El exagente de los servicios de inteligencia de Pinochet, el mayor Armando Fernández Larios, fue detenido por agentes de inmigración (ICE) de Estados Unidos e incluido en una lista de 42 extraditables. Fernández está requerido por la justicia chilena desde 2016 en relación con … el secuestro y asesinato del ciudadano español Carmelo Soria, ocurridos en julio de 1976.
Sobre Fernández Larios, quien fue condenado por el asesinato del excanciller chileno Orlando Letelier y su asistente Ronni Moffitt, sucedido en Washington también en 1976, pesan también ordenes extradición que lo vinculan a una serie de otros crímenes realizados por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) los primeros años de la dictadura militar de Pinochet.

Carmelo Soria, periodista y miembro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), fue detenido en el centro de Santiago por militares y llevado a una casa de seguridad en la precordillera de la capital donde fue torturado y luego, asesinado con miembros de la «brigada Mulchén». Su caso formó parte del expediente presentado por el juez Baltazar Garzón, en 1998, cuando solicitó la extradición de Augusto Pinochet desde Londres.

El canciller Alberto Van Klaveren confirmó este martes en La Moneda la detención de Fernández Larios, aunque rechazó dar mayores detalles debido a su situación procesal. Aclaró en todo caso que el exmilitar fue detenido hace bastante tiempo y que efectivamente se encuentra en un listado elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos bajo el título «Arrestados: lo peor de lo peor».

El retorno a Israel de los restos del último rehén de Hamás alienta la expectativa de que el plan de paz diseñado por el presidente Trump podría entrar ya, sin obstáculos, en su ‘segunda fase’ en la franja de Gaza. En términos prácticos, esta … etapa contempla la constitución de un equipo de gobierno de transición presidido por el mismo Trump y manejado en el terreno por varios políticos occidentales de postín –entre otros Tony Blair–. Prevé además una fuerza militar internacional constituida con la aportación de países de mayoría musulmana.
El panorama rosa para la franja de Gaza se complementa con la presión de la Administración Trump para que Arabia Saudí se sume a los Acuerdos de Abraham de 2020, y dé el paso histórico de reconocer al Estado de Israel. Otro factor del eventual ‘punto de inflexión’ lo constituye la posibilidad de que el régimen teocrático de Irán se desplome, después de semanas de protestas populares brutalmente reprimidas y la amenaza de una intervención armada de Estados Unidos.
Son demasiadas buenas noticias para la región. Quizá por ello la prensa israelí destaca que el primer interesado en pinchar esa burbuja no es el Gobierno de Netanyahu sino el régimen de Riad, que desde hace años dirige el heredero de la corona Saud, el príncipe Mohamed bin Salman.

Riad quiere participar en el proyecto de Gaza diseñado por Trump, pero se ha distanciado abiertamente de Israel para acercarse en cambio al bloque diplomático constituido por Turquía y Qatar.
¿Qué le aportan dos países metidos también en el juego del predominio en Oriente Próximo, y rivales natos de Arabia Saudí? Turquía el poderío militar, que ha extendido a Siria tras sus últimos acuerdos con el nuevo régimen de Damasco. Qatar, minúsculo en territorio y población, su poderío financiero y mediático.
El distanciamiento saudí de Estados Unidos y de Israel obedece también a la agenda interna de Bin Salman. El ‘hombre fuerte’ de Riad ha hecho realidad algunas de las reformas sociales que prometió, en particular las referentes a los derechos de la mujer. Pero alguien ha debido recordarle que la monarquía saudí se levanta sobre un pacto con la secta suní wahabí, una de las más radicales del islam, y debe medir cada paso cuando se trata de romper una de las ‘líneas rojas’ establecidas por el clero. Una de ellas es el antisionismo.
El régimen saudí habría llegado también a la conclusión de que la expectativa de una inminente caída de Irán, su rival musulmán natural, es cada vez menos evidente. El régimen de los ayatolás ha aguantado el tirón de varias semanas de protestas sociales con mano dura, y Riad parece convencido de que las amenazas de un ataque militar por parte de Estados Unidos son solo uno más de los gestos fanfarrones de Donald Trump. En definitiva, la prudencia dicta mantener las distancias con la retórica anti-ayatolá de Washington y de Tel Aviv.
La opción saudí tendrá asimismo consecuencias para Gaza. Ponerse del lado de Turquía y de Qatar significa respaldar la presencia de ambos en cualquier solución para la Franja. Dado el veto de Israel a turcos y cataríes –a los que el Estado hebreo considera ‘amigos de Hamás’– la situación al término de la primera fase del plan de paz ha acabado en tablas.

Apenas amanecía el domingo 18 de enero cuando la tragedia fue confirmada. A las nueve de la mañana, nueve agentes de la Policía Nacional Civil fueron asesinados a sangre fría, en diversas zonas del departamento de Guatemala, el área metropolitana del país. Una ráfaga de … disparos despertó al país, que ya había ido a dormirse preocupado. El día anterior, el sábado 17 de enero, había sido frenético. Tres prisiones de máxima seguridad —dos ubicadas al norte de la capital y una en el departamento sureño de Escuintla— habían sufrido revueltas internas y algunos guardias habían sido secuestrados y tomados como rehenes, mientras familiares de los criminales, a las afueras de las prisiones, intentaban bloquear el paso a las fuerzas de seguridad. El caos total. Horas más tarde, el Ejército de Guatemala informaba que en junto con la Policía Nacional Civil se había restablecido el orden en las prisiones, los rehenes habían sido liberados y los responsables, encarcelados. Pero el daño ya estaba hecho. Los pandilleros «prometieron sangre» al día siguiente. Y cumplieron. Fueron asesinados diez policias. Este martes, se anunció la detención de 26 personas vinculadas con esas muertes.
A las 11 de la mañana, del domingo, el ministro de Gobernación, Marco Villeda, aseguró que habían capturado a siete terroristas, presuntos autores de los ataques, y que uno más había fallecido durante un operativo policial. A las 6 de la tarde, el presidente Arévalo declaró luto nacional de tres días, y mientras las banderas ondeaban a media asta, decretó también el Estado de Sitio a través de una cadena nacional. La medida, con base constitucional, tiene una duración de 30 días prorrogables por el Congreso de la República, y limita ciertos derechos cuando hay una amenaza a la seguridad nacional. También faculta a las fuerzas de seguridad a agilizar capturas y allanamientos, así como aumenta la presencia de policía y el Ejército en las calles con la instalación de retenes de control y revisión a discreción de las fuerzas de seguridad. Bajo esta figura, además, el Gobierno puede ordenar toques de queda y limitar reuniones o manifestaciones.
El Estado de Sitio, ya ratificado por el Congreso, había sido pedido por la oposición política desde el 2025, cuando la inseguridad y violencia en el país comenzaron a elevarse, causando que por primera vez en una década la tasa de homicidios cambiara de tendencia y comenzara a subir, cerrando el año con una 17.4 homicidios por cada 100 mil habitantes; la más alta en los últimos seis años.

Las razones detrás del ataque

Fuentes de las fuerzas de seguridad han confirmado a ABC que sostienen la hipótesis de que fue en la mega-cárcel Renovación I, al sur del país —la prisión símbolo de la política de cero tolerancia al crimen del presidente Bernardo Arévalo y el Gobierno socialdemócrata— desde donde se giraron las instrucciones para los actos terroristas del domingo. Pandilleros de diversos sectores y subgrupos, bajo el mando del terrorista Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias ‘El Lobo’, cabecilla del Barrio 18, actuaron juntos para sembrar el terror y exigir el control de las cárceles.
Y es que desde el segundo semestre de 2025, las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha mantuvieron una férrea pugna con el Gobierno de Guatemala por el control de las prisiones, después de que el pasado mes de julio sus líderes fueran trasladados a la cárcel de máxima seguridad para aislarlos, lo que ha provocado constantes motines desde entonces en los centros penitenciarios. El traslado de los cabecillas de las pandillas —entre ellos, El Lobo, sentenciado a 80 años por diversos crímenes— se realizó a raíz del asesinato de siete personas presuntamente a manos de miembros de la pandilla Mara Salvatrucha, durante una congregación de la pandilla rival Barrio 18 a finales del mes de julio.
Las prisiones en Guatemala han funcionado, desde la última década por lo menos, como los cuarteles de las propias pandillas. «Paradójicamente, las prisiones de Guatemala lejos de ser centros de aislamiento y castigo, funcionan como centros de operaciones desde donde los terroristas coordinan ataques y gestionan sus negocios, que se sostienen a base de las extorsiones», explica un exmilitar vinculado al Gobierno, consultado por ABC que prefiere el anonimato por seguridad. De hecho, la tasa de extorsiones también se ha disparado desde 2023. Ese año cerró con 102 extorsiones por cada 100 mil habitantes; 2025 cerró con 144.2 y un 70% de la población que percibe que la situación está peor que antes.

«Las cárceles funcionan como centros de operaciones desde donde los terroristas coordinan ataques y gestionan sus negocios, que se sostienen a base de las extorsiones»

Exmilitar vinculado al Gobierno de Arévalo

El vínculo entre el Lobo y las Torres

En su cadena nacional, Arévalo pronunció una frase que provocó una tormenta política. «Las torres de corrupción e impunidad que por décadas han sostenido al crimen organizado, están cayendo ante la fuerza y la acción contundente de un pueblo y un gobierno que ya decidieron vivir en paz, en democracia, con justicia y bienestar», puntualizó el presidente. La narrativa no fue casualidad. La frase fue un dardo directo a la excandidata y ex primera dama Sandra Torres y sus dos hijas, las congresistas Nadia de León Torres y Lourdes De León Torres.
Las Torres, sintiéndose afectadas por la acusación indirecta, acudieron ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) para interponer una denuncia tras las declaraciones de Arévalo, asegurando que el presidente «insinuó» que la familia —las Torres— estaban detrás de los ataques terroristas y la ola de violencia.
Pero la hipótesis del Gobierno para culpar a las Torres parte de un argumento fuerte. La sobrina de Sandra Torres, Maria Marta Castañeda Torres, es esposa del Lobo, y ambos se encuentran en prisión. De acuerdo con las autoridades de seguridad consultadas, esta relación es una de las «múltiples pruebas» que tiene la inteligencia policial para vincular a la excandidata «con el grupo terroristas Barrio 18 y hasta algunos cárteles del narcotráfico». El congresista Inés Castillo, alfil de Torres en el Congreso de la República y líder del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (el partido que controlan las Torres), ha criticado la hipótesis del Gobierno y aseguró en el programa de radio ConCriterio que «vincular a Sandra Torres con las decisiones y actuaciones de su sobrina» carecía de sentido y de argumentación seria. «Uno no puede ser culpable de las decisiones de otros, aunque estos sean familiares», advirtió el diputado.
Lo que es un hecho es que Guatemala atraviesa una crisis aguda de seguridad, que contrasta con el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, que países vecinos, como Ecuador y, recientemente, Costa Rica, han implementado. El modelo se basa —y solo es eficiente— en el control casi total del Organismo Legislativo y del sistema judicial para asegurar el Ejecutivo la legitimidad para una militarización perenne de las calles -El Salvador vive bajo el régimen de estado de excepción desde hace casi cuatro años-, la construcción de mega cárceles modernas de máxima seguridad para albergar a los delincuentes y medidas de resolución rápida para apresarlos, como los «juicios exprés». En Guatemala, la oposición pide replicar el modelo, mientras el Gobierno se resiste, apostando por una estrategia menos frontal que, al día de hoy, no ha dado resultados.