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Los países afectados por los aranceles acusan a Trump de utilizar el trabajo forzoso como «excusa» para desatar una guerra comercial

Los nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% anunciados por Donald Trump para las importaciones de 60 países y economías han reavivado las tensiones comerciales y las críticas de los gobiernos afectados. La medida se apoya en una investigación sobre supuestos «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso» y amplía la ofensiva arancelaria de Washington iniciada con la llegada de Trump a la Casa Blanca.Uno de los primeros gobiernos extranjeros en reaccionar a esta nueva medida fue Brasil, que acusó a Washington de utilizar la lucha contra el trabajo forzoso como excusa para justificar su política comercial proteccionista.A través de un duro comunicado, la Administración de Lula da Silva dijo que «ante la falta de un fundamento legal interno que respalde su política comercial proteccionista», Estados Unidos «optó por manipular un tema tan importante» para imponer un nuevo impuesto.El gobierno japonés, por su parte, calificó de «lamentable» la imposición de nuevos aranceles. «A pesar de que la industria y el comercio de nuestro país operan de conformidad con las normas internacionales, resulta lamentable imponer aranceles a Japón con el argumento de falta de medidas de prohibición de importación de productos fabricados mediante trabajo forzado», dijo el portavoz gubernamental, Minoru Kihara.En esa línea, Australia exigió este viernes a Estados Unidos la retirada de los nuevos aranceles del 12,5% impuestos a la mayoría de sus exportaciones, al considerar que carecen de justificación, vulneran el acuerdo de libre comercio entre ambos países y desconocen los esfuerzos australianos contra el trabajo forzoso. «Estos aranceles son injustificados, incompatibles con nuestro acuerdo de libre comercio y deben eliminarse», afirmó el ministro australiano de Comercio, Don Farrell, en una rueda de prensa horas antes de que entre en vigor la medida.El gobierno de Chile señaló que el país «cuenta con una sólida institucionalidad laboral» y que «negociará» con Estados Unidos para ser excluido de la lista de las 60 economías afectadas por los aranceles, mientras que México aseguró que ha evitado la aplicación de los nuevos aranceles al conservar el trato preferencial para las exportaciones que cumplen el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Por qué Israel antepuso su asociación estratégica en el Cáucaso Sur a la política simbólica

El Parlamento israelí, la Knéset, ha suspendido el proceso de reconocimiento del denominado «genocidio» armenio. Se trata de una resolución impulsada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel el 26 de junio de 2026 para reconocer el «genocidio armenio» en el Imperio otomano (Azerbaiyán y Turquía no aceptan esta formulación, mientras que Armenia ya no exige su reconocimiento; nota de la autora). Para completar el procedimiento, el documento debía obtener el respaldo de la Knéset, pero la contundente reacción de Bakú y la postura moderada de la propia Ereván frenaron su avance.El 17 de julio, al cierre de la semana anterior, la Knéset ya había iniciado su receso de verano y no volverá a sesionar antes de las elecciones parlamentarias previstas para el 27 de octubre de 2026. Fuentes de Bakú y Jerusalén vinculan la decisión de aplazar el reconocimiento con el riesgo de deteriorar las relaciones con Azerbaiyán, socio estratégico de Israel y país con el que mantiene una cooperación de larga data en materia de seguridad, defensa y energía. Este desenlace refuerza la posición de Bakú como potencia media y uno de los actores clave de la región.Ereván ya no exige el reconocimiento del «genocidio». El 29 de junio, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán condenó la iniciativa israelí, calificó de «inaceptable» la politización de los acontecimientos de 1915 e instó a Jerusalén a reconsiderar su decisión. La resolución también encontró oposición en la propia Armenia, cuyo Gobierno proeuropeo trabaja por la reconciliación con Azerbaiyán y Turquía. «Abstenerse de participar en la instrumentalización del genocidio armenio responde a los intereses de la República de Armenia», declaró Pashinyan a finales de junio. Según RFI, su postura fue asimismo confirmada por el viceministro de Asuntos Exteriores Mnatsakan Safaryan.La última vez que Ereván planteó la cuestión ante Israel fue durante el régimen afín al Kremlin de Serzh Sargsyan: en noviembre de 2017, el ministro de Asuntos Exteriores Edward Nalbandian afirmó que Ereván «esperaba el reconocimiento». El Gobierno actual no respalda esas exigencias, ya que la normalización de las relaciones con sus vecinos forma parte de su rumbo hacia la adhesión a la UE. En la Knéset se presentaron repetidamente proyectos de ley de reconocimiento —en 2018, 2019 y 2021—, pero no prosperaron debido a la postura del Gobierno. Hasta la fecha, el «genocidio» armenio ha sido reconocido por solo 32 Estados, incluida Rusia, país con un largo historial de agresiones contra Ucrania, Georgia y Moldavia.Las posiciones de Bakú y AnkaraEn Bakú y Ankara, la tardía iniciativa israelí —nueve años después de la petición de Ereván— fue interpretada como una medida puramente política dirigida contra Erdogan, en respuesta a su retórica antiisraelí sobre la guerra en Gaza. La iniciativa también fue rechazada por las comunidades judías de Azerbaiyán y por sectores del establishment israelí. Zamir Isaev, rabino jefe de la comunidad sefardí de Bakú, se dirigió a los miembros de Shas y Judaísmo Unido de la Torá y les recordó que «Azerbaiyán es uno de los amigos más cercanos y leales de Israel». Shneor Segal, rabino jefe de la comunidad asquenazí, formuló un llamamiento similar ante la Knéset.La resolución también recibió críticas dentro del propio Israel. Efraim Inbar, presidente del Instituto de Jerusalén para la Estrategia y la Seguridad, calificó el intento de reavivar conflictos históricos de «error infantil y mezquino», dirigido contra Turquía pero perjudicial para la alianza con Bakú. La exdiputada de la Knéset Elina Bardach-Yalov señaló que el reconocimiento también contravenía los intereses de la propia Ereván, que se está acercando a Ankara. Según Ynet, Bakú consideró que la iniciativa suponía «cruzar una línea roja». Posteriormente, Israel paralizó de manera informal el proceso: la viceministra de Asuntos Exteriores Tzipi Hotovely se limitó a señalar que el ministerio no adoptaría una posición «debido al carácter claramente político» del asunto. Como concluyó el medio Haqqin, la iniciativa había quedado «enterrada en la práctica».Cómo la diplomacia de paz se impone a la política de confrontaciónNo es la primera vez que la posición de Bakú influye en las decisiones de sus socios. En 2009, la reacción de Azerbaiyán fue uno de los factores que retrasaron la ratificación de los Protocolos de Zúrich sobre la normalización entre Turquía y Armenia: a petición de Bakú, Ankara vinculó los protocolos a una solución del conflicto de Karabaj; el Parlamento turco no ratificó los documentos y, en 2018, Ereván los anuló. Ankara aún no tiene prisa por abrir su frontera con Armenia y espera la firma de un tratado de paz integral tras la guerra de Karabaj, en la que Bakú recuperó territorios que durante más de 30 años habían permanecido en manos de separatistas armenios con apoyo del Kremlin. El propio proceso de normalización en el eje Bakú–Ereván avanza bajo la mediación de Donald Trump: en el Despacho Oval, Ilham Aliyev y Nikol Pashinyan consolidaron el proceso de reconciliación, convertido en un factor de estabilidad ante la putinización de Georgia y la militarización de Irán.Netanyahu debe tener en cuenta la posición de Washington, para quien la reconciliación entre Bakú y Ereván es una prioridad. La suspensión del reconocimiento demostró que, mediante la diplomacia de paz de Aliyev, Azerbaiyán se consolida con creciente firmeza como potencia media en el Cáucaso Sur y Oriente Medio, y que la posición diplomática de Bakú y Ereván ya no puede ignorarse en cuestiones relativas al equilibrio regional.El contenido de este artículo refleja exclusivamente la opinión de su autor y no representa necesariamente la posición del medio.

Trump impone aranceles del 10% a España y otros socios por malas prácticas laborales

El presidente de Estados Unidos ha impuesto este jueves nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% a las importaciones procedentes de 60 socios comerciales, en una medida que afecta también a España como miembro de la Unión Europea. La Casa Blanca justifica … la decisión por la falta de leyes o de controles eficaces para impedir la entrada de productos elaborados mediante trabajo forzoso.
En el caso de la Unión Europea, el gravamen no será necesariamente un arancel adicional uniforme del 10%, sino que elevará hasta ese porcentaje los derechos totales aplicados a cada producto. Cuando el arancel ordinario estadounidense sea inferior al 10%, Washington añadirá la cantidad necesaria para alcanzar ese nivel. Si el producto ya paga un arancel igual o superior al 10%, no se impondrá un recargo adicional por esta medida.

Eso significa que una mercancía española que actualmente tribute, por ejemplo, al 3% pasará a pagar otro 7% bajo la llamada Sección 301 de la legislación comercial estadounidense, que permite al Ejecutivo investigar prácticas extranjeras que considere injustas. Una que ya soporte un gravamen del 10% o superior quedará, en principio, sin arancel adicional por este expediente.

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David Alandete

Tras anular el Tribunal Supremo los aranceles que Trump había impuesto al amparo de poderes de emergencia, la Casa Blanca buscó otra vía legal. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, dirigida por Jamieson Greer, anunció la decisión este jueves siguiendo instrucciones directas de Trump. La medida afecta a los 60 principales socios comerciales de Estados Unidos, que en conjunto representan el 99,4% de todas las importaciones del país.
«Estados Unidos es el único país del mundo que ha adoptado y aplica eficazmente una prohibición contra las importaciones producidas mediante trabajo forzoso», afirmó la Administración en una nota en el boletín oficial. Trump, añadió, está pidiendo a todos los socios comerciales que se sumen a Estados Unidos para «eliminar el trabajo forzoso de las cadenas mundiales de suministro».
Washington sostiene que la Unión Europea, pese a contar con normas destinadas a combatir esta práctica, «no ha aplicado eficazmente su prohibición de importar productos elaborados mediante trabajo forzoso». Esa conclusión permite a la Administración recurrir al mecanismo empleado tradicionalmente para responder a prácticas extranjeras que EE.UU. considera injustificadas, discriminatorias o perjudiciales para su comercio.

Trump presiona a Bruselas

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Según el documento oficial, los aranceles constituyen una medida «apropiada» para lograr que los países afectados eliminen las políticas o prácticas consideradas contrarias a los intereses estadounidenses. En el caso europeo, el objetivo declarado es presionar a Bruselas para que refuerce los controles y la aplicación de su legislación.
La Administración distingue entre los países que han asumido compromisos para aprobar y hacer cumplir prohibiciones sobre productos fabricados con trabajo forzoso y aquellos que no lo han hecho. Los primeros serán sometidos generalmente a un arancel del 10%; los segundos, a uno del 12,5%.
La Casa Blanca presentó la decisión como una medida de defensa de los trabajadores de EE.UU. Su argumento es que los bienes producidos mediante coerción o explotación laboral tienen costes artificialmente bajos y, por tanto, compiten en condiciones desleales con las empresas y trabajadores que cumplen unas normas laborales más exigentes.
Se excluyen, eso sí, materias primas cuya penalización pudiera provocar problemas de suministro en EE.UU.; bienes que pudieran causar alteraciones en el conjunto de la economía; productos que no pueden fabricarse o cultivarse suficientemente en territorio estadounidense; y mercancías cuya exención pueda servir como incentivo para que otros gobiernos aprueben o apliquen prohibiciones contra el trabajo forzoso.
La amplitud de esas excepciones determinará el impacto real sobre las exportaciones españolas. Los sectores más expuestos serán aquellos que actualmente disfrutan de aranceles estadounidenses reducidos y que no figuren en los anexos de productos exentos. El efecto será menor para mercancías que ya soportan derechos del 10% o superiores.

Sospechas por lazos con China

La decisión abre, sin embargo, un nuevo frente comercial con Bruselas. La Unión Europea aprobó en los últimos años un reglamento destinado a prohibir la comercialización de productos fabricados con trabajo forzoso, pero Washington considera insuficiente su aplicación práctica y recela de la apertura a China, donde sí se da trabajo forzoso. El reproche estadounidense no se dirige específicamente contra España, sino contra el sistema comunitario en su conjunto.
El presidente de EE.UU. ha convertido los aranceles en una herramienta no sólo económica, sino también diplomática, empleándolos para forzar concesiones sobre déficits comerciales, inversión industrial, seguridad nacional, inmigración y ahora derechos laborales.
La Administración sostiene que combina los aranceles con acuerdos bilaterales para corregir desequilibrios comerciales y favorecer el regreso de la producción industrial a EE.UU. Según Washington, diez socios comerciales ya se han comprometido a adoptar prohibiciones específicas contra las importaciones fabricadas mediante trabajo forzoso como parte de sus nuevos acuerdos comerciales con la Casa Blanca.
Trump ya consiguió durante su primer mandato que Canadá y México aceptaran compromisos de ese tipo dentro del acuerdo comercial que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahora pretende extender el mismo modelo a la mayor parte de los grandes exportadores mundiales.
La Casa Blanca afirma que la decisión supone «un golpe largamente esperado» contra el trabajo forzoso y «una llamada clara de atención al mundo» para que adopte políticas similares. Para la Unión Europea y España, sin embargo, se traduce de forma inmediata en una nueva barrera de entrada al mercado estadounidense y en otro conflicto comercial con una Administración Trump. cada vez más dispuesta a utilizar los aranceles como instrumento de presión.

Prisión preventiva para una 'influencer' en Turquía por «desprecio a la religión» y «difundir imágenes obscenas»

Un juzgado de Estambul ha decretado este jueves prisión preventiva para una joven influencer turca por «desprecio a una religión que representa a parte del pueblo», en referencia al islam, y «difundir imágenes obscenas», cargos que la acusada niega. Fatma Soydas, que tiene 285.000 seguidores en Instagram, adquirió popularidad en marzo al protagonizar un cántico de Ramadán en el programa de un conocido teólogo turco en una televisión relacionada con el Gobierno.No obstante, también ha causado polémica por sus contenidos. En mayo fue criticada por ofrecer a sus seguidores una versión de pago de sus contenidos, ingresando miles de euros en la primera hora, pero no está claro qué imagen ha causado su detención, ordenada este martes por la Fiscalía de Ankara.El miércoles, la influencer denunció que por internet circulaban imágenes creadas con inteligencia artificial que la mostraban con atuendos provocadores o en actitud de besar a otra mujer, sugiriendo que la denuncia habría surgido por estas imágenes falsas. En el contexto de la sociedad laica turca, estas imágenes tampoco se podrían calificar de «obscenas», y solo chocarían por incluir el hiyab, el velo islámico que caracteriza a las mujeres devotas.Los cargos de «mostrar desprecio a la religión que representa a parte del pueblo» se utilizan a menudo en los últimos años en Turquía, un país laico en el que no existe el delito de blasfemia, para perseguir a humoristas o personas críticas con el islam. Conlleva hasta tres años de cárcel, al igual que el delito de «difundir imágenes obscenas» que también se ha invocado en los últimos años contra mujeres artistas y cantantes con atuendos que antes se consideraban normal en Turquía.

Las 'cucarachas' de la India: de broma viral a desafío político

Lo que comenzó como una broma viral en redes sociales empieza a convertirse en una crisis social en las calles de la India. Las ‘cucarachas’, ese movimiento anticorrupción impulsado por jóvenes indignados, han iniciado una oleada de protestas. Estas manifestaciones suponen el principal … desafío cívico al poder, cada vez más incontestable, del primer ministro Narendra Modi, una amenaza sin solución a la vista.
La última convocatoria tuvo lugar este martes, cuando unos 5.000 manifestantes se concentraron en su escenario habitual, el manifestódromo de Jantar Mantar en Nueva Delhi. Allí, entre una marea de ‘tirangas’ –la bandera tricolor nacional– reiteraron sus tres reivindicaciones: reformas estructurales y la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan.

En esta ocasión los congregados se mantuvieron inmóviles y no avanzaron por las calles para evitar repetir lo sucedido un día antes. El lunes, decenas de miles de personas acudieron a ese mismo lugar, en la cita más multitudinaria hasta la fecha, con el propósito de marchar hacia el Parlamento pese a la prohibición explícita de las autoridades.

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Álex Bustos

Las fuerzas de seguridad, por tanto, acabaron por intervenir, reprimiendo la movilización mediante porrazos, gases lacrimógenos y hasta el corte de internet en la capital india. El fundador del movimiento, Abhijit Dipke, ha asegurado que más de 150 simpatizantes se encuentran hospitalizados a causa de la brutalidad policial y ha denunciado ataques violentos a mujeres.
La Policía ha defendido por su parte que estos «mostraron un comportamiento indisciplinado, agresivo y violento» y «violaron deliberadamente las órdenes restrictivas en vigor». Sus efectivos «manejaron las protestas de manera profesional», ha añadido, pese a la dureza de las imágenes difundidas en redes sociales. Según fuentes policiales, el número total de heridos se eleva a 118 agentes y 60 manifestantes, una llamativa asimetría entre ambos bandos.
Las tareas de contención prosiguen: las Fuerzas de Seguridad han desmantelado el escenario y las tiendas de acampada instaladas en Jantar Mantar, una calle de Nueva Delhi reservada para llevar a cabo manifestaciones. Pero los participantes han rehusado abandonar el lugar, protagonizando una sentada bajo la atenta supervisión de las fuerzas paramilitares desplazadas en las últimas horas. Desde el pasado viernes, las autoridades han clausurado hasta 16 estaciones de metro en Nueva Delhi, una medida que trata de dificultar la llegada de nuevos asistentes al centro neurálgico de las protestas.

Las protestas empezaron por la indignación al descubrirse la filtración de los exámenes de acceso a las facultades de Medicina

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Sin embargo, la dinámica de acción-reacción que alimenta toda movilización social ya está en marcha. La marcha del lunes, de hecho, vino impulsada dos días antes por la hospitalización forzosa del activista Sonam Wangchuk, en huelga de hambre desde el pasado 28 de junio. Durante este tiempo ha perdido once kilos, pero ha asegurado estar «todavía vivo» y dispuesto a continuar. El martes por la noche recibió la visita del ministro de Sanidad, JP Nadda, quien no logró hacerle cambiar de opinión.
A su vez, la violencia policial del lunes ha motivado la involucración de otros sectores de la sociedad. También el martes, el Congreso Nacional Indio, el principal partido de la oposición, organizó una concentración ante la residencia oficial de Modi para expresar su rechazo. Asimismo, estos fueron sofocados por la fuerza, empezando por su líder, Rahul Gandhi.

Los simpatizante del Partido de las Cucarachas (CJP) sostienen carteles contra Modi durante las protestas (primera y segunda foto)., En la última imagen, Abhijit Dipke, el fundador del Partido de las Cucarachas..

(REUTERS, RR.SS.)

El último miembro de la afamada dinastía política –en tanto que bisnieto del héroe de la independencia Jawaharlal Nehru, nieto de Indira Gandhi, hijo de Rajiv y Sonia Gandhi– fue reducido por un grupo de agentes entre banderas que rezaban «La democracia sangra cuando sus voces son golpeadas». Las protestas ya se han extendido a otras grandes ciudades como Bombay, Bangalore, Hyderabad o Goa.

Insulto y nombre

El Cockroach Janta Party o Partido de las Cucarachas surgió el pasado mes de mayo, ante la indignación causada por la filtración del examen de acceso a las facultades de Medicina. Este escándalo afectó a casi dos millones de estudiantes, quienes se vieron obligados a repetir la prueba, y según los denunciantes habría causado una docena de suicidios.

Su apodo viene del insulto que el presidente del Tribunal Supremo le dedicó a los jóvenes desempleados, a quienes comparó con las cucarachas

El episodio se ha convertido en prueba de la corrupción generalizada del país a ojos de las ‘cucarachas’. Su sarcástico nombre deriva de unos comentarios vertidos por el presidente del Tribunal Supremo, Surya Kant, quien en una intervención pública comparó a los jóvenes desempleados que protestan contra el sistema con este insecto.

El rey de las ‘cucarachas’

El fundador del Partido de las Cucarachas se llama Abhijit Dipke. Este treintañero, hasta hace poco desconocido, trabajaba como estratega de comunicación política tras haber realizado sus estudios de posgrado en Estados Unidos. En el pasado había colaborado con el Partido Aam Aadmi, liderado por Arvind Kejriwal, uno de los principales rivales de Modi, quien en 2024 pasó cinco meses en la cárcel por acusaciones de corrupción de las que fue absuelto. Redondea el retrato sociopolítico su origen ‘dalit’, según él mismo ha reconocido, el grupo de ‘intocables’ excluido del sistema tradicional de castas.

Modi, entretanto, ya ha puesto de su parte para aplacar los ánimos. «Nada es más importante que el bienestar y el futuro de nuestra juventud», ha escrito el primer ministro a través de una publicación en redes sociales este jueves.
«Hemos decidido crear tribunales de vía rápida para garantizar un castigo rápido y severo a quienes estén implicados en filtraciones de exámenes. He dado instrucciones a las autoridades y funcionarios competentes para que adopten todas las medidas necesarias al respecto», ha señalado. «Quienes intenten perjudicar el futuro de nuestra juventud no quedarán impunes».
Un día antes, el ministro de Asuntos Parlamentarios Kiren Rijiju ya adelantó que las Fuerzas de Seguridad habrían realizado 13 arrestos vinculados con las filtraciones.

La planta de Almusafes entra de lleno en la guerra comercial entre EE.UU. y China

El acuerdo de la automotriz estadounidense Ford con el fabricante chino Geely para montar coches eléctricos en Valencia ha desatado una ofensiva política en Washington y amenaza con convertir la planta de Almussafes en todo un frente de la rivalidad entre Estados Unidos y China … . Lo que en España se presentó como una operación destinada a asegurar el futuro de una fábrica histórica, y salvar puestos de trabajo, ha sido recibido por algunos legisladores estadounidenses como una concesión estratégica a Pekín.
El ataque más contundente llegó de John Moolenaar, presidente republicano de la Comisión de la Cámara de Representantes del Capitolio sobre China. El diputado por Michigan acusó a Ford de contribuir a los planes del Partido Comunista Chino para dominar las cadenas mundiales de suministro del automóvil y aumentar la dependencia occidental de la industria china. También calificó de incomprensible que Ford pida protección frente a la competencia china en EE.UU. mientras facilita la entrada de Geely en la producción europea.

«La decisión de Ford es incomprensible: busca protección frente a los fabricantes chinos que llegan a Estados Unidos mientras se asocia con Geely. Ford debería trabajar con nuestros aliados, no con nuestros adversarios», dijo.

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En Valencia

Pedro Martín Casado

Este ataque coloca el acuerdo en el radar de la Casa Blanca y del Congreso, donde existe un consenso creciente entre republicanos y demócratas para mantener a los fabricantes chinos fuera de todo el mercado estadounidense. La comisión que preside Moolenaar puede convocar audiencias, solicitar documentación a Ford y promover restricciones nuevas si considera que la alianza implica transferencia de tecnología, dependencia de componentes chinos o riesgos para la seguridad económica.
Ford y Geely anunciaron la creación de una empresa conjunta centrada exclusivamente en Europa. Ford controlará el 66% y Geely el 34%. La sociedad comenzará a operar, si recibe las autorizaciones necesarias, durante el primer semestre de 2027, y los nuevos vehículos saldrán de la línea de producción en 2028. La planta continuará fabricando mientras tanto el Ford Kuga. La nueva sociedad prevé producir un nuevo modelo de la familia Bronco, un crossover desarrollado conjuntamente y dos todocaminos eléctricos de Geely.
Para Ford, el pacto ofrece una solución a uno de sus principales problemas en Europa: el de una red industrial con exceso de capacidad y una cuota de mercado en retroceso. La planta valenciana puede fabricar alrededor de medio millón de vehículos al año, pero funcionó en 2025 aproximadamente al 26% de su capacidad, según datos citados por Reuters. Ford, que hace una década vendía más de un millón de automóviles anuales en Europa, redujo sus ventas a poco más de 426.000 unidades y cayó hasta el octavo puesto del mercado. Geely aporta plataformas, tecnología eléctrica, velocidad de desarrollo y costes más bajos.

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EE.UU. teme que los fabricantes chinos utilicen asociaciones de este tipo con grupos occidentales para consolidar su presencia fuera de China, sortear barreras comerciales y terminar desplazando a marcas tradicionales. Geely podrá fabricar por primera vez vehículos de su propia marca en Europa sin tener que exportarlos desde China. La producción local también reducirá su exposición a los aranceles europeos aplicados a los automóviles eléctricos importados y le facilitará el cumplimiento de futuras exigencias de contenido europeo.

En el radar de Donald Trump

Un día antes del anuncio, la Comisión de Comercio del Senado aprobó una propuesta bipartidista para reforzar la prohibición de vehículos y tecnologías vinculados a China. El texto impediría vender automóviles conectados en EE.UU. a empresas participadas en más de un 15% por entidades chinas y endurecería las restricciones sobre componentes, sistemas de comunicación y programas de gestión de baterías. Todavía debe superar el pleno del Senado y la Cámara de Representantes, pero refleja la dirección de la política estadounidense.
La nueva sociedad española no coloca automáticamente a Ford dentro de esa prohibición, porque Geely no adquiere una participación en la matriz estadounidense. Además, los vehículos anunciados se producirán para Europa. Pero cualquier intento futuro de utilizar en EE.UU. tecnología, plataformas, programas informáticos o componentes desarrollados junto a Geely podría atraer controles adicionales. La sociedad también complica la posición política de Ford cuando la compañía presiona para impedir la llegada directa de fabricantes chinos al mercado norteamericano.
El diputado Moolenaar recordó también la colaboración de Ford con CATL, el mayor fabricante chino de baterías. La comisión describe a CATL como una empresa designada por el Pentágono por sus vínculos con el sector militar chino y la relaciona con denuncias sobre trabajo forzoso. Esa asociación previa ha alimentado durante años las críticas republicanas contra Ford y permite presentar el acuerdo valenciano no como una decisión aislada, sino como parte de una estrategia continuada de cooperación con grupos chinos.
El caso depende por ahora de España y a la Unión Europea. La legislación española permite someter a autorización previa inversiones de fuera de la UE que superen el 10% y afecten a infraestructuras, tecnologías o información consideradas sensibles. Bruselas también puede revisar la operación por motivos de competencia y comprobar, bajo el Reglamento de Subvenciones Extranjeras, si Geely ha recibido ayudas públicas chinas capaces de distorsionar el mercado europeo. Estas normas permiten aprobar el acuerdo, imponer condiciones o, en un escenario extremo, impedirlo.
La disputa se inserta finalmente en el deterioro más amplio de las relaciones entre La Casa Blanca y Moncloa. Pedro Sánchez realizó en abril su cuarta visita a China en solo cuatro años y ha defendido una relación económica más estrecha con Pekín, una orientación que inquieta a empresas españolas y a la Administración Trump. El embajador estadounidense en Madrid, Benjamin Leon, advirtió en mayo de que España debía actuar con especial cautela para mantener a China alejada de sectores críticos como los datos, la defensa y las telecomunicaciones. Citó como precedente las contrataciones relacionadas por el estado con Huawei y sostuvo que las prácticas comerciales y la coerción económica chinas amenazan las cadenas de suministro y la propiedad intelectual.
Para España, el acuerdo representa inversión, producción y empleo en una planta sometida durante años a expedientes temporales y dudas sobre su continuidad. Pero para Washington constituye otra prueba de que las empresas occidentales pueden terminar fortaleciendo al rival que sus propios gobiernos intentan contener. El proyecto probablemente seguirá adelante si supera los controles europeos, aunque Ford deberá asumir que cada avance de Geely en Valencia será observado desde el Capitolio como parte de una batalla mucho mayor por el futuro de la industria mundial del automóvil.
En julio de 2025, el senador republicano Tom Cotton y el congresista Rick Crawford, presidentes de los comités de Inteligencia del Senado y la Cámara, pidieron a la directora nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard, que revisara todos los acuerdos para compartir información con los servicios españoles de inteligencia, defensa y seguridad. La petición respondió al contrato de 12,3 millones de euros adjudicado por Interior a Huawei para almacenar escuchas judiciales. Cotton reclamó que, mientras España no apartara a la compañía china, Washington eliminara de la información remitida a Madrid cualquier dato susceptible de llegar al Partido Comunista Chino.