El primer ministro británico, Andy Burnham, ha defendido este lunes ante la Cámara de los Comunes la necesidad de revisar las relaciones del Reino Unido con la Unión Europea, al considerar que mantener el actual marco de cooperación tras el Brexit supondría una «dejación de … funciones». En una intervención parlamentaria centrada en la política exterior y la seguridad nacional, el jefe del Gobierno anunció que Londres y Bruselas celebrarán una nueva cumbre el próximo 20 de noviembre, en la que intentará alcanzar acuerdos comerciales, energéticos y migratorios. Burnham insistió, sin embargo, en que su propuesta responde a un planteamiento pragmático y no supone cuestionar el resultado del referéndum de 2016.
«El ‘statu quo’ no es suficientemente bueno para el Reino Unido», afirmó el primer ministro, quien defendió que el país debe examinar con serenidad las posibilidades de mejorar sus vínculos con el bloque comunitario. «Si realmente queremos promover el crecimiento, controlar la inmigración y defender nuestros valores y nuestra seguridad, es una conversación que debemos mantener», sostuvo. A su juicio, renunciar a explorar estas posibilidades constituiría una «grave dejación de funciones».

La cumbre del 20 de noviembre, que se celebrará en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, representa la primera gran oportunidad para materializar este acercamiento. Según Burnham, los acuerdos que están sobre la mesa podrían aportar a la economía británica el equivalente a más de 10.000 millones de libras (11.382 millones de euros) anuales de aquí a 2040.

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Javier Ansorena

Entre las prioridades figura un pacto para facilitar el comercio de alimentos y bebidas, uno de los sectores más afectados por las barreras burocráticas surgidas tras la salida británica de la UE. El primer ministro recordó que cargamentos enteros de productos frescos pueden perderse por retrasos administrativos y que determinadas exportaciones, como las patatas de siembra escocesas o algunos mariscos galeses, siguen sujetas a prohibiciones. También señaló que los controles sobre el salmón escocés suponen pérdidas en exportaciones de alrededor de 100 millones de libras (118 millones de euros).
El Gobierno pretende además avanzar en la conexión de los sistemas energéticos, la cooperación sobre emisiones contaminantes y un programa de movilidad juvenil.
En materia migratoria, defendió una colaboración más estrecha con las autoridades europeas para intercambiar información policial, antecedentes penales y pruebas electrónicas que permitan combatir las redes dedicadas al tráfico de personas. El objetivo, explicó, es reforzar la lucha contra la inmigración irregular sin renunciar al control británico sobre sus fronteras.

«Si realmente queremos promover el crecimiento, controlar la inmigración y defender nuestros valores y nuestra seguridad, es una conversación que debemos mantener»

Andy Burnham
Primer ministro del Reino Unido

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La propuesta provocó las críticas inmediatas de la oposición conservadora. Su líder, Kemi Badenoch, acusó al primer ministro de intentar desmontar los acuerdos alcanzados tras el Brexit una década después del referéndum. Advirtió de que Bruselas es un «negociador difícil» y sostuvo que Burnham ha revelado de antemano todas sus cartas, debilitando así la posición británica.
La controversia se produce después de que Burnham asegurara durante el fin de semana que Rusia había interferido en la campaña del referéndum de 2016, aunque el primer ministro precisó que el Gobierno considera legítimo el resultado de aquella consulta y no cree que las actuaciones rusas determinaran su desenlace. Badenoch exigió explicaciones sobre el origen de las afirmaciones del primer ministro, mientras que Nigel Farage, líder de Reform UK, rechazó las acusaciones de injerencia rusa.
Burnham trató de separar ambas cuestiones. Su objetivo inmediato, explicó, es conseguir resultados concretos en noviembre y abrir después un debate sobre las alternativas a largo plazo. «En cada etapa, los británicos tendrán la última palabra», afirmó.

Irán, bajo sospecha por la amenaza a la base aérea

Más allá del Brexit, una de las declaraciones más relevantes de la jornada estuvo relacionada con la seguridad nacional. Burnham aseguró que es «altamente probable» que el presunto complot contra la base aérea de RAF Fairford, en Gloucestershire, fuese coordinado desde Teherán y «casi con toda seguridad» dirigido por la Guardia Revolucionaria iraní.
El incidente, ocurrido a finales de septiembre cerca de unas instalaciones utilizadas por bombarderos estadounidenses, provocó una investigación aún en curso por parte de la Policía antiterrorista y la detención de varios sospechosos. El primer ministro anunció nuevas sanciones contra Teherán para restringir su capacidad de operar contra intereses británicos.
«No toleraremos estas amenazas en nuestro territorio», advirtió. El Gobierno, añadió, intensificará las medidas contra las redes criminales utilizadas por Irán y sus fuentes de financiación.

Apoyo a Ucrania frente a Rusia

Burnham también alertó sobre la campaña rusa de ataques híbridos y sabotajes en Europa y anunció una nueva colaboración con el canciller alemán, Friedrich Merz, para combatir estas amenazas. En relación con Ucrania, reiteró el respaldo de Londres frente a la intensificación de los ataques rusos contra objetivos civiles, y también confirmó el apoyo militar británico a Arabia Saudí frente a los ataques de los rebeldes hutíes.
Burnham concluyó su comparecencia recuperando el mensaje que había trasladado hace unos días a la Asamblea General de Naciones Unidas: «Gran Bretaña ha vuelto», una declaración con la que pretende proyectar la imagen de un Reino Unido dispuesto a recuperar protagonismo internacional, reforzar su seguridad y redefinir su relación con Europa diez años después del referéndum que decidió su salida de la Unión Europea.

Las regiones y las ciudades europeas son un termómetro importante a la hora de analizar el momento que atraviesa el continente, y el balance no es positivo de acuerdo al informe anual del Comité Europeo de las Regiones, presentado este lunes. Eso sí, la Comunidad de Madrid, Cataluña o Castilla la Mancha se han aupado como buenos ejemplos en el contexto comunitario entre muchos avisos para mal. Por ejemplo, el docuemento refleja un desarrollo profundamente desigual en la Unión Europea. Aunque la mayoría de los territorios registraron crecimiento en su PIB por habitante, apenas el 12% de las regiones mejoraron simultáneamente en seis de los siete indicadores socioeconómicos analizados. Además, más de la mitad de las regiones sufrió un claro deterioro en sus condiciones de empleo y mercado laboral.En ese contexto, Madrid captó la mitad de toda la inversión extranjera directa recibida por España en 2025. La región impulsó una «línea abierta contra la hiperregulación», que ha permitido tramitar 540 medidas orientadas a eliminar trabas administrativas y facilitar el entorno empresarial. Para equilibrar las disparidades entre la capital y las zonas rurales menos pobladas, recoge el informe anual del Comité, Madrid activó el plan «pueblos con vida» con una dotación de 155 millones de euros desde 2024. La iniciativa, enfocada en municipios de menos de 20.000 habitantes, garantiza vivienda asequible, comercio y servicios esenciales, logrando un incremento del 14% en la población de los municipios de menos de 5.000 habitantes.En Barcelona, la antigüedad del parque inmobiliario provocaba elevados costes de climatización y riesgo de pobreza energética. Mediante la colaboración entre fondos municipales, el Consorci de l’Habitatge y el mecanismo europeo NextGenerationEU, se ejecutaron 170 millones de euros para rehabilitar 11.600 viviendas, reduciendo la demanda energética un 50% de media. Por su parte, el sector de la automoción en Cataluña empleaba en 2023 a más de 31.000 personas y generaba 20.100 millones de euros de facturación (el 7,1% del PIB regional). A través del Clúster de la Industria de la Automoción de Cataluña —que agrupa a 365 empresas e instituciones—, la región coordina inversiones para adaptar las cadenas de suministro a la movilidad eléctrica y digital.Hay más buenas noticias en España. Y es que en Castilla la Mancha, celebra el documento, se ha dado un importante impulso a la transición generacional en la agricultura: la administración regional articuló una inversión de 225 millones de euros a lo largo de una década, distribuida en cinco convocatorias de ayudas económicas.Así, más de 5.300 jóvenes agricultores y ganaderos iniciaron su actividad en la región. Esta cifra representa la mitad de todas las incorporaciones de jóvenes al campo registradas en España, demostrando la eficacia de combinar pagos rápidos con programas gratuitos de formación en competencias digitales. El informe también destaca que Andalucía concentra entre el 70% y el 80% de la producción de aceite de oliva de España. El mercado estadounidense representa el 19,1% de sus exportaciones oleícolas (806 millones de euros en 2024), situándose como su principal comprador internacional. Asimismo, el sector de la defensa encontró buenos contextos en Galicia o la Región de Murcia.Una situación complicada a nivel europeoPese a estos ‘brotes verdes’ en el caso español, las regiones europeas no pasan por su mejor momento, según advierte el Comité. Sin ir más lejos, uno de cada dos territorios europeos vio aumentar el riesgo de pobreza o exclusión social entre su población. A esta fragilidad se suma el envejecimiento demográfico, un desafío que ya afecta de forma directa al 95% de las regiones comunitarias, calcula la institución consultiva. Asimismo, las zonas rurales también pagan de manera muy clara ese declive pese al ejemplo manchego: solo el 10,7% de los agricultores europeos tiene menos de 40 años. De no revertirse esta dinámica, la UE se expone a la desaparición de hasta 6,4 millones de explotaciones agrícolas para el año 2040.La crisis de la vivienda es un elemento clave en cómo se tiene que construir la Unión del futuro. El documento refleja que 1,3 millones de personas se encuentran en situación de sinhogarismo en la UE. Asimismo, 48 millones de europeos no pueden mantener su hogar a una temperatura adecuada, viéndose atrapados en situaciones de pobreza energética. El cambio climático, por otro lado, castiga directamente a las regiones y ciudades de la Unión tras un verano marcado por sequías e incendios que destruyeron más de 650.000 hectáreas. Prevenir desastres naturales requerirá inversiones anuales de 69.000 millones de euros en infraestructuras y protección civil. En caso de inacción, las pérdidas económicas acumuladas por eventos climáticos extremos podrían ascender a 2,4 billones de euros entre 2031 y 2050.Todo ese diagnóstico tiene especial relevancia porque ve la luz en plena negociación del nuevo presupuesto a largo plazo de la UE (el Marco Financiero Plurianual 2028-2034). En el Comité hay cuando menos «inquietud» respecto a los fondos de cohesión, tal como comentó en rueda de prensa la presidenta de la institución Katta Tutto. La propuesta de la presidencia irlandesa del Consejo deja esa partida en 410.000 millones de euros, en uno de los menores recortes pero con una cantidad «insuficiente» a ojos de Tutto. «Está claro que este dinero no puede resolver todos nuestros problemas. Por tanto, la gran pregunta es: ya que este dinero se gasta de forma conjunta, ¿en qué lo invertimos? Aquí es donde entran en juego la arquitectura y la gobernanza», se cuestionó.Y advirtió de los riesgos del nuevo esquema financiero. «Si aceptamos, y si los Estados miembros aceptan, que la política de cohesión pase de ser una política europea independiente a ser simplemente una prioridad más dentro de una asignación nacional de cara a las próximas negociaciones presupuestarias, la política de cohesión dejará de existir», lamentó Tutto, que pidió no ver las ayudas a la cohesión como algo estanco: «La economía sin geografía ofrece una visión muy incompleta de la realidad». Y la realidad de las regiones, ahora mismo, es compleja.

Un nuevo ataque sobre el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad ha vuelto a agitar la seguridad del reino saudí. La ofensiva, lanzada por los rebeldes hutíes este domingo, provocó la muerte de un residente de nacionalidad pakistaní y dejó once heridos, … según confirmaron las autoridades de aviación civil de Arabia Saudita. El ataque, que también causó un incendio en las instalaciones y daños materiales aún en fase de evaluación, se produce apenas un día después del mortífero ataque del sábado, el más grave registrado en suelo saudí en más de una década, donde murieron 12 personas y más de 300 resultaron heridas.
La incursión del domingo fue reivindicada por el grupo insurgente respaldado por Irán como parte de una campaña continuada que califica los centros de tránsito del reino como «territorio de operaciones para nuestras fuerzas». Aunque los sistemas de defensa aérea saudíes lograron interceptar un misil balístico en las proximidades del aeródromo capitalino, la penetración de proyectiles ha obligado a extender la suspensión de las operaciones aéreas 24 horas más, hasta las 23.00 horas del lunes, según los registros de la plataforma de navegación comercial Flightradar24.

Las autoridades saudíes también denunciaron otra arremetida contra el aeropuerto de Dammam, en el este del país. Posteriormente, anunciaron el derribo de un dron en la misma región, ambos ataques reivindicados por los hutíes. Ya en la mañana del lunes, las defensas antiaéreas interceptaban un misil balístico con destino a Khamis Mushait, enclave estratégico del sur que alberga una importante base militar.

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Mikel Ayestaran

La intensificación de los ataques contra nudos de transporte, instalaciones petroleras y buques cisterna en el mar Rojo evidencia la vulnerabilidad de las infraestructuras saudíes, a pesar de las gigantescas inversiones de Riad en la modernización de su aparato militar. A este respecto, el analista de seguridad de la Universidad de Ottawa, Thomas Juneau, señala a AFP la complejidad técnica de garantizar una cobertura inexpugnable sobre el terreno: «Las defensas aéreas saudíes han conseguido interceptar algunos ataques con misiles y drones hutíes, pero Arabia Saudita es tan extensa que les resulta imposible defenderse de forma consistente». De igual modo, la estrategia de la insurgencia busca «hacerle a Arabia Saudita lo que Arabia Saudita les hace», añade Juneau.

«Los hutíes quieren hacerle a Arabia Saudita lo que Arabia Saudita les hace»

Thomas Juneau
Analista de seguridad de la Universidad de Ottawa

La coalición internacional encabezada por Arabia Saudí –que apoya militarmente al Gobierno yemení reconocido internacionalmente desde 2015– calificó la acción del sábado de «crimen de guerra en toda regla» y prometió responder con contundencia. Poco después, medios afines a los hutíes denunciaron dos bombardeos saudíes en la gobernación de Saná, que habrían causado la muerte de un civil y cinco heridos.

Condena internacional

La escalada ha desatado una repulsa diplomática unánime. Las Embajadas de Estados Unidos, Canadá, Alemania y España han emitido avisos de seguridad instando a sus nacionales a evitar el aeropuerto de Riad, mientras que Australia ha calificado los ataques de «inaceptables» y ha recomendado el confinamiento de sus ciudadanos en sus hogares. Por su parte, la ONU y diversos líderes internacionales, entre ellos el presidente estadounidense, Donald Trump, –quien sopesa unirse a los ataques saudíes– y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han denunciado con dureza la ofensiva rebelde. Entretanto, en el teatro de operaciones de Yemen, las fuerzas gubernamentales respaldadas por Riad sostienen intensos combates en torno al estratégico estrecho de Bab al-Mandeb, ruta clave para el comercio marítimo mundial.