Bolivia entró este sábado en una nueva etapa de la crisis política y social que atraviesa desde hace casi dos meses. Tras 50 días de bloqueos, episodios de violencia, problemas de abastecimiento y una creciente presión sobre la economía nacional, el presidente Rodrigo Paz … decretó el estado de excepción en todo el territorio nacional y ordenó a la Policía y las Fuerzas Armadas recuperar las carreteras y garantizar el libre tránsito.
Es la decisión más drástica adoptada por el Gobierno desde que comenzaron las movilizaciones impulsadas por sectores campesinos, organizaciones afines a Evo Morales y grupos que exigen la renuncia del mandatario, quien asumió la Presidencia hace poco más de siete meses.

«Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional», anunció Paz durante un mensaje difundido la madrugada de este sábado, acompañado por su gabinete ministerial.

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Ronald Catari

La medida llega después de semanas en las que el Gobierno ha insistido en primar el diálogo como mecanismo para resolver el conflicto. Incluso durante los últimos días, distintas autoridades descartaban la posibilidad de aplicar este recurso constitucional, argumentando que una medida de esa naturaleza podía agravar la confrontación o ser utilizada políticamente por los sectores movilizados.
El conflicto llegó a su día 51 con más de 45 puntos de bloqueo distribuidos en al menos seis departamentos del país, afectando el abastecimiento de combustibles, alimentos, medicamentos y otros productos esenciales. La capital, La Paz, continuó siendo el principal foco de la crisis, cercada por movilizaciones campesinas y organizaciones afines al expresidente Evo Morales.
A todo ello se suman los episodios de violencia registrados estas semanas cerca de la plaza Murillo, donde grupos movilizados protagonizaron enfrentamientos con efectivos policiales, ataques a infraestructuras públicas y privadas, agresiones a periodistas y saqueos a comercios. Para el Ejecutivo, esos acontecimientos confirmaron que la protesta había dejado de ser únicamente una movilización de reivindicación social.

En al menos seis departamentos del país hay 45 puntos de bloqueo que afectan el abastecimiento de combustibles, alimentos, medicamentos y otros productos esenciales

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Durante su discurso, el presidente boliviano sostuvo que detrás de los bloqueos existen estructuras políticas organizadas que buscan utilizar el conflicto como instrumento de desestabilización. El mandatario señaló además que algunos sectores con demandas genuinas comenzaron a retirarse de las medidas de presión, pero que otros optaron por profundizar el conflicto.
Precisamente, uno de los hechos que antecedió a la declaración fue el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB). Sus sindicalistas suscribieron un entendimiento con el Ejecutivo y anunciaron el levantamiento de sus medidas de presión. Sin embargo, el acuerdo no logró desactivar la crisis.
Los cocaleros del Trópico de Cochabamba rechazaron este pacto, acusaron al dirigente Mario Argollo de «traición» y anunciaron la masificación de los bloqueos. En paralelo, la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari se desmarcó del acuerdo y determinó continuar e intensificar las movilizaciones en el departamento de La Paz.
«Llega un momento en que no actuar deja de ser prudencia y se convierte en irresponsabilidad. Ese momento ha llegado», sostuvo el presidente Rodrigo Paz.

«Llega un momento en que no actuar deja de ser prudencia y se convierte en irresponsabilidad. Ese momento ha llegado»

Rodrigo Paz
Presidente de Bolivia

La decisión también se produce en medio de una creciente presión internacional. Durante la semana, el Gobierno llevó el conflicto ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde denunció intentos de desestabilización política, daño a los derechos fundamentales de la población y graves consecuencias humanitarias derivadas de los bloqueos.
Ante ese organismo, Bolivia solicitó respaldo para preservar el orden constitucional y pidió una condena a toda forma de violencia política y coerción organizada. En la sesión, varios países expresaron preocupación por la situación humanitaria, el desabastecimiento y los efectos de los bloqueos sobre la población.

El apoyo de EE.UU. al Gobierno

Estados Unidos respaldó públicamente al presidente Rodrigo Paz y condenó cualquier intento de alterar el orden democrático mediante violencia o intimidación. Días antes, su vicesecretario de Estado, Christopher Landau, había afirmado que en Bolivia existe «un golpe de Estado en marcha», atribuyendo la crisis a una alianza entre actores políticos y estructuras vinculadas al crimen organizado.
La OEA también manifestó su apoyo a la institucionalidad democrática boliviana y exhortó a las partes a buscar soluciones mediante el diálogo. A pesar de estos llamamientos para desactivar la crisis, el conflicto ha seguido escalando.
Ante el agravamiento de la situación, Paz decidió activar uno de los mecanismos más extraordinarios previstos por la Constitución Política del Estado. La medida ha entrado en vigor de manera inmediata, aunque deberá ser remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su revisión. El Parlamento dispone de 72 horas para pronunciarse sobre la declaración del estado de excepción.
El Gobierno sostiene que el objetivo no es restringir derechos ni alterar la vida cotidiana de la población. Desde la Oficina del Presidente se informó además que no habrá toque de queda, no se suspenderán los derechos fundamentales, no se cerrarán comercios y los servicios financieros continuarán operando con normalidad, salvo en zonas de riesgo.

A pesar del estado de excepción, no habrá toque de queda, no se suspenderán los derechos fundamentales y no se cerrarán comercios ni bancos

Paz instruyó a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas ejecutar las acciones necesarias para liberar las carreteras, restablecer el abastecimiento y garantizar la circulación en todo el país. Durante las primeras horas de este sábado comenzaron a observarse movimientos y contingentes policiales y militares en distintos puntos del país, en preparación para los operativos de desbloqueo.
El Gobierno considera que la medida es necesaria para recuperar el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal, además de evitar un mayor deterioro económico. Al mismo tiempo, lanzó una última advertencia a quienes mantienen las medidas de presión. «A quienes mantienen bloqueos les digo con claridad: aún están a tiempo de desistir voluntariamente», señaló Rodrigo Paz.

Mientras mujeres y niñas afganas son detenidas en las calles de Herat por su forma de vestir, Europa debate la posibilidad de recibir a representantes talibanes en espacios políticos e institucionales. Esta contradicción plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿cómo puede una democracia abrir sus puertas a quienes han convertido la discriminación de las mujeres en una política de Estado?Las recientes detenciones de mujeres en Herat por supuesto «incumplimiento» de las normas impuestas por los talibanes provocaron indignación dentro y fuera de Afganistán. Testimonios e imágenes difundidas en redes sociales muestran a mujeres arrestadas en plena calle. Sin embargo, varios de esos vídeos revelan algo aún más inquietante: muchas de las mujeres detenidas aparentemente cumplían con las normas de vestimenta exigidas. Esto evidencia que no se trata de una simple aplicación de reglas, sino de un uso arbitrario del poder, en el que cualquier pretexto sirve para controlar, intimidar y castigar.No se trata de incidentes aislados. Es parte de un sistema. Desde su regreso al poder en agosto de 2021, los talibanes han desarrollado una política sistemática de exclusión. Han prohibido la educación secundaria y universitaria para las niñas, han restringido el acceso al trabajo, han limitado la movilidad de las mujeres y las han expulsado progresivamente de la vida pública. Lo que vemos hoy no es una situación temporal, sino la consolidación de un modelo de Estado basado en la discriminación institucionalizada.Las mujeres afganas ya no son ciudadanas con derechos plenos. Son tratadas como personas cuya existencia misma debe ser regulada. En este contexto, las detenciones en Herat no son hechos puntuales: son mensajes. Cada arresto envía una señal clara de control absoluto sobre sus vidas.A esta represión se suma un discurso cada vez más agresivo desde sectores religiosos afines al régimen. En recientes sermones del viernes, algunos mulás (líderes religiosos) calificaron las protestas —tanto dentro como fuera de Afganistán— en apoyo a las mujeres de Herat como «hipocresía» y «sedición». Insistieron además en que el uso del hiyab es obligatorio e incuestionable. Este tipo de lenguaje no solo legitima la represión, sino que intenta desacreditar cualquier forma de resistencia civil.Pero lo que resulta igualmente preocupante es el contexto internacional en el que ocurre todo esto. Mientras las mujeres son perseguidas, Afganistán ha ido desapareciendo progresivamente de los titulares informativos. El país que durante años ocupó la atención de los medios internacionales, hoy apenas figura en las noticias. Este silencio mediático no es neutro: contribuye a invisibilizar el sufrimiento de millones de mujeres y facilita que decisiones políticas controvertidas pasen desapercibidas.Es precisamente en este contexto donde surgen propuestas para invitar a representantes talibanes a espacios europeos. Y ahí es donde la contradicción se vuelve aún más evidente.Ante esta realidad, miles de afganos que vivimos en Europa decidimos alzar la voz. El 4 de junio nos manifestamos frente oficina del Parlamento Europeo en Madrid. El 13 de junio volvimos a concentrarnos frente a la sede de la televisión española RTVE. Protestas similares tuvieron lugar en Alemania, Finlandia, Francia, Canadá y otros países.En este contexto, las protestas en Madrid y otras ciudades europeas han tenido un mensaje claro. En la concentración frente a la televisión española, ciudadanos afganos residentes en Madrid mostraron su solidaridad con las mujeres y los manifestantes de Herat, condenando la represión de las protestas pacíficas, así como la violencia ejercida contra la población civil. En el manifiesto leído durante la movilización, denunciamos que, durante casi cinco años, los talibanes han impuesto un sistema de exclusión basado en la privación de derechos fundamentales, especialmente contra las mujeres, lo que numerosos expertos ya califican como apartheid de género. Asimismo, exigimos a las instituciones internacionales —incluidos la Unión Europea, el Gobierno de España y Naciones Unidas— que no solo intensifiquen la presión política y jurídica sobre este grupo, sino que eviten cualquier forma de legitimación. De manera explícita, los manifestantes reclamamos la cancelación de cualquier invitación a los talibanes a foros internacionales, subrayando que toda interacción política con este régimen, sin tener en cuenta la situación de derechos humanos, supone ignorar el sufrimiento de millones de afganos. Nos oponemos a cualquier invitación a los talibanes, bajo cualquier forma, nombre o justificación.Nuestra protesta no fue contra un concepto abstracto, sino contra una realidad concreta: la normalización progresiva de un régimen represivo. Para nosotros, cualquier invitación —política, técnica, académica o institucional— representa un paso hacia la legitimación de un sistema que viola los derechos humanos de forma sistemática.Los talibanes no son un interlocutor neutral. Son responsables de uno de los sistemas de discriminación más severos contra las mujeres en el mundo actual. Por ello, cada vez más juristas y organizaciones hablan de «apartheid de género». Nombrar esta realidad no es retórica: es reconocer una estructura de exclusión profundamente arraigada.Invitar a los talibanes, en cualquier formato, implica ignorar esta realidad. Implica tratarlos como un actor legítimo mientras millones de mujeres son privadas de derechos fundamentales. No se trata de matices diplomáticos. Se trata de principios.Los afganos que vivimos en Europa no pedimos condiciones ni fórmulas intermedias. Pedimos algo claro: que no se invite a los talibanes.Porque cada invitación tiene consecuencias. Cada reunión, cada foro, cada fotografía institucional envía un mensaje. Y ese mensaje llega a Afganistán. Llega a las mujeres que no pueden estudiar, trabajar o vivir libremente. Llega a las mujeres detenidas en Herat, incluso cuando cumplen normas impuestas. Y lo que ese mensaje transmite es devastador: que quienes las oprimen pueden ser aceptados internacionalmente.Las mujeres afganas no tienen acceso a tribunas internacionales. No pueden hablar en parlamentos ni participar libremente en los medios. Han sido silenciadas dentro de su propio país. Por eso hablamos nosotros. Por eso salimos a las calles de Madrid y de otras ciudades.Europa no se enfrenta a una simple decisión diplomática. Se enfrenta a una cuestión de coherencia con sus propios valores.Invitar a los talibanes no es neutralidad. Es otorgar legitimidad política. Y eso es precisamente lo que miles de afganos hemos salido a rechazar. Las mujeres afganas merecen algo mucho mejor.

La opositora Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, sorprendió a los venezolanos al emerger como la interlocutora que cuenta con el aval del Gobierno de Estados Unidos para negociar con el régimen de Delcy Rodríguez las reglas que definirán la … transición democrática del país ante la ausencia de María Corina Machado.
La sorpresa surge debido a que nada ni nadie había previsto la aparición repentina de la diputada Figuera, que estuvo oculta durante ocho años en su exilio en Valencia (España). De forma simbólica, allí siguió desempeñando un cargo parlamentario que ya estaba dado por proscrito por no haberse declarado su defunción, pero que EE.UU. resucitó al reconocer el Parlamento de 2015, rechazado por el chavismo.

La médica cirujana Figuera, que pasó su exilio español cuidando a ancianos, no había hablado previamente con María Corina Machado ni con el secretario de la Plataforma Unitaria Democrática, Roberto Enrique, ni con el Manifiesto de Panamá, que establece el liderazgo de Machado en las negociaciones con el régimen chavista, según afirmó en sus declaraciones al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía.

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Ludmila Vinogradoff

Lo primero que dijo fue que su regreso al país atiende a una invitación que le hizo el Departamento de Estado de EE.UU. para afrontar los desafíos políticos de Venezuela.
Figuera sostuvo que busca «limar diferencias» y promover espacios de entendimiento entre distintos sectores. Al ser consultada sobre las solicitudes de extradición en su contra, señaló que los venezolanos «quieren paz y regresar». Además, afirmó que su papel es «institucional» y que no tiene aspiraciones políticas. No tuvo inconvenientes al entrar en la aduana: «Mi papel es institucional. Yo soy una persona que ha trabajado por todos los derechos de los venezolanos desde siempre. Si el Acuerdo de Panamá es una instancia para que alguna candidatura asuma con responsabilidad también un camino histórico, que se haga».
Sin perder tiempo, Figuera se reunió el jueves por la tarde con el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez. Las fotos del encuentro reflejan el surrealismo mágico del país y muestran lo insólito de que dos presidentes de parlamentos (2015 y 2026) activos puedan estar sentados frente a frente; tensos ambos, reconociéndose mutuamente, aunque sean adversarios políticos. Eso solo pasa en Venezuela.

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El encuentro tenía como objetivo instalar una mesa técnica de carácter político que permitiera definir una agenda de trabajo y una hoja de ruta para la construcción de un escenario democrático, plural e institucional que contribuya a la recuperación del país.

«Cuenta con la unidad»

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, compañero del mismo partido Primero Justicia que Figuera, dijo en un acto político en la parroquia San Juan, al norte de Caracas que «todo lo que haga Dinorah para producir un cambio político en Venezuela, viene del Acuerdo de Panamá. Ella cuenta con la unidad, con la participación de la PUD, de Estados Unidos, de la Asamblea Nacional de 2015 y de María Corina que es la gran conductora de este proceso».
El Parlamento de 2015 fijó la agenda en un comunicado. «La presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, diputada Dinorah Figuera, llegó a Caracas para sostener reuniones que marcarán el inicio de un proceso de diálogo para avanzar hacia una transición democrática, ordenada, sostenible e inclusiva».
Queremos «fortalecer los organismos electorales, restituir plenamente a los partidos políticos, garantías para todos los actores políticos y pleno respeto a la libertad de expresión, con hitos concretos y verificables para medir cada avance democrático. Frente a la «paz y prosperidad» del régimen, la oposición responde con elecciones, partidos y garantías, y con el respaldo expreso de Estados Unidos. Esta es la vía democrática, legítima e institucional, que toma forma. El reto que sigue es que esa transición «inclusiva» incluya, de verdad, el mandato del 28 de julio».
En las redes sociales se comentó que el régimen chavista y los hermanos Rodríguez rechazaban que la transición fuera conducida por María Corina por su animadversión a la premio Nobel de la Paz, lo que da a entender que Dinorah es más potable para los chavistas. Diosdado Cabello, el ministro del Interior, rechazó cualquier negociación con ella, y amenazó con detener a Machado si regresaba al país.

Construir una visión compartida

Figuera se reunió después con el jefe de la Embajada de EE.UU. en Caracas, John Barreth, en el marco de los esfuerzos de acompañamiento internacional al proceso de diálogo. El objetivo central de este proceso será la construcción de una visión compartida de futuro, orientada al bienestar de todos los venezolanos y a la generación de condiciones de estabilidad política, institucional y social.
En su comunicado, «Estados Unidos acoge con beneplácito la reunión celebrada hoy entre Jorge Rodríguez, en su calidad de Presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2026 y representante del Gobierno Interino de Venezuela, y Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela en 2015, para debatir una agenda que servirá de hoja de ruta para un diálogo político sobre una transición democrática».
Estados Unidos entiende que esta agenda incluye prioridades clave como «la reconstrucción de las instituciones democráticas de Venezuela, el fortalecimiento del CNE, el restablecimiento de garantías duraderas para la participación política y la garantía de las libertades cívicas esenciales para un discurso político abierto».

«EE.UU. apoya este diálogo liderado por la Asamblea Nacional de 2015, la última entidad democráticamente elegida«

John Barreth
Jefe de la Embajada de EE.UU. en Caracas

«Estados Unidos apoya este diálogo liderado por la Asamblea Nacional de 2015, la última entidad democráticamente elegida y reconocida internacionalmente en Venezuela, y el Gobierno interino. Este es un primer paso en un proceso reflexivo para asegurar una sociedad venezolana libre y abierta».
«La piedra angular de cualquier transición democrática es el diálogo inclusivo. Esperamos que en las próximas semanas continúen las conversaciones entre los partidos políticos venezolanos y el Gobierno Interino in Caracas para dar inicio formalmente a su labor».