Desde la izquierda hasta la derecha tradicional, pasando por la coalición macronista, han criticado esta medida. La ultraderechista Marine Le Pen ha empezado el curso político y electoral en Francia bajo el foco de la controversia. Su partido ha reivindicado en los últimos días … una de sus propuestas históricas: la prohibición del velo musulmán en el espacio público, incluso en la calle. Y los rivales de la favorita de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas del año que viene —prevista para el 18 de abril, y la segunda vuelta tendrá lugar el 2 de mayo— no han dudado en echarle en cara esta medida.
«Multaremos a las mujeres que lleven el velo (…), de la misma manera que multamos a aquellos que no se ponen el cinturón de seguridad», dijo el domingo Jean-Philippe Tanguy, uno de los diputados lepenistas más mediáticos, en una entrevista en BFM TV. Con esas palabras, recordó que Agrupación Nacional ha recuperado esta polémica medida, que había abandonado temporalmente en las elecciones legislativas del verano de 2024, en que la derecha radical acabó tercera pese al favoritismo que ya le otorgaban entonces los sondeos.

Francia prohibió en 2004 los símbolos religiosos ostentosos (cruces, kipás y velos) en las escuelas e institutos. En 2011, entró en vigor otra ley que multa a las mujeres que lleven en el espacio público un velo islámico integral, como el burka o el niqab. El partido de Le Pen propone desde 2012 ir más allá. Quiere ilegalizar el velo musulmán clásico, es decir, esa prenda de vestir que cubre el cabello, pero no el rostro ni el resto del cuerpo. La extrema derecha había defendido durante casi una década que esa prohibición también debía incluir las cruces y las kipás. Pero desde 2021 afecta únicamente el velo con el argumento de que no se trata de una política para preservar la laicidad, sino para «combatir el islamismo».

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Rosalía Sánchez

Críticas de la izquierda y la derecha tradicional

Esta medida, sin embargo, vulneraría varios principios básicos de la Constitución de la Quinta República, así como la Convención Europea de Derechos Humanos, como la libertad religiosa o la igualdad de los ciudadanos ante la ley. «Me cuesta imaginar que el Consejo Constitucional permita una prohibición a secas de un símbolo religioso en la calle», aseguró Mathieu Carpentier, profesor de Derecho Público en la Universidad Toulouse Capitole, en declaraciones al diario ‘Libération’. Ante las serias dudas jurídicas y la controversia política, la Agrupación Nacional ha dicho que solo aplicaría esa ilegalización si fuera aprobada por la mayoría de los franceses en un referéndum.
La apuesta por la vía del referéndum no ha apaciguado las críticas de los rivales de la líder ultra. Bruno Retailleau, candidato de la derecha tradicional de Los Republicanos, ha tachado la prohibición de «populista» y «demagógica». Además, el exministro del Interior recordó que «me parece muy problemática a nivel jurídico. Si se prohíbe el velo musulmán, también debe prohibirse la kipá y a las monjas que se cubran el cabello». La ecologista Marine Tondelier ha denunciado su «carácter racista». Y Jean-Luc Mélenchon, aspirante de la Francia Insumisa (afines a Sumar o Podemos), ha reprochado a Le Pen que quiera crear «una policía del vestido como en Irán».

Tensión entre Le Pen y Bardella

Más sintomáticas que las críticas de sus rivales han sido las dudas expresadas por representantes de Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés), formación gestionada de manera vertical y con mano de hierro por su líder. Pocas horas después de las declaraciones de Tanguy —un dirigente lenguaraz y conocido por su cercanía a Le Pen—, Andréa Kotarac, otro de los portavoces lepenistas, las matizó y dijo que «no multarán a las mujeres con velo el día después de las elecciones».

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Al número dos de RN, Jordan Bardella, tampoco se le ha visto cómodo defendiendo una medida difícil de aplicar, teniendo en cuenta que hay centenares de miles de francesas musulmanas que llevan el velo, a diferencia del burka, que es una prenda mucho más marginal. Según el diario ‘Le Monde’, el ambicioso eurodiputado había asegurado que «no me convence» esta prohibición, durante una reunión programática en abril. Pese a las dudas de Bardella, al final se ha impuesto el criterio de Le Pen y su voluntad de satisfacer a su electorado tradicional, claramente favorable a la ilegalización del velo.
Esta ‘rentrée’ ha estado marcada por las tensiones entre Le Pen y Bardella. Desde que el Tribunal de Apelación de París rebajó el 7 de julio la condena por el caso de los falsos asistentes del Parlamento Europeo y le permitió presentarse en las presidenciales, la líder de RN no ha dudado en mostrar su autoridad ante su número dos, que esperaba sustituirla.
Por un lado, ha ignorado las reticencias de su delfín sobre la prohibición del velo y sobre la rebaja de la edad mínima de jubilación de 64 a 62 años. Por el otro, expulsó del partido a François Durvie, consejero económico de Bardella y cercano a una parte de las élites empresariales, por haber intentado convencer al número dos de que mantuviera su candidatura. Una serie de decisiones que pueden alejar el lepenismo de los votantes de la derecha tradicional.

Las lanchas rápidas interceptan un barco sospechoso cerca de la entrada del Canal de Panamá. Las tropas abordan la embarcación y se llevan a los malhechores. En la costa caribeña, las fuerzas especiales lanzan un asalto contra una base rebelde. En las afueras de la … ciudad de Panamá, la capital, helicópteros Chinook y Black Hawk sobrevuelan la zona. Del 3 al 13 de agosto, los panameños fueron testigos de una demostración de poderío militar que no se veía en el país desde hacía casi dos décadas.
El motivo fue ‘Panamax’, un ejercicio militar multinacional liderado por Estados Unidos para practicar la defensa frente a posibles amenazas al Canal de Panamá. Celebrado aproximadamente cada dos años desde 2003, durante los últimos 13 se ha llevado a cabo en forma de simulación desde bases en Texas y Florida. Este año regresó a Panamá. Más de 1.700 efectivos, en su mayoría estadounidenses, pero con el apoyo de soldados de 17 países —en su mayoría latinoamericanos—, participaron en «operaciones cinéticas» por todo el país.

«No tengo nada en contra de los ejercicios de simulación, pero estas situaciones no se pueden replicar», afirmó Pete Hegseth, secretario de Defensa, vestido con una camiseta verde oliva empapada de sudor. El canal, dijo, es «un punto estratégico clave. «Tenemos aquí más tropas, en colaboración con Panamá, de las que hemos tenido en mucho tiempo».

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Estados Unidos ha renovado su interés por el hemisferio occidental desde que Donald Trump asumió el cargo por segunda vez. Ha intervenido militarmente en Venezuela, ha llevado a cabo una campaña de presión económica contra el régimen cubano, ha intimidado a Canadá y ha exigido el control de Groenlandia. Además, Trump ha proferido repetidas amenazas con tomar el control del Canal de Panamá. Para Southcom, el Mando Conjunto de Estados Unidos centrado en América Latina, «garantizar el acceso sin restricciones de Estados Unidos al Canal de Panamá es una prioridad máxima». Sin embargo, el expansionismo militar estadounidense no encaja bien con los tratados que rigen el canal. Y su eficacia dista mucho de estar garantizada.
Hegseth pronunció estas palabras en Fort Sherman, una de las tres escuelas de entrenamiento conjuntas entre Estados Unidos y Panamá que anunció durante su anterior viaje al país en abril de 2025. En la segunda mitad del siglo XX, cientos de miles de soldados realizaron un agotador entrenamiento de guerra en la selva en Fort Sherman, muchos de ellos antes de ser enviados a Vietnam. El «infierno verde» se cerró en 1999, junto con otras 13 instalaciones militares estadounidenses, como condición del Tratado de Neutralidad del Canal de 1977, que prohibía la existencia de instalaciones militares extranjeras. El Gobierno panameño afirma que la nueva versión de la «escuela de la selva» no constituye una base militar extranjera. Los políticos de la oposición califican su reapertura de «invasión camuflada».

La remilitarización del canal

La Constitución de Panamá prohíbe que el país tenga ejército, pero desde que llegó al poder en 2024, el presidente José Raúl Mulino ha reforzado el Senafront, la fuerza de control fronterizo, y el Senan, el servicio naval y aéreo. El año pasado, Panamá acordó la compra de cuatro aviones de combate brasileños. En abril recibió el primero de un pedido de drones de vigilancia y lanchas interceptoras procedentes de Estados Unidos. Junto con equipos de escaneo portuario y de ciberseguridad, Estados Unidos ha proporcionado a las fuerzas de seguridad tecnología por valor de más de 174 millones de dólares, según Mulino. En agosto, el Gobierno puso en marcha un nuevo mando conjunto de las fuerzas de seguridad panameñas, financiado con los ingresos del canal y dedicado a la defensa de la vía navegable y su cuenca hidrográfica.
Panamax también supuso una oportunidad para que se reunieran los miembros latinoamericanos de la Coalición contra los Cárteles de las Américas, anteriormente conocida como el «Escudo de las Américas». Hegseth afirmó que Colombia, junto con Honduras y Guatemala, había acordado permitir operaciones militares conjuntas de Estados Unidos en su territorio «para llevar la lucha contra las [organizaciones terroristas designadas] a tierra firme» —el Gobierno guatemalteco niega haber dado su consentimiento—.

Hegseth aseguró contar con el apoyo de Colombia, Honduras y Guatemala para «llevar la lucha contra las organizaciones terroristas designadas a tierra firme»

Dado que el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha prometido una campaña agresiva contra los grupos criminales, Panamá se está preparando para hacer frente a las repercusiones. El 15 de agosto, Senafront envió más de 700 efectivos de las fuerzas especiales a la frontera sur del país, en un intento por impedir que los delincuentes entraran a través del frondoso Tapón del Darién, que separa a ambos países. «El enemigo del canal es el narcotráfico, y nadie más», afirmó Mulino.
Esa no es la postura de Estados Unidos. La administración Trump cree que es China, y no las bandas de narcotraficantes, la que representa la amenaza más grave para el canal. Quiere alejar la actividad china de todas las infraestructuras críticas que pueda en América Latina. El año pasado, la administración Trump presionó a Panamá para que expulsara a los operadores chinos de los puertos situados a ambos extremos del canal. Según Southcom, dicha «infraestructura de doble uso» podría emplearse para «la recopilación de información, la explotación de vulnerabilidades cibernéticas o la denegación logística durante situaciones de contingencia a escala mundial». Hegseth considera que Panamá forma parte de la «Gran América del Norte» y del «perímetro de seguridad inmediato».

«El Canal de Panamá es probablemente la infraestructura más importante del hemisferio occidental»

Kevin Cabrera
Embajador estadounidense en Panamá

«El Canal de Panamá es probablemente la infraestructura más importante del hemisferio occidental», afirma Kevin Cabrera, embajador estadounidense en Panamá. «Si se quisiera interrumpir nuestro comercio, el Canal de Panamá sería la vía para hacerlo». La coordinación militar entre Estados Unidos y Panamá es crucial para defender la vía navegable, añade.
Sin embargo, reanudar la «escuela de la selva» no resuelve en gran medida estas preocupaciones. Las tropas no pueden detener el espionaje ni los ciberataques de otros Estados, y se necesitarían en gran número para prevenir ataques con drones o sabotajes por parte de terroristas.

La neutralidad de panamá, amenazada

Por el contrario, una mayor injerencia estadounidense aumenta los riesgos para el canal. A los escolares panameños se les enseña que la neutralidad de su país es la mejor defensa del canal, mientras que su apertura a todos los buques «en tiempos de paz y en tiempos de guerra» ha sido la clave de su creciente papel en el comercio mundial. Rodrigo Noriega, un analista político local, afirma que el mercantilismo de Trump amenaza esta neutralidad y que aumentan las posibilidades de que el canal se convierta en objetivo. Cabrera descarta esta posibilidad. «A los actores estatales y no estatales no les importa el Estado de derecho. No les importan los tratados», afirma.
Los diplomáticos panameños siguen creyendo que sí importan. Durante el último año han renovado sus esfuerzos para conseguir que se sumen más signatarios al Tratado de Neutralidad. Austria, Bélgica, Brasil, Portugal y Suiza lo han firmado. Se han enviado invitaciones a Japón, la India y otros 12 países. La neutralidad, señala Noriega, ofrece a Panamá protección no solo frente a ataques físicos contra su canal, sino también, potencialmente, frente a las presiones de Trump.

El abogado Perkins Rocha, de 63 años, es el asesor jurídico de María Corina Machado y coordinador de valores de su partido Vente Venezuela. Desde su residencia en la zona financiera de Caracas recibe a ABC. En la puerta de su ático, dos … policías vigilan el movimiento de los que entran y salen: «Pasen adelante», señalan los uniformados. En su pequeña sala, Perkins Rocha muestra el grillete electrónico que lleva en su pie derecho que los carceleros chavistas le colocaron el 10 de enero en su casa después de haber salido dos días antes de la prisión de El Helicoide, el mayor centro de torturas del país que la presidente interina Delcy Rodríguez ordenó cerrar.
Rocha es el único preso político venezolano que lleva una tobillera digital. Estuvo 535 días encerrado en prisión por cinco presuntos delitos: desde conspiración hasta traición a la patria. Le concedieron arresto domiciliario y debe presentarse ante el juzgado cada quince días.

—¿Qué opina del acuerdo petrolero firmado entre Delcy Rodríguez y la Administración Trump?
—Desconozco los términos en los que se pactó. Un acuerdo de esta naturaleza nacional, que se ha celebrado a espaldas de los venezolanos, debe revisarse en algún momento a los efectos de establecer su vigencia y sus alcances.

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CLAVES DE LATINOAMÉRICA

Emili J. Blasco

—¿Qué le parece que Delcy asegure que EE.UU. mantendrá durante 25 años el 22% de las reservas petrolíferas bajo su control?
—Delcy puede decir cualquier cosa. No estoy obligado a creerla. Ella no me representa, ni a ningún venezolano. Ni siquiera ha presentado el acuerdo a su Parlamento. Tendremos que revisarlo, no todas las cosas que nacen sin legitimidad externa son nulas. Para revisar la nulidad hay que ver el principio, los fines y propósitos. Habrá que comprobar qué se pactó.

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—¿Y no cree que han primado los intereses electorales de Trump por encima de los venezolanos?
—No quiero evaluar la política de EE.UU., ni me corresponde. Lo importante a los efectos públicos de los venezolanos es que hay un Estado que arriesgó seres humanos y recursos militares para darnos la libertad y extrajo a una persona, yo estoy aquí gracias a esa gesta.
—¿Cree que Delcy se adelantó a María Corina con el acuerdo con Trump para robarle la bandera de la apertura y privatización petrolera?
—Creo que la Administración interina de Delcy está tratando de sobrevivir. Entendió que para ello es necesario ejecutar acciones distintas a su doctrina e ideología y arriesgar un capital que la pueda mantener a flote, pero está tomando decisiones torpemente que nosotros en libertad nos hubiésemos planteado. Y no creo que se adelantara a María Corina Machado, sino que está tomando decisiones que pudieran ser similares a la que nosotros hubiésemos tomado.
—¿Y cual sería la diferencia entre los planes petroleros de Delcy y los de María Corina?
—Primero, nosotros consultaríamos a los venezolanos. Segundo, no serían decisiones reactivas a una presión externa, sino posiciones reflexivas en donde pudiéramos presentar a los venezolanos los beneficios y las ganancias que tendríamos. No algo a escondidas. Y no tendríamos por qué renunciar a la OPEP.
—¿Cuál sería su política petrolera?
—No tendríamos que renunciar a la visión geopolítica que con respecto al petróleo existe. Deberíamos apuntalar un crecimiento en América que pudiéramos ser autosuficientes continentalmente, no solo con petróleo, sino con gas y electricidad. Deberíamos tener un bloque americano para poder frenar otros mercados con otras intenciones. Ahí nos anotamos con la política norteamericana. Creo que tenemos el mismo enemigo externo e interno, comercial, político e ideológico.
—¿Cuál es el enemigo común?
—Son Rusia, China e Irán. Es el mismo enemigo de la Venezuela libre interno y externo. Y ese elemento en común haría que EE.UU. entendiera que Venezuela puede ser el socio pequeño pero fuerte, y no la rémora. Queremos ser aliados de Washington como lo fuimos en el pasado y construir una alianza con ellos y darles nuestros recursos pero de manera racional.

«Queremos ser aliados de Washington como lo fuimos en el pasado y construir una alianza con ellos y darles nuestros recursos pero de manera racional»

Perkins Rocha
Asesor jurídico de María Corina Machado y ex preso político

—¿Y en esos planes de privatización de María Corina cómo queda la soberanía de la estatal industria petrolera?
—La corporación Petróleo de Venezuela (PDVSA) es de los venezolanos pero será abierta al capital privado nacional e internacional. El Estado será solo promotor de esa inversión bajo la óptica de ganar. Y presentando las cuentas públicamente de forma transparente.
—¿Piensa revocar el acuerdo petrolero firmado por Delcy si llegan a gobernar?
—Pensamos revisar el acuerdo y ponerle racionalmente límites. No anularlo. Eso es importante. Se trata de la seguridad jurídica, de que las autoridades legítimas no anulen todo lo anterior porque generarías un daño terrible a los que por buena fe o confianza legítima creyeron que Delcy sí representaba a los venezolanos. Hay que ser serios en esto.
—Usted ha sido muy crítico con la mesa de negociación, ¿qué objeta?
—Mi primera objeción es de carácter ético. Han debido exigir la liberación de todos los presos políticos antes de sentarse a conversar con el régimen.
—¿Y qué opina de la renovación del Tribunal Supremo de Justicia?
—Mi observación es dónde está la sociedad civil. Apenas son 12 civiles y 11 parlamentarios chavistas en el comité de postulaciones del TSJ. Eso es inconstitucional porque el artículo 270 dice que el comité de postulaciones judiciales estará integrado por representantes de la sociedad civil y no diputados.
—¿Qué pasa con los catorce exmagistrados del TSJ del 2015 que se encuentran en el exilio?
—Si yo fuera Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional del 2015, haría justicia. Así como a ella EE.UU. le reconoció su legitimidad, también debería ser coherente con los magistrados. Así como ya fueron designados antes los 14 magistrados, los podemos incorporar ahora a los 32 que tendrá el nuevo TSJ.
—¿Qué expectativas tiene usted sobre el anuncio de Dinorah de que antes de diciembre tendremos un nuevo Consejo Nacional Electoral?
—Antes se debe designar un comité de postulaciones electorales para la elección de los rectores del CNE y debería ser paralelo. Sería mucho más fácil escoger cinco rectores electorales que 32 magistrados del TSJ.
—¿Qué le recomendaría a Dinorah Figuera?
—Que tenga más firmeza, audacia y autoridad y no ceda ante Jorge Rodríguez que intenta dilatar las elecciones.

«Dinorah Figura debería tener más firmeza, audacia y autoridad y no ceder ante Jorge Rodríguez que intenta dilatar las elecciones»

Perkins Rocha
Asesor jurídico de Maria Corina Machado y preso político

—¿Para cuándo se proyectan las elecciones?
—Los análisis que ha hecho Vente Venezuela proyectan entre ocho y nueve meses durará el proceso electoral. Este será manual con el respaldo del sistema electrónico a partir del momento en que se anuncie elecciones para tal fecha.
—¿Sabe cuándo regresará María Corina Machado a Venezuela?
—Ella ya está aquí con nosotros en espíritu. Su regreso es inminente.