Florida solicita una orden judicial contra Meta por generar adicción en menores
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este miércoles que ha solicitado una orden judicial provisional contra Meta para que desactive las funciones que crean adicción entre los jóvenes al considerar que estas herramientas generan también «ansiedad, depresión o trastornos alimentarios». «Acabamos de pedir a un tribunal de Florida que ordene a Meta desactivar las funciones que enganchan a los adolescentes y que deje en paz a los niños de Florida cuando están en la escuela o durmiendo». «Meta intentó que aceptáramos su oferta a la baja, pero no vamos a traicionar a nuestros niños», indicó el fiscal en la red social X. Esta decisión se produce más de un mes después de que Meta acordara pagar hasta 16.680 millones de dólares (14.315 millones de euros) para resolver las demandas presentadas por varios estados de EEUU, por la capacidad de sus redes de generar adicción entre los menores, entre otras razones. Según Uthmeier, Meta mintió al decir a los padres que Instagram y Facebook eran seguros, puesto que una investigación mostró que fomentaban la ansiedad, la depresión y los trastornos alimentarios, y contaban con la presencia de «depredadores en los mensajes directos». En el escrito judicial presentado ante la corte, Florida solicita la desactivación inmediata en cuentas de menores de funciones como el desplazamiento infinito (‘infinite scroll’), la reproducción automática de vídeos y las notificaciones nocturnas enviadas entre las 22:00 y las 6:00. Además, exige la eliminación o restricción de los filtros de alteración facial o corporal en cuentas de menores, al señalar que promueven trastornos de la imagen corporal y dismorfia entre adolescentes, y urge a implementar un sistema de verificación de edad efectivo que elimine todas las cuentas de menores de 13 años. La mayoría de estas medidas se encuentran entre las que el fundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, se comprometió a implementar tras el juicio, en el que negó las acusaciones y cualquier responsabilidad. En concreto, las autoridades acusaban a la compañía tecnológica de diseñar sus redes sociales para generar adicción entre los menores, engañar al público sobre los peligros de sus plataformas, ignorar los daños causados a la salud mental y física de los jóvenes, y violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar datos de menores.

