Estonia rechaza a la mitad de los reclusos suecos a los que alquila plazas de cárcel
Suecia tiene unos 17.500 miembros activos de redes criminales, según la Policía, que calcula que otras 50.000 personas están vinculadas al crimen organizado en su territorio. La explosión de la criminalidad ligada a estos clanes ha obligado a remodelar un … sistema penitenciario desbordado, orientado a la reinserción y diseñado para un nivel de delincuencia mucho menor.
Para aliviar la masificación penitenciaria, Suecia firmó en junio un convenio con Estonia por el cual alquila 300 plazas en la prisión de Tartu, con un coste anual de 30 millones de euros. El acuerdo entró en vigor el 5 de agosto y el martes llegó el primer avión con 37 presos, pero Estonia anuncia esta mañana el rechazo de más de la mitad, casi una veintena, porque se niega a acoger a presos violentos relacionados con bandas.
«Estas personas no vendrán a Estonia», ha zanjado la ministra de Justicia de Estonia, Liisa Pakosta, que ha recordado que Estonia se reserva, en el convenio, el derecho de estudiar caso por caso y descartar condenados por determinados delitos. Al menos 18 de los ocupantes del avión militar en el que llegaba el primer envío, «han sido condenados por delitos muy graves cuya conexión con bandas no puede descartarse, como intento de asesinato, complicidad en intento de asesinato, complicidad en secuestros y, en particular, delitos graves relacionados con drogas», ha señalado como causa del rechazo.
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Rosalía Sánchez
A mediodía del martes, un avión procedente de la ciudad sueca de Linköping aterrizaba en el aeropuerto militar de Ämari, en Estonia, con el primer grupo de presos suecos que cumplirán su condena en la prisión de Tartu. El centro penitenciario estaba preparado para alquilar celdas hasta a 600 reclusos para paliar la escasez de espacio en las cárceles del país nórdico. «Es muy satisfactorio que la cooperación se esté llevando a cabo en la práctica y que el primer transporte se haya realizado de forma segura y exitosa. Eso, en sí mismo, es histórico», se felicitaba el ministro sueco de Justicia, Gunnar Strommer.
El pasado mes de junio, el Parlamento sueco votó a favor de esta colaboración con Estonia, que tiene una vigencia de cinco años y que permitirá el traslado por trimestre de hasta 100 reclusos hasta el verano de 2027. A cambio, Estonia recibirá 30,6 millones de euros anuales por los primeros 300 y 8.500 euros más por cada preso adicional que le envíe Suecia, que considera que le sale más barata esta medida que mantenerlos en su país.
Todos los gastos de manutención relacionados con los reclusos extranjeros, incluida la atención sanitaria, serán cubiertos por el Estado sueco. Asimismo, los presos no tendrán permisos de salida a la ciudad y serán devueltos a Suecia al menos un mes antes de finalizar su condena.
Caso por caso
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En virtud del acuerdo, que podrá prorrogarse tres años más a menos que alguno de los dos países lo rescinda, el Gobierno de Estonia tiene derecho a denegar el ingreso a determinadas categorías de presos, incluyendo miembros de bandas criminales y condenados por delitos violentos muy graves.
Es el Servicio de Prisiones y Libertad Condicional de Suecia quien toma las decisiones sobre qué preso debe ser trasladado, tras el envío previo de una solicitud individual al Ministerio de Justicia estonio. El mismo día que entró en vigor el acuerdo, el 5 de agosto, el Servicio sueco envió las primeras solicitudes.
«Las personas vinculadas al crimen organizado no serán consideradas. La seguridad interna es nuestra prioridad absoluta»
Liisa Pakosta
Ministra de Justicia de Estonia
«Rechazamos la mayoría de las solicitudes porque nuestra opinión sobre los perfiles de los presos que vendrán a Estonia no coincide con los términos del acuerdo. Hemos informado a Suecia que no son reclusos adecuados para formar parte del convenio y Suecia debe ahora revisar de nuevo quiénes son los candidatos más adecuados», ha declarado Tiina Unuks, jefa de la Unidad de Operaciones Penitenciarias del Departamento de Prisiones del Ministerio de Justicia y Digitalización.
Por su parte, la ministra estonia Pakosta ha confirmado que «la gran mayoría de las personas en esta lista no superaron la autorización de seguridad de Estonia por las razones mencionadas», en una entrevista con el medio digital estonio Delfi.
«Por supuesto, uno puede preguntarse cómo puede surgir una lista así en cualquier caso. Para ser sincera, yo misma tengo la misma pregunta. Pero esto ya está resuelto», ha agregado, recordando que «por ahora, está bastante claro que las personas que puedan estar vinculadas a actividades criminales de clanes ni siquiera serán consideradas. La seguridad interna es una prioridad absoluta para nosotros y lo fue para ambos países cuando se preparó este acuerdo».
«El pueblo de Estonia puede seguir durmiendo en paz», ha subrayado la ministra, consciente de la inquietud que el convenio con Suecia ha suscitado entre la población estonia.
El director del Servicio Penitenciario, Rait Kuuse, sigue defendiendo el acuerdo como «pragmático» y la conveniencia de sacar partido a las aproximadamente 600 plazas sin uso en la prisión de Tartu, además de señalar que el acuerdo ayuda a preservar los empleos y las infraestructuras en la región.

