El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha confirmado este jueves todos los cargos presentados contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad durante la llamada ‘guerra contra las drogas’, por lo que ha decidido finalmente enviarlo a juicio.La Sala … de Cuestiones Preliminares I ha confirmado por unanimidad los tres cargos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad después de las audiencias judiciales previas al juicio que se han venido realizando durante los últimos meses, tal y como ha señalado la corte en un comunicado.

Así, ha indicado que hay indicios «significativos» para considerar que Duterte es «responsable de estos crímenes y de los delitos de asesinato y de intento de asesinato» en base al artículo 7 del Estatuto de Roma -el tratado fundacional del TPI-. «Estos delitos fueron cometidos como parte de un ataque sistemático a la población civil en el territorio filipino entre noviembre de 2011 y 2019», ha puntualizado el TPI en relación a parte de su mandato como presidente del país.

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Guerra contra las drogas

Susana Gaviña

La sala ha llegado a esta conclusión tras revisar las pruebas y los argumentos presentados por la Fiscalía y después de rechazar los intentos de la defensa de presentar nuevos informes sobre el estado de salud del exmandatario, de 81 años. También han atendido a los documentos presentados por las partes interesadas, entre las que se encuentran grupos de víctimas y familiares.
El tribunal ha indicado que el caso queda ahora pendiente de juicio y ha recordado que la corte actúa de forma «imparcial y justa» y que la defensa «tendrá el tiempo suficiente para prepararse», siempre «respetando los derechos de las víctimas», tal y como recoge el texto.
Para los miembros que componen la Sala de Cuestiones Preliminares todo apunta a que Duterte es «responsable individualmente de crímenes recogidos en el artículo 25 del estatuto, los cuales habría cometido como cómplice, de forma indirecta». «Entre el 1 de noviembre de 2011 y marzo de 2019, Duterte y sus cómplices compartieron un plan para neutralizar criminales en Filipinas, incluidos aquellos supuestamente relacionados con el consumo, venta o producción de drogas», han afirmado.
En este sentido, los coautores de este plan pusieron sobre la mesa la posibilidad de «neutralizar» a estas personas también mediante «crímenes violentos que incluyen el asesinato», unas medidas que se habrían llevado a cabo de forma sistemática.

Familiares de las víctimas hacen campaña en Filipinas para que el expresidente Duterte sea juzgado por el TPI.

(EFE)

Uso de los cuerpos de seguridad

Durante su mandato como alcalde de Davao, Duterte y otros altos cargos «encargados de hacer cumplir la legislación, hicieron uso de policías de la ciudad y sicarios para asesinar a presuntos delincuentes», recoge el documento, que señala que «mediante su autoridad de iure o de facto, uno o más coautores de estos crímenes controlaban la estructura de poder».
Con esto, hace referencia principalmente a la Policía local y a otros cuerpos de las fuerzas de seguridad. «Duterte se encontraba, como alcalde, en la cúspide de las estructuras policiales y municipales, con control legal sobre las unidades de la Policía Nacional de Filipinas en la ciudad de Davao, así como sobre de funcionarios del Ayuntamiento de Davao y funcionarios de Barangay (la unidad política y administrativa más pequeña de Filipinas), que a veces participaban o facilitaban los crímenes», ha detallado el TPI.
Duterte habría encabezado este tipo de acciones y estructuras, que se extendieron cuando pasó a ocupar la Presidencia, sostiene el texto. «Durante el periodo presidencial, Duterte y sus cómplices utilizaron la red nacional, incluyendo a sus miembros de bajo nivel, como herramientas para cometer los crímenes contemplados en ese plan común», ha alertado la corte.

«Durante el periodo presidencial, Duterte y sus cómplices utilizaron la red nacional, incluyendo a sus miembros de bajo nivel, como herramientas para cometer los crímenes contemplados en ese plan común»

«En sus nuevas funciones, que ampliaron su alcance geográfico, los cómplices controlaron la voluntad de los perpetradores mediante un mecanismo que garantizaba su obediencia automática a sus órdenes. Este mecanismo se basaba en la autoridad que ejercían sobre los perpetradores a través de las cadenas de mando; el reclutamiento de personas leales y a quienes sabían que podían controlar (incluyendo subordinados ya conocidos por su participación en asesinatos en la región de Davao, trasladados a otras partes del país); amenazas y el uso de la violencia para asegurar el cumplimiento», ha especificado.
También se dio «el aprovechamiento de circunstancias que les permitían ejercer presión sobre sus subordinados; la supervisión y el reporte de las operaciones; y los pagos y otros incentivos a los perpetradores», apunta la resolución. «Los encargados de llevar estas acciones a término eran intercambiables dentro del aparato y quienes no acataban las órdenes corrían el riesgo de ser asesinados si se les percibía como opositores o una amenaza para el plan», ha zanjado.
Duterte se encuentra detenido en la ciudad neerlandesa de La Haya desde marzo de 2025. Fue entregado al TPI en marzo de 2025, precisamente, por las autoridades filipinas bajo el Gobierno de Ferdinand Marcos Jr.-perteneciente a una familia otrora aliada del exmandatario-, que lo detuvieron en virtud de la orden de arresto emitida por la corte. Con todo, su detención y entrega es objeto de debate en el país, donde cuenta con una base de seguidores fieles, y su hija, Sara Duterte, ha anunciado su candidatura a las próximas elecciones presidenciales, que se celebrarán en 2028.

La UE quiere probar sus posibilidades de defensa común. La Comisión Europea ha puesto en marcha su ambicioso programa de financiación del rearme de los distintos países con más de 150.000 millones de euros, pero eso no sirve para describir cómo deberían actuar unos … y otros en caso de un ataque.
En marzo, proyectiles lanzados desde el Líbano por el grupo terrorista proiraní Hizbolá alcanzaron la isla de Chipre, por lo que su presidente, Níkos Christodoulídis, sugirió la necesidad de que la Unión Europea tuviera un debate sobre el artículo 42.7, en el que se define la obligación de todos los países miembros de ayudar al que fuera atacado. El presidente del Consejo, António Costa, decidió entonces incluir este delicado asunto en las discusiones de la reunión informal que se celebra este jueves por la noche y este viernes en Nicosia.

La gran mayoría de los países miembros de la UE lo son también de la OTAN, por lo que hasta ahora estaba claro que, en caso de necesidad, la Alianza Atlántica sería el mecanismo óptimo para la defensa y la disuasión. Sin embargo, las extemporáneas posiciones del presidente norteamericano Donald Trump sobre Groenlandia suscitaron un debate sobre la necesidad de que la UE tuviera su propio mecanismo de defensa. Es más, el pasado mes de enero, el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, llegó a afirmar que la cláusula de asistencia mutua europea debería aplicarse en el caso de Groenlandia, aunque para ello debería reforzarse el mecanismo legal, con la utilización de una estructura de mando militar clara que aún no existe.

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Enrique Serbeto

El artículo 42.7 del Tratado solo se ha invocado una vez. Lo hizo Francia en noviembre de 2015 tras una serie de atentados terroristas mortales del Daesh en París. En aquel entonces, el asunto se despachó como un gesto político de apoyo con intervenciones meramente policiales. Esa disposición establece que, si un miembro de la UE se enfrenta a una «agresión armada», los demás países tienen la obligación de prestarle «ayuda y asistencia por todos los medios a su alcance». La cláusula no define siquiera si dicha ayuda incluye una respuesta militar, ya que fue redactada teniendo en cuenta las susceptibilidades de países neutrales como Irlanda y Austria, que junto a Malta y Chipre son los únicos que no forman parte de la OTAN.
También muchos de los que sí forman parte de la Alianza Atlántica, sobre todo los del este de Europa, temen que el excesivo protagonismo de un proyecto de defensa europea solo serviría para dar argumentos a la Administración norteamericana para reducir aún más su interés por contribuir a la OTAN.

El artículo 42.7 del Tratado solo se ha invocado una vez. Lo hizo Francia en noviembre de 2015 tras una serie de atentados terroristas mortales del Daesh en París

La alta representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha sido la encargada de explicar a los miembros del Consejo Europeo que durante el mes de mayo y junio se harán ejercicios prácticos de simulación de la entrada en vigor del artículo 42.7. En una primera escala serán los embajadores, que son los que están permanentemente en Bruselas, los que tendrán que afrontar el simulacro de ataque. Después serán los ministros, pero aún no se ha definido si serán los de Asuntos Exteriores o los de Defensa. Los participantes deberán poder reaccionar en tiempo real y poner sobre la mesa los medios disponibles para contribuir a la defensa del país que supuestamente estaría siendo atacado, con el fin de comprobar hasta qué punto serían opciones realistas.

Posibles escenarios

Los posibles escenarios son también diversos: no es lo mismo un ataque híbrido a un país en concreto, que a su vez podría pedir ayuda a los demás sin necesidad de pasar por las instituciones europeas, que un caso en el que los agredidos fueran varios. Esto sí obligaría a la Comisión a intervenir como mecanismo de coordinación. Y aún sería más complejo si en ese escenario se pusieran en marcha simultáneamente el artículo 24.7 de la UE y el artículo 5 de la OTAN. Que se sepa, nadie se ha atrevido a plantear para este ejercicio la posibilidad siquiera teórica de que el agresor fuera Estados Unidos. Ni tampoco llegan a plantear la hipótesis de que el agresor fuera la principal amenaza, es decir, Rusia, potencia nuclear y principal amenaza, que es un caso que en estos momentos tendría que afrontarse a escala de la Alianza.

Costa y Von der leyen piden el inicio de negociaciones para la entrada de Ucrania
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la de la Comisión, Úrsula von der Leyen, se han reunido con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Nicosia, donde se celebra una cumbre informal de líderes europeos. Los tres dirigentes han celebrado el acuerdo para el desembolso del crédito de 90.000 millones de euros con el que Ucrania va a poder mantener su estabilidad financiera y la aprobación del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia. En el comunicado conjunto se pide que se inicie «lo antes posible» el proceso de negociaciones para el ingreso de Ucrania en la UE como respuesta «al progreso en las reformas que Ucrania ha logrado hasta ahora en circunstancias difíciles». Zelenski estaba invitado a informar a los miembros del Consejo Europeo sobre la situación de la guerra en su país.

Según medios conocedores del ejercicio, la principal diferencia entre la cláusula europea y la atlántica es que, en caso de agresión, la OTAN ya dispone de una cadena de planificación y mando bien engrasada, mientras que la UE carece de ella. Tal vez por eso, la mayoría de países miembros siguen prefiriendo la europeización de la OTAN que la creación de un ejército de la UE que debería estar bajo el mando de la Comisión, con toda la complicación que eso significa.

Donald Trump ha anunciado este jueves que Israel y el Líbano han acordado extender durante otras tres semanas la tregua que acordaran la semana pasada. El presidente de EE.UU. comunicó el avance diplomático después de una reunión con representantes de ambos países en … la Casa Blanca. Esa tregua, acordada durante diez días, expiraba este fin de semana.
«¡La reunión fue muy bien!», celebró Trump en un mensaje en su red social después del encuentro, cuyo éxito había ganado enteros después de que fuera trasladado del Departamento de Estado -el lugar en el que tuvieron lugar las conversaciones la semana pasada- a la propia residencia del presidente de EE.UU.

A diferencia de cuando Trump anunció la primera tregua la semana pasada, en esta ocasión sí mencionó al principal factor para la consecución de un acuerdo entre dos países: Hizbolá, la milicia terrorista proiraní que controla buena parte del Líbano y que abrió un nuevo frente en la guerra de Irán cuando lanzó ataques contra Israel poco después del comienzo de los bombardeos de la aviación israelí y estadounidenses el pasado 28 de febrero.

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Carlota Pérez

«EE.UU. va a trabajar con el Líbano para ayudarle a protegerse de Hizbolá», aseguró ahora Trump, en un momento en el que varios ataques cruzados entre los israelíes y la milicia proiraní haya puesto de manifiesto esta semana la debilidad de la tregua.
La semana pasada, en el primer anuncio de la tregua, Trump aseguró que se produciría una cumbre en la Casa Blanca entre los mandatarios de los dos países implicados. «Espero con interés, en un futuro cercano, poder recibir al primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu, y al presidente del Líbano, Joseph Ahoun, ¡fue un gran honor participar en esta reunión histórica!».
De memento, no hay fecha para esa cita, que sería un encuentro de gran sensibilidad política tanto para Netanyahu como para los libaneses. Ambos países están técnicamente en guerra desde la fundación de Israel en 1948, que fue respondida con la declaración de guerra de sus vecinos árabes y no han mantenido conversaciones de paz significativas desde comienzos de la década de 1980.
«Creo que hay muchas posibilidades», respondió Trump a la prensa desde el Despacho Oval, donde se produjo la reunión, sobre la posibilidad de que estas conversaciones culminen en una paz duradera entre ambos países. «Comparten amistad sobre las mismas cosas y comparten enemistad sobre las mismas cosas», defendió el presidente de EE.UU.
El elemento clave es Hizbolá, sobre el que el Gobierno del Líbano no tiene gran capacidad de control y que tiene apoyo en un espectro amplio del país. El grupo pro-iraní ha sido el principal actor en los ataques a Israel desde el Líbano.
El embajador de EE.UU. ante Israel, Mike Huckabee, defendió que «los pueblos del Líbano y de Israel son vecinos que quieren llevarse bien». Pero el problema es Hizbolá, al que comparó «con un chico malo que vive en el vecindario y que insiste en lanzar piedras a las ventanas de todos los vecinos. Si ese chico parara de tirar piedras, los vecino se llevarían bien y trabajarían juntos».
Una de las exigencias de Trump en las negociaciones para un acuerdo con Irán es que Irán deje de dar apoyo y financiación a Hizbolá, así como a otros grupos que desestabilizan la región, desde Hamás en Palestina a los hutíes en Yemen.
«Sí, tiene que cortar ese apoyo», respondió el presidente sobre si eso sigue siendo una exigencia para que el acuerdo salga adelante. «Es algo indispensable».

Fragilidad del alto el fuego

La extensión de la tregua ocurre en un momento en el que su supervivencia está en peligro, en medio de ataques cruzados entre Israel y Hizbolá en el sur del Líbano. Hasta el acuerdo de alto el fuego de la semana pasada habían muerto cerca de 2.300 personas en el país y más de un millón se vieron obligadas a abandonar sus hogares.
El mismo jueves, antes de que se extendiera la tregua, un ataque israelí en Nabatieh registró tres víctimas mortales y otro dejó dos heridos en un pueblo cercano. En la víspera, una periodista murió en otro ataque y la Cruz Roja acusó a las fuerzas israelíes de lanzar ataques en la operación para su rescate. Hizbolá, por su parte, aseguró que había atacado tres posiciones israelíes en el sur del Líbano durante el jueves.
Los representantes de ambos países dieron las gracias a Trump por su intermediación. El embajador de Israel, Yechiel Leiter, defendió que los dos países «nunca han estado tan cerca el uno del otro como hoy» y que seguirán «trabajando para la paz».
Por su parte, la embajadora libanesa, Nada Hamadeh Moawad, celebró el «histórico momento» vivido en la Casa Blanca y dedicó unas palabras a Trump: «Con su ayuda, con su apoyo, podemos hacer al Líbano grande otra vez», aseguró en un guiño al lema político de Trump, MAGA (‘Make America Great Again’, ‘Hacer a EE.UU. grande otra vez’).