El Partido Comunista, en el poder en Cuba, abrió por primera vez una pequeña brecha a la iniciativa privada en la década de 1990, cuando perdió a la Unión Soviética como principal sostén. A partir de la década de 2010 fue más allá, impulsado primero … por la crisis financiera mundial y después por la pandemia de Covid-19. ¿Conseguirá Donald Trump, cuyas medidas han sumido al país en unas dificultades sin precedentes, provocar el siguiente y más profundo giro económico?
En una sesión de emergencia celebrada el 18 de junio, la Asamblea Nacional de Cuba aprobó un paquete de 176 reformas. Se trata del intento más ambicioso de reformar la economía desde la revolución de 1959. Sobre el papel, las medidas acercan al país a una economía de mercado, al tiempo que preservan el control del Estado. Cuba va a implantar un «socialismo de mercado al estilo cubano», afirma Juan Triana Barros, de la Universidad de La Habana. No todo el mundo comparte ese optimismo.

Si se aplicaran plenamente, las reformas reducirían los sectores de la economía vetados a las empresas privadas, permitirían a estas importar y exportar con mayor libertad y les abrirían la posibilidad de captar inversión extranjera. Por primera vez, los empresarios podrían contratar a más de 100 trabajadores y ser propietarios de varias empresas.

Newsletter

Mayor acceso a la financiación

Las reformas también supondrían una profunda transformación de las empresas estatales, que podrían privatizarse o convertirse en sociedades mercantiles con acciones y participaciones de capital —con la posibilidad de quebrar—, y además podrían fijar sus propios precios. En teoría, tanto las empresas privadas como las públicas tendrían un acceso más fácil a la financiación. También se permitirían los bancos privados y el mercado de divisas se abriría a un mayor número de participantes.

«Si no hay riqueza, no hay nada que distribuir»

Miguel Díaz-Canel

Algunos servicios que en su día fueron motivo de orgullo para el Estado, como las residencias de ancianos y los comedores sociales, pasarán, en teoría, a manos privadas, y las ayudas generales concedidas a través de la cartilla de racionamiento se sustituirán por ayudas directas dirigidas a las «personas vulnerables». El presidente, Miguel Díaz-Canel, afirmó que la acumulación de riqueza en manos privadas dejaría de estar prohibida. «Si no hay riqueza, no hay nada que distribuir», señaló.
Estos cambios son muy necesarios: décadas de mala gestión y el embargo estadounidense han devastado la isla, y las medidas adoptadas desde enero por Trump y Marco Rubio, su secretario de Estado cubano-estadounidense, están llevando a Cuba al límite. Estados Unidos ha impuesto sanciones no solo a Gaesa, el conglomerado militar, sino también a cualquier empresa cubana o extranjera que mantenga relaciones comerciales con él. Además, ha bloqueado el suministro de combustible.

Los anuncios no entusiasman a los cubanos

La economía se ha contraído más de un 20% desde 2020. Un dólar equivale ahora a más de 600 pesos en el mercado negro, lo que reduce el valor del salario mínimo mensual a apenas unos cinco dólares. Oficialmente, la inflación alcanzó casi el 16% interanual en mayo, pero la tasa real es, sin duda, más elevada. El turismo cayó un 58% en los cinco primeros meses del año. Los apagones duran alrededor de 22 horas diarias, incluso en el centro de La Habana, y cuando vuelve la electricidad los cubanos se apresuran a hacer todo lo posible antes de que vuelva a irse. El agua llega cada dos días. «Es absolutamente agotador», afirma un padre de dos hijos.
Sin embargo, los anuncios del gobierno han sido recibidos con escaso entusiasmo, tanto dentro como fuera del país. Por un lado, las reformas prometidas quedan lejos de los profundos cambios que en su día transformaron las economías estancadas de China y Vietnam. Además, muchos dudan de que las promesas lleguen a materializarse, o al menos con la rapidez necesaria. Un alto cargo del Departamento de Estado estadounidense desestimó las propuestas calificándolas de «señales de humo superficiales». El gobierno ha prometido reformas en numerosas ocasiones para, posteriormente, aplazarlas de manera indefinida. Es un «circo», afirma un antiguo traductor de La Habana.
Incluso para un gobierno plenamente comprometido, llevar a la práctica este programa de reformas resultaría complicado. Cuba carece de divisas, de Estado de derecho y de capacidad institucional, y las sanciones estadounidenses hacen que obtener capital extranjero sea prácticamente imposible. Incluso si el gobierno de Estados Unidos concediera mañana una licencia que permitiera operar libremente en Cuba, las empresas podrían enfrentarse a demandas por comerciar con bienes expropiados, afirma Yosbel Ibarra, del bufete de abogados Greenberg Traurig, en Miami.

Temor a enriquecer al régimen

Muchos cubanos temen que cualquier reforma beneficie principalmente a los miembros del régimen y a quienes ya son ricos. Sin una red de protección social adecuada —que incluya la recuperación de los sistemas de educación y sanidad de la isla, que en su día gozaron de un nivel aceptable—, la población podría tener dificultades para soportar la hiperinflación que las reformas de mercado podrían desencadenar. La brecha entre quienes tienen y quienes no tienen ya resulta evidente en Cuba. Un sábado por la tarde, la piscina del hotel Meliá Habana está llena de personas que toman cócteles mientras sus hijos nadan; la entrada, que cuesta 15 dólares, queda fuera del alcance de la mayoría de los cubanos. Frente a restaurantes de lujo, donde un filete cuesta 100 dólares, hay BMW aparcados.
Por el momento, hay pocos indicios de que la apertura económica vaya a venir acompañada de una apertura política. No se está liberando a los presos políticos, pese a las peticiones de Estados Unidos. El 20 de junio, Manuel Cuesta Morua, una figura moderada de la oposición, fue detenido, maltratado y amenazado con ser tiroteado, todo ello por apoyar una cacerolada, que ya se celebra todas las noches. Trump y Rubio también quieren que Cuba reduzca sus vínculos en materia de seguridad con China, Rusia e Irán.

Incluso para un gobierno plenamente comprometido, llevar a la práctica este programa de reformas resultaría complicado

Trump considera que aún puede aumentar la presión sobre Cuba antes de alcanzar un acuerdo. El 23 de junio, el Departamento de Estado impuso sanciones a nuevas entidades vinculadas a Gaesa, entre ellas AUSA, que gestionaba el tráfico de contenedores del puerto de Mariel. Días después, Gaesa vendió la empresa a otra entidad estatal para que los suministros pudieran volver a llegar a la isla.
Si los gobernantes cubanos actúan con rapidez, las reformas podrían dar un respiro al país. «Esto es mucho», afirma Paolo Spadoni, de la Universidad de Augusta, «pero no es suficiente». Trump apuesta por que un mayor sufrimiento forzará un cambio más profundo; el régimen, por su parte, confía en poder complacerlo o sobrevivirle. A los cubanos de a pie les preocupa que, ocurra lo que ocurra, sean ellos quienes salgan perdiendo.

La reciente visita al Líbano del ministro de Asuntos Exteriores sirio, Asaad al Shaibani, encierra una lección que en gran medida ha pasado desapercibida en Occidente. Oficialmente, la visita tenía como objetivo confirmar el deseo de Damasco de desarrollar relaciones bilaterales con su … vecino para abordar cuestiones de interés común, tales como la seguridad fronteriza –en particular, para frenar el contrabando– o la situación de los desplazados sirios.
Pero nadie en el país se deja engañar. El general Hicham Jaber comenta que «en principio, este tipo de visita es necesaria y positiva. El Líbano tiene muchos asuntos que tratar con las autoridades sirias. Por tanto, siempre necesita mantener buenas relaciones con quienquiera que gobierne en Damasco». Con un toque de ironía, el oficial chií observa que «ya fuera en Beirut con Nabih Berri (presidente del Parlamento), en el Palacio de Baabda con Joseph Aoun (presidente del país) o en el Gran Serrallo con Nawaf Sala (primer ministro), la visita se desarrolló casi como si fuera un jefe de Estado. Por no hablar del recibimiento en Trípoli –ciudad al norte del Líbano– ¿Para qué?».

Ashraf Rifi, diputado de dicha ciudad septentrional, no se plantea esa pregunta. Como afirma, «Trípoli es la capital de los suníes», considera que «es totalmente natural que el señor Shaibani la visitara, sobre todo teniendo en cuenta que la ciudad siempre ha sido considerada una prolongación histórica de Siria».

Noticia relacionada

Nathalie Duplan

Esta expresión no es del agrado de todos y se hace eco del eslogan que aparecía en unas pancartas al paso del ministro de Exteriores sirio: «Trípoli al Sham». Dado que el término «Sham» (Levante) se refiere a Siria o a la Gran Siria (Siria, el Líbano, Jordania y Palestina), esta denominación niega, en la práctica, la existencia del Líbano. Los vídeos que circulan por las redes sociales y en los que se ve al ministro sirio mezclándose con la multitud, que incluso lo aupó a hombros, ponen de manifiesto la popularidad de Ahmed al Sharaa entre la comunidad suní del Líbano.
«Los suníes de Trípoli han encontrado al líder, Al Sharaa, y el punto de referencia que les faltaba», señala Fouad Abou Nader, ex comandante en jefe de las Fuerzas Libanesas. Tras asegurar que «el sentimiento de pertenencia al Líbano sigue siendo frágil», se pregunta: «¿Es esta lealtad suní hacia Siria una reacción frente a Hizbolá o está profundamente arraigada en su cultura y sus convicciones?». Por ese motivo, resume la situación con serias dudas sobre el futuro del país: «En Dahiyeh, los suburbios del sur de Beirut, la gente está agradecida a Irán. En Trípoli, llevan a hombros al ministro del señor Al Sharaa. ¿A quién le importa el Líbano y le jura lealtad?».

«¿Es esta lealtad suní hacia Siria una reacción frente a Hizbolá o está profundamente arraigada en su cultura y sus convicciones?»

Fouad Abou Nader
Ex comandante en jefe de las Fuerzas Libanesas

Una fuente diplomática europea autorizada hace el siguiente análisis: «Esta visita refleja un deseo de normalización, aunque no cabe descartar del todo la posibilidad de una acción contra Hizbolá».

Newsletter

Fabrice Balanche, especialista en Siria, confirma que se trata de una «visita de buena vecindad», pero tiene lugar «en el contexto de las declaraciones de Trump» sobre Hizbolá. Desde hace ya varias semanas, el presidente de Estados Unidos ha sugerido que Siria debería «ocuparse» de esta guerrilla chií aliada de Irán, catalogada como grupo terrorista por la Casa Blanca y también la UE. Balanche añade que «los yihadistas chechenos sueñan con enfrentarse a Hizbolá y establecer un bastión en el Líbano, ya que la normalización en Siria les está privando de su libertad y de su poder. Es posible que algunos ya se encuentren en el norte del Líbano organizando milicias islamistas». Aunque resulta difícil estimar cuántos son, Balanche recuerda que «en Idlib había unos 3500 uigures (procedentes de la levantisca región china de Xinjiang), y los chechenos eran aún más numerosos».
Una fuente de los servicios de seguridad confirma este análisis: «Existe una gran tensión en Siria, sobre todo porque Al Sharaa no controla la totalidad de su Ejército, que está compuesto por diversas facciones. Combatientes chechenos, uigures y uzbekos, entre otros, han entrado en el Líbano. Otros se concentran en las fronteras».

Diluir la responsabilidad

Najib Fayad, antiguo jefe del Grupo Gamma (un ‘think tank’ y gobierno en la sombra en el Líbano), sugiere que «uno de los objetivos de esta visita podría ser que el presidente sirio, a través de su ministro, se distancie de posibles acciones de estos yihadistas en el Líbano; ya que son combatientes que estaban de su lado cuando él aún era conocido como Al Jolani».
El general Jaber coincide con esta opinión: «Al Sharaa quiere transmitir a las autoridades libanesas que el Gobierno sirio no es responsable de ciertos combatientes indisciplinados que podrían llegar a su territorio en cualquier momento. Algunos se han infiltrado en la región de Akkar, en el extremo norte, y podrían amenazar con avanzar hacia Trípoli».
Abbas, de Nabatiye y opositor a Hizbolá, teme por encima de todo un enfrentamiento entre las comunidades chií y suní. A su juicio, «un conflicto entre nosotros y los sirios es inevitable. Todos sabemos que hay chechenos y uigures desplegados a lo largo de las fronteras norte y este del Líbano. Con el tiempo, Siria querrá deshacerse de ellos porque son incontrolables. Sin embargo, sus países de origen se niegan a readmitir a hombres tan profundamente adoctrinados. En consecuencia, corren el riesgo de verse envueltos en un enfrentamiento militar, que es lo único que probablemente reduciría significativamente su número. Su presencia en Siria estuvo motivada por consideraciones sectarias. Y la ideología es una de las cuestiones más complejas de resolver, especialmente cuando se trata de tensiones entre suníes y chiíes».

«Los yihadistas chechenos sueñan con enfrentarse a Hizbolá y establecer un bastión en el Líbano»

Fabrice Balanche
Especialista en Siria

El general Jaber comparte esta opinión: «Las autoridades sirias no gestionan estos combatientes chechenos y uigures. Creo que están bajo control turco». A Turquía se le atribuye, más o menos directamente, el ascenso al poder de Al Sharaa en Siria. Por ese motivo, el general subraya la influencia de Turquía en la región: «El Gobierno o los servicios de Inteligencia turcos incluso amenazan a Al Sharaa si hace algo no autorizado por Ankara. En cualquier momento, podrían volver a estos grupos en su contra. Los combatientes de Idlib, ya sean uigures o chechenos, detestan a Turquía, pero no pueden dar un paso sin ella, porque es quien realmente los controla».
Mientras el ministro Asaad al Shaibani era aclamado en el Líbano, Damasco contabilizaba los muertos y heridos tras el ataque más mortífero desde el atentado con bomba contra una iglesia en la capital, ocurrido en junio de 2025. Días después, otro atentado sacudió el final de la visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, primer líder occidental en visitar la nueva Siria de Al Sharaa. Ningún grupo ha reivindicado los atentados, pero las sospechas recaen sobre fundamentalistas suníes o grupos disidentes vinculados al Daesh (Estado Islámico).

Los melancólicos de viejas dictaduras dicen que en tiempos pasados se vivía mejor. En Venezuela, quienes añoran el ‘orden’ que existía durante la época del general Marcos Pérez Jiménez aseguran que, mientras uno no se metiera en política, no había nada que temer a … la represión. Una falacia que hoy sigue vigente en la conciencia colectiva: se cree que si uno permanece ajeno a los asuntos públicos, no sufrirá represalias. Pero no es necesario ser un activista político para que el peso del Estado caiga sobre uno. Basta con incomodar a algún funcionario con capacidad de accionar los engranajes del poder.
Ese uso discrecional de la Justicia es el que denuncia el venezolano Rubén Ramsés Martínez a ABC. A pesar de vivir exiliado en Madrid, sigue sufriendo persecución y teme que España lo extradite basándose en acusaciones falsas y que el chavismo termine por atraparlo. La artífice de la denuncia fue su expareja, exdirectora de la Fiscalía General y colaboradora del ahora defenestrado exfiscal Tarek William Saab.

Martínez, gerente de operaciones de los medios independientes ‘El Diario’ y directivo de VPItv, mantuvo una relación sentimental con ella durante 20 años. Aunque él se sitúa del lado opositor y ella en el chavista, el vínculo resistió hasta después de las elecciones presidenciales de 2024 tras el fraude de Nicolás Maduro. Martínez asegura que el quiebre definitivo ocurrió cuando ella justificó el encarcelamiento de menores de edad durante las protestas. «Me dijo que había que calmar la calle y se hizo a punta de violaciones de derechos humanos. Yo no estaba alineado éticamente con esto», relata.

Noticia relacionada

Entrevista

Susana Gaviña

Con la relación rota y en medio de una discusión patrimonial, ella lo amenazó con la cárcel. «Cuando una persona que no tiene poder lo dice, ya es un asunto grave, pero cuando puede instrumentalizar el poder para hacerlo, es mucho más grave», asegura. Advertido desde el interior de la propia Fiscalía de que iba a ser detenido, Martínez huyó a Colombia y voló a España en octubre de 2024 para pedir asilo. «Salgo de Venezuela sin ningún expediente penal abierto. Yo no llego a España huyendo de una orden de aprehensión», subraya.

Venganza personal

Sin embargo, 111 días después de su salida, Martínez relata que la maquinaria judicial se activó para ejecutar la venganza personal. Apenas dos horas y 48 minutos después de que su expareja formalizara una denuncia, el Ministerio Público inició el escarnio público. A través de imágenes difundidas con los logos de la institución en medios afines al régimen –como Globovisión, ‘Últimas Noticias’– , se le señaló de feminicida. Todo ello a pesar de que los cargos formales (denuncia falsa, hurto calificado, espionaje informático…) diferían y la supuesta víctima no solo estaba viva, sino que era la artífice de la persecución, comenta Martínez. «Imagínate que alguien te llame urgentemente, que de hecho fue ella, te dice ‘Revisa lo que te acabo de enviar’, y cuando abres es tu foto y te acusan de feminicida… Se obvió la presunción de inocencia, mi honor está dañado», afirma.

«En un conflicto personal entre iguales, esto no llega a lo que pasó», reflexiona Martínez.

(Belén Díaz)

En marzo de 2025, Martínez acudió a una cita policial en España por su trámite de asilo y fue detenido por una alerta roja de Interpol. La Audiencia Nacional le retiró el pasaporte y le impuso comparecencias quincenales mientras se resuelve la extradición. Martínez critica que el tribunal español realiza «básicamente un examen de requisitos» formales sin analizar el riesgo real de un aparato estatal puesto al servicio de una rencilla privada. Además, la Oficina de Asilo y Refugio le acaba de denegar la protección internacional.

Ampliar

Ampliar

La solicitud de extradición que hace Venezuela ante España para capturar a Rubén Ramsés Martínez Manrique.

(ABC)

Newsletter

El expediente remitido por Caracas a España carece de investigaciones. «No hay ninguna diligencia, solo la denuncia. Hacen referencia a una experticia informática, pero nunca la envían», detalla. En una muestra de control absoluto, su expareja le envió una copia por teléfono antes de que los documentos llegaran oficialmente a Madrid. «Es una manera de coacción, de decir: ‘Yo tengo el poder y te envío el expediente’».
La excompañera de Martínez niega haber hecho la acusación: «¿Tú crees que si yo, que soy una directora, voy a poner una denuncia, no la van a cargar el mismo día?», le llegó a decir a Martínez después a través de WhatsApp, dejando ver que no todos los procesos obtienen la misma prioridad.

Supuesto intento de feminicidio

Martínez señala que, para sustentar la alerta internacional, la Fiscalía venezolana fabricó una segunda causa por intento de feminicidio, argumentando que él planeaba utilizar unos bidones de gasolina que guardaba en su casa para quemar a su expareja; una acusación sobre un crimen que jamás ocurrió. Martínez explica que compró 100 litros de combustible para mantener operativos los vehículos de los trabajadores de su medio en previsión de la escasez. A esta nueva denuncia se le asignó una fecha anterior a la primera, pero con una numeración correlativa posterior, evidenciando la manipulación de los registros para justificar la persecución.
«En un conflicto personal entre iguales, esto no llega a lo que pasó», reflexiona Martínez, quien hace hincapié en cómo una funcionaria pudo «instrumentalizar toda una estructura institucional para perseguir, acosar y hostigar sin siquiera tener elementos fundamentados».

«No busco redención, busco protección. Quiero que se vea cómo se instrumentalizó el poder»

Su caso ha sido evaluado por el abogado Gonzalo Himiob, de la ONG Foro Penal, quien señala que, dado el contexto, es posible presumir que la denuncia contra Martínez es parte, no sólo de una represalia personal, sino además de un «esquema mucho más amplio y sistemático de persecución por motivos políticos», pues Martínez dirige a un medio de línea crítica con el poder.
Martínez, que podría ser extraditado, ha publicado una página web (elmpcorruptodetarek.com) con todos los documentos relacionados con su caso para que puedan ser consultados y contrastados por cualquiera. «No busco redención, busco protección. Quiero que se vea cómo se instrumentalizó el poder. Yo soy un caso, pero a muchas personas les pasó lo mismo: fueron privadas de libertad y los expedientes no tenían nada que los vinculara a un delito». Su batalla en España pretende demostrar que, bajo el régimen venezolano, la Justicia no es un derecho fundamental, sino el arma privada de quienes ostentan el poder.