A los estudiantes universitarios les encanta desde hace tiempo la jerga de moda. Ahora, sus responsables administrativos se están sumando a esta tendencia. En medio de una creciente reacción en contra de los programas «woke» dirigidos a estudiantes pertenecientes a minorías, los responsables de los … campus están buscando nuevos nombres para sus oficinas de diversidad, igualdad e inclusión (DII), descartando términos como «diversidad» e «igualdad» en favor de otros como «bienestar» y «comunidad». En mayo, la Universidad George Washington sustituyó su Oficina de Diversidad, Igualdad y Compromiso Comunitario por una Oficina de Comunidad, Cultura e Inclusión. A principios de año, la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign renombró su Oficina de Diversidad, Igualdad e Inclusión como Oficina de Acceso, Derechos Civiles y Comunidad.
Detrás de este cambio lingüístico se esconde una campaña de represión liderada por los republicanos contra la DII en las universidades públicas. Desde 2023, los legisladores estatales han presentado más de 150 proyectos de ley dirigidos contra los programas de diversidad en los campus, según Chronicle of Higher Education. El presidente Donald Trump, que ha calificado la DII de «radical», «un despilfarro» y «antiestadounidense», ha aumentado la presión mediante órdenes destinadas a desmantelar los programas de DII en el gobierno federal y amenazas de retirar la financiación a las universidades que los adopten. La campaña ha dado frutos legislativos: 34 proyectos de ley en 19 estados se han convertido en ley. Sin embargo, un análisis de los datos sobre la plantilla universitaria realizado por The Economist sugiere que, a pesar de todo el ruido político, el impacto de la ofensiva ha sido hasta ahora limitado.

Las oficinas de DII suelen ayudar a las universidades a cumplir con las leyes de derechos civiles y supervisan programas para captar y apoyar a estudiantes y personal de grupos infrarrepresentados. También pueden impartir formación sobre temas como los prejuicios inconscientes y la enseñanza inclusiva. Sus defensores afirman que estas oficinas garantizan un amplio acceso a la educación superior y fomentan campus más inclusivos. Los conservadores sostienen que se han convertido en burocracias ideológicas que promueven las preferencias raciales y las políticas progresistas.

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En general, las universidades han respondido a la presión jurídica y política de una de estas tres formas. Unas pocas se han resistido abiertamente a las peticiones de desmantelar sus programas de DII. Harvard es el ejemplo más conocido: rechazó las exigencias de la Casa Blanca de abandonar la DII, entre otras condiciones, a cambio de mantener la financiación federal. Otras han reafirmado públicamente su apoyo a la DII. El año pasado, el rector del sistema de la Universidad Estatal de Nueva York declaró ante los legisladores que no tenía «ninguna intención de dar marcha atrás» en su compromiso con la diversidad y la inclusión. El rector de la Universidad de Minnesota hizo una promesa similar.
El segundo enfoque es el cumplimiento normativo. Después de que Texas aprobara el proyecto de ley del Senado n.º 17 en 2023, que prohibía las oficinas de DII en las universidades públicas del estado, la Universidad de Texas en Austin afirmó que había despedido a 49 trabajadores —la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios, un sindicato, contabilizó 62—. Jay Hartzell, entonces rector de la universidad, afirmó que la financiación destinada a DII se «reasignaría para apoyar la docencia y la investigación».
Sin embargo, la mayoría de las universidades han optado por un tercer enfoque: cambiar el nombre y reorganizar sus oficinas de DII en lugar de eliminarlas. Y no es de extrañar. Eliminar términos con carga política de los nombres de las oficinas y los cargos permite a las universidades conservar al personal y perseguir los mismos objetivos, al tiempo que dan la impresión de cumplir con la normativa y atraen menos escrutinio por parte de los conservadores. «Varias instituciones han cambiado los títulos y los nombres de los departamentos», afirma Jerry Cirino, promotor del proyecto de ley del Senado n.º 1, que prohibió los programas de DII en los centros de enseñanza superior públicos de Ohio. Cirino afirma que, en general, está satisfecho con el cumplimiento de la ley, pero que «la práctica sigue existiendo, solo que ahora la llaman de otra manera». Incluso los defensores de la DII reconocen que es así. «Algunas personas han cambiado el lenguaje que utilizan en público, pero el trabajo subyacente es muy similar», afirma Emelyn A. de la Peña, presidenta de la Asociación Nacional de Responsables de Diversidad en la Educación Superior, una asociación sectorial.

Reducción de puestos y departamentos

The Economist ha obtenido registros de nóminas de varios grandes sistemas universitarios estatales para evaluar el efecto de las medidas restrictivas sobre la plantilla y los salarios. Los datos muestran que el gasto en personal dedicado a la DII está disminuyendo, no solo en muchos estados republicanos, sino también en varios demócratas. Sin embargo, el descenso fue moderado, incluso en instituciones que eliminaron rápidamente sus oficinas de DII.
Tomemos como ejemplo la Universidad Estatal de Ohio. Antes de que entrara en vigor el proyecto de ley del Senado n.º 1 en 2025, la universidad contaba con más de 150 empleados relacionados con la diversidad, con un coste anual de unos 11,2 millones de dólares. Posteriormente, los puestos y departamentos relacionados con la DII desaparecieron prácticamente por completo. Sin embargo, casi cuatro de cada cinco empleados permanecieron en nómina con nuevos cargos o en nuevos departamentos (véase el gráfico). Como resultado, los costes de personal de este grupo se redujeron solo un 14 %.
El sistema de la Universidad de Carolina del Norte ofrece otro ejemplo. Aunque Carolina del Norte no restringió formalmente las oficinas de DII hasta 2026, el consejo de gobierno del sistema se anticipó a las medidas restrictivas y revisó su política en mayo de 2024 para reafirmar la «no discriminación» y renunciar al «activismo administrativo». Las universidades de todo el sistema respondieron modificando los cargos o los nombres de los departamentos de unos 69 trabajadores de DII. Sin embargo, la plantilla apenas varió y los salarios se redujeron solo un 5 %. En muchos casos, los cargos ya de por sí vagos se volvieron aún más imprecisos. Un vicedecano bien remunerado pasó de «excelencia inclusiva» a «bienestar»; un vicerrector cambió «igualdad e inclusión» por «salud, bienestar y prosperidad de los estudiantes».

«El error es pensar que pueden cambiar unas cuantas palabras por aquí y mover algunas cosas por allá, y que con eso bastará»

Este tipo de «juego de las sillas» de la DII no es lo que los legisladores pretendían. La prohibición de Ohio prohíbe expresamente a las instituciones cambiar el nombre de oficinas, departamentos o puestos que sigan «cumpliendo los mismos fines o fines similares». Sin embargo, estos cambios cosméticos son fáciles de llevar a cabo. «Puedo coger una «Oficina de Comunidad y Participación» y hacer lo mismo que hacía en el marco de la DII», declaró recientemente Archie Ervin, consultor de DII, a Prism Reports, un sitio web de noticias sin ánimo de lucro.
Los legisladores están intensificando la aplicación de la ley. Texas ha creado la figura de un defensor del pueblo que puede investigar las infracciones y recomendar la suspensión de fondos. En febrero, los legisladores de Ohio propusieron exigir a las universidades que demostraran que el personal de DII reasignado está realizando un trabajo sustancialmente diferente, so pena de perder la financiación estatal. Un proyecto de ley de Tennessee presentado en 2024 habría prohibido a cualquier departamento universitario desempeñar las funciones de una oficina de DII , «independientemente de su nombre o denominación».
A pesar de todo ello, lo que los conservadores denominan la «burocracia de la DII» será difícil de desmantelar. Tras haber dedicado más de una década a crear oficinas de diversidad y contratar personal, las universidades se muestran reacias a dar marcha atrás. Sin embargo, los defensores de la DII advierten de que los cambios cosméticos no las protegerán de los ataques conservadores. «El error es pensar que pueden cambiar unas cuantas palabras por aquí y mover algunas cosas por allá, y que con eso bastará», afirma Isaac Kamola, de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios. Para muchos conservadores, atacar la DII se ha convertido en un arma útil en la guerra cultural, una a la que tienen pocas razones para renunciar.

Entre las cualidades de Magdalena Andersson destaca su perseverancia, junto a una capacidad notable para navegar en el fragmentado sistema parlamentario sueco, en el que cada decisión exige pactos, renuncias y una lectura final del clima social. Y, en este último punto, Andersson ha … seguido los pasos de su vecina danesa, la también socialdemócrata Mette-Frederikssen, identificando la inmigración y la seguridad como focos de malestar social. El endurecimiento de su política migratoria la ha mantenido en niveles demoscópicos inalcanzables para la mayoría de los socialdemócratas europeos.
Nacida en un entorno académico, Andersson creció en Uppsala, una ciudad universitaria que marcó su carácter disciplinado y su inclinación por el estudio. Fue campeona de natación en su juventud, un detalle que ayuda a entender su estilo político: competitivo, constante, resistente. Ganó dos medallas de oro en campeonatos juveniles nacionales y llegó a competir en categoría absoluta a los 14 años, para lo que entrenaba a las 5.30 de la mañana, antes de ir al instituto.

Estudió Ciencias Sociales y posteriormente se formó en la Escuela de Economía de Estocolmo, una de las instituciones más prestigiosas del país. Esa base técnica ha definido su carrera: Andersson es, ante todo, una economista creíble y pragmática con mentalidad de gestora. En su equipo aseguran que es una «obsesa por los detalles».

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Rosalía Sánchez

Antes de llegar a la primera línea política, trabajó como subdirectora general de la Agencia Tributaria, donde adquirió reputación de analista rigurosa y defensora de la disciplina fiscal. Su entrada en la política nacional se produjo en 1996, como asesora del primer ministro Göran Persson. Desde entonces, fue ascendiendo dentro del SAP, el histórico Partido Socialdemócrata sueco. En 2014 alcanzó el cargo que la consolidó como figura nacional: ministra de Finanzas, puesto que ocupó durante siete años y en el que mostró sus dotes de arquitecta de la política económica de los gobiernos de Stefan Löfven, defendiendo el equilibrio presupuestario dentro del modelo de bienestar sueco.
En 2021, tras la salida de Löfven, Andersson fue elegida líder del SAP y se convirtió en la primera mujer en ocupar la jefatura del Gobierno sueco. Su primer mandato duró apenas siete horas, debido a la salida del Partido Verde de la coalición, pero su investidura posterior como primera ministra en minoría marcó un hito histórico para el partido y para el país. Andersson entendió que Suecia, otrora máximo exponente global de pacifismo y bienestar, ya yo podía permitirse esa política sin restricciones.

Sus siete años como ministra de Finanzas demostraron sus dotes eficaces y pragmáticas, que ha confirmado con el endurecimiento de su discurso contra la inmigración

La nueva situación de seguridad, tanto por la amenaza rusa como por la invasión de bandas criminales extranjeras, había cambiado la realidad sueca y decidió dar al partido un giro pragmático. Abrió el melón de la neutralidad sueca y su impulso fue decisivo para la adhesión de Suecia a la OTAN en 2024. Ha añadido la «seguridad» a los dos tradicionales pilares de la política socialdemócrata, que eran la cohesión social y el bienestar. Reivindica la necesidad de «mantener unido al país», frente a la polarización, y se ofrece a reducir la inmigración desde parámetros técnicos, no populistas.

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En los últimos años ha endurecido significativamente su posición en materia de inmigración, defendiendo una política «estricta y restrictiva» y apoyando varias reformas del gobierno conservador de Ulf Kristersson en ese ámbito. Pero también ha mantenido sus líneas rojas frente a la ultraderecha de los Demócratas Suecos (SD), partido al que acusa de estar infiltrado por «amigos de Putin».
Este domingo ha acudido a votar con su marido, Richard Friberg, profesor de economía, con el que tiene dos hijos. Es una apasionada del senderismo, el kayak y el montañismo. Ha adelantado que, si gana, convocará amplios acuerdos sobre energía, criminalidad, infraestructuras y vivienda durante los primeros cien días, dispuesta a prescindir de la ideología para gestionar un país que atraviesa una profunda transformación política.

El plan de paz de Trump para la guerra de Gaza –aprobado el año pasado por Hamás e Israel– con sus flamantes 20 puntos, sigue vigente sobre el papel. Pero es en gran medida letra muerta. En particular en lo referente a la entrega de … armas de los milicianos de Hamás supervivientes en la Franja, así como a la retirada del Ejército israelí de ese territorio. Los islamistas palestinos aceptaron el pasado 30 de julio hacer una entrega simbólica de armamento al organismo creado para gobernar de modo transitorio en la Franja –la Mesa de Paz–, pero la foto se hace esperar. Entre otras cosas porque el Gobierno de Benjamin Netanyahu no deja de repetir que sus soldados no darán un paso atrás –actualmente ocupan más del 60 por ciento del territorio de la Franja– hasta que Hamás no entregue «todas las armas».
A mes y medio de las elecciones generales en Israel, la agresividad que muestra el Gobierno de coalición entre la derecha y los partidos ultrarreligiosos es evidente. Netanyahu y sus aliados están convencidos de que «Hamás no entregará nunca las armas», y así lo expresan a diario en los medios de comunicación israelíes.

La consecuencia de esa premisa es un estado permanente de alerta y actividad bélica en todos los frentes. Operaciones casi diarias en Gaza contra comandos de Hamás, o para asesinar a alguno de los líderes aún vivos del atentado del 7 de octubre de 2023. Operaciones militares en el sur del Líbano en busca de dirigentes o de depósitos de armas de las milicias chiíes libanesas de Hizbolá. Choques casi diarios entre colonos israelíes y árabes en Cisjordania, sobre los que el Ejército hebreo y el Gobierno hacen aparentemente la vista gorda pese a las protestas internacionales.

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Mikel Ayestaran

El objetivo de esta dureza premeditada contra los enemigos externos e internos de Israel es, según muchos, asegurar que Benjamin Netanyahu, ‘Bibi’ en el argot, consiga en las elecciones del 27 de octubre otro mandato más a sus 77 años. Ya es el líder más longevo de la historia de Israel, con 19 años en el poder en tres mandatos. Netanyahu quiere presentarse como el único político capaz de proteger a Israel, pese a que desoyó los avisos del 7-O.
Su partido de centroderecha está firmemente respaldado en el Parlamento por los ultranacionalistas –que agradecen así su política de expansión de los asentamientos en Cisjordania, clave para hacer imposible la ‘solución de dos Estados’ con los palestinos–; y por los partidos religiosos o ultraortodoxos, satisfechos con ‘Bibi’ por su defensa de la exención del servicio militar para sus jóvenes seminaristas.

Fractura en la sociedad israelí

En términos electorales, esta suma es muy favorable para Netanyahu. En términos sociales, ahonda la fractura interna de la sociedad israelí, dividida entre la línea dura, cerrada a todo pacto de convivencia con los árabes y a negociar una salida a las aspiraciones palestinas, y quienes piensan que ese diálogo no pone en peligro la seguridad del país, y que el país se merece un descanso bélico.

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Esta actitud belicista de Netanyahu –que él siempre justifica como preventiva ante la multitud de enemigos del proyecto sionista: palestinos, libaneses de Hizbolá, iraníes, islamistas en general– ha creado otros dos fenómenos. Por un lado la realidad de que Israel es hoy más fuerte que nunca en términos militares, gracias al desarrollo de la industria armamentista que ha probado sobre el terreno en Gaza, el Líbano e Irán. Y por otro lado, la confrontación creciente con países occidentales que siempre tuvieron una relación amistosa con Israel.

Israel es hoy más fuerte que nunca en términos militares, gracias al desarrollo de la industria armamentista que ha probado sobre el terreno en Gaza, el Líbano e Irán

La alianza con Estados Unidos es clave, estratégica, y no está en peligro con Donald Trump, pese a que el inquilino de la Casa Blanca ha dedicado a Netanyahu algunas de sus perlas retóricas para criticar su dureza en las campañas en Gaza y el Líbano. Por el contrario, la relación con el Reino Unido, la antigua potencia colonial, está según los expertos en su punto histórico más bajo.
Londres ha impuesto un embargo parcial al comercio con Israel por lo que considera que son abusos de los colonos judíos en Cisjordania contra sus vecinos palestinos, en una campaña que no duda en calificar de «limpieza étnica» de árabes. En su anuncio ante el Parlamento, el Gabinete laborista incluyó en las sanciones a todos los que negocian también con las colonias judías en los Territorios Ocupados. Al embargo parcial se han sumado once países, entre ellos Francia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Portugal Irlanda y España.

Veto al entrenamiento policial en Egipto

Una de las áreas en las que la Mesa de Paz de Trump para el futuro de Gaza afirma haber avanzado más es la relativa a la nueva fuerza internacional de Policía. Su misión sería respaldar al gobierno provisional y reemplazar a los militantes de Hamás y a los soldados israelíes. Una fuente anónima citada por el diario ‘The Times of Israel’ afirma que Israel ha negado la autorización para que los candidatos a dicha fuerza abandonen Gaza para recibir entrenamiento en Egipto, con el argumento de que deben quedarse en la Franja a la espera de que Hamás les entregue sus armas. Según la misma fuente, Uganda ha ofrecido 1.200 policías para esa Fuerza Internacional de Estabilización, y Burundi 500. Otros países que están dispuestos a aportar algunos centenares más son Marruecos, Kosovo, Albania y Kazajistán.

Estados Unidos ve y deja hacer. Los enviados especiales de Donald Trump – entre ellos su yerno judío, Jared Kushner – afirman que el proceso de paz para Gaza avanza, lentamente pero avanza. Pero en realidad nadie sabe qué va a ocurrir hasta que se despeje la incógnita de las elecciones israelíes del 27 de octubre.