El Ejército de Estados Unidos ha anunciado «ataques de autodefensa» contra la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, en operaciones ejecutadas con «fuerzas aliadas» que también han incluido el derribo de «varios misiles balísticos y drones iraníes» lanzados contra Kuwait y Bahréin.»Las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo ataques de autodefensa contra una estación de control terrestre militar iraní en la isla de Qeshm», ha anunciado el Comando Central (Centcom) del Ejército estadounidense en una publicación en redes, una información que coincidiría con las informaciones en medios iraníes de explosiones en el sur de la isla.En la misma nota, el órgano militar ha afirmado que «Irán ha lanzado varios misiles balísticos contra países vecinos de la región», aunque, subraya, «ninguno ha alcanzado sus objetivos» y «ningún miembro del personal estadounidense ha resultado herido».En concreto, ha precisado que «tres misiles lanzados contra Bahréin han sido interceptados de inmediato por las fuerzas de defensa aérea de Estados Unidos y Bahréin», mientras que otros «dos misiles iraníes disparados contra Kuwait no han alcanzado su objetivo o se han desintegrado en el trayecto».Asimismo, el Centcom ha afirmado haber derribado «tres drones de ataque unidireccionales (‘kamikaze’) lanzados por Irán contra marineros civiles que transitaban legítimamente por aguas regionales».Activadas las defensas aéreas de Bahréin y KuwaitParalelamente, las autoridades de Bahréin se han limitado a indicar que «se ha activado la sirena» y a instar a la población a «mantener la calma y dirigirse al lugar seguro más cercano» en un breve mensaje publicado por el Ministerio de Interior del país insular.Más prolijo ha sido el Ejército de Kuwait, que ha advertido también en redes que sus defensas «están respondiendo a amenazas de misiles y drones», instando también a la población a «seguir las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes» y subrayando que «cualquier explosión que se escuche es resultado de la interceptación de objetivos hostiles».Además, ha difundido un comunicado en el que el alto órgano castrense «insta a todos los ciudadanos y residentes a no acercarse ni tocar escombros, metralla u objetos no identificados que puedan resultar de la interceptación» de proyectiles, y ha subrayado «la necesidad de reportar inmediatamente cualquier hallazgo de este tipo», haciendo al tiempo un llamamiento «a la cooperación y al cumplimiento de las directrices».

Al menos tres presos han muerto y cerca de 200 se han fugado de una cárcel situada en los alrededores de la capital de Panamá, Ciudad de Panamá, según han confirmado las autoridades, que han asegurado que sin embargo que más de 120 … de los escapados han sido ya capturados de nuevo por las fuerzas de seguridad.
El director de la Policía Nacional de Panamá, Jaime Fernández, ha indicado en rueda de prensa que un total de 195 presos lograron escapar de la cárcel de La Joyita durante un motín violento registrado el lunes. «No habíamos querido emitir una cifra hasta no hacer un conteo en sitio», ha explicado ante la prensa.

«Lamentamos que se haya podido evidenciar en redes sociales, a través de medios, donde mencionaban una fuga masiva. En realidad, a hoy son 195 reclusos que se fugaron, de los cuales 123 ya fueron capturados», ha destacado, antes de señalar que otros tres reos han muerto durante los disturbios, que ya están siendo investigados.

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Ivannia Salazar

Fernández ha apuntado además que seis reclusos y tres agentes han resultado heridos, al tiempo que ha especificado que entre estos últimos figura uno que llegó a ser «secuestrado dentro de uno de los pabellones» durante el motín, que ya ha dado por totalmente controlado por parte de las fuerzas de seguridad.
En este sentido, ha manifestado que los incidentes habrían estallaron a raíz de un traslado de presos, que se completó sin incidentes. «Obviamente esto generó una incomodidad dentro de los pabellones, lo que generó y derivó en una situación nuevamente crítica, destructiva», ha lamentado.
El jefe de la Policía ha denunciado además que diversas instalaciones sufrieron daños materiales durante los incidentes, incluido un centro de la Dirección de Inteligencia de la Policía, que «fue totalmente destruida». «No entendemos por qué tuvo que llegar a una escalada de este tipo», ha señalado.
Por último, Fernández ha defendido la labor de las fuerzas de seguridad ante los incidentes y ha hecho hincapié en que los agentes actuaron «de inmediato» y lograron contener ya en la tarde del lunes la situación. «Todos los reclusos y todos los pabellones estaban contenidos y controlados por la Policía Nacional a las 19.00 horas (hora local)» del 1 de junio, ha zanjado.
La prisión de La Joyita se encuentra ubicada en el corregimiento de Las Garzas, en la provincia de Panamá, al este de la capital. La cárcel, de máxima seguridad, acoge a jefes de bandas criminales y ha sido escenario de varias fugas y motines durante los últimos años, siendo considerada como el epicentro de la crisis carcelaria en Panamá.
La Joyita cuenta con capacidad para albergar a cerca de 2.800 personas, si bien en 2025 contaba con más de 4.700 reos, según datos oficiales recogidos por la cadena de televisión panameña TVN, lo que supone un 65% más de su capacidad prevista, uno de los motivos que ha generado denuncias sobre las condiciones de hacinamiento de presos en el centro.

Replicando el programa que utiliza Estados Unidos para la salida voluntaria de inmigrantes irregulares en su territorio, conocido como la aplicación ‘CBP One’, Chile ha puesto en marcha el Plan Retorno al que se podrá postular dentro de los próximos 180 días.El presidente … José Antonio Kast implementó inmediatamente la medida, anunciada este lunes, con la firma del instructivo que le indica al Servicio de Migraciones que cree un sistema de registro al que se acerquen los inmigrantes irregulares que no tengan cuentas pendientes con la Justicia y soliciten su repatriación.

Esto les permitiría, después de abandonar Chile, optar a un ingreso legal en el cual se pondrá acento en cuestiones como la reunificación familiar. Por el contrario, quienes sean detenidos y no se hayan inscrito en ese plazo, serán expulsados administrativamente sin la posibilidad de retornar.

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María J. Errázuriz

Durante las semanas pasadas el Gobierno ha ido afinando su plan nacional para dar cumplimiento a la promesa de campaña de expulsar a los 300.000 inmigrantes irregulares que residen en el país, cuestión que Kast definió como una «hipérbole» cuando se le pidieron cuentas por su retraso.
Desde entonces, las autoridades han anunciado medidas como la fiscalización de la Dirección del Trabajo a las empresas que contratan inmigrantes irregulares para multarlas. En la actualidad, los empleadores pueden hacer firmar un contrato a un irregular y hacerle cotizaciones previsionales (para lo cual el sistema previsional, AFP, les entrega un DNI provisional). Pero con el plan de fiscalización se busca terminar con esta práctica y dificultar la permanencia en Chile de esos trabajadores.
También se modificará la ley de Migraciones para establecer que los servicios de salud (hospitales y seguros de salud), educación y previsional hagan un registro de los inmigrantes irregulares que acudan por prestaciones, incluidos el nombre y la dirección. La titular de Salud, May Chomalí, objetó este anuncio y descartó que sus funcionarios se convirtieran en una suerte de delatores porque ellos están obligados a prestar atención médica a todo el que lo necesite.
Las autoridades del Ministerio del Interior, encargado de las materias de migración, aclararon que esta medida pretende elaborar un padrón en caso de que la justicia o las fuerzas de seguridad requieran dicha información para una eventual deportación.
Hasta el momento, se han realizado dos vuelos en aviones de la Fuerza Aérea y un ‘chárter’ de expulsiones tanto judiciales como administrativas que suman un total de 487 extranjeros deportados durante el Gobierno de Kast. Si se suman a este grupo los expulsados en los últimos meses de la administración Boric y el número de inmigrantes que ha partido voluntariamente, en total se registra la salida de 3.229 extranjeros en lo que va de 2026.
Aunque Kast prometió en campaña transformar en delito el ingreso irregular (hoy es solo una falta), para lo cual se tramitará una ley en el Congreso, las autoridades están analizando en paralelo ampliar el plazo de retención de quienes son apresados en la frontera de cinco a 180 días, que es el tiempo necesario para dictar la expulsión. En la actualidad muy pocos de los detenidos en el límite fronterizo pueden ser reconducidos a las naciones vecinas.
Diferente es la situación de aquellos que son detenidos por algún delito ya que estos ingresan al entramado judicial y, de haber sanción penal, deben cumplirla antes de poder ser expulsados del país. Otra de las modificaciones legales que analiza el Congreso es limitar el acceso de los irregulares a beneficios de cargo fiscal, incluidos los cupos para estudiantes en escuelas y otros.