La Administración Trump ha decidido extender al sector agrícola la apertura económica de Venezuela y facilitar que empresas venezolanas compren alimentos y materias primas de Estados Unidos con créditos que serán respaldados por el propio Gobierno norteamericano. Este es un paso de considerable alcance porque … Washington no se limita a levantar obstáculos al comercio sino que pone a disposición de sus exportadores garantías financieras, programas de promoción comercial, formación técnica y, en paralelo, mecanismos de ayuda alimentaria para facilitar la entrada de productos estadounidenses a un mercado que necesita importar buena parte de lo que consume.
En esencia, la Administración Trump va a facilitar que Venezuela pueda comprar alimentos y productos agrícolas estadounidenses, incluso ayudando a financiar esas compras. A la vez, abre la puerta a enviar ayuda alimentaria y formar técnicos venezolanos, mientras crea más negocio para agricultores y empresas de EE.UU.

El anuncio llega después del acuerdo petrolero entre Washington y Caracas, que ha abierto una nueva etapa de cooperación económica entre ambos países. Tras asegurar una presencia mucho mayor de empresas estadounidenses en el sector energético venezolano, la Administración Trump empieza ahora a extender esa apertura a la agricultura y la alimentación, con más comercio, crédito, asistencia técnica y la posible llegada de la ayuda alimentaria.

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David Alandete

Contribuir a la recuperación de Venezuela

El Servicio Agrícola Exterior, que es dependiente del Departamento de Agricultura de EE.UU., presentó lo que denomina un conjunto ampliado de oportunidades comerciales, de desarrollo y seguridad alimentaria para Venezuela. El objetivo declarado es doble: contribuir a la recuperación venezolana, especialmente después de los recientes terremotos y la salida de Nicolás Maduro, y abrir oportunidades para agricultores y empresas estadounidenses.
Luke J. Lindberg, el subsecretario de Agricultura para Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores visitó Venezuela pocos días después de los terremotos y ahora presenta la iniciativa como parte del compromiso de la Administración Trump con la recuperación económica del país en su cooperación con el régimen de Delcy Rodriguez.
La medida más importante es financiera. Washington quiere utilizar el llamado programa GSM-102 para facilitar que importadores venezolanos compren productos agrícolas estadounidenses. El mecanismo no consiste en que el Gobierno de EE.UU. entregue directamente dinero a Venezuela, sino que ofrece garantías de crédito que reducen el riesgo de las entidades financieras que respaldan las operaciones.

Washington quiere utilizar el llamado programa GSM-102 para facilitar que importadores venezolanos compren productos agrícolas estadounidenses

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En términos prácticos, una empresa venezolana que quiere comprar trigo, maíz, soja u otros productos estadounidenses necesita conseguir financiación para pagar al exportador. En un mercado con problemas de acceso al crédito, inflación elevada y años de incertidumbre económica por el chavismo, encontrar un banco dispuesto a asumir ese riesgo puede ser difícil o caro. La garantía estadounidense permite reducir una parte importante de esa incertidumbre y facilita que la operación se produzca.
El programa GSM-102 es una de las herramientas tradicionales de Washington para colocar producción agrícola estadounidense en mercados emergentes. Solo en 2022 respaldó 3.400 millones de dólares en exportaciones de productos como maíz, soja, harina de soja, trigo, arroz y algodón.

Levantamiento de restricciones

El Departamento de Agricultura anuncia además que levanta restricciones para permitir que cualquier banco extranjero que cumpla los requisitos pueda respaldar transacciones venezolanas. El propósito es ampliar el número de entidades capaces de financiar esas compras y, por tanto, el volumen potencial de crédito disponible.
El beneficiario inmediato de esa decisión es el exportador norteamericano. Un agricultor, una cooperativa o una comercializadora estadounidense dispone de mayores posibilidades de vender porque una parte del riesgo financiero que hasta ahora dificultaba la operación queda cubierta por Washington. Del otro lado, los importadores venezolanos consiguen una vía adicional para acceder a financiación internacional.
Un informe del propio Departamento de Agricultura publicado en abril calcula que Venezuela necesitará importar 1,5 millones de toneladas métricas de trigo en la campaña 2026-2027, un aumento del 10%. El país consumirá unos tres millones de toneladas de maíz, mientras su sector agrícola continúa sufriendo los efectos de la inflación, el encarecimiento de los fertilizantes y otras dificultades económicas.
Washington quiere ir, sin embargo, bastante más allá del crédito.
También se estudia incluir Venezuela como destino de una próxima misión comercial agrícola regional. Si finalmente se lleva a cabo, representantes de empresas estadounidenses viajarían para reunirse directamente con compradores e importadores. El plazo que maneja el Departamento de Agricultura es comienzos de 2027.

Científicos e investigadores

Hay un tercer componente en esta iniciativa agrícola, que es reconstruir capacidades agrícolas dentro de Venezuela. El Departamento de Agricultura ofrecerá plazas a científicos e investigadores venezolanos un programa de investigación e intercambio de corta duración.
Esos programas permiten formar a especialistas en cuestiones agrícolas, sanitarias y regulatorias, pero tienen también una vertiente comercial. Una mayor compatibilidad entre las normas venezolanas y las prácticas estadounidenses puede reducir obstáculos futuros a la entrada de alimentos y productos agrícolas de EE.UU.

Washington también estudia poner en marcha programas de ayuda alimentaria en Venezuela, especialmente para niños, familias con dificultades y zonas afectadas por los terremotos

Washington también estudia poner en marcha programas de ayuda alimentaria en Venezuela, especialmente para niños, familias con dificultades y zonas afectadas por los terremotos. Además de enviar alimentos, esos programas podrían servir para mejorar la producción agrícola, formar a trabajadores del campo, modernizar sistemas de distribución y ayudar a que el país produzca más por sí mismo. Pero por ahora no hay una cantidad concreta de dinero aprobada ni se ha decidido cuántos alimentos se enviarán: el Gobierno estadounidense está todavía estudiando qué programas puede aplicar y de qué manera.

El Ejército israelí (FDI) contradijo este viernes en un comunicado al documental Naza, estrenado este jueves en el Festival de Venecia con aplausos apabullantes, al asegurar que sus decisiones para bombardear Gaza siempre las toma personal humano y no la inteligencia artificial (IA), como detalla el filme a partir de testimonios de oficiales de inteligencia y soldados de Israel.»Las decisiones relativas a la selección y aprobación de ataques en las FDI son tomadas exclusivamente por personal humano, de acuerdo con las directrices de las FDI, y no por inteligencia artificial», esgrimió el Ejército israelí en un comunicado.A partir de 24 testimonios anónimos de miembros de las propias FDI, la cinta israelí Naza -que significa ‘víctimas colaterales’ en el argot militar del país- aborda la supuesta estrategia militar seguida por el Ejército para arrasar el enclave palestino, haciendo hincapié en el apartado tecnológico.En el documental, algunos oficiales dicen que son capaces de controlar a todo aquel que tenga un teléfono móvil; otro entrevistado se presenta como el creador de un sistema que, con algoritmos e IA, puede determinar en qué punto se concentra la gente dentro de un edificio; e incluso hay confesiones sobre bombardeos «justificados» que maten a mujeres y niños si hay un miembro de Hamás en la zona.Por su parte, las FDI recriminan al filme que se base en «testimonios anónimos de personas cuya identidad no puede verificarse, tampoco si sirvieron en las FDI, en qué capacidad o si estuvieron involucradas en los asuntos objeto de las acusaciones».Aunque esta práctica es habitual en el país dada la gravedad y susceptibilidad del asunto, como ocurre con la organización israelí pro derechos humanos ‘Breaking the Silence’ -formada por antiguos soldados de las FDI- y sus testimonios.El Ejército israelí también cuestionó la veracidad de las declaraciones de los entrevistados porque, según la nota castrense, «incluyen afirmaciones sobre estrategia nacional y militar que claramente exceden el conocimiento de soldados de rangos inferiores».»Todo soldado que presencie una infracción de la ley tiene la obligación, según las órdenes militares, de denunciarla para que se evalúe la necesidad de abrir una investigación. Esto se aplica también a las personas entrevistadas para la película», añade el comunicado.No obstante, las escasas investigaciones que el Ejército israelí abre contra casos probados en que sus soldados atacaron a civiles en Gaza -como el caso de la niña Hind Rajab en 2024 o el asesinato de siete trabajadores humanitarios de World Central Kitchen en la Franja ese año- rara vez derivan en acusaciones formales o condenas.Naza ha sido rodada por los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, parte del equipo de la oscarizada No Other Land (2024), y ha entrado en la carrera por el León de Oro después de que el certamen la aceptara ‘in extremis’ una semana antes de su inicio.

Abdalá Bucaram Ortiz, condenado a nueve años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada en el caso Pruebas Covid-19, forma ya parte del listado de expresidentes de Ecuador que han sido sentenciados penalmente por diferentes delitos cometidos en el ejercicio de … su cargo, desde el regreso a la democracia en 1979. Los otros exmandatarios son Jamil Mahuad, con sentencia por malversación de caudales públicos; y Rafael Correa y Lenín Moreno por cohecho, aunque en causas diferentes.
Sin importar la ideología, el tiempo y el momento que hayan gobernado, los cuatro exmandatarios han sido juzgados y condenados por la justicia penal por cometer delitos de corrupción. En el caso de Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo, que también fue sentenciado este jueves 10 de septiembre, el expresidente anunció que apelará ante las instancias correspondientes. Aduce una supuesta animadversión del juez responsable del caso, pues asegura que lo suyo sólo fue «un acuerdo entre privados».

Bucaram ejerció la Presidencia de Ecuador apenas seis meses, entre 1996-1997, al ser destituido por el Congreso Nacional, que lo declaró incapacitado para gobernar. Vivió más de 20 años en Panamá y regresó al país cuando prescribieron condenas anteriores que tenía pendientes por corrupción. En el caso de su última sentencia, los jueces determinaron que él, su hijo Jacobo y otros dos procesados participaron en una estructura que se lucró con la venta de pruebas de Covid-19 e insumos médicos durante la emergencia sanitaria de 2020.

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Otro expresidente sentenciado es Jamil Mahuad, quien gobernó Ecuador entre 1998 y 2000. Político reconocido, fue legislador y alcalde exitoso de Quito, pero no terminó su mandato presidencial por culpa de un golpe de Estado. Una aguda crisis económica lo llevó a decretar la congelación de los depósitos bancarios, hecho que sacó a la gente a las calles; miles perdieron sus ahorros y buena parte del país no tenía ingresos, lo que generó una fuerte migración hacia España y Estados Unidos. En el gobierno de Mahuad se firmó el Acuerdo de Paz con Perú y se implantó la dolarización como sistema monetario, sustituyendo al sucre que había sido siempre la moneda en curso.
En 2025, once años después de haber sido condenado por malversación y responsable de la crisis bancaria que sufrió el país, Jamil Mahuad, que ahora vive en Estados Unidos, interpuso una acción extraordinaria de protección que la Corte Constitucional desestimó, pero, el pasado mes de agosto, anunció que se trasladó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir que dejen sin efecto la sentencia y poder así regresar al país.

Rafael Correa

Otro sentenciado es Rafael Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017 tras ser ministro de Economía y Finanzas unos meses. Durante sus 10 años de gestión implantó el socialismo del Siglo XXI y se alió con gobiernos afines de la época. Disfrutó de una buena salud económica por los altos precios de las materias primas, en especial el petróleo, lo que le sirvió para invertir en infraestructura. Con importante respaldo popular, llamó a una Constituyente y redactó una nueva Constitución, lo que propició el presidencialismo que aprovechó para concentrar el poder.

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Fueron años difíciles para las libertades ya que aniquiló los sindicatos, persiguió a la oposición y, sobre todo, a la prensa por revelar prácticas ilícitas. En una de esas denuncias se comprobó que el gobierno montó una estructura delictiva paralela que cobraba sobornos a los empresarios a cambio de entregarles obras públicas. El dinero se destinaba al movimiento político Alianza País, que ocupaba el poder. El caso se llamó ‘Sobornos 2012-2016’. Correa fue sentenciado a 10 años de prisión, al igual que una parte de su gabinete ministerial y diez empresarios. Desde que dejó el poder vive en Bélgica y es considerado prófugo de la justicia.

El último en la lista

Hace tan solo dos semanas, el expresidente Lenín Moreno (2017-2021) fue sentenciado a cinco años de prisión por participar en el caso ‘Sinohydro’ nombre de la empresa china que habría repartido compensaciones económicas por 76 millones de dólares (65 millones de euros) a cambio de la adjudicación de la mayor obra hidroeléctrica del país, Coca Codo Sinclair.
En este caso también fueron sentenciados, aunque con diferentes penas, la esposa de Moreno, Rocío González, su hija, dos de sus hermanos y el empresario Conto Patiño, representante de Sinohydro en Ecuador, así como el exembajador de China Cai Rungo. El pasado lunes, los abogados de Moreno plantearon la suspensión condicional de la condena, argumentando su falta de antecedentes penales, su edad y su discapacidad.