Los presidentes de los Cuatro Países de Visegrado (V4) han acordado en la cumbre celebrada en el castillo de Trenčín, en Eslovaquia, apoyar «una política de ampliación de la UE creíble, ambiciosa y basada en el mérito, como inversión estratégica en la … paz, la seguridad y la posición global de Europa». Basándose en su propia experiencia, los países del V4 están dispuestos a apoyar a los países candidatos mediante cooperación práctica y el Fondo Internacional de Visegrado.
Por invitación del presidente eslovaco Peter Pellegrini, los jefes de Estado checo, Petr Pavel; polaco, Karol Nawrocki; y húngaro András Baka, han celebrado esta cumbre en formato ampliado y con la asistencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En la declaración conjunta final, han expresado su apoyo a la ampliación de la UE. «El proceso de adhesión debe seguir siendo justo, riguroso y predecible, recompensando avances tangibles y reformas», afirma el texto, que menciona expresamente a Montenegro como avanzadilla de la nueva ronda de adhesiones.

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El Grupo de Visegrado apuesta por «una Europa unida y capaz de actuar con decisión, por lo que es esencial garantizar la paz, la prosperidad y la estabilidad en todo el continente». En el documento de conclusiones, se expresa su apoyo total a Montenegro y se señala que su adhesión en 2028 sería una señal positiva para otros países también.
Según ha explicado Pellegrini, en la rueda de prensa conjunta posterior al encuentro, los cuatro presidentes insisten en que el proceso de adhesión debe basarse en el cumplimiento de requisitos individuales, es decir, sin atajos ni en favorecer a un estado miembro o a un posible estado miembro a expensas de otro. «Todos deben cumplir estos exigentes criterios, igual que todos los cumplimos antes de ser admitidos en la Unión Europea», ha subrayado el presidente eslovaco.
También ha dejado claro que «no hay fusión de países en el proceso de adhesión a la UE». «Moldavia va a su propio ritmo, Ucrania va a su propio ritmo. Asistiremos a cada uno de estos países en sus procesos de adhesión, pero probablemente no será posible que esto funcione de tal manera que un país frene al otro o que la adhesión de un país sea condición para la adhesión del otro. No sería justo ni equitativo», ha desarrollado su afirmación.

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En cuanto a Ucrania, han dejado constancia de su apoyo a su soberanía, integridad territorial, futuro europeo y su derecho a defenderse contra la agresión rusa, una declaración especialmente reseñable por estar entre los firmantes los presidentes de Eslovaquia y la República Checa, cuyos gobiernos están más orientados a Moscú. En la declaración conjunta, piden una paz justa y duradera conforme al derecho internacional.

Energía asequible y fiable

También subrayaron que una energía asequible, segura y fiable es esencial para la competitividad de Europa, así como la necesidad de continuar con la asistencia política, financiera, humanitaria, económica y militar, «respetando la política de seguridad y defensa y los intereses de todos los Estados miembros de la UE». Según ellos, la integración europea de Ucrania debería basarse en la implementación de las reformas necesarias, así como en su reconstrucción. El V4 está preparado en este sentido a través de la cooperación práctica y la experiencia regional, han señalado.
Pavel ha hecho un llamamiento a la necesidad de mayores esfuerzos para lograr un enfoque europeo unificado. Según él, es necesario aclarar cuál debe ser la posición de la UE, quién negociará por ella y protegerá sus intereses. «Hasta ahora, hemos escuchado de muchas partes diferentes que hay iniciativas en marcha en distintas plataformas, pero todo el proceso carece de coordinación clara, transparencia y conciencia. Dado que estamos hablando de seguridad europea, realmente merece la pena considerar que en el quinto año de la guerra no tenemos un mecanismo que nos permita participar en lo que nos afecta fundamentalmente», ha dicho.
Han trasladado a von der Leyen su convicción de que la UE debe abordar los altos precios de la energía mediante una acción coordinada, combinando asistencia inmediata con soluciones a largo plazo, y han pedido inversiones en infraestructuras energéticas, interconexiones transfronterizas, almacenamiento de energía y diversos tipos de energía, incluyendo la energía nuclear y otras tecnologías bajas en carbono.
«No podemos aceptar soluciones que debiliten la industria europea, aumenten el coste de la vida, los medios de vida y limiten las oportunidades para la industria», ha concretado Nawrocki, que planea hablar sobre el asunto en el G20 y que considera que «Europa Central debería participar activamente en la configuración del futuro del continente». «Una Europa Central fuerte también significa una Europa más fuerte en su conjunto», ha insistido.

«Búsquese un abogado». Robert Garcia, diputado demócrata por California y llamado ahora a presidir la poderosa Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, lanzó esta advertencia a Donald Trump la noche del martes, cuando se confirmó la victoria de su partido … en las elecciones legislativas. Poco después, el senador Ron Wyden añadió una sola palabra: «Citaciones».
No son simples provocaciones. Los demócratas, que acaban de recuperar el control de ambas Cámaras del Congreso, llevan muchos meses preparando una extensa lista de investigaciones sobre las decisiones, los negocios y los posibles conflictos de intereses de la segunda Administración Trump. Ahora se disponen a pasar de las amenazas a los hechos. A partir de enero, las comisiones que durante dos años estuvieron bajo control republicano podrán convocar a ministros, exigir documentos y someter a los principales responsables de la Casa Blanca a interrogatorios.

Los demócratas no parten de cero. Durante meses han enviado cartas a los secretarios de Estado, Marco Rubio; Defensa, Pete Hegseth, y el Tesoro, Scott Bessent, reclamando contratos, comunicaciones internas, informes jurídicos y explicaciones sobre decisiones de la Administración. Algunas solicitudes han quedado sin respuesta. Otras fueron bloqueadas por las mayorías hasta ahora republicanas. Los demócratas ya preparan el terreno para convertir esas reclamaciones en investigaciones formales cuando asuman el control del legislativo en enero.

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Desde la mayoría podrán convocar audiencias, citar a funcionarios y empresarios y exigir la entrega de información bajo amenaza de graves consecuencias legales. No significa que todas sus reclamaciones vayan a prosperar: la Casa Blanca podrá invocar privilegios propios del Ejecutivo, razones de seguridad nacional o recurrir a los tribunales. Pero el equilibrio de poder ya ha cambiado.
Una de las primeras áreas de investigación será Venezuela, donde la Administración Trump ha acumulado decisiones militares, diplomáticas y económicas opacas desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Los demócratas quieren reconstruir qué se negoció con el régimen de Delcy Rodríguez, quién controla los ingresos petroleros venezolanos y qué empresas y empresarios se han beneficiado de los acuerdos alcanzados por Washington.

Una de las primeras áreas de investigación será Venezuela, donde la Administración Trump ha acumulado decisiones militares, diplomáticas y económicas opacas desde la captura de Nicolás Maduro

El caso más concreto es el del empresario Alejandro Betancourt, afincado antes en España, y North American Blue Energy Partners, una sociedad registrada en Barbados que figura en un acuerdo petrolero con Estados Unidos. El 1 de octubre, cinco destacados demócratas de la Cámara reclamaron a Rubio y Hegseth el texto íntegro del contrato, las comunicaciones mantenidas con sus responsables y una explicación de las concesiones otorgadas. También preguntaron si funcionarios estadounidenses habían intervenido en favor de Betancourt ante investigadores suizos o españoles que seguían la pista de fraudes.

El dinero del petróleo venezolano

La investigación puede alcanzar también a las grandes petroleras estadounidenses. Los demócratas de la Comisión de Supervisión han reclamado información a Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips y Continental Resources sobre sus contactos con la Administración antes y después de la operación contra Maduro. Quieren saber si se discutieron oportunidades comerciales antes y si las expectativas de negocio tuvieron alguna influencia sobre las decisiones adoptadas en Washington.
Los diputados Gregory Meeks, Robert Garcia y varios senadores, entre ellos Ron Wyden y Elizabeth Warren, han solicitado explicaciones sobre los ingresos procedentes del petróleo venezolano, las cuentas utilizadas para administrarlos y el papel de Qatar. Reclaman conocer quién autoriza las transferencias, qué controles existen, quién recibe los fondos y cómo se audita su utilización. La pregunta que pretenden trasladar a los responsables del Gobierno es sencilla: dónde está el dinero de Venezuela y quién decide qué hacer con él.
También se han reclamado los acuerdos políticos entre Washington y Caracas, los documentos relativos al reconocimiento de las autoridades venezolanas y las condiciones negociadas con Delcy. Los demócratas quieren explicaciones sobre la transición democrática, la celebración de elecciones libres, las reformas institucionales y los compromisos asumidos con la oposición. El secretario de Estado podría verse obligado a testificar ante el Congreso sobre qué compromisos ha adquirido Estados Unidos del régimen chavista a cambio de su colaboración.

Los demócratas quieren explicaciones sobre la transición democrática, la celebración de elecciones libres, las reformas institucionales y los compromisos asumidos con la oposición en Venezuela

La guerra contra Irán será otro de los grandes frentes. El conflicto, convertido ya en motivo de disputa dentro del propio Partido Republicano tras la derrota electoral, puede dar lugar a investigaciones sobre su preparación, sus costes y su legalidad. Los demócratas de Exteriores en la Cámara reclamaron en marzo la comparecencia de Rubio y Hegseth, así como de los asesores Steve Witkoff y Jared Kushner, para explicar las negociaciones previas a los ataques y las alternativas diplomáticas que se habían considerado.

Dudas sobre la guerra en Irán

En septiembre, la senadora Elissa Slotkin encabezó una solicitud respaldada por otros 45 senadores para conocer el coste completo de la guerra, los despliegues militares, las bajas y la utilización de fondos públicos. También se han pedido explicaciones sobre los bombardeos que alcanzaron objetivos civiles, incluido el famoso ataque contra una escuela de niñas en Minab, y sobre el posible empleo de inteligencia artificial para seleccionar blancos. A todo ello se suma una cuestión constitucional: hasta dónde podía llegar Trump en una operación militar prolongada sin autorización expresa del Congreso.
La ofensiva alcanzará igualmente los negocios de la familia presidencial. Los demócratas quieren investigar las inversiones extranjeras en las empresas de criptomonedas vinculadas a Trump, especialmente las procedentes de Emiratos Árabes Unidos, y determinar si existieron conflictos de intereses con decisiones de política exterior. También han reclamado información sobre Kushner, el yerno de Trump, sus negocios internacionales y su participación en gestiones diplomáticas de la Administración.
Los archivos secretos del pederasta Jeffrey Epstein ofrecen otro terreno de conflicto. Los demócratas llevan meses exigiendo al Departamento de Justicia la entrega de todos los documentos, explicaciones sobre las partes censuradas y nuevas investigaciones sobre los colaboradores del financiero. El diputado Jamie Raskin también ha solicitado información sobre sus contactos con representantes de intereses extranjeros, incluidos Rusia, Israel y varios países árabes. Otra línea de supervisión afecta al trato penitenciario concedido a Ghislaine Maxwell, amante y conseguidora de Epstein, y a las decisiones de los funcionarios que han intervenido en su caso.

Control total a las fronteras

El Departamento de Seguridad Nacional tampoco se quedará al margen. Los demócratas han pedido documentación sobre fallecimientos bajo custodia migratoria, condiciones de detención, actuaciones de agentes contra ciudadanos estadounidenses y posibles entradas en domicilios sin autorización judicial. Además, han abierto expedientes sobre contratos de equipamiento, adquisiciones de aeronaves y la intervención en decisiones administrativas de Corey Lewandowski, antiguo asesor de Kristi Noem, quien era hasta este año secretaria de ese departamento. La política de deportaciones, una de las principales banderas de Trump, puede convertirse así en objeto de control permanente.

Los demócratas han pedido documentación sobre fallecimientos bajo custodia y condiciones de detención en las redadas de inmigrantes ilegales

Las investigaciones tendrán también una dimensión internacional que va más allá de Venezuela e Irán. En Brasil, varios senadores han cuestionado el uso de sanciones y aranceles contra autoridades del país. El diputado Garcia ha reclamado a Rubio explicaciones sobre la entrada de Flávio Bolsonaro en Estados Unidos y la posible intervención de funcionarios estadounidenses para facilitar su salida de Brasil. También se han solicitado investigaciones sobre supuestas pruebas de lealtad política impuestas a diplomáticos del Departamento de Estado.
Ni siquiera las obras de la Casa Blanca escaparán al escrutinio demócrata. Ocho senadores solicitaron en agosto una auditoría sobre el coste y la financiación del nuevo salón de baile de Trump, la demolición del Ala Este y el cumplimiento de los procedimientos federales. Es precisamente el proyecto que el presidente visitó la mañana siguiente a la derrota, cuando prefirió hablar de la transformación de su residencia antes que de la pérdida del Congreso.
El movimiento más revelador sobre estas pesquisas del Capitolio llegó inmediatamente después de las elecciones. El demócrata Bobby Scott reclamó a diez departamentos y organismos federales que conservaran sus archivos, incluidos correos electrónicos y documentos internos, y recordó las consecuencias legales de destruir deliberadamente documentación oficial. El mensaje era inequívoco: antes de comenzar los interrogatorios, los demócratas quieren asegurarse de que las pruebas documentales no desaparezcan.

Investigación antes que ‘impeachment’

La estrategia, al menos inicialmente, parece orientada a investigar antes que a promover otro juicio político contra Trump. Un nuevo ‘impeachment’ exigiría decisiones complejas y una condena en el Senado requeriría una mayoría de dos tercios de la que no disponen los demócratas. Las investigaciones parlamentarias, en cambio, ofrecen a los demócratas la posibilidad de mantener bajo presión al Gobierno, obligar a sus responsables a responder públicamente y examinar decisiones que durante dos años habían quedado protegidas por el control republicano del Congreso.

Trump ha asegurado que está dispuesto a entenderse con los demócratas, aunque les ha advertido de que conserva el poder de veto

Trump ha asegurado que está dispuesto a entenderse con los demócratas, aunque les ha advertido de que conserva el poder de veto. Ese instrumento puede servirle para bloquear leyes, pero no para impedir por sí solo las investigaciones parlamentarias. Su Administración tendrá que decidir qué documentos entrega, qué funcionarios comparecen y qué asuntos está dispuesta a llevar ante los tribunales.

Lo que más llamó la atención a Tocqueville en ‘La democracia en América’ fue la normalidad con la que los ciudadanos y las instituciones de Estados Unidos interpretaban el sistema democrático liberal, que resultaba muy complejo en Europa, donde se asociaba a la revolución y … la algarada callejera. En América la democracia nunca fue un instrumento revolucionario, sino el resultado de un compromiso ciudadano e institucional que permitiera la convivencia y garantizara los derechos recogidos en el marco legal de una Constitución. Para las izquierdas ideológicas, la democracia era solo un paso intermedio hacia la ruptura violenta de la sociedad liberal. Para los populismos, un camino abierto hacia la demagogia. Para los norteamericanos era, sencillamente, un sistema político razonablemente justo y fiable. Los americanos no necesitaron leer a Tocqueville para desarrollar la democracia. Los europeos sí. Por esa razón, entre otras, las elecciones de medio mandato (‘midterms’) han dado la mayoría a los demócratas en las dos Cámaras del Congreso y han equilibrado el poder acumulado por el presidente Trump en los dos últimos años. Quien, a juicio de los votantes, no lo ha sabido interiorizar ni ejercer.
Si no hubiera sido tan contundente, la victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato habría significado un proceso político habitual en un sistema que renueva su Cámara de Representantes cada dos años, su presidencia cada cuatro y la totalidad del Senado cada seis. Ese flujo electoral que confronta las propuestas de los partidos con los intereses de cada ciudadano y cada estado, y que elige al jefe del Estado por un periodo limitado de dos mandatos, deriva de forma natural en un sistema de equilibrios que garantiza el control del poder y el debate público en el marco del Estado de derecho. De manera poco frecuente, un presidente y un partido toman las riendas del poder porque la mayoría de los votantes deciden trasladar a las instituciones mayor capacidad de cohesión ante retos históricos significativos o crisis alarmantes.

La polarización interna y la competición externa entre potencias derivó en un apoyo masivo a Donald Trump en 2024, para hacer frente a una situación de creciente incertidumbre en la sociedad americana e internacional. Pero, en ningún caso, en la cesión incondicional de una democracia de 250 años de experiencia a un presidente y a un ideario ‘MAGA’ poco respetuoso con las instituciones, las alianzas, el coste de la vida, el precio del diésel y con las expectativas de los emprendedores. Trump fue elegido para luchar contra el crimen y la inmigración ilegal, no para crear un organismo represivo privado como el ICE (la Policía de Inmigración). A Trump le dieron la confianza para reducir la conflictividad internacional y no para dejar abierta la guerra de Ucrania y cerrado el estrecho de Ormuz. Para seguir las indicaciones del Estado Mayor en materia de seguridad, y no para cesar a altos mandos. Para hacer entrar en razón a Netanyahu y negociar con Xi Jinping, y no para cuestionar las alianzas tradicionales de Estados Unidos. Para considerar Canadá y a su primer ministro como un aliado insustituible y no para reclamar Groenlandia desde el Despacho Oval.

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ANÁLISIS

Francisco de Andrés

Los americanos eligieron al líder republicano confiando en pagar menos impuestos y en que su dinero no iba a ser derrochado por los programas ultraprogresistas, orientados a deshacer paulatinamente la democracia en América y en el resto del mundo. Y también eligieron a Trump confiando en que la presión social del movimiento ‘woke’ se desvanecería en los medios, las universidades y las ciudades norteamericanas, atestadas de víctimas de la propaganda progresista y radical y del tráfico de droga y el crimen. Y ahora, los electores equilibran el poder del presidente, con nuevos políticos locales demócratas, muchos de los cuales se encuentran lejos de la perversa ideología de la izquierda radical y cerca de la moderación liberal que ha caracterizado al Partido Demócrata hasta que el socialismo y el ‘wokismo’ lo abrieran en canal durante dos décadas.
Aunque dicen que de Donald Trump puede esperarse cualquier cosa, si el presidente republicano entiende el mensaje de la inmensa mayoría de votantes, hartos del populismo de izquierda y derecha, tal vez consiga salir de la Casa Blanca honrosamente. No como Reagan, en olor de multitud, pero sí por una puerta distinta a la de Nixon. Una salida que diera opción al Partido Republicano a recomponer algunas de sus figuras brillantes, como Marco Rubio, para afrontar el reto, genuinamente americano, de seguir ejercitando la normalidad democrática cada dos años.

José María Peredo Pombo

Es Catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea de Madrid (UEM)