Los trámites activados esta semana por Delcy Rodríguez para explorar un encuentro con Donald Trump en Washington han llevado al régimen venezolano a reaccionar de forma defensiva y a negar públicamente unas gestiones que, según fuentes estadounidenses, sí se produjeron y dejaron rastro … administrativo. Entre esos indicios figura un manifiesto de vuelo con su nombre y una solicitud de autorización de entrada en Estados Unidos, un paso imprescindible para cualquier desplazamiento bajo el régimen de sanciones vigente.
De acuerdo con esas fuentes, Rodríguez impulsó de manera discreta un intento de contacto directo con la Casa Blanca en un momento de alta sensibilidad política, con el objetivo de ganar margen de maniobra en el escenario abierto tras la caída de Nicolás Maduro. El procedimiento se cursó por los canales técnicos habituales para este tipo de visitas, pese a la ausencia de relaciones bilaterales formales desde 2019 y a las sanciones personales que pesan sobre ella.
El expediente fue examinado por distintas instancias federales. Las fuentes subrayan que la existencia de esos trámites no implica que el viaje fuera aprobado ni que exista una agenda cerrada, pero sí confirma que el movimiento se intentó. Cualquier desplazamiento requeriría una licencia específica del Tesoro.
El propio Donald Trump confirmó a ABC que su Administración está planificando verse con representantes del régimen venezolano «muy pronto», aunque precisó que los detalles aún están por cerrarse. Fuentes de la Administración explican que las gestiones se promovieron desde el entorno de Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, al margen de otros jerarcas chavistas como Diosdado Cabello.

Cuando la información trascendió, el Gobierno venezolano se apresuró a negarla. El ministro de Comunicación aseguró que no estaba previsto ningún viaje al exterior y una nota oficial difundida desde Caracas insistió en que no había desplazamientos programados. Según las fuentes consultadas en Washington, esa reacción no desmiente los hechos, sino que responde a la necesidad de contener el impacto político interno de unas gestiones que se desarrollaban con discreción.
Estos movimientos se producen, además, en un contexto que añade presión y acelera los contactos. Trump confirmó a ABC que recibirá la próxima semana en la Casa Blanca a la líder opositora María Corina Machado, una decisión que refuerza la percepción de que Washington está dispuesto a escuchar a distintos actores venezolanos de forma paralela.

Según las fuentes estadounidenses, la confirmación de la visita de Machado ha alentado nuevos movimientos dentro del régimen para no quedar fuera del radar de la Casa Blanca. En ese marco, los intentos previos de Rodríguez por abrir un canal directo con Trump adquieren ahora otra dimensión y explican la rapidez con la que Caracas trató de desmentirlos públicamente, pese a la existencia de documentos y trámites que acreditan que esos planes se pusieron en marcha.

Las autoridades de Minnesota -un estado dominado por los demócratas- anunciaron este viernes que iniciarán su propia investigación de la muerte de una activista de Mineápolis a manos de un agente de la policía de inmigración y aduanas (ICE, en sus siglas … en inglés). Lo comunicaron el mismo día en el que se reveló el vídeo de la cámara del teléfono del agente que disparó a la víctima, Renee Nicole Good, estadounidense, de 37 años y madre de tres hijos.
El incidente, que ha redoblado la tensión en esa ciudad y otras de fuerte implantación demócrata por la mano dura migratoria de Donald Trump, iba a ser investigado en un principio por el FBI -que depende de la Administración Trump- y la Oficina de Persecución Criminal de Minnesota (BCA). Pero el fiscal federal del distrito afectado -también dependiente del Gobierno federal- decidió después que la investigación quedaría únicamente en manos del FBI. Con ello, las autoridades locales no podrían tener acceso a las pruebas, documentos e interrogatorios de la investigación federal.

Esa decisión ha provocado la indignación de las autoridades locales, que han decidido emprender su propia investigación, como anunciaron tanto el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, como la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty.
BREAKING: Alpha News has obtained cellphone footage showing perspective of federal agent at center of ICE-involved shooting in Minneapolis pic.twitter.com/p2wks0zew0— Alpha News (@AlphaNews) January 9, 2026
La decisión de la Administración Trump se toma en medio de visiones antagónicas sobre lo ocurrido en el incidente. Contra lo que mostraron los vídeos tomados por testigos, el Departamento de Seguridad Nacional -del que depende ICE- ha mantenido que se trató de un caso de «terrorismo doméstico» perpetrado por Good, a la que acusan de haber tratado de embestir y matar al policía. Los líderes locales han calificado esta postura de «propaganda» o «narrativa basura».

En una reunión este viernes en la Casa Blanca, Donald Trump ha exigido a un grupo amplio de ejecutivos del sector petrolero invertir al menos 100.000 millones de dólares para reconstruir la infraestructura petrolera venezolana y cumplir su objetivo de «revivir» el sector. … Según su planteamiento, Estados Unidos vendería durante un largo periodo el crudo venezolano, generando ingresos suficientes para enderezar el país y, de paso, reducir los precios del petróleo a escala mundial. Es una visión ambiciosa, con ecos de grandes reconstrucciones del pasado, pero que no termina de convencer a quienes deberían ejecutarla.
Sobre la mesa hay una promesa presidencial de inversión masiva y, al mismo tiempo, un listado preciso de condiciones que las grandes petroleras consideran imprescindibles antes de comprometer capital, personal y tecnología en uno de los entornos más inestables del mercado energético global.
En la reunión han estado representadas grandes petroleras con historial en Venezuela y otras interesadas en entrar si cambian las condiciones. Entre las citadas por fuentes del sector figuran Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Shell, Valero, Marathon, Halliburton, Trafigura, Vitol, Eni y la española Repsol, además de compañías medianas y de servicios energéticos. La Administración busca ampliar el abanico ante las reticencias de las ‘majors’ a asumir compromisos inmediatos de inversión.

Repsol mantiene una presencia histórica en Venezuela a través de empresas mixtas con PDVSA, y en proyectos de gas como Cardón IV. El país concentra una parte relevante de sus reservas y producción, aunque su actividad ha estado condicionada por sanciones y licencias. La compañía acude con el interés de preservar activos, reactivar exportaciones y clarificar el marco legal y fiscal antes de cualquier aumento de inversión.
En la reunión, el presidente Trump ha saludado, entre otros, al consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz. A continuación, ha defendido sus acciones en Venezuela al afirmar que, de no haber intervenido Estados Unidos, «China o Rusia habrían tomado el control del sector». Trump ha añadido que no ve necesaria «una segunda ronda de ataques», al considerar que la presencia naval estadounidense en la zona es suficiente. «Tenemos una enorme armada allí, la gente del país se lleva muy bien con nosotros y lo están haciendo bien, así que no hay que usar esos barcos que tenemos desplegados», ha afirmado.
Después ha dado la palabra a los máximos directivos de tres grandes empresas del sector con intereses históricos en Venezuela: Mark Nelson, de Chevron; Darren Woods, de Exxon Mobil; y Ryan Lance, de ConocoPhillips. Los tres han coincidido en que los recursos del país son «enormes» y «muy ricos», y han expresado su disposición a regresar si se ofrecen garantías claras. Woods ha subrayado en particular la necesidad de «seguridad para las inversiones y para los accionistas».
En el grupo de 23 directivos invitados ha habido representantes de compañías como Marathon Oil, Halliburton o Hilcorp. Su estimación es que podrían entrar a explotar recursos en Venezuela en cuestión de semanas.

Aumentar la producción

Del lado de la Administración, lo que se pide a las empresas es claro: una implicación sostenida, a gran escala y con rapidez. Washington busca compromisos que permitan aumentar la producción en cientos de miles de barriles diarios, reconstruir campos maduros, rehabilitar refinerías, puertos, oleoductos y sistemas eléctricos, y devolver a Venezuela una capacidad exportadora cercana a la de antes del colapso del sector. Todo ello con la expectativa de que las compañías asuman riesgos iniciales elevados a cambio de acceso privilegiado a las mayores reservas probadas de crudo del planeta.
La Casa Blanca también espera algo más que inversión. Pretende que las petroleras actúen como ancla de estabilidad, generen empleo, aporten tecnología y contribuyan a normalizar el funcionamiento de PDVSA bajo un nuevo marco político. En el discurso oficial, la entrada del capital privado serviría como palanca para consolidar una transición, reforzar el control institucional y reducir la influencia de actores externos considerados adversarios de Estados Unidos.

La Casa Blanca pretende que las petroleras actúen como ancla de estabilidad, generen empleo, aporten tecnología y contribuyan a normalizar el funcionamiento de PDVSA

Frente a ese planteamiento, las empresas han llegado a la reunión con un enfoque mucho más prudente. La consigna compartida era evitar promesas firmes y ganar tiempo. Los ejecutivos no discuten el atractivo geológico de Venezuela ni el potencial de rentabilidad a largo plazo, pero subrayan que el contexto actual no justifica compromisos inmediatos de decenas de miles de millones de dólares. Para ellos, el problema no es el petróleo, sino todo lo que rodea al petróleo.
La primera exigencia es el Estado de derecho. Las compañías reclaman garantías de seguridad jurídica, protección de activos, respeto a los contratos y un marco legal estable que no pueda revertirse con cada cambio político. Recuerdan que el sector fue militarizado, que las instalaciones han sufrido robos sistemáticos y que existe un historial de detenciones arbitrarias y toma de rehenes. Sin un entorno mínimamente previsible, enviar personal y equipos a zonas remotas del país es, a su juicio, una apuesta excesiva.

Estabilidad política

La segunda condición es la estabilidad política. Los proyectos necesarios para recuperar la producción exigirían más de una década y una inversión anual superior a los 10.000 millones de dólares. Ese horizonte supera con creces el ciclo político estadounidense y obliga a pensar en gobiernos futuros, tanto en Washington como en Caracas. Las petroleras dudan de que las garantías ofrecidas por una sola Administración basten para proteger inversiones a tan largo plazo si no existe un consenso político amplio y duradero.
Un tercer punto clave es el marco fiscal y regulatorio venezolano. Las empresas consideran disuasorio el actual sistema de empresas mixtas obligatorias, con regalías del 30% y un impuesto sobre la renta del 60%. A eso se suma la necesidad de levantar sanciones y facilitar el acceso a diluyentes y suministros esenciales para procesar el crudo pesado venezolano. Sin cambios profundos en esas reglas, el retorno de la inversión resulta poco atractivo frente a otras opciones globales.
También pesa el pasado. Varias de las grandes petroleras presentes este viernes —o invitadas— fueron expropiadas en 2007 y aún reclaman decenas de miles de millones de dólares en compensaciones. Para ellas, cualquier regreso pasa por aclarar cómo y cuándo se saldarán esas deudas. La idea de que las indemnizaciones se paguen con futuros ingresos petroleros controlados por Estados Unidos no disipa todas las dudas, sobre todo a corto plazo.