Lo impensable hace apenas un par de décadas ha ocurrido. El socialismo ha llegado, finalmente, a la política de los Estados Unidos de América. No ya como una fuerza marginal confinada a debates intelectuales en campus universitarios o a algún distrito de la izquierda … caviar en Portland (Oregón) o San Francisco, sino como una corriente con capacidad para ganar primarias, derrotar a candidatos respaldados con mucho dinero por el aparato demócrata, competir por el poder en estados decisivos y hasta gobernar la mayor ciudad del país, Nueva York.
La victoria de Abdul El-Sayed en las primarias de Michigan, el ascenso de figuras como Zohran Mamdani y la creciente influencia del grupo de los Demócratas Socialistas de América (DSA) han abierto una tensión dentro del Partido que su propio sector moderado ya describe como una «guerra» abierta. El mas preocupado por este ascenso no es el establishment republicano, sino los propios demócratas. Tercera Vía, uno de los principales grupos demócratas centristas, acaba de anunciar una campaña de 15 millones de dólares para combatir una corriente que considera un «peligro mortal» para el partido, pues teme que esos candidatos ganen en primarias pero pierdan en las elecciones.

La DSA nació en 1982 de la fusión de dos organizaciones de izquierda y hoy es la mayor organización abiertamente socialista de EE.UU. Defiende, con la inspiración del socialismo europeo clásico, ideas que hasta hace poco eran casi anatema en la política estadounidense: una ampliación profunda del papel del Estado en la economía, sanidad universal financiada públicamente, expansión de la vivienda pública, fortalecimiento de los sindicatos, fuertes impuestos sobre las grandes fortunas y titularidad pública de grandes empresas y sectores considerados estratégicos.

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Pero su programa va bastante más allá de lo que hoy defienden los principales partidos socialdemócratas de Europa occidental. Propone también una garantía federal de empleo, una semana laboral de 32 horas con salario completo y un mayor control público sobre la economía. Y, dentro del contexto político estadounidense, incorpora medidas especialmente rupturistas y llamativas, como la abolición de las prisiones y hasta de la policía.
También presenta esa transformación institucional como una ampliación de la representación popular, según sus documentos, programas y panfletos. Por ejemplo propone sustituir el colegio electoral por el voto popular para elegir al presidente, abolir el Senado, ampliar la Cámara de Representantes e introducir un sistema multipartidista con representación proporcional. El argumento conecta con una realidad electoral, pues los demócratas han ganado el voto popular presidencial en siete de las ocho elecciones entre 1992 y 2020, aunque esa tendencia se rompió en 2024, cuando Donald Trump obtuvo 77,3 millones de votos frente a 75 millones de Kamala Harris.

El giro antiimperialista

A esa agenda económica e institucional se suma una política exterior de marcado tono anti imperialista, más cercana a posicionamientos de la nueva extrema izquierda europea como Podemos, la Francia Insumisa o el Bloco de Esquerra portugués. La DSA por ejemplo defiende el levantamiento de sanciones contra Cuba, Venezuela e Irán, mantiene una posición muy crítica con Israel y con la ayuda militar estadounidense y, en sus documentos oficiales, utiliza un lenguaje de descolonización que aplica también a territorios y conflictos fuera de EE.UU. En una declaración aprobada por su dirección nacional en 2019, la organización proclamó que aspira a la «disolución total del imperio de EE.UU.» y defendió la autodeterminación, la desmilitarización y las reparaciones para territorios que considera sometidos a dominación colonial como Puerto Rico.

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Esa visión también ha tocado asuntos especialmente sensibles para España. En 2018, una convocatoria de la sección internacional de DSA invitó expresamente a sus miembros a debatir sobre movimientos secesionistas y citó como ejemplos la «independencia del Sáhara Occidental» y la «secesión de Cataluña de España».
La posición sobre Venezuela es todavía más controvertida. En marzo de 2026, DSA exigió la retirada de los cargos contra Nicolás Maduro y describió la operación estadounidense que terminó con su captura como una «invasión» en la que Washington «secuestró» al presidente venezolano y a Cilia Flores. La organización sostiene que ambos permanecen «detenidos ilegalmente», califica las sanciones contra Venezuela de «asfixiantes» y exige la «desestimación inmediata» del proceso judicial. En otro comunicado reciente acusó a la Administración Trump de utilizar contra Cuba una política de «cambio de régimen imperialista» y presentó las medidas estadounidenses contra La Habana como parte de más de seis décadas de bloqueo total.
Lógicamente, estos posicionamientos han dado munición política a los republicanos y a la Casa Blanca. Trump ya ha dejado claro que pretende convertir el supuesto avance del comunismo en EE.UU. en uno de los ejes de la campaña para las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Desde hace semanas sostiene que, bajo la etiqueta de demócratas progresistas, están emergiendo candidatos con un proyecto político que identifica directamente con el comunismo. «Los comunistas por fin están moviendo ficha. Llevo mucho tiempo esperando esto y preparándome para ello», escribió recientemente en su red social, Truth Social.

Para los detractores de estas corrientes en institutos conservadores o libertarios, resulta especialmente llamativo el origen de algunas de sus figuras emergentes. Nithya Raman, concejal de Los Ángeles y candidata a la alcaldía, nació en India y llegó a EE.UU. con seis años; Melat Kiros, vencedora de unas primarias demócratas al Congreso en Colorado, nació en Etiopía y emigró siendo un bebé; Gustavo Gordillo, copresidente de la poderosa sección de DSA en Nueva York, nació en Perú y llegó también de niño; y Zohran Mamdani nació en Uganda, hijo de padres de origen indio. Sus críticos presentan estos casos como una paradoja: una nueva generación de dirigentes con raíces familiares en países marcados por experiencias de socialismo de Estado, economías fuertemente intervenidas o movimientos comunistas reivindica ahora abiertamente el socialismo en Estados Unidos.

La rehabilitación del marxismo

En la Fundación Heritage, Mike Gonzalez interpreta este fenómeno como parte de una ruptura generacional y cultural más amplia y sostiene que EE.UU. asiste a una «rehabilitación del marxismo». Como ejemplo cita el viaje de unos 40 cargos electos y militantes de DSA a La Habana en octubre de 2025. Después de visitar una Cuba afectada por apagones y escasez, la organización atribuyó esas dificultades al «bloqueo estadounidense» y aseguró que regresaba «más decidida que nunca a poner fin al cruel bloqueo estadounidense y apoyar al pueblo cubano». Para Gonzalez, resulta significativo que DSA mantuviera esa interpretación después de comprobar directamente las condiciones económicas de la isla.
El investigador vincula además el crecimiento de estas ideas con el peso de las generaciones jóvenes y de los votantes nacidos en el extranjero. Sobre Mamdani, destaca una encuesta según la cual obtenía un 62% de apoyo entre los neoyorquinos nacidos fuera de EE.UU., frente a un 32% entre los nacidos en el país. Gonzalez atribuye parte de esa diferencia a un cambio en la educación y la cultura política: «Si eres joven o un estadounidense nacido en el extranjero que emigró después de los años setenta, lo más probable es que no te beneficiaras del énfasis en la educación cívica y del espíritu asimilacionista que fueron característicos de EE.UU. hasta entonces». Según él, esas generaciones tampoco adquirieron «una desconfianza aprendida hacia el marxismo en cualquiera de sus formas».
Gonzalez resume su diagnóstico afirmando que EE.UU. atraviesa «una crisis de alfabetización sobre educación cívica, las virtudes y la realidad del marxismo, y está afectando a la política estadounidense». Desde esa perspectiva, el ascenso de DSA no respondería únicamente al malestar con el establishment demócrata o a determinadas propuestas económicas, sino también al debilitamiento de una memoria política vinculada a la Guerra Fría y al enfrentamiento con la Unión Soviética, una época en la que es socialismo como tal era algo ideológicamente proscrito en la primera potencia.
En noviembre se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Los líderes del Partido Demócrata en el Capitolio advierten de que el giro izquierdista en algunas primarias puede privar al partido de recuperar el poder del legislativo, parcial o totalmente, en un año que en principio les debería ser favorable por la creciente impopularidad del presidente Trump por la guerra en Irán.

La ajustada mayoría republicana en la Cámara de Representantes se enfrenta a un grave problema a menos de tres meses de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que Donad Trump se juega el control del Capitolio. El partido ha perdido la … oportunidad de sustituir en la papeleta a uno de sus diputados más polémicos, Max Miller, pese a la acumulación de escándalos personales y a una investigación abierta por la comisión de Ética de la Cámara.
La decisión convierte un distrito que hasta hace poco parecía seguro para los conservadores en un objetivo al alance de los demócratas, en un momento en el que cada escaño puede ser determinante para el futuro de la agenda del presidente. Se necesita la mitad simple de un hemiciclo de 435 escaños para poder tener el control e esa cámara Baja.

La legislación electoral de Ohio establecía este fin de semana el último plazo práctico para retirar a Miller y permitir al partido designar un sustituto antes del cierre oficial de las candidaturas. Ese plazo expiró sin que el legislador Miller, amigo personal de Trump, presentara su renuncia. Salvo un giro inesperado, será él quien represente a los republicanos en noviembre.

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David Alandete

El episodio ilustra la fragilidad política con la que ambos partidos se enfrentan a las elecciones de mitad de mandato. Los republicanos defienden una mayoría muy estrecha en la Cámara y son conscientes de que la pérdida de unos pocos distritos bastaría para devolver el control del Capitolio a los demócratas, con el consiguiente bloqueo de buena parte de la agenda legislativa de Trump durante los dos últimos años de su segundo y en principio último mandato.
Miller no es un representante cualquiera dentro del universo político del presidente. Fue uno de los lugartenientes de Trump durante su primera etapa en la Casa Blanca y ha permanecido desde entonces entre los diputados más fieles al movimiento republicano surgido alrededor del mandatario. Su carrera política, sin embargo, ha quedado eclipsada por una larga sucesión de controversias personales.
Su exesposa, Emily Moreno, lo acusa de haber abusado de ella durante su matrimonio, llegado a echarle agua hirviendo y agredir a su hija. Miller rechaza rotundamente esas acusaciones y sostiene que forman parte de una campaña para destruir su reputación. La disputa ha terminado en los tribunales, donde el congresista ha presentado una demanda por difamación.

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Su ex es además hija del senador republicano Bernie Moreno, otro de los políticos más cercanos a Trump y una de las figuras con mayor influencia dentro del Partido Republicano de Ohio. Lejos de cerrar filas con su antiguo yerno, el senador ha pedido públicamente que abandone el Congreso al considerar que su comportamiento lo incapacita para ejercer un cargo público y pone en riesgo a su familia.

Investigación abierta

A la batalla judicial se suma ahora la investigación abierta por la comisión de Ética de la Cámara de Representantes, que examina si Miller incurrió en violencia doméstica y consumo ilegal de drogas, que denuncia también la mujer. Aunque el diputado asegura haber solicitado él mismo que se investiguen los hechos para limpiar su nombre, la existencia de un expediente oficial añade una presión considerable en plena campaña electoral.
No es la primera vez que Miller se enfrenta a acusaciones similares. Durante la anterior Administración Trump ya protagonizó otro enfrentamiento judicial con Stephanie Grisham, que fue secretaria de prensa de la Casa Blanca, después de que ella también lo acusara de abusos. Aquel litigio terminó con un acuerdo extrajudicial, aunque recientemente Grisham volvió a acudir a los tribunales alegando que Miller incumplió las condiciones pactadas.
Pese al creciente coste político del caso, el congresista ha descartado abandonar la contienda electoral. La pasada semana anunció además que prestará un millón de dólares a su propia campaña para reforzar sus opciones de reelección y difundió un amplio paquete de documentos y grabaciones con los que pretendía desmontar las acusaciones. La publicación fue muy criticada después de que incluyera datos personales de su exesposa y referencias a su hija menor, un error por el que posteriormente tuvo que disculparse su abogado.
Los demócratas observan la situación como una oportunidad poco frecuente. Su candidato, Brian Poindexter, un trabajador siderúrgico respaldado por los sindicatos, competirá en un distrito que durante años ha votado con claridad por los republicanos. Trump ganó esa circunscripción por alrededor de 11 puntos en las elecciones presidenciales de 2024, después de haberlo hecho también con amplias ventajas en 2020 y 2016. Sin embargo, la combinación de investigaciones, enfrentamientos familiares y desgaste político ha convertido una carrera aparentemente decidida en una de las más observadas del país.

La Unión Europea aprobó en abril el Pacto sobre Migración y Asilo, que entró en vigor el pasado junio. Allí se establece, entre otras medidas, controles y procedimientos acelerados en las fronteras exteriores y un mecanismo de solidaridad. Dijo entonces la Comisión Europea que el objetivo era tener «fronteras exteriores sólidas y seguras», pero garantizando «los derechos de las personas». Con esa base, y la del Reglamento de Retornos recién aprobado por el Parlamento Europeo, Italia y Dinamarca piden ahora crear más centros de repatriación de migrantes en terceros países.Aún siendo de partidos teóricamente muy distanciados, Giorgia Meloni y Mette Frederiksen, primeras ministras de Italia y Dinamarca, están de acuerdo en agilizar las deportaciones y endurecer la política migratoria para acabar con «la inmigración descontrolada». Aunque su posición no es unánime en la Unión Europea, sí parece la mayoritaria, aunque solo ellas lo expliciten tan claramente.El ejemplo lo hemos tenido en la crisis de Ceuta. A la vista de las imágenes que mostraban a miles de migrantes entrando sin control en la ciudad española del norte de África, 22 Estados miembro enviaron una carta a Bruselas exigiendo una reunión urgente de Interior. La comunicación iba impulsada por Italia, Alemania y Dinamarca. Los únicos países que no la asumieron, que no la firmaron, fueron Francia, Luxemburgo, Portugal e Irlanda.Lejos de ser un mensaje de solidaridad y apoyo a España en un momento tan delicado, era más bien un tirón de orejas al presidente Pedro Sánchez. La misiva advertía de que las regularizaciones masivas en España actúan como factor de atracción y pedía una respuesta coordinada antes de que el flujo se extienda al resto de Europa.Luego, en la reunión de los ministros de Interior de los 27 del pasado 4 de agosto (por videconferencia), las aguas y las palabras se amansaron, pero la carta ya estaba lanzada. La falta de solidaridad de la UE con España mostró hasta qué punto la Europa de los derechos y las libertades está virando a la derecha. Ahora, Meloni y Frederiksen vuelven sobre ello y piden la creación de más centros de repatriación en terceros países.AlemaniaDetrás de la carta colectiva estuvo Alemania. El país que en 2015, con Angela Merkel al frente, abrió las fronteras a los migrantes que huían de la guerra civil en Siria, tiene hoy la inmigración en el centro del debate político. Con la presión por la derecha de Alternativa para Alemania, el Gobierno de los conservadores de Friedrich Merz, en coalición con el Partido Socialdemócrata, ha cambiado la visión: lo que era un fenómeno hoy es un problema.El Ejecutivo de Merz ha reforzado los controles fronterizos, ha impulsado más devoluciones y ha defendido una política de deportaciones más dura. En 2025, Alemania deportó a más de 20.000 personas. De hecho, Berlín ha reanudado los vuelos de expulsión a Afganistán. Además, pese a Schengen, el país mantiene controles en sus fronteras con países vecinos como Polonia, República Checa o Austria.DinamarcaDinamarca está gobernada por los socialdemócratas, pero sus políticas migratorias están a años luz de las de España, como muestra la cercanía de Frederiksen con Meloni. El país es ahora pionero en políticas migratorias restrictivas, tanto para los solicitantes de asilo como para los inmigrantes económicos que buscan trabajo en Dinamarca.Las cosas cambiaron en la mencionada crisis de los refugiados de 2015. Muchos de aquel millón largo de migrantes quisieron llegar a Dinamarca. Entonces, en Copenhague comenzó a oírse aquello de «los daneses primero» y no sólo en boca de líderes ultraderechistas.Todos los partidos, incluidos los socialdemócratas, dejaron de ver con buenos ojos a los migrantes que pedían refugio. Hasta se estudió la posibilidad de concentrar a los sin papeles en una isla danesa. Se descartó, pero a cambio, Dinamarca aprobó una ley para enviar a los migrantes a terceros países, como Ruanda. Fue en 2021, antes incluso de que Italia hiciera lo propio en Albania. En ambos casos, el plan no ha podido desarrollarse.ItaliaFue a finales de 2023 cuando la primera ministra italiana y su homólogo albanés, Edi Rama, firmaron un protocolo de cooperación migratoria. Ya en 2024, Italia construyó dos centros de retorno en Albania para enviar a los migrantes. El primero fue el de Shëngjin, a donde los migrantes iban a ser desembarcados, identificados y sometidos a las primeras comprobaciones. Desde allí serían trasladados al segundo complejo, ubicado en Gjadër.Sin embargo, esos campos siguen inutilizados por diversas decisiones judiciales. El campo de Gjadër, que en octubre cumplirá dos años, sigue practicamente vacío. En este centro deberían de estar resolviéndose las solicitudes de asilo mediante un procedimiento acelerado (si es negativa, tiene lugar la devolución al país de origen).Pero todo está parado. Diversas decisiones judiciales han anulado en la práctica los centros italianos en suelo albanés. Shëngjin y Gjadër siguen pendientes del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que debe resolver los dos últimos recursos planteados por los jueces italianos. El Ejecutivo de Meloni espera su decisión.FinlandiaLa carta de los 22 también la firmó la Mari Rantanen, ministra del Interior de Finlandia, que acusó a España de haber «fracasado por completo a la hora de proteger la frontera exterior del espacio Schengen frente a las intrusiones». Finlandia tuvo que cerrar su frontera con Rusia en 2023 para luchar contra la instrumentalización migratoria de Moscú.PoloniaDesde Polonia, su primer ministro pidió a España que «siguiera el ejemplo» polaco «si se quiere que Schengen sobreviva». Donald Tusk puso a su país de ejemplo por haber invertido miles de millones de euros y movilizado a miles de soldados, policías y guardias fronterizos para «endurecer sus leyes de asilo y sus procedimientos fronterizos, y construido barreras eficaces en su frontera con Bielorrusia, que constituye la frontera oriental de la Unión».GreciaPara hacerse una idea, ya en febrero pasado, el Gobierno conservador griego anunció que estaba planeando con Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Austria la creación en África de centros de retorno de inmigrantes a los que se le haya denegado asilo en la Unión Europea. El plan debía estar preparado para cuando el Parlamento Europeo votara el nuevo reglamento sobre repatriaciones. Fue lo que pasó en junio, permitiendo la creación de esos centros. A Grecia llegan cada año entre 40.000 y 50.000 inmigrantes, de los que solo la mitad reciben asilo. Atenas realiza anualmente unas 6.000 repatriaciones de inmigrantes.FranciaFrancia fue uno los pocos miembros de la UE que no firmaron la carta que censuraba la política de regularización de inmigrantes de España. Ante la crisis de Ceuta, el Gobierno francés ofreció ayuda a su vecino del sur, en una respuesta basada en la «solidaridad y la eficacia». El Eliseo no se adhirió a la carta de los 22 al considerar que tenía un carácter esencialmente político y trataba de instrumentalizar la situación de Ceuta para censurar la política migratoria del gobierno español.Pero no es que la Francia de Emmanuel Macron comparta la visión de Sanchez. Sólo hay que ver lo que decía en mayo su ministro de Justicia, Gérald Darmanin. Planteó la posibilidad de suspender durante tres años la entrada de inmigrantes, incluso aquellos que lo hagan de forma legal, al considerar que el país ha alcanzado el «límite» de su «capacidad de integración y asimilación».El Parlamento Europeo, cada vez más a la derechaMás allá de los Estados miembros de la Unión, su parlamento. El pasado 17 de junio, la Eurocámara aprobó el Reglamento de Retornos, la normativa migratoria más restrictiva de la historia de la UE. Salió adelante con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones. Cuando la presidencia comunicó el resultado, los diputados europeos de la derecha y de la extrema derecha estallaron en aplausos.Que el resultado fuera tan contundente se explica porque el Partido Popular Europeo (PPE) se volvió a alinear con la derecha extrema europea. Votaron a favor de endurecer la ley migratoria los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), los ultraderechistas Patriotas por Europa (PfE), Europa de Naciones Soberanas (ESN), parte del grupo liberal Renovar Europa y el mencionado PPE.Votaron en contra, de manera mayoritaria, dos grupos, los Socialistas y Demócratas (S&D) y La Izquierda. Pero los suyos sólo fueron 218 votos. «Este reglamento corre el riesgo de normalizar prácticas jurídicamente cuestionables que habrían sido impensables en la UE hace tan solo unos años», afirmó la eurodiputada socialista Ana Catarina Mendes.En cambio, el popular Tomas Tobé sostuvo que «Europa debe tener la capacidad de decidir quién entra, quién se queda y quién debe regresar» y que la votación volvía a «situar la aplicación de la ley en el centro». El eurodiputado neerlandés Malik Amazani (Renew), responsable de la tramitación parlamentaria del texto, dijo que Europa necesitaba medidas de retorno eficaces y realistas, y que «después de casi veinte años de bloqueo» iba a contar con ellas.El decisivo Consejo Europeo de otoñoEl Reglamento de Retornos sustituye a la directiva de 2008 para imponer un sistema único y directamente aplicable en los 27 Estados miembros. El texto espera su adopción formal por el Consejo de la UE para su posterior publicación en el Diario Oficial de la UE.El Gobierno español no lo ve con buenos ojos. El pasado 11 de junio, formalizó ante la UE su rechazo en un documento en el que cuestionó la legalidad y proporcionalidad de algunas de las medidas que contempla, entre las que mencionó las que podrían llevar a personas en situación administrativa irregular a permanecer privadas de libertad durante más tiempo que delincuentes condenados por delitos graves.Mientras, desde el 12 de junio está operativo el Pacto sobre Migración y Asilo, que a diferencia del Reglamento de Retornos, es de obligado cumplimiento en toda la UE. Y se acerca la celebración del Consejo Europeo de otoño. Allí se espera que se discuta la creación en terceros países de los primeros centros piloto de repatriación de migrantes.