2026 es un año de extrañas celebraciones en Estados Unidos. Cuando los ideales de esta república están quizá más apartados que nunca de su realidad trumpista, se conmemoran los dos siglos y medio de la Declaración de Independencia, publicada un 4 de julio en … la ciudad de Filadelfia por trece colonias en rebeldía contra la gran superpotencia de su tiempo: Inglaterra. En un momento de extrema polarización, deriva autoritaria e incluso riesgo de que la actual escalada de violencia política termine resultando incontrolable, esta América irreconocible debería aprovechar la ocasión para repasar sus orígenes.
Para promover este obligado ejercicio de introspección, nadie mejor que Carlos III en una visita que va mucho más allá de la gestión de daños en una relación bilateral que cada vez tiene menos de especial. El vínculo, al que originalmente se refirió Winston Churchill en 1946, es solamente aplicable a la tóxica complicidad que existe entre los Estados Unidos de Trump y el Israel de Netanyahu.

La guerra revolucionaria que culminó con la formación de una pionera democracia hace 250 años no significa que Londres y Washington no hayan mantenido una evidente y constructiva sincronización política, para bien o para mal: Roosevelt/Churchill y la Carta Atlántica; Ronald Reagan/Margaret Thatcher y la resurrección del conservadurismo para finiquitar la Guerra Fría; Bill Clinton/Tony Blair y la Tercera Vía; la primera elección presidencial de Trump en 2016; la fagocitación de los republicanos y los tories por parte de MAGA y el Reform UK de Nigel Farage…
Entre alabanzas por toda esa historia compartida y un alarde del humor inglés más fino, en su magistral discurso ante una sesión conjunta del Congreso, Carlos III no ha hecho más que poner un espejo delante del brote psicótico en el que se ha convertido la política de Estados Unidos. Y recordarles que ellos también tienen el mismo sustrato: la Magna Carta de 1215 y la tradición del derecho consuetudinario anglosajón. Es decir, límites al poder ejecutivo e imperio de la ley.

El Gobierno de Friedrich Merz ha impulsado tres grandes bloques de recortes sociales desde el año pasado: un ajuste de hasta 40.000 millones de euros en sanidad y prestaciones, un endurecimiento profundo, tanto del sistema de subsidios como del acceso a la renta básica … del Bürgergeld, y la eliminación o reducción de coberturas del estado del bienestar, especialmente en la Seguridad Social y ayudas familiares.

Menos camas hospitalarias

Las medidas más cuantiosas afectan al sistema sanitario: un recorte de hasta 38.000 millones de euros en sanidad hasta 2030 que salen de la racionalización del sistema hospitalario, con cierres, fusiones y reducción del número de camas.

Menos tratamientos

La contención en prestaciones sanitarias reduce los tratamientos cubiertos por el seguro público. Por citar algunos de los recortes concretos, los monitoreos preventivos contra el cáncer de piel se mantendrán solo para población de riesgo, aumenta el copago de medicamentos, disminuyen las estancias hospitalarias, desciende la cobertura de los tratamientos dentales y se limitan las partidas con las que se financian los hospitales públicos y a los médicos adscritos a la red sanitaria pública.

Bajas laborales parciales

Quedan instituidas, además, las bajas laborales parciales, por las que será posible que un facultativo conceda bajas que impliquen el 75%, el 50% o el 25% del horario laboral.

Aumento de las contribuciones a la Seguridad Social

A través de la revisión de los mecanismos de financiación de la Seguridad Social, que implica una mayor aportación obligatoria de los asegurados, el objetivo declarado de la reforma es frenar un déficit sanitario que podría alcanzar los 40.000 millones al final de la década.

Eliminación del seguro sanitario gratuito para el cónyuge

Una de las reformas más polémicas es la modificación del seguro público de salud (gesetzliche Krankenversicherung), que elimina la cobertura gratuita para cónyuges no cotizantes. Habrá excepciones (familias numerosas, personas con discapacidad, pensionistas, cuidadores), lo que obligará a pagar al menos el 2,5% de los ingresos del cónyuge asegurado.

Obstáculos a los seguros médicos privados

La reforma eleva a 100.000 euros el límite de ingresos para quedar exento del seguro público, con el fin de evitar fugas hacia seguros privados. El ahorro previsto es de 19.300 millones en 2025 y 38.300 millones en 2030.

Menos renta básica

El Gobierno Merz ha aprobado también una reforma profunda del principal subsidio social no contributivo, el denominado Bürgergeld, sustituido progresivamente desde julio de 2026. Además, estará sujeto a sanciones más rápidas y severas: reducción del 30% de la prestación si se falta a una cita y suspensión total, incluyendo el pago del alquiler de la vivienda, si la falta es reiterada. El nuevo subsidio social reduce la protección del patrimonio del beneficiario, que en adelante deberá usar sus ahorros o propiedades antes de recurrir a la ayuda social, y endurece el acceso a las ayudas de vivienda, obligando en adelante a mudarse a pisos más baratos si el alquiler supera ciertos límites.

Freno al desarrollo de las pensiones

El canciller Merz ha adelantado que las pensiones alemanas quedarán convertidas en una «cobertura básica» para la vejez y ya no serán suficientes para garantizar el nivel de vida a largo plazo. Una comisión para las pensiones trabaja en una reforma adicional que vincula su desarrollo con la esperanza de vida. De momento, desde enero, están ligadas al salario medio. Si el nivel es estable, la pensión estándar aumenta en consonancia con la evolución salarial, pero sube más lentamente que los salarios. Esta proporción entre la pensión estándar y los ingresos medios ya ha caído drásticamente en las últimas décadas. A finales de los años 70, aún representaba casi el 60% de los ingresos medios. En 2012 cayó por debajo del 50% por primera vez y ahora queda establecida en el 48%.

Menos ayuda infantil

La revisión de prestaciones familiares y ayudas complementarias tiene como objetivo crear mayor presión a la reincorporación laboral de madres y desempleados de larga duración. El Estado ayudará a los hijos que no reciben manutención de uno de los padres sólo hasta los 12 años, y no hasta los 18.

Hachazo al Ministerio Digital

El Gobierno impone un recorte generalizado del 1% a todos los ministerios. El Ministerio Digital sufre una de las mayores reducciones: 3.000 millones de euros.

La región del sur occidente colombiano vive desde la semana pasada una crisis de violencia tras una oleada de ataques con explosivos que, según informes del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, se han cobrado al menos 21 muertos y más de 40 heridos … en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. El más grave de estos hechos fue el atentado el 25 de abril sobre la Vía Panamericana, en el municipio de Cajibío (Cauca), donde un artefacto explosivo destruyó un autobús y varios vehículos que circulaban por la zona.
Las autoridades han calificado el hecho como un «ataque terrorista» vinculado a estructuras de disidencias de las FARC, que operan en la llamada estructura ‘Iván Mordisco’ y que han multiplicado en días recientes ataques con cilindros bomba y drones en la vía Panamericana. El número de muertos ascendió a 21 personas y a 56 el número de heridos. Entre los fallecidos hay civiles de distintas edades, incluyendo menores de edad, y varios heridos permanecen en unidades de terapia intensiva en hospitales de Popayán y Cali.

En las últimas horas, las autoridades en el departamento de Cauca han anunciado la captura de José Vitonco, alias ‘Mi Pez’, identificado como máximo cabecilla de una estructura local vinculada a las filas de Iván Mordisco, responsable de la cadena de atentados en Cauca y Valle del Cauca. La Fuerza Pública ha señalado que Vitonco es uno de los presuntos responsables del atentado en Cajibío y de otros ataques coordinados en la vía Panamericana, en el marco de una escalada que, según el comandante de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López, suma ya 26 acciones terroristas en menos de 48 horas.

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Ronald Catari

Militares y Fiscalía han resaltado la cooperación ciudadana y el trabajo de inteligencia que permitió la captura, y se adelantan procesos para individualizar materialmente su participación en el atentado.
Por su parte, la Gobernación del Cauca emitió un decreto de tres días de duelo en memoria de las víctimas de los ataques en cuestión, con el que se suspenden actividades oficiales y se convoca a la ciudadanía a jornadas de rechazo y solidaridad. En el Valle del Cauca y en municipios como Cali, Palmira y Jamundí se han organizado funerales comunitarios y ceremonias religiosas en las que las familias han velado a sus muertos frente a iglesias y plazas, mientras se mantienen comités de apoyo psicosocial para sobrevivientes y acompañantes. En algunos municipios los alcaldes y miembros de la iglesia han hecho llamados a la unidad y a la preservación de la memoria de las víctimas, a través de acciones que rechacen la violencia y promuevan la paz que hace tanto tiempo persigue la ciudadanía colombiana.

Influir en las elecciones

El presidente Gustavo Petro ha insistido en calificar a los autores del atentado como «terroristas, fascistas y narcotraficantes», repitiendo que el objetivo de ellos es generar miedo en la población civil y afectar la tranquilidad electoral en el suroccidente (a propósito de las elecciones presidenciales). En mensajes públicos y en redes sociales, Petro ha responsabilizado directamente a las disidencias de las FARC lideradas por alias ‘Iván Mordisco’ y ha exigido que se desplieguen «los mejores soldados» y policías para enfrentar a estas estructuras, mientras ordena consejos de seguridad permanentes en la región. El mandatario también ha aprovechado para reforzar su discurso sobre la «paz total» y la necesidad de mantener la presión militar y política sobre los grupos armados al margen de los acuerdos de paz.
En las últimas horas ha circulado un comunicado del Estado Mayor Central, principal disidencia de las FARC, en el que reconocen haber ejecutado una serie de ataques «bajo condiciones de guerra» en Cauca y Valle del Cauca. Según el texto, se trata de «respuesta militar» a operaciones ofensivas del Ejército Nacional: «Con profundo dolor debemos asumir la responsabilidad política por este error táctico, que no tiene justificación alguna», señala el comunicado.
Sin embargo, el Ministerio de Defensa no ha emitido declaraciones al respecto. Cabe destacar que, en ocasiones anteriores, el organismo ha alertado a la ciudadanía sobre la falsedad de este tipo de comunicados.