Europa se moviliza para responder a los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los países que han enviado tropas a Groenlandia. Los afectados son Francia, Alemania, el Reino Unido, Noruega, Suecia y Dinamarca, que tiene la soberanía sobre esta … isla del Ártico. Dichas tarifas serán del 10% desde el 1 de febrero y del 25% a partir de junio, hasta que la Casa Blanca consiga finalmente su propósito de comprar o tomar Groenlandia.
Un ultimátum que, para el ministro de Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, amenaza el orden mundial «como lo conocemos» y el futuro de la OTAN, a la que pertenecen tanto su país como Estados Unidos. Para coordinar a los 27, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, convocó a todos sus dirigentes «en los próximos días».
«Los aranceles socavan las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral. Vamos a seguir unidos y coordinando nuestra respuesta. Defendemos nuestra soberanía«, alertaron ayer los gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido en un comunicado conjunto.

De forma separada, los líderes europeos también reaccionaron por su parte para criticar esta nueva amenaza de Trump.
Una de las respuestas más claras llegó desde Italia, donde la primera ministra, Giorgia Meloni, advirtió de que castigar económicamente a Europa sería un «error». Meloni confirmó que había hablado directamente con Trump y que le había trasladado su rechazo a esa medida. «Creo que imponer nuevas sanciones hoy sería un error», señaló ante los periodistas durante un viaje oficial a Seúl. Meloni, muy próxima al magnate neoyorquino, intentó rebajar el choque hablando de un problema de «entendimiento y comunicación» entre Europa y Estados Unidos.
Las comunicaciones entre los líderes europeos fueron constantes durante todo el día. El primer ministro británico, Keir Starmer, llamó a su homóloga danesa, Mette Frederiksen, y luego le dijo a Trump que los aranceles sobre sus aliados son «un error». A Trump también lo llamó el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien se encuentra en una posición muy difícil por el expansionismo de la Casa Blanca. Todos ellos volverán a hablar esta semana en la cumbre de Davos, donde coincidirán algunos de los principales líderes mundiales.
Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, instó a la Unión Europea a preparar una respuesta firme mediante su instrumento anticoerción, conocido como el «bazuca» comercial, que permitiría restringir importaciones estadounidenses.
La UE convocó además una reunión extraordinaria de sus embajadores ante el riesgo de una escalada. Bruselas se dispone a desplegar sus herramientas más poderosas para responder a las nuevas amenazas de imponer aranceles adicionales anunciadas por Trump, empeñado en tomar el control de Groenlandia por las buenas o por las malas.
Los embajadores de los países miembros se reunieron de urgencia para analizar la situación, lo que se interpreta como un primer paso para que la Comisión Europea pueda poner en marcha el llamado mecanismo anticoerción, que le daría poderes para tomar medidas de represalia en política comercial que no se han utilizado nunca, o suspender el acuerdo comercial con Estados Unidos.

Aranceles de represalia por 93.000 millones

Según informaba ayer ‘Financial Times’, Europa puede golpear a EE.UU. con aranceles de hasta 93.000 millones de euros o restringir el acceso de las compañías americanas.
El dispositivo anticoerción fue diseñado después de un caso de presiones injustificadas de China contra Lituania y se pensó que bastaría como medida de disuasión ante futuros intentos de condicionar indebidamente la política europea. Si se activa, otorgará a la Comisión una amplia capacidad de decisión para imponer medidas de represalia como aranceles, controles de exportación y restricciones al acceso al mercado, a la inversión extranjera, a los servicios o a la contratación pública.
Según algunas versiones que circulan por Bruselas, la Comisión también podría suspender la aplicación del acuerdo arancelario firmado el verano pasado en Escocia, en un club de golf propiedad de Trump, en condiciones que ya levantaron no pocas críticas en su momento y que permite a las empresas norteamericanas exportar prácticamente sin aranceles al mercado europeo. El acuerdo fue asumido como mal menor para eludir el riesgo de una guerra comercial entre las dos orillas del Atlántico, que en estos momentos parece inevitable.
«No creo que este acuerdo sea posible en la situación actual», reconoció el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul a la televisión ARD.
Por ahora, el apoyo político en el Parlamento Europeo para poner en marcha medidas de este tipo está creciendo. Manfred Weber, el líder del grupo del Partido Popular Europeo (PPE), ha publicado en las redes sociales que su formación «está a favor del acuerdo comercial entre la UE y EE.UU. pero, dadas las amenazas de Donald Trump respecto a Groenlandia, su aprobación no es posible en este momento. Los aranceles del 0% sobre los productos estadounidenses deben suspenderse«.

«No creo que el acuerdo comercial entre la UE y EE.UU. sea posible en la situación actual»

Johann Wadephul
Ministro de Exteriores de Alemania

La portavoz socialista, Iratxe García, también se ha pronunciado en este mismo sentido: «Los aranceles del 25% impuestos por Trump a los aliados que apoyan a Groenlandia contra sus amenazas imperialistas son inaceptables. Debemos actuar ya: suspender las negociaciones del acuerdo comercial entre la UE y EE.UU. y activar el instrumento anticoerción. La UE no cederá ante la intimidación».

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha dado marcha atrás respecto a una de las primeras promesas que hizo el pasado otoño tras asumir el cargo. Había anunciado a principios de octubre que no utilizaría el artículo 49.3 de la Constitución gala … , un impopular decreto gubernamental utilizado cada año en Francia desde 2022 para aprobar los presupuestos sin una clásica votación parlamentaria. Pero después de casi tres meses de tensos y caóticos debates presupuestarios en la Asamblea Nacional, el responsable del Ejecutivo ha cambiado de opinión. Finalmente, ha decidido aprobar las cuentas públicas de este año a través del contestado decreto.
«Hemos tomado esta decisión con cierta amargura», aseguró Lecornu este lunes por la tarde. Hizo el polémico anuncio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Durante esa comparecencia en el Palacio del Elíseo, explicó que recurriría al 49.3 «mañana (martes) para la parte dedicada a los ingresos del proyecto de ley» presupuestario. «La credibilidad de Francia depende de que cumplamos con nuestra promesa de llegar al 5%», añadió refiriéndose al objetivo que su Gobierno tiene de cara al 2026 respecto a la reducción del elevado déficit público del país, que fue del 5,4% del PIB a finales del año pasado.
Con el anuncio de este lunes, el Ejecutivo de centro-derecha avanza en la adopción de unos nuevos presupuestos y evita conformarse con una simple prórroga de los de 2025. Por un lado, eso garantiza el aumento para este año de 6.700 millones de euros del gasto militar que había pedido el presidente, Emmanuel Macron. Por el otro, comportará unos recortes poco habituales en un país como Francia —es una de las naciones con uno de los mayores gastos públicos en Europa—, pero menos severos que los anunciados el pasado verano por François Bayrou, predecesor de Lecornu, quien se vio obligado a dimitir por el Parlamento tras haber presentado un plan que comportaba un tijeretazo de 44.000 millones.

Suena una moción de censura

«Los impuestos para los franceses serán los mismos en 2026 que en 2025. Todas las medidas fiscales para el 99,9% de las empresas serán las mismas», ha defendido Lecornu. Su anuncio coincidió con el arranque este lunes de la edición anual de la cumbre de Davos, donde se reúnen las élites políticas y económicas mundiales. También tuvo lugar pocos días después de que el primer ministro anunciara el viernes nuevas concesiones al Partido Socialista (PS) en aras de lograr un pacto de mínimos. A cambio de evitar que los socialistas apoyen una moción de censura contra el Gobierno, dijo que disminuiría el precio de los comedores universitarios a un euro y aumentaría en 600 euros anuales una prima que reciben los trabajadores precarios.
Al recurrir al 49.3 —seguramente lo hará varias veces para aprobar las distintas partes de los presupuestos—, Lecornu abre la puerta a las mociones de censura de la oposición. La Francia Insumisa (afines a Sumar o Podemos) y la ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen anunciaron este lunes que responderán al polémico decreto con sus respectivos textos de censura. Como ya ocurrió a finales de octubre y la semana pasada, el desenlace de esas votaciones dependerá de los diputados del PS y de la derecha tradicional de Los Republicanos. Aunque lo más probable es que el primer ministro las supere, se prevé un resultado ajustado. Un estrecho margen de votos que no permite descartar una sorpresa.

Donald Trump ha decidido que la diplomacia multilateral clásica es demasiado lenta, demasiado reglada y, sobre todo, demasiado ajena a su forma de entender el poder. Su respuesta es el Consejo por la Paz (Board of Peace), un órgano concebido para supervisar la siguiente … fase del plan para Gaza y que, en la práctica, funciona como una alternativa informal —y competitiva— al Consejo de Seguridad de la ONU. Es una suerte de diplomacia a la carta, con invitados selectos, reglas aún borrosas y una promesa grandilocuente: ideas audaces para resolver conflictos globales.
La composición del tablero es, como mínimo, desconcertante. La Comisión Europea, Rusia, Bielorrusia y Tailandia han recibido invitaciones formales. Francia ya ha dejado claro que, por ahora, no se suma. El Reino Unido estudia su papel y habla de «voluntad de contribuir», una fórmula deliberadamente ambigua. Israel, el país directamente afectado por el futuro de Gaza, no figura entre los invitados al órgano que supervisará su reconstrucción y seguridad, lo que ha generado una reacción airada en parte del Gobierno israelí y un esfuerzo de contención diplomática por parte de Benjamin Netanyahu.
Moscú y Minsk, en cambio, han reaccionado con rapidez. El Kremlin ha confirmado que Vladímir Putin ha recibido la invitación y que está «estudiando los detalles», aunque fuentes diplomáticas reconocen que Rusia ve en semejante Consejo una oportunidad para volver a sentarse en una mesa relevante sin pasar por los cauces tradicionales de Naciones Unidas. Bielorrusia ha ido un paso más allá: Aleksandr Lukashenko no solo ha aceptado la invitación, sino que ha dejado claro que está dispuesto a participar activamente.

Ambos líderes, según fuentes conocedoras de los contactos previos, presionan para que el acuerdo marco del nuevo órgano se firme este miércoles en Davos, aprovechando la presencia de Trump y de varios de los potenciales miembros en el Foro Económico Mundial.

Prisa por firmar

La prisa no es casual. El Foro de Davos ofrece un escenario simbólico: élites políticas y económicas, foco mediático global y la posibilidad de presentar el Consejo por la Paz como un hecho consumado antes de que se acumulen demasiadas resistencias. Firmar allí permitiría a Trump exhibir iniciativa y liderazgo, y a Putin y Lukashenko reaparecer como actores «constructivos» en un foro internacional del que han estado, en distintos grados, marginados.
El diseño del órgano añade una capa adicional de singularidad. Según fuentes estadounidenses, un desembolso de 1.000 millones de dólares garantiza la membresía permanente, con el dinero destinado a la reconstrucción de Gaza. Quienes prefieran un asiento temporal pueden optar por un mandato de tres años sin contribución obligatoria.
En teoría, los miembros supervisarán un comité ejecutivo encargado de aplicar la segunda fase del plan para Gaza, con el despliegue de una fuerza internacional de seguridad, desarme de Hamás y reconstrucción de un territorio devastado, cuyo coste se estima en más de 53.000 millones de dólares. En la práctica, muchos de los invitados se preguntan cómo se compatibiliza ese esquema con el derecho internacional vigente y con el papel de Naciones Unidas, que queda relegada a un segundo plano sin haber sido formalmente desplazada.
Las críticas desde Israel han sido ciertamente airadas. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha calificado el plan de «malo para Israel» y ha pedido directamente su cancelación, defendiendo una administración militar israelí en Gaza y una ofensiva total si Hamás no acepta un desarme completo. Netanyahu, más cauto, ha reconocido diferencias con Washington sobre la composición del órgano asesor, pero ha subrayado que no dañarán su relación con Trump. El malestar, no obstante, es evidente, sobre todo por el hecho de que Turquía y Catar figuren entre los actores considerados mientras Israel queda fuera del núcleo decisor.

Control personal de Trump

Más allá del diseño institucional, el llamado Consejo por la Paz introduce un precedente incómodo en la diplomacia contemporánea, la monetización explícita del acceso al poder multilateral. Aunque la Casa Blanca insiste en que el pago de 1.000 millones no es obligatorio, la existencia de una membresía permanente asociada a una aportación económica establece de facto una jerarquía entre estados basada en capacidad financiera y cercanía política con Washington. En medios diplomáticos europeos se interpreta como un mensaje claro, quien quiera influir de verdad en la arquitectura de posguerra de Gaza deberá hacerlo no solo con respaldo político, sino también con recursos y alineamiento estratégico con Donald Trump.
El otro elemento que genera inquietud es el control personal que el presidente se reserva sobre el órgano. El borrador del estatuto le concede la última palabra sobre la interpretación del mandato y la capacidad de vetar decisiones incluso cuando cuenten con mayoría. En la práctica, el consejo por la paz se perfila menos como un foro de concertación internacional y más como una extensión directa del poder presidencial estadounidense, con aliados invitados a refrendar decisiones ya tomadas.