China ha exigido a Rusia que no recurra al uso de armas nucleares en su guerra contra Ucrania, que lleva ya cuatro años y medio desarrollándose sin que el régimen de Putin logre avances significativos.Es el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el que reveló este jueves que el gigante asiático es el que ha advertido a Moscú que no tolerará la utilización de su arsenal nuclear en el conflicto, según Politico.»Creo que escuchásteis voces en los medios rusos que decían: ‘¿Qué pasaría si respondemos a los ataques ucranianos con armas nucleares?’ Y me parece que esta fue la primera vez que China respondió directamente en forma de ultimátum: que no se puede siquiera pensar en usar armas nucleares», dijo el presidente ucraniano.Zelenski dice que supo de la intervención de Pekín por medio de líderes europeos en la cumbre de la OTAN en Ankara, donde hablaron sobre «el papel de China en el fin de la guerra en Ucrania». Zelenski añadió que también trató el tema directamente con el presidente estadounidense Donald Trump, pero que prefería mantener en privado el contenido de esa conversación.Rusia realizó ejercicios militares nucleares en Bielorrusia el pasado mes de mayo, aunque el presidente Vladimir Putin se ha abstenido hasta ahora de lanzar amenazas nucleares directas contra Kiev. A pesar de la presión de los políticos rusos, Putin afirmó que los ataques de Ucrania no causan daños suficientes como para justificar una reacción nuclear por parte de su gobierno.No obstante, el mes pasado, el diputado por San Petersburgo Viktor Perov instó a sus colegas de la asamblea a pedirle a Putin que atacara Ucrania con armas nucleares.»Nuestro presidente se vio obligado a iniciar la operación militar especial, pero, lamentablemente, las cosas no salieron según lo previsto. Por lo tanto, creo que ustedes, los diputados, deberían dirigirse al presidente para solicitarle que comience a utilizar armas nucleares… lo que llevará a los dirigentes de Ucrania a firmar un acuerdo de paz», dijo Perov.

En Tanaguarena, una localidad costera del estado La Guaira a treinta kilómetros al norte de Caracas, la matemática del desastre tiene una geografía precisa: el complejo habitacional OPPPE. Doce torres de la Gran Misión Vivienda Venezuela, 874 apartamentos y, hasta el 24 de … junio, unas 2.700 personas viviendo en ellos. Las torres son ahora una montaña de concreto pulverizado. En los reportes oficiales que se emiten desde Caracas, los desaparecidos de Tanaguarena no existen como categoría estadística. No hay columna para ellos. No hay renglón. No hay nombre.
Dieciocho días después del doble terremoto que partió la costa central venezolana, la narrativa del Estado y las proyecciones internacionales corren por vías que no se cruzan. El Ejecutivo, a través de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, sostiene una cifra: 4.118 fallecidos confirmados. Un número que solo contabiliza los cuerpos sacados físicamente de los escombros e identificados en la morgue.

Una patóloga del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de Caracas, bajo anonimato, declara a ABC que la morgue está procesando «entre 400 y 500 cuerpos al día» y que está desbordada. El propio Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y vocero designado de la tragedia (un legislador, no un técnico en emergencias), admitió que de las 30.000 personas que se encontraban en Caraballeda y Catia La Mar, 13.500 salieron por sus propios medios y 6.461 fueron rescatadas. No dijo nada sobre las 10.000 restantes.


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Provea, la organización de derechos humanos más antigua de Venezuela, fue la primera en señalar la grieta. «Las cifras oficiales del terremoto generan más dudas que certezas», publicó el 29 de junio, cuando el gobierno reportó un aumento diario de apenas 20 muertos. «Necesitamos cero opacidad en la respuesta a esta tragedia nacional.» Dos días después volvió a la carga: «Crecen discordancias entre cifras oficiales y estimaciones.» Ese mismo día denunció «más presencia militar que ayuda en La Guaira» y acusó al gobierno de priorizar el control sobre la asistencia.
La ONU validó las sospechas. Gianluca Rampolla, coordinador residente y humanitario en Venezuela, lo dijo en rueda de prensa: «Hay al menos 2.500 edificios afectados, la mayoría se han derrumbado por completo. Sin duda estamos ante una cifra superior a la que ya se ha comunicado.» Confirmó la compra de 10.000 bolsas para cadáveres, en acuerdo con las autoridades venezolanas. El Comité Internacional de Rescate estimó 50.000 desaparecidos. Tom Fletcher, subsecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU, calificó esa cifra de «aterradoramente verosímil.»

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El 3 de julio, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón publicó un informe de 18 páginas titulado «El Estado abdicó su deber de proteger.» La conclusión fue directa: se construyó un Estado «fuerte para coaccionar» e «inoperante para salvar.» El documento denunció que se cobran hasta 1.000 dólares por la entrega de cadáveres identificados, que el 40% de los damnificados permanece a la intemperie y que las instituciones «se han erigido como obstáculos crueles para una población ya vulnerada.» El informe señaló que el Estado posee «la capacidad táctica para disolver una manifestación en minutos, pero carece de la articulación logística para instalar refugios dignos.»
La brecha de financiación humanitaria asciende a 627 millones de dólares, según la ONU. Los 300 millones recibidos hasta ahora no alcanzan frente a daños materiales estimados en 37.000 millones. En la última década, la crisis eléctrica, el colapso hospitalario y la migración de casi ocho millones de personas han vaciado el país de profesionales y capacidades técnicas. El terremoto no creó la catástrofe institucional. La desnudó.
En ese abismo entre los 4.118 cuerpos contados y los 50.000 que nadie busca en los registros del Estado, entre la morgue que procesa cientos de cadáveres diarios y un gobierno que reporta una veintena de muertos más por jornada, se escribe la historia de un país donde los muertos dependen de quién los cuente.

Algunos misiles balísticos que portan ojivas nucleares y otros, mensajes. El que China lanzó este lunes pertenece al segundo grupo, y ha servido para advertir al mundo no solo de sus crecientes capacidades militares, sino también de su disposición a emplearlas.El proyectil fue … disparado desde un submarino de propulsión nuclear y se precipitó «con precisión dentro de la zona designada» del Pacífico Meridional, de acuerdo a la enfatizada gramática de Xinhua. «El lanzamiento formaba parte de un entrenamiento anual rutinario, se ajustó a derecho y a las prácticas internacionales y no iba dirigido contra ningún país ni objetivo concreto», añadió la agencia oficial mediante un comunicado reproducido a posteriori por el ministerio de Defensa, en reveladora inversión del proceso periodístico.

«Se trata de la primera prueba de vuelo conocida, a alcance completo o casi completo, de un misil balístico de largo alcance disparado desde un submarino chino hacia aguas profundas del Pacífico», destaca Tong Zhao, investigador del Carnegie Endowment for International Peace. «Desde hace tiempo se daba por hecho que China podía hacerlo, pero es la primera demostración pública».

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Sacudida en la cúpula militar

Jaime Santirso

El régimen desvela así otro vértice de su «tríada nuclear», es decir, la posibilidad de disparar armas nucleares desde tierra, mar y aire, lo que garantiza la capacidad de respuesta incluso en el caso de que alguno de los sistemas sea destruido por el enemigo en un hipotético conflicto. Durante décadas China contó con una fuerza atómica limitada, basada en gran medida en misiles terrestres, pero estos avances le colocan a la par con Estados Unidos y Rusia.
El último ensayo se remonta a septiembre de 2024, cuando China disparó un misil balístico intercontinental cargado con una ojiva de prueba desde tierra firme. «Esto abre la puerta a preguntarse si el siguiente paso será la prueba pública de un misil balístico lanzado desde un avión, con la que China completaría la exhibición de su tríada nuclear», plantea Zhao.

Vecinos preocupados

La actualidad dota al suceso de múltiples significados. La prueba, por ejemplo, se produjo unas pocas horas después de que Australia y Fiji firmaran un acuerdo de mutua defensa. El país oceánico trata así de contrarrestar la creciente influencia del gigante asiático en el Pacífico, y ya ha alcanzado tratados similares con Vanuatu y Papúa Nueva Guinea. Su primer ministro, Anthony Albanese, criticó el lanzamiento como «un acto provocativo que desestabiliza la región».

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Entre los interpelados está también Japón, pues el ensayo se produjo en vísperas del aniversario de la lucha contra la invasión de las fuerzas imperiales que coincidió con la II Guerra Mundial. «Las actividades militares de China, unidas a su falta de transparencia, se han convertido en motivo de grave preocupación para Japón y la comunidad internacional», denunció el secretario jefe del Gabinete, Minoru Kiraha, quien aludió a las operaciones en torno al archipiélago y el acusado aumento del gasto en defensa.
Una de las rutas previstas para el proyectil, de hecho, hubiera sobrevolado su territorio. La relación entre los países vecinos atraviesa una profunda crisis originada por la agresiva reacción del régimen a unas palabras de la primera ministra Sanae Takaichi, quien en noviembre dio a entender que Japón podría prestar apoyo a EE.UU. en caso de crisis militar en Taiwán.
Nueva Zelanda, por su parte, denunció que el misil cayó en la Zona Libre de Armas Nucleares del Pacífico Sur. Esa fue instaurada en 1986 por el Tratado de Rarotonga, al cual China se adhirió en 1987, motivado en su origen por el impacto medioambiental de las detonaciones realizadas en el pasado por EE.UU., Francia y Reino Unido.

Xi Jinping reconstruye la cúpula militar del régimen

Mientras la OTAN celebraba en Ankara una reunión anual destinada a complacer a Donald Trump, China iniciaba unas maniobras militares conjuntas con Rusia frente a la costa de Qingdao.

El pasado viernes, además, el líder chino Xi Jinping incorporó a la Comisión Militar Central a dos nuevos generales, Zhang Shuguang y Wang Gang. Ambos, junto a Zhang Shengmin, conformaron una triste foto de cuatro. El máximo órgano del Ejército Popular de Liberación había quedado diezmado por sus purgas, una falta de liderazgo que limita su capacidad operativa a corto plazo.

Los medios oficiales han recurrido a la comparativa con EE.UU. para equiparar su capacidad operativa y, a la vez, rebajar la agresividad de su ensayo armamentístico. Sin embargo, median sustanciales diferencias entre unos y otros. «EE.UU. paga un alquiler por utilizar un blanco acordado en territorio de un país aliado, fuera de la zona delimitada por Rarotonga, conforme a un calendario publicado con años de antelación», incidía en redes sociales Dominic Meagher, investigador de la Australian National University.
«China, en cambio, hizo caer su misil en alta mar, dentro de la Zona Libre de Armas Nucleares del Pacífico Sur, junto a las zonas económicas exclusivas de varios Estados a los que no solicitó autorización, tras un simulacro de aviso emitido apenas un día antes».
China mantiene una política de «no primer uso» de armas nucleares, pero al mismo tiempo ha impulsado el desarrollo de su arsenal atómico como elemento central de la modernización de sus fuerzas armadas.
En su último informe sobre las capacidades militares de China, publicado a finales de 2025, el Pentágono estimó que el régimen dispone de unas 600 ojivas nucleares, cantidad que, al ritmo actual de producción, podría rebasar el millar antes de 2030. De acuerdo al organismo, este acopio formaría parte de la preparación ante la posibilidad de que una invasión de Taiwán derive en un enfrentamiento bélico con EE.UU.