Las montañas rusas siempre se han caracterizado por transmitir una sensación de vértigo gracias a las extremas velocidades que alcanzan y a los sorprendentes circuitos que recorren, quitando hasta el hipo hasta a los más aventurados que deciden subirse a los vagones de la atracción.
Una experencia que millones de usuarios han disfrutado a lo largo y ancho del planeta en algunos de los tantísimos parques de atracciones que hay en cada país. Sin embargo, ahora, una investigación de la CNN ha dejado al descubierto lesiones cerebrales en más de 100 personas por culpa de la reconocida montaña rusa X2 del Six Flags en California.

Una información que ha salido a la luz después de que el citado medio comenzase a recabar datos sobre lo ocurrido con la X2 en los últimos dos años. «Six Flags ha estado jugando deliberadamente con la vida de las persona. No se debería permitir la existencia de una atracción así», declaró el abogado civil Christopher Bulone en una rueda de prensa en la que dio a conocer que varias personas habían demandado al parque de atracciones.

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Pese a que los indicios de las lesiones cerebrales están registrados desde hace más de 2 años, la noticia ha estallado después de que dos personas sufriesen graves daños casi consecutivamente.
Una de ellas es Pamela Guillen, quien perdió el conocimiento tras montarse en la X2 y pasó un par de semanas en coma. La otra es Naomi Greer-Wilkinson, que sigue en coma tras sufrir una grave lesión cerebral después de subir a la atracción.
Según un correo desvelado por la CNN, un médico asegura que ambas sufrieron lesiones por «un evento traumático de rápida aceleración y desaceleración experimentado durante el recorrido en la X2».

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Ambas han presentado sendas demandas y están representadas por el letrado Christopher Bulone. A las de las dos chicas se le ha unido la de Michael Wilk. Él asegura haber sufrido una hemorragia cerebral después de montarse en la X2 a principios de años, lo que le provocó pasar por el quirófano en varias ocasiones.
La publicación de la CNN ha provocado que los abogados representen ahora a más de 100 personas que aseguran haber sufrido lesiones cerebrales tras subirse a la montaña rusa.

La atracción se encuentra cerrada desde el pasado julio

La montaña rusa X2 se caracteriza por su agresividad desde el inicio. Los asientos giran 360 grados mientras el vagón consigue superar holgadamente los 100 kilómetros por hora, alcanzado los 120 km/h. A eso hay que añadirle 65 metros de caída, lo que la convierte en una atracción tremendamente intensa a lo largo de los dos minutos que dura el recorrido.
La X2 se encuentra ahora cerrada desde que el pasado 12 de julio se parase por completo. Una decisión que el parque no ha explicado, aunque sí han defendido su seguridad, argumentando que la atracción pasa controles periódicos.

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles desbloquear 4.200 millones de euros en fondos de cohesión para Hungría y levantar las restricciones que desde 2022 afectan a la participación de determinadas universidades del país en los programas Erasmus+ y Horizonte Europa, tras concluir que … Budapest ha subsanado las carencias en materia de Estado de Derecho que ponían en riesgo el presupuesto comunitario, una decisión que queda ahora en manos de los Veintisiete.
«Hungría ha dado pasos importantes para reforzar el Estado de Derecho y proteger los intereses financieros de la Unión. Hoy proponemos desbloquear 4.200 millones de euros y reabrir las puertas de Erasmus+ y Horizonte Europa a los estudiantes e investigadores húngaros. Me alegra que puedan volver a beneficiarse plenamente de las oportunidades que crea nuestra Unión. Esto demuestra que las reformas dan resultados», ha defendido en un comunicado la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

Bruselas ha tomado esta decisión tras evaluar las medidas notificadas por las autoridades húngaras el pasado 9 de septiembre y concluir que «ha abordado las debilidades y deficiencias identificadas previamente» en ámbitos como la contratación pública, el marco anticorrupción, los riesgos de conflictos de intereses y la eficacia de la actuación de la Fiscalía.

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Rosalía Sánchez

En concreto, la Comisión destaca que el país ha reforzado las competencias de la Autoridad de Integridad y su acceso a los datos necesarios, ha establecido un sistema integral de declaraciones patrimoniales y ha aumentado la transparencia para hacer frente a los riesgos vinculados a los denominados fideicomisos de interés público, cuya desaparición está pendiente.
Las reformas también amplían la revisión judicial de las decisiones de las autoridades de investigación y de la Fiscalía y fortalecen los controles sobre el uso de los recursos europeos, además de introducir mayores exigencias de transparencia en la contratación y el gasto públicos.
A estos cambios, el Ejecutivo comunitario suma la adhesión de Hungría a la Fiscalía Europea y las nuevas normas sobre titularidad real y contratación pública, que considera que refuerzan la prevención de los conflictos de intereses y el combate contra la corrupción.

Un mes para decidir

Con esta evaluación, Bruselas concluye que ya no se cumplen las condiciones que justificaban mantener las medidas adoptadas en virtud del Reglamento de Condicionalidad, el mecanismo que permite suspender financiación europea cuando vulneraciones del Estado de Derecho amenazan los intereses financieros de la Unión.
Corresponde ahora al Consejo (gobiernos) pronunciarse sobre la propuesta de la Comisión en el plazo de un mes y, si los Estados miembro dan su visto bueno, se recuperarán los 4.200 millones de euros en compromisos de cohesión actualmente suspendidos y se eliminarán las restricciones impuestas a las universidades gestionadas por fideicomisos húngaros de interés público para acceder a Erasmus+ y Horizonte Europa.
La propuesta llega después de que Von der Leyen y el primer ministro húngaro, Péter Magyar, acordaran tras las elecciones de abril retomar las negociaciones para desbloquear los fondos europeos retenidos a Budapest por los problemas de Estado de Derecho durante el anterior Gobierno de Viktor Orbán, que llevaron a la UE a congelar parte de la financiación destinada al país.

La Eurocámara reitera, en la resolución sobre Ceuta que acaba de aprobar el Pleno, un enfoque de las migraciones centrado en la seguridad, el control de las fronteras y los sistemas de expulsión de las personas «sin derecho a permanecer en la UE», así como en la celebración de acuerdos con terceros países que no siempre pueden considerarse seguros.El texto que dio origen a la resolución fue presentado por el Partido Popular Europeo y salió adelante con los votos de la extrema derecha, los liberales y los populares. El Grupo Socialista y los demás grupos de izquierda votaron en contra.La creciente sintonía entre el PP y Vox queda patente en la reciprocidad de sus apoyos. En esta resolución, la extrema derecha respaldó a los conservadores, mientras que los populares apoyaron la iniciativa presentada por Vox para que el Parlamento Europeo investigara la crisis de Ceuta.La resolución habla explícitamente de «invasión», con lo que refuerza la estrategia de desgaste político contra el Gobierno de España impulsada por Vox y el PP. Asimismo, asevera que la «regularización masiva» llevada a cabo por España produce «un efecto llamada» y envía «una señal equivocada a los potenciales migrantes y a las redes de tráfico de personas». Desde CCOO rechazamos frontalmente estas afirmaciones.Conviene recordar dos cuestiones relacionadas con la regularización extraordinaria en España. La primera es que el proceso de 2026 es el séptimo de esta naturaleza realizado en nuestro país y que tres de ellos tuvieron lugar durante gobiernos del Partido Popular. La segunda es que el PP votó a favor de tomar en consideración y tramitar como proyecto de ley, en el Congreso de los Diputados, la iniciativa legislativa popular para una regularización extraordinaria de personas extranjeras.El proceso de regularización extraordinaria ha sido una respuesta política responsable ante una realidad apabullante, la de miles de personas extranjeras que trabajan y viven en el país en situación administrativa irregular y que, por ello, carecen de acceso a determinados derechos y están expuestas a la sobreexplotación laboral debido a su especial vulnerabilidad. La resolución habla explícitamente de «invasión», con lo que refuerza la estrategia de desgaste político contra el Gobierno de España impulsada por Vox y el PPTampoco puede hablarse de efecto llamada, ya que no se trató de una regularización automática, sino que exigía, entre otros requisitos, haber residido en España desde antes del 1 de enero de 2026 y haberlo hecho de forma ininterrumpida durante, al menos, cinco meses. Además, el proceso tuvo una vigencia limitada, desde el 16 de abril hasta el 30 de junio de 2026, y no está previsto iniciar otro. En cuanto a su supuesto carácter masivo, de las más de un millón de solicitudes presentadas se han admitido a trámite, hasta el momento, más de 700.000 por cumplir los requisitos. La cifra muestra, sencillamente, la magnitud de la irregularidad administrativa de las personas extranjeras en España, una realidad que exigía una respuesta.Para CCOO resulta inaceptable que el Parlamento Europeo, amparándose en el compromiso de prestar un mayor apoyo de la UE y aplicar el Pacto de Migración y Asilo, exija en realidad la expulsión inmediata y sin garantías de todas las personas que no tengan derecho a permanecer en la Unión, incluidos los menores no acompañados. Todo ello, según afirma el texto, «en pleno cumplimiento de la legislación comunitaria e internacional y en cooperación con Marruecos en materia de readmisiones».La resolución obvia que un porcentaje importante de las personas que permanecen en Ceuta son de origen subsahariano y que Marruecos no las admite en la práctica, pese al acuerdo vigente entre España y Marruecos por el que este último se compromete a readmitir en su territorio a nacionales de terceros países. Los eurodiputados que votaron a favor tampoco recuerdan que la UE no ha logrado cerrar un acuerdo global de readmisión con Marruecos debido a las exigencias marroquíes de una mayor cooperación económica, facilidades para la concesión de visados y apoyo político a su integridad territorial.En su empeño por cuestionar la gestión del Ejecutivo español, la resolución acusa a España de no actuar «decisivamente» en la protección de las fronteras exteriores de la UE, una responsabilidad compartida entre los Estados miembros. A juicio de sus promotores, esta falta de actuación pone en peligro la integridad del espacio Schengen en su conjunto. De nuevo, como suele ocurrir en el ámbito comunitario, se invocan la lucha contra las mafias y el tráfico de migrantes para justificar el refuerzo de las fronteras, las devoluciones, los acuerdos con terceros países y los ingentes recursos destinados a agencias como Frontex, cuya utilidad resulta, cuando menos, dudosa.En opinión de CCOO, esta resolución constituye una muestra más de la deriva reaccionaria del Parlamento Europeo. Refuerza el discurso antiinmigración que avanza en Europa y en el mundo, presenta la llegada de migrantes como un riesgo para la «integridad de la sociedad europea» ante una supuesta invasión de «bárbaros» y utiliza la migración como arma de descrédito político. En este caso, el ataque se dirige contra el único Gobierno europeo que, a juicio de CCOO, desarrolla una política migratoria responsable y sensata mediante mecanismos de consulta con los interlocutores sociales y la sociedad civil.La resolución pone de manifiesto, a su vez, la creciente sintonía entre la extrema derecha y la derecha tradicional, tanto en el Parlamento Europeo como en la política española. Estas formaciones consideran que la cuestión migratoria puede convertirse en un buen caladero de votos. En este caso concreto, una crisis migratoria en la UE sirve de excusa para articular una estrategia coordinada, desde España y desde las instituciones europeas, dirigida a derrocar al Gobierno de Pedro Sánchez.»Esta resolución constituye una muestra más de la deriva reaccionaria del Parlamento Europeo y refuerza el discurso antiinmigración que avanza en Europa y en el mundo»Su gestión política y comunicativa de los hechos ocurridos en Ceuta no ha sido precisamente brillante y, además, el Ejecutivo se muestra condescendiente con Marruecos respecto de su responsabilidad en la crisis. La situación en Ceuta también se utiliza para cargar, de manera injusta y torticera, contra el proceso de regularización de personas extranjeras en España, mediante el establecimiento de una relación causal totalmente inaceptable.Sus señorías olvidan incluir algunos elementos de peso, entre ellos la necesidad de reforzar la solidaridad entre los Estados miembros ante la presión migratoria en la frontera sur y de aplicar el Mecanismo de Solidaridad Obligatoria establecido en el Pacto de Migración y Asilo de la UE. No basta con invocar el Pacto para obligar a España a ejecutar expulsiones.También brillan por su ausencia las referencias a la necesidad de mejorar los sistemas de protección internacional y asilo. Se pasa por alto, además, la irresponsabilidad política de los 22 Estados que firmaron la vergonzosa carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea con motivo de la crisis de Ceuta. En lugar de aportar soluciones, como la cooperación con los países de origen o de tránsito, los firmantes se mostraron absolutamente insolidarios con un Estado miembro de la UE.Otro aspecto que la resolución pasa por alto es la injerencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en asuntos de la UE durante la crisis de Ceuta, así como su ataque directo a un Estado miembro. Trump criticó la supuesta política española de «fronteras abiertas» con un evidente propósito propagandístico y político, ya fuera para atacar al Gobierno español por su negativa a aumentar el gasto en la OTAN o por la prohibición de utilizar las bases situadas en España durante los ataques contra Irán. «Resoluciones como la relativa a Ceuta nos alejan cada vez más de la ansiada política común europea de migración y asilo, basada en la solidaridad, el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de la normativa internacional»Tampoco se menciona el inaceptable comentario formulado por la encargada de Negocios de la Embajada de Israel en España acerca del coste diplomático y de seguridad que podría entrañar la falta de cooperación con Israel o el cuestionamiento de la alianza con ese país.Resoluciones del Parlamento Europeo como la relativa a Ceuta nos alejan cada vez más de la ansiada política común europea de migración y asilo, basada en la solidaridad, el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de la normativa internacional. Por el contrario, deshumanizan el fenómeno migratorio al presentarlo como una amenaza que debe evitarse y combatirse.La gestión de las migraciones queda reducida a cuestiones de seguridad, control de fronteras, sistemas rápidos de expulsión y acuerdos con terceros países que no garantizan la seguridad ni el respeto de los derechos humanos de las personas enviadas a ellos. Al mismo tiempo, estas resoluciones favorecen el avance de la extrema derecha y de su discurso xenófobo, racista y excluyente.