La próxima jornada de negociaciones de paz trilateral entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania ya tiene fecha y lugar: será Ginebra los próximos 17 y 18 de febrero. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó a medios rusos esta información este viernes. … Previamente fuentes del medio estadounidense Politico señalaron que la próxima semana habría este encuentro, pero no confirmó fecha ni lugar.
«En esta ocasión, la delegación rusa estará encabezada por Medinski, asesor del presidente ruso», precisó Peskov sobre la reunión. Vladímir Medinski, actual asesor del presidente ruso Vladímir Putin, fue un controvertido ministro de Cultura, firme defensor de la grandeza imperial rusa. Fue acusado de plagiar sus tesis doctorales y en 2017 le revocaron el doctorado académico porque sus investigaciones eran «poco académicas». Su presencia indica que el Kremlin tiene interés en mantenerse firme en sus convicciones más que intentar negociar una salida al conflicto.
Ya participó en las negociaciones de marzo de 2022. Estas no llevaron a ningún acuerdo a pesar de que el mismo Medinski aseguró salir satisfecho de estas rondas de negociaciones. La última vez que Rusia, Ucrania y Estados Unidos tuvieron una reunión trilateral fue el pasado 4 y 5 de febrero en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. De aquel entonces lo más relevante fue la voluntad de mantener el canal de negociaciones abierto y el intercambio de 314 prisioneros de guerra.

Sin garantías de seguridad

«Aunque aún queda mucho por hacer, medidas como esta demuestran que el compromiso diplomático sostenido está dando resultados tangibles y avanza en el camino para poner fin a la guerra en Ucrania», expresó entonces tras el encuentro el enviado especial estadounidense Steve Witkoff. Este empresario es el hombre de confianza del presidente estadounidense, Donald Trump, en Rusia y se ha reunido en repetidas ocasiones con Putin. Según detalló Politico, Estados Unidos no proporcionará garantías de seguridad al país hasta que se alcance un acuerdo de paz con Rusia.
Este es uno de los temas más relevantes de las negociaciones, junto con la cuestión territorial, la adhesión de Ucrania a la OTAN y el desarme de Kiev. Rusia quiere que Ucrania además de retirarse de las zonas del Dombás, que aún controla, quiere que el país liderado por Volodímir Zelenski reconozca esta zona y Crimea como territorio ruso. Además quiere garantizar que el país invadido no entre a formar parte de la OTAN y que reduzca su potencia militar, asegurando que lo considera una amenaza para su seguridad.

Donald Trump ha anunciado este viernes que visitará Venezuela, en medio de la intensificación de la cooperación con la actual presidenta del país, la chavista Delcy Rodríguez.«Voy ha hacer una visita a Venezuela», ha respondido el presidente de EE.UU. a … preguntas de la prensa sobre un eventual viaje al país sudamericano. «No lo hemos decidido», se ha limitado a decir sobre cuándo podría producirse la visita, de la que Trump no ha dado ningún otro detalle.

El multimillonario neoyorquino ha hecho estas declaraciones justo antes de volar hacia la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte. Ha viajado con la primera dama, Melania Trump, y allí tenía previsto mantener encuentros con algunos de los efectivos y sus familias. De forma específica, con miembros del Ejército que fueron claves en la actual situación en Venezuela: miembros de las fuerzas especiales que ejecutaron la operación de captura de Nicolás Maduro.

La base de Fort Bragg es donde tiene su sede la Delta Force, el grupo militar de élite que apresó de forma sorprendente y espectacular al dictador venezolano en su refugio en Caracas y lo sacó del país en helicóptero. Maduro está ahora en una cárcel de Brooklyn, en Nueva York, donde ha sido imputado por cargos por narcotráfico y donde espera a que sea sometido a juicio.

La discusión parlamentaria del artículo 7 del proyecto de la Ley de Amnistía de Venezuela, retrasada una vez más, ha abierto una caja de pandora que frena la liberación plena, inmediata y automática de 641 presos políticos (según cifras de Foro Penal), cuyos familiares esperan … con desesperación el final de su sufrimiento.
Este jueves, la Asamblea Nacional decidió postergar el debate de la amnistía hasta su siguiente sesión plenaria. En principio, debería ser el martes pero, como ese día es Carnaval y hay vacaciones, las familias que aguardan a las puertas de las cárceles deberán seguir esperando. Al menos hasta el jueves, cuando el Parlamento venezolano se reunirá de nuevo para retomar el debate, atascado en torno al polémico artículo 7.
Dicho apartado reza así: «La amnistía objeto de esta Ley abarca a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos en el marco de los hechos objeto de amnistía, siempre que esté a derecho o se ponga a derecho tras la entrada en vigencia de esta ley».
Este artículo supedita el beneficio a que el procesado se encuentre en territorio nacional y se presente personalmente ante los tribunales para tramitar su liberación, que no será masiva. Es decir, no «todos» saldrán libres de inmediato como prometió Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, la semana pasada al visitar a los familiares de los presos políticos acampados en la puerta de la cárcel de la Zona 7.

A tenor de este artículo, los presos políticos deberán tramitar su proceso individualmente y directamente, pero eso requiere recursos para contratar un abogado y esperar a que los tribunales abran las audiencias. Se trata de un proceso judicial engorroso que puede tardar meses y hasta años para que un preso político logre salir de prisión.
Este artículo 7 ha generado airadas protestas y críticas por parte de los partidos políticos, juristas, exiliados y familiares, que se han sentido frustrados por los obstáculos que supone el camino a la libertad prometida por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge Rodríguez.
Tras el forcejeo parlamentario, los diputados de la coalición Libertad cuestionaron este requisito, advirtiendo que la obligación de «ponerse a derecho» bajo las condiciones actuales constituye un señalamiento de culpabilidad anticipado para quienes han sido judicializados injustamente.

Reconocer delitos fabricados por el chavismo

El partido Alianza Bravo Pueblo (ABP), fundado por el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, exiliado en España, ha calificado la amnistía como la ley de la «humillación»: «El artículo 7 es una afrenta abierta al liderazgo opositor en el exilio. Obliga a ‘presentarse’ ante tribunales que responden a la dictadura, aceptar cargos inexistentes y someterse a un ritual de degradación pública. No es justicia, es venganza institucionalizada», señala en un comunicado colgado en la red social X.
Ledezma, como otros muchos opositores, ha sido acusado de delitos como traición a la patria, incitación a delinquir y asociación a delinquir.
El texto señala además que «quienes supuestamente cometieron ‘delitos’ deben primero ponerse a derecho ante ese sistema judicial manipulado. Con esa exigencia queda al descubierto el propósito real: quebrar moralmente a quienes han resistido».
ABP denuncia «las maniobras arteras del régimen continuista de los hermanos Rodríguez, quienes pretenden estafar a la ciudadanía venezolana y engañar a la comunidad internacional mediante la instrumentación de una mal llamada Ley de Amnistía, en cuyo proyecto, desde su primera línea, no se hace otra cosa que criminalizar a quienes han sido perseguidos por pensar distinto».
Y subraya que «no estamos frente a una ley de amnistía. Estamos ante un mecanismo de sometimiento político diseñado para humillar a las víctimas y proteger a quienes han violado sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela».

«No estamos frente a una ley de amnistía. Estamos ante un mecanismo de sometimiento político diseñado para humillar a las víctimas»

Alianza Bravo Pueblo

Por su parte Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal, escribió en su cuenta de X : «A las víctimas de la prisión y de la persecución les digo: si la ley no cumple con las expectativas o no respeta las exigencias ciudadanas, no nos rindamos. La carrera es de resistencia, no de velocidad».
Diego Casanova, miembro de la ONG Comité por la Liberación de Presos Políticos (CLIPP), cuyo hermano es un preso político excarcelado hace un año, dijo a ABC: «El artículo 7 es arbitrario, criminaliza a los presos políticos ya excarcelados y los que todavía permanecen en prisión. Les traslada a ellos mismos la responsabilidad y culpabilidad de que están detenidos. Les obliga arbitrariamente a solicitar al Estado que les perdone por algo que no hicieron, siendo inocentes, les imputa culpabilidad. La Ley de Amnistía debería reconocer el daño cometido contra los presos políticos. Es arbitrario el procedimiento y no garantiza el reconocimiento que debería existir por la violación de los derechos humanos que han sido objetos», subrayó.
En su cuenta de X, Delsa Solórzano, abogada defensora de los derechos humanos y presidenta del partido Encuentro Ciudadanos, considera que el proyecto de amnistía deja fuera múltiples manifestaciones de persecución política que no se encuadran en esos episodios puntuales y «no aborda la dimensión estructural de la criminalización desarrollada durante todos estos años».
A referirse al articulo 7, cuestionó la exigencia de que la persona «esté a derecho», lo que supone ponerse a disposición de los tribunales para poder beneficiarse de la amnistía. «Condicionar su eficacia a la presentación ante el tribunal desnaturaliza la figura y la subordina al mismo sistema judicial que se pretende neutralizar».
Delsa señala que esta imposición de que los perseguidos deben ir a los tribunales impacta directamente tanto a exiliados como a quienes tienen órdenes de captura, condicionando la libertad a la comparecencia ante el mismo sistema que ejecutó la persecución.

María Corina Machado «debería rendir cuentas»
Según lo señalado por los juristas, el artículo 7 no tiene la intención de reconciliación ni de ofrecer ninguna amnistía plena con los presos políticos, los perseguidos y los exiliados porque no les reconoce sus derechos.
Ante la pregunta de un periodista, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, señaló este jueves, mientras paseaba al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, por las instalaciones petroleras venezolanas, que si María Corina Machado quería retornar al país «debería rendir cuentas». Esto es, presentarse ante los tribunales.
La líder opositora ha sido acusada por la Fiscalía venezolana de traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir en 2024.

Pero lo peor es lo que señala la vicepresidenta de la Comisión Especial para la Redacción de la Ley de Amnistía, Nora Bracho, del partido Un Nuevo Tiempo (UNT). En su opinión, el artículo 7 es una «trampa cazabobos» porque obliga a los presos políticos y a los perseguidos a pedir perdón ante un tribunal, lo cual es inconstitucional y viola los derechos consagrados en la Constitución venezolana.