La diplomacia trabaja contra el reloj para intentar alejar la posibilidad de una nueva guerra a gran escala entre Estados Unidos e Irán. En medio de las amenazas diarias de Donald Trump y Benjamín Netanyahu contra la república islámica, convertidas en arma electoral de … un primer ministro israelí a quien no le favorecen las encuestas de cara a los comicios del próximo martes, Teherán recibió en apenas 48 horas las visitas del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y del jefe del Ejército de Pakistán y gran mediador del último acuerdo, Asim Munir. Estos esfuerzos se producen en un contexto de actuaciones iraníes cada vez más agresivas en el estrecho de Ormuz, con ataques diarios a buques que tratan de cruzar sin su autorización, y el aumento de una presión económica de Washington sobre la república islámica.
La diplomacia trabaja, pero las posturas entre Estados Unidos siguen alejadas y ninguna de las partes parece dispuesta a hacer grandes concesiones. La posibilidad de una nueva escalada es uno de los argumentos que repite Trump para intentar disuadir al enemigo y, para ello, cuenta con Netanyahu, como ya lo hizo en febrero. 24 horas después apoyar públicamente al primer ministro en la carrera electoral, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, viajó a Israel y se reunió con el líder del Likud durante una visita no anunciada, según informó el portal ‘Axios’. El mensaje de Netanyahu sobre Irán es claro: «El régimen debe caer y yo lo derribaré».

Según sugieren los sondeos, pese al apoyo de Trump, la coalición con ultranacionalistas y ultraortodoxos del israelí perdería su mayoría parlamentaria, aunque la oposición también tendría dificultades para formar Gobierno. Mientras los opositores centran el pulso en los errores del 7 de octubre y prometen abrir una comisión de investigación, Netanyahu sacude una vez más el fantasma de la «amenaza existencial» que supone Teherán para el Estado judío. El mandatario quiere mantener el sobrenombre de «Mister Seguridad», aunque pasará a la historia porque fue el primer ministro del país bajo cuyo mandato se produjo el ataque liderado por Hamás que dejó 1.200 muertos en la frontera de Gaza.

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La presencia de Hegseth y la llegada de refuerzos militares a la región dispararon los comentarios sobre la posibilidad de lanzar una nueva operación contra la república islámica. El encuentro se produjo en la base aérea de Ovda, en el sur de Israel, donde Estados Unidos mantiene desplegados aviones de combate y de reabastecimiento. Según ‘Axios’, el secretario de Defensa encabeza el sector de la Administración estadounidense partidario de volver a golpear a Irán.

Propuesta de siete días

En las últimas semanas, los iraníes han mostrado cierta disposición a acelerar los contactos y trabajan en la que llaman «propuesta de siete días». El exembajador iraní en el Reino Unido, Seyed Jalal Sadatian, sugirió durante una entrevista a un medio nacional que Irak es uno de los mediadores y habría transmitido al régimen islámico una «respuesta positiva» de la Casa Blanca a la propuesta, que contempla la reapertura de Ormuz en el sexto día y la reanudación de las negociaciones en el séptimo.
El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, fue el encargado de dar a conocer esta propuesta a finales de septiembre durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. El plan persigue un triple objetivo: poner fin a la guerra en todos los frentes, Líbano incluido, reabrir Ormuz y retomar las negociaciones nucleares.

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Para Estados Unidos, el tema atómico es clave, pero los iraníes no parecen muy flexibles y Mohsen Rezaei, jefe de Seguridad de la república islámica, afirmó que «ninguna cantidad del material nuclear enriquecido de Irán saldrá del país bajo ninguna circunstancia», según declaraciones recogidas por la agencia Fars. Rezaei pidió a Washington gestos que generen confianza para poder retomar las negociaciones. El presidente del Parlamento y principal negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, también pidió a la Casa Blanca que dé el primer paso para volver a la mesa de diálogo y alejar la amenaza de la guerra a gran escala.

En un delicado equilibrio entre las advertencias del presidente Mattarella contra «legislar en caliente» y la presión tras los disturbios en Milán, el Gobierno de Giorgia Meloni ha aprobado un paquete de medidas urgentes contra la violencia juvenil. El decreto final prescinde de los aspectos … más controvertidos filtrados el lunes, pero endurece las sanciones a menores.
Las ha explicado Giorgia Meloni en un vídeo en redes sociales, en el que ha revelado que entre los menores que la policía identificó en Milán este fin de semana había un niño de 11 años. Entre las medidas que entran inmediatamente en vigor establece que «quien rompe, paga», y si es un menor, pagan los padres; convierte en delito la participación violenta en manifestaciones públicas; la policía podrá «retener» preventivamente a menores sospechosos; y aumentan las penas para quien comete el delito con el rostro cubierto.

Meloni, que llevaba tiempo intentando endurecer las penas contra menores, ha dicho que se debe estudiar lo ocurrido este fin de semana en Milán, pues considera que en esta protesta había un elemento nuevo. «Junto a los grupos radicales tradicionales hemos visto algo nuevo: centenares de jóvenes, muchos de ellos menores, convocados a través de las redes sociales para destrozar, saquear y grabarse mientras lo hacían. Hay que afrontarlo con seriedad para que esas imágenes no se transformen en un modelo que imitar», explica.

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La principal novedad del decreto ley respecto al proyecto inicial es que los 500 militares que llegarán en las próximas horas a Milán para reforzar la seguridad en las calles, no tendrán funciones de «policía judicial» como había apuntado el Gobierno inicialmente, y no podrán hacer arrestos. La idea es que patrullen en equipos mixtos de policías y soldados. La explicación es que los soldados no cuentan con formación específica para este tipo de tareas, y, según filtran los equipos negociadores, autorizar que las asuman podría evocar prácticas represivas.

Los 500 militares que llegarán en las próximas horas a Milán para reforzar la seguridad en las calles, no tendrán funciones de «policía judicial»

El decreto sí incluye otras medidas contundentes, como considerar responsables a los padres de menores de los daños causados durante los disturbios, que deberán pagar multas de entre 500 y 1.000 euros y una compensación económica o una indemnización a los afectados.

Mano dura contra la violencia

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha anunciado que también «se amplían las medidas preventivas que pueden aplicar los jefes de policía, incluso contra menores de entre 14 y 18 años; y se extiende el mecanismo de alejamiento preventivo a situaciones que alteren el orden público en lugares con gran afluencia de personas, aunque no exista una manifestación formalmente convocada».

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Piantedosi se refiere a que la policía podrá ‘retener preventivamente’ en la comisaría hasta 24 horas a menores de edad que sospechan que podrían protagonizar altercados.
El decreto amplía la presunción de punibilidad a los menores de entre 14 y 18 años, salvo prueba contraria, como ocurre en el ordenamiento español. Hasta ahora, en Italia, era necesario demostrar que el menor es capaz de comprender el significado de sus actos y, por tanto, imputable, y los jueces valoraban según cada caso.

Nuevos delitos en protestas

También se extiende a menores de edad el llamado «arresto en flagrancia diferida», en las 48 horas siguientes al hecho, que permite, por ejemplo, arrestar a personas que aparecen cometiendo un delito en vídeos en redes sociales. Éste se amplía a la devastación y saqueo, atentados contra instalaciones de utilidad pública y daños causados por un grupo. También a un nuevo delito, descrito como «participación violenta en manifestaciones públicas». «Lo comete un grupo de al menos cinco personas que utilice o lance objetos peligrosos, como palos, barras, bengalas, petardos o fuegos artificiales, generando un peligro concreto para la integridad de las personas. La pena prevista es de dos a cinco años de prisión», ha detallado Carlo Nordio, ministro de Justicia.
En este caso, «las penas aumentan cuando los participantes actúan encapuchados o dificultan su identificación, o cuando los ataques se dirigen contra infraestructuras esenciales, como servicios energéticos o de transporte», ha asegurado. También será perseguible quien organiza ese grupo directamente o a través de redes sociales, con penas de hasta doce años de prisión.
Además, y el juez podrá dictar medidas cautelares contra jóvenes de 16 años en adelante, aunque ello suponga que los acusados deban suspender estudios que estaban siguiendo. También serán perseguibles de oficio las lesiones a agentes, que hasta ahora eran perseguibles solo si agravadas.
«Manifestarse es un derecho, pero destrozar nuestras ciudades no lo es. Estas son las medidas que hemos aprobado para combatir la violencia y proteger la seguridad de los ciudadanos», ha concluido Giorgia Meloni.

Salvini celebra el nuevo decreto

Salvini ha celebrado la nueva norma con un vídeo en redes sociales en el que combina sus palabras con escenas de los ataques de menores contra la policía y las tiendas. «Más militares para ‘Calles Seguras’ (nombre de la operación en la que trabajan los militares), de los cuales 500 ya están en Milán; detención a posteriori gracias a las cámaras de vigilancia y más competencias para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden», escribe. Anuncia que «de cara al futuro, se prevé la retirada de la nacionalidad y del permiso de residencia a los mayores de edad que cometan delitos, así como la imposibilidad de obtener la nacionalidad para los menores que trafiquen con drogas, saqueen o causen destrozos».
Esta mañana, el ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto ha encuadrado las protestas en una «guerra híbrida, que alguien está llevando a cabo en nuestras naciones recurriendo a instrumentos no convencionales como TikTok, las redes sociales y YouTube». A Crosetto le preocupa «la capacidad que tienen algunas naciones, tras haber estudiado con algoritmos la mente de nuestros jóvenes, de saber mucho mejor que nosotros cómo influir en ellos». «En algún lugar —no en la familia ni en la escuela—, se les han inculcado valores, ambiciones, una visión del mundo y puntos de referencia que entran en conflicto con la sociedad en la que vivimos y con las normas democráticas», sospecha.
Piantedosi ha reconocido que «es legítimo investigar si existen dinámicas de desestabilización social detrás de estos fenómenos. Aún es pronto para emitir conclusiones definitivas, pero hay motivos suficientes para profundizar en las investigaciones». Añade que «los primeros indicios descartan conexiones estructuradas con centros sociales u organizaciones antagonistas tradicionales. Esto no nos tranquiliza necesariamente, porque estamos ante un fenómeno muy espontáneo, fluido y difícil de identificar».
El decreto entra en vigor con su publicación, pero el Parlamento tiene dos meses para convalidarlo. Y la pregunta que dejó Crosetto sobre quién educa a los jóvenes que saquean, por ahora no la responde ninguna de las medidas.

Donald Trump volvió a señalar este martes a España por su política migratoria. El presidente de Estados Unidos criticó la gestión de las fronteras españolas y acusó a las autoridades de permitir la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta sin adoptar medidas para impedirlo. … Lo hizo desde el Despacho Oval, durante una intervención en la que también abordó la situación de Francia, la guerra de Ucrania y el conflicto con Irán.
«Miren lo que ha pasado en España. Hace apenas un par de semanas, más de cien mil personas entraron de golpe en el país, en cuestión de minutos. Y no hacen nada al respecto», aseguró Trump. En otro momento de su intervención sostuvo que España había recibido a decenas de miles de inmigrantes procedentes de distintas partes del mundo, incluidos países que describió como especialmente problemáticos.

Trump situó a España dentro de una crisis migratoria que, a su juicio, amenaza la supervivencia de Europa. «Europa tiene que cambiar esta situación o dejará de existir», advirtió. Según el presidente, los gobiernos europeos han permitido durante años la entrada de personas sin controles suficientes y ahora deben adoptar medidas que no se limiten a cerrar las fronteras.

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David Alandete

Su principal ejemplo fue Francia, por las recientes protestas y saqueos. Trump describió los disturbios como una auténtica revolución. «No fue un pequeño disturbio ni una pequeña protesta. Fue una revolución en toda regla. Y continúa», afirmó.
El presidente aseguró que había advertido personalmente a Emmanuel Macron sobre las consecuencias de su política migratoria. «Le dije que, si no detiene el problema de la inmigración, se va a quedar sin país», relató. Según Trump, había trasladado advertencias semejantes a los dirigentes de Alemania y Reino Unido.
También reclamó expulsiones. «No estoy hablando solamente de detener la inmigración. Hay que sacar a esa gente del país», dijo. Aseguró que entre los responsables de los disturbios franceses había personas que odiaban al país, a sus ciudadanos y hasta su patrimonio arquitectónico.

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Trump extendió sus críticas a Londres y París, ciudades que, según dijo, han sufrido un deterioro considerable. También mencionó Italia, donde considera que existen problemas similares, aunque de menor intensidad. Dijo el lunes el presidente que París va camino de convertirse en una ciudad islámica.
Preguntado por Marine Le Pen, el presidente estadounidense aseguró que no la conoce personalmente, pero consideró que había recibido un trato injusto. «Me pareció una instrumentalización de la justicia», afirmó en referencia a su causa judicial. La describió como una de las principales voces conservadoras de Francia, aunque evitó anunciar un respaldo electoral claro.
Sobre Irán, el presidente se mostró convencido de que la guerra terminará pronto. Aseguró que Estados Unidos está obteniendo buenos resultados militares y que debe decidir cómo concluir la operación. «¿Queremos ganar por las buenas o por las malas?», preguntó.
Trump criticó a los aliados europeos de la OTAN por no haber respondido favorablemente a sus peticiones de colaboración. Explicó que había telefoneado a varios presidentes y primeros ministros para comprobar si estaban dispuestos a ayudar a Washington. «Dijeron que no. Y les dije que eso no estaba bien», relató.
El presidente defendió el coste económico del conflicto, especialmente el encarecimiento del petróleo. Pronosticó que los precios caerán drásticamente cuando termine la guerra. «En cuanto termine, el petróleo se desplomará», aseguró. A su juicio, el aumento del precio de la gasolina es un sacrificio relativamente pequeño frente al objetivo de impedir que Irán consiga armas nucleares.