Los indígenas guatemaltecos aseguran que sus seres queridos desaparecidos en la atroz guerra de ese país gritan con intensidad en el silencio de la noche para ser encontrados, identificados y enterrados decentemente. En Chile parece que algo parecido ocurrió el 16 de octubre de 1998. Ese día, 25 años justos del inicio del viaje de la Caravana de la Muerte, en La Serena emergían los restos de 15 fusilados de una fosa.La tumba clandestina, utilizada por los asesinos para esconder las pruebas de sus crímenes, aparecía a la misma hora que el ex dictador Augusto Pinochet era detenido en Londres, por una orden internacional cursada por el juez Baltasar Garzón, mientras se tramitaba su extradición a España para ser juzgado por crímenes vinculados a ese caso como autor, cómplice o encubridor.¿Pero qué fue la Caravana de la Muerte? Pocas semanas después del sangriento golpe militar del 11 de setiembre de 1973 que derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende, el general Sergio Arellano Stark recorrió junto a otros oficiales varias ciudades del norte de Chile en un helicóptero Puma.Pinochet había nombrado a Arellano su oficial delegado y plenipotenciario con la misión de «uniformar criterios en los consejos de guerra» que se desarrollaban en varias ciudades norteñas contra los partidarios de la Unidad Popular, la coalición izquierdista que apoyó a Allende.Los oficiales chilenos tuvieron una actuación breve pero muy productiva: 75 prisioneros, muchos de los cuales ya estaban condenados a penas de prisión, fueron ejecutados en varias ciudades. Años después se sumaron otros 18 prisioneros en otras ciudades del sur del país, hasta un total de 93. Ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo sin que se hubiera dictado sentencias de muerte o tras juicios sin garantías procesales. Los cuerpos fueron enterrados clandestinamente en fosas comunes o en el desierto. Décadas después siguen sin aparecer casi una veintena de cuerpos.A pesar de ser informado de la violencia con la que actuó este grupo formado por una decena de oficiales chilenos, Pinochet no adoptó ninguna sanción contra Arellano, el jefe del operativo sanguinario, e incluso lo ascendió meses después, a principios de 1974, a Comandante en Jefe de la Segunda División con sede en Santiago, la capital chilena. Otros miembros tuvieron después una participación clave en violaciones sistemáticas de los derechos humanos.Varios de los militares que se opusieron a las ejecuciones o se mostraron pusilánimes fueron pasados a la reserva o expulsados del ejército. Por sus declaraciones se supo que la Caravana de la Muerte era una unidad de combate con la misión de exterminar. No hubo compasión ni piedad. Los cuerpos y las pruebas fueron ocultados después de ser ejecutados, a las víctimas se les insultó con infamias y se persiguió a sus familiares durante años.Aunque pueda sorprender el caso comenzó a despertar de un silencio de 15 años en plena dictadura cuando Pinochet se regodeaba que no se movía una hoja en el país sin que él lo supiera. En julio de 1985, Sergio Arellano Iturriaga, hijo del jefe del contingente criminal, escribió un libro para demostrar la inocencia de su padre. Durante los siguientes meses, ex altos oficiales dieron testimonios contradictorios que se publicaron en las revistas de oposición al pinochetismo.El coronel Eugenio Rivera Desgroux, gobernador militar en Calama en 1973, aseguró que el general Arellano venía como oficial delegado de Pinochet. Fernando Reveco, oficial que presidió los consejos de guerra en Calama, fue muy claro al afirmar que estaba en contra de la pena de muerte y que sus sentencias firmes fueron condenas de entre dos meses y veinte años de prisión.Los familiares de las víctimas presentaron entre el 12 de octubre y el 9 de noviembre de 1985 trece querellas por secuestro contra quienes resultasen culpables de los hechos ocurridos en Calama y homicidio con agravantes en Antofagasta, único lugar donde los cadáveres fueron entregados aunque sellados y obligados a ser enterrados sin ceremonia alguna.El revuelo fue tan espectacular que un mes más tarde se nombró al juez Hugo Andrés Bustos para investigar las tres causas de Antofagasta. Este juez estableció presunciones bastantes fundadas contra los responsables, entre ellos el general Arellano.En junio de 1986, la Corte Suprema de entonces, un títere en manos de la dictadura, entregó la competencia de las causas a la fiscalía militar para que aplicase la Ley de Amnistía y cerrar el caso. Pero antes el juzgado militar tomó declaración al general en la reserva Joaquín Lagos, jefe de la Primera División durante los hechos investigados con jurisdicción sobre varias ciudades implicadas.Recuerdo que me quedé desconcertado cuando en diciembre de 1986, un mes después de llegar a Chile en mi primer viaje, la revista opositora Apsi filtró la declaración jurada de Lagos ante la corte marcial con inculpaciones contra militares de alta graduación. Una fuente de toda solvencia me aseguró que este general y su familia recibieron amenazas de muerte con el fin de impedir su declaración.Lagos no se fue por las ramas y explicó con todo lujo detalles lo ocurrido desde la llegada de Arellano, dio la lista de todos los acompañantes de la banda criminal y confesó su estupefacción cuando descubrió que en tres ciudades bajo su mando habían ejecutado a 56 prisioneros. Faltaba la guinda en su declaración: Pinochet tuvo conocimiento de los graves hechos ocurridos en Antofagasta el mismo día durante una escala técnica en la ciudad antes de regresar a la capital.Cuando el general Arellano tenía que declarar en el juzgado militar, se dictó por sorpresa el decreto de Ley de Amnistía del 19 de abril de 1978 que obligaba y seguía obligando muchos años después del fin de la dictadura a conceder la amnistía a los culpables de hechos delictivos ocurridos entre el 11 de setiembre de 1973, día del golpe de Estado y el 10 de marzo de 1978. Poco después se notificó la aplicación de esta misma ley a los procesos abiertos en Calama.Los abogados querellantes de la época consideraron que se trataba de «una aberración jurídica porque el secuestro concluye cuando la persona o su cuerpo es encontrado». Tuvieron que pasar más de once años para que una querella criminal relacionase a Pinochet con el caso Caravana de la Muerte.La democracia chilena, tan vigilada como la española durante la transición, fue recuperada el 11 de marzo de 1990 cuando Pinochet dejó de ser el dictador de Chile y tuvo que marcharse del Congreso chileno entre insultos y pedradas de sus opositores. Durante ocho años, hasta el 10 de marzo de 1998, siguió siendo el comandante en jefe del ejército tal como se estableció en una Constitución diseñada para garantizarle la impunidad.Lo más atroz estaba por llegar: el 11 de marzo de 1998 se convirtió en senador vitalicio tras ser jefe supremo de la nación y comandante en jefe benemérito del ejército de Chile. El hombre, que se había mofado de las víctimas al declarar que se enterraba a varios ejecutados en la misma tumba para “economizar”, llegaba al senado que había cerrado violentamente veinticinco años antes y se tropezaba con representantes elegidos democráticamente, que eran hijas e hijos de sus principales víctimas.El sistema diseñado durante la sangrienta dictadura era pulido por una democracia vigilada. El sociólogo chileno Tomás Moulian definió esta llegada de Pinochet al club de los políticos privilegiados como un simulacro «capaz de justificar todos los crímenes como razones de estado y borrar la distinción absoluta que debe separar la crueldad estatal de cualquier otro vicio o error humano». Con la ayuda de una gran parte de la clase política chilena, incluidos miembros destacables del partido al que perteneció Salvador Allende, Pinochet resucitaba como el Gatopardo chileno.Pero las víctimas seguían pidiendo justicia. Todavía recuerdo el 12 de enero de 1998 en mi enésimo viaje a Chile cuando la máxima dirigente del Partido Comunista me dijo a muy primera hora de la mañana ante mi sorpresa: «Hoy empieza el futuro de Chile. A lo largo de la mañana voy a presentar la primera querella contra Pinochet en nombre de mi partido y en el mío propio como esposa de un desaparecido y después van a llegar más querellas de las agrupaciones de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos».Una de esas querellas, la primera por el caso Caravana de la Muerte, la presentó el abogado Hugo Gutiérrez en nombre de Rosa Silva. Ella me contó que «había estudiado derecho para entender mejor lo que había ocurrido». Su padre había viajado tras el golpe de Estado desde la capital a Antofagasta, a 1.100 kilómetros, para presentarse ante las nuevas autoridades. «Conseguí el sumario, lo leí entero y supe que el cuerpo había sido abierto en canal», me contó hace 26 años Rosa Silva entre lágrimas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes la construcción en Iowa de una planta siderúrgica de 15.000 millones de dólares (unos 13.200 millones de euros) de Mesabi Metallics, un proyecto que la Casa Blanca presenta como el mayor de su tipo en la historia del país y que prevé comenzar a producir acero en 2030.»Hoy estamos encantados de anunciar que Mesabi Metallics construirá la mayor planta siderúrgica de la historia de Estados Unidos», ha dicho Trump durante el anuncio en el Despacho Oval, donde ha asegurado que será también «una de las mayores plantas del mundo».El mandatario ha atribuido, además, la inversión a su política arancelaria: «Todo el mundo está construyendo su planta aquí porque no quieren pagar aranceles».Según la Casa Blanca, la planta tendrá una capacidad inicial de 7,5 millones de toneladas de acero al año y podrá alcanzar los 10 millones cuando esté completamente desarrollada, un volumen equivalente a aproximadamente una décima parte de toda la producción siderúrgica estadounidense del año pasado.El proyecto generará 1.750 empleos permanentes en Iowa y hasta 6.000 puestos durante la construcción, mientras que la Administración calcula que aportará 95.000 millones de dólares a la economía estadounidense durante la próxima década.La planta se levantará en el este de Iowa y utilizará mineral de hierro procedente de una mina que Mesabi Metallics está desarrollando en Minesota.El anuncio se produce a poco más de un mes de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que Iowa afronta varias contiendas competitivas.Trump estuvo acompañado en la Casa Blanca por varios republicanos del estado, entre ellos la congresista Ashley Hinson, candidata al Senado, y dijo que viajará próximamente a Iowa para participar en un acto de apoyo a los candidatos republicanos.

Cada dos años, en los últimos estertores del verano y el comienzo del otoño coinciden en EE.UU. la temporada alta en el campo -tiempo de cosecha- y la temporada alta en la política: la recta final de la campaña electoral. Este año están unidas … por un elemento: el precio disparado del diésel, el combustible que mueve -entre otros- los tractores y la maquinaria agrícola y que amenaza con complicar todavía más el resultado en las urnas para Donald Trump y sus aliados republicanos.
Dentro de poco más de un mes, el 3 de noviembre, los estadounidenses renovarán las dos cámaras del Congreso. Los republicanos tienen ahora mayorías por la mínima tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. El precio del diésel está agudizando el problema central que planea sobre la elección, el coste de vida, profundizado por una decisión que tiene la firma de Trump y con la que cargan los candidatos republicanos: la guerra de Irán y su impacto en los costes energéticos en todo el planeta. Pero, en el caso del diésel, afecta en especial a territorios dominados por los republicanos, como los estados del Medio Oeste con sectores rurales fuertes. Lo que deberían ser victorias por goleada empiezan a aparecer en las encuestas como resultados inciertos.

El resultado es que hay republicanos -en especial, en estos territorios- que empiezan a distanciarse de Trump y el presidente se plantea medidas sin precedentes -como el veto a la exportación de diésel- que podrían complicar el acceso al combustible en Europa o Hispanoamérica. Es algo que ya ha ocurrido por otros asuntos, como la caída de apoyo del voto hispano.

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Miriam González

La semana ha comenzado con el diésel en niveles muy altos, en 6,45 dólares por galón (unos 3,7 litros), poco después de que la semana pasada se batiera su récord histórico, cuando ascendió hasta los 6,52 dólares.
Son precios insoportables para muchos estadounidenses con vehículos que utilizan diésel, para el sector del transporte y, en especial, para los agricultores en este momento, cuando tienen el mayor pico de actividad por la cosecha.
Iowa es un ejemplo perfecto del cambio de marea política con los precios del diésel, que llega a candidatos que hasta ahora no se movían ni un milímetro de las posiciones de Trump. Ashley Hinson, una diputada republicana que ahora es candidata a uno de los dos escaños al Senado por Iowa, ha hecho un llamamiento para que los ciudadanos de Iowa «no tengan que pagar la cuenta de la guerra de Irán en el surtidor de gasolina».

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Hinson ha votado hasta en cuatro ocasiones contra las propuestas de los demócratas de pedir un final inmediato a la guerra de Irán. Ahora, cuando siente el aliento de su rival demócrata en las encuestas, defiende que la guerra tiene que «llegar a un final exitoso e inmediato».

Más candidatos con problemas

La última vez que un demócrata ganó un escaño al Senado en Iowa fue en 2008. Entre los republicanos hay mucho miedo a que el coste de la vida ponga fin a la racha.
«La guerra tiene que llegar a su final lo más rápido posible para que podamos tener precios bajos», ha defendido su compañero de partido Jon Husted, de Ohio, también en el Medio Oeste, también candidato al Senado. Su rival, Sherrod Brown, un demócrata veterano con un mensaje económico contundente y populista, se le está acercando.
Algo similar ocurre en un estado vecino, Michigan, uno de los territorios más importantes en política en EE.UU., clave siempre para las presidenciales y ahora también para la conformación del Senado. Allí, el republicano Mike Rogers intenta detener el ascenso del demócrata Abdul El-Sayed, un candidato que no debería tener grandes opciones: ha abrazado ideas socialistas y aspira a convertirse en el primer senador musulmán de la historia de EE.UU.
Pero, entre el descontento económico generalizado, las encuestas ya ponen a El-Sayed por delante. «La guerra en Irán tiene que acabar para bajar los precios, y las familias de Michigan no se pueden permitir esperar más», ha defendido en un anuncio de su campaña que presentó la semana pasada.
Estas tres elecciones en Iowa, Ohio y Michigan serán decisivas para ver si el Senado cambia de manos o se mantiene bajo mayoría republicana. Antes de la guerra de Irán, era improbable que el vuelco demócrata ocurriera. Del tercio de escaños de la Cámara Alta que se ponen en juego cada dos años, buena parte de ellos se sitúan en territorios favorables a los republicanos. El cambio de mayoría era más probable en la Cámara de Representantes, que se renueva por completo cada dos años. Ahora todo el Congreso parece en peligro para los republicanos.

Suspenso en gestión económica

Con la economía y el coste de la vida como principal preocupación para los estadounidenses, Trump puede ser un lastre para muchos candidatos de su partido. Una reciente encuesta de la cadena CNN muestra que solo el 27% de los estadounidenses aprueba la gestión económica del presidente, un aspecto que debería ser una de sus fortalezas y una de las razones por las que recuperó las llaves de la Casa Blanca en 2024.
Trump alardea de que la economía de EE.UU. va como un tiro y repite los récords en bolsa registrados en su presidencia. Pero buena parte del electorado no se está beneficiando -como sí lo hacen el propio presidente y su familia- con el ‘boom’ de sectores como la inteligencia artificial o las criptomonedas.
Las causas del descontento económico tienen que ver no solo con el precio del combustible. La inflación persistente afecta al carro de la compra, el mercado inmobiliario está imposible y hay sectores que protestan por la mano dura de Trump en política migratoria, que está haciendo imposible encontrar mano de obra en algunos sectores, como la construcción o el campo.
La posición de Trump es que los precios energéticos son «un precio muy bajo» que hay que pagar para confrontar la amenaza nuclear de Irán, que los combustibles bajarán de forma dramática en cuanto acabe la guerra y que esta finalizará -convenientemente para él- después de las elecciones.
Este lunes, Trump volvió a ser preguntado por los altos precios de gasolina y diésel que enfrentan los estadounidenses e insistió en que esos problemas y la inflación quedarán «erradicados» con el final de la guerra.
Pero sus aliados republicanos en apuros no pueden esperar mucho más. Trump lleva diciendo desde los primeros días de la guerra de Irán que ya la ha ganado y meses asegurando que el acuerdo con Teherán está a la vuelta de la esquina. Y el problema en los combustibles se ha agravado con los ataques de Ucrania a refinerías rusas.

Del veto al diésel al cheque de 5.000 dólares

Trump ha intentado recursos de todo tipo para rebajar los precios energéticos, desde movimientos regulatorios y fiscales hasta exigencias a Volodimir Zelenski que pare ataques contra infraestructura energética rusa. Pero el alza en los precios es pertinaz.
Algunos republicanos le piden que vaya más allá e imponga un veto a las exportaciones de diésel en EE.UU. Con las agitaciones en el mercado energético global, el sector petrolífero estadounidense se está llenando los bolsillos. El mes pasado, se batió el récord de exportación de diésel, con picos de dos millones de barriles al día.
«Lo estamos pensando seriamente», dijo este domingo Trump sobre ese posible veto. La idea es que cerrar la puerta a la exportación abarataría de inmediato el combustible en el sector doméstico.
La industria petrolera ha puesto el grito en el cielo y ha asegurado que eso provocará otros problemas que acabarán creando más dolor para los consumidores. El dolor inmediato sería, por ejemplo, en Europa, que está recibiendo mucho diésel de EE.UU. en estos momentos: cerca de la mitad de las importaciones de este combustible en los dos últimos meses han venido de la primera potencia mundial.
El hipotético veto se sumaría a otras maniobras electorales de Trump, desde la eliminación de aranceles a la importación de ternera -criticada por el sector agrícola- a su promesa de dar un cheque de 5.000 dólares a cada estadounidense si los republicanos ganan la elección.

El presidente anuncia una gran inversión en Iowa, territorio republicano en apuros

Donald Trump anunció este lunes desde la Casa Blanca la apertura de una planta de producción de acero en Iowa. El presidente de EE.UU. aseguró que será «la mayor planta de acero del país» y que estará en operación «en menos de dos años».

Se trata de una inversión de 15.000 millones de dólares que viene de la mano de Mesabi Metallics, una compañía que forma parte del conglomerado indio Essar.

«La reindustrialización de EE.UU. está ocurriendo sobre el terreno y a gran escala», defendió el secretario de Energía, Chris Wright.

El anuncio tiene un evidente componente electoral: Iowa, en especial su elección al Senado, es un estado decisivo en la conformación del Congreso en las elecciones de noviembre. Las encuestas muestran que la candidata republicana, Ashley Hinson, pierde terreno frente a su rival demócrata. Hinson, que participó en el anuncio en el Despacho Oval, aseguró que el anuncio es un «punto de inflexión» para su estado.