El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado este domingo ataques contra Irán tras la ofensiva de la Guardia Revolucionaria contra un buque comercial que habría ignorado sus instrucciones, lo que ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz «hasta … nuevo aviso».
«Las fuerzas del Comando Central de EEUU comenzaron a lanzar la tercera ronda de ataques esta semana contra Irán después de que fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atacaran descaradamente al M/V GFS Galaxy, un buque portacontenedores con bandera de Chipre que transitaba por el Estrecho de Ormuz», ha recalcado el Ejército en una publicación en sus redes sociales.

De esta manera, Washington ha comunicado que un miembro de la tripulación del buque chipriota se encuentra en paradero desconocido y que el ataque perpetrado por Teherán habría provocado un «incendio a bordo y daños significativos en la sala de máquinas», por lo que el barco no habría podido continuar el viaje«.

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David Alandete

«Se le brindó a Irán otra oportunidad más para demostrar su adhesión al Memorando de Entendimiento después de ser responsabilizado por ataques anteriores contra buques comerciales, pero ha fallado nuevamente», han asegurado las fuerzas estadounidenses.
Asimismo, Washington advierte de que está «imponiendo un alto coste» a las fuerzas iraníes al estar «degradando sus capacidades para atacar a buques que transitan libremente» por el estrecho de Ormuz.

Irán asegura que el buque puso en «peligro la seguridad marítima»

Por su parte, la Guardia Revolucionaria ha anunciado que el estrecho de Ormuz Ormuz queda cerrado a la navegación «hasta nuevo aviso» tras realizar disparos de advertencia contra el buque, el cual, presuntamente, habría ignorado sus instrucciones en la zona.

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Según Teherán, el M/V GFS Galaxy que navegaba por el estrecho habría «puesto en peligro la seguridad marítima al apagar sus sistemas», por lo que ha sido «alcanzado por un disparo de advertencia y se le ha obligado a detenerse» por la Guardia Revolucionaria.
Asimismo, Irán ha lanzado un órdago tanto al Gobierno de Donald Trump como a sus aliados en la región, a los que advierte de que, en caso de «cometer un error» y «arremeter ante Teherán», se «enfrentará a una respuesta severa, y las nuevas bases enemigas en la región serán blanco de nuestros ataques».
Estas declaraciones llegan en un delicado momento por el que atraviesan las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, tras una semana de cruces de bombardeos y un nuevo ultimátum estadounidense para que Teherán anuncie públicamente este sábado la apertura sin restricciones del estrecho de Ormuz.
Fuentes oficiales estadounidenses han confirmado que Estados Unidos ha dado a Irán hasta este sábado para que anuncie públicamente que permitirá la navegación libre, segura y sin restricciones por el estrecho de Ormuz.

El 1 de julio de 1946, Henryk Blaszczyk no regresó a casa, en la localidad de Kielce, en Polonia. Tenía ocho años, acababan de recaer sobre él nuevas responsabilidades en el cuidado de los animales y no se presentó a última hora de … la tarde, como le habían indicado sus padres. Preocupados por su ausencia, denunciaron de inmediato su desaparición a la Policía. Cuando finalmente, regresó, Henryk relató que había sido «secuestrado por judíos».
Su padre, Walenty Blaszczyk, apareció de nuevo en la comisaría para denunciar el secuestro. Interrogado por los agentes, Henryk enriqueció su relato y precisó que había sido retenido por los judíos del número 7 de la calle Planty, que le habían encerrado en el sótano hasta que consiguió escapar. De nada sirvió que el relato del niño hiciese aguas por varios puntos, ni que el edificio señalado careciese incluso de sótano. El rumor se extendió y, pocas horas después, varios habitantes de Kielce arrojaban las primeras piedras. Después llegaron los linchamientos.

El pogromo desatado en Kielce, que terminó con la muerte de al menos 42 judíos, fue silenciado por las autoridades comunistas. Detrás del estallido violento de antisemitismo, había además una motivación política. El 30 de junio se había celebrado un plebiscito para la disolución del Senado, la nacionalización de la propiedad privada y el cierre de la frontera occidental. A pesar de que casi tres cuartas partes votaron en contra de la disolución del Senado, fue anunciado un 68% a favor y el Comité Judío fue una de las pocas organizaciones en denunciarlo.

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Rosalía Sánchez

Polonia había sido, de todos los países implicados, el más afectado en número de muertos por la Segunda Guerra Mundial, con al menos 5,65 millones de víctimas, el 17,2% de la población. Más de la mitad de las víctimas polacas, alrededor de tres millones de personas, habían sido judías. Pero, tan solo 14 meses después de la capitulación del Tercer Reich, el relato oficial atribuía el antisemitismo exclusivamente a los nazis. Solo la prensa extranjera dejó constancia de la masacre.
El presidente del Comité Judío de Kielce, que había denunciado la manipulación electoral, fue asesinado de un disparo en la espalda mientras intentaba pedir ayuda por teléfono. Mientras una multitud violenta amenazaba con quemar el edificio, la Policía accedió y sacó a la calle a los 180 supervivientes del Holocausto, que quedaron a solas frente a los agresores delante de la fachada. Más de 20 judíos fueron linchados allí mismo.

A la caza del judío

Después, la caza se extendió por toda la ciudad, en la estación de tren y en las fincas del distrito. Los cuerpos fueron entregados a la morgue del hospital desnudos, despojados de todas sus pertenencias y ropa. Al menos 15 de ellos no pudieron ser identificados. Y, aunque todo ocurrió a la luz del día, nadie intervino. El Ejército polaco no recibió órdenes, el jefe de administración de la región de Kielce alegó estar convaleciente por un accidente de moto y el secretario del Partido Comunista se negó a dirigirse a la multitud.

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Solo la llegada a Kielce de Yitzhak Zuckerman, el último comandante del Levantamiento del Gueto de Varsovia en la primavera de 1943, logró parar la violencia. Sacó a los judíos supervivientes de la ciudad y un tribunal militar llevó a cabo un juicio sumario, del 9 al 11 de julio de 1946, contra 12 perpetradores que habían sido seleccionados más o menos al azar. Nueve de los acusados fueron condenados a muerte y ejecutados al día siguiente.

Un tribunal militar llevó a cabo un juicio sumario contra 12 perpetradores seleccionados más o menos al azar. Nueve fueron ejecutados.

El cardenal August Hlond, como primado de Polonia y jefe nominal del episcopado polaco, publicó un anuncio el 11 de julio en el que la Iglesia católica rechaza todos los asesinatos y actos antisemitas, señalando que los judíos que ocupaban cargos de liderazgo se resistían a imponer un régimen comunista rechazado por la mayoría del pueblo. Pero ya era demasiado tarde: el pogromo de Kielce tuvo como consecuencia la huida masiva de judíos de la Polonia de posguerra, en su mayoría a Estados Unidos.
En la Europa de posguerra, donde la falta de papel evitaba la publicación de periódicos, solo el suizo ‘Neue Zürcher Zeitung’ publicó la noticia, un despacho de United Press: «Una banda terrorista armada irrumpió en un edificio de apartamentos judío en Kielce y después atacó el centro comunitario judío». El francés ‘L’Impartial’, apoyado en la agencia France Presse, informó que «siete personas murieron en un pogromo en Kielce, a 150 kilómetros al sur de Varsovia. Esta cifra es oficial, pero se teme que en realidad sea mayor y supere el 20».

En 1998, el niño que propagó el rumor confesó que nunca había sido raptado, y que su desaparición estuvo acordada por su padre y los servicios de seguridad

Henryk Blaszczyk permaneció en silencio sobre lo ocurrido hasta 1998, casi una década después de la caída del Muro de Berlín, cuando admitió que nunca fue secuestrado. Describió su desaparición como sucedida con el conocimiento de su padre y concertada por el servicio de seguridad comunista. Después de regresar a casa, su padre le ordenó categóricamente que no mencionara nunca nada de lo ocurrido y que reafirmara la versión de «secuestro judío» si se le preguntaba. Aseguró que había sentido miedo de las posibles consecuencias si hablaba, incluso años después del final del régimen comunista en Polonia.

Donald Trump volvió de la cumbre de la OTAN en el Air Force One con un anuncio inesperado y que, a la vez, desautorizaba el bloqueo a María Corina Machado que había iniciado parte de su propia Administración. El presidente fue preguntado por los … periodistas que le acompañaban sobre los dos intentos frustrados de entrada en Venezuela de la líder política, algo que había generado gran tensión en la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Capitolio y el exilio venezolano en Florida.
Trump fue breve, pero no ambiguo. «¿Ha vuelto o no ha vuelto?», preguntó, como si le sorprendiera la noticia o como si quisiera marcar distancia con las gestiones previas de su propio Gobierno. Después añadió que no se oponía a nada y que Machado es admiradora suya, una fórmula que, en el lenguaje del trumpismo, equivale a uno de los mayores avales políticos que puede conceder el presidente.

En apariencia, era una frase más en una conversación de madrugada a bordo del avión presidencial. En realidad, una declaración con consecuencias dentro de una Administración dividida por el futuro inmediato de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, la consolidación provisional de Delcy Rodríguez en Caracas y el terremoto que ha dejado miles de muertos y ha dado a Washington un papel central en la reconstrucción. La guerra interna en Washington sobre Venezuela, sin embargo, dista mucho de haber acabado.

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DESDE LA CASA BLANCA

David Alandete

El comentario de Trump sorprende porque llega después de que su propio Gobierno haya frenado, bloqueado o desaconsejado en dos ocasiones el regreso de Machado a Venezuela. La primera tentativa se produjo a través de Curazao. La segunda, por Panamá. En ambos casos, la dirigente opositora, ganadora moral y política de las elecciones que el chavismo impidió que disputara directamente y que acabó representando Edmundo González Urrutia, intentó volver para acompañar a los venezolanos tras los seísmos del 24 de junio. En ambos casos, la operación quedó abortada.

Dos visiones sobre Venezuela

La Casa Blanca no ha querido presentar abiertamente esos episodios como un veto político. En Washington se habla más bien de prudencia, de seguridad, de evitar una crisis en medio de una emergencia humanitaria y de no añadir presión a un país devastado. Pero el resultado práctico fue el mismo: que Machado no entró en Venezuela. Y ahora Trump, en público, deja constancia de que no se opone a su regreso.
Esa contradicción revela una batalla de fondo. En la política estadounidense hacia Venezuela se han enfrentado dos visiones, dos estrategias. Una, más pragmática, considera que la prioridad absoluta debe ser estabilizar el país después del terremoto, sostener la interlocución con Delcy y evitar cualquier movimiento que pueda poner en riesgo la operación de ayuda y reconstrucción en la que Estados Unidos ha invertido ya más de 310 millones de dólares (unos 270 millones de euros). La otra cree que esa estabilización no puede hacerse a costa de relegar a quienes ganaron las elecciones de 2024 ni de rehabilitar, aunque sea de forma indirecta, a figuras clave del chavismo.

El ala pragmática de la Casa Blanca apuesta por la estabilidad y sostener al régimen, sobre todo tras el terremoto, y la otra aboga por apoyar a la oposición

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La primera visión se ha impuesto hasta ahora. Es la que ha llevado a Washington a trabajar con las autoridades ‘de facto’ en Caracas, a coordinar la ayuda humanitaria con el aparato del Estado venezolano y a pedir a Machado que espere. Sus defensores sostienen que la entrada de la líder opositora, en plena emergencia, podía provocar manifestaciones, choques internos, tensiones con el régimen y una percepción de que Estados Unidos estaba utilizando la ayuda humanitaria para instalar un nuevo poder político. Para ellos, no era el momento.
La segunda visión, sin embargo, ha ganado fuerza en los últimos días. Sobre todo después de la difusión de imágenes de Diosdado Cabello, número dos histórico del chavismo, junto al encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, y el general Francis Donovan, jefe del Mando Sur. Las fotografías y vídeos, difundidos por cuentas próximas al chavismo y especialmente al entorno de Cabello, mostraban al ministro del Interior venezolano en una posición de interlocución con representantes estadounidenses.
La escena causó malestar en Washington y en Florida. Cabello sigue imputado en Nueva York por narcoterrorismo y continúa asociado a una recompensa de hasta 25 millones de dólares (21,8 millones de euros) por información que conduzca a su arresto o condena. Durante años, Estados Unidos lo presentó como uno de los principales responsables del llamado Cartel de los Soles. Verlo ahora departir con altos cargos norteamericanos, en el marco de la respuesta al terremoto, ha alimentado la acusación de que la Administración Trump está normalizando a uno de los rostros más duros del chavismo.

Fíjense bien en el detalle: John Barrett tocándole el brazo a Diosdado Cabello (@dcabellor)… ¿Acaso debió llevárselo? 👀Sigan anotando: el ministro de Interior acaba de despedir a 350 funcionarios estadounidenses y agradecer por su labor. La realidad siempre tumba el relato. pic.twitter.com/otP3kFyoel— Indira Urbaneja (@INDIURBANEJA) July 5, 2026
El chavismo entendió de inmediato el valor de esas imágenes. No fueron difundidas de forma casual. En Caracas, donde también hay facciones enfrentadas, el entorno de Cabello tenía interés en mostrarlo como un actor inevitable, reconocido por los estadounidenses y situado en el centro de la reconstrucción. En Washington, en cambio, la lectura fue más incómoda. Para los republicanos de Florida, donde el voto venezolano y cubano sigue teniendo peso, la imagen de Cabello estrechando la mano de representantes de Estados Unidos puede convertirse en munición electoral para los demócratas.
Hubo un claro movimiento dentro del campo que prefiere sustentar a Delcy en los últimos días: filtraciones interesadas con duras palabras hacia el otro bando. El medio ‘Axios’ publicó primero que altos cargos de la Administración acusaban a Machado de «oportunismo político grotesco» por intentar volver a Venezuela tras el terremoto. Fuentes anónimas del Gobierno afirmaban que la dirigente quería una foto entregando ayuda estadounidense, que buscaba aparecer protegida por marines y que su regreso podía convertir la operación humanitaria en una crisis política. La información reflejaba una posición muy dura contra Machado dentro de la Administración.
Ese relato ha provocado malestar entre quienes conocen las gestiones de la líder opositora. Según fuentes familiarizadas con las conversaciones, Machado había trasladado garantías de que su objetivo no era organizar una campaña ni desafiar de inmediato al poder de Delcy, sino acompañar a los venezolanos en un momento de emergencia nacional. Su equipo sostiene que no pretendía apropiarse de la ayuda estadounidense ni provocar un levantamiento, sino regresar a su país después de meses de exilio forzado y de haber sido privada de pasaporte por la dictadura.
La segunda filtración fue aún más reveladora. ‘Axios’ publicó después que el subsecretario de Estado, Christopher Landau, había actuado por su cuenta o había comunicado mal la política estadounidense a otros países sobre los planes de Machado. Según esa versión, Landau habría transmitido señales confusas a Curazao y Panamá, lo que generó dos días de tensiones internas en el Departamento de Estado, discusiones diplomáticas y malestar con los partidarios de Machado.

Landau, el blanco interno

El ataque contra Landau no es menor. El número dos de la diplomacia estadounidense no pertenece al círculo más estrecho de Marco Rubio, aunque ambos comparten una línea dura contra regímenes de izquierda en América Latina. Landau, exembajador en México, es respetado en sectores conservadores y en el entorno trumpista. Ha sido uno de los funcionarios más activos en la política de visados contra dirigentes extranjeros considerados hostiles a Estados Unidos. En Washington se le conoce también por su papel en la nueva ofensiva ideológica del Departamento de Estado contra aliados de la izquierda latinoamericana y europea.
Culpar a Landau sirve para algo más que explicar una confusión diplomática. Permite a una facción de la Administración opuesta al acercamiento a Machado trasladar responsabilidades por una política que empieza a tener costes. Si Machado no puede entrar en Venezuela porque Washington lo desaconseja, si Cabello aparece legitimado en fotografías con funcionarios estadounidenses y si la Casa Blanca queda del lado de Delcy Rodríguez mientras posterga a la dirigente más popular de la oposición, alguien tiene que asumir el desgaste. En ese contexto, Landau se ha convertido en blanco interno.
El papel de Rubio también es delicado. Durante años, el actual secretario de Estado fue una de las voces más duras contra Maduro y Cabello en el Senado. En 2017, su seguridad fue reforzada tras informes de inteligencia que apuntaban a amenazas vinculadas al entorno de Cabello. Ya en la Administración Trump, Rubio ha defendido que la política hacia los jerarcas chavistas no ha cambiado. Pero ahora dirige un Departamento de Estado que coordina la mayor operación estadounidense en Venezuela en años con autoridades en las que figuran dirigentes del régimen.

Marco Rubio tiene que mantener la presión al chavismo, garantizar la ayuda humanitaria y evitara que el regreso de Machado desborde la transición

Eso explica parte de la tensión. Rubio tiene que equilibrar tres exigencias difíciles de conciliar: mantener la presión histórica sobre el chavismo, garantizar la operación humanitaria y evitar que el regreso de Machado desborde una transición que Washington quiere administrar por fases. La prioridad inmediata es la estabilidad. Pero la estabilidad, en Venezuela, tiene un precio político alto si aparece asociada a Delcy y Cabello.