Honduras llega este domingo a unas elecciones de alto voltaje con la oposición de derecha alertando de un posible fraude y con la injerencia directa de Donald Trump, que acusa al país de deslizarse hacia una deriva «castrochavista» y respalda públicamente a su candidato preferido, … Nasry Asfura, del Partido Nacional. En un clima marcado por errores logísticos en las primarias, tensiones institucionales y una desconfianza extendida, el país se enfrenta a una votación cuyo resultado difícilmente será aceptado sin disputa.
Estas elecciones importan porque Honduras es sede de Soto Cano, la base estratégica desde la que Estados Unidos proyecta operaciones militares y de seguridad en toda Centroamérica; porque el país es un nudo central del narcotráfico y de la cooperación bilateral en extradiciones y operaciones conjuntas, cuya continuidad depende de la estabilidad del poder; y porque Honduras se ha convertido en un escenario de competencia geopolítica entre Washington y Pekín, con decisiones recientes que afectan inversiones, infraestructura y alineamientos diplomáticos.
Honduras se juega este 30 de noviembre una elección general a una sola vuelta en la que más de seis millones de ciudadanos renovarán la presidencia, los 128 escaños del Congreso, las 298 alcaldías y los 20 representantes al Parlamento Centroamericano, en un proceso en que se prueba un nuevo sistema de telemetría y recuento. Tres candidaturas competitivas disputan el poder: la de la ex ministra de Defensa, Rixi Moncada; la de Salvador Nasralla, que es el favorito en las encuestas, y la de Nasry Asfura, líder del grupo conservador.
Se vota en un país bajo estado de excepción, una herramienta que el Gobierno sostiene como imprescindible para contener a las pandillas y al crimen organizado en zonas urbanas donde la violencia marca el ritmo de la vida diaria. La presidenta Xiomara Castro lo impuso para habilitar allanamientos, capturas y retenes sin los límites habituales y para ampliar el papel de la policía y del Ejército en barrios dominados por extorsiones, homicidios y control territorial. La medida replica el modelo salvadoreño y suspende garantías básicas como la libertad de circulación y la exigencia de orden judicial.
En estas elecciones, Estados Unidos es un factor clave, por la diáspora y porque una parte considerable del Producto Interior Bruto Hondureño, casi un 25%, proviene de las remesas, dinero enviado desde allí. De ahí el peso que tienen las palabras de Trump, que ha dicho abiertamente que «si [Asfura] no gana, Estados Unidos no malgastará más dinero, porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a un país, sea cual sea».
El extranjero queda limitado a Estados Unidos, en 12 ciudades estadounidenses —entre ellas Houston, Miami, Washington, Los Ángeles y Nueva York— donde están registrados unos 430.000 hondureños. Esas son las únicas sedes donde la diáspora podrá participar. En cambio, España quedó excluida del proceso pese a que se propuso abrir centros en Madrid, Barcelona y Valencia. La autoridad electoral rechazó la iniciativa por mayoría, alegando dificultades técnicas, falta de reglamento y limitaciones de la red consular. La decisión deja sin voto a más de 67.000 hondureños que estaban previstos en esas tres ciudades y a una comunidad más amplia de unas 240.000 personas empadronadas en España.
Las primarias de marzo dejaron al descubierto graves fallos logísticos que afectaron a más de un millón de votantes y generaron choques entre el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, las Fuerzas Armadas y la fiscalía. Desde entonces se acumularon retrasos adicionales: falta de conectividad via satélite en los colegios, retiro de un contratista logístico a pocas semanas de la elección y la necesidad de activar un procedimiento acelerado para sustituir funciones críticas del sistema. Estos elementos sostienen la preocupación de que el resultado no sea aceptado sin disputa, y que el poder aproveche para perpetuarse.
500 observadores
Los antecedentes recientes alimentan esa inquietud. El país ya vivió una crisis postelectoral en 2017, cuando el resultado fue cuestionado en medio de disturbios, denuncias de irregularidades y tensiones institucionales. Finalmente Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, se declaró ganador y revalidó el cargo. Tras haber sido condenado en Estados Unidos por narcotráfico, ha sido indultado esta semana por Trump.
La elección de este domingo se desarrolla, además, en un contexto donde el Gobierno ha ampliado el rol de los militares más allá de los límites habituales, en medio de estados de excepción sucesivos y una tasa de homicidios que sigue siendo la más alta de Centroamérica: 25,3 homicidios por cada 100 000 habitantes. Esta combinación refuerza el temor a escenarios de impugnación o conflicto tras el anuncio preliminar previsto para las 21:00, las 04.00 del lunes en Madrid.
La observación internacional será una pieza central del proceso. Ya están desplegados en el país alrededor de 500 observadores, incluyendo misiones de la OEA y de la Unión Europea, esta última con unos 120 delegados distribuidos en distintas regiones. A nivel interno, la repentina acreditación de más de nueve mil observadores locales en 48 horas, muchos de ellos vinculados al oficialismo, ha generado dudas sobre la transparencia del mecanismo. La UE tiene previsto emitir un informe dos días después de la elección, un documento que influirá en la lectura del proceso y en la posición de actores internacionales.
Una crisis postelectoral podría afectar la cooperación en seguridad con Estados Unidos, incluidas las extradiciones masivas que ha comenzado Trump y operaciones conjuntas, así como el funcionamiento de la base de Soto Cano, que es el principal centro operativo militar estadounidense en Centroamérica. También podría incidir en la competencia geopolítica abierta tras el giro de Xiomara Castro hacia China en 2023 y en la continuidad de acuerdos migratorios y comerciales clave.
