La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este miércoles al mayor general Javier Marcano Tábata, jefe de la Guardia de Honor Presidencial de Nicolás Maduro y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y en su lugar designó al general … Gustavo González López, quien cuenta con su confianza.
El cambio de los responsables de la seguridad presidencial fue anunciado por el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, en su cuenta de Telegram, indicando que González López sustituye a Marcano Tábata en el cargo de la guardia de Honor, aunque no especificó los motivos. Ñáñez afirmó que la mandataria «expresó su reconocimiento» al general González López por «la entrega y lealtad demostrados durante el ejercicio de sus funciones».
Según el ministro, la presidenta encargada ratificó su confianza en la «trayectoria y vocación de servicio» de González López, quien fue el ministro de Interior y Justicia entre 2015 y 2016 y el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entre 2019 y 2024. «Estas designaciones forman parte de la dinámica de fortalecimiento y continuidad institucional, orientada a garantizar la paz, la seguridad del pueblo y la plena vigencia de la Constitución de la República», subrayó Ñáñez.

Sin embargo, según informa el ‘Diario Las Américas’, Marcano Tábata ha sido purgado. Lo que el actual Gobierno presentó como una respuesta a supuestas amenazas de «drones intrusos» en las zonas cercanas del Palacio Federal Legislativo y de Miraflores, la noche de este lunes, terminó siendo interpretado por analistas políticos como el movimiento final para aislar a Marcano Tábata de los centros de decisión.
Lejos de neutralizar una amenaza exterior, los hechos dejaron al descubierto errores en los protocolos de defensa y en la coordinación interna, especialmente en la seguridad de Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país. A partir de esta situación, el alto oficial fue señalado por sectores del Ejecutivo como responsable de la pérdida de control de esos sistemas de seguridad, lo que precipitó su destitución y posterior encarcelamiento. Tras la pérdida de confianza por el fallo estrepitoso que supuso la captura de Maduro, la caída en desgracia de Marcano Tábata alimenta la teoría de que un topo de la CIA se infiltró en la cúpula chavista para llevar a cabo la operación.

Nuevo jefe de seguridad presidencial

El general Gustavo González López fue director del Sebin, la Policía política del régimen, durante dos periodos: entre 2014 y 2018, además de entre 2019 y 2024. En la sede del Sebin mantienen a parte de los presos políticos del país. También fue ministro de Relaciones Interiores (2015-2016) y consejero de Seguridad e Inteligencia de la Presidencia.
Según informan las agencias internacionales, González López fue acusado por organizaciones de derechos humanos en el pasado por presuntos abusos durante su gestión en el Sebin, lo que le costó sanciones por parte de EE.UU. y la Unión Europea. También, de acuerdo con el medio independiente venezolano ‘Efecto Cocuyo’, el general está incluido en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro de los EE.UU.

¿Una «limpieza interna» prevista?

El cambio de jefes de seguridad presidencial fue la primera medida que dictó la presidenta interina tras jurar el cargo este lunes. Sin perder tiempo, Delcy Rodríguez comenzó a ejecutar sus labores de manera acelerada, como si estuviera preparada con todo, un programa de gobierno y planes de desarrollo económico, social y político.
En medios internacionales circuló la versión de que había dictado una orden de arresto contra Marcano Tábata tras haberlo destituido. La mandataria chavista no lo ha desmentido, como tampoco ha aclarado el motivo de su decisión después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores y su traslado para ser juzgado en Nueva York.
Marcano Tábata fue una de las figuras más cercanas al aparato de seguridad que protegía a Nicolás Maduro. Era considerado clave en la protección física y la estructura de inteligencia del régimen chavista antes de su derrocamiento. Su destitución y supuesta orden de arresto reflejan lo que analistas describen como una «limpieza interna» sin precedentes en las fuerzas armadas y de seguridad del país tras la captura de Maduro.
No hay confirmación oficial, pero medios internacionales sospechan de que el jefe de seguridad presidencial era un infiltrado de EE.UU., y, según publicaciones en redes y declaraciones de círculos cercanos al nuevo Gobierno, al general Marcano se le atribuyen varias faltas consideradas graves.
Entre ellas, destacan «exponer vulnerabilidades del anillo de seguridad presidencial, debilitando zonas estratégicas que eran parte del esquema conjunto de protección cubano-venezolano». También indican «fallos en la protección del Legislativo, permitiendo la entrada de grupos que generaron caos durante recientes incidentes en la Asamblea Nacional».
Igualmente, figuran «presuntas comunicaciones con actores externos, supuestamente intercambiando información confidencial con agencias de inteligencia extranjeras en los días previos a la intervención militar estadounidense».
Expertos en seguridad y política venezolana advierten de que la destitución y persecución de altos mandos podría ser tanto un intento de reforzar lealtades internas y asegurar el control sobre las fuerzas armadas tras la caída de Maduro, como una señal política contundente para disuadir traiciones dentro del nuevo esquema de poder, según publica el portal ‘América Noticias’.
Este tipo de cambios implican escenarios de inestabilidad e incertidumbre, ya que cada decisión redefine quién manda en Venezuela en medio de una transición complicada, tras la intervención militar de EE.UU. y la captura de Maduro.

Dos personas han resultado heridas este jueves por disparos de agentes federales en Portland, en el estado de Oregón, un día después de la muerte de una mujer abatida en la ciudad de Minneapolis por un efectivo del Servicio de Control de Inmigración … y Aduanas (ICE), lo que ha provocado protestas, mientras el Gobierno de Estados Unidos ha justificado la acción del agente.
«Dos personas se encuentran hospitalizadas tras un tiroteo en el que se vieron involucrados agentes federales», ha anunciado la Policía de Portland en un comunicado difundido en su página web, donde ha precisado que el cuerpo «no participó en el incidente».

El tiroteo ha tenido lugar poco antes de las 14.18 horas (hora local), cuando la Policía de la localidad ha recibido un aviso de tiroteo, confirmando que «agentes federales se habían visto involucrados en» en el mismo.

Minutos después, el cuerpo ha recibido un segundo aviso, esta vez de «un hombre que había recibido un disparo estaba llamando y pidiendo ayuda». «Los agentes acudieron al lugar y encontraron a un hombre y una mujer con heridas de bala aparentes. Los agentes les aplicaron un torniquete y llamaron al médico personal de emergencia. Los pacientes fueron trasladados al hospital», agregó.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca activó de inmediato una intensa ofensiva de presiones y lobby del sector petrolero en Washington. Ejecutivos energéticos, intermediarios y empresas con intereses en Venezuela multiplicaron los contactos con la nueva Administración para influir en el … régimen de sanciones y en la concesión de licencias, buscando una mayor cooperación con un sector cuyas relaciones energéticas internacionales el régimen de Caracas canaliza desde 2024 a través de Delcy Rodríguez. Ese movimiento fue descrito por diversas fuentes consultadas por ABC como un auténtico ejército de intereses económicos operando en paralelo a la política oficial hacia Venezuela.
El 31 de marzo, Trump ordenó endurecer la presión económica sobre Venezuela, en un giro que devolvía la política petrolera a la línea de su primer mandato. Ese mismo día, el Tesoro de EE.UU. ejecutó la revocación de casi todas las autorizaciones petroleras vigentes para operar en el país. Entre ellas figuraba la licencia de Global Oil Terminals, empresa de comercio de crudo y asfalto propiedad del empresario estadounidense Harry Sargeant III. En la misma decisión quedaron sin efecto las autorizaciones de la petrolera española Repsol y de otras compañías extranjeras con actividad en Venezuela.
Las empresas afectadas recibieron un plazo hasta finales de mayo para desmantelar y cerrar operaciones. En el caso de Global Oil Terminals, fueron anuladas las tres licencias que tenía en vigor, incluida la principal concedida en mayo de 2024, durante la Administración Biden, con la que había estado cargando crudo pesado venezolano para su exportación. La medida se inscribía en la estrategia de la Administración Trump de volver a aislar al régimen de Nicolás Maduro, en un contexto de frustración en la Casa Blanca por la lentitud de Caracas a la hora de aceptar deportaciones de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos.

Chevron quedó en una posición distinta. La Administración había notificado previamente a la compañía una orden para abandonar Venezuela, pero el cierre no se ejecutó de forma inmediata. En marzo de 2025, el Tesoro de EE.UU., por instrucción de la Casa Blanca, revocó la licencia General 41 que permitía a Chevron operar y exportar petróleo desde Venezuela, fijando como fecha límite el 27 de mayo para el fin de sus actividades. A partir de ese momento, Chevron intensificó los contactos con la Casa Blanca. Su consejero delegado, Mike Wirth, reconoció públicamente que la empresa estaba en diálogo con la Administración para defender su permanencia, argumentando que una retirada beneficiaría a China y a otros rivales estratégicos de Estados Unidos.

Papel de Grenell

A mediados de mayo, el proceso dio un giro con la intervención del enviado especial de Trump, Richard Grenell. Grenell mantuvo negociaciones directas con representantes del gobierno de Maduro en Antigua. Esos contactos desembocaron en la liberación del ciudadano estadounidense Joseph St. Clair, exmiembro de la Fuerza Aérea detenido en Venezuela. Tras ese episodio, Grenell anunció públicamente que Estados Unidos concedería una prórroga de 60 días a la licencia de Chevron, ampliando el plazo más allá del 27 de mayo. La extensión, sin embargo, no fue publicada de inmediato por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro.

El objetivo de Maduro era utilizar la aceptación de deportados como palanca para lograr un levantamiento parcial o total de sanciones

Grenell afirmó que la prórroga contaba con la autorización del presidente Trump y la vinculó al progreso logrado en las conversaciones con Caracas, incluida la liberación del ciudadano estadounidense. También sostuvo que Washington no quería dejar espacio a China en el sector petrolero venezolano. Esa versión fue cuestionada casi de inmediato por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien desmintió la existencia de una prórroga en declaraciones públicas y en redes sociales, asegurando que la licencia de Chevron expiraría el 27 de mayo, como estaba previsto. La rivalidad entre Rubio y Grenell se hizo explícita desde ese momento.
El desacuerdo evidenció una fractura interna en la Administración entre la vía negociadora impulsada por Grenell y la línea dura defendida por Rubio, contrario a cualquier concesión económica al gobierno de Maduro. Finalmente, la posición oficial comunicada por el Departamento de Estado fue que no existía una extensión en vigor más allá del plazo original, dejando en suspenso las negociaciones paralelas y subrayando que la política hacia Venezuela debía canalizarse por la vía institucional del Departamento de Estado.

Deportados por combustible

En paralelo a este pulso interno, el diario ‘The Miami Herald’ situó a Harry Sargeant III como un actor central en la gestación del llamado acuerdo de «crudo por inmigrantes» y lo vinculó directamente al canal Grenell. Según fuentes familiarizadas con las negociaciones citadas por el diario, Sargeant trabajó entre bastidores para facilitar el encuentro del 31 de enero de 2025 en Caracas entre Nicolás Maduro y Richard Grenell. De ese contacto habría surgido un entendimiento según el cual el régimen venezolano aceptaría vuelos de deportados desde EE.UU. a cambio de margen para aumentar las ventas de petróleo al mercado estadounidense.

En mayo, la Administración Trump negociaba de forma discreta un acuerdo con el Gobierno de Maduro para permitir que Chevron siguiera exportando petróleo venezolano a Estados Unidos

El objetivo de Maduro era utilizar la aceptación de deportados como palanca para lograr un levantamiento parcial o total de sanciones y, en concreto, asegurar la renovación de una licencia del Tesoro vinculada a Chevron. Según esas fuentes, la licencia habría sido extendida el 1 de febrero, al día siguiente del encuentro entre Maduro y Grenell, y recoge la interpretación de una de ellas: que Maduro «ganó» una renovación automática de la licencia que esperaba que Trump suspendiera.
Sargeant se situó al frente de un grupo de empresarios petroleros e inversores en deuda venezolana que, desde la victoria electoral de Trump en noviembre, intentaron convencer al presidente de la conveniencia de un acuerdo que combinara petróleo y control migratorio, en conversaciones mantenidas con interlocutores del entorno de los hermanos Rodríguez, según dos fuentes de la administración. Esas fuentes recalcan que Sargeant ya se opuso a un embargo en la primera administración, en oposición a las decisiones del gobierno interino que comandaba Juan Guaidó.
Sargeant mantenía desde hacía años contactos directos con el gobierno venezolano y con altos cargos de la petrolera estatal PDVSA para explorar oportunidades de petróleo y asfalto, según fuentes conocedoras de esos encuentros. Reuters informó de que Sargeant voló a Caracas en noviembre de 2017 para reunirse con Maduro con la intención de cerrar un acuerdo para comprar crudo pesado para su negocio de asfalto, una iniciativa que al año siguiente se tradujo en un acuerdo petrolero con el gobierno venezolano.
Sobre su relación con Grenell, el vínculo es directo según fuentes citadas por el diario: Sargeant facilitó el contacto entre Maduro y el enviado de Trump, y ese encuentro fue la base del entendimiento que mezclaba deportaciones y petróleo. Este diario intentó recabar la versión de Sargeant, a través de su abogado Christopher Kise, y de Grenell, sin obtener respuesta.

Negociaciones con el Gobierno de Maduro

En mayo, la Administración Trump negociaba de forma discreta un acuerdo con el Gobierno de Maduro para permitir que Chevron siguiera exportando petróleo venezolano a Estados Unidos a cambio de que Caracas aceptara el retorno de miles de migrantes venezolanos.
Según esas fuentes, Maduro buscaba a cambio concesiones políticas y económicas de gran calado, incluida su salida de la lista de sanciones del Tesoro y la retirada de los cargos por narcotráfico que siguen abiertos en tribunales estadounidenses. Este intento de normalización contaba con el respaldo de actores influyentes del lobby petrolero, entre ellos Sargeant, según publicó el Herald, pero se topó con una fuerte resistencia interna, especialmente de diputados republicanos cubanoamericanos de Florida y de responsables del Departamento de Estado bajo la órbita de Rubio.
Tras su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump canceló inicialmente la licencia que permitía a Chevron operar en Venezuela y ordenó el inicio del cierre de sus actividades. Sin embargo, tras contactos directos con la compañía y una intensa presión del sector, la Administración revisó esa decisión y en julio de 2025 otorgó a Chevron una nueva licencia, con condiciones distintas y no publicadas. Chevron pudo reanudar las exportaciones, pero dejó de pagar en efectivo al Estado venezolano y pasó a entregar a PDVSA su parte del crudo en especie. Ese cambio permitió que intermediarios ligados al régimen comercializaran ese petróleo, un efecto que Washington trató de corregir posteriormente con nuevas sanciones y restricciones al transporte de crudo venezolano.