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Petro, un visitante incómodo en México para la relación de Sheinbaum con Trump

El expresidente colombiano Gustavo Petro explora diversos planes para su vida después del poder. Después de que su partido de izquierdas perdiera las elecciones el pasado 21 de junio a manos del ‘outsider’ Abelardo De la Espriella, el exmandatario asumió un perfil crítico hacia … el incipiente gobierno y eligió la Ciudad de México como su primer viaje al exterior ya una vez abandonada la Casa Nariño, a finales de agosto.
Petro fue bien recibido en el país gobernado por Claudia Sheinbaum, uno de los últimos reductos de la izquierda latinoamericana frente al avance de los gobiernos de derecha.

A lo largo de cinco días, el exguerrillero fue recibido por la presidenta mexicana en el Palacio Nacional, ofreció una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), concedió entrevistas a la prensa y hasta tuvo tiempo para irse de compras a la tienda de lujo Palacio de Hierro, en el exclusivo barrio de Polanco.

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David Alandete

Según mencionaron en condición de anonimato a ABC desde el entorno del expresidente, Petro tiene previstos nuevos viajes a México, de hecho, tendría la posibilidad de ofrecer una nueva conferencia hacia fin de año en Guadalajara con motivo de la Feria del Libro. Al mismo tiempo, exploraría nuevas opciones del mundo académico como la investigación o estudios de tinte histórico, una faceta que le llevaría a pasar más tiempo en el país norteamericano.

Sancionado por EE.UU.

Esta presencia del exmandatario en México pone al Gobierno de Sheinbaum en una situación compleja. Petro está sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, producto de las fricciones que tuvo como presidente con Donald Trump y por supuestas sospechas de no haber combatido al narcotráfico en Colombia. Al pertenecer a la llamada ‘Lista Clinton’, el expresidente tiene fuertes limitaciones en el plano bancario y financiero y, lo más delicado, cualquier empresa, gobierno o entidad asociada con Petro queda expuesta a ser sancionada por el Tesoro.
Esto fue exactamente lo que pasó en su primera visita a México: Petro habría organizado su viaje a través de la aerolínea colombiana Avianca, pero la empresa, atemorizada por la posibilidad de recibir alguna sanción de EE.UU, decidió cancelarle los vuelos y reembolsarle el dinero. Finalmente, viajó con Aeroméxico.

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Petro fue sancionado en octubre del 2025 después de que el gobierno de EE.UU entendiera que, como presidente de Colombia, no hacía lo necesario para frenar la producción de cocaína que se exportaba a Norteamérica. Las sanciones también se aplicaron a los miembros de su familia y al ministro del Interior, Armando Benedetti.
Para México es un dilema. Petro fue aliado de Sheinbaum y el país tiene una larga tradición de dar asilo por cuestiones políticas. Sin embargo, expone a la presidenta a una mayor tensión con Trump, con el que ya tiene abiertos varios frentes en materia comercial, de seguridad y de migración.
Si EE.UU, que ha demostrado una sintonía absoluta con el Gobierno de De la Espriella, decidiera arrestar a Petro en México, Sheinbaum afrontaría una situación delicada tal y cómo aseguran fuentes del Palacio Nacional.
Petro ha adelantado que está escribiendo un libro sobre la derecha internacional y de qué forma esta influye en las redes sociales y procesos electorales, un tema con el que previsiblemente arremeterá contra Trump.
El presidente estadounidense ha acusado a Petro públicamente de estar relacionado con el crimen organizado, unas acusaciones que el exmandatario ha aprovechado para esgrimir un discurso soberanista.

Otros antecedentes

México ya vivió un antecedente similar durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). En 2019, el entonces presidente boliviano Evo Morales, tras unas elecciones fraudulentas, escapó hacia México en un avión militar despachado por el que fuera su homólogo mexicano. El gobierno que sucedió a Morales se alineó de inmediato con EE.UU, donde gobernaba Trump.
Morales tenía previsto una estancia larga en México, según dijo a la prensa, pero la presión desde la Casa Blanca hizo que López Obrador lo destinara a Cuba, donde pasó unas semanas antes de poner rumbo a Buenos Aires. Morales dijo que la intención era estar más cerca de Bolivia. 
Este no es un caso único, el mismo gobierno también aceptó dar asilo en la Embajada de México en Lima, en 2022, al presidente izquierdista Pedro Castillo tras fracasar un autogolpe de Estado, pero este fue detenido antes de llegar a la legación. Más recientemente, recibió asilo en el país norteamericano la ex primera ministra de Perú, Betssy Chavez.

Regreso a la política colombiana el próximo año

Petro, además de estar señalado por la Casa Blanca, también cuenta con acusaciones en Colombia, desde supuesto uso indebido de información confidencial hasta presuntos pactos irregulares con organizaciones delictivas o presuntas irregularidades en los gastos de sus campañas electorales. En su paso por Ciudad de México, Petro aseguró de forma privada que tampoco descarta su regreso a la política el año que viene con motivo de las elecciones a la alcaldía de Bogotá, cargo que ya ocupó en el pasado.El diario ‘El Tiempo’ aseguró que el expresidente podría competir en sintonía con el senador de su espacio, Gustavo Bolívar, quien sería el candidato a Cundinamarca, el departamento que rodea la capital colombiana.

Pero quizá el caso más mediático, y que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, fue el asilo concedido al vicepresidente correísta Jorge Glas, con varios casos abiertos con la justicia ecuatoriana cuando buscó refugio, en 2023, en la embajada mexicana en Lima. En abril de 2024, el gobierno de López Obrador le concedió asilo y poco después entraron agentes policiales en el edificio para detener a Glas, lo que provocó una crisis entre ambos países que aún no se ha cerrado.

Guantánamo: los años que la Justicia perdió

En Guantánamo, lo provisional dura ya un cuarto de siglo. Entre colinas resecas y el aire caliente y salobre del mar Caribe, dentro de la base estadounidense en la costa de Cuba, las primeras jaulas dieron paso a edificios que iban a ser temporales y … ya son permanentes. Quedó aquella imagen que estremeció al mundo: cuerpos de mono naranja, arrodillados, con los ojos y los oídos tapados. Barack Obama y Joe Biden ordenaron cerrarla. Donald Trump ordenó mantenerla abierta. Y mientras, allí siguen los quince presos más importantes de la guerra contra el terrorismo. Veinticinco años después del 11-S, la justicia tiene otra cita en el calendario: junio de 2028. Para entonces, los familiares de las víctimas habrán esperado casi veintisiete años. Y si esta vez se cumple el plazo, lo que llegará será apenas el comienzo del juicio.

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Camila Acosta

El último revés para las familias de los muertos que aún no encuentran el consuelo de la Justicia llegó cuando el juicio acababa de encontrar otra fecha, una más. Este 28 de agosto de 2026, el juez militar Michael Schrama excluyó la confesión que Khalid Sheikh Mohammed, alias ‘KSM’, acusado de ser el ideólogo del atentado de 2001, hizo al FBI en esta misma prisión en 2007. La coacción, concluyó el juez, venía de largo: detrás estaban los años de aislamiento y tortura en las prisiones secretas de la CIA, incluidas 183 sesiones de ahogamiento simulado, el temido ‘waterboarding’. La Fiscalía había defendido durante años que aquella declaración era voluntaria. Pero el 4 de septiembre anunció que no recurriría: intentar recuperar una de sus principales pruebas podía costarle otro aplazamiento. Para conservar la fecha de 2028, decidió continuar sin ella.

KSM no es, desde luego, un preso cualquiera, está acusado de haberle llevado a Osama bin Laden la idea de convertir aviones de pasajeros en armas y de haber dirigido desde la distancia su ejecución. Ante agentes del FBI, en esa confesión de enero de 2007, admitió su participación en la trama. Dos meses después, en otro procedimiento en Guantánamo, se atribuyó abiertamente la operación «de la A a la Z». Ciudadano paquistaní, fue capturado el 1 de marzo de 2003 en Rawalpindi, cerca de Islamabad, en una operación de las autoridades de ese país y estadounidenses. Pasó más de tres años en las prisiones secretas de la CIA antes de ser trasladado a Guantánamo en septiembre de 2006. Lleva veintitrés años y medio detenido, veinte de ellos en la base de Cuba, sin que haya comenzado el juicio por los atentados.

En la cárcel de Campo Delta

Ya no hay visitas, pero varios corresponsales pudimos recorrer la cárcel de Campo Delta, en esa base, y entrar brevemente en sus recintos de máxima seguridad. Dentro, la mirada se iba de las celdas al techo, donde había heces pegadas. Puertas de acero, un camastro, un inodoro y un lavabo metálicos, una ventana estrecha y opaca que dejaba pasar la luz, pero impedía mirar afuera. Los guardias a los que vimos llevaban los nombres tapados con cinta negra y pantallas transparentes ante la cara para protegerse de los orines y el semen que les arrojaban. Veintitrés horas de aislamiento y una de patio: esa era la medida de los días en el régimen que conocimos. Recuerdo también una sala con un televisor y, enfrente, un sillón con grilletes. La televisión era un premio por buena conducta.

Desde 2002 y los primeros 20 hombres, la presión creció hasta los 780 reos, incluidos algunos menores. El más conocido es ‘KSM’, quien llevó a Bin Laden la idea de usar aviones como armas

Khalid Sheikh Mohammed, ‘KSM’
Foto de AP, de 2003

La cárcel abrió el 11 de enero de 2002, cuatro meses después de los atentados, por decisión del entonces presidente George W. Bush, para encerrar e interrogar a los sospechosos capturados en la guerra contra Al Qaeda y los talibanes. Aquel primer día llegaron veinte hombres y pasarían en total unos 780, incluidos algunos menores. El recinto fue creciendo hasta tener siete campos numerados y los anexos de aislamiento. Hoy los quince presos restantes caben en un solo edificio, mucho más reducido. Junto a KSM permanecen los otros cuatro acusados del caso del 11-S (Walid bin Attash, Mustafa al-Hawsawi, Ammar al-Baluchi y Ramzi bin al-Shibh) y también Abd al-Rahim al-Nashiri, acusado de organizar el atentado contra el destructor USS Cole en 1999. Hay también seis hombres sin cargos, tres de ellos con traslado autorizado porque se los considera que ya no son una amenaza, ahora hace falta un país que los reciba.

Primera imagen: se observa a un prisionero ejercitarse en la cárcel de la base naval de Guantánamo (Cuba). Segunda imagen: Esta foto de archivo del 30 de marzo de 2010 muestra a guardias militares estadounidenses trasladando a un detenido al interior del Campamento VI en la base de Guantánamo. Tercera, de 2010: los pies de un detenido de Guantánamo encadenados y con grilletes mientras asiste a una clase de «habilidades para la vida» dentro del centro de detención de alta seguridad Camp 6, en la base naval estadounidense de la Bahía de Guantánamo..

(Efe/Afp/Reuters)

La base de Guantánamo, donde está la prisión, está en el sureste de Cuba, en una bahía que Estados Unidos domina desde 1903, cuando logró el arrendamiento para una base naval como parte de las condiciones impuestas a la independencia cubana tras la guerra que perdió España. La soberanía sigue siendo de Cuba, pero dentro manda Washington. Esa es la clave para que Bush enviara allí a los presos, a sabiendas de que habría condiciones de encarcelamiento muy duras. Lo cierto es que disponía de un recinto militar aislado, bajo su control total, pero fuera del territorio soberano estadounidense, donde sostenía que los presos extranjeros no podían recurrir a sus tribunales para impugnar el encierro. El Supremo rechazó esa pretensión en 2004. Pero la prisión siguió allí, dentro de una base cuya devolución a Cuba nunca formó parte de la orden de cierre de Obama. La dictadura castrista reclama la devolución del territorio; Estados Unidos se ampara en los acuerdos que mantienen su presencia mientras no decida abandonarlo o ambos países pacten otra cosa.

Torturas

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Según una investigación oficial del Senado estadounidense, en esta prisión se privó a detenidos del sueño, se los sometió a desnudez forzada y posturas dolorosas y se emplearon perros para intimidarlos. Se buscaba quebrar su resistencia, hacerles desfallecer para sacarles información. Parte de aquellas técnicas procedían de los manuales que preparaban a los soldados estadounidenses para soportar torturas si caían en manos del enemigo. Aquel informe concluyó que la autorización de métodos agresivos de interrogatorio por Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de Bush, fue una causa directa de los abusos en Guantánamo.
Con aquellas sombras recientes, Obama decretó el cierre el 22 de enero de 2009, dos días después de llegar a la Casa Blanca. Dio en total un año de plazo. Pero vaciar la cárcel exigía resolver el problema del destino de los presos y, sobre todo, dónde juzgar a los acusados del 11-S. El entonces fiscal general, Eric Holder, anunció que llevaría a KSM y a los otros cuatro a un tribunal civil de Manhattan, cerca de donde habían caído las Torres Gemelas. El plan desató una batalla política y el Capitolio terminó bloqueando el traslado de detenidos a Estados Unidos para juzgarlos.

Primera imagen, de 2007: Un guardia patrulla la zona de máxima seguridad «Camp V» —parte del complejo Camp Delta en la base naval estadounidense de la Bahía de Guantánamo. Segunda: los presos, colgando algunas pertenencias. Tercera imagen, de 2017: se observa una puerta de salida por la que se entrega a los detenidos liberados a los países que han aceptado recibirlos. .

(Afp / Reuters)

En abril de 2011, el Gobierno dio marcha atrás y el caso volvió a las llamadas comisiones militares de Guantánamo. Trump revocó en 2018 la orden de cierre y, al regresar a la presidencia en 2025, añadió otra misión a la base: recibir a inmigrantes sin documentos pendientes de expulsión. El 25 de febrero de aquel año, su secretario de Defensa, Pete Hegseth, recorrió las instalaciones para supervisar la operación.
Hegseth había servido allí como teniente dos décadas antes. Volvía al frente del Pentágono; la cárcel que Obama había dado un año para cerrar seguía abierta, y en la base había nuevos detenidos, por otra guerra, contra la inmigración ilegal.
Las comisiones militares son los tribunales especiales con los que EE.UU. ha decidido juzgar a los extranjeros acusados de crímenes de guerra y terrorismo. Tienen jueces militares y un jurado formado por oficiales, con reglas propias que el Capitolio mismo aprobó en 2006 y reformó en 2009. Las vistas se celebran dentro de la base de Guantánamo, en salas preparadas para manejar información secreta, la mayoría de las veces cerradas a la prensa, aunque hay excepciones. Allí, el procedimiento contra los cinco acusados del 11-S volvió a arrancar en 2012 y lleva más de catorce años sin superar la fase preliminar. Se han sucedido los gobiernos, los jueces, los recursos, las disputas sobre qué pruebas pueden utilizarse después de las torturas de la CIA. Antes de juzgar lo que hicieron los acusados, el tribunal ha tenido que examinar lo que EE.UU. les hizo durante su cautiverio, lo que se ha convertido en el gran problema de todo este proceso.

El gran problema de todo el proceso

Antes de juzgar a los responsables de los atentados del 11-S, el tribunal ha examinado lo que EE.UU. les hizo durante su cautiverio

En julio de 2024 hubo una salida que parecía estar al alcance de la mano. KSM, Attash y al-Hawsawi aceptaron declararse culpables a cambio de que la fiscalía renunciara a pedir su ejecución, que es una posibilidad. El acuerdo permitía avanzar hacia las condenas sin someter toda la acusación a un juicio marcado por las torturas. Pero el 2 de agosto, apenas dos días después de anunciarse el acuerdo, el secretario de Defensa de Biden, Lloyd Austin, lo revocó, desautorizando a los fiscales, por las críticas a que no hubiera juicio. Comenzó entonces otra disputa, esta vez sobre si el Gobierno podía retirar lo que sus propios fiscales habían pactado. En julio de 2025, un tribunal federal de casación de Washington avaló la decisión de la Administración Biden por dos votos contra uno. La pena de muerte sigue sobre la mesa.

2002, el inicio de la cárcel: detenidos de Al-Qaeda y los talibanes, vestidos con monos naranjas.

(Afp)

Sin la confesión de KSM ante el FBI, la Fiscalía pretende reconstruir la trama con otras piezas, como por ejemplo el rastro de las transferencias de dinero, conversaciones entre detenidos grabadas en los patios de la prisión y una entrevista que KSM concedió a la cadena Al Jazeera en 2002, antes de ser capturado. Son pruebas con las que los fiscales esperan sostener la acusación, aunque su uso y su alcance todavía pueden disputarse ante el juez.
Mientras tanto, los acusados envejecen y algunos ya no están en condiciones de someterse el proceso. Ramzi bin al-Shibh, señalado como enlace entre una célula yihadista en Hamburgo y los dirigentes de Al Qaeda, fue declarado mentalmente incapaz de ser juzgado en 2023. Su caso quedó separado del de los otros cuatro: las acusaciones siguen pendientes, por si recupera la capacidad de colaborar en su defensa. Fue capturado el 11 de septiembre de 2002, justo un año después de los atentados. Cuando llegue la fecha prevista para el juicio de sus compañeros, llevará casi veintiséis años detenido y seguirá necesitando una decisión médica antes de poder sentarse acusado en el banquillo ante el tribunal.

Rescatan a un niño de 15 años que estuvo tres días a la deriva en una barca volcada tras perder a su hermano y a su primo

Un adolescente de 15 años fue rescatado tras pasar tres días sobre un bote volcado en el gélido mar de Bering, en Alaska, hasta que fue interceptado por un barco pesquero esta semana, informó la Guardia Costera estadounidense.El hermano del menor y un primo habían muerto en el naufragio, en el que la pequeña embarcación volcó, según los rescatistas. Sus cuerpos fueron hallados después que el adolescente fuera llevado a un lugar seguro cerca de la isla de St. Lawrence, una remota isla de Alaska que de hecho está más cerca de Rusia que de Estados Unidos.El capitán del barco pesquero The Northwest Explorer afirmó que el menor se había aferrado al esquife durante casi tres días. «Ese chico es muy duro», declaró Adam White a la cadena local KTUU-TV, en Anchorage (Alaska).Aviones y helicópteros de la Guardia Costera comenzaron a buscar el bote el lunes por la mañana, después de que los familiares denunciaran la desaparición de los tres jóvenes la noche anterior. Las autoridades no dieron a conocer los nombres de los tres implicados.Los chicos habían salido de la isla de St. Lawrence el viernes y planeaba regresar el domingo por la mañana, indicó la Guardia Costera. Este cuerpo señaló que una de sus tripulaciones aéreas avistó al adolescente el lunes por la mañana y desplegó una balsa y suministros antes de contactar con el pesquero The Northwest Explorer.El menor presentaba síntomas de hipotermia cuando subió al barco, informó la Guardia Costera. La tripulación del barco pesquero lo calentó con mantas y compresas calientes, contó su capitán. La tripulación del barco pesquero lo calentó con mantas y compresas calientes.

La socialdemócrata Andersson lidera las encuestas en Suecia por su mano dura con la inmigración

Los autobuses de una empresa de transporte, en el oeste de Suecia, han circulado durante la campaña electoral con el mensaje: «¿Echas de menos Mogadiscio? La asignación de retorno te ayudará a volver a casa». Eran anuncios pagados por los populistas de derechas Demócratas Suecos … (SD) y aludían al dinero que el Estado sueco paga a los extranjeros para que se vayan voluntariamente del país: 31.000 euros al cambio por adulto, 2.250 por menor, 45.450 por pareja y 54.500 por familia. Más de 20 conductores de autobús somalíes se dieron de baja.
La inmigración, junto a la amenaza rusa, ha sido el asunto central de la campaña electoral y SD ha destacado por su nivel de provocación con acciones como esta. Pero, lejos de mantener una posición frontalmente contraria, la socialdemócrata Magdalena Andersson ha endurecido también su postura y ha defendido que «Suecia necesita una política migratoria estricta y restrictiva», gracias a la que ha logrado consolidar su primer puesto en las encuestas.

«Fue el Partido Socialdemócrata junto con los Verdes quienes cambiaron la política migratoria en Suecia», ha reivindicado el giro tras la crisis de los refugiados, y ha argumentado, mitin tras mitin, que «la inmigración ha generado problemas de integración y de delincuencia», por lo que garantizó que con su formación «la inmigración no aumentará».

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Rosalía Sánchez

Gracias a esta postura, siguiendo los pasos de la vecina danesa Mette Frederiksen, Andersson ha conseguido mantener a Socialdemokraterna, con cerca de un 30%, en el puesto de cabeza de las encuestas. SD figura en segundo lugar con un 19%; los Moderados de Ulf Kristersson en tercera posición, con un 18%; y, muy por detrás, cuatro partidos en torno al 7%: la izquierda de Vänsterpartiet, el centro de Centerpartiet, los verdes de Miljöpartiet y el centro-derecha de Kristdemokraterna.
De confirmarse estos resultados, la diferencia estrictamente numérica con respecto a 2022 sería mínima, pero la dinámica de bloques podría cambiar. El centro ideológico capitalizaría un crecimiento combinado de tres puntos porcentuales, con hasta 15 representantes extra. La mayoría absoluta está fijada en 175 y la suma de los socialdemócratas (106), Vänsterpartiet (21) y Miljöpartiet (18) alcanzaría solamente los 145, pero quedan en el aire los 26 diputados que lograría el Centerpartiet, partido opositor a Kristersson.
Para el bloque de la derecha, aunque Kristersson espera un aumento de votos de al menos el 3%, supone una pérdida de 17 escaños en conjunto. Y Centerpartiet, con la llave del Gobierno en su mano, es probable que se decante por un gabinete socialdemócrata para impedir que SD siga influyendo en la agenda de los moderados y no se consolide como partido de gobierno. Porque esa ha sido la gran novedad de la legislatura: la normalización de un partido anteriormente considerado antisistema.

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Nacido en 1988 al rebufo de la ola de movimientos paranazis que surgieron en el centro y el norte de Europa a finales de siglo, y con un marcado ascenso casi tres décadas después, a raíz de la crisis de los refugiados, ha formado parte desde 2022 del acuerdo de gobierno con los moderados, demócrata-cristianos y liberales. Ha trabajado bien con sus socios, desde fuera del gobierno, y con los de la OTAN, durante el proceso de adhesión de Suecia.
El próximo paso sería entrar a formar parte oficialmente del gobierno en Estocolmo. El líder del SD, Jimmie Åkesson, exigiría la mitad de todos los ministerios para su partido, incluidos tres de los cuatro más importantes y el de Migración, si se diera esa posibilidad. Sus socios le han prometido «negociaciones» y Åkesson está convencido de que será primer ministro sueco en 2030.

Andersson, dispuesta a negociar con todos excepto SD

Porque aunque sigan siendo los más votados, los socialdemócratas esperan su resultado más débil en más de 100 años. Andersson no pierde de vista la «cohesión» e intenta ir más allá de la política de bloques. Ofrece cooperar con todos, excepto con SD, sobre la base de tres principios: seguridad, prosperidad y cohesión. «En tiempos difíciles, Suecia debe mantenerse unida. Nos negamos a aceptar que nuestro país esté dividido y que se hagan diferencias entre personas», justifica su programa.
Pero estos cuatro años de acuerdo «Tidö» han polarizado socialmente a Suecia, con una de las tasas de desempleo más altas de la UE, unas datos de criminalidad de clanes inasumibles y una política de «reemigración» que ha obligado a SD a pedir disculpas y a los demócrata-cristianos a declarar su «arrepentimiento», después de que incluso adolescentes perfectamente integrados pero de padres extranjeros recibieran órdenes de deportación y las manifestaciones protestaran en las calles contra los excesos.
La implicación de SD en la tarea de gobierno no ha moderado ni reducido al partido, sino que ha aumentado su influencia en la agenda. El final del cordón sanitario que llegó con el acuerdo «Tidö» no ha supuesto el fin de la democracia, pero ha normalizado políticamente a la derecha más radical, ha aumentado su poder y ha cambiado en buena parte la cultura política sueca.

Los hutíes anuncian un ataque contra una base de Arabia Saudí tras nuevos combates contra fuerzas de Yemen

Combatientes hutíes aliados de Irán anunciaron este domingo que utilizaron drones y misiles para atacar una base en el sur de Arabia Saudí, en medio de la reanudación de combates con las fuerzas gubernamentales de Yemen.Este ataque, cuya fecha se desconoce, tuvo como objetivo « … depósitos de armas, así como centros de mando y control desde donde se dirige la agresión contra nuestra nación y nuestro pueblo, en la base militar de Sharurah», cerca de la frontera saudita con Yemen, declaró en X el portavoz hutí Yahya Saree.

Las fuerzas gubernamentales de Yemen respaldadas por Riad, dijeron el sábado que atacaron a combatientes hutíes en la estratégica ciudad portuaria de Moca, en el mar Rojo, que cayó en manos hutíes tras una ofensiva relámpago.

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Los combates que comenzaron en septiembre en el oeste de Yemen han provocado el desplazamiento de 76.000 personas desde julio, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Unas 1.400 personas han huido a la vecina Yibuti, dijo el gobierno de este país. La reanudación de combates en Yemen ha dejado más de 500 muertos, según fuentes hutíes y gubernamentales.

Avances hutíes

Los hutíes, que hasta ahora controlaban gran parte del norte del país, incluidas la capital, Saná, y Hodeida (en el oeste), avanzaron por la costa en cuestión de días y capturaron la ciudad portuaria de Moca el jueves.

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Posteriormente, tomaron el control de la costa y las islas del mar Rojo, y consolidaron su dominio al día siguiente sobre el estratégico estrecho de Bab el Mandeb, por donde transita el tráfico marítimo hacia y desde el Canal de Suez.
«Las fuerzas armadas destruyeron hoy vehículos y armas y eliminaron a miembros de la milicia terrorista hutí, respaldada por Irán, cerca del puerto de Moca», informó la agencia oficial de noticias Saba.
También atacaron en las afueras de la ciudad y la carretera que conduce a Dhubab, más al sur, añadió, citando al portavoz de las fuerzas armadas, Majid al-Nazili.

El Reino Unido e Israel se sumen en una crisis que rompe décadas de alianza

Las relaciones entre el Reino Unido e Israel han entrado en uno de sus periodos más delicados en décadas, después de que una sucesión de desacuerdos sobre Gaza, el reconocimiento del Estado palestino, la expansión de los asentamientos y la violencia de colonos en … Cisjordania haya transformado una relación tradicionalmente estrecha en un enfrentamiento diplomático cada vez más abierto. La última escalada se produjo esta semana, cuando Londres anunció nuevas medidas contra los asentamientos israelíes, entre ellas la prohibición de importar los productos procedentes de ellos, e Israel respondió con una batería de represalias.
Entre ellas figura el cierre del consulado británico en Jerusalén Este, para el que Israel ha dado a Londres un plazo de 30 días, además de la prohibición de entrada a doce británicos, la salida de diplomáticos de estructuras de coordinación y el final de la participación del Reino Unido en la formación de fuerzas de seguridad palestinas.

La crisis no comenzó, sin embargo, con las sanciones anunciadas esta semana. Londres lleva casi tres años modificando gradualmente su política hacia Israel, primero bajo Keir Starmer y ahora con Andy Burnham, aunque el nuevo primer ministro ha imprimido mayor contundencia a una evolución que comenzó después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y de la posterior guerra en Gaza.

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Analistas especializados llevan tiempo alertando del profundo deterioro de las relaciones bilaterales. Yossi Mekelberg, investigador asociado de Chatham House, sostiene que la forma en que Israel se ha comportado en los últimos tres años le ha hecho perder numerosos aliados y advierte de que, pese al apoyo internacional que recibió después de los ataques del 7 de octubre, ahora corre el riesgo de convertirse en un Estado paria por su creciente aislamiento. Ya el año pasado, Azriel Bermant y Michael Stephens advertían desde el Royal United Services Institute (RUSI) de que este deterioro podía agravarse: «No hay duda de que las relaciones entre Israel y Reino Unido se han deteriorado significativamente y podrían empeorar en los próximos meses». Y así ha sido.

Israel, pese al apoyo internacional que recibió después de los ataques del 7 de octubre, ahora corre el riesgo de convertirse en un Estado paria por su creciente aislamiento

Suspensión de exportación de armas

Aunque el anterior primer ministro había respaldado el derecho de Israel a defenderse y durante meses evitó sumarse a quienes reclamaban un alto el fuego inmediato, una vez en el Gobierno, su política comenzó a cambiar. En septiembre de 2024, el entonces ministro de Exteriores, David Lammy, suspendió alrededor de 30 licencias británicas de exportación de armas a Israel después de una revisión jurídica. «Existe un riesgo claro de que puedan utilizarse para cometer o facilitar una violación grave del derecho internacional humanitario», explicó ante el Parlamento. La decisión constituyó una de las primeras señales de que las discrepancias con Netanyahu comenzaban a traducirse en medidas concretas.
El siguiente paso llegó en junio de 2025, cuando Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Noruega sancionaron a los ministros israelíes Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir por sus reiteradas incitaciones a la violencia contra palestinos en Cisjordania.

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Tres meses después, Londres reconoció formalmente el Estado de Palestina. Starmer calificó a Hamás de «brutal organización terrorista» y aseguró que no podía desempeñar ningún papel en un futuro Gobierno palestino, al tiempo que describió como «absolutamente intolerables» los bombardeos, el hambre y la devastación en Gaza. Netanyahu acusó a los gobiernos que reconocieron a Palestina de conceder «una enorme recompensa al terrorismo», lo que Starmer rechazó diciendo que «esta solución no es una recompensa para Hamás».

Netanyahu acusó a los gobiernos que reconocieron a Palestina de conceder «una enorme recompensa al terrorismo», lo que Starmer rechazó

Burnham, un paso más allá

Burnham ha heredado esa arquitectura diplomática, pero ha decidido ir un paso más allá. Ante el Parlamento, sostuvo que las palabras sobre la solución de dos Estados «serán solo palabras si no están respaldadas por acciones» y añadió que «el liderazgo consiste en actuar donde hay injusticia, cuando la gente es expulsada de sus hogares». En este «mundo difícil y peligroso», afirmó, Reino Unido «tiene que defender unos principios».
Su ministro de Exteriores, Ed Miliband, ha anunciado que el país introducirá una prohibición de las importaciones procedentes de los asentamientos israelíes y de la publicidad en territorio británico de propiedades situadas en ellos, además de preparar nuevos poderes para sancionar a personas y empresas que financien o faciliten su expansión. Miliband explicó que la legislación necesaria estará preparada en un plazo de entre seis y nueve meses.
«Los asentamientos son ilegales. No deberían promocionarse en nuestro país», declaró ante la Cámara de los Comunes, y aclaró que «el régimen de sanciones tendrá como objetivo los asentamientos ilegales y su expansión, no Israel».

Los colonos israelíes trabajan en el asentamiento situado junto a la localidad de Turmous Ayya, en Cisjordania.

(EFE)

La posición británica se apoya en un marco internacional. La Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas determinó que los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados desde 1967, incluida Jerusalén Este, «no tienen validez jurídica» y constituyen una «flagrante violación del derecho internacional», además de reclamar a Israel el cese «inmediato y completo» de toda actividad de asentamiento.
La resolución pidió también a los Estados que distinguieran en sus relaciones entre el territorio del Estado de Israel y los territorios ocupados, y la Corte Internacional de Justicia reforzó esa posición en su opinión consultiva de julio de 2024, en la que concluyó que los asentamientos de Cisjordania y Jerusalén Este han sido establecidos y se mantienen «en violación del derecho internacional».
El ministro israelí de Exteriores, Gideon Sa’ar, calificó la política británica de «moralmente distorsionada» y de «flagrante interferencia» en los asuntos de un Estado soberano y en su proceso electoral, ya que Israel celebrará elecciones el próximo 27 de octubre.

Acusaciones de «limpieza étnica»

El enfrentamiento se endureció aún más después de que Miliband afirmara que en determinadas partes de Cisjordania se está produciendo una «limpieza étnica» de palestinos por parte de «colonos terroristas». Sa’ar respondió acusándole de formular «mentiras escandalosas».
Reino Unido no está solo. Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Irlanda, Noruega, Polonia, Portugal, España y Suecia se sumaron a una declaración conjunta en la que expresaron su intención de introducir restricciones nacionales o europeas al comercio con los asentamientos, o estudiar activamente esas y otras medidas.
«Juntos, estamos decididos: la solución de dos Estados debe ser protegida», afirmaron sus ministros de Exteriores, que exigieron a Israel detener inmediatamente la expansión de los asentamientos y garantizar que exista rendición de cuentas por la violencia de los colonos, lo que muestra que el deterioro de las relaciones con Israel no constituye un fenómeno exclusivamente británico. La misma declaración reconoce «los legítimos intereses de seguridad de Israel» y condena nuevamente los ataques de Hamás del 7 de octubre.
En territorio británico, el rabino jefe Ephraim Mirvis calificó las medidas de «un día oscuro para los judíos británicos». Miliband, por su parte, comenzó su intervención parlamentaria recordando que él mismo habla «como un orgulloso judío británico» y ha insistido en separar las críticas al Gobierno de Netanyahu de cualquier cuestionamiento de Israel o de la comunidad judía británica. Miliband recordó, al asumir la cartera de Exteriores, «mis padres llegaron a Gran Bretaña como refugiados judíos de los nazis».
Por su parte, la líder del Partido Conservador británico, Kemi Badenoch, considera las sanciones una «autolesión nacional» que perjudica la cooperación de seguridad e inteligencia con Israel, y Nigel Farage, líder de Reform UK, declaró que, si su partido llega al poder, revertirá el daño causado a las relaciones entre Reino Unido e Israel.

La líder del Partido Conservador británico, Kemi Badenoch, considera las sanciones una «autolesión nacional» que perjudica la cooperación de seguridad e inteligencia con Israel

A favor de las sanciones se han pronunciado destacadas figuras israelíes, como Ehud Olmert, ex primer ministro de Israel; Dan Halutz, excomandante del ejército israelí; David Harel, presidente de la Academia Israelí de Ciencias y Humanidades, y Em Hilton, escritora y activista judía y cofundadora de Na’amod, un movimiento de judíos británicos contrario a la ocupación israelí de los territorios palestinos, quien afirma que «responsabilizar a Israel por sus violaciones de los derechos humanos en Cisjordania no es antisemita».