Trump reduce las sanciones a Venezuela para contener el coste de la guerra con Irán
En plena escalada de precios de la energía por la guerra en Irán, la Administración Trump ha dado este 13 de marzo un nuevo paso en el alivio de las sanciones sobre Venezuela al ampliar tres licencias generales de la Oficina de Control de Activos … Extranjeros, OFAC por sus siglas en ingles, con un doble objetivo: aumentar la producción petrolera venezolana y abrir la puerta a la exportación directa de fertilizantes y otros productos petroquímicos al mercado de Estados Unidos.
La decisión más importante es que Estados Unidos permite ya a empresas estadounidenses comprar, importar, vender y transportar petróleo venezolano y también productos petroquímicos procedentes de Venezuela. Entre esos productos están los fertilizantes y las materias químicas necesarias para fabricarlos.
Eso significa, en la práctica, que Washington abre la puerta a que lleguen a EE.UU. no solo más barriles de crudo venezolano, sino también urea, nitratos, fosfatos, sulfato amónico y otras materias incluidas expresamente en los anexos de las licencias. Para incrementar estas exportaciones se necesita además la cooperación del régimen venezolano de Delcy Rodriguez.
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Camila Acosta
La motivación de la Casa Blanca es abaratar cuanto antes el petróleo y los fertilizantes en EE.UU. en plena guerra con Irán, después de que los ataques iraníes y el cuello de botella de petroleros en el Golfo Pérsico dispararan los costes de la energía y amenazaran con trasladar esa subida a la inflación y al precio de los alimentos.
En ese contexto, Trump y el Tesoro usan a Venezuela como suministro alternativo rápido para amortiguar el impacto doméstico del conflicto, proteger a los agricultores estadounidenses y evitar un deterioro adicional del coste de la vida.
La decisión también encaja en una estrategia más amplia de reintegración económica entre Estados Unidos y Venezuela tras la caída de Maduro, pero el móvil inmediato es claro: compensar el shock de oferta provocado por la guerra con Irán y enfriar el riesgo político de una nueva escalada de precios dentro de EE.UU.
EE.UU. autoriza negociar y firmar contratos contingentes para nuevas inversiones en los sectores del petróleo, gas, petroquímicos y electricidad en Venezuela, incluidas nuevas exploraciones, ampliación de operaciones existentes y creación de nuevas joint ventures o entidades relacionadas con esas actividades.
Pero la propia licencia subraya que la ejecución de esos contratos sigue condicionada a una autorización separada. Es decir, Washington permite preparar el terreno, negociar y estructurar operaciones, pero se reserva el control final sobre su puesta en marcha.
En lo económico, favorece que empresas estadounidenses vuelvan a comprar crudo y petroquímicos venezolanos y que participen en la modernización de infraestructuras clave, sobre todo la red eléctrica y sectores asociados a la producción energética. También busca diversificar el abastecimiento de fertilizantes para el mercado estadounidense, algo especialmente sensible para la agricultura.
En lo político, consolida una línea de flexibilización selectiva de sanciones bajo la presidencia de Trump, pero sin desmantelar del todo el andamiaje coercitivo: las licencias mantienen restricciones sobre pagos no comerciales, oro, criptomonedas oficiales venezolanas, buques bloqueados y operaciones con personas o entidades vinculadas a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y, en varios supuestos, China.
Algo crucial: Los contratos con el Gobierno de Venezuela, PDVSA (la petrolera estatal venezolana) o entidades controladas por PDVSA deben regirse por leyes de EE.UU. o de alguna de sus jurisdicciones y prever resolución de disputas en territorio estadounidense. Además, determinados pagos a personas bloqueadas deben ir a fondos de depósito designados por el Tesoro, y quienes operen bajo estas licencias deben remitir informes detallados a las autoridades estadounidenses.
En su primer mandato, Trump fue endureciendo por fases la presión sobre el petróleo venezolano. Primero bloqueó en agosto de 2017 el acceso del Gobierno de Venezuela y de PDVSA a nueva financiación en los mercados estadounidenses con una orden ejecutiva (decreto). Después, en noviembre de 2018 permitió sancionar a quienes operaran en sectores clave de la economía venezolana. El golpe central llegó el 28 de enero de 2019, cuando OFAC sancionó formalmente a PDVSA por operar en el sector petrolero venezolano, congeló sus bienes sujetos a jurisdicción de EE.UU. y desvió los pagos por ventas a cuentas bloqueadas.
En marzo de 2019 Washington amplió la presión al sector financiero, y en mayo de 2019 añadió el sector de defensa y seguridad a las áreas sancionables bajo esa misma orden. El 5 de agosto de 2019 Trump dio otro salto y bloqueó los bienes e intereses del Gobierno de Venezuela en Estados Unidos y consolidó un embargo de hecho sobre el aparato estatal chavista. A lo largo de 2019 y 2020, el Tesoro fue sancionando además navieras, intermediarios y buques que movían crudo venezolano, en especial hacia Cuba, para cerrar vías de evasión.

