El expresidente de Corea del Sur Yoon Seok Yeol, condenado a cadena perpetua en relación con su declaración de la ley marcial en diciembre de 2024, ha defendido este viernes su decisión de entonces, alegando que «fue por el bien del país», pero ha … pedido «disculpas sinceras al pueblo» por las consecuencias de sus «errores».
«Mi juicio y decisión de declarar la ley marcial el 3 de diciembre fue únicamente por el bien del país y su gente, y su sinceridad y propósito permanecen inalterados», ha declarado Yoon en un comunicado recogido por la agencia de noticias estatal Yonhap. «Fue una decisión para salvar al país, pero pido disculpas sinceras al pueblo por la frustración y las dificultades que mis errores causaron», ha agregado.

El exmandatario ha considerado «una suerte» que el tribunal «no aceptara la ficción y el engaño del fiscal especial» de que la declaración de la ley marcial solo surgió ante unas condiciones que no permitieron proyectar «un gobierno a largo plazo». Con todo, ha considerado «difícil aceptar la lógica de que se trató de una guerra civil simplemente porque los militares acudieron a la Asamblea Nacional».
«Es desgarrador ver a tantos soldados, policías y funcionarios públicos luchando mientras se someten a investigaciones y juicios, y a sus familias frustradas por el dolor», ha lamentado, presentándose como «único responsable» de la toma de decisiones y manifestando su deseo de que «no se les impongan más juicios severos ni persecución».
Sobre su caso, en cambio, ha considerado que se trata de «una situación en la que no se puede garantizar la independencia del poder judicial y es difícil esperar una sentencia basada en la ley y la conciencia». «Tengo profundas dudas sobre el sentido de una disputa legal mediante apelación», ha apostillado.
Sus declaraciones han seguido la línea de las emitidas en la víspera por su equipo legal, que lamentó «un proceso cuya conclusión ya estaba predeterminada». Con todo, los abogados del exdirigente afirmaron que su intención era «luchar hasta el final» y, de hecho, la propia agencia Yonhap ha apuntado a que se espera que presenten una apelación la próxima semana.

Cuando el país descansaba profundamente, Delcy Rodríguez promulgó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática desde el Palacio de Miraflores. «Están ustedes portando esperanza para Venezuela», dijo a los diputados presentes. Esa esperanza no se quedó en el palacio. Viajó por … las sombras de Venezuela. Llegó a Zona 7, Los Teques, Maracaibo, Valencia. Llegó a cada rincón donde hay lonas improvisadas, colchones en el asfalto, familias esperando libertad.
En las afueras de los centros de reclusión, donde permanecen presos políticos desde hace años, las familias recibieron la noticia. Comenzaron a orar con intensidad profunda. Bajo lonas improvisadas, sobre colchones extendidos en el piso duro, tomadas de las manos, en círculos cerrados, pidieron lo que la ley acaba de prometer: la liberación inmediata de sus seres queridos.

Las estructuras improvisadas son el síbolo vivo de la vigilia nacional que se extiende por todo el país. Carteles manuscritos cuelgan de las lonas en decenas de lugares. Nombres de presos políticos, fechas de desaparición, mensajes pidiendo libertad. Fotografías de los detenidos. Se han convertido en santuarios donde la esperanza y la desesperación conviven bajo lonas de colores rojo y amarillo que sostienen el asfalto muy caliente de Venezuela.

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David Alandete

La ley cubre 13 hechos políticos en 25 años: el golpe de 2002, el paro petrolero 2002-2003, el referendo de 2004, protestas de 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019, 2024 y 2025. Pero el Artículo 9 excluye delitos graves: violaciones a derechos humanos, lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, corrupción, y participación en acciones armadas con apoyo extranjero. Las exclusiones son amplias. Eso significa que no todos los presos estarán cubiertos.
«Es una ley que cubre casi tres décadas de conflicto», explica René Cedillo, coordinador del Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales y Presos Políticos. «Pero hay exclusiones graves». Su voz tiembla con esperanza entre fe y cautela. Es la esperanza de quien ha visto promesas incumplidas.
En Zona 7, la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas, Alberto Guerrero y Petra Vera permanecen bajo una de estas estructuras improvisadas. «Wilfrán, mi hermano, está detenido por pensar distinto», dice Alberto. Petra añade: «Tenemos fe de que todos sean liberados hoy. Si liberaron a 17 hace dos semanas sin ley, ahora que fue aprobada, tenemos más esperanza». Están desde el 8 de enero, vinieron desde Maracaibo. «La amnistía es positivo», dice Petra, «pero no hay perdón si no hubo delito. Ellos son inocentes. No necesitan perdón».
Pero Alberto y Petra no están solos. En Los Teques, Caracas, Valencia, en cada rinconcillo del país donde hay un centro de reclusión, hay familias como la suya. Américo de Grazia, expresidiario político, es optimista sobre el futuro pero advierte: «He sido amnistiado tres veces y capturado tres veces nuevamente. Mientras las cosas no cambien fundamentalmente, la amnistía no será garantía de paz». Requiere voluntad política real para reconciliación. «Tal como está planteada», dice, «sugiere que víctimas de violaciones de derechos humanos deben ir a tribunales a pedir perdón». Su advertencia resuena en las estructuras improvisadas donde las familias esperan respuestas.

Imágenes de la vigilia que realizan los familiares de los presos políticos que se encuentran recluídos en Zona 7.

(Jorge Benezra)

La ONG Justicia y Perdón reconoce limitaciones pero también alcance histórico. «La ley cubre un período amplio de conflictividad política», dice. Alfredo Romero, director de Foro Penal, comparte esta visión matizada: «Hay que recibir con optimismo la amnistía, pues beneficia a algunos perseguidos políticos. Sin embargo, es restrictiva y deja por fuera muchos casos». Advierte que las víctimas de violaciones graves a derechos humanos requieren justicia, no amnistia. Su llamado es claro: «Debemos seguir presionando por la liberación de todos los presos políticos».
Cedillo ve una oportunidad real. «Los 13 hechos cubiertos representan casi toda la historia reciente de conflictividad política», dice. «La pregunta es si el gobierno aplicará realmente la ley de buena fe y voluntad».
Mientras tanto, Jorge Rodríguez anunció que la Ley contra el Odio será revisada por la Comisión de Paz. No debemos caer en provocaciones, dijo. Los jóvenes deben ser promotores de paz. El mensaje oficial es claro: reconciliación, no revanchismo. Pero bajo las lonas improvisadas, las familias esperan respuestas más inmediatas. La amnistía fue promulgada en las sombras. La esperanza llegó en silencio. Ahora continúan orando. Esperan que esta sea finalmente la verdadera noche de la libertad plena.

La detención de Andrés Mountbatten-Windsor –hasta hace poco príncipe Andrés de Inglaterra– en su residencia de Sandringham ha marcado un hito en la historia contemporánea del Reino Unido. La Policía inglesa ha confirmado, con una delicadeza que se aparta de su práctica habitual, el … arresto de «un hombre de Norfolk en sus sesenta años» por sospecha de «misconduct in public office» (mala conducta en un cargo público), en el marco de una investigación que ha cobrado impulso tras la publicación de documentos vinculados a Jeffrey Epstein.
Como jurista, debo subrayar que detención no equivale a culpabilidad. En el sistema penal británico, como en cualquier democracia que se precie de tal nombre, la presunción de inocencia rige con la misma fuerza para un ciudadano común que para quien fue miembro de la realeza. La acusación puede implicar incluso penas privativas de libertad; pero solo tras un proceso justo y con todas las garantías, se podrá hablar de responsabilidad penal. No obstante, lo sucedido exige ir más allá de una advertencia prudencial jurídica; al implicar una crisis de reputación que trasciende a un individuo.

La figura del tercer hijo de la Reina Isabel II de Inglaterra ha sido una constante fuente de controversia, incrementada en los últimos años por su relación con un personaje tan oscuro como Epstein, convicto por tráfico y abuso sexual de menores. El Rey Carlos III, su hermano, le ha retirado recientemente sus títulos y honores; así como sus funciones como miembro de la Familia Real. Lo sucedido parece confirmar que no se estaba ante una mera decisión interna de la Casa Real británica, sino que se ha practicado para levantar un cortafuegos entre la institución y los actos personales de un hermano del rey.

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Ivannia Salazar

La lógica era –y sigue siendo– clara. Preservar la integridad de la Corona para que el daño colateral de una conducta polémica no termine por erosionar la confianza pública en la institución real entera. Para esta, es una prueba de fuego. Si el sistema legal trata a todos por igual, entonces se fortalece la legitimidad misma de la monarquía ante una sociedad que cada vez demanda más responsabilidad y menos privilegio. Asistimos a un momento en el que la persona y la institución real inglesa se entrecruzan por el imperativo de que el Estado de derecho se aplique con imparcialidad.
En un Estado constitucional, cuando se detiene a un miembro de la familia reinante conforme al procedimiento ordinario, nunca debe entenderse como un desafío a la monarquía, sino como una reafirmación de la igualdad ante la ley, de que nadie está por encima de ella. Esto es la esencia del Estado de derecho. La ‘auctoritas’ de la monarquía británica, como de cualquier monarquía parlamentaria, no depende de su fuerza o su posición. Depende de la percepción pública de probidad, de dignidad, de prudencia, de transparencia y de ejemplaridad.
En España, el caso Urdangarin supuso un punto de inflexión. Y eso que no se trató –notable diferencia con el caso inglés– de un hermano del Rey. El procesamiento y condena del esposo de la Infanta Cristina evidenciaron dos cosas. Primero, que la Justicia española debía actuar y actuó con independencia; segundo, que la supervivencia de la monarquía dependía de una regeneración ética visible. La decisión de Felipe VI de retirar el título de duquesa de Palma a su hermana y de apartar a ambos de la agenda institucional, fue, y así lo entendió el pueblo español, un ejercicio de responsabilidad ejemplar.
Con la detención de Andrés Mountbatten-Windsor, el Estado de derecho ha hablado con firmeza. Ahora la reputación institucional se jugará, como siempre, en el terreno de la justicia, la verdad y la percepción ciudadana. Porque en las democracias avanzadas, la Corona conserva primeramente su significado cuando está sometida a la Constitución y la ley, y, sobre todo, el público lo cree.
Daniel Berzosa López es jurista.