La embajadora de España ante la Organización de Estados Americanos intervino en la sede del organismo en Washington para fijar una posición crítica frente a la actuación de Estados Unidos en Venezuela, en una sesión marcada por la tensión diplomática y por la inquietud … de varios países ante el alcance del giro impuesto desde la Casa Blanca. Sin mencionar de forma expresa a la Administración Trump, España puso en duda la legalidad de la intervención y advirtió de sus consecuencias para el orden internacional y la estabilidad continental.
Carmen Montón afirmó ante el Consejo Permanente, convocado de urgencia, que la «profunda preocupación por lo ocurrido en Venezuela» obliga a recordar los principios básicos del derecho internacional. «El respeto a la soberanía y a la integridad territorial es esencial. Lo ocurrido constituye un precedente muy preocupante para la paz regional», señaló. Subrayó además que «debe ser la voz del pueblo venezolano la que marque el destino de Venezuela» y defendió que España trabajará por «unir a los venezolanos, apostar por el diálogo y la paz», al tiempo que advirtió de que «la fuerza no trae más democracia».
La intervención española se produjo apenas días después de que Donald Trump ordenara la extracción de Nicolás Maduro y de su esposa de Venezuela, el 3 de enero, y de que ambos fueran trasladados a Estados Unidos, donde están siendo juzgados en Nueva York por cargos de narcoterrorismo. España es un país observador en la OEA, y tomó la palabra con el bloque de China, la Unión Europea, Suiza y otros.

La sesión sirvió también para que otros países denunciaran lo que calificaron como años de pasividad de los organismos regionales frente a la dictadura de Maduro. Varias delegaciones coincidieron en que la OEA y otros foros multilaterales no lograron frenar a tiempo las violaciones sistemáticas de derechos humanos, el vaciamiento institucional y la expansión del crimen organizado, lo que permitió, a su juicio, la consolidación del régimen durante más de una década.
Argentina fue uno de los ejemplos más explícitos de ese reproche. Su embajador sostuvo que la «diplomacia del silencio» frente a prácticas que muchos ya consideraban terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad puso en cuestión el sentido mismo de la organización. Según Buenos Aires, esa inacción colectiva contribuyó a agravar la crisis y acabó desembocando en la adopción de medidas extraordinarias, como el operativo liderado por Estados Unidos, ante una amenaza que ya desbordaba las fronteras venezolanas.
En su discurso, la representante española insistió en que cualquier actuación internacional debe ajustarse estrictamente a la legalidad internacional y reivindicó los principios recogidos en la Carta de Naciones Unidas, en particular la prohibición del uso o la amenaza de la fuerza. En ese marco, España subrayó que el precedente abierto en Venezuela no es un asunto aislado y tiene implicaciones directas para la región y para el sistema internacional en su conjunto.
Montón alineó además su posición con un comunicado conjunto de Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, que reafirma que América Latina y el Caribe deben seguir siendo una zona de paz. Ese texto calificó lo sucedido en Venezuela como «profundamente preocupante» para la paz y la seguridad regional y recordó que los recursos naturales del país forman parte de su soberanía, en una referencia implícita a las declaraciones estadounidenses sobre el control del petróleo venezolano.
España señaló que comparte la prioridad de combatir el crimen organizado transnacional en la región, pero recalcó que esa lucha solo puede desarrollarse mediante la cooperación internacional y el respeto a la legalidad, como la que mantiene con los países de América Latina y el Caribe. Con ello, marcó distancia frente a cualquier enfoque unilateral o coercitivo que, a su juicio, debilite los mecanismos multilaterales.
La embajadora recordó también que España no reconoció las elecciones venezolanas por considerar que fueron fraudulentas y mantiene una condena firme de las amenazas contra los derechos humanos, la persecución de líderes opositores y los abusos cometidos contra la ciudadanía. No obstante, subrayó que esa posición no justifica que el futuro político de Venezuela sea impuesto desde el exterior.
En ese sentido, defendió que la salida a la crisis venezolana debe ser pacífica, democrática y acordada entre venezolanos. La paz, la estabilidad, la democracia, el progreso y la justicia social, concluyó, «no pueden imponerse por la fuerza», sino que solo pueden surgir de un diálogo amplio e inclusivo en el que sea el propio pueblo venezolano quien marque el rumbo del país.

Que Delcy Rodríguez haya quedado como presidenta encargada de Venezuela no es una decisión improvisada ni coyuntural. En la Casa Blanca lo vinculan a contactos previos que, aunque discretos, no eran desconocidos. Según fuentes consultadas por ABC, ya en 2020 su hermano Jorge … Rodríguez y la propia Delcy establecieron un canal directo con la Administración Trump para explorar escenarios posteriores a una eventual salida de Nicolás Maduro. En ese contexto, plantearon una demanda concreta: la liberación de Álex Saab, considerado por Estados Unidos el principal operador financiero del régimen.
Esas conversaciones, mantenidas con el entonces asesor presidencial Richard Grenell, permitieron identificar interlocutores con capacidad real de control interno y proyección exterior. Fuentes estadounidenses señalan que ese marco ayuda a explicar por qué el 3 de enero, en el momento de la captura de Maduro, Rodríguez fue situada como la figura con mayor capacidad operativa para sostener una transición inmediata, apoyada en su red internacional de contactos y en el respaldo del aparato institucional, con Jorge Rodríguez como eje político.

La designación no ha estado exenta de contestación interna. En sectores del chavismo y de los cuerpos de seguridad persisten recelos sobre su papel previo a la operación estadounidense. El propio presidente Donald Trump contribuyó a ese clima al afirmar públicamente que Rodríguez debía ahora marcar distancias y denunciar el «secuestro» de Maduro, una posición que en Washington interpretan como necesaria para consumo interno y para preservar una mínima cohesión del poder mientras se reorganiza el mando. Trump llegó a describirla como «cooperativa», una valoración que ha tenido efectos ambiguos dentro del régimen.
El relevo se produce bajo una doble supervisión. En el plano institucional, Rodríguez fue designada presidenta interina por el Tribunal Supremo y reconocida formalmente por las Fuerzas Armadas. En el plano político, su ascenso ha reabierto interrogantes sobre la cohesión del chavismo tras la salida de Maduro. Las llamadas oficiales a protestar apenas lograron movilizaciones limitadas, pese a los llamamientos a la «resistencia armada» y al despliegue de colectivos en varios barrios, con incidentes aislados en zonas rurales.

El Grupo de Puebla, entidad que reúne a políticos de centro e izquierda de Iberoamérica, se dispone a organizar una reunión en Oaxaca, al sur de México, el próximo mes de marzo. La idea del encuentro es marcar un contrapunto frente al avance de … Estados Unidos en América Latina y la meta más ambiciosa es la de reunir a los presidentes Claudia Sheinbaum, Lula Da Silva y Gustavo Petro.
Sin embargo, la captura de Nicolás Maduro y el inicio de su periplo judicial en Estados Unidos ha cambiado el escenario para los organizadores del encuentro. Según mencionan a ABC desde el Grupo de Puebla, tras lo sucedido el fin de semana en Caracas prefieren no contar con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y limitar fuertemente la presencia del comunicador Pablo Iglesias.
Actualmente la parte operativa del Grupo de Puebla es conducida desde Argentina y Chile, donde tiene como principal gestor al dirigente Marco Enríquez Ominami. En México la principal referencia es Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la oficina de Claudia Sheinbaum.

Los organizadores del encuentro temen que Rodríguez Zapatero sufra algún efecto colateral en las declaraciones de Maduro en la Justicia de Estados Unidos. Ya existe el antecedente de las declaraciones del exmilitar venezolano Hugo el ‘Pollo’ Carvajal, figura encumbrada del régimen y detenido en EEUU. Carvajal habría señalado las presuntas relaciones económicas de Rodríguez Zapatero con el chavismo, desde intermediar para que empresarios españoles consigan contratos en Venezuela hasta viajar en aviones de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Maduro, expuesto a un frente judicial espinoso en la Justicia de Nueva York, tendrá, como todos los acusados por narcotráfico, la posibilidad de entregar información para reducir la eventual condena. Allí se abre un escenario de inquietud para diversas figuras de la política regional que tuvieron relaciones y afinidad con el régimen bolivariano.

Silencio obligado

El Grupo de Puebla quedó muy cuestionado en 2024 con las elecciones venezolanas y el posterior fraude electoral cometido por Maduro. Enríquez Ominami había conducido una nutrida delegación a Caracas, con expresidentes de la región, en un viaje en el cual se debía concretar el paso del chavismo a la democracia. Pero Maduro se aferró al poder y el colectivo debió llamarse a un silencio obligado.
Esa línea fue la que siguió Rodríguez Zapatero. En sus apariciones públicas posteriores al fraude, el expresidente socialista eludió las preguntas sobre el régimen, alegando que él solo era un mediador.
«Cuando alguien media debe ser extraordinariamente respetuoso. Es un derecho y es un deber mantener la discreción y la lealtad a las personas que han permitido que facilites alguna tarea», afirmó en septiembre de 2024.
Por esas épocas reconoció su participación para que el opositor Edmundo González pudiera exiliarse en España en 2024 después de que se dictara contra él una orden de detención.

Aprovechar la coyuntura

El chavismo, en tanto, ha sido condescendiente. Jorge Rodríguez, hermano de la actual mandataria Delcy, lo definió como «un hombre decente, digno», y Maduro pidió a los españoles que defendieran al «honorable» Zapatero.
Como sea, el Grupo de Puebla busca aprovechar la coyuntura actual para volver a cobrar fuerza, pero ya sin el exmandatario español, a quien varios de los que viajaron a Caracas para presenciar el fraude chavista le achacan haberlos convencido de que Maduro se iba a convertir en un demócrata.
Tampoco quieren que tenga demasiado espacio Iglesias, muy allegado a Rodríguez Zapatero e instalado desde hace meses en México con su medio de comunicación digital Canal Red, que tiene el respaldo económico de figuras de políticos de la izquierda mexicana.
Los organizadores del encuentro en Oaxaca creen que ambos políticos españoles pueden generar anticuerpos en los jefes de estado que podrían asistir.
El foro será la ocasión para enviar mensajes contra el intervencionismo de Washington en la región, la ruptura del orden jurídico internacional y las quejas por la intención de Donald Trump de querer controlar el petróleo venezolano, tal como el presidente señaló el pasado sábado en su conferencia de prensa en Mar-a-Lago.