determinar si las papeletas han sido manipuladas. «Me sentiría muy incómodo al certificar esas papeletas», afirma Stephen Richer, antiguo secretario del condado de Maricopa, en Arizona. «Entonces empiezas a adentrarte en un terreno peligroso: ¿habría que convocar nuevas elecciones?».
Dos incidentes relacionados con elecciones anteriores han alertado a los demócratas sobre el riesgo de injerencia. En enero, el FBI registró una oficina electoral en el condado de Fulton, Georgia, y se llevó material de las elecciones de 2020. Después, en marzo, Chad Bianco, sheriff republicano del condado de Riverside, en California, confiscó papeletas emitidas en un referéndum estatal el año pasado. Tanto el FBI como Bianco alegaron la desinformación para justificar sus solicitudes de órdenes de registro.
¿Podría repetirse una maniobra similar en las elecciones de mitad de mandato de noviembre? Los incidentes anteriores se produjeron mucho después de que concluyeran las elecciones, no mientras se estaban celebrando. Ed Martin, un activista del movimiento MAGA, afirma que el presidente se reunió este mes con Tina Peters, una antigua secretaria del condado que fue encarcelada por permitir que un compañero negacionista electoral accediera sin autorización a las máquinas de votación en 2021. Su condena fue conmutada posteriormente por el gobernador demócrata de Colorado. Martin, que habló de la reunión de Peters con un entrevistador, ofreció esta críptica valoración sobre las elecciones de mitad de mandato: «el presidente tendrá que hacer lo que tenga que hacer».

Dos incidentes relacionados con elecciones anteriores han alertado a los demócratas sobre el riesgo de injerencia. En enero, el FBI registró una oficina electoral en el condado de Fulton, Georgia, y se llevó material de las elecciones de 2020. Después, en marzo, Chad Bianco, sheriff republicano del condado de Riverside, en California, confiscó papeletas emitidas en un referéndum estatal el año pasado

Las autoridades estatales y locales están en máxima alerta. Colorado exige ahora a los secretarios de los condados que documenten todas las actuaciones, para disponer de registros claros en caso de que un juez ordene retirar material que esté bajo su custodia. Una responsable electoral de un condado de Arizona afirma que se ha asegurado de que su proveedor de máquinas de votación disponga de equipos adicionales, por si los agentes federales incautan los existentes. Gabriella Cázares-Kelly, registradora del condado de Pima, en la frontera entre Arizona y México, afirma que los abogados de su jurisdicción tienen preparadas órdenes judiciales de protección por si se presentan agentes de inmigración. «Introducirían los datos, imprimirían el documento y se lo llevarían físicamente a un juez que estaría esperando».
Estos escenarios siguen siendo muy poco probables. Sin embargo, los responsables electorales también deben lidiar con activistas que niegan la legitimidad de los resultados electorales y que presentan habitualmente solicitudes de acceso a documentos públicos difíciles de gestionar e impugnaciones a las inscripciones de votantes. En estados disputados como Georgia, algunos también han conseguido puestos en juntas electorales locales, y varios aspiran a ocupar cargos estatales en noviembre. Mientras los responsables se preparan para todo tipo de eventualidades, no deben descuidar la nada desdeñable tarea de garantizar el buen funcionamiento básico de las elecciones, que ya puede ser bastante complicado, afirma Eslir Musta, del condado de Coconino, en Arizona. En su caso, eso implica preparar una caravana de mulas para atender a los votantes que viven en el fondo del Gran Cañón.
Solo la mitad de los estadounidenses afirma en las encuestas que espera que las elecciones de mitad de mandato sean libres y justas. Cuanto más estrecho sea el margen en cualquiera de las dos cámaras, más oportunidades habrá para explotar la incertidumbre en noviembre. Las demandas judiciales y la repetición de los recuentos ya son habituales en las elecciones reñidas. El control del Senado podría depender este año de uno o dos estados, entre ellos algunos conocidos por su lentitud a la hora de contar los votos, como Alaska. Un recuento largo o impugnado exige paciencia y contención por parte de los candidatos. No son cualidades que se suelan atribuir al señor Trump.

Los israelíes acuden a las urnas en unas elecciones que han vuelto a convertirse en un plebiscito en torno a Benjamin Netanyahu. Las encuestas arrojan un empate entre los bloques a favor y en contra de un primer ministro que divide al … país y los partidos árabes se presentan como el elemento clave para desequilibrar la balanza y superar la barrera de los 61 escaños en el Parlamento. Pero, entre las fuerzas de la oposición, hay diferentes criterios sobre si aceptar o no su apoyo.
El primer ministro centró las últimas horas de campaña en la amenaza de Irán, difundió una imagen de una bomba atómica sobre Tel Aviv y quiso recuperar su papel de «Mister Seguridad». Pero el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 es una losa sobre la espalda del líder del Likud y el resto de fuerzas que conforman la coalición que estaba en el poder aquel sábado negro. Su gran rival es el general Gadi Eisenkot, líder de Yashar y ex jefe del Ejército, que no ha resuelto el dilema del voto árabe y ha evitado comprometerse a rechazar su apoyo desde fuera de la coalición.

El redactor jefe de ‘Haaretz’, Aluf Benn, recogió en su último artículo que en estas elecciones el papel de los partidos árabes devuelve a Israel al escenario de 1992, cuando Isaac Rabin logró derrotar al Likud gracias a su disposición a apoyarse en los diputados árabes. Benn encuentra numerosos paralelismos entre Rabin y Eisenkot, dos antiguos jefes del Ejército que, en su opinión, comparten la misión de «salvar a Israel de un gobierno de derechas, alejarlo del abismo y devolverle la esperanza». Sin embargo, el responsable del diario recuerda que «Eisenkot está lejos de ser un izquierdista o de mostrar empatía por los palestinos, contra quienes ha combatido toda su vida».

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Diego Sáenz Castro

El voto árabe también fue decisivo para desalojar temporalmente a Netanyahu del poder en 2021. Entonces, Mansour Abbas, líder del partido islamista Ra’am, rompió un tabú de la política israelí al incorporarse a la coalición de ocho partidos encabezada por Naftali Bennett y Yair Lapid. Sus cuatro diputados fueron claves para reunir 61 escaños y poner fin a doce años consecutivos de Netanyahu. El diario ‘The Washington Post’ reveló que el propio primer ministro intentó primero aliarse con Abbas, pero este le dio la espalda y apostó por el cambio, con lo que Netanyahu le llama desde entonces «amenaza para Israel». El resultado fue un gobierno débil que apenas superó el año de vida y en las siguientes elecciones se produjo el regreso de un fortalecido Netanyahu de la mano de ultranacionalistas sionistas y ultraortodoxos.

«Justicia para los dos pueblos»

«Los ciudadanos palestinos dentro de Israel son más o menos el 20 por ciento. Tienen mucha fuerza y creo que los resultados de las elecciones dependen mucho de cuántos árabes vayan a votar. Si llegamos al 70 por ciento de participación en la comunidad, vamos a cambiarlo todo», opina Ofer Cassif, diputado judío del Partido Comunista integrado en la coalición Hadash. Este enviado especial se encuentra con Cassif en un mitin organizado por sorpresa en la parte oriental de Jerusalén por motivos de seguridad. El diputado, una de las voces más críticas con Netanyahu, asegura que «normalmente no puedo salir solo a ningún lugar, salvo a lugares árabes. Pero soy diputado y es el precio que tengo que pagar. Queremos paz y justicia para los dos pueblos de esta tierra, los judíos y los palestinos. Todos tienen derecho a vivir con seguridad, con paz, con derechos y para ello hay que acabar con el actual gobierno».

«Los ciudadanos palestinos dentro de Israel son más o menos el 20%. Los resultados de las elecciones dependen mucho de cuántos árabes vayan a votar»

Ofer Cassif
Diputado judío del Partido Comunista en la coalición Hadash

Hadash forma parte de la Lista Conjunta junto a Ta’al y Balad. El partido islamista Ra’am, de Abbas, participa en solitario pero, entre todos ellos, los sondeos aseguran que pueden llegar a los 13 escaños y podrían resultar decisivos para romper el empate entre bloques. En un gesto sin precedentes, Ra’am incluyó en sus filas como número dos al exdiputado judío Yoav Segalovitz para reforzar su imagen de posible socio de coalición.

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El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, afirmó durante la campaña que formar un gobierno con Abbas sería «peor que la masacre del 7 de octubre». Netanyahu también ha convertido el apoyo de los árabes en arma electoral y en los mítines emplea la frase «o yo y Trump, o Eisenkot y Abbas».

«Formar un gobierno con Abbas sería peor que la masacre del 7 de octubre»

Bezalel Smotrich
Ministro de Finanzas de Israel

La Comisión Electoral descalificó a comienzos de septiembre a los partidos árabes y a Cassif, pero la medida no fue aceptada por el Tribunal Supremo. Al final de la reunión con los votantes en Jerusalén, el diputado de Hadash, agotado por la larga campaña, no para de recibir abrazos de los asistentes. «Tengo una misión, una obligación moral, ideológica y política. Y por eso voy a continuar», asegura Cassif antes de unas elecciones que considera «decisivas».

«Estoy aquí. Con ustedes». Con esas cuatro palabras publicadas en la red social X, María Corina Machado anunciaba lo que millones de venezolanos estábamos esperando: su regreso a Venezuela. El 10 de diciembre de 2025, después de estar en la clandestinidad desde de … agosto, Machado había salido del país, vía Curazao, para ir a Oslo a recibir el Premio Nobel de la Paz. No llegó a tiempo para la ceremonia. Machado había pasado varias horas en la oscuridad, sola en una lancha en medio del mar, hasta que finalmente apareció Brian Stern y su equipo de Grey Bull Rescue para salvarla. Menos de un mes después, Donald Trump autorizó la operación militar en territorio venezolano que condujo a la captura y deportación del dictador Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Mucha agua ha corrido desde ese 3 de enero y sería verdaderamente difícil explicarle la situación a un Rip Van Winkle que se acabara de despertar. ¿Cómo hacerle entender que Machado huyó de Venezuela escapando de la dictadura chavista y que solo ahora, después de ocho intentos, ha podido regresar contrariando la voluntad de Trump, que ha colocado a Delcy Rodríguez en el lugar de Maduro y con quien, además, se entiende de maravillas?
Como tantas otras veces en el pasado, María Corina Machado ha sabido mantener el foco de su objetivo principal, que es el regreso de la democracia a Venezuela, a pesar de que los renglones torcidos de la política, el poder y la violencia han hecho lo imposible por hacerla desistir de su recto destino. En un audio difundido en agosto de 2024, poco después de que los venezolanos eligieran a Edmundo González Urrutia como presidente y demostraran con las actas la ilegitimidad de Maduro, Machado afirmó que la nuestra era «una lucha espiritual entre el bien y el mal, y Dios está con nosotros». Solo los venezolanos, independientemente de si somos creyentes o no, podemos entender la verdad de estas palabras. Solo acudiendo a categorías tan abstractas o sublimes como lo divino pueden encajarse estos casi treinta años de dictadura, enmarcados por dos catástrofes naturales como el deslave de Vargas en 1999 y los dos terremotos de 2026 que arrasaron con decenas de miles de vidas, y, además, mantener encendidas la esperanza y la fe en un cambio.

Por ello, con plena conciencia del sentido profundo de esta lucha, María Corina entró a Venezuela por Colombia y desde allí hizo su primera parada en el santuario de La Divina Pastora, en el estado Lara. «La Virgen nos ha hecho un milagro» dijo una mujer, anegada en lágrimas, que se encontraba en la iglesia en ese momento. Desde el occidente del país, por la autopista Regional del Centro, Machado continuó su recorrido de ocho horas pasando por los estados Carabobo y Aragua, acompañada de una multitud de seguidores, hasta llegar a Caracas, donde fue recibida con alegría, lágrimas, gritos de libertad, cantos del himno nacional y mucha, pero mucha devoción. De hecho, llevaba en el cuello el peso de varios rosarios que la gente le puso como ofrenda y también como un símbolo de protección.

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Ludmila Vinogradoff

La admiración y el respeto que María Corina Machado se ha ganado después de tantos años de resistencia, en los que se ha enfrentado tanto a la dictadura como a los cómplices en la oposición, años en los que literalmente se ha jugado el pellejo en la calle siendo golpeada, amedrentada y perseguida, quedó muy bien reflejada en una de las imágenes más conmovedoras que ha provocado su vuelta a la patria. En uno de los videos del recorrido por la autopista se ve a una pareja que viaja en una moto. El hombre conduce y la mujer, desde atrás, le grita a Machado: «María, si tú volviste, mi hija tiene que volver». Creo que esa frase resume bien lo que María Corina Machado representa hoy para los venezolanos: la posibilidad, el milagro, de poder volver y reencontrarnos.