Rusia celebra el día 20 del próximo mes de septiembre elecciones parlamentarias, una fecha que puede ser clave para el devenir de la guerra en Ucrania, ya que según alerta Petr Pavel, presidente de la República Checa, Putin puede decidir tras los comicios una movilización general para intensificar el conflicto.En declaraciones a The Telegraph durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Pavel, que es general retirado y expresidente del comité militar de la OTAN afirmó: «Creo que tenemos la oportunidad de seguir presionando y enviar a Rusia un mensaje claro de que estamos dispuestos a iniciar negociaciones».»Rusia celebrará elecciones parlamentarias en septiembre. Es poco probable que el presidente Putin declare la movilización antes, pero una vez concluidas las elecciones, el margen de maniobra se reducirá», dice.Por eso, Pavel afirma que los aliados occidentales deberían aprovechar las próximas semanas para aumentar la presión sobre Moscú y obligar al Kremlin a sentarse a la mesa de negociaciones.El presidente checo argumenta que Rusia se enfrenta a crecientes desafíos internos y afirma que los continuos ataques ucranianos en lo profundo del territorio ruso, combinados con el apoyo occidental sostenido a Kiev, podrían crear condiciones que hicieran al Kremlin más dispuesto a negociar.La advertencia de Pavel se produce tras una serie de ataques con drones ucranianos cada vez más ambiciosos dentro de Rusia, con ataques dirigidos contra Moscú, la infraestructura petrolera en Siberia occidental y los suministros de combustible destinados a la Crimea ocupada.Pavel afirma que la OTAN debe seguir proporcionando a Ucrania el apoyo militar que necesita, al tiempo que mantiene la presión diplomática sobre Moscú, argumentando que Rusia podría lograr más mediante negociaciones que prolongando la guerra.El líder checo también afirma que Rusia está sufriendo una presión creciente en su territorio, ya que los ataques de largo alcance de Ucrania interrumpen el suministro de combustible en algunas partes del país y dejan al descubierto las debilidades detrás de la línea del frente.

Un terremoto de magnitud 3,9 ha sacudido este viernes zonas del norte de Venezuela, sin que hasta el momento se haya informado de daños o víctimas, ha informado la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). No obstante, ha sido suficiente como para provocar pánico y evacuaciones de edificios por seguridad.El organismo ha indicado en redes sociales que el movimiento telúrico se registró a las 10.53 hora local (16.53 hora española peninsular), a una profundidad de 5,5 kilómetros. Ha ocurrido a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto del 24 de junio.Decenas de personas han bajado de los edificios comerciales en Caracas tras este nuevo sismo. En las redes sociales, los usuarios han reportado   desalojos en sectores como La Candelaria, Los Ruices, Plaza Venezuela o Chacao en Caracas. Por seguridad, los administradores piden a las personas desalojar tras un temblor y permanecer un tiempo en las calles.Génesis Palma, trabajadora en una torre financiera en Altamira, al este de Caracas, ha explicado que sintieron el movimiento y comenzaron a bajar por las escaleras cuando notaron otro sismo que, hasta ahora, no ha sido reportado por las autoridades. Sus compañeros se han agarrado entre unos y otros para poder desalojar el edificio.»Nos vinimos para acá (plaza Altamira) porque la torre no es que esté muy bonita y la de al lado muchísimo menos», ha añadido. Palma ha recordado que el edificio donde trabaja sufrió daños superficiales tras el doble terremoto de hace 16 días, y tras este sismo han decidido recoger sus objetos personales e irse a sus hogares.Al menos 3.889 personas han fallecido tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio y 16.740 ha resultado heridas, según el balance oficial de este jueves. Asimismo, 17.907 se encuentran sin vivienda mientras que se mantiene la cifra de rescatados en 6.462. El doble terremoto de Venezuela es el más mortífero que ha experimentado el país en el último siglo.

Los estados alemanes han respaldado en el Consejo Federal, el órgano parlamentario de representación territorial, que la negación del derecho de Israel a existir, como acto de antisemitismo, sea un delito punible. Una propuesta del estado federado de Hesse, gobernado por la … Unión Cristianodemócrata (CD), ha recibido la mayoría necesaria para entrar a trámite y, tras las vacaciones de verano, el Parlamento tendrá que lidiar con ello.
Concretamente, el Ministerio de Justicia de Hesse ha obtenido aprobación para iniciar el trámite parlamentario a la inserción de un nuevo párrafo en el artículo 130 del Código Penal, referido al delito de incitación al odio. Según esta reforma, cualquiera que niegue el derecho de Israel a existir debería ser castigado con una multa monetaria o hasta cinco años de prisión, si lo hace de manera adecuada para «promover la disposición a recurrir a violencia antisemita o medidas arbitrarias».

El ministro de Justicia de Hesse, Christian Heinz, quien ha defendido el proyecto de ley en la tarima de oradores, ha enfatizado que no está dirigido contra la libertad de expresión ni contra las críticas al Gobierno israelí. Ha insistido en que el cambio es «legalmente necesario y también políticamente necesario». Además, ha alegado que Alemania no debería ser un país que mire hacia otro lado cuando se trata de odio hacia los judíos en las calles.

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Rosalía Sánchez

El Consejo Federal toma así la iniciativa ante el aumento sostenido del antisemitismo registrado en los últimos años en Alemania. Según datos policiales, en 2025 se documentaron 6.548 delitos de odio antisemita, un incremento del 5% respecto al año anterior, y casi la mitad de estos incidentes estuvo vinculada directamente al recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo. El presidente de la Oficina Federal de Investigación Criminal, Holger Münch, ha subrayado que «las crisis internacionales se trasladan emocionalmente a Alemania», generando picos de violencia en manifestaciones y redes sociales.
El debate político se intensificó tras varios episodios ocurridos entre octubre de 2023 y diciembre de 2025, incluidos ataques contra sinagogas en Berlín y Essen, agresiones a estudiantes judíos en centros educativos de Hamburgo y Múnich, y la difusión masiva de consignas que negaban el derecho de Israel a existir durante protestas en noviembre de 2024 y abril de 2025.
Ante esta tendencia, el estado de Hesse presentó este viernes en el Consejo Federal una propuesta para penalizar la negación del derecho de Israel a existir, con condenas de hasta cinco años de prisión cuando dicha negación fomente violencia antisemita. La iniciativa obtuvo mayoría y será debatida en el Parlamento tras la pausa estival. Tras la votación, Heinz ha declarado: «Este día envía una señal importante a todos los judíos de nuestro país: queremos y vamos a proteger mejor la vida judía en Alemania».

Problemas legales

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Hasta ahora, la ley alemana no prevé responsabilidad penal por negar el derecho a existir a Israel o a cualquier otro Estado. A finales de mayo, el Servicio Científico del Parlamento declaró en una explicación sobre admisibilidad constitucional que un proyecto de ley correspondiente probablemente constituiría un «derecho especial contra una opinión concreta» y, por tanto, sería fundamentalmente incompatible con la libertad de expresión del artículo 5 de la Ley Fundamental.
Se trata de una cuestión fundamental entre la libertad de expresión y la razón de Estado que, según señalan los expertos, presenta problemas legales. En primer lugar, no existe un «derecho a existir» claramente definido de los Estados en el derecho internacional. Se reconoce su soberanía, integridad territorial e independencia política. El derecho a existir es un término político, no legal; normalmente solo se utiliza en relación con Israel: para señalar que Israel, que está amenazado en la región, es reconocido como un Estado y apoyado contra sus opositores.
El segundo problema es que, incluso si existiera tal derecho a que existan los Estados, no está claro por qué solo Israel debería estar incluido en el código penal alemán y ningún otro Estado en el mundo. En el futuro, es probable que el derecho de Kosovo, Taiwán, China o incluso la República Federal de Alemania a existir se convierta en objeto de disputa, si se abre la puerta a ese derecho.
Hesse alega la responsabilidad de Alemania tras el Holocausto, una cuestión de política de la memoria ante la que un informe de doce páginas del Servicio Científico del Parlamento aborda considerables preocupaciones constitucionales. El proyecto crea un «derecho especial frente a una opinión concreta» que es «fundamentalmente incompatible con la libertad de expresión prevista en el artículo 5 de la Ley Fundamental». Solo podría justificarse si se pudiera aplicar una excepción limitada en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal a este caso, pero el Servicio de Investigación considera que esto es difícil de justificar, señala el texto.