El Parlamento de Escocia aprobó este martes la moción presentada por el Gobierno de John Swinney para reclamar a Westminster la transferencia de competencias necesarias para celebrar un segundo referéndum de independencia, en una nueva demostración de fuerza del bloque soberanista en Holyrood.La propuesta … salió adelante por 72 votos frente a 55 gracias al respaldo conjunto de los diputados del SNP y de Los Verdes escoceses, permitiendo al Ejecutivo autonómico escenificar una mayoría parlamentaria favorable a la celebración de una nueva consulta soberanista. No obstante, el resultado tiene un valor principalmente político, ya que el Gobierno británico de Keir Starmer mantiene su rechazo frontal a autorizar otro referéndum durante la presente legislatura.

El ministro principal escocés defendió durante el debate que la independencia representa una «oportunidad de oro» para Escocia y pidió a los diputados «poner el futuro de Escocia en manos de Escocia». Swinney aseguró que el país dispone de los recursos energéticos, industriales y tecnológicos necesarios para prosperar como Estado independiente y acusó a Westminster de frenar el potencial económico escocés.

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Reino Unido

Ivannia Salazar

«El pueblo de Escocia tiene derecho a decidir si quiere seguir formando parte del Reino Unido», afirmó el líder nacionalista ante la Cámara.
Durante su intervención, Swinney vinculó la causa independentista con cuestiones sociales y económicas, prometiendo medidas para combatir la pobreza infantil, reducir el coste de vida y reforzar servicios públicos como la sanidad y el transporte.
Desde Los Verdes, Ross Greer defendió que «la democracia no es un acontecimiento único» y sostuvo que negar una nueva consulta supone ignorar la voluntad expresada por la mayoría soberanista surgida de las últimas elecciones autonómicas.

«El pueblo de Escocia tiene derecho a decidir si quiere seguir formando parte del Reino Unido»

John Swinney
Ministro principal de Escocia

La oposición unionista cargó con dureza contra el debate. El líder conservador escocés, Russell Findlay, acusó al SNP de mantener a Escocia atrapada en una «parálisis constitucional» y reprochó al Ejecutivo autonómico dedicar tiempo a la independencia en lugar de centrarse en la sanidad, la educación o la economía.
En términos similares se expresó el líder laborista escocés, Anas Sarwar, quien sostuvo que los nacionalistas intentan desviar la atención de los problemas de gestión y de la crisis interna provocada por el caso de Peter Murrell, ex director ejecutivo del SNP y marido de Nicola Sturgeon.

Escándalo de corrupción

El debate estuvo marcado precisamente por la confesión de Murrell, quien se declaró culpable de un delito de malversación relacionado con más de 400.000 libras (462.000 euros) de fondos del partido independentista. Conservadores y laboristas utilizaron el escándalo para cuestionar la credibilidad del SNP y la capacidad de Swinney para liderar un eventual proceso de secesión.
Pese a la aprobación parlamentaria, el Gobierno británico mantiene intacta su negativa a negociar un nuevo referéndum. Downing Street recordó este martes que Keir Starmer «no apoya la independencia ni otra consulta», lo que deja al movimiento soberanista nuevamente ante un bloqueo político y constitucional similar al vivido tras el referéndum de 2014.
La votación permite, no obstante, que Swinney refuerce el mensaje político de que existe una mayoría estable en Holyrood favorable a volver a preguntar a los escoceses sobre su futuro dentro del Reino Unido.

Los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) incorporados al sumario del caso Plus Ultra que señalan a José Luis Rodríguez Zapatero apuntan a que Estados Unidos no fue un mero observador externo en la investigación, sino un actor activo en la pista … financiera relacionada con el entorno chavista, posibles operaciones de blanqueo y evasión de sanciones estadounidenses.
El dato clave aparece al comienzo del informe 1908/26 de la UDEF, al que tuvo acceso ABC. La Policía Nacional sostiene que, «a través de los mecanismos de cooperación de los que dispone», Homeland Security Investigations (HSI), agencia dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS), puso a disposición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción una pista documental «relevante» para el procedimiento: la extracción telefónica de un móvil perteneciente a Rodolfo Reyes Rojas.

No se trata de una agencia menor. HSI es la rama investigativa especializada en criminalidad financiera transnacional, contrabando, sanciones y redes económicas internacionales que afecten a intereses estadounidenses. El propio informe español la define como la agencia encargada de perseguir organizaciones que utilizan «el comercio, el turismo y las finanzas internacionales» para operar. La UDEF añade además un detalle significativo: la información fue remitida desde Madrid por una oficina «con sede en la Embajada de los Estados Unidos».

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Javier Chicote

Eso sitúa la cooperación en un plano mucho más sensible del que hasta ahora se conocía. No aparece como un intercambio informal de información, una mera consulta, sino como una colaboración institucionalizada entre la Policía española y una agencia federal norteamericana desplegada en la propia misión diplomática estadounidense.
La clave está en el motivo de ese interés. Según la UDEF, una de las líneas de investigación de HSI se centraba específicamente en Reyes Rojas y en actividades ligadas al «blanqueo de capitales y la evasión de sanciones impuestas por Estados Unidos», mediante determinadas compañías, entre ellas Plus Ultra Líneas Aéreas.
Ahí aparece el verdadero alcance internacional del caso. Estados Unidos lleva años persiguiendo redes financieras vinculadas al chavismo, PDVSA, el oro venezolano y las estructuras utilizadas para mover dinero bajo sanciones estadounidenses. La presencia de Plus Ultra en ese radar sitúa el caso muy lejos ya de un mero debate español sobre el rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El móvil de Reyes Rojas

Los documentos muestran además que HSI realizó en 2021 una extracción del teléfono de Reyes Rojas y que, tras considerar que la información podía resultar útil para sustentar cargos penales en España, «obtuvo las autorizaciones necesarias» para compartirla «para su uso en un proceso judicial en España». El informe no precisa si el mecanismo fue una comisión rogatoria, asistencia judicial mutua o cooperación policial directa, pero sí deja claro que existió un canal oficial de colaboración.
La importancia de la información norteamericana queda reflejada después a lo largo de decenas de páginas del sumario. Repetidamente, la UDEF identifica conversaciones y mensajes como «extraídos del terminal telefónico aportado por el HSI». Ese teléfono no aparece como una prueba secundaria, sino como una de las columnas vertebrales del relato policial español.
Los autos incorporan además otros elementos que ayudan a entender la posible jurisdicción estadounidense. El informe 1907/26 menciona sociedades en Florida, California y Delaware vinculadas al circuito financiero investigado. También identifica a Thinking Heads Americas LLC como sucursal estadounidense en Hallandale Beach, Florida, dentro del entramado de pagos bajo análisis.

Los documentos apuntan así a una cooperación desarrollada por cauces policiales, no diplomáticos

La sombra de Washington sobre Plus Ultra venía de antes. Ya en 2021, según un documento oficial de FinCEN, que es la agencia del Tesoro estadounidense encargada de combatir el blanqueo de capitales y proteger el sistema financiero norteamericano, una cuenta del banco suizo MBaer vinculada a un inversor investigado por presunto lavado de dinero relacionado con el chavismo recibió más de 519.000 dólares procedentes de Plus Ultra.
El propio Tesoro estadounidense sostiene que esa misma cuenta pagó salarios a una persona identificada posteriormente como facilitadora de operaciones de blanqueo y concluye que «probablemente» fue utilizada para lavar fondos derivados de corrupción pública venezolana.
El documento es especialmente relevante en este caso porque no se trata de una filtración policial ni de una sospecha mediática, sino de una propuesta formal de FinCEN bajo la Sección 311 de la Ley Patriótica, uno de los instrumentos más agresivos utilizados por Washington contra entidades consideradas de riesgo para el sistema financiero estadounidense. En ese texto, el Tesoro proponía prácticamente expulsar a MBaer del circuito financiero norteamericano por actuar presuntamente como canal para dinero ligado a corrupción venezolana, evasión de sanciones, redes rusas e incluso operaciones iraníes.

Litigio por impagos

A ello se suma otro elemento relevante, que Plus Ultra ya había quedado sometida a jurisdicción federal estadounidense en 2021. Una empresa norteamericana, Aircraft Engine Lease Finance (AELF), presentó una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York reclamando más de 6,2 millones de dólares por impagos relacionados con el alquiler de motores de avión. Los contratos aceptaban expresamente la aplicación de leyes del Estado de Nueva York, pagos en dólares y competencia de tribunales estadounidenses, además de incorporar cláusulas específicas relacionadas con blanqueo de capitales, sanciones económicas y normativa antiterrorista.
El litigio terminó meses después mediante una retirada voluntaria pactada entre las partes. El documento judicial cerró la demanda «con prejuicio», es decir, de forma definitiva y sin posibilidad de volver a presentarla por los mismos hechos. Eso apunta a una resolución privada del conflicto, de posible acuerdo, pago o renegociación, aunque las condiciones no figuran en el expediente judicial que ha podido revisar ABC.
Todo ello ocurrió además en un momento especialmente frío en las relaciones políticas entre Washington y el Gobierno español tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Trump no ha invitado oficialmente a Pedro Sánchez a Washington y el nuevo embajador estadounidense en Madrid, Benjamin León Jr., acaba de incorporarse a su puesto. Los documentos apuntan así a una cooperación desarrollada principalmente por cauces policiales y técnicos, no diplomáticos.

Roxana Minzatu (Bucarest, 1980) es la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de asuntos sociales y en tiempos de ‘policrisis’ insiste en que preservar esos derechos, la igualdad de oportunidades o la escucha a los ciudadanos es clave, sobre todo tras las lecciones que se aprendieron con la pandemia. Ahora Minzatu responde en Bruselas a 20minutos sobre el pilar social de la UE, la lucha contra la desigualdad o el combate de la pobreza, retos en los que se pone el foco de la Estrategia de Lucha contra la Pobreza presentada por el Ejecutivo comunitario hace solo unos días. Ve progresos en España, pero también todavía metas que alcanzar.¿Está en peligro el pilar social de la UE ante toda esta inestabilidad mundial?Yo diría todo lo contrario. En tiempos difíciles, el Pilar Europeo de los Derechos Sociales cobra aún más importancia. Cuando las personas se sienten protegidas, incluidas y respaldadas, nuestras democracias se fortalecen.La inversión social y la inversión en seguridad no deben considerarse enemigas. Van de la mano. Europa no puede construir una defensa sólida, una industria sólida ni una economía sólida si su población se siente abandonada.Cuando las personas se sienten abandonadas, se vuelven más vulnerables al miedo, la ira y la manipulación. Eso es peligroso para nuestras sociedades.Así que no, el pilar social no está en peligro. Es uno de los cimientos que Europa más necesita en este momento.¿Podría la inversión social quedar relegada a un segundo plano en el próximo presupuesto de la UE, especialmente en comparación con la defensa o la industria?La inversión social no quedará relegada a un segundo plano. Por supuesto, la defensa y la seguridad son muy importantes hoy en día. Europa debe ser capaz de protegerse a sí misma. Pero una defensa fuerte también necesita sociedades fuertes. Europa se enfrenta a amenazas procedentes de fuera, pero también de dentro: división, desconfianza, exclusión y ataques a nuestros valores. Esta es también una batalla por el futuro de Europa. Y esta batalla no se ganará solo con armas. También se ganará mediante la educación, el empleo de calidad, la inclusión social y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.Pero habrá que hacer números…Se destinarán al menos 100.000 millones de euros a objetivos sociales. El Fondo Social Europeo seguirá existiendo y continuará apoyando a las personas que más lo necesitan.Las crisis suelen agravar las desigualdades. ¿Cómo se puede abordar esta situación tras la pandemia y la crisis energética?La clave está en dejar de limitarse a reaccionar ante las crisis y empezar a prepararse mejor antes de que se produzcan. Esto implica invertir en los sistemas que protegen a las personas desde el principio: protección social, asistencia sanitaria, ayudas a la vivienda, ayuda alimentaria y ayudas a los ingresos. Cuando se produce una crisis, estos sistemas deben ser lo suficientemente sólidos como para evitar que las personas caigan en la pobreza. Por eso también la Comisión ha adoptado la primera Estrategia contra la Pobreza de la UE. El objetivo es muy claro: contribuir a erradicar la pobreza en la UE para 2050.Y esas medidas tienen que llegar a la genteLos costes energéticos siguen siendo un problema importante para muchas familias vulnerables. Las facturas elevadas obligan a las personas a tomar decisiones imposibles. Por eso es tan importante el Fondo para el Clima Social. Con 86.700 millones de euros para el periodo 2026-2032, ayudará a los hogares y a las pequeñas empresas a mejorar la eficiencia energética y a reducir su exposición a las crisis de precios. Se prevé que España reciba más de 9.000 millones de euros de este Fondo, y animo a España a actuar con rapidez para que la población pueda beneficiarse de ello lo antes posible.España es uno de los países con los niveles más altos de pobreza infantil. ¿Cuál es su valoración?La pobreza infantil es un problema urgente, tanto en España como en toda Europa. Hoy en día, uno de cada cuatro niños en Europa se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. No se trata solo de cifras. Son niños cuyo futuro está siendo marcado por la pobreza antes incluso de que hayan tenido una oportunidad real en la vida. Y sabemos que los niños que crecen en la pobreza tienen muchas más probabilidades, casi el doble, de seguir así en la edad adulta. Por eso tenemos que romper este ciclo.¿Y cómo se rompe?España está aplicando la Garantía Europea para la Infancia, que es la principal herramienta de la UE para ayudar a los niños necesitados a acceder a servicios básicos como la educación, la asistencia sanitaria, el cuidado infantil, la vivienda y una alimentación saludable. Se han logrado avances, especialmente en la educación preescolar y la educación inclusiva, a menudo con el apoyo del Fondo Social Europeo Plus. Más del 11% de los fondos del FSE+ de España, alrededor de 1.200 millones de euros, se destina a la Garantía Infantil. Pero siguen existiendo lagunas. Europa necesita un enfoque más completo, que no se limite a tratar los síntomas de la pobreza infantil, sino que aborde también sus causas profundas.Roxana MinzatuVicepresidenta de la Comisión EuropeaMinzatu es la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de los asuntos sociales. Forma parte del partido socialdemócrata rumano y antes de llegar a Bruselas fue diputada en el Parlamento nacional y ministra de Fondos Europeos. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Bucarest.¿Mejores datos de empleo implican una mayor justicia social?No siempre, y este es un punto muy importante. Tener un empleo suele ser la mejor protección contra la pobreza. Pero esto solo es cierto si se trata de un buen empleo, un empleo de calidad. Un empleo de calidad implica un salario digno, seguridad, condiciones laborales justas y oportunidades reales. Si las personas trabajan pero siguen sin poder permitirse una vida digna, las cifras de empleo por sí solas no reflejan toda la realidad. Por eso, la Comisión presentará la Ley de Empleos de Calidad a finales de este año. Y en 2027, también presentaremos orientaciones específicas sobre cómo prevenir y combatir la pobreza laboral.¿Cómo ve la regularización masiva de migrantes que ha aprobado España en este sentido?La integración efectiva de los migrantes en situación regular y los refugiados en el mercado laboral es muy importante. Es importante para la cohesión social, ya que las personas que viven y trabajan legalmente en nuestras sociedades deben tener una oportunidad real de participar y contribuir. También es importante para la economía europea. Muchos sectores se enfrentan a la escasez de mano de obra y de competencias. Los migrantes y los refugiados pueden ayudar a cubrir estas carencias, pero solo si tienen acceso al empleo, a la formación, a la educación y al reconocimiento de sus competencias. Cuando la regularización se gestiona adecuadamente y va acompañada de medidas de integración reales, puede suponer un paso adelante.¿Se está concienciando la sociedad sobre la necesidad de estar mejor preparada para crisis como pandemias, inundaciones o apagones?Sí, creo que la concienciación está aumentando. La pandemia nos ha demostrado lo importantes que son unos sistemas sanitarios y sociales sólidos. También nos ha mostrado dónde están los puntos débiles. La crisis energética ha puesto de manifiesto los riesgos de depender en exceso de fuentes externas y catástrofes como las inundaciones de Valencia nos recuerdan que las emergencias relacionadas con el clima pueden acarrear un enorme coste humano y social.Vemos con satisfacción medidas que ha desarrollado España como ingreso mínimo vital, los aumentos del salario mínimo y la reducción de los contratos temporales¿Cuál es la opinión de la Comisión sobre la Iniciativa Ciudadana Europea «My Voice, My Choice» relativa al acceso al aborto seguro?La Iniciativa Ciudadana Europea es una de las formas más directas que tienen los ciudadanos de hacer oír su voz a escala de la UE. En nuestra respuesta a My Voice, My Choice, la Comisión dejó clara su postura: toda mujer debe tener acceso al más alto nivel posible de salud física y mental. Esto incluye la atención sanitaria sexual y reproductiva, entre la que se encuentra la atención al aborto seguro. La magnitud del reto al que apunta esta iniciativa es real. Cada año se producen en Europa alrededor de 483.000 abortos en condiciones de riesgo. El aborto en condiciones de riesgo puede causar graves daños físicos, infertilidad, angustia mental e incluso la muerte. Se trata de una cuestión de salud pública que no puede ignorarse.¿Qué derechos sociales corren mayor riesgo de sufrir retrocesos en algunos países?La pobreza y la exclusión social siguen siendo retos importantes. Las ayudas sociales no funcionan igual de bien en todos los Estados miembros, y hay demasiadas personas que siguen en situación de riesgo incluso cuando existen sistemas de apoyo. En segundo lugar, la educación y las competencias están bajo presión. Muchos países siguen enfrentándose a una baja participación en la formación de adultos, a unas competencias digitales deficientes y a un número excesivo de jóvenes que abandonan prematuramente la escuela. No se trata solo de problemas educativos, sino que pueden convertirse en problemas de pobreza más adelante en la vida. Además, los mercados laborales siguen excluyendo a demasiadas personas. Esto incluye a los jóvenes que no trabajan ni estudian ni siguen una formación, así como a las mujeres, las personas con discapacidad y las personas pertenecientes a minorías.¿Ve a España en la buena dirección en este sentido?Sí, desde la Comisión vemos con satisfacción medidas sociales importantes que ha desarrollado España como el ingreso mínimo vital, los aumentos del salario mínimo y la reducción de los contratos temporales.¿Cómo llega esta estrategia social a las personas con discapacidad y a las comunidades vulnerables?Hemos escuchado. Por primera vez, la Comisión ha consultado directamente a las personas en situación de pobreza. Esto es importante porque no se pueden diseñar buenas políticas contra la pobreza sin escuchar a quienes viven esa realidad. La estrategia también prevé la creación de un foro específico para que se pueda consultar periódicamente a las personas en situación de pobreza. También sabemos que los grupos vulnerables no son todos iguales. Las personas se enfrentan a diferentes obstáculos en función de su situación.Un problema importante es que muchas personas no reciben las prestaciones o los servicios a los que tienen derecho. En algunos Estados miembros, entre el 20% y el 50% de las personas con derecho a una ayuda de ingresos mínimos no la reciben. Un derecho que las personas no pueden ejercer en la práctica no es un derecho real. Por eso necesitamos procedimientos más sencillos, una mejor divulgación, servicios integrados y apoyo personalizado.¿Sigue siendo Erasmus uno de los pilares fundamentales de la UE?Por supuesto, y solo tiene que ver que España es el destino número uno para la movilidad Erasmus. Esto es algo muy especial, sobre todo ahora que España celebra sus 40 años en la Unión Europea. Erasmus es uno de los mayores éxitos de la UE. Ha cambiado la vida de millones de europeos. Para mí, Erasmus no debería considerarse un privilegio para unos pocos. Debería convertirse en una oportunidad real para todos los jóvenes europeos.