La histórica toma de control de parte del sector petrolero de Venezuela anunciada por Donald Trump estaba ya esbozada a comienzos de año, cuando el presidente de EE.UU. sacudió al mundo con el anuncio de la captura de Nicolás Maduro. Mucho de lo que … se habló entonces fue de petróleo.
«Vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, apropiada y juiciosa», dijo Trump mientras el dictador venezolano volaba rumbo a una cárcel de Brooklyn. Gobernar Venezuela, aseguró el multimillonario neoyorquino, «no nos costará nada». Las petroleras estadounidenses invertirían en el país y EE.UU. tendría acceso preferencial a esos recursos naturales. «Vamos a hacer mucho dinero».
Esos planes han tomado forma este fin de semana, en un acuerdo que transforma los mercados energéticos a nivel global y que tiene una doble cara: por un lado, tiene el potencial de disparar la actividad petrolífera de Venezuela y mejorar una economía desahuciada por décadas de corrupción y mala gestión; por otro, apuntala la alianza entre Trump y la sucesora de Maduro, Delcy Rodríguez, y aleja la posibilidad de una verdadera transición política en Venezuela.
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Javier Ansorena
En su anuncio, realizado en un mensaje en su red social, Trump calificó la operación como «el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial». Aseguró que la transacción «duplica» las reservas de crudo de EE.UU. con el acceso a 65.000 millones de barriles de las reservas probadas de Venezuela.
Rodríguez celebró después el acuerdo, que aseguró que tendrá «un impacto significativo en el renacimiento de nuestra nación» y que es producto del «fortalecimiento» de la relación entre ambos países. La presidenta interina detalló que la operación afecta a 17 campos petrolíferos, que supondrá una inversión de más de 100.000 millones de dólares en la modernización de la infraestructura del sector y que recaudará 209.000 millones en impuestos para las arcas venezolanas.
Una alianza de mayoría estadounidense
Los detalles sobre el acuerdo son, sin embargo, escasos. La proclamación de Trump de que EE.UU. duplica sus reservas es engañosa. El presidente de EE.UU. aseguró que el acuerdo se ejecutaría «a través de una alianza con el sector privado» por el que EE.UU. asegura el «control mayoritario» de esas reservas. Es decir, apunta a una licencia de explotación de esos campos petrolíferos.
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Trump no aclaró cómo será la intervención. Todo apunta a que será una ‘joint venture’, una alianza empresarial, en la que EE.UU. tendrá un control del 55% del negocio y una empresa energética local, el 45%.
EE.UU. no tiene una petrolera estatal, como sí tienen otras potencias del sector, como Arabia Saudí con Aramco. Está por ver si la Administración Trump crea una entidad para este propósito o lo hace a través de compañías privadas estadounidenses, a las que ha estado animando a que regresen a Venezuela desde la captura de Maduro. Después de décadas de expropiaciones y abusos del chavismo, la única petrolera estadounidense que todavía opera en Venezuela es Chevron.
Medios estadounidenses como ‘Bloomberg’ y ‘The Washington Post’ aseguran que esta intervención estadounidense en Venezuela se orquestará a través del Departamento de Defensa. Aunque las negociaciones del acuerdo han sido llevadas a cabo por el secretario de Estado, Marco Rubio, y la propia Rodríguez, la operación podría estar liderada por la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono, que ha negociado la ‘joint venture’ con la otra figura clave del acuerdo: el empresario venezolano Alejandro Betancourt y su compañía, North American Blue Energy Partners, que tendrían ese 45% local de la ‘joint venture’.
La licencia para la explotación de recursos propios a entidades extranjeras es algo convencional. Lo que es inusual es que sea un Gobierno extranjero el implicado y, sobre todo, el alcance gigantesco del acuerdo: esos 65.000 millones de barriles suponen algo más de la quinta parte de las reservas venezolanas y la explotación podría alargarse cien años.
Es una operación sin precedentes modernos, que trastoca las dinámicas de acceso a energía globales. EE.UU. ya era el máximo productor de petróleo del mundo y ahora dispara su acceso a crudo. Lo hace, además, con un producto que le conviene. El petróleo estadounidense es ligero, que sirve para combustible de automóviles, pero no para maquinaria pesada. Este último es el que viene de Venezuela y para el que EE.UU. desarrolló sus refinerías en la década de 1970. La posibilidad de que Venezuela abandone la OPEP, el cártel con los grandes productores de Oriente Medio, colocaría a EE.UU. en una posición de gran dominio energético.
Alejandro Betancourt: el ‘bolichico’ que es clave en el acuerdo
La figura que ha engrasado el acuerdo petrolero entre el EE.UU. de Donald Trump y la Venezuela de Delcy Rodríguez es Alejandro Betancourt, un polémico empresario venezolalano.
Betancourt, de 46 años, es uno de esos ‘bolichicos’, los jóvenes venezolanos que se han hecho de oro con negocios a la sombra del chavismo, mientras el país se hundía en la pobreza. El empresario está al frente de North American Blue Energy Partners (NABEP), la principal entidad privada del sector petrolero venezolano, con la que la Administración Trump planea formar la ‘joint venture’ para la explotación de reservas que contienen 65.000 millones de barriles de petróleo.
Betancourt, que ha tenido una amplia actividad económica en España, ha sido investigado por lavado de dinero en nuestro país, además de en EE.UU. y en Suiza. Pero su papel en la operación petrolera le ha convertido en un aliado clave de la Administración Trump, que presionó a Suiza para que levantara la petición a Reino Unido para la extradición de Betancourt.
‘Boom’ económico frente a la transición política
Tampoco está claro todavía de dónde vendrán esos 100.000 millones de dólares en inversión en el petróleo venezolano. Pero es evidente que el desembarco masivo estadounidense tiene el potencial de reactivar un sector deteriorado por una corrupción endémica. Ocurre en un momento de especial necesidad para Venezuela, donde los terremotos solo han agravado su crisis económica.
Pero, al mismo tiempo, la operación sella la alianza de Trump con Rodríguez. Muchos en Venezuela ven el acuerdo como una entrega de la gran riqueza del país por parte de Delcy para quedarse en el poder. El acuerdo refuerza los incentivos para que Trump mantenga a la líder chavista en el poder: cualquier Gobierno futuro de Venezuela podría impugnar el acuerdo, considerarlo la obra de una presidenta no elegida por las urnas, que heredó el poder de Maduro, que hurtó la victoria electoral a la oposición venezolana liderada por Edmundo González y María Corina Machado. Por lo tanto, la posibilidad de que Trump fuerce una transición político que expulse a Rodríguez del poder y avance hacia elecciones libres puede ser más difícil a partir de ahora.
«Un Gobierno interino ilegítimo con una ley de hidrocarburos ilegítima no tiene legitimidad para aprobar este acuerdo inconstitucional», reaccionó en redes sociales Ricardo Hausmann, profesor venezolano en Harvard. «Secretario Rubio: ha perdido cualquier confianza que los venezolanos hayan tenido en usted y esto le perseguirá. Ha utilizado el poder de EEUU no para liberar a los venezolanos, sino para irse a la cama con sus opresores», condenó al jefe de la diplomacia estadounidense.
Rubio, sin embargo, ha defendido que la operación es una «gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como el venezolano» y que «liderará la reconstrucción de la economía de Venezuela».
