Tras varios días de violentos enfrentamientos en Mogadiscio, el Gobierno de Somalia canta victoria sobre los rebeldes. En un comunicado oficial publicado este viernes, las autoridades han informado de la derrota de las «milicias ilegales» vinculadas a la oposición «tras una operación rápida y disciplinada» … de las fuerzas de seguridad estatales.
Durante varios días, se han sucedido combates en las calles de Mogadiscio entre bandas armadas y la Policía somalí. En la tarde del miércoles, grupos violentos atacaron a las fuerzas policiales y causaron daños materiales en edificios civiles y negocios del distrito de Houluadag. Los agentes de seguridad que se encontraban en la zona repelieron el ataque «de manera profesional y adecuada», señaló el Gobierno. Este fuego cruzado provocó grandes columnas de humo en las calles, informaron periodistas de la agencia Afp. Por el momento, no ha trascendido el balance de víctimas y heridos en los enfrentamientos.

El Gobierno presidido por Hasán Sheij Mohamud ha acusado a la oposición, encabezada por el ex primer ministro Hasán Alí Jaire, de estar detrás de estos ataques. Tras la derrota de las milicias, ha prometido que «quienes organizaron, financiaron y comandaron estos grupos serán investigados y procesados». «La rendición de cuentas no es una advertencia, es un proceso que ya ha comenzado», ha advertido a los atacantes.

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Armas de largo alcance

Rosalía Sánchez

Por su parte, el opositor Jaire ha denunciado haber sufrido un asalto violento cuando se encontraba en una reunión con «más de 70 líderes tradicionales», según la agencia estatal somalí de noticias, Sonna. Jaire fue el presidente del país entre 2017 y 2020, cuando le sucedió Mohamud.
Estos recientes enfrentamientos se producen en el contexto de la crisis política en Somalia. La falta de acuerdo entre el Gobierno actual y el candidato opositor en torno a las próximas elecciones ha provocado varios episodios de disturbios en las últimas semanas. Los comicios presidenciales deberían celebrarse este mes de junio, tras el fin del mandato ordinario del actual presidente el pasado 15 de mayo. Sin embargo, no se espera que estas elecciones se celebren por el momento. El Gobierno y la oposición rompieron su diálogo el mismo día que expiraba la legislatura de Mohamud sin lograr un acuerdo para la convocatoria.
En marzo, el presidente aprobó una reforma constitucional por la que extendió su mandato un año más. El cambio autoriza su permanencia en el cargo hasta el 15 de mayo de 2027. Esta modificación electoral estableció que los mandatos presidencial y legislativo se extenderían de cuatro a cinco años. También se reinstauró el sufragio universal y se decretó que, por primera vez, los parlamentarios serían elegidos por voto directo. Hasta ahora, Somalia tenía un sistema electoral basado en clanes y en parlamentos regionales. Estos elegían a sus representantes del Parlamento, que posteriormente votaban al presidente.
La oposición no reconoce esta reforma y acusa al presidente de modificar la Constitución para mantenerse en el poder al margen de la legalidad. Jaire culpa a Mohamud de «movilizar a fuerzas estatales para silenciar a los que se oponen a que se aferre al poder de forma constitucional». Además, señala que se trata de «un patrón deliberado de politización y militarización de las frágiles instituciones estatales de Somalia contra su propio pueblo».
Este descontento político también ha provocado graves disturbios en otras regiones del país. En el estado del Suroeste, las Fuerzas Armadas llevan semanas enfrentándose a guerrilleros comandados por el ex presidente estatal, Hasan Mohamed Laftagareen. El Gobierno declaró que Laftagareen había agotado su mandato y le depusieron de su cargo. Además, rechazaron los nombramientos de nuevos diputados para su administración local. Esta disputa nace del rechazo de las autoridades del Suroeste a las reformas constitucionales del presidente Mohamud. En los estados de Jubalandia y Puntlandia, los órganos regionales tampoco reconocen el poder federal y defienden su autonomía.
La situación en Somalia es crítica. Además de las disputas políticas, el país sufre desde hace años continuos ataques yihadistas. El grupo terrorista Al Shabab, vinculado a Al Qaida, controla amplios territorios somalíes y mantiene un enfrentamiento abierto con el Ejército.
La comunidad internacional ha mostrado su preocupación por los últimos sucesos en el país. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha pedido públicamente la protección de la población civil somalí y de las infraestructuras humanitarias. En su llamamiento, ha instado a los grupos políticos a retomar las conversaciones abandonadas desde el 15 de mayo.

El viejo eslogan propagandístico que definía al turismo como el «motor impulsor» de la economía cubana se desmorona a la misma velocidad con la que se retiran los letreros de las principales cadenas hoteleras en la isla tras el anuncio del cese parcial o … total de sus operaciones debido al aumento de las sanciones estadounidenses. Se trata de las cuatro operadoras extranjeras con mayor presencia en el sector turístico de la isla: Blue Diamond, Meliá, Iberostar y Archipelago International.
En el caso de la canadiense Blue Diamond, que gestionaba 62 establecimientos en enclaves estratégicos como La Habana, Varadero, Cayo Santa María y Holguín, la retirada de la marca ya es visible en fachadas de la capital y en el famoso balneario de Matanzas. Según fuentes del sector, varios de estos inmuebles han pasado a ser administrados directamente por Gaviota S.A., la empresa turística de Gaesa, el opaco conglomerado militar sancionado por Washington.

Por su parte, la mallorquina Iberostar ha dejado de operar y comercializar doce de sus establecimientos, reduciendo su catálogo a apenas seis hoteles activos. El repliegue afecta igualmente a 15 de los 33 hoteles de Meliá Hotels International y a otros seis de la marca Aston (perteneciente a la indonesia Archipelago International).

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La salida de estos gigantes supone un tiro de gracia para la ya débil economía cubana y el turismo internacional, que ha sido la segunda fuente de financiación de la dictadura durante décadas. Las compañías alegaron, además, la imposibilidad material de sostener los estándares mínimos en la isla. Cuba, que antes de la pandemia recibía más de cuatro millones de turistas, apenas rozó los dos millones el año pasado, quedando rezagada frente al alza de competidores regionales como la República Dominicana o Cancún (México). El desplome actual ha sido propiciado igualmente por los apagones, la escasez de combustible, problemas de abastecimiento, deterioro de la infraestructura y la cancelación masiva de vuelos comerciales por la escasez de carburante para aviones.
El impacto social de este cierre es sísmico. Más de 200.000 trabajadores del sector se encuentran en el limbo del desempleo. «Nos están mandando para nuestras casas sin trabajo, y a algunos los ubican en empresas estatales de manera temporal con míseros salarios», confiesa a ABC un empleado afectado.

Un «reconocimiento»

La retirada de cerca de un centenar de hoteles en Cuba coincide con el vencimiento del ultimátum de la Administración estadounidense, que fijó el 5 de junio como fecha límite para que empresas extranjeras cortaran vínculos con Gaesa, el conglomerado militar que controla el sector turístico y la mayor parte de la economía de la isla. En mayo, Washington extendió las sanciones a este emporio y a su presidenta ejecutiva, la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera.
A la asfixia económica, los estadounidenses suman golpes directos a la cúpula. El Departamento del Tesoro de EE.UU. divulgó este jueves un nuevo paquete de sanciones que incluyen al gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a su esposa, Lis Cuesta Peraza, a su hijastro, Manuel Anido Cuesta, así como a Alejandro Castro Espín y a Raúl Alejandro Castro Calis, hijo y nieto, respectivamente, de Raúl Castro Ruz.
La respuesta de La Habana ha sido el habitual atrincheramiento ideológico, el victimismo y el desafío. Díaz-Canel calificó las sanciones de «ilegítimas» y acusó a Washington de buscar «un escenario de conflicto diseñado para dañar al pueblo cubano». «La agresividad y perversión del gobierno yanqui chocarán con nuestra decisión de enfrentarnos a los peores escenarios y resistir la arremetida imperial», concluyó su mensaje. Por su parte, su esposa, Lis Cuesta, reaccionó con ironía para restar trascendencia a la medida: «Es casi un honor estar en esa lista. No se cansan del ridículo y la estupidez política», escribió en su cuenta de X.
En los medios de prensa oficiales, el aparato de propaganda ha intentado proyectar la visión de que se trataría de un «reconocimiento» a la «valentía» de los dirigentes cubanos y sus familiares.
Incluso, tras años de opacidad, el régimen emitió esta semana un insólito comunicado en defensa de Gaesa, asegurando que la entidad se creó para financiar programas sociales. El texto eludió mencionar que se trata de una sociedad anónima, que no rinde cuentas a nadie ni es auditable por el Estado y que ha seguido levantando hoteles de lujo vacíos mientras los hospitales y los servicios básicos de la ciudadanía colapsaban por completo.

Una «tortura silenciosa»

Frente a la retórica de la «resistencia creativa» del régimen, la imagen en las calles cubanas es desgarradora. La vida de los cubanos se mide en las escasas horas de luz eléctrica disponibles. En las provincias orientales, millones de ciudadanos padecen cortes de dos o tres horas consecutivas para recibir apenas una de corriente. En La Habana, el mayor centro poblacional, los apagones suelen extenderse hasta 40 horas o más.
«Llevamos varios días en los que solo nos ponen la corriente 45 minutos o una hora al día o cada 48 horas. La comida se está echando a perder, ya ni siquiera podemos recargar los ventiladores o baterías. Esto es insostenible, es una tortura silenciosa», declaró a ABC un residente en uno de los barrios periféricos de la capital.
«Entre los mosquitos y el calor es imposible dormir», relató una joven del municipio de Regla. «Me paso la noche entera abanicando a mis niños con un pedazo de cartón».

Gaesa: el opaco entramado que devoró a la isla

Detrás del colapso emerge una empresa clave: Gaesa (Grupo de Administración Empresarial S.A.). Este opaco entramado, controlado por la cúpula de los militares y un grupo de familias de la élite –con los Castro a la cabeza–, funciona como un Estado dentro del Estado. La sociedad militar gestiona más del 70% de la economía y el 95% de las finanzas del país, incluyendo sectores clave como el turismo y las remesas. Se estima que acumula una fortuna de más de 18.000 millones de dólares (15.600 millones de euros), operando como una sociedad anónima y sin transparencia pública. Los ingresos se desvían a cuentas opacas mientras los servicios públicos colapsan. Al forzar la salida de las cadenas extranjeras, Washington busca asfixiar el pulmón financiero que sostiene el aparato represivo y los lujos de la mafia Castro-Canel.

El miedo a la represión choca con la desesperación y el instinto de supervivencia. Cada noche, la oscuridad se rompe con el sonido de las cacerolas y los gritos de libertad de los ciudadanos, a quienes la Policía política llama despectivamente «los músicos». En otras zonas, se cierran avenidas y se quema basura en las calles para llamar la atención y exponer el malestar social. Los rostros al frente de estas protestas suelen ser los de madres desesperadas junto a sus hijos.
La única respuesta de las autoridades, más allá de pedir una «comprensión» agotada hace años, es activar la maquinaria represiva. Cuando el régimen no logra disolver las concentraciones por las buenas, recurre a la fuerza: las jornadas de protesta se saldan invariablemente con oleadas de arrestos selectivos en los días posteriores.
A oscuras, sin dólares, sin turistas, con el régimen cercado y la ciudadanía cada vez más acorralada, Cuba se desmorona.

«Irán usa al Líbano como moneda de cambio en la negociación», fueron las palabras de un impotente Joseph Aoun, presidente del Líbano, para explicar los motivos del fracaso de acuerdo de alto el fuego alcanzado con Israel. El Gobierno de Beirut siente que … el país está secuestrado por una república islámica que controla Hizbolá y apuesta por incluir el frente libanés en su negociación con Donald Trump.
Con el paso de los días, libaneses e israelíes comprueban que cualquier acuerdo que excluya al Partido de Dios en la mesa de negociación está destinado al fracaso y meter a la milicia chií en la ecuación es meter a los iraníes. Sin haber solucionado la reapertura de Ormuz o el programa nuclear iraní, el Líbano es el nuevo punto desestabilizador del proceso negociador entre Washington y Teherán.

Aunque en un primer momento el presidente del Parlamento, Nabih Berri, ejerció de intermediario entre Washington y Hizbolá, en los últimos días Trump se ha referido a «contactos directos» con el grupo proiraní, lo que deja en una posición delicada a Berri, una de las figuras más influyentes del país.

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Mikel Ayestaran

El acuerdo alcanzado en Washington entre libaneses e israelíes tiene como punto de partida el desarme de Hizbolá y la retirada de sus milicianos al norte del río Litani, pero no dice nada sobre la ocupación del 10 por ciento del país por parte de las tropas israelíes. El Partido de Dios rechazó un pacto que considera «una rendición» y «una farsa», en palabras de su líder, Naim Qassem. La Guardia Revolucionaria iraní adelantó el jueves que Hizbolá sólo aceptaría una retirada del sur a cambio de que Israel saque sus tropas hasta los límites anteriores a la reciente guerra de 40 días.
La diputada libanesa Najat Aoun Saliba denunció en la cadena Al Yasira que «Hizbolá actúa contra la voluntad de los libaneses siguiendo órdenes iraníes». También afirmó que Teherán constituye «una amenaza para la soberanía libanesa», y recordó que «Irán hizo pública su opinión sobre el acuerdo y las negociaciones directas incluso antes de que Hizbolá expresara la suya, y eso es muy peligroso». Saliba lamentó que «lo que estamos viendo es a Hizbolá, como representante de Irán, trasladando la guerra entre Estados Unidos e Irán desde territorio iraní a suelo libanés y actuando contra la voluntad del Gobierno y del pueblo libanés».

Enfado en Israel

Los ataques israelíes mataron al menos a cuatro personas en las pasadas 24 horas, el Éjército volvió a dictar órdenes de evacuación a varias localidades del sur y Hizbolá lanzó drones y cohetes. El analista Yaakov Katz escribió en ‘The Jerusalem Post’ que, pese a los duros golpes sufridos, «Hizbolá ha ganado la guerra (…) lo ocurrido esta semana, con la vinculación con Irán legitimada por Trump y el alto el fuego impuesto por el presidente a Israel, significa que Hizbolá no solo ha sobrevivido conservando capacidades importantes que siguen matando soldados israelíes casi a diario, sino que ahora Irán vuelve a decidir lo que ocurre en el Líbano».
Netanyahu recibe fuertes críticas de aliados de gobierno y oposición, que consideran que Israel ha llegado a una situación en el Líbano en la que ya no determina plenamente su propio destino y depende de Trump. Cuando el primer ministro anunció hace unos días la vuelta de los bombardeos al sur de Beirut, bastión de Hizbolá, Trump le llamó «jodido loco» y le obligó a dar marcha atrás porque los iraníes amenazaron con suspender la negociación. Aunque Trump defiende en público que Irán y el Líbano son «frentes distintos», en la práctica ha permitido que Teherán imponga su visión y vincule ambos escenarios.
El enfado en el seno del Ejecutivo, reveló el portal Ynet, hizo que varios ministros exigieran que el acuerdo fuera sometido a votación antes de que Israel aceptara oficialmente sus términos. Sin embargo, Netanyahu se negó a convocar esa votación y dijo a los ministros que «Hizbolá se opone y, por lo tanto, no estoy tomando ninguna decisión (…) si lo acepta, lo someteré a vuestra aprobación». El uso de una estrategia como la de Gaza al sur del Líbano no ha sido suficiente para devolver la seguridad al norte de Israel, el Ejército que ocupa el Líbano sufre un goteo de bajas diario y los sectores ultranacionalistas piden a Netanyahu que arrase el sur de Beirut, pero Trump no se lo permite.