Del «Yankee Go Home» al pacto petrolero con Estados Unidos: el chavismo archiva su antiimperialismo
La hemeroteca venezolana envejece deprisa. En febrero de 2019, durante el primer Gobierno de Donald Trump, Nicolás Maduro celebró una marcha en Caracas con una orden para el imperio: «¡Yankee Go Home!». En 2025, Diosdado Cabello, ministro del Interior y secretario general del … Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fue más preciso: «Ni una gota de petróleo puede salir de aquí para los Estados Unidos si nos agreden».
La frase volvió a circular después de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses, el 3 de enero. Para entonces ya era una pieza de museo. El 8 de enero, Cabello había cambiado de registro: «Si están dispuestos a comprar nuestro petróleo, nosotros se lo vendemos».
Meses después, Trump anunció que Estados Unidos obtuvo control mayoritario sobre 65.000 millones de barriles de reservas venezolanas. Delcy Rodríguez, presidenta interina desde la caída de Maduro, confirmó un «acuerdo histórico» negociado por Marco Rubio y Pete Hegseth. El contrato sigue sin publicarse. Tampoco se conocen sus plazos, su figura jurídica ni las empresas participantes.
Paula Henao, ministra de Hidrocarburos, presentó las cifras del Gobierno: 17 campos, más de 100.000 millones de dólares en inversión privada y una proyección de 209.000 millones en ingresos. Prometió hospitales, escuelas y poder comunal. No explicó cómo se hicieron los cálculos ni qué significa jurídicamente el «control mayoritario» anunciado desde Washington.
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Criticas al acuerdo
El PSUV expresó su «pleno respaldo» a Rodríguez y aseguró que todo ocurrirá dentro de la Constitución. El cambio había empezado semanas después del 3 de enero. La Asamblea reformó la Ley de Hidrocarburos, permitió a empresas privadas gestionar proyectos y vender crudo directamente, redujo controles y apartó al Parlamento de la aprobación de asociaciones. Era el desmontaje del modelo que Hugo Chávez endureció entre 2006 y 2007.
Francisco Matheus, experto petrolero entrevistado por este diario horas antes de que Trump confirmara el pacto, había advertido sobre esa contradicción. El artículo 12 de la Constitución declara los yacimientos propiedad inalienable de la República y el 302 reserva al Estado la actividad petrolera en los términos establecidos por la ley. «Se compromete de manera importante la soberanía nacional a cambio de mayor productividad y mayor ingreso petrolero», dijo. Sin el contrato, cualquier veredicto jurídico sería prematuro.
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La crítica con mayor carga histórica salió del propio chavismo. Elías Jaua, vicepresidente de Chávez entre 2010 y 2012 y figura de su corriente civil originaria, es hoy crítico del Gobierno de Rodríguez. Seis días antes del anuncio declaró en un foro: «No aceptamos la ocupación yanqui en Venezuela». Su línea roja quedó enterrada bajo millones de barriles.
Rafael Ramírez, quien dirigió durante una década Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el Ministerio de Petróleo bajo Chávez, calificó el pacto en X de «entreguista», «colonial» e «inconstitucional». Exiliado en Italia y acusado de corrupción por la Justicia venezolana, señalamientos que niega, Ramírez no fue extraditado porque Roma rechazó la solicitud. En la misma red, Manuel Quevedo, también expresidente de PDVSA y exministro de Petróleo, escribió: «No me entregué a intereses extranjeros». No nombró a Rodríguez.
Lo que opina la oposición
Las respuestas opositoras fueron menos uniformes. Diego Arria, exgobernador de Caracas y exembajador venezolano ante la ONU, denunció en un video un atropello a la soberanía. La fracción parlamentaria Unión y Cambio, encabezada por los diputados opositores Henrique Capriles y Tomás Guanipa, difundió un comunicado favorable a la inversión nacional e internacional, pero exigió que la propiedad del petróleo permanezca en manos venezolanas y que el Ejecutivo explique ante el país y la Asamblea los términos del contrato. El documento, que no lleva firmas, lo considera de interés nacional y reclama su examen conforme a la Constitución.
Antonio Ecarri, también diputado opositor, había sido apartado días antes de la presidencia del grupo parlamentario de amistad con Estados Unidos tras defender la dolarización. En X celebró la entrada de capital, aunque advirtió que, sin disciplina fiscal y ahorro, Venezuela podría repetir una bonanza perdida o concentrarla «en pocas manos».
Provea, una organización venezolana de derechos humanos, pidió publicar los términos y alertó de que las compañías estadounidenses podrían compartir responsabilidad por futuros abusos si participan en acuerdos opacos e inconstitucionales.
Hasta la tarde del sábado, María Corina Machado y partido Vente Venezuela no habían fijado posición en sus cuentas oficiales. El silencio resalta porque Washington ha sido su aliado decisivo. Durante años, el chavismo acusó a sus adversarios de querer entregar el petróleo al imperio. Ahora pide disciplina revolucionaria para defender un pacto que Trump presenta como control estadounidense. El documento permanece oculto. La renuncia ideológica, no.

