Un nuevo ataque ruso golpeó a una gasolinera ucraniana el martes por la noche, provocando destrozos pero no heridos. Ocurrió en la región norteña de Sumi, que comparte frontera con Rusia. Hasta allí se desplazó Viktor Mykyta, subdirector de la Oficina del presidente de Ucrania … . En una reunión de trabajo con funcionarios locales, Mykyta anunció que «se está estudiando designar las gasolineras en las regiones de primera línea como infraestructuras críticas». En los últimos tres meses, al menos 200 estaciones de servicio ucranianas han sido blanco de ataques con drones, afirmó el diputado regional de Járkov Oleksandr Skoryk. Un total de 80 estaciones de servicio habían sido alcanzadas solo en la región de Járkov, destacó Skoryk.
Rusia ha intensificado sus ataques contra estas infraestructuras después de una campaña para destruir las refinerías ucranianas y los depósitos de almacenamiento. Las regiones más afectadas son las más cercanas al frente o la frontera rusa: Sumi, Járkov, Donetsk, Zaporiyia, Jersón, Mykolaiv y Chernígov. Pero, desde mayo, el área geográfica de ataques se ha ampliado a las provincias de Kiev, Dnipropetrovsk, Poltava y Odesa, destaca un informe del medio especializado ‘Naftorynok’.

«El enemigo ha comenzado a atacar a distancias de 100 kilómetros, e incluso de 200, de la zona de combate», subraya Serhii Kuiun, director de la consultora ucraniana A-95, en un artículo del medio ucraniano ‘Zn.ua’.

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Los golpes rusos contra las estaciones de servicio se triplicaron desde abril. Desde finales del mes pasado, «las alarmantes estadísticas de ataques rusos contra gasolineras ucranianas alcanzaron las 15,5 instalaciones por semana. A principios de julio, ‘Naftorynok’ ha registrado hasta 20 ataques a gasolineras por semana», destaca el estudio.
El director de la consultora A-95 incidió en la falta de medidas efectivas para frenar a los diferentes tipos de drones rusos. Por ello, el número dos de la oficina presidencial aseguró que, si las gasolineras son catalogadas como infraestructura crítica, se podrían destinar mayores recursos para asegurar su protección y garantizar que puedan seguir operando.
La Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR, por sus siglas en ucraniano) advirtió el pasado 17 de julio de que el mando ruso «ordenó intensificar los ataques contra gasolineras, camiones, autobuses y automóviles». El GUR indica que «para buscar y destruir objetivos, planean utilizar drones controlados en tiempo real como Molniya-1, Molniya-2, Geran-Seeker, Gerbera-Seeker, Lancet, V2U y otros sistemas no tripulados similares».

Bielorrusia en el ojo del huracán

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Por otro lado, un asesor del presidente ucraniano, Serhii ‘Flash’ Beskrestnov, puso especial énfasis en la amenaza que suponen los Shahed reactivos con control remoto en tiempo real. Y advirtió a los «propietarios de almacenes, gasolineras y empresas» que «deben estar preparados para posibles ataques».
‘Flash’ publicó un mapa en el que la zona roja se extiende entre el norte y el este del país, área donde estos aparatos más sofisticados pueden operar contra objetivos estáticos o móviles. El consejero de Zelenski manifestó días atrás que hay dudas sobre el uso de repetidores para facilitar los golpes con drones en territorio bielorruso. «Quizás los repetidores en Bielorrusia se sigan utilizando ocasionalmente para atacar Ucrania».
La sospecha de que Bielorrusia sigue prestando este apoyo técnico no es nueva. Kiev ya lanzó un ultimátum a Minsk en junio en el que denunciaba el soporte tecnológico a Rusia en sus golpes con drones contra territorio ucraniano. Zelenski dijo entonces que, si este apoyo continúa, Ucrania podría atacar esta infraestructura.

«Quizás los repetidores en Bielorrusia se sigan utilizando ocasionalmente para atacar Ucrania»

Serhii Beskrestnov
Asesor de Zelenski

Por su parte, las fuerzas ucranianas también han ampliado los ataques contra las estaciones de servicio de las regiones rusas cercanas a su frontera. Según medios rusos, el pasado mes de julio se contabilizaron hasta 43 ataques contra gasolineras en Bélgorod, frente a nueve golpes en junio. Y en Kursk se pasó de cuatro ataques en junio a ocho este mes.
La logística y su desgaste se han convertido en uno de los principales objetivos de ambos bandos. Ucrania mantiene una campaña de bombardeos de largo alcance contra el sector energético de Moscú, ampliada con ataques contra el complejo militar-industrial ruso y sus componentes críticos.

Desde su despacho en el centro de Beirut, Amer Bisat echa la vista atrás para esbozar una visión esperanzadora del futuro. El Líbano fue en su día el principal centro de distribución de la región, un núcleo de la banca, el turismo y el comercio; … quizá pueda volver a serlo. «Si alguna vez comienza la reconstrucción en Siria, por ejemplo, los puertos libaneses podrían formar parte de ella», afirma el ministro de economía. También espera atraer a los Estados del Golfo, interesados en tender oleoductos y cables de fibra óptica que eviten el estrecho de Ormuz. «La región se está redefiniendo en muchos sentidos», dice Bisat, «y el Líbano tiene un papel muy importante que desempeñar».
A un kilómetro de distancia se alza un inquietante recordatorio de la historia más reciente del Líbano. El puerto de Beirut quedó devastado en 2020 por una de las mayores explosiones no nucleares de la historia. Temerosos de que salgan a la luz su propia corrupción y negligencia, los políticos llevan mucho tiempo paralizando la investigación sobre la explosión, que se cobró la vida de más de 200 personas. El puerto aún no se ha reconstruido por completo. Las familias de las víctimas solicitaron que se mantuviera en pie un silo de grano dañado (en la imagen) como memorial improvisado, un edificio al estilo de Dalí congelado en pleno derrumbe.

Ahora que Joseph Aoun, presidente del Líbano, viaja a Washington el 21 de julio para reunirse con Donald Trump y fomentar la inversión estadounidense, ese silo también sirve de advertencia a los posibles inversores —una de las muchas que existen hoy en día en el Líbano—. El periodo transcurrido desde las protestas masivas contra el gobierno en 2019 ha sido el peor para el país desde el fin de su larga guerra civil en 1990. Ha soportado la explosión del puerto, una crisis financiera y casi tres años de guerra con Israel.

Un país sostenido por primeros ministros interinos

Durante la mayor parte de este tiempo, el país se las ha apañado a duras penas con una serie de primeros ministros interinos y, durante más de dos años, sin presidente. El vacío de poder terminó en enero de 2025, cuando el parlamento eligió a Aoun. Días después, Nawaf Salam fue nombrado primer ministro. Forman una pareja peculiar. Aoun, calvo y corpulento, es un militar de carrera, mientras que Salam, con gafas y aspecto de intelectual, es un académico y diplomático que ha pasado gran parte de su vida en el extranjero.
Ambos son outsiders políticos en un país dominado durante mucho tiempo por una serie de antiguos señores de la guerra. En sus discursos de investidura, se comprometieron a desarmar a Hezbolá, la milicia chií respaldada por Irán que lleva tiempo desafiando la autoridad del gobierno, y a poner en marcha reformas que acumulan un grave retraso. La consigna de ambos fue la soberanía: el Líbano ya no se definiría por la injerencia extranjera y la debilidad del Estado.

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Dieciocho meses después, su balance es desigual. Han tomado algunas decisiones loables, desde la proscripción del ala militar de Hezbolá hasta la aprobación de leyes que deberían ayudar a cerrar un acuerdo con el FMI. La aplicación de esas decisiones es otra cuestión, y las fuerzas de la inercia son poderosas. Las dos crisis del Líbano se han convertido en un nudo gordiano. Al país le costará atraer a donantes e inversores a menos que neutralice a Hezbolá, pero su estrategia para hacerlo depende precisamente de esos mismos donantes e inversores. Desenredar el nudo significará hacerlo todo a la vez —desarme, reforma y reconstrucción— en un país que lleva mucho tiempo teniendo dificultades para hacer cualquier cosa.
Cuando Aoun visite la Casa Blanca el 21 de julio, será el primer presidente libanés en hacerlo desde 2009, y gran parte de su conversación con Donald Trump probablemente se centrará en Hizbolá. La milicia arrastró al Líbano a la guerra el 8 de octubre de 2023, cuando lanzó cohetes contra Israel en apoyo de Hamás, el grupo militante palestino que acababa de masacrar a unas 1200 personas. Aunque Estados Unidos impuso un alto el fuego en noviembre de 2024, Israel continuó con sus ataques aéreos regulares contra el Líbano —Hizbolá estaba demasiado debilitada para tomar represalias—. La guerra total se reanudó en marzo de este año, cuando la milicia atacó a Israel en nombre de Irán.

El coste ha sido enorme: el gobierno estima que los combates han causado más de 3.000 millones de dólares en daños directos

El coste ha sido enorme: el gobierno estima que los combates más recientes han causado entre 3.000 y 4.000 millones de dólares en daños directos, que se suman a los 8.500 millones de dólares de la ronda anterior (alrededor del 40% del PIB en total). Además, reducirán entre un 7% y un 8% el PIB del Líbano este año; Bisat prevé una recesión.
Israel ha arrasado pueblos del sur y ha ocupado una franja de la región. El número de víctimas mortales de Hezbolá es elevado. En el valle de la Bekaa, al este del Líbano, este corresponsal contó una docena de carteles que anunciaban la muerte de combatientes de Hezbolá en un pueblo chií donde viven quizá 1500 personas. Se trata solo de un recuento parcial: el grupo aún no ha recuperado ni identificado a todos sus fallecidos, y a algunas familias se les ha pedido que no expresen su duelo públicamente. Es posible, pues, que entre el 1 % y el 2 % de la población del pueblo haya perdido la vida luchando contra Israel desde 2023. En el sur, mujeres vestidas de negro pasan los días visitando una casa tras otra para dar el pésame.

Hizbolá, un Estado dentro del Estado

Durante décadas, Hizbolá ha sido un Estado dentro del Estado. Gestiona una amplia red de asistencia social que incluye colegios, hospitales y programas juveniles; incluso opera un sistema bancario paralelo, que ayudó a proteger a sus seguidores de la crisis financiera. Estas actividades generaron una lealtad que el propio Estado no pudo igualar, pero la última guerra la ha puesto a prueba. El grupo no puede permitirse reconstruir las zonas destruidas. Su banco, al-Qard al-Hassan, se ha enfrentado a problemas de liquidez.
Muchos de sus seguidores están agotados. A algunos les preocupa la creciente influencia de Irán sobre el grupo. En marzo, el gobierno libanés intentó expulsar al embajador iraní, acusándolo de utilizar su cargo para apoyar a Hizbolá en nombre del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), los pretorianos del régimen iraní. Este se negó a marcharse. En junio, Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento iraní, elogió al Líbano por haber aportado 4.000 «mártires» en apoyo de su país. Sus palabras enfurecieron a muchos libaneses.
Altos cargos próximos a Aoun ven, por tanto, una oportunidad para darle la vuelta a la situación. «Esperamos tener dos escenarios claros», afirma uno de ellos: «Hizbolá matando a vuestros hijos en beneficio de los intereses iraníes… y, por otro lado, tenemos un Estado libanés dispuesto a protegerlos, a reconstruir sus pueblos y sus hogares». Se trata de un enfoque creativo, más basado en la zanahoria que en el palo. Sin embargo, se enfrenta a tres grandes obstáculos.

Cómo desarmar a Hizbolá

El primero, y el más difícil, es cómo desarmar a Hizbolá. Parece un reto insuperable. El grupo se niega a cumplir y suele amenazar con una nueva guerra civil si alguien intenta quitarle las armas. No obstante, el pasado agosto el consejo de ministros acordó un plan para hacerlo gradualmente, y en marzo declaró ilegal el ala militar del grupo. Desde entonces, varias docenas de personas han sido detenidas por transportar armas. En junio, Israel y el Líbano firmaron un acuerdo por el que este último se compromete a desplegar su ejército en el sur del Líbano.
Sin embargo, el ejército no está en condiciones de forzar la situación: Hizbolá sigue estando mejor equipada. Aunque el gasto en defensa se ha triplicado con creces desde 2021, la mayor parte del presupuesto se destina a salarios, no a armamento. Se cree que algunos oficiales simpatizan con Hizbolá. Los tribunales tampoco suponen un gran elemento disuasorio. Un caso de armas ilegales en marzo terminó con la imposición de una multa de tan solo 900.000 liras libanesas (10 dólares) a miembros de Hizbolá.
En segundo lugar, está cómo garantizar la retirada israelí: el Estado no resultará creíble a menos que lo haga. El acuerdo con Israel está pensado para comenzar con dos «zonas piloto» (véase el mapa), una prueba de concepto que demostrará que el ejército libanés puede entrar y que las tropas israelíes pueden retirarse. Las autoridades de Beirut se quejan de que una de estas zonas incluye pueblos que Israel nunca ocupó. Mientras tanto, Israel continúa con sus ataques aéreos periódicos en el sur. El zumbido, similar al de una cortadora de césped, de un dron de vigilancia israelí constituye un ruido de fondo omnipresente en gran parte del Líbano, incluso en el palacio presidencial de Baabda, situado en lo alto de una colina.
La última cuestión es quién pagará la reconstrucción. La última vez que los aliados del Líbano organizaron una conferencia de donantes, en 2018, se comprometieron a aportar 11.000 millones de dólares, pero nunca desembolsaron el dinero porque el gobierno no llevó a cabo las reformas necesarias. Estados Unidos ya no cree en la ayuda exterior. Aoun no tiene previsto solicitarla cuando visite la Casa Blanca. Los burócratas han preparado presentaciones muy atractivas sobre cómo las empresas estadounidenses podrían beneficiarse de invertir en puertos, telecomunicaciones y otras infraestructuras. Sin embargo, las mismas preocupaciones que disuadieron a los donantes en el pasado podrían ahuyentar hoy a los posibles inversores.
Las crisis del Líbano se solapan. La crisis financiera se gestó a lo largo de décadas: fue el resultado de un esquema Ponzi gestionado por el Estado destinado a financiar déficits masivos y mantener la moneda anclada a 1.500 unidades por dólar. Cuando los depósitos bancarios se estancaron en 2019, el esquema se derrumbó. Las entidades de crédito, en la práctica, suspendieron las retiradas de divisas. Los años siguientes estuvieron marcados por la hiperinflación, la rápida depreciación y la parálisis política. Aunque el Líbano alcanzó un acuerdo provisional de cuatro años y 3.000 millones de dólares con el FMI en abril de 2022, el consejo del Fondo nunca lo sometió a votación definitiva. Una vez más, el problema fue la falta de reformas: los bancos cuentan con poderosos aliados en el parlamento que bloquearon cualquier intento de reestructuración.
Si ahora la situación parece mejor, es solo porque antes era nefasta. La moneda se ha estabilizado en poco menos de 90.000 unidades por dólar, un 98% por debajo del tipo de cambio fijo. La inflación anual se ha moderado desde un máximo del 221 % de 2023 hasta el 15% del año pasado, aunque sigue estando entre las más altas del mundo. Con 30.000 millones de dólares, la economía tiene aproximadamente la mitad del tamaño que tenía antes de la crisis (en 2018 era de 55.000 millones de dólares). Los depositantes siguen sin poder acceder, en su mayoría, a sus cuentas y solo pueden retirar 800 dólares o menos al mes.
El gobierno de Salam ha dado algunos pasos significativos. En abril de 2025 flexibilizó la ley de secreto bancario, una exigencia que el FMI llevaba mucho tiempo planteando. Tres meses después aprobó otro proyecto de ley que permite al Estado reestructurar o liquidar las entidades de crédito insolventes. Sin embargo, aún tiene que aprobar la ley más trascendental —y controvertida—, la denominada «ley de la brecha», que repartiría aproximadamente 80.000 millones de dólares en pérdidas entre los bancos, los depositantes y el Estado.
Según un proyecto de ley aprobado por el consejo de ministros en diciembre, los pequeños depositantes podrían recuperar hasta 100.000 dólares a lo largo de cuatro años. Salam afirma que eso cubrirá al 85% de los titulares de cuentas. El resto recibirá títulos respaldados por activos cuyo pago podría tardar hasta 20 años en producirse. Sin embargo, este plan es inviable. Los pagos a los depositantes costarían al menos 22.000 millones de dólares en cuatro años, una cifra muy superior a la que pueden permitirse el Estado o el Banque du Liban, el banco central. Tres fuentes afirman que habrá que ampliar ese plazo de cuatro años.
El saneamiento de los bancos es solo un primer paso. El Líbano también necesita nuevas fuentes de crecimiento. Bisat destaca las empresas emergentes que fabrican hardware para robótica y centros de datos para inteligencia artificial. Con sus sólidas universidades, su mano de obra barata y su cultura emprendedora, el Líbano cuenta con algunas ventajas comparativas. «Hay ciertos servicios en los que destacamos… cosas como el turismo de alto nivel, el diseño de alto nivel, los servicios de construcción y las consultoras», afirma.
Sin embargo, a pesar de contar con empresarios de gran talento, el Líbano tiene un clima empresarial pésimo. La guerra es un problema. Los bancos zombis son otro: la economía ha perdido su infraestructura financiera. La concesión de préstamos se ha desplomado. El crédito al sector privado ha caído en picado, al pasar del 107% del PIB de 2018 a menos del 20% actual.

Estado precario de las infraestructuras

Las infraestructuras del Líbano se encuentran en un estado precario. La compañía eléctrica estatal solo puede suministrar unas pocas horas de electricidad al día. Las empresas pagan una suscripción a un generador privado que, a 0,48 dólares por kilovatio-hora, es casi tres veces más cara que la media mundial. Los costosos suministros de agua en camiones privados complementan los irregulares servicios públicos. Las empresas, lastradas por velocidades de banda ancha más lentas que las de Somalia, esperan con ansia el lanzamiento de Starlink para poder deshacerse del deficiente monopolio estatal de las telecomunicaciones.
Apenas hay dinero para arreglar nada de esto. El gobierno registró un superávit presupuestario del 2% del PIB el año pasado y, a pesar de la guerra, espera registrar uno aún menor en 2026. Sin embargo, más de la mitad de los ingresos se destina a salarios y pensiones. Fouad Makhzoumi, diputado y aspirante a primer ministro, calcula que hay 340.000 personas en el sector público, casi el 10% de la población del Líbano. «Le pedimos al gobierno que nos dijera cuántos trabajadores tenemos», afirma. «Hasta ahora, no tenemos ni idea».
Los ministros se esmeran en distinguir entre ellos mismos y «el sistema». Parece una distinción extraña: sin duda el consejo de ministros es el núcleo de un sistema parlamentario, pero es una distinción acertada. Hizbolá sigue controlando las armas. Los banqueros y sus aliados aún pueden bloquear una reforma financiera, y los líderes confesionales se reparten el botín del Estado. El sistema está diseñado para sobrevivir a los aspirantes a reformadores.
La soberanía no se reduce al dron israelí que zumba sobre nuestras cabezas o al embajador iraní que se niega a marcharse. También consiste en liberar al Estado de una clase dirigente que se alimenta de su debilidad. «Este es un sistema que tiene formas de salvarse a sí mismo, y eso no debe subestimarse», afirma un veterano estadista. Por ahora, el silo en ruinas junto al puerto parece un símbolo del propio Líbano: ni derruido ni reconstruido, sino atrapado en medio del derrumbe.

Ucrania y Rusia continúan intercambiando ataques contra infraestructuras civiles y militares en una intensa campaña aérea que marca esta nueva fase de la guerra entre ambos países. Las fuerzas rusas han lanzado este miércoles su ofensiva atacando buques en los puertos de Odesa y Chernomorsk, situados en el sur del país, donde aseguran que se transporta y recibe armamento y equipo militar. Por su parte, Ucrania ha atacado durante la madrugada dos refinerías en Riazán (al sureste de Moscú), según ha informado el Estado Mayor ucraniano. La refinería procesa al año 17 millones de toneladas de petróleo del que se produce combustible para vehículos y aviones y otros derivados del crudo. Algunos de estos productos son utilizados por el Ejército ruso, según el comunicado. También en Riazán, Kiev lanzó un ataque con drones contra un almacén de Wildberries, el equivalente ruso de Amazon, una empresa cuyos almacenes se han convertido en objetivo de Ucrania, que los considera centros logísticos implicados en el suministro del Ejército enemigo.Kiev también atacó este miércoles un lugar en el que había varias lanchas rápidas rusas de la Flota del mar Negro en Crimea y varios objetivos en los territorios ocupados de la Ucrania continental. Como consecuencia, al menos dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas, según informó el líder regional, Serguéi Axiónov. «Lamentablemente, a consecuencia del nuevo ataque nocturno contra la república de Crimea murieron dos personas, otras cinco resultaron heridas», escribió en su cuenta de la red de mensajería rusa MAX. Axiónov añadió que las autoridades ofrecerán a los familiares de las víctimas «toda la ayuda y el apoyo necesarios».Moscú también atribuye a Kiev un segundo ataque contra una refinería en Perm (en el interior del país, al noroeste de Ekaterimburgo). Según el Kremlin, las defensas aéreas rusas neutralizaron durante la noche 259 drones que Ucrania había lanzado contra territorio ruso o contra las regiones ucranianas ocupadas.Cuatro muertos en un ataque ruso contra UcraniaEn el otro bando, al menos cuatro personas han muerto y una decena han resultado heridas en varios ataques del Ejército ruso contra las regiones de Jersón, Donetsk y Dnipropetrovsk en las últimas horas. En la primera, los drones alcanzaron un minibús y una furgoneta que transportaba pan. Según el balance de las autoridades ucranianas, desde el inicio de la invasión, Rusia ha acabado con la vida de 4.240 personas en Donetsk, mientras que la cifra de heridos roza los 10.000, un balance de víctimas que no incluye Mariúpol y Volnovaja.Por su parte, Rusia han recrudecido su ofensiva contra las infraestructuras portuarias de Ucrania, con ataques contra buques en los puertos de Odesa y Chernomorsk a los cuales acusa de transportar armamento y equipo militar. El Ministerio de Defensa de Rusia ha indicado que sus fuerzas «siguen atacando estos puertos, que son utilizados para el transporte de carga para las Fuerzas Armadas de Ucrania». El Ejército ruso lanzó 80 drones de larga distancia, de los que 65 fueron derribados por las defensas ucranianas.El Ministerio de Exteriores denunció por su parte este lunes que en apenas diez días el número de civiles fallecidos por ataques ucranianos contra territorio ruso ascendió a 86. «Entre el 15 y el 24 de julio, 495 personas fueron víctima de los militares ucranianos. De ellas, murieron 86, incluyendo a seis menores de edad», aseveró la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, citada por la agencia rusa de noticias RIA Nóvosti.Esta última oleada de bombardeos masivos contra instalaciones portuarias ucranianas ucranianas en el mar Negro se ha recrudecido desde mediados de julio. Desde entonces, misiles y drones kamikaze rusos han impactado principalmente contra estos tres puertos, al que se suma también el de Izmaíl. Además, las autoridades rusas han declarado haber atacado buques civiles con bandera extranjera en la zona por tratar de transportar material bélico, lo que ha llevado a las navieras extranjeras a suspender la entrada de sus buques por motivos de seguridad.