El preso político José Breijo, de 73 años y doble nacionalidad venezolana y uruguaya, fue excarcelado este lunes y puesto bajo arresto domiciliario. Al llegar a su casa, un policía, que estaba ocupando ilegalmente su piso, lo echó de su propiedad para que durmiera … en el suelo en su edificio, Pascuareli, situado en Bello Monte, al sur de Caracas.
Lo insólito de su caso es que el «okupa» de su vivienda es el mismo policía que participó en su detención hace dos años por presunto terrorismo. Los agentes lo arrestaron porque Breijo estaba tomando fotos de una reunión donde discutían el conflicto de Palestina. Por tomar una foto que le pareció curiosa Breijo fue recluido en el centro penitenciario de Tocuyito –oficialmente Internado Judicial de Carabobo–, donde pasó dos años detenido por acusaciones de terrorismo.

«Llego a mi apartamento y veo un candado puesto. Llevo 22 años viviendo aquí, pagando mi arriendo, y pido poder acceder a ella. Me quitaron dos años de mi vida preso injustamente y ahora me roban mi apartamento con todas mis pertenencias adentro. Ahora me toca estar en un colchón en un pasillo cumpliendo mi casa por cárcel. Pido ayuda a las autoridades, soy un anciano trabajador no un terrorista, me lo han quitado todo», denunció Breijo en las redes sociales.

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Camila Acosta

El septuagenario uruguayo presenta ahora un deterioro físico por el infierno vivido en la cárcel. Su estado emocional se ha agravado al encontrar su vivienda invadida. Finalmente, la Policía logró desalojar al agente, por lo que el excarcelado pudo recuperar su piso, pero totalmente desvalijado y vacío.
Su caso forma parte de las últimas 48 liberaciones condicionadas de presos políticos –entre ellos siete militares paracaidistas y un general–, de las 500 excarcelaciones que prometieron los hermanos Rodríguez.
El caso de Breijo es el ejemplo vivo del expolio masivo y saqueo de la propiedad privada, además de la pública, que han padecido los venezolanos desde hace 27 años, a partir de la toma de posesión del presidente fallecido Hugo Chávez en 1999 bajo el lema del revolucionario ‘socialismo del siglo XXI’.

«Me quitaron dos años de mi vida preso injustamente y ahora me roban mi apartamento con todas mis pertenencias adentro»

José Breijo
Preso político ‘okupado’

Las ONG como Transparencia Venezuela, Armando.Info, los gremios y el Observatorio de Derechos de Propiedad suman unas 10.000 expropiaciones, confiscaciones y expolios de la era chavista que han afectado el patrimonio y los activos de opositores, tanto de los presos políticos como de exiliados y sus familiares. Los dueños de las casas, pisos, empresas, edificios, chalés, fincas y obras de arte tomadas ilegalmente nunca han sido indemnizados.
Chávez inició la ola de expropiaciones contra todo aquel que lo criticara. Uno de los primeros en caer fue el exembajador Diego Arria, cuya finca agrícola La Carolina, situada en el estado Yaracuy, y otra propiedad suya de 373 hectáreas fueron confiscadas en 2010.
Los medios de comunicación también fueron los primeros en sufrir la apisonadora de la revolución, que tomó el control de la prensa y la libertad de expresión. Radio Caracas TV (RCTV) fue cerrada en 2007, el diario ‘El Nacional’ fue clausurado en el 2018 y ‘El Universal’ fue comprado por oligarcas chavistas.

Expropiaciones por doquier

Miguel Henrique Otero, presidente de ‘El Nacional’ y su familia siempre han estado en la mira del régimen. En mayo de 2021, la sede física del diario en Los Cortijos, zona industrial de Caracas, fue tomada y embargada por las autoridades chavistas tras una demanda por difamación. No contento con el expolio, el chavismo arremetió en febrero contra la vivienda de Antonieta Jurado, la esposa del dueño del diario, arrebatando sus muebles, obras de arte y vehículos.
El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y su familia también han corrido la misma suerte de los opositores exiliados. La quinta Los Gnomos de Mitzy Capriles de Ledezma, situada en la Laguna de Caraballeda, zona norte costera de Caracas, fue tomada por la fuerza por los militares de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en 2023. Allí, los militares celebran sus fiestas, bodas y cumpleaños, según se observa en las fotos que cuelgan en las redes sociales. También perdió su piso situado en Santa Rosa de Lima, al sureste de Caracas,
Según la investigación del portal Armando.Info, la manera de actuar ha sido similar en casi todos los casos. Una comitiva, bien sea de la militar DGCIM, de la Policía política SEBIN o de la Policía anticorrupción (PNCC), llega a la propiedad deshabitada de algún perseguido político que se encuentre en el exilio o la de un preso político. Entra a la fuerza sin orden judicial, revisa y saquea todo lo que quiere. Muchos vecinos de las víctimas han denunciado que los funcionarios se llevan otros bienes, como coches u ordenadores, y hasta han visto transportar cajas y bolsas llenas de cosas como ropa y juguetes. Y los denunciantes son amenazados de muerte.

El dedo expropiador de Chávez

Cuando paseaba por la caraqueña Plaza Bolívar en 2010, el difunto Hugo Chávez, al pie de la estatua ecuestre del libertador Simón Bolívar, señaló con su dedo la joyería La Francia. «¡Exprópiese!», ordenó. Desde entonces, las autoridades chavistas han arrebatado caprichosamente y sin pudor alguno los bienes de los presos políticos, perseguidos y exiliados. El régimen no da una cifra oficial sobre los casos de robos, expropiaciones y confiscaciones, pero las ONG han documentado unos 10.000 casos, de los cuales 5.000 entran en la categoría de empresas expropiadas, intervenidas o nacionalizadas. En el sector inmobiliario se calculan al menos 179 edificios privados, 64 estacionamientos y la paralización de decenas de conjuntos urbanísticos. La propiedad privada se ve nuevamente amenazada con los anuncios de Delcy Rodríguez de promulgar una ley para reglamentar las viviendas vacías de los presos políticos y exiliados.

El piso de Bony Pertiñez, esposa del opositor Iván Simonovis, exsecretario de Seguridad Ciudadana de la alcaldía mayor de Caracas, también fue confiscado después que huyera su esposo a Estados Unidos en 2019.
La abogada Bony Pertiñez relata: «El Estado venezolano se apropió de mi casa en forma indebida, sin dejarme demostrar la licitud de mi propiedad ni solicitar su devolución. Además del destierro forzoso al que me vi sometida, me generan un daño grave. No es solo una casa, es tu hogar, tu arraigo emocional, tu recuerdo, tu vida… Mis hijos y yo no tenemos una casa a la cual regresar. Son 15 años de vida que tienen con ellos. Pero ya entendí que, si esto es parte del costo de la libertad de Iván, pues no tiene precio».
Otro caso es el del coronel Oswaldo García Palomo, quien lleva más de siete años preso en la sede de la DGCIM en Boleíta Norte, en Caracas. Su expediente incluye torturas que han sido documentadas y denunciadas por la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por la Corte Penal Internacional. García Palomo ha sido víctima de múltiples allanamientos de sus propiedades desde que le quitaron su residencia de Altos Mirandinos cerca de Caracas en 2019. Posteriormente, le confiscaron otras tres propiedades de su familia, denuncia su esposa Sorbay Padilla, quien tuvo que exiliarse por las amenazas recibidas.

El Gobierno de Gustavo Petro ha lanzado, ante la elección presidencial del domingo, una serie de medidas de tinte populista con la finalidad de incrementar las posibilidades de su candidato, el senador de centroizquierda Iván Cepeda, de ganar en la primera vuelta. El candidato … oficialista busca sumar voluntades para alcanzar el 50 % de los votos y evitar una segunda vuelta electoral.
Con ese horizonte, Petro ha anunciado la eliminación de peajes en ciertas autopistas del país, la supresión de multas, el incremento del salario mínimo, así como de los subsidios a los sectores más vulnerables.

La movilidad es un asunto crítico en Colombia, donde es frecuente que los ciudadanos corten autopistas para exigir la rebaja del precio de los peajes. Ante esa realidad, Petro anuncia la supresión de los peajes en la geografía conocida como el Eje Cafetero. El gesto también busca capitalizar los votos de las zonas rurales, donde el Gobierno entiende que tiene fuertes apoyos que no suelen aparecer en los sondeos de opinión.

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Milton Merlo

Otra de las noticias que provocó controversia fue la relacionada con la revisión de más de 7,5 millones de infracciones de tránsito que detectaron las fotomultas. El anuncio despertó expectación entre miles de infractores, al tiempo que provocó críticas entre expertos en temas de seguridad vial, que advirtieron que esa decisión golpeaba las campañas emprendidas en los últimos años para que los colombianos bajen la velocidad.
En materia económica, Petro ha utilizado sus anuncios referidos al incremento del salario mínimo para contrastar con los candidatos de oposición y señalar que su gobierno se ha enfocado en los sectores de menor poder adquisitivo.
En sus discursos de esta semana, durante una gira gubernamental por el Caribe, Petro encendió la polémica al referirse indirectamente a la contienda por su sucesión. Lanzó la pregunta: «¿Votamos por la vida o por la muerte?», en una abierta alusión a los candidatos de la oposición.
Criticó a los aspirantes de la oposición, señalando que existen «animalitos» que buscan llegar al poder movidos únicamente por el «odio» y las ganas de desmantelar sus reformas sociales.

Un viaje para una foto con impacto en las elecciones presidenciales brasileñas se ha convertido en un nuevo contratiempo diplomático entre Brasil y EE.UU. El Gobierno de Donald Trump ha clasificado oficialmente como organizaciones terroristas extranjeras a los grupos criminales brasileños Primer Comando de … la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) como respuesta a una petición personal del senador y precandidato presidencial Flávio Bolsonaro. El hijo de Jair Bolsonaro visitó la Casa Blanca para hacerse la foto y volver con argumentos que le ayuden a recuperar el liderazgo en las encuestas, mermado por un escándalo.
La noticia impactó directamente en el presidente Luiz Inácio Lula da Silva que también se encontró con Trump este mes en una visita oficial a EE.UU., donde discutió exactamente lo contrario, bajo la justificación de defender la soberanía brasileña. En una disputa en que la foto con Trump parece volverse importante para ambos candidatos, el mandatario estadounidense prefirió atender la agenda de su aliado ideológico ultraderechista en lugar de la diplomacia.

Las dos organizaciones señaladas por el Departamento de Estado, el PCC y el CV, nacieron en las cárceles brasileñas y controlan el narcotráfico en Brasil y en parte de Suramérica. El PCC, con origen en São Paulo, tiene más de 40.000 miembros y opera en cerca de 30 países, mientras que el CV mantiene su feudo en las favelas de Río de Janeiro. Ambas facciones han expandido sus redes de blanqueo de fondos y logística por casi todo el continente, convirtiéndose en corporaciones criminales transnacionales de enorme poder y violencia desmedida.

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Verónica Goyzueta

La resolución firmada el jueves por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sorprendió a la diplomacia brasileña, al situar a estas bandas criminales al mismo nivel legal que grupos yihadistas, lo que permite a Washington congelar activos, prohibir transacciones y denegar visados a sospechosos.
En el Palacio del Planalto, sede de la Presidencia brasileña, se teme incluso que este estatus sea utilizado en el futuro como justificación legal para una eventual intervención militar estadounidense, un argumento que Lula le presentó a Trump.
Flavio Bolsonaro organizó su viaje a Washington a toda prisa después de verse envuelto en un escándalo de corrupción con impacto en las encuestas. El primogénito de Jair Bolsonaro estaba al frente de Lula hasta la primera quincena de mayo, pero filtraciones de WhatsApp revelaron que pidió sumas millonarias a Daniel Vorcaro, un banquero preso por corrupción, para financiar una película biográfica sobre su padre. A solo cinco meses de los comicios, Flavio pasó a tener su candidatura cuestionada y la foto con Trump le ha servido para contener una caída que venía en picado.

Reacción de Lula

El Gobierno de Lula da Silva reaccionó de inmediato con enorme malestar ante lo que considera un atropello unilateral. El viernes, el presidente brasileño, visiblemente contrariado durante un acto público, no escondió su profunda decepción con la Casa Blanca. «No aceptamos ser tratados como chavales», afirmó el mandatario que defiende que la lucha contra el narcotráfico debe gestionarse de forma soberana a través de las instituciones nacionales y rechazó que potencias extranjeras dicten las políticas de seguridad interna del país.

«No aceptamos ser tratados como chavales», ha reaccionado Lula, que defiende que la lucha contra el narcotráfico debe gestionarse de forma soberana

Por su parte, el Palacio del Planalto emitió un duro comunicado oficial en el que reprochó los viajes de la familia Bolsonaro a territorio estadounidense para enfrentar la autoridad estatal. El texto defiende que las medidas unilaterales debilitan la cooperación policial internacional y ponen en peligro la estabilidad financiera y los sistemas tecnológicos nacionales, con cautela para no parecer que está protegiendo a los narcotraficantes, una resbaladiza piel de plátano arrojada por Flavio Bolsonaro a Lula en un año electoral.
«La soberanía nacional no es negociable. Brasil rechaza cualquier forma de injerencia externa en sus asuntos internos. Quienes definen cómo se clasifica y se combate el delito dentro de Brasil son los brasileños, con sus instituciones, sus leyes y sus fuerzas de seguridad», informó el Palacio del Planalto en un comunicado oficial.

Rechazado por el Congreso

Este tema espinoso sobre la catalogación terrorista de las facciones criminales ya había sido discutido y rechazado por el Congreso brasileño a finales del año pasado. Durante la tramitación del denominado Plan Antifacción en el Senado, la propuesta de equiparar estas bandas al terrorismo no prosperó por el temor de los parlamentarios a sanciones internacionales. Curiosamente, el senador Flávio Bolsonaro faltó a esa votación en la que sus aliados políticos defendieron la medida.
Desde la perspectiva jurídica de Brasil, estas organizaciones no persiguen fines ideológicos ni políticos, sino el lucro económico a través del crimen organizado. La legislación brasileña sobre terrorismo, aprobada en 2016, delimita el terrorismo exclusivamente a actos motivados por la xenofobia, el racismo o los prejuicios religiosos.
El presidente del Congreso brasileño, Rodrigo Pacheco, respaldó el viernes la tesis del Ejecutivo y criticó la decisión de Washington, considerándola un error conceptual que complica la cooperación bilateral en materia de seguridad. «Creo que es una decisión equivocada por parte de los Estados Unidos de América, y le corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores llevar a cabo las negociaciones con EE.UU. y con otros países que puedan ayudarnos a combatir las organizaciones criminales. Esa clasificación no es necesariamente una ayuda», afirmó Rodrigo Pacheco, presidente del Senado de Brasil, en apoyo a la tesis ya aprobada en el pleno.