Dos personas han resultado heridas este jueves por disparos de agentes federales en Portland, en el estado de Oregón, un día después de la muerte de una mujer abatida en la ciudad de Minneapolis por un efectivo del Servicio de Control de Inmigración … y Aduanas (ICE), lo que ha provocado protestas, mientras el Gobierno de Estados Unidos ha justificado la acción del agente.
«Dos personas se encuentran hospitalizadas tras un tiroteo en el que se vieron involucrados agentes federales», ha anunciado la Policía de Portland en un comunicado difundido en su página web, donde ha precisado que el cuerpo «no participó en el incidente».

El tiroteo ha tenido lugar poco antes de las 14.18 horas (hora local), cuando la Policía de la localidad ha recibido un aviso de tiroteo, confirmando que «agentes federales se habían visto involucrados en» en el mismo.

Minutos después, el cuerpo ha recibido un segundo aviso, esta vez de «un hombre que había recibido un disparo estaba llamando y pidiendo ayuda». «Los agentes acudieron al lugar y encontraron a un hombre y una mujer con heridas de bala aparentes. Los agentes les aplicaron un torniquete y llamaron al médico personal de emergencia. Los pacientes fueron trasladados al hospital», agregó.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca activó de inmediato una intensa ofensiva de presiones y lobby del sector petrolero en Washington. Ejecutivos energéticos, intermediarios y empresas con intereses en Venezuela multiplicaron los contactos con la nueva Administración para influir en el … régimen de sanciones y en la concesión de licencias, buscando una mayor cooperación con un sector cuyas relaciones energéticas internacionales el régimen de Caracas canaliza desde 2024 a través de Delcy Rodríguez. Ese movimiento fue descrito por diversas fuentes consultadas por ABC como un auténtico ejército de intereses económicos operando en paralelo a la política oficial hacia Venezuela.
El 31 de marzo, Trump ordenó endurecer la presión económica sobre Venezuela, en un giro que devolvía la política petrolera a la línea de su primer mandato. Ese mismo día, el Tesoro de EE.UU. ejecutó la revocación de casi todas las autorizaciones petroleras vigentes para operar en el país. Entre ellas figuraba la licencia de Global Oil Terminals, empresa de comercio de crudo y asfalto propiedad del empresario estadounidense Harry Sargeant III. En la misma decisión quedaron sin efecto las autorizaciones de la petrolera española Repsol y de otras compañías extranjeras con actividad en Venezuela.
Las empresas afectadas recibieron un plazo hasta finales de mayo para desmantelar y cerrar operaciones. En el caso de Global Oil Terminals, fueron anuladas las tres licencias que tenía en vigor, incluida la principal concedida en mayo de 2024, durante la Administración Biden, con la que había estado cargando crudo pesado venezolano para su exportación. La medida se inscribía en la estrategia de la Administración Trump de volver a aislar al régimen de Nicolás Maduro, en un contexto de frustración en la Casa Blanca por la lentitud de Caracas a la hora de aceptar deportaciones de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos.

Chevron quedó en una posición distinta. La Administración había notificado previamente a la compañía una orden para abandonar Venezuela, pero el cierre no se ejecutó de forma inmediata. En marzo de 2025, el Tesoro de EE.UU., por instrucción de la Casa Blanca, revocó la licencia General 41 que permitía a Chevron operar y exportar petróleo desde Venezuela, fijando como fecha límite el 27 de mayo para el fin de sus actividades. A partir de ese momento, Chevron intensificó los contactos con la Casa Blanca. Su consejero delegado, Mike Wirth, reconoció públicamente que la empresa estaba en diálogo con la Administración para defender su permanencia, argumentando que una retirada beneficiaría a China y a otros rivales estratégicos de Estados Unidos.

Papel de Grenell

A mediados de mayo, el proceso dio un giro con la intervención del enviado especial de Trump, Richard Grenell. Grenell mantuvo negociaciones directas con representantes del gobierno de Maduro en Antigua. Esos contactos desembocaron en la liberación del ciudadano estadounidense Joseph St. Clair, exmiembro de la Fuerza Aérea detenido en Venezuela. Tras ese episodio, Grenell anunció públicamente que Estados Unidos concedería una prórroga de 60 días a la licencia de Chevron, ampliando el plazo más allá del 27 de mayo. La extensión, sin embargo, no fue publicada de inmediato por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro.

El objetivo de Maduro era utilizar la aceptación de deportados como palanca para lograr un levantamiento parcial o total de sanciones

Grenell afirmó que la prórroga contaba con la autorización del presidente Trump y la vinculó al progreso logrado en las conversaciones con Caracas, incluida la liberación del ciudadano estadounidense. También sostuvo que Washington no quería dejar espacio a China en el sector petrolero venezolano. Esa versión fue cuestionada casi de inmediato por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien desmintió la existencia de una prórroga en declaraciones públicas y en redes sociales, asegurando que la licencia de Chevron expiraría el 27 de mayo, como estaba previsto. La rivalidad entre Rubio y Grenell se hizo explícita desde ese momento.
El desacuerdo evidenció una fractura interna en la Administración entre la vía negociadora impulsada por Grenell y la línea dura defendida por Rubio, contrario a cualquier concesión económica al gobierno de Maduro. Finalmente, la posición oficial comunicada por el Departamento de Estado fue que no existía una extensión en vigor más allá del plazo original, dejando en suspenso las negociaciones paralelas y subrayando que la política hacia Venezuela debía canalizarse por la vía institucional del Departamento de Estado.

Deportados por combustible

En paralelo a este pulso interno, el diario ‘The Miami Herald’ situó a Harry Sargeant III como un actor central en la gestación del llamado acuerdo de «crudo por inmigrantes» y lo vinculó directamente al canal Grenell. Según fuentes familiarizadas con las negociaciones citadas por el diario, Sargeant trabajó entre bastidores para facilitar el encuentro del 31 de enero de 2025 en Caracas entre Nicolás Maduro y Richard Grenell. De ese contacto habría surgido un entendimiento según el cual el régimen venezolano aceptaría vuelos de deportados desde EE.UU. a cambio de margen para aumentar las ventas de petróleo al mercado estadounidense.

En mayo, la Administración Trump negociaba de forma discreta un acuerdo con el Gobierno de Maduro para permitir que Chevron siguiera exportando petróleo venezolano a Estados Unidos

El objetivo de Maduro era utilizar la aceptación de deportados como palanca para lograr un levantamiento parcial o total de sanciones y, en concreto, asegurar la renovación de una licencia del Tesoro vinculada a Chevron. Según esas fuentes, la licencia habría sido extendida el 1 de febrero, al día siguiente del encuentro entre Maduro y Grenell, y recoge la interpretación de una de ellas: que Maduro «ganó» una renovación automática de la licencia que esperaba que Trump suspendiera.
Sargeant se situó al frente de un grupo de empresarios petroleros e inversores en deuda venezolana que, desde la victoria electoral de Trump en noviembre, intentaron convencer al presidente de la conveniencia de un acuerdo que combinara petróleo y control migratorio, en conversaciones mantenidas con interlocutores del entorno de los hermanos Rodríguez, según dos fuentes de la administración. Esas fuentes recalcan que Sargeant ya se opuso a un embargo en la primera administración, en oposición a las decisiones del gobierno interino que comandaba Juan Guaidó.
Sargeant mantenía desde hacía años contactos directos con el gobierno venezolano y con altos cargos de la petrolera estatal PDVSA para explorar oportunidades de petróleo y asfalto, según fuentes conocedoras de esos encuentros. Reuters informó de que Sargeant voló a Caracas en noviembre de 2017 para reunirse con Maduro con la intención de cerrar un acuerdo para comprar crudo pesado para su negocio de asfalto, una iniciativa que al año siguiente se tradujo en un acuerdo petrolero con el gobierno venezolano.
Sobre su relación con Grenell, el vínculo es directo según fuentes citadas por el diario: Sargeant facilitó el contacto entre Maduro y el enviado de Trump, y ese encuentro fue la base del entendimiento que mezclaba deportaciones y petróleo. Este diario intentó recabar la versión de Sargeant, a través de su abogado Christopher Kise, y de Grenell, sin obtener respuesta.

Negociaciones con el Gobierno de Maduro

En mayo, la Administración Trump negociaba de forma discreta un acuerdo con el Gobierno de Maduro para permitir que Chevron siguiera exportando petróleo venezolano a Estados Unidos a cambio de que Caracas aceptara el retorno de miles de migrantes venezolanos.
Según esas fuentes, Maduro buscaba a cambio concesiones políticas y económicas de gran calado, incluida su salida de la lista de sanciones del Tesoro y la retirada de los cargos por narcotráfico que siguen abiertos en tribunales estadounidenses. Este intento de normalización contaba con el respaldo de actores influyentes del lobby petrolero, entre ellos Sargeant, según publicó el Herald, pero se topó con una fuerte resistencia interna, especialmente de diputados republicanos cubanoamericanos de Florida y de responsables del Departamento de Estado bajo la órbita de Rubio.
Tras su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump canceló inicialmente la licencia que permitía a Chevron operar en Venezuela y ordenó el inicio del cierre de sus actividades. Sin embargo, tras contactos directos con la compañía y una intensa presión del sector, la Administración revisó esa decisión y en julio de 2025 otorgó a Chevron una nueva licencia, con condiciones distintas y no publicadas. Chevron pudo reanudar las exportaciones, pero dejó de pagar en efectivo al Estado venezolano y pasó a entregar a PDVSA su parte del crudo en especie. Ese cambio permitió que intermediarios ligados al régimen comercializaran ese petróleo, un efecto que Washington trató de corregir posteriormente con nuevas sanciones y restricciones al transporte de crudo venezolano.

El mero hecho de plantear la pregunta es un insulto, tanto para los groenlandeses como para el Gobierno de Dinamarca. Ambos han declarado reiteradamente que «Groenlandia no está en venta» y alegan su derecho soberano sobre esta isla ártica de 2.166 millones … de kilómetros cuadrados de superficie y unos 57.000 habitantes. Sin ánimo alguno de insultar, sin embargo, se pueden hacer algunos cálculos que podrían estar ya discutiéndose en la Casa Blanca, a juzgar por los comentarios del presidente Trump y su más estrecho círculo.
Según Dinamarca, Groenlandia «no tiene precio», en el sentido de que no se paga con dinero. Si nos atenemos al precio fijado por la oferta y la demanda, más bien en este caso por la demanda al alegar Trump que la isla es «esencial para la defensa nacional» de Estados Unidos, estaríamos también ante la evidencia de que no tiene precio, en el sentido de que la defensa nacional es la prioridad máxima del país. Cualquier precio estaría teóricamente justificado. Ahora bien, si buscamos referencias en la historia, podemos obtener alguna pista útil para la fijación de un precio.
No es la primera vez que Estados Unidos intenta comprar la isla. En 1946, tras la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno de Harry S. Truman hizo una oferta secreta para comprar Groenlandia a Dinamarca por 100 millones de dólares en oro, según documentos en los Archivos Nacionales de EE.UU., cuyo equivalente hoy serían unos 1.300 millones de dólares, teniendo en cuenta la inflación.

Otras referencias históricas serían la compra de las Islas Vírgenes a Dinamarca en 1917, por 25 millones de dólares en oro que hoy serían unos 500 millones, o la compra de Alaska a Rusia en 1867 por 7,2 millones de dólares, o de Luisiana a Francia por 15 millones de dólares. Estos ejemplos demuestran que Estados Unidos ha encontrado la manera de saltar sobre la valla de la soberanía en varias ocasiones, incluso sobre países que ahora niegan la mayor sobre Groenlandia. Si a esto añadimos que Trump no parece diferenciar demasiado entre comprar un campo de golf y un Estado soberano, y que contempla la adquisición de Groenlandia como una cuestión de legado, la posibilidad de que la transacción llegue a realizarse es bastante más alta de lo que en principio podría pensarse. Por eso hay ya unos cuantos cálculos sobre la mesa.

«Acuerdo del siglo»

‘The Economist’ se ha referido a Groenlandia como un posible «acuerdo del siglo» para Estados Unidos, considerando sus minerales de tierras raras sin explotar y el valor estratégico de su ubicación en el Ártico. Según dicha revista, la riqueza de recursos de Groenlandia podría hacer que valiera «cientos de miles de millones a largo plazo». Los expertos de Reuters han calculado que el potencial de recursos de Groenlandia podría valer «decenas de miles de millones de dólares», reduciendo la expectativa del precio porque advierten de que las preocupaciones medioambientales y los desafíos de infraestructura complican el desarrollo de la explotación.
La primera Administración Trump, que ya coqueteó con la idea de comprar Groenlandia en 2019, puso entonces sobre la mesa un valor de entre 30.000 y 70.000 millones de dólares (entre 25.000 y 60.000 millones de euros), dependiendo de la viabilidad futura de la extracción. Y, si miramos a las autoridades regionales groenlandesas, partimos de la base de que actualmente reciben un apoyo financiero significativo de Dinamarca, que asciende a aproximadamente 623,5 millones de dólares anuales (535 millones de euros) a través de una subvención global, junto con 145 millones de dólares (124,5 millones de euros) adicionales para gastos judiciales y de defensa. En total, el apoyo anual se eleva a unos 768,5 millones de dólares (660 millones de euros). Si multiplicamos esta cifra por un siglo de usufructo, como mínimo, obtenemos también la aproximación en el precio que podría negociarse, llegado el caso, entre los 700.000 y los 800.000 millones de dólares (entre 600.000 y 687.000 millones de euros).

Compra gratis

La mejor compra, sin embargo, es la que sale gratis. Y Trump, como hombre de negocios, debería saberlo. «No es necesario que gasten tanto dinero, Estados Unidos tiene ya un acuerdo que le proporciona gran libertad de acción en Groenlandia, de manera que puede hacer prácticamente lo que quiera si tan sólo lo pide amablemente», dice a ABC Mikkel Runge Olesen, del Instituto Danés de Estudios Internacionales de Copenhague. Fuentes del Gobierno danés coinciden en que «en cuestiones de defensa», siempre obtendría un «sí».
Venezuela ha demostrado, sin embargo, y según las propias palabras de Trump, que la clave es el acceso a los recursos. Y, en este aspecto, las autoridades regionales de Groenlandia están dispuestas a negociarlo prácticamente todo. «La realidad es que vamos a trabajar con Estados Unidos, ayer, hoy y mañana», asiente en sus encuentros con la prensa el primer ministro Múte Egede, quien señala también que «tenemos que ser muy inteligentes en nuestra forma de actuar: las luchas de poder entre las superpotencias están aumentando y ahora llaman a nuestra puerta».