El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este jueves a los cárteles mexicanos de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras y globales. Se trata de la segunda tanda de grupos del narco que la Administración de Donald Trump señala como articuladores … contra la seguridad de su país.
Al inicio de su segundo mandato en la Casa Blanca, el presidente ya designó como grupos terroristas a los cárteles de Sinaloa y al de Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal más poderoso del mundo.

La principal consecuencia de la designación es que, por la legislación posterior al 11-S, aquellos grupos designados como terroristas pueden ser perseguidos, atacados o capturados por fuera de la jurisdicción estadounidense.

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Milton Merlo

La designación suma tensión a la relación bilateral entre Estados Unidos y México porque la presidenta Claudia Sheinbaum rechaza que EE.UU intervenga contra los cárteles de la droga en suelo mexicano.
A su vez, diversos funcionarios del gabinete de Trump, así como también la prensa estadounidense, han señalados nexos de narcotraficantes con el movimiento de izquierdas que actualmente gobierna México.
Tanto el Cártel de Juárez como Los Viagras ya figuraban en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro por actividades relacionadas con el narcotráfico. Ahora se suma el señalamiento de amenaza terrorista.

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Mientras las autoridades mexicanas concentraban sus esfuerzos en detener líderes o contener brotes de violencia, ambos grupos conservaron operadores, corredores estratégicos, fuentes de financiación y capacidad de reorganización.
Hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el Cártel de Juárez y Los Viagras se habían debilitado.

Control de la cocaína

El primero había perdido a la generación de Amado Carrillo Fuentes. ‘El señor de los cielos’, sufría el desgaste de una guerra de más de una década contra el Cártel de Sinaloa y acumulaba la captura o muerte de varios de sus principales operadores.
Carrillo Fuentes revolucionó el tráfico de drogas al utilizar una flota de aviones comerciales Boeing 727 para transportar toneladas de cocaína colombiana directamente hacia la frontera con EE.UU. Durante este periodo, la organización no solo monopolizó la codiciada frontera de Chihuahua, sino que corrompió altas esferas del poder político y militar en México, operando con una impunidad casi absoluta.
La fortuna del imperio comenzó a tambalearse en 1997, cuando ‘El Señor de los Cielos’ falleció en la Ciudad de México tras una fallida cirugía estética para cambiar su rostro. El control de la organización pasó entonces a manos de su hermano, Vicente Carrillo Fuentes, alias ‘El Viceroy’, quien adoptó un perfil mucho más beligerante para contener las amenazas externas.
En la cultura popular mexicana está muy arraigada la leyenda de que Carrillo Fuentes está vivo, escondido en alguna latitud.
El colapso definitivo del grupo se selló a partir de 2004, tras la ruptura de su alianza con el Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y el posterior encarcelamiento de ‘El Viceroy’.
Los Viagras, en tanto, llevaban meses arrinconados por la ofensiva del Cártel Jalisco Nueva Generación en los estados de Michoacán, Guerrero y diversas zonas del estado de México, la geografía que en el país se conoce como «Tierra caliente».
Los Viagras son un grupo especialmente sanguinario y que nació del movimiento de autodefensas en Michoacán. Se trata de grupos de campesinos que se armaron inicialmente para detener a los narcos pero luego, tras vencerlos, se quedaron con su negocio criminal.
Han incurrido en prácticas de terror, como enviar mensajes con decapitados, colgar de puentes a sus rivales o detonar coches bomba.
De hecho, hace diez años los gobiernos locales, así como el federal, decidieron institucionalizar parte de esos grupos clandestinos mediante la creación de la Fuerza Rural. De ese modo, varios de sus integrantes obtuvieron reconocimiento oficial, conservaron organización territorial y fortalecieron redes de operación clandestina.

Nueva tensión entre México y EE.UU.

En narcotráfico se ha convertido, en las últimas dos semanas, en el epicentro de la mayor tensión bilateral entre México y EE.UU. que se haya registrado en años recientes. El conflicto se recrudeció tras las polémicas declaraciones de altos funcionarios de la agencia antidrogas (DEA), quienes señalaron el pasado lunes una presunta «conexión inseparable» entre los cárteles y sectores del Gobierno mexicano.
Sheinbaum rechazó tajantemente las acusaciones, tachándolas de políticamente motivadas y exigiendo respeto a la soberanía nacional frente a cualquier interferencia extranjera.
A estas tensiones se suma el entorno de Trump donde domina una retórica punitiva hacia el narcotráfico. Desde Washington se presiona con amenazas de imposición de aranceles de coacción y la designación de más organizaciones criminales como grupos terroristas. Incluso se ha sugerido la posibilidad de autorizar operaciones militares directas en territorio mexicano para combatir la epidemia del fentanilo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos limitará la duración de los visados para periodistas y estudiantes extranjeros, para que se ajuste al tiempo que duren tanto los programas de estudios como las actividades periodísticas y no se extiendan más allá de lo previsto. Las directrices actuales permiten seguir viviendo de forma temporal en el país más allá de haber finalizado los estudios.La modificación entrará en vigor 60 días después de su publicación, prevista para este viernes. Este ajuste cambia el período de admisión en las categorías de visados F, J e I, esto es estudiantes, intercambios culturales y periodistas, estableciendo una admisión por un período determinado, al tiempo que fija condiciones adicionales para la admisión y prórroga de los visados.»Esta norma definitiva proporcionará protecciones y una supervisión adicionales de estas categorías de no inmigrantes y permitirá al DHS evaluar mejor si estos no inmigrantes mantienen su estatus mientras se encuentran temporalmente en Estados Unidos», señala el escrito.Para estudiantes y miembros de intercambios culturales se establecerá que el permiso se ajuste a la duración del programa, sin exceder un período de cuatro años. Respecto a periodistas, el permiso de entrada se ajustará hasta que completen las actividades o tareas propias del visado «sin que dicho período exceda los 240 días».En el caso de estudiantes que cambien de programa o de centro educativo se exigirá que complete su primer año académico del programa de estudios en el centro que le expidió inicialmente el formulario de entrada en Estados Unidos. Del mismo modo, se prohíbe que los estudiantes extranjeros con visados de posgrado cambien de programa.Al mismo tiempo, se reduce de 60 a 30 días el aviso para que un estudiante extranjero se prepare para abandonar el país cuando se acaben sus estudios, mientras que si acaba antes de tiempo tiene ese mismo plazo para salir del país y poner en orden su situación con las autoridades estadounidenses.El CPJ condena las nuevas restriccionesEl Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha condenado este jueves la decisión de Estados Unidos de aplicar nuevas restricciones a los visados de corresponsales internacionales en Estados Unidos. Según un comunicado del CPJ, esta nueva medida «abandona una política de décadas que permitía a los periodistas extranjeros informar sin temor a que su estatus migratorio pudiera ser utilizado en su contra».»Esta es la última escalada que el CPJ ha documentado, siguiendo una pauta de violaciones de la libertad de prensa profundamente preocupante por parte de esta Administración», aseguró en el comunicado José Zamora, director regional de la organización para las Américas. Zamora subrayó que este «es el comportamiento de una democracia en retroceso, no el de la vanguardia internacional de la libertad de expresión».

La Fiscalía Europea ha anunciado el inicio del proceso penal contra 22 personas por el denominado ‘caso Opekepe’, considerado uno de los mayores escándalos de fraude de subvenciones agrícolas de la Unión Europea.Entre los acusados figuran cuatro diputados en activo del partido … conservador Nueva Democracia, investigados por presuntos delitos relacionados con la gestión irregular de fondos comunitarios.

La Fiscalía ha imputado a los diputados Kostas Skrekas, exministro de Medio Ambiente y Energía y posteriormente de Desarrollo; el ex viceministro de Gobernanza Digital, Jristos Bukoros; Maximos Senetakis, exministro también de Desarrollo, y la diputada Katerina Papakosta. Los cuatro están acusados de instigación a la deslealtad e instigación a la gestión ilegal de fondos europeos. Papakosta también ha sido encausado por instigación a la falsificación de certificados e intento de fraude informático, delitos tipificados como menores contra los intereses financieros de la UE.

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Marta Cañete

Por otro lado, la Fiscalía Europea ha archivado la investigación contra otros siete diputados de Nueva Democracia, al considerar que no existen pruebas suficientes para sostener la imputación. Se trata de Yannis Kefalogiannis, Kostas Tsiaras, Notis Mitarakis, Dimitris Vartzopoulos, Theofilos Leontaridis, Vassilis Vassiliadis y Kostas Karamanlis. El pasado mes de abril, el Parlamento griego retiró la inmunidad a todos estos diputados a petición de la Fiscalía para facilitar el desarrollo de la investigación.
Tras conocerse el archivo de la causa para estos siete parlamentarios, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, defendió públicamente la actuación de su Gobierno y aseguró que la decisión de la Fiscalía Europea refleja «la verdadera dimensión» del caso. Mitsotakis hizo hincapié en que la mayoría de los diputados investigados han quedado completamente exonerados, y que los cuatro que continúan procesados deberán responder únicamente por delitos de carácter menor.
Mitsotakis también ha pedido a los partidos de la oposición que pidan disculpas por haber cuestionado la presunción de inocencia de los investigados y por presentar al Ejecutivo griego como «un gobierno de presos en espera de juicio». Al mismo tiempo, el político también criticó la actuación de la Fiscalía Europea al considerar que, en algunos momentos de la investigación, parecía «estar influenciada por la confrontación política interna».

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Además de los cuatro diputados, la Fiscalía ha procesado a otras 18 personas, entre ellas el asesor de un parlamentario, varios altos funcionarios y un veterinario por fraude en las subvenciones, intento de fraude informático y falsificación de documentos oficiales, delitos que pueden acarrear penas de hasta cinco años de prisión.

La mayor trama de fraude agrícola de Grecia

Este caso salió a la luz el pasado verano, cuando la Fiscalía detectó pagos irregulares realizados a través de la agencia estatal griega Opekepe, responsable de la gestión de las ayudas agrícolas financiadas por la Unión Europea.
Desde entonces, los investigadores han identificado a más de 300 personas que habrían recibido de forma irregular subvenciones agrícolas entre 2018 y 2020 por un importe de hasta 20 millones de euros.

Una red para desviar ayudas

Según la investigación, la trama comenzó a finales de la pasada década. La organización localizaba terreros baldíos o sin declarar en distintas islas griegas utilizando la información disponible de seis Centros de Recepción de Declaraciones (KYD, por sus siglas en griego), cuyos responsables tenían acceso a la base de datos geoespacial de Opekepe y a los mapas oficiales de las superficies con derecho a recibir subvenciones.
Una vez identificadas las parcelas, la red captaba personas para figurar como supuestos arrendatarios y a otras que aparecían como arrendadores ficticios. Posteriormente, los KYD presentaban las solicitudes de subvención dentro de los plazos establecidos y, una vez recibidas las ayudas, dos contables de la organización distribuían presuntamente el dinero entre los implicados en función del papel desempeñado por cada uno.