Hacia las dos de la madrugada de este domingo (tres de la madrugada, hora peninsular española), la Policía de Seguridad Pública (PSP) entró en la plaza del Rossio, en el corazón de Lisboa, y en la plaza D. João I de Oporto para retirar las … tiendas que los manifestantes por el derecho a la vivienda habían vuelto a montar el sábado, tras una jornada de marchas en varias ciudades del país. Es el segundo desalojo en cinco días.
Según el balance oficial de la PSP, 31 personas fueron detenidas por desobediencia, 25 en Lisboa y 6 en Oporto, y pasarán este lunes a disposición judicial. La Policía contabiliza siete heridos, cinco en la capital y dos en Oporto: cuatro manifestantes y tres agentes, uno de ellos mordido en Lisboa por el perro de una de las personas que protestaban. La Policía Municipal confiscó 171 tiendas: 117 en el Rossio y 54 en Oporto.
La versión de los manifestantes es muy distinta. El movimiento Acampada de Lisboa denuncia en sus redes sociales que hubo «decenas de manifestantes brutalmente agredidos por la Policía de intervención». La organización habla en total de 60 heridos, veinte de ellos atendidos en el hospital de São José de Lisboa, y acusa a los agentes de usar pistolas eléctricas y perros.
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Virginia López
En un comunicado, la PSP justifica la operación como una forma de «reponer la legalidad y garantizar la utilización regular de los espacios públicos». Asegura que se hicieron «todas las diligencias» para que los manifestantes retiraran las tiendas voluntariamente, pero que «la intervención policial fue necesaria» porque no «acataron las orientaciones transmitidas». Recuerda además que comunicar una manifestación no exime de respetar los límites horarios y las condiciones de uso de la vía pública. En Oporto, la Policía había ofrecido a los manifestantes pasar la noche en la plaza si desmontaban las tiendas, pero estos se negaron.
«En este país manda la ley»
El martes pasado, poco antes del amanecer, la PSP ya había desmontado el campamento del Rossio con 55 detenidos. Ese mismo día, el ministro de Administración Interna, Luís Neves, ex director nacional de la Policía Judicial, dio por zanjada la protesta: «Las acampadas y los campamentos han terminado». Advirtió de que «en este país manda la ley» y de que la Policía respondería «con la fuerza adecuada». Además, pidió a los manifestantes que no se dejaran «infiltrar por extremistas». Al ser preguntado por quién dio la orden, se remitió a la Policía: «Son cuestiones operativas. La PSP eligió la forma y el modo de actuar».
La Policía desaloja a una de las manifestantes en la plaza lisboeta del Rossio.
(EFE)
La tensión venía de antes. La acampada de Oporto empezó el 10 de octubre y una carga policial anterior dejó allí 39 heridos, dos de ellos graves. La Inspección General de Administración Interna abrió una investigación y el ayuntamiento de Oporto pidió a la Defensora del Pueblo que evaluara si la actuación fue proporcionada. Este sábado hubo además asambleas en Braga, Coimbra y Aveiro. Tras el desalojo, la consigna fue la misma en las dos ciudades: «Volveremos». En Lisboa, los manifestantes se convocan cada tarde a las siete en el Rossio.
La ley de la discordia
Las acampadas nacieron como protesta contra la reforma de la ley de arrendamiento impulsada por el Gobierno de centroderecha de Luís Montenegro, que facilita los desahucios y elimina el límite del 2% a las subidas en los nuevos contratos de alquiler. La reforma superó una primera votación en el Parlamento el pasado 30 de septiembre y todavía le queda la tramitación definitiva. Los manifestantes exigen su retirada en un país donde el precio de compra de la vivienda se ha disparado más de un 70% desde 2021 y los alquileres han subido casi un 50%. Según un informe del Consejo Europeo elaborado con datos de Deutsche Bank y publicado hace un año, los lisboetas destinan a la vivienda el equivalente al 116% de su salario, la proporción más alta de la UE, frente al 74% de Madrid y Barcelona.
El Gobierno, por su parte, culpa a la izquierda. El ministro de la Presidencia, António Leitao Amaro, atribuye la crisis a la ley de alquileres aprobada en tiempos de la alianza del socialista António Costa con el Bloque de Izquierda y los comunistas. La define como «una ley castradora, que castiga la decisión de los propietarios de poner casas en el mercado del alquiler», y subraya que «no fue aprobada por nosotros».
Aunque señala como causa principal la falta de viviendas, Leitao Amaro admite que el aumento de la inmigración ha presionado el mercado. Pero matiza que la culpa no es de los inmigrantes que buscan casa, sino de «la irresponsabilidad de los políticos que gobernaron el país y abrieron las puertas» (en referencia a los anteriores gobiernos socialistas) sin aumentar la oferta de vivienda.
