Dos fuertes terremotos han sacudido este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un seísmo de magnitud 7,5, según el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos, y el otro movimiento fue de 7,2.Las autoridades han precisado que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7,2, fue reclasificado como un sismo precursor del terremoto de 7,5, tras el análisis de los registros sísmicos.El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos ha explicado que ambos temblores conformaron un «doblete sísmico», un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona. Los movimientos han dejado grandes afectaciones en Caracas, donde han colapsado edificios mientras otros han sufrido distintos daños materiales, según constató EFE. No se ha confirmado de momentos cifras de heridos o fallecidos.La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sin embargo, ya ha declarado el estado de emergencia y ha informado que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, ha sido cerrado por sufrir graves daños tras los dos terremotos.En el aeropuerto se han vivido escenas de pánico y hay reportes de cortes de electricidad e interrupciones en los servicios de internet y telefonía.El epicentro del temblor se ha situado a unos 300 kilómetros al este de Caracas, la capital del país, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela.El terremoto tuvo una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial, según información del USGS. Además, el Sistema de Alerta de Tsunamis ha emitido una alerta para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el terremoto, pero ya ha sido levantada.Tras el fuerte temblor, numerosos habitantes de Caracas salieron a las calles para resguardarse, mientras en redes sociales comenzaron a circular imágenes de daños en edificios y viviendas.El último terremoto similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.Machado pide unidad y las muestras de solidaridad en el continente no tardan en llegarLa líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado ha expresado este miércoles su solidaridad con los afectados por el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela y ha pedido fortaleza y unidad para los ciudadanos en medio de la emergencia.En un mensaje en la red social X ha asegurado que sus «oraciones» están con «cada hogar venezolano» en estas «horas de angustia» y ha expresado su deseo de que «la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan» ante este «difícil momento».»Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca», ha escrito Machado.El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha sido de los primeros mandatarios en solidarizarse con el pueblo de Venezuela tras los dos fuertes terremotos. «Nuestro corazón está con el pueblo de Venezuela en estos momentos difíciles. Les enviamos toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones», ha publicado Bukele en X. Y ha añadido: «Fuerza Venezuela».El Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería), también ha manifestado su solidaridad. «Ante el sismo registrado hoy en Venezuela, la SRE expresa toda su solidaridad con el pueblo venezolano y lamenta profundamente los daños y afectaciones ocasionados», ha escrito la Cancillería mexicana.Chile, uno de los países más sísmicos del mundo, se ha ofrecido a prestar ayuda humanitaria y de rescate al Gobierno de Venezuela. «El Gobierno de Chile expresa su solidaridad al Gobierno y al pueblo de Venezuela por el terremoto ocurrido esta tarde que afectó a una extensa zona de ese país, con cuantiosas pérdidas materiales y eventuales víctimas», ha indicado la Cancillería chilena en un comunicado.Estados Unidos también se ha volcado con el país caribeño. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, afirmó: «EEUU está con el pueblo venezolano tras las devastadoras secuelas de los terremotos de esta noche. Estamos en contacto con las autoridades y movilizando asistencia», en un mensaje difundido en sus redes sociales.Igualmente, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha señalado: «Mis pensamientos y oraciones están con el pueblo de Venezuela afectado por los terremotos de hoy».

Israel celebra elecciones generales en octubre, una cita con las urnas a la que el país llega exhausto después de tres años de guerra en Gaza y varios meses de conflicto bélico con el Líbano y con Irán. La posibilidad de poner fin al ‘ … eterno’ mandato de Benjamin Netanyahu -que lleva treinta años al frente de Israel, con interrupciones- constituye sin duda el mayor aliciente de esta cita. Otro será el comportamiento de la minoría árabe con derecho a voto.
Hay un dato poco conocido quizá fuera de Israel: el 21% de su electorado es árabe (más del 80% de éste es a su vez musulmán, un 8% cristiano y un 8% druso), y por regla general vota a partidos centrados en los intereses de esa minoría no judía del Estado hebreo.

Pese a que el porcentaje de árabes israelíes crece -por mero índice de natalidad- el hecho no plantea por ahora un problema político. En primer lugar porque su participación en las urnas es más baja que la de los hebreos; y porque ese voto se reparte entre al menos cuatro partidos árabes.

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Esta realidad puede cambiar a finales de año ante la tendencia a la concentración de fuerzas. Según el centro árabe-hebreo ‘Task Force’, el 82% de los palestinos con ciudadanía israelí desean que en octubre se presente una lista única árabe. Con esa acumulación de votos en un frente único, esa minoría lograría aumentar su representación en el Parlamento (Knéset) y podría incluso formar parte -si gana la oposición laica israelí- de un futuro gobierno de coalición en Israel.
La mayor preocupación de los árabes israelíes no es el eterno ‘proceso de paz’ y la constitución de un Estado palestino vecino al del Israel, sino cuestiones reales de su vida cotidiana: seguridad en los barrios donde viven, educación y mejores trabajos. La convivencia de los árabes israelíes con los judíos es relativamente buena, a diferencia de lo que ocurre en los llamados Territorios Ocupados de Cisjordania y Gaza. Los árabes israelíes quieren demostrar que es posible la convivencia común, aunque sus mundos sean distintos.
En sus memorias como arabista, el historiador británico-israelí Bernard Lewis relata una sorprendente anécdota con Muamar Gadafi. En 2006, el dictador libio invitó al viejo profesor a Trípoli para conocerle. En un momento de la conversación, Gadafi preguntó a Lewis si era cierto que los judíos y el entonces millón largo de árabes con ciudadanía israelí mantenían una buena convivencia. «Si eso es así», concluyó Gadafi, «¿por qué no crean un solo Estado, que se llame ‘Israetina’, y de ese modo podrían anexionarse sin problemas Gaza y Cisjordania?».

Propuesta impensable

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Bernard Lewis no relata su respuesta a la propuesta de Gadafi, pero es fácil imaginar que la mera idea de que Israel pudiera ser un día un solo Estado compuesto por judíos y por árabes, a partes iguales, es algo impensable para los dirigentes de ambas comunidades. Los líderes de la población palestina -que en su mayoría viven en los Territorios Ocupados y en campamentos de refugiados en países vecinos- no renunciarían, por una cuestión de principios, a la aspiración nacionalista. Son muchas décadas de guerras, y el único acuerdo alcanzado hasta hoy es el de la negociación para constituir dos Estados, impulsada en Oslo en 1991.
En el terreno judío, la cuestión tampoco se plantea porque la mera posibilidad de que un día una mayoría no hebrea pudiese cambiar el rumbo de Israel genera sudores fríos en su liderazgo político. El Estado hebreo no es confesional, pero toda su legislación está impregnada por la Torá, la ley religiosa judía.

«¿Por qué no crean un solo Estado, que se llame ‘Israetina’, y de ese modo podrían anexionarse sin problemas Gaza y Cisjordania?»

Muamar Gadafi
Ex dictador de Libia

Israel mantiene no obstante su carácter de ser la única democracia de corte occidental de Oriente Próximo, lo que explica su nivel de libertades, entre ellas la política, que permite a las minorías no hebreas tener sus propios partidos y jugar en el sistema. Otra prueba del debate por asegurar un Estado aconfesional en Israel lo revela en estas fechas la disputa -política y judicial- ante la presión de los partidos ultrarreligiosos, que piden el privilegio de que sus varones puedan eludir el servicio militar obligatorio a cambio de sus años en los seminarios de la Torá.

En la madrugada del pasado sábado 20, tras más de 50 días de cerco, el presidente boliviano Rodrigo Paz decretó el estado de excepción en todo el país. La medida corona semanas de bloqueos que han asfixiado la capital, La Paz. Y, en una misma … jornada, dos señales opuestas: mientras el Ejecutivo sellaba un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos Túpac Katari tachaba el pacto de «traición» y juraba mantener el pulso.
Pocas ciudades han sido tan rehenes de su propia geografía como La Paz. Sede del Gobierno, se encuentra en una hondonada a la que solo se desciende desde el altiplano, hoy a través de la vecina El Alto. Cortar ese puñado de rutas equivale a estrangularla. De ahí que el cerco haya sido, desde la rebelión indígena de Túpac Katari en 1781, un instrumento político recurrente.

El conflicto nació de una causa concreta y, en su raíz, legítima: el rechazo a la Ley 1720, la llamada Reconversión de Tierras. Indígenas, campesinos y ambientalistas la consideraron inconstitucional y favorable al agronegocio, y marcharon desde la Amazonía hasta La Paz. Tras semanas de presión, el Gobierno cedió y la derogó el 13 de mayo de este año.

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CLAVES DE LATINOAMÉRICA

Emili J. Blasco

Pero la derogación, lejos de apaciguar las calles, las encendió. La consigna saltó de la tierra a la renuncia de un presidente investido apenas siete meses atrás. Desde el Chapare, su bastión cocalero, el expresidente Evo Morales ha reclamado intensificar los bloqueos. Al mismo tiempo, ha exigido la dimisión de Paz y un «gobierno de transición» que convoque elecciones en 90 días «para que no haya muertos», en una fórmula que muchos leyeron menos como advertencia humanitaria que como ultimátum.
El Gobierno lo ha denunciado sin eufemismos: bajo el paraguas de la protesta legítima se desveló una operación de desestabilización dirigida por el evismo, que aspira a continuar con más de dos décadas de populismo autoritario. Asimismo, a lo largo de estas semanas han aparecido multitud de pruebas de que las protestas están siendo financiadas por el narcotráfico, deseoso de continuar haciendo negocios en un país desestabilizado y débil.

Han aparecido multitud de pruebas de que las protestas están financiadas por el narcotráfico, deseoso de continuar haciendo negocios en un país desestabilizado y débil

El camino que Paz ha emprendido es arduo pero ineludible: desmontar gradualmente las subvenciones, flexibilizar el tipo de cambio y sanear las cuentas sin precipitar una recesión brusca. Frente a ello, la comunidad internacional ha cerrado filas en torno al orden constitucional. EE.UU. ofreció su respaldo «sin reservas»: el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que Washington «no permitirá que criminales y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente».

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La OEA, por boca de su secretario general, Albert Ramdin, respaldó al «gobierno democráticamente elegido» y alertó de que socavar las instituciones solo agravaría la crisis. La UE y las embajadas europeas, incluida la española, reclamaron respeto a «la democracia y el orden constitucional».
La declaración del estado de excepción es un clamor en Bolivia y es la medida constitucional para restaurar la autoridad y el orden mediante el derecho y sus instituciones. Tras semanas de llamadas al diálogo y la negociación sin el resultado esperado, el Gobierno no ha tenido otra opción que recurrir a esta medida indudablemente constitucional. Las críticas de la ciudadanía al retraso en esta medida se explican por la desesperación de una población rehén de los bloqueadores. Sin embargo, los líderes sediciosos anhelan desde el inicio la involucración de las unidades militares y la confrontación violenta con el Estado para presentar un escenario con mártires que alimente la indignación popular y el desgaste de las autoridades. El Gobierno ha evitado caer en esta trampa, a pesar de la erosión a su credibilidad bajo acusaciones de «incapaces» y «tibios».
Lo que está en juego, más allá del abastecimiento de una urbe encajonada entre montañas, es si la voluntad de las urnas pesará más que la violencia de una minoría. Bolivia se asoma a esa prueba con la esperanza de retomar pronto, cohesionada, su camino hacia el mundo; un mundo que, a su vez, desea volver a Bolivia.

Diego Solana

Abogado