Un tercer bombero murió este miércoles en Greciadurante las labores de extinción de un incendio en Gitión, al sur del país, en un suceso que no está relacionado con el de los otros dos efectivos fallecidos en la isla de Creta tras quedar atrapados por las llamas. «Durante una operación de extinción en Gitión, un bombero fue encontrado inconsciente fuera del perímetro del incendio», señaló el Cuerpo de Bomberos en un comunicado. Detalló que, «tras ser recogido por una ambulancia, fue trasladado al Hospital General de Esparta, donde se confirmó su fallecimiento». Según el diario griego Efsyn, la víctima es el subcomandante del Cuerpo de Bomberos de Gitión, de 30 años. El bombero se sintió indispuesto durante las tareas de extinción, se desplomó y falleció, pese a los intentos de reanimación de los servicios de emergencia. Debido a que no sufría quemaduras evidentes su muerte se atribuye a causas patológicas, según la misma fuente. Este fallecimiento se suma al de otros dos bomberos, de 25 y 58 años, que perdieron la vida en el gran incendio forestal que se declaró este miércoles en la isla de Creta, después de que quedaran atrapados en medio de las llamas con su camioneta. En un vídeo publicado por el portal de noticias local Ekriti, se puede ver el vehículo parcialmente quemado en medio de una zona totalmente calcinada. El incendio ya ha obligado a evacuar siete localidades de una población total permanente de 1.600 personas, la última de las cuales fue el pueblo costero de Ayia Galini, en la costa meridional de la isla. Unos 2.000 turistas que se encontraban en esa última localidad costera están siendo evacuados junto a la población local, declaró a la agencia de noticias AMNA Mijalis Christoforakis, miembro de la Asociación de Hoteleros de la región de Rétino (Creta). Una treintena de personas que se encontraban atrapadas en el pueblo de Ayios Pavlos fueron rescatadas con lanchas de la Guardia Costera, mientras que en la localidad de Saktouria varias viviendas fueron alcanzadas por las llamas. Unos 190 bomberos con 40 camiones operan en la zona, mientras que los ocho helicópteros y aviones cisterna que trabajaban durante el día ya no pueden volar debido a la falta de luz.Además, dos bomberos resultaron heridos durante las tareas de extinción de otro incendio en Creta oriental y han sido hospitalizados, sin que su vida corra peligro. Por otra parte, la situación en la isla griega de Lesbos, en el Egeo oriental, mejoró levemente durante la tarde del miércoles ya que los bomberos lograron controlar dos de los tres frentes de fuego que ardían cerca de la localidad costera de Plomari.

El brazo fiscalizador del Congreso ha abierto formalmente una investigación sobre el fondo en el que la Administración de Donald Trump deposita y administra los ingresos procedentes del petróleo venezolano. La revisión comienza cuando el propio presidente admite que la cantidad recaudada supera los … 13.000 millones de dólares (11.400 millones de euros), pero su Gobierno sigue sin publicar las cuentas, los saldos, las comisiones ni las auditorías prometidas.
La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, conocida como GAO por sus siglas en inglés, confirmó a ABC que ha aceptado la solicitud presentada por cuatro legisladores para revisar distintos aspectos del fondo y que el trabajo ya está en marcha. «La GAO ha aceptado la petición para revisar aspectos del Fondo Petrolero de Venezuela. Este trabajo ha comenzado recientemente y está en curso», explicó Jessica Baxter, portavoz del organismo. Por ahora no se ha hecho público el alcance de la investigación, la metodología que utilizará ni la fecha prevista para presentar sus conclusiones.

La decisión supone un cambio relevante. Hasta ahora solo se conocía la petición formulada por los congresistas Joaquín Castro y Sean Casten y los senadores Chris Van Hollen y Tim Kaine. La aceptación convierte aquella iniciativa política en una fiscalización federal efectiva sobre el sistema creado por la Administración Trump para controlar el principal ingreso de Venezuela.

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Jorge Benezra

Los legisladores reclaman que se identifiquen todas las cuentas bancarias utilizadas, su ubicación, las entidades financieras y los comercializadores participantes, las comisiones cobradas y los pagos autorizados. También quieren conocer si existen controles suficientes contra el fraude, la corrupción, el blanqueo de dinero, el despilfarro y los posibles conflictos de interés. La investigación deberá analizar la actuación de los departamentos de Estado, Energía y Tesoro, además de las empresas y contratistas implicados. También examinará el procedimiento utilizado para decidir qué desembolsos se autorizan y si la gestión del dinero cumple las leyes estadounidenses.

Más de 13.000 millones de dólares

El ‘Financial Times’ calculó que las exportaciones venezolanas habían generado hasta julio más de 13.000 millones de dólares (11.400 millones de euros). El propio Trump sugirió el lunes que la cantidad real es superior. Al ser preguntado a bordo del Air Force One, respondió: «Creo que incluso más que eso», aunque no ofreció una cifra alternativa ni explicó cómo se había calculado. Añadió que Estados Unidos había recuperado varias veces el coste de la operación militar y que estaba ingresando «miles y miles de millones de dólares» procedentes de Venezuela.

Los legisladores reclaman que se identifiquen las cuentas bancarias usadas, su ubicación, las entidades financieras, las comisiones y los pagos

El presidente tampoco aclaró el destino concreto de los fondos. Dijo primero que se empleaban en «gestionar el país», y después que podían destinarse al Ejército con la aprobación del Congreso. Esas declaraciones introducen una contradicción adicional. La orden firmada por el propio Trump establece que los ingresos siguen siendo propiedad soberana de Venezuela y que Estados Unidos únicamente los mantiene como custodio gubernamental. El dinero, por tanto, no debería considerarse formalmente un ingreso estadounidense ni quedar disponible para financiar gastos federales. El Departamento del Tesoro lo administra, pero el Departamento de Estado decide cuándo y para qué puede liberarse. En palabras del funcionario Michael Kozak ante el Congreso: «Es su dinero, pero tienen que obtener nuestro permiso».

La orden establece que los ingresos siguen siendo propiedad soberana de Venezuela y EE.UU. solo los mantiene como custodio gubernamental

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La estimación de más de 13.000 millones de dólares corresponde a ingresos brutos y no al saldo neto. Todavía habría que descontar transporte, seguros, comercialización, financiación, refinación y otros costes asociados a la venta del crudo. Pero, como la Administración tampoco ha publicado esas deducciones, no es posible calcular cuánto dinero debería permanecer en las cuentas, cuánto se ha entregado ya a Venezuela ni qué parte se ha destinado a comisiones y gastos de gestión.

El Tesoro defiende su gestión

El Departamento del Tesoro aseguró a ABC que el dinero ha estado disponible para el Gobierno de Delcy Rodríguez sin demoras y que existe un sistema de vigilancia para garantizar que los recursos beneficien a los venezolanos. «El Gobierno de Estados Unidos continúa apoyando la estabilización y recuperación económica de Venezuela, especialmente después de los recientes y devastadores terremotos», afirmó una fuente oficial del Tesoro.
Según esa versión, Washington trabaja desde enero con el Gobierno de Rodríguez para desembolsar rápidamente fondos destinados a gastos oficiales, incluido el pago de nóminas públicas, y para asegurar liquidez en el sistema financiero venezolano. «Existe una supervisión del cumplimiento para garantizar que los fondos beneficien al pueblo venezolano, y los recursos han estado disponibles para el Gobierno venezolano sin demora», añadió la fuente.

El Departamento del Tesoro no ha ofrecido cifras que permitan comprobar que los fondos pedidos por Venezuela han sido liberados

La respuesta presenta como plenamente operativo un sistema de control cuya documentación no ha sido divulgada. El Tesoro no identificó quién realiza esa supervisión, desde qué fecha funciona, qué operaciones ha examinado ni qué resultados ha obtenido. Tampoco ofreció cifras que permitan comprobar que todos los fondos solicitados por Caracas fueron liberados sin retrasos. No se conoce cuánto dinero pidió el Gobierno venezolano, qué cantidades autorizó Washington, cuánto tiempo transcurrió entre cada solicitud y el correspondiente desembolso, ni si alguna petición fue rechazada, aplazada o modificada.

Un sistema de control total

El mecanismo concebido por la Administración Trump no consistía simplemente en levantar las sanciones y permitir que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) recuperara el control de sus exportaciones. Washington autorizaba qué empresas podían comprar, transportar, refinar o comercializar el crudo. También indicaba dónde debía depositarse el dinero, supervisaba los usos declarados y conservaba la capacidad de impedir cualquier desembolso.
El comprador no pagaba directamente a Pdvsa ni al Gobierno de Rodríguez. El dinero se debía ingresar en cuentas de custodia señaladas por el Tesoro. Después de descontar los costes de la operación, el remanente quedaba bajo administración estadounidense. Caracas debía justificar qué quería pagar y el Departamento de Estado decidía si autorizaba la transferencia. El Tesoro podía enviar el dinero directamente a un proveedor, un banco, una empresa o un organismo público aprobado.

«Existe una supervisión para garantizar que los fondos beneficien al pueblo venezolano, y los recursos han estado disponibles para su Gobierno sin demora»

Departamento del Tesoro de EE.UU.

La Administración ha explicado que los fondos podían utilizarse para nóminas públicas, medicamentos, importaciones esenciales, reparación de la red eléctrica, mantenimiento de la industria petrolera, liquidez bancaria y reconstrucción tras los terremotos. Pero no existe una relación pública completa de los proyectos financiados, los destinatarios finales ni los criterios aplicados para aprobar los pagos.

KPMG no responde

La Administración anunció que una firma externa auditaría las cuentas. Kozak identificó posteriormente a KPMG como la empresa encargada de revisar los saldos, las entradas de dinero, las transferencias y la utilización de los recursos. ABC contactó con KPMG para conocer el alcance de su trabajo, las operaciones examinadas y si existen informes con sus conclusiones. La firma no respondió.
El Departamento de Energía, que según declaraciones oficiales había participado en la contratación y coordinación de los auditores, tampoco contestó a las preguntas de este diario. No se ha publicado el contrato con KPMG, sus informes periódicos ni ninguna conclusión de sus revisiones. Tampoco está claro si el control al que ahora alude el Tesoro corresponde al trabajo de esta empresa o a un mecanismo diferente.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, reconoció en febrero que todavía no existía un acuerdo formal de auditoría, cuando el sistema ya había comenzado a mover cientos de millones de dólares. Posteriormente, Kozak aseguró que KPMG estaba auditando las cuentas y que la Administración produciría informes trimestrales. A finales de julio no se había publicado ninguno de esos documentos.

Incógnitas sobre las comisiones

Una fuente conocedora de la industria petrolera venezolana describió a ABC un mercado todavía marcado por ventas con fuertes descuentos, intermediarios, sociedades de difícil identificación y estructuras comerciales opacas. A su juicio, existe un fuerte contraste entre la insistencia de Washington en que todas las operaciones están controladas y su negativa a divulgar la información que permitiría comprobarlo. «Si todo está auditado, si todo es transparente y el dinero está llegando a los venezolanos, la pregunta es por qué no se muestran las cuentas», señaló.
La fuente sostiene que existen diferencias internas entre el Tesoro y otros departamentos sobre la administración de las cuentas y el nivel de información que debería hacerse público. ABC no ha podido verificar de forma independiente esa supuesta disputa. Uno de los principales interrogantes es cuánto se descuenta de cada cargamento antes de que el dinero quede disponible para Venezuela.

«Si todo está auditado, si todo es transparente y el dinero está llegando a los venezolanos, la pregunta es por qué no se muestran las cuentas», se cuestiona una fuente del sector petrolero

Fuentes consultadas anteriormente por este diario situaron alrededor del 10%, o incluso por encima, el conjunto de comisiones, porcentajes y costes de gestión. Washington nunca ha publicado una tarifa oficial ni un desglose por operación. No se conoce cuánto cobran las comercializadoras Vitol y Trafigura, qué cantidades reciben los bancos participantes, cuánto corresponde a seguros y transporte ni si Estados Unidos aplica alguna comisión adicional por la administración de las cuentas.
Tampoco está claro cómo aparecería esa posible comisión en un estado financiero: como gasto de gestión, deducción comercial, reserva o dinero retenido en las cuentas y no transferido a Venezuela. Vitol y Trafigura han afrontado anteriormente procesos por esquemas de sobornos relacionados con operaciones petroleras en otros países. Los legisladores no las acusan de irregularidades en Venezuela, pero consideran que esos antecedentes refuerzan la necesidad de una revisión independiente.

Cifras imposibles de conciliar

Las cantidades ofrecidas hasta ahora por la Administración han sido parciales y cambiantes. La primera venta conocida ascendió a unos 500 millones de dólares (440 millones de euros). De esa cantidad, 300 millones de dólares (263 millones de euros) fueron transferidos para pagar salarios públicos. En marzo, el secretario de Energía, Chris Wright, afirmó que las ventas acumuladas rondaban los 1.000 millones de dólares (878 millones de euros) y que pronto generarían otros 5.000 millones de dólares (4.400 millones de euros). Calculó que Venezuela podía recibir al mes hasta 1.500 millones de dólares (1.300 millones de euros).
En abril, Kozak aseguró que alrededor de 3.000 millones de dólares (2.635 millones de euros) ya habían sido enviados a Venezuela. En julio, el Departamento de Estado habló de «miles de millones» desembolsados hacia la economía venezolana. Ninguna de esas declaraciones estuvo acompañada por una tabla que relacionara los ingresos, las deducciones, los saldos disponibles y las transferencias realizadas.

300

millones de dólares (263 millones de euros)

Es la única transferencia publicada por Caracas del dinero administrado por Washington y recaudado del sector petrolero venezolano.

El Gobierno de Delcy Rodríguez anunció además una página en internet denominada Soberanía Transparente, concebida para que los venezolanos pudieran seguir el destino del dinero. Seis meses después, el portal solo mostraba una transferencia de 300 millones de dólares (263 millones de euros). No incluía el total recaudado, el saldo de las cuentas, las comisiones, los pagos a intermediarios, los desembolsos posteriores ni las cantidades reservadas para la reconstrucción.

Controlar al controlador

El sistema ha demostrado ser muy detallado a la hora de controlar a Venezuela. Solo determinadas empresas pueden operar, los contratos están sometidos a la legislación estadounidense, los ingresos deben depositarse en cuentas designadas por el Tesoro y cada gasto requiere la autorización de Washington. La parte que todavía no se ha materializado es la que permitiría controlar a Estados Unidos. No se conocen los saldos de las cuentas, las comisiones cobradas, los gastos de administración, los resultados de las auditorías, la relación completa de los pagos ni las cantidades destinadas a la reconstrucción.
La investigación de la Oficina de Rendición de Cuentas deberá establecer si las garantías ofrecidas por el Tesoro se corresponden con el funcionamiento real del fondo y si la Administración puede documentar el destino de una cantidad que, según el propio Trump, supera ya ampliamente los 13.000 millones de dólares (11.400 millones de euros). La pregunta ya no es únicamente si Washington ha impedido que el Gobierno venezolano disponga libremente de los ingresos petroleros. También es quién controla a Estados Unidos mientras administra ese dinero y por qué, si todo está auditado como asegura, las cuentas siguen sin aparecer.

La emergencia nacional decretada en Estados Unidos que sustenta los aranceles impuestos a Brasil por parte de la Administración de Donald Trump en 2025 ha comenzado su prórroga de un año este miércoles, manteniendo vigente la base legal para estas medidas comerciales.La Casa Blanca ha informado que la emergencia, declarada originalmente el 30 de julio de 2025 mediante la Orden Ejecutiva 14323, continuará en vigor al considerar que persisten amenazas a la seguridad nacional, la política exterior y la economía estadounidense.La prórroga no establece nuevos aranceles, pero mantiene activa la emergencia declarada bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, una norma estadounidense que permite al presidente adoptar medidas económicas frente a una amenaza exterior declarada como emergencia nacional.En el aviso de continuidad, el Gobierno estadounidense volvió a acusar a las autoridades brasileñas de restringir la libertad de expresión, violar derechos humanos y perseguir políticamente al expresidente Jair Bolsonaro, su familia y sus seguidores.El documento menciona específicamente las actuaciones del Tribunal Supremo de Brasil, al que Washington acusa de censurar contenido en internet y de perseguir a personas por ejercer la libertad de expresión.La prórroga de la emergencia sobre Brasil ocurre en un momento en que la Administración Trump ha recurrido en las últimas semanas a distintas herramientas legales para mantener vigente su política arancelaria, después de que algunos de sus mecanismos iniciales fueran cuestionados en los tribunales del país.Washington ha utilizado diferentes autoridades previstas en la legislación comercial estadounidense, como la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, además de poderes de emergencia, para sostener nuevas medidas contra socios comerciales.La disputa con Brasil también se produce a menos de tres meses de las elecciones presidenciales brasileñas, previstas para el 4 de octubre de 2026.En ese contexto, Trump ha mostrado su respaldo al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato presidencial, a quien recibió en la Casa Blanca el 26 de mayo y con quien expresó su apoyo a su candidatura.La visita del político brasileño a Washington y el respaldo público de Trump han reforzado la dimensión política de la tensión entre ambos Gobiernos.Brasil repudia la prórroga de EEUU al decreto que sustenta los aranceles en su contraEl Gobierno de Brasil ha repudiado la decisión de Estados Unidos de prorrogar por un año la declaración de emergencia nacional contra el país sudamericano, que justifica la imposición de aranceles.En un comunicado de la Presidencia, el Ejecutivo calificó de «infundadas» y «falsas» las acusaciones en las que Washington sustenta la medida, y rechazó la decisión anunciada la víspera por la Casa Blanca.Según el Gobierno brasileño, Washington se basó de nuevo en acusaciones «sin ningún fundamento» para la prórroga, entre ellas, supuestas violaciones a la libertad de expresión de ciudadanos y empresas estadounidenses, censura y detenciones ordenadas por la Corte Suprema y una presunta persecución política «contra un expresidente de Brasil, su familia y sus apoyadores».Aunque la nota oficial del Gobierno estadounidense no lo menciona, hace referencia al exmandatario Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses por liderar una trama golpista tras salir derrotado en las elecciones de 2022 por Luis Inácio Lula da Silva.El juicio al expresidente fue fuertemente criticado por el mandatario estadounidense, Donald Trump, su aliado y amigo, quien ordenó el año pasado imponer aranceles adicionales del 50 % a varios productos brasileños, en represalia por las acusaciones contra Bolsonaro, basándose en esa declaración de emergencia.Brasil afirmó que esas acusaciones ya fueron «ampliamente rebatidas» en reuniones entre autoridades de ambos países, reafirmó su soberanía y la independencia de los poderes del Estado y defendió que el Poder Judicial actúa con estricto apego a la Constitución.»Resulta enteramente inapropiado caracterizar a Brasil como una amenaza para Estados Unidos, especialmente a la luz de los históricos lazos diplomáticos y de amistad que unen a los dos pueblos», señaló el Ejecutivo.La renovación de la declaración no modifica, sin embargo, el régimen arancelario vigente entre ambos países.Los gravámenes del 50 % anunciados por Trump en 2025 con base en esa orden ejecutiva fueron posteriormente bloqueados por la Corte Suprema de Estados Unidos.Los aranceles actualmente aplicados a productos brasileños responden a otro mecanismo, una investigación comercial realizada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) con base en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.