Estados Unidos no pondrá amnistías ni perdones presidenciales sobre la mesa en la que se negocia el futuro de Cuba. Fuentes diplomáticas confirmaron a ABC, bajo condición de anonimato, que en los contactos en Ciudad de México de agentes estadounidenses con los emisarios del general … Alejandro Castro Espín, sobrino de Fidel Castro e hijo de Raúl Castro, solo se ha hablado de temas económicos como el futuro del bloqueo o la venta de petróleo a la isla.
ABC ha podido confirmar las versiones que daban cuenta de una comunicación del general con Washington para acordar una transición en Cuba que represente el fin del régimen castrista.
Para tal fin, Estados Unidos plantea como cuestión central que Cuba abra sectores estratégicos de su economía a la participación de empresas norteamericanas.

Sin embargo, cualquier tipo de perdón o trato preferente por parte del Departamento de Justicia hacia la cúpula del régimen se encuentra fuera de discusión. En ese sentido, la Casa Blanca sostiene una línea similar a la de Venezuela. Aunque tanto Diosdado Cabello como Vladimir Padrino permanecen en el Gobierno de Delcy Rodríguez, ahora alineada con Washington, se mantienen contra ellos las sanciones y las peticiones de captura por parte de la Fiscalía estadounidense.
Actualmente, en el caso cubano las cuestiones judiciales más determinantes son las que tienen que ver con Raúl Castro. Está sancionado por Estados Unidos desde 2019 pero, a diferencia de otras figuras del régimen iniciado por su hermano en 1959, también está señalado por impulsar a Nicolás Maduro, actualmente preso en Nueva York.

Raúl, cómplice de Maduro

Es la fibra más sensible porque en Estados Unidos podrían acusar a Castro de ser cómplice de Maduro, que está encarcelado por narcoterrorismo. Hoy por hoy, nada le garantiza al expresidente cubano que su nombre no aparezca en investigaciones paralelas a las de Maduro.
«Como primer secretario de las Fuerzas Armadas de Cuba, Castro es responsable de las acciones de Cuba para apuntalar al régimen de Maduro en Venezuela a través de la violencia, la intimidación y la represión», señaló el Departamento de Estado en 2019, cuando le retiró el visado y le prohibió cualquier actividad económica en EE.UU.
En paralelo, congresistas republicanos de Florida reclamaron el mes pasado que el Departamento de Justicia reabra investigaciones contra Castro por supuestos nexos con el narcotráfico. Se trata de un señalamiento que viene desde los años 90, cuando se vinculaba al general con el narco colombiano Pablo Escobar y con el cártel de Medellín. El caso llegó hasta un gran jurado pero, durante el gobierno de Bill Clinton, fue desestimado.
El otro proceso legal del que fue acusado Castro fue el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, una organización del exilio cubano que a mediados de los 90 logró entrar al espacio aéreo de la isla y lanzar desde el aire octavillas con mensajes antigubernamentales.

Base para una acusación formal

A fines de 2025, el congresista Mario Díaz-Balart sostuvo que existen bases legales y probatorias suficientes para impulsar una acusación formal contra el expresidente cubano, a quien responsabiliza directamente de ordenar derribar las aeronaves. El congresista dijo que, conforme a la legislación estadounidense y a diferencia de la acusación por narcotráfico, el delito de asesinato no prescribe.
Este caso se volvió a activar en noviembre, cuando el FBI detuvo a uno de los pilotos de guerra cubanos que participaron en el derribo de las avionetas de los exiliados cubanos. El militar, que vivía en Florida, se enfrenta a penas de hasta quince años de prisión.

En noviembre, el FBI detuvo a uno de los pilotos que derribaron avionetas de exiliados cubanos cuando era presidente Raúl Castro

En julio de 2025, el Departamento de Estado también impuso sanciones al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y a parte de su gabinete por los actos de represión durante las protestas que tuvieron lugar en la isla en 2021. A todos les fueron retirados los visados y la medida alcanzó a la fiscal Yanaisa Matos Legrá y a los jueces Gladys María Padrón Canals, María Elena Fornari Conde y Juan Sosa Orama, integrantes de los tribunales populares de La Habana.
La sanción también alcanzó al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera, un histórico del régimen hijo de exiliados republicanos que llegaron a la isla en los años 40.
«Hace cuatro años, miles de cubanos salieron pacíficamente a las calles para exigir un futuro libre de tiranía. El régimen cubano respondió con violencia y represión, deteniendo injustamente a miles, incluyendo a más de 700 que aún permanecen encarcelados y sometidos a torturas o abusos», señaló el Departamento de Estado.

En julio de 2025, el Departamento de Estado impuso sanciones a Díaz-Canel y a parte de su gabinete por la represión durante las protestas de 2021

Los negocios del régimen

Otro frente judicial del castrismo en Estados Unidos son los negocios de un consorcio empresarial cubano operado por oficiales del Ejército y que prácticamente maneja todos los sectores rentables del país.
El Grupo de Administración Empresarial (Gaesa) administra desde bienes raíces y restaurantes hasta casas de cambio y empresas de alquiler de coches. En los últimos meses, alcaldes de La Florida han recopilado pruebas con el fin de presentar acusaciones por supuesto blanqueo de dinero de esta corporación en asociación con empresas que operan en Estados Unidos. En agosto del año pasado, el diario ‘Miami Herald’ reveló que Gaesa ha llegado a manejar hasta 18.000 millones de dólares. En la actualidad, el grupo es dirigido por la general de Brigada Ana Lastres Morera.
El mes pasado, el alcalde de Hialeah, municipio de la zona metropolitana de Miami, Bryan Calvo, dijo que aportaría elementos a la Fiscalía del distrito sobre los nexos de Gaesa con más de 200 comercios ubicados al sur de Florida.
Por otra parte, en octubre de 2025 fue detenido en Florida el empresario y promotor musical Boris Arancibia, un hombre allegado al régimen a quien el FBI le imputó cargos por supuesta conspiración y supuesto lavado de dinero. Arancibia organizaba de forma de forma habitual eventos entre Cuba y EE.UU.
También el Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y la Prensa (Iclep), con sede en Miami, señaló recientemente que habría funcionarios del régimen involucrados en una investigación que se lleva adelante en Florida por presunto tráfico de personas. Se trata de una red que cobraba grandes sumas en dólares para introducir a ciudadanos cubanos en Estados Unidos.

La mañana del jueves amaneció como cualquier otra en Caracas. Cielo despejado, calor sofocante. Pero, frente al Palacio de Justicia, sucedía algo que no ocurría desde hacía años: la gente estaba en la calle. No en la clandestinidad, no en un rincón oscuro. … Estaban aquí, en un espacio controlado por el Estado, bajo el sol implacable, con carteles y banderas. Diciendo en voz alta lo que durante años solo se susurraba en las casas.
Francelys García estaba allí. Su esposo, Rosmel Méndez, es uno de los 32 militares desaparecidos del caso Gedeón. Este caso, que se remonta a 2020, surge de una operación militar fallida conocida como ‘Operación Gedeón’, un intento de golpe de Estado que fue sofocado por las fuerzas de seguridad. Los militares implicados fueron detenidos, pero lo que comenzó como una detención se convirtió en una desaparición forzada. Sus familias no tienen acceso a información sobre dónde están, en qué condiciones se encuentran, o si están vivos. Es lo que jurídicamente se conoce como una violación del derecho de ‘habeas corpus’, el principio fundamental que garantiza que toda persona detenida tiene derecho a saber dónde está siendo retenida y a comparecer ante un juez. En Venezuela, este derecho ha sido sistemáticamente violado.
Hace más de cinco años que detuvieron a Rosmel Méndez tras la fallida operación de 2020. Hace seis meses que desapareció del sistema penitenciario al ser trasladado a un fuerte militar. Seis meses sin visitas, sin llamadas, sin respuestas. Sin que el Estado reconozca oficialmente dónde está. Francelys lleva 28 días en vigilia. Casi un mes de estar en la calle, esperando, exigiendo, denunciando. «Todo el mundo sabe que están, pero no están», se queja Francleys, junto a otros familiares que viven la misma incertidumbre que corroe el alma.

Una desaparición forzada, en términos legales internacionales, es el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad cometida por agentes del Estado o con su consentimiento, seguida de la negativa a reconocer la detención o de ocultar el paradero de la persona. Es considerada un crimen de lesa humanidad por organismos internacionales como la Corte Penal Internacional. Lo que distingue a una desaparición forzada de una detención común es precisamente esto: la negación oficial de que la persona está detenida, la imposibilidad de ejercer el ‘habeas corpus’, la ausencia de registros en los sistemas penitenciarios. En Venezuela, esto se ha convertido en una práctica sistemática.
Junto los carteles de presos políticos estaba Maríalis Roa. Su hermano, Hugbel Rafael Roa Carusi, exdiputado por Trujillo, permanece detenido en la cárcel del Rodeo, acusado en el escándalo de PDVSA Cripto. Este caso, que ha marcado profundamente a Venezuela, surge de un esquema de corrupción donde funcionarios petroleros desviaban fondos públicos a través de criptomonedas, aprovechando la falta de supervisión durante los años de mayor crisis económica del país. Lo que comenzó como un mecanismo para evadir sanciones internacionales se convirtió en uno de los mayores robos de recursos públicos en la historia reciente venezolana. Pero la historia de Hugbel es diferente. Es la de un hombre que ayudó a construir el sistema que ahora lo devora.
Roa no era disidente. Era parte del chavismo. Diputado de la Asamblea Nacional, ocupó incluso la cartera de Educación cuando la revolución bolivariana aún prometía transformación. Pero, cuando la corrupción dentro del propio gobierno se hizo insostenible, cuando los funcionarios petroleros comenzaron a desviar fondos públicos a través de criptomonedas, Hugbel fue atrapado en la red. No por ser opositor. Por ser parte de uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos 25 años, tan vasto que era imposible de encubrir.
«Esperamos que con esta ley de amnistía se cumpla lo que bien se dice: un juicio justo en libertad», decía Maríalis, mientras su madre explicaba los detalles médicos de su hijo. Hugbel entró a prisión con una patología. Ahora tiene cuatro. Las condiciones del Rodeo, donde el sistema de justicia ha sido reemplazado por la arbitrariedad, lo han deteriorado progresivamente. Lo más irónico es que ahora vive lo que durante años la oposición denunciaba: persecución política, cárceles inhumanas, juicios sin garantías.

«Esperamos que con esta ley de amnistía se cumpla lo que bien se dice: un juicio justo en libertad»

Maríalis Roa
Hermano de Hughbel Rafael Roa Carusi, detenido por corrupción

Sin embargo, hay un problema que oscurece cualquier esperanza. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que la ley de amnistía tendría excepciones. Entre ellas, el robo y la corrupción. Y Roa está acusado precisamente de eso. Maríalis insiste en que no hay pruebas contundentes, solo testimonios. Pero las excepciones podrían dejarlo fuera. El hombre que ayudó a construir el sistema que lo persigue podría quedar atrapado en ese mismo régimen, sin amnistía, sin salida.
Los carteles frente al Palacio de Justicia eran imposibles de ignorar. «Exigimos libertad para todos los presos políticos en Venezuela», decían las letras blancas sobre negro. Fotos de rostros desaparecidos pegadas en cartulinas. Nombres. Edades. Una mujer en púrpura levantaba la bandera de Venezuela con los brazos extendidos, como si quisiera que todo Caracas la viera. Su determinación no era desesperación. Era exigencia. Era dignidad.

Movilizaciones callejeras
Los opositores al régimen han perdido el miedo a manifestarse en las calles y salen a reclamar la libertad de los presos políticos y de otros reclusos que, víctimas de las rencillas internas chavistas, podrían quedar fuera de la amnistía
J. BENEZRA

Lo que sucedía frente al Palacio de Justicia era lo que llamaban un acto de presencia. Pero era más que eso. Era una declaración: la sociedad civil diciéndole al Estado que podían estar en espacios públicos, denunciando desapariciones forzadas, exigiendo verdad y justicia, sin desaparecer por ello. Eso era lo que había cambiado.
Los números cuentan una historia de cambio acelerado. Desde el 30 de enero de 2026, cuando la presidenta encargada anunció la ley de amnistía, Foro Penal ha verificado 383 excarcelaciones de presos políticos. Pero también revelan una realidad más oscura: al 1 de febrero, la misma organización reportaba que se desconocía el paradero de 52 personas en el país. Desaparecidos. Sin rastro. Sin explicación oficial. Sin posibilidad de ejercer habeas corpus.
Nicmer Evans, el politólogo recientemente liberado del Helicoide, tenía una visión más exigente. «La ley debe contemplar imprescindiblemente una comisión de la verdad», dice. «Y una comisión que tenga acceso a procesos de investigación en casos como estos». Evans habla de desapariciones, de años de incertidumbre, de familias que no sabían si sus seres queridos estaban vivos o muertos. La amnistía, para que sea real, tiene que incluir verdad, investigación y reparación. Tiene que garantizar que el ‘habeas corpus’, ese derecho fundamental, sea restaurado y protegido.

Las familias esperan justicia

Pero, mientras Evans hablaba de justicia, las familias frente a los tribunales seguían esperando. Algunos de estos militares habían sido sentenciados a treinta años de prisión en juicios realizados dentro del Helicoide, sin abogados defensores, sin garantías procesales. Ahora estaban desaparecidos. Y sus familias estaban aquí, bajo el sol, diciendo que no era aceptable.
Este jueves, mientras el Parlamento inicia el debate de la ley de amnistía, algo se quiebra en Caracas. No es que el miedo haya desaparecido. Sigue allí, visceral, presente. Pero algo ha cedido. La gente está en las calles. Después de años de represión, de detenciones arbitrarias, de un aparato de seguridad que ha fichado a cualquiera que se atreva a protestar, la sociedad civil ha descubierto algo que los gobiernos autoritarios temen más que cualquier arma: la posibilidad de que sus ciudadanos dejen de creer que están solos. Que descubran que pueden estar juntos, en público, sin permiso, sin miedo paralizante. Eso no es una revolución. Es algo más lento, más profundo. Es la erosión del poder que se construye sobre el silencio. Y en Venezuela, donde el silencio ha sido la única moneda de cambio durante años, eso es casi revolucionario.

A pesar de suspender el suministro de petróleo a Cuba, el Gobierno mexicano todavía sostiene la contratación de médicos cubanos cuyos honorarios son transferidos directamente al régimen de La Habana. Según datos oficiales, el año pasado se pagaron 35 millones de dólares en concepto … de estos servicios que se han convertido en un ingreso clave para la delicada economía de la isla. Del 2022 al 2025 se han erogado más de 120 millones de dólares.
Desde el Instituto Mexicano de la Seguridad Social (IMSS), a cargo de la gestión de la salud pública afirmaron a ABC que no ha llegado instrucción alguna desde Palacio Nacional para suspender la contratación de los más de 2.500 médicos cubanos que cumplen funciones en México, mayoritariamente, en zonas rurales.
El IMSS, además, proporciona apoyo logístico y operativo para garantizar el transporte de los profesionales en territorio nacional, su hospedaje y alimentación.

La oposición en México viene denunciando desde el anterior gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que los médicos cubanos ocupan plazas que deberían asignarse a profesionales mexicanos, que actualmente se encuentran precarizados.
El pasado martes la presidenta Claudia Sheinbaum defendió, una vez más, la contratación de los médicos cubanos: «También hay contratos que se tienen de México a Cuba, a los médicos cubanos que están en México se les paga, porque luego dicen que están explotados y, no, se les paga lo que se les tiene que pagar. Y vienen a México porque hacen falta en México. Se compran algunos medicamentos, se compró vacunas y se paga. Entonces, son contratos, como se tienen contratos con otros países del mundo».

Ayuda humanitaria

La mandataria señaló que su Administración seguirá apoyando a Cuba a través de ayuda humanitaria con alimentos y otros insumos, en tanto se resuelve por la vía diplomática la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a los países que vendan petróleo al régimen.
El principal impulsor de la contratación de los médicos cubanos por parte del Gobierno es Alejandro Svarch, director general del IMSS y con familiares de origen cubano. Svarch es un funcionario de acceso directo a Palacio Nacional.
En la Secretaría de Salud, según explican a ABC, existe cierto temor a que la contratación de los médicos pueda generar una represalia del Departamento de Estado, como por ejemplo, la cancelación de los visados.
En 2025 el entonces embajador cubano en México, Marcos Rodríguez Costa, denunció presión de autoridades estadounidenses a otros países con una campaña «feroz».
En conferencia de prensa, Rodríguez Costa denunció que el bloqueo a la isla afecta sectores como la economía, el deporte, la educación, el turismo, la industria eléctrica y la salud, entre otros, y alertó de la salud «en riesgo» sin la colaboración que los médicos cubanos tienen en países como México.
«No hay sector de la vía social y económica de Cuba que escape a los efectos del bloqueo», expresó el diplomático. «En una nueva etapa de este bloqueo, el Gobierno de Estados Unidos ahora está persiguiendo la colaboración médica internacional de Cuba, y hostiga a las autoridades y funcionarios de los países que la recibe. Ello responde a un diseño coercitivo, dirigido a impedir la entrada de los ingresos imprescindibles para atender las necesidades crecientes de la población y acusa a Cuba de trata de personas», agregó.
En las últimas comunicaciones con el secretario de Estado Marco Rubio, el Gobierno mexicano le pidió sostener el apoyo humanitario a la isla para evitar un colapso que tenga por consecuencia un estallido de migrantes hacia México que, a la larga, podría repercutir en mayor presión en la frontera con Estados Unidos.