Tras más de cuatro décadas como corresponsal en Oriente Próximo, Thomas Friedman aprendió que los extremistas solo tienen una cosa buena: no saben cuándo parar. Por su inercia destructiva, acaban yendo demasiado lejos y precipitando su caída. En EE.UU., el trumpismo no ha … llegado todavía a ese punto y final. Sin resistencia significativa hasta ahora en las calles, la élite económica, el Congreso federal o dentro de su propio partido, la única línea de defensa contra el terror de Trump es el poder judicial.
Un puñado de magistrados federales, y algunos periodistas, son el único obstáculo frente a la ‘blitzkrieg’ contra el sistema de controles y contrapesos que ha regido EE.UU. durante casi dos siglos y medio. Sus decisiones en múltiples frentes, pese al riesgo de resultar efímeras al estar sometidas a recursos de apelación, están ralentizando los brutales planes para transformar las instituciones políticas americanas en una post-democracia.
Aunque hasta ahora se ha evitado desobedecer abiertamente a la Justicia, el temor es que los tribunales federales no puedan seguir el ritmo de la avalancha de caos, disrupción y abuso de poder instigados por la Casa Blanca. Se supone que en contraste con la capacidad del poder ejecutivo para actuar con rapidez y decisión, el poder judicial es lento y garantista por diseño. De hecho, se considera que el esfuerzo en curso por traspasar los límites de la legalidad es una estrategia deliberada para abrumar a la oposición y, en última instancia, lograr el aval del Supremo.

Mientras tanto, todo el mundo concernido debería repasar el dictamen del juez Fred Biery, del Tribunal Federal para el Distrito Oeste de Texas, por el que se ha liberado al niño de cinco años y su padre, detenidos por ICE en Mineápolis e internados en un campo de concentración improvisado a las afueras de San Antonio. Al reconocer su derecho de ‘habeas corpus’, el magistrado argumenta que las cuestiones de procedimiento y moralidad que este caso plantea no se pueden separar.
El fallo de menos de 500 palabras, comparado ‘mutatis mutandis’ con el discurso del primer ministro de Canadá en Davos, intenta hasta educar citando la Magna Carta y la secular tradición jurídica que prohíbe al Gobierno detener a cualquier persona sin proporcionar una razón legalmente válida. El dictamen también hace referencia a la Declaración de Independencia y las similitudes con los agravios perpetrados por los ingleses contra sus colonias. Y recuerda la vigencia de las protecciones constitucionales contra registros y detenciones sin orden judicial garantizadas por la IV Enmienda. Estas aleccionadoras tres páginas terminan con una foto de Liam Conejo Ramos, de pie en el frío de enero con la mano de un encapuchado agarrándole su mochila de Spiderman. Y una referencia al versículo más corto de la Biblia (Juan 11:35): «Jesús lloró».

Las elecciones legislativas están ya en el horizonte político de EE.UU, y Donald Trump empieza a mover piezas para condicionar los comicios. Esta semana ha abierto el debate sobre la «toma de control» de los procesos electores en territorios que no le son … favorables.
El presidente de EE.UU. llegó a hablar de «nacionalización» del proceso electoral, en un país con una tradición democrática muy diferente. EE.UU., la democracia más vieja y estable del mundo, que este año cumple el 250º aniversario de su independencia, tiene un sistema electoral basado en la gestión estatal y local de la cita con las urnas.
Fue un comentario de Trump de pasada, intempestivo, que ha provocado un debate profundo sobre la constitucionalidad de la propuesta y sobre las intenciones del presidente de intervenir el proceso electoral, en medio de acusaciones contra el presidente de llevar a EE.UU. a una deriva autoritaria.

Ocurrió en una entrevista de Trump en el podcast de Dan Bongino, un opinador influyente de la derecha estadounidense, al que el presidente fichó como segundo del FBI, pero que no ha durado mucho en su puesto. Trump hablaba de política migratoria y de sus esfuerzos para ejecutar una deportación masiva de inmigrantes indocumentados. «Si no los echamos, los republicanos no volverán a ganar otra elección», defendió. Es una posición habitual en el trumpismo: hay un fraude electoral disparado de inmigrantes indocumentados y los demócratas buscan facilitar que puedan votar (hay evidencias de ese fraude, pero su volumen es mínimo y no ha influido en resultados).
«Los republicanos deberían decir ‘queremos tomar el control’. Deberíamos tomar el control de las votaciones en, al menos, quince lugares. Los republicanos deberían nacionalizar las votaciones».

Según Trump, hay un fraude electoral disparado de inmigrantes indocumentados y los demócratas buscan facilitar que puedan votar

Era una declaración extraordinaria. La Constitución establece que «el momento, el lugar y la manera de llevar a cabo elecciones para senadores y representantes debe ser determinada por cada estado». También da al Congreso la competencia de «alterar esas regulaciones». Es decir, reparte entre los estados y el Congreso el poder para gestionar las elecciones. Pero lo hace de forma más explícita para las autoridades estatales y locales, y esa es la práctica que ha seguido EE.UU. en su vieja democracia: las elecciones -también a la presidencia- las regulan y manejan los estados, condados y otras jurisdicciones electorales locales. El Congreso ha intervenido en ocasiones para uniformar ciertos aspectos, pero la gran mayoría del proceso electoral está determinada por las autoridades estatales y locales. Y sin ningún papel papel para el poder ejecutivo, más allá de cooperación en asuntos como ciberseguidad.

Declaraciones peligrosas

Las declaraciones provocaron un escándalo y posiciones contrarias desde ambos partidos. Muchos las consideraban peligrosas, en especial, por tratarse de Trump. Es la misma persona que trató de dar la vuelta a su derrota electoral en 2020, que clamó un fraude electoral masivo no respaldado por los tribunales ni por las propias autoridades de su partido. El mismo que llamó al secretario de Estado de Georgia, un territorio muy disputado, para que «encontrara» los casi 11.000 votos que le faltaban para ganar en ese estado.
Trump intentó el marzo pasado imponer legislación electoral en todo el país a golpe de orden ejecutiva y le frenaron los juzgados.
La polémica ocurre también en un momento de debilidad política de Trump, lejos de su mejor momento en las encuestas y ante la preocupación creciente entre los republicanos sobre la posibilidad de perder sus mayorías en el Congreso en las elecciones del próximo noviembre. Si eso ocurre, a Trump le quedaría mucha menos capacidad de maniobra en sus dos últimos años en la Casa Blanca.

La polémica ocurre también en un momento de debilidad política de Trump, lejos de su mejor momento en las encuestas

La reacción de algunos pesos pesados republicanos fue rotunda. «Creo mucho en un poder descentralizado y repartido. Y es más difícil hackear cincuenta sistemas electorales que hackear uno», reaccionó John Thune, el líder de la mayoría republicana en el Senado. «Es un sistema que ha funcionado muy bien».

La Casa Blanca intenta rectificar

La Casa Blanca trató de dar marcha atrás a las declaraciones de Trump. Su portavoz, Karoline Leavitt, defendió que las palabras del presidente no tenían que ver con la «nacionalización» de las elecciones. Se referían a la ley SAVE, una propuesta electoral para imponer que los votantes se registren con su pasaporte o partida de nacimiento (los demócratas se oponen, defienden que dejaría fuera del sistema electoral a millones de estadounidenses, en especial, de minorías raciales).
Pero Trump desdijo a su portavoz poco después: «Los estados son agentes del Gobierno federal en las elecciones. No entiendo por qué el gobierno federal no organiza las elecciones», dijo el presidente, que doblaba su apuesta en su intención de que sea Washington quien controle las elecciones.
Es una visión que va contra la posición tradicional de los republicanos y conservadores en EE.UU., celosos de mantener el poder de los estados, contrarios a las ambiciones centralistas más propias de los demócratas.
El republicano Michael Adams, secretario de Estado de Kentucky, recuperaba estos días la cita del gran tótem -hasta para Trump- de su partido, Ronald Reagan. «El Gobierno federal no creó a los estados; los estados crearon al Gobierno federal».
Está por ver hasta dónde llegará Trump en esta ambición de control electoral. De lo que no hay duda es que ha disparado el nerviosismo sobre las condiciones en la que se celebrarán este año las elecciones. Esta misma semana, Steve Bannon, el que fue su estratega jefe en la Casa Blanca y todavía una figura influyente en el trumpismo, ha exigido que la policía migratoria, ICE, rodee los colegios electorales.

El apoyo de México a Cuba ha sido una constante de las últimas décadas, salvo contadas excepciones como durante el gobierno de centro derecha de Vicente Fox (2000-2006), que tenía muy mala relación con el dictador Fidel Castro.Cuando tuvo lugar la caída … de la Unión Soviética, a inicios de la década de 1990, Cuba entró en el llamado ‘periodo especial’, una etapa de carencias de todo tipo, durante la cual los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) encabezados por Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo apoyaron a la isla con alimentos, materiales de construcción y medicinas.
Ya en el siglo XXI, después del ‘impasse’ que significó el gobierno de Fox, su sucesor Felipe Calderón –aunque del mismo partido político -, fue el primer mandatario mexicano en visitar la isla en diez años y luego, ya en 2012, llegaría Enrique Peña Nieto que sostuvo la relación con el régimen al punto de condonarle buena parte de su deuda con México.

Todo cambiaría a partir del 2018 con la llegada a Palacio Nacional de Andrés Manuel López Obrador, mandatario de izquierdas cuyo sexenio marco un punto de quiebre y comenzó a apoyar a Cuba con envíos de buques petroleros.
El envío de crudo a la isla fue rápidamente cuestionado por los republicanos en Estados Unidos bajo el argumento de que el petróleo no es un bien enmarcado en las reglas de la cooperación y la asistencia humanitaria multilateral. Diversos congresistas de La Florida alertaron que el régimen usaba el crudo mexicano para triangular otros negocios y eludir las sanciones impuestas por Washington.
López Obrador, aún durante el primer gobierno de Donald Trump, persistió en sus envíos petroleros a la par que era visitado recurrente por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien aterrizó en México en cinco ocasiones. Esa fue el grado de relación que le heredó a la actual mandataria Claudia Sheinbaum, quien llegó a Palacio Nacional en octubre del 2024.
La presidenta intentó sostener la línea de su antecesor como un mensaje de unanimidad y compromiso de la izquierda mexicana con el régimen cubano. Pero se atravesó el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero del 2025.

Presión de EE.UU.

Desde su llegada al cargo, el secretario de Estado Marco Rubio le dijo, en diversas comunicaciones, a la presidenta mexicana que debía separarse de Cuba si quería mantener una buena relación con la Casa Blanca.
En los primeros meses Sheinbaum intentó una estrategia de evitar cualquier vinculo visible o discursivo con Cuba mientras, por lo bajo, sostenía el suministro petrolero a la isla a través de Pemex, empresa estatal mexicana sumida en graves problemas financieros.
De ese modo, funcionarios cubanos que visitaron México el año pasado lo hicieron con bajo perfil y las pocas reuniones públicas no incluyeron a nadie relevante de la Administración de Sheinbaum. El 2025 una funcionaria de la estructura del partido oficialista, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), visitó la isla y luego, según pudo conocer ABC, fue amonestada desde Palacio Nacional.
Esa estrategia terminó de sucumbir hace un mes con la avanzada militar de Trump sobre Venezuela. Tras la caída de Nicolás Maduro comenzó a crecer la presión de Washington sobre Cuba y sobre Sheinbaum, a quien se le dijo que no enviara más petróleo a la isla, algo que se terminó de cristalizar en una comunicación entre la presidenta y Trump la semana pasada.
Por estos días, el Gobierno mexicano intenta que Rubio le permita sostener cierto nivel de asistencia humanitaria a la isla pero ya en el formato previo a López Obrador, o sea, enviar medicinas y medicamentos para evitar que la crisis humanitaria sean aún mayor y tenga implicancias regionales.