La Administración Trump ha dado un paso más, y de considerable alcance, en su nueva política petrolera para Venezuela, en un sector que pasa a controlar totalmente. El Departamento del Tesoro acaba de autorizar a empresas estadounidenses a realizar directamente una amplia gama de operaciones … con PDVSA, incluida la comercialización de petróleo venezolano fuera de Estados Unidos. La condición fundamental es que el dinero destinado a personas o entidades sancionadas no llegue directamente a ellas. Quedará depositado en fondos bajo custodia de Washington, en un sistema fiscal aún opaco.
La decisión figura en la nueva licencia general 52C, fechada este lunes, que sustituye a otra aprobada apenas unas semanas antes, el 27 de agosto. La velocidad de los cambios muestra hasta qué punto Washington está desmontando, pieza a pieza, buena parte de las restricciones que durante años aislaron a la industria petrolera venezolana. No elimina las sanciones. Cambia la forma de utilizarlas.

Hasta ahora, buena parte del sistema estaba diseñado para impedir negocios con PDVSA. El nuevo modelo permite hacerlos, pero bajo condiciones estadounidenses.

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La licencia autoriza a compañías constituidas en Estados Unidos antes del 29 de enero de 2025 a realizar operaciones con PDVSA y con empresas controladas al menos en un 50% por la petrolera estatal. También quedan autorizadas las transacciones con el Gobierno venezolano necesarias para desarrollar esos negocios.
El cambio no se limita a llevar petróleo venezolano a refinerías estadounidenses. Las compañías podrán vender crudo y productos petroquímicos de Venezuela a terceros países. En esos casos tendrán que comunicar a los departamentos de Estado y Energía quién compra, qué cantidad, su valor, el destino final y los impuestos o pagos realizados al Gobierno venezolano. El primer informe deberá presentarse diez días después de la primera operación y, después, cada 90 días.
Es una apertura amplia. Pero Washington se guarda totalmente la llave del dinero. La licencia establece que los pagos destinados a personas o entidades bloqueadas, salvo impuestos, permisos y determinadas tasas locales, deberán depositarse en los denominados ‘Foreign Government Deposit Funds’, o en cualquier otra cuenta que determine el Departamento del Tesoro.

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Esos fondos fueron creados por una orden ejecutiva que firmó Trump el 9 de enero, tras la captura de Nicolás Maduro. Jurídicamente, el dinero continúa perteneciendo a Venezuela. Estados Unidos lo mantiene únicamente bajo custodia. Pero no puede retirarse o transferirse libremente. El secretario de Estado determina qué desembolsos se permiten para fines públicos, gubernamentales o diplomáticos y el Tesoro ejecuta esas instrucciones.

Una medida con varias incógnitas

Queda, sin embargo, una zona todavía poco transparente. Los documentos establecen quién custodia el dinero y quién puede decidir sobre los desembolsos, pero no detallan públicamente cómo se decidirá cada uno de esos pagos ni establecen un sistema independiente de auditoría que permita seguir de manera completa el destino final de los fondos. La orden permite al Tesoro presentar informes periódicos y finales al Congreso, pero no describe una auditoría externa del mecanismo.
La importancia de la nueva licencia se entiende mejor al colocarla junto al acuerdo petrolero que la Administración Trump defendió a comienzos de septiembre y que tiene como protagonista al empresario venezolano Alejandro Betancourt.
Washington ha respaldado una operación alrededor de North American Blue Energy Partners (Nabep), controlada por Betancourt, que afecta a activos con unos 65.000 millones de barriles de reservas probadas, según las cifras facilitadas por la propia Administración. El Gobierno estadounidense obtendrá un 35% de participación en la expansión de la compañía sin aportar directamente capital público y tendrá derecho a adquirir al coste de producción el 20% del petróleo generado, además de contar con derecho preferente sobre el resto.
La Casa Blanca explicó entonces que aquella operación formaba parte de una estrategia mucho mayor. El objetivo, según altos funcionarios estadounidenses, era atraer capital privado, reconstruir la industria venezolana y, sobre todo, reducir el espacio que durante años ocuparon China y Rusia. Dos semanas después, la nueva licencia empieza a dibujar con más claridad ese modelo.
El Tesoro está creando un marco más amplio para que otras compañías estadounidenses entren en el negocio petrolero venezolano y trabajen directamente con PDVSA. La propia OFAC afirma que sus nuevas licencias buscan facilitar la reinversión de empresas estadounidenses en Venezuela dentro de los objetivos de seguridad nacional de Washington en el hemisferio.

Vetados de beneficio

La licencia excluye las operaciones con personas o compañías de Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba. Y establece además que las empresas venezolanas o estadounidenses controladas por personas o compañías chinas, o asociadas con ellas mediante empresas conjuntas, tampoco pueden beneficiarse de esta autorización.
Es prácticamente la traducción normativa de lo que funcionarios de la Administración explicaron cuando defendieron el acuerdo con Betancourt. «¿Queremos que empresas rusas y chinas controlen la riqueza de un país de nuestro continente o queremos que EE.UU., en combinación y asociación con el pueblo venezolano, tenga influencia sobre esos recursos?», dijo entonces uno de esos responsables.

Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba no podrán obtener beneficio del crudo venezolano

Hay límites. La licencia no permite cualquier operación. Siguen restringidas determinadas transacciones con bonos y deuda venezolana, no se desbloquean automáticamente los activos congelados y tampoco pueden utilizarse participaciones del Estado en PDVSA como garantía. CITGO queda expresamente fuera de cualquier modificación de su gobierno corporativo realizada al amparo de esta autorización.
Durante años, Washington utilizó las sanciones para intentar cerrar los mercados al petróleo venezolano y privar al chavismo de su principal fuente de ingresos. Ahora permite que ese petróleo vuelva a circular, favorece la entrada de empresas estadounidenses y abre la posibilidad de venderlo por todo el mundo.

La Oficina Federal de Policía Criminal (BKA por sus siglas en alemán) registra un alarmante incremento de asesinatos y lesiones corporales cometidas por bandas criminales en Alemania. Especialmente llamativo es el nuevo fenómeno de los menores de edad que el año pasado cometieron … ataques y «violencia por encargo». También destaca la proliferación de clanes sirios: alrededor de 40 organizaciones criminales operativas en Alemania están ahora dominadas por miembros originarios de este país.
El informe Crimen Organizado 2025, presentado en Berlín por el ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, y por el presidente de la BKA, Holger Münch, confirma la percepción de los habitantes de las grandes ciudades germanas en su día a día. Las bandas criminales en Alemania recurren cada vez más a la violencia excesiva para intimidar a sus víctimas o competidores. En el último año han sumado 20 homicidios y más de cien casos de lesiones corporales graves, en comparación con los 13 homicidios y 77 agresiones de 2024.

«El uso de la violencia se está volviendo cada vez más brutal debido a la disminución del umbral de inhibición para el uso de armas de fuego y explosivos, que ponen en peligro la seguridad en los espacios públicos», señalan los investigadores de la BKA. Los grupos del crimen organizado muestran una mayor disposición y uso de la violencia. Las confiscaciones de armas de fuego en las calles no cuentan con precedentes en Alemania.

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Rosalía Sánchez

Como ejemplo de la brutalidad con la que muchos de estos perpetradores proceden, el informe cita la serie de explosiones y disparos en la zona metropolitana de Colonia desde el verano de 2024, que pueden rastrearse hasta el robo de un cargamento de drogas. «El tráfico de drogas es la principal actividad detrás de esta violencia organizada», ha reconocido el ministro. Pero también ha señalado que se extiende a la prostitución, las extorsiones, el tráfico de personas y una modalidad de crímenes prácticamente desconocido hasta hace poco en Alemania, la «violencia por encargo».
Los grupos del crimen organizado ofrecen actos de violencia como un servicio, a menudo cometidos por menores de edad reclutados específicamente para este propósito a través de las redes sociales. Está «desarrollándose de forma muy dinámica», señala la BKA, y «algunos de los contratados son incluso niños de 13 años». A menudo, el cliente y el sicario ni siquiera se llegan a encontrar. Estos servicios criminales funcionan según el principio de «uno planea, uno paga, uno golpea», ha explicado Dobrindt.
Importados de los suburbios de ciudades suecas como Malmö o Estocolmo, la BKA habla de «crimen como servicio» y de un mercado en el que los delitos individuales se «externalizan» y «se compran». El informe identifica 34 grupos y 541 sospechosos dentro la delincuencia de clanes y ahonda en su procedencia: 139 sospechosos en 18 grupos pertenecen a la nueva categoría de crimen organizado de origen turco.

Mafia de la Generación Z

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Los clanes turcos están especializados en el blanqueo de capitales y la violencia. En total, la BKA registró 664 sospechosos de nacionalidad turca en 2025, el segundo mayor grupo después de los alemanes. Incluye la denominada ‘Mafia de la Generación Z’, que atrae la atención mediante violencia de alto perfil, extorsión e intentos de asesinato, especialmente en Berlín, y ofrece sus servicios a terceros por una tarifa fija.
El informe también añade que «el número de sospechosos sirios aumentó un 22%, continuando así la tendencia creciente en el número de sospechosos sirios en los últimos años». El estudio constata la presencia de alrededor de 40 grupos de crimen organizado dominados por miembros sirios. En aproximadamente un tercio de los procedimientos de crimen organizado investigados el año pasado, los principales sospechosos eran inmigrantes.
Este tipo de criminalidad tiene como consecuencia la creciente presencia de armas de fuego en las calles alemanas, con un aumento del 47,8%. Las bandas las necesitan «particularmente para hacer valer intereses y reclamaciones de poder, así como en situaciones de conflicto, en las que los grupos del crimen organizado muestran una mayor disposición y uso de la violencia», reza el informe.
Por tercera vez consecutiva, la proporción de sospechosos armados aumentó en 2025. En el 30,3% de los procedimientos reportados por las agencias federales y estatales, la Policía se encontró con sospechosos armados. Además, el 75% de las 556 armas confiscadas eran ilegales, que se introducen principalmente de contrabando desde Turquía.

Las bandas criminales presionan al Estado

El dinero de la droga se filtra en la economía y las instituciones. Además de sobornos y amenazas, donde los criminales ven al Estado como presa, las bandas se ofrecen para encargos de terceros Estados. En Suecia ya se ha dado el caso de la banda de narcotraficantes Foxtrot, que orquestó un ataque a la Embajada israelí en Estocolmo en nombre de Teherán en enero de 2024.

El informe recoge 215 «actos de influencia», 136 de ellos en Alemania. Los sectores más afectados son las fuerzas del orden y el poder judicial, con 79 casos, seguidos por los negocios y la Administración. Además, hay 95 acciones internas en las que, presionados por las bandas, los funcionarios no realizaron comprobaciones sobre el paradero de personas objetivo, agentes de transporte ocultaron el origen de contenedores y empleados bancarios iniciaron transferencias ilegales. Los testigos e investigadores también son intimidados y, a veces, incluso sus familias sufren amenazas.

Las autoridades germanas calculan que, el año pasado, estas bandas movieron unos 2.160 millones de euros, pero la Policía sólo consiguió incautarse de 106 millones. En tres de cada cuatro procedimientos, no hubo éxito en la investigación. La enorme diferencia entre ambas cantidades, escribe la BKA en su informe, muestra que las posibilidades de desviación «deben vigilarse aún más».

La sombra de los casos de mujeres asesinadas en México se posa esta semana sobre Cuautla, en el estado de Morelos, donde ha sido asesinada la estudiante española Claudia Tacorontem, de 21 años. La joven española murió luego de ser apuñalada por un individuo que … se dio a la fuga. Su caso, en la Universidad Autónoma de Morelos, es el quinto en menos de dos años.
Morelos se caracteriza, desde hace décadas, por ser el lugar de descanso de los habitantes de la Ciudad de México, que suelen tener casas de fin de semana en dicha entidad. Sin embargo, también se ha vuelto una zona de riego para las mujeres que asisten a la universidad estatal.

La muerte de Tacoronte se suma a una serie de casos que desde principios de año ha sacudido a Morelos y provocado protestas estudiantiles para exigir mayor seguridad. En febrero, Kimberly Joselin Ramos Beltrán, de 18 años y estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, desapareció y su cuerpo fue localizado el 2 de marzo, cuando la Fiscalía abrió una investigación por feminicidio, por la que existe al menos un detenido.

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Guillermo Ortega

Ese mismo 2 de marzo desapareció Karol Toledo Gómez, también de 18 años y alumna de la universidad. Su cuerpo fue localizado tres días después en Coatetelco. La Fiscalía confirmó posteriormente que el caso también se investiga como feminicidio.
Según datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) del Gobierno de México, 50 mujeres han muerto de manera violenta en Morelos en los últimos dieciocho meses, el segundo estado con más crímenes de este tipo, solo superado por Sinaloa.
El crimen de la estudiante canaria coincide con el debate legislativo de una ley especial para intentar paliar este flagelo. El Senado mexicano analiza modificaciones que favorezcan la prevención y que ofrezcan ayudas a aquellos niños que quedan huérfanos por el asesinato de sus madres.

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Entre las normas que se discuten, aparece una llamada a introducir el delito de «acecho» para aquellos casos de mujeres que son abordadas en la vía pública con fines violentos.
Según datos del Censo de Procuración de Justicia 2025, en las fiscalías de todo México había 4523 casos de feminicidio (carpetas de investigación), consumados o en grado de tentativa. De esos, en 2229 se llevó a cabo la investigación inicial; 946 fueron presentados ante un juez de control; en 948 se concluyó la investigación complementaria y en 679 se presentó una acusación formal.
Es decir, sólo el 15 % de los casos de feminicidio que tenían las fiscalías se judicializaron, a pesar de tratarse del delito de violencia de género más extremo.
Diversas organizaciones dedicadas a labores de prevención de la violencia contra las mujeres advierten que en México es recurrente que las fiscalías no cuenten con la capacitación ni los medios requeridos para investigar a cabalidad los crímenes contra las mujeres.
La muerte es la última instancia del espiral violento que domina la cotidianidad mexicana. Los reportes del SESNP expresan estadísticas al alza en delitos como el abuso y el acoso sexual, los cuales suman 15,284 víctimas entre enero y mayo de 2026.
En tanto, las autoridades reportan un total de 44,306 mujeres víctimas de lesiones, con un incremento de 10% entre abril y mayo pasado; así como 6,707 violaciones, las cuales también se incrementaron en un 16% entre abril y mayo.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señala que, por el volumen poblacional de México, se trata del segundo país de América Latina con mayor número de feminicidios, sólo después de Brasil.
En México, se estima que aproximadamente el 35 % de los asesinatos de mujeres son feminicidios. Sin embargo, hay muertes que cumplen con las características de este delito, pero no son investigadas como tales, sino como suicidios o por otras causas. Además, las cifras son «conservadoras», porque en México existen más de 130.000 casos de personas desaparecidas. 
Según un reporte de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, al menos 58 fosas clandestinas vinculadas con feminicidios fueron documentadas en México entre 2020 y 2024, seis de cada diez localizadas en inmuebles privados, según reveló el informe dedicado a rastrear y documentar estos hallazgos bajo superficie que exponen el drama de la violencia en México.
«Del 60% de los inmuebles privados, un 38.2% corresponden a propiedades de la propia víctima o del perpetrador o de una propiedad que compartían juntos», detalló a la agencia EFE Mariana Marchand, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
Según ONU Mujeres, ningún lugar del mundo está libre de asesinatos de mujeres; en promedio, cada 10 minutos una mujer o niña muere a manos de su pareja o un familiar. Es un promedio de más de 140 al día.
«Los feminicidios no ocurren de manera aislada. A menudo se sitúan en un continuo de violencia que puede comenzar con comportamientos controladores, amenazas y acoso, incluso en línea, y el hogar sigue siendo un lugar peligroso y a veces letal para demasiadas mujeres y niñas en el mundo», planteó el organismo.