Pasadas las cuatro de la madrugada, tras varios avisos para que los manifestantes retiraran las tiendas, la policía de intervención portuguesa decidió cargar de forma simultánea en las plazas de Lisboa y Oporto, como ya había sucedido hace una semana. La carga con … porras dejó varios heridos entre los manifestantes, además de trece detenidos (seis en Lisboa y siete en Oporto), entre ellos dos mujeres del movimiento Madres por la Acampada, en Oporto.
Entre los agentes, trece resultaron heridos, todos en Oporto, según informó el subintendente de la PSP Sérgio Soares. En total, la policía retiró casi un centenar de tiendas de campaña: 69 en Lisboa y una treintena en Oporto.

Durante la tarde del sábado, miles de personas se manifestaron en las dos ciudades, y no fue hasta la noche cuando se supo que los organizadores habían decidido volver a montar las tiendas de campaña. La noche fue larga. Hacia las tres y cuarto, la negociación con la policía seguía encallada. «Los agentes insisten en que tengamos un número simbólico de tiendas y desmontemos la mayoría. Les hemos explicado que lo simbólico es la propia tienda, no el número», explicaba entonces un miembro de la organización al diario «Público». «La decisión de la Acampada es mantener las tiendas. Y la posición de la PSP es que, si las mantenemos, tendrán que intervenir».

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Virginia López

Para entonces ya había pasado la hora límite en la que se apoya la policía. La PSP justifica sus intervenciones en un decreto ley de 1974 que regula el derecho de reunión y fija las 0:30 como hora máxima para las reuniones en lugares públicos. Es la norma que ha invocado cada noche para ordenar desmontar las tiendas y dispersar a los manifestantes. Su aplicación, sin embargo, está cada vez más discutida. Varios juristas sostienen que esa restricción horaria choca con la Constitución, que garantiza el derecho de manifestación sin necesidad de autorización.
Incluso el presidente del Sindicato Nacional de Oficiales de Policía, Bruno Pereira, admite que la ley tiene «inmensas fallas» y necesita revisión, aunque defiende que debe aplicarse mientras el Tribunal Constitucional no la declare inconstitucional.

«Huele a dictadura»

A las cuatro de la madrugada, la PSP dio un primer aviso para que «cesara la reunión» y pidió a los manifestantes que abandonaran la plaza de forma «pacífica y ordenada». Como respuesta, se escucharon cánticos de «huele a dictadura», y por mayoría decidieron resistir formando un cordón humano para impedir que la policía llegara a las tiendas.

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Hacia las cuatro y media, la policía avanzó con porras y escudos para rodear la plaza del Rossio y bloqueó todas las salidas posibles. A partir de ese momento, empujó a las personas hacia la contigua plaza da Figueira. Los manifestantes usaron mesas, sillas y vallas para levantar una barricada contra la policía, que cargó contra los presentes. Según Público, una veintena de manifestantes resultaron heridos. La mayoría acabó huyendo de la plaza.
Entre los desalojados estaban los diputados Fabian Figueiredo (Bloco de Esquerda) e Isabel Mendes Dias (Livre), que criticaron la intervención policial. El viernes, el ministro de Administración Interna, Luís Neves, asumió en el Parlamento la «responsabilidad política» de las cargas y repitió que las acampadas «deben terminar».
Desde que comenzaron las acampadas, el 10 de octubre en Oporto y el 17 en Lisboa, las cargas policiales se han repetido casi cada fin de semana. En conjunto, los heridos en las dos ciudades rondan ya el centenar, según las autoridades y las propias organizaciones, citadas por «Público». La PSP admite que los agentes usaron porras y que algunos golpes pudieron alcanzar la cabeza de los manifestantes.

En conjunto, los heridos en las dos ciudades rondan ya el centenar, según las autoridades y las propias organizaciones, citadas por «Público»

Mientras tanto, el movimiento ha convocado para el 14 de noviembre una jornada nacional de lucha por la vivienda, y todo indica que las tiendas volverán. Por su parte, la CGTP ha convocado una manifestación nacional en Lisboa el sábado 21 de noviembre, para protestar contra la aprobación de los presupuestos para 2027. Sobre la huelga del 11 de noviembre, aseguran que «no tienen ningún contacto de cualquier organización de España para que haya un entendimiento en relación a una posible huelga ibérica».

Contra todo pronóstico, se ha vuelto complicado ser republicano y hacer campaña aquí en Florida. Que se lo digan a María Elvira Salazar. Es viernes, 23 de octubre, y la congresista se presenta ante unas decenas de votantes reunidos en la biblioteca regional … de Westchester, en Miami, no muy lejos del complejo de golf de Donald Trump en Doral. No viene sola. La acompañan Steve Scalise, líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, y dos veteranos congresistas cubanoamericanos, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez. Es la artillería pesada del partido, desplegada en un distrito que hasta hace unos meses estaba fuera del alcance de los demócratas.
La explicación está en las encuestas. Salazar ganó su reelección en 2024 por casi veintiún puntos de ventaja. Ahora, un sondeo de finales de agosto, encargado por los demócratas, la situaba empatada al 45% con su adversario. Otro más reciente, realizado entre el 20 y el 23 de octubre, le da un 49,1% frente al 46,4% del demócrata, Eliott Rodríguez. La diferencia está dentro del margen de error. Lo que parecía una reelección sin sorpresas se ha convertido en una batalla totalmente abierta.

Y no es un fenómeno aislado. Una encuesta de Univisión y YouGov publicada el 19 de octubre revela que el 55% de los votantes hispanos de Florida considera que la política de detenciones y deportaciones de Trump ha ido demasiado lejos. Entre los hispanos, los demócratas superan a los republicanos por cuatro puntos en intención de voto para la Cámara de Representantes, o Baja, en las elecciones parciales del martes. El dato ayuda a entender lo que sucede en Miami, donde Trump consiguió hace dos años un respaldo latino decisivo para regresar a la Casa Blanca.

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David Alandete

Salazar conoce bien ese electorado. Es hija de exiliados cubanos, fue durante años una de las caras más conocidas de la televisión aquí y representa un distrito en el que casi tres de cada cuatro habitantes son latinos. Su rival, Rodríguez, también es cubanoamericano y también procede de la televisión. Los dos han presentado informativos ante un público que ahora debe elegir entre ellos. Una particularidad bastante representativa de una época en la que la fama televisiva se ha convertido en un importante activo político, como es el caso de Trump.
En la biblioteca de Westchester, Salazar elude el asunto más espinoso, la inmigración. Defiende las rebajas fiscales y el gran paquete presupuestario del presidente, la llamada, sin ironía, Ley Grande y Bonita. «Si esa ley no hubiera sido aprobado, todos estaríamos pagando más impuestos», asegura. Ha venido a reivindicar la gestión económica republicana y a movilizar a los votantes de un partido que, hasta hace muy poco, daba por segura la victoria en buena parte del Miami hispano.

Plantarle cara al presidente

Entre los asistentes está Jorge Luis García, un venezolanoamericano de 56 años que lleva más de tres décadas viviendo en Miami. Es republicano hasta la médula, votó a Trump en las dos últimas elecciones y asegura que volverá a apoyar a Salazar. Pero esta vez tiene una razón que hace dos años habría resultado difícil de imaginar. «Voy a votarla porque se ha atrevido a plantarle cara al señor presidente. Yo voté por él, pero no para que persiguieran a gente trabajadora que lleva veinte años aquí», explica. García no piensa cambiar de partido ni votar a los demócratas. Considera, simplemente, que Salazar ha entendido algo que otros republicanos prefieren ignorar: entre los hispanos que llevaron a Trump a la Casa Blanca también hay quienes empiezan a sentirse perjudicados por las políticas que aplica.

«Voy a votarla porque se ha atrevido a plantarle cara al señor presidente. Yo voté por él, pero no para que persiguieran a gente trabajadora que lleva veinte años aquí»

Jorge Luis García
Venezolanoamericano

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Un mes antes de este acto, la congresista había protagonizado un gesto poco frecuente entre los suyos, uno que en otras circunstancias podría haberle costado la carrera política: grabó un anuncio electoral frente a la Casa Blanca para advertir directamente al presidente de que se estaba equivocando con los inmigrantes.

Un mensaje al presidente Trump sobre inmigración | María Elvira Salazar https://t.co/jEwtL7Mbe8— María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) September 17, 2026
«Señor presidente, algunas de sus medidas migratorias han ido demasiado lejos», le decía mirando a cámara. Y añadía una advertencia todavía más delicada para los republicanos, a pocas semanas de las elecciones: «Los mismos hispanos que le ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten hoy traicionados».
Trump respondió al día siguiente desde el Despacho Oval. Dijo que Salazar se había vuelto demasiado blanda en materia fronteriza y le recordó a quién debía, según él, su victoria electoral. «María ganó solo gracias a mí», afirmó. El presidente no estaba dispuesto a aceptar que una congresista de su propio partido cuestionara una de las políticas que más habían contribuido a su regreso al poder.
La posición de Salazar encierra también una contradicción. Votó a favor de la gran ley presupuestaria republicana, que destinó decenas de miles de millones de dólares adicionales al ICE, la policía migratoria; las detenciones, y las deportaciones, mientras reclama al presidente que modere unas operaciones que están afectando directamente a gran parte de su electorado.

Doral, entre la ley y el miedo

Para comprender el alcance del problema basta con desplazarse unos pocos kilómetros hacia Doral, la ciudad donde Trump tiene su complejo de golf y donde vive una de las mayores comunidades venezolanas de Estados Unidos. Las operaciones de ICE han provocado un temor que se ha trasladado a la vida cotidiana. Hay familias que evitan salir de casa, padres que temen llevar a sus hijos al colegio y comerciantes que aseguran haber perdido hasta el 70 % de sus ventas porque los inmigrantes tienen miedo de salir a la calle. Doral, el distrito que representa Díaz-Balart, tiene una población en la que cerca de siete de cada diez habitantes ha nacido fuera de Estados Unidos. Su gobierno local aprobó un acuerdo de colaboración con las autoridades federales de inmigración.

Carlos Giménez, Salazar y Mario Díaz-Balart atienden a los medios en Miami.

(ABC)

Es una situación particularmente dura para los venezolanos. Muchos celebraron la captura de Nicolás Maduro en enero, una operación que consideraban impensable y que Trump ha presentado como uno de sus grandes éxitos mundiales. Pero el mismo presidente que puso fin al mandato de Maduro ha endurecido las condiciones de permanencia de muchos de sus compatriotas en Estados Unidos y los devuelve al país del que se exiliaron.

El trato privilegiado para los cubanos

Los cubanos tampoco han quedado al margen. Durante décadas disfrutaron de un tratamiento migratorio privilegiado, pero las nuevas deportaciones han afectado también a ciudadanos de la isla. Human Rights Watch (HRW) documentó el traslado de 4.353 cubanos a México entre enero de 2025 y marzo de 2026. Según la organización, el 27% no tenía antecedentes penales en Estados Unidos. Son cifras que han contribuido a extender la inquietud entre familias que habían llegado a considerar su situación relativamente segura.

Entre enero de 2025 y marzo de 2026, fueron deportados 4.353 cubanos a México. Según HRW, el 27% de ellos no tenía antecedente penales en EE.UU.

La erosión del voto hispano no significa, sin embargo, que Florida haya dejado de ser un estado favorable a los republicanos. En las elecciones al Senado, convocadas para cubrir el escaño que dejó vacante Marco Rubio al incorporarse al Gobierno, la republicana Ashley Moody conserva una ventaja sobre la demócrata Angie Nixon. Una encuesta publicada el 30 de octubre la sitúa cuatro puntos por delante. Para gobernador, el republicano Byron Donalds aventaja en seis puntos al demócrata David Jolly, que aspira a suceder a Ron DeSantis. Ambos continúan por delante, aunque los márgenes entre los electores hispanos son mucho más ajustados.
Lo que ocurre en Miami no es que cubanos y venezolanos se hayan convertido de repente en demócratas. Muchos siguen siendo profundamente anticastristas, rechazan el chavismo y respaldan la mayor parte de la agenda de Trump. Pero una cosa es apoyar las deportaciones cuando se habla de inmigrantes desconocidos y otra contemplar cómo los agentes federales detienen a vecinos, compañeros de trabajo o familiares que además huyeron del comunismo.
Por eso Salazar propuso hace unos meses la Ley Dignidad, una propuesta bipartidista para regularizar a inmigrantes sin papeles que llegaron antes de 2021, permitiéndoles trabajar legalmente y evitar la deportación a cambio de cumplir ciertos requisitos y pagar 7.000 dólares en siete años, aunque sin derecho a la ciudadanía. Trump se opuso. Ahora hasta ha insinuado en redes que de cara a futuro a Salazar deberían enfrentarse otros republicanos más fieles en primarias.

«Ayer fuimos testigos de eventos escandalosos frente al edificio del Tribunal Constitucional. Me gustaría mucho que nunca tuviéramos que ver escenas similares en Polonia«, comenzó este sábado por la noche el primer ministro polaco Donald Tusk su discurso a la nación. Una … intervención con la que pretendía aplacar la crisis de Estado causada por la intervención policial del Tribunal Constitucional, que había tenido lugar la tarde del viernes.
«El camino hacia la calma no puede ser rendirse ante la anarquía y la violencia», siguió, «un Estado democrático debe ser fuerte y capaz de hacer cumplir la justicia. Hemos estado observando esta situación con preocupación durante muchas horas. A todos nos cuesta entender qué están haciendo los grupos de políticos y activistas del PiS y la Confederación, desde Braun hasta Bąkiewicz», criticó las movilizaciones de la oposición nacionalista.

El conflicto, que se remonta a 2015, gira en torno a la legitimidad de los magistrados, cuya independencia quedó cuestionada durante los gobiernos del PiS (2015-2023). Tusk intenta revertirlo, pero el presidente Karol Nawrocki, afín al PiS, ahora en la oposición, ha bloqueado la incorporación de nuevos jueces elegidos por el Parlamento, que prestaron juramento sin su presencia y a los que el presidente del Tribunal, Bogdan Święczkowski, se negó a reconocer.

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Rosalía Sánchez

La tensión estalló el viernes cuando la magistrada Anna Korwin-Piotrowska suspendió temporalmente a Święczkowski y a su vicepresidente, asumiendo la dirección del órgano. Nawrocki calificó la maniobra de «toma por la fuerza» de una institución constitucional, regresó anticipadamente de un viaje a África y acudió al Tribunal, donde se produjeron enfrentamientos y protestas.
«Quiero enfatizar esto muy claramente. Miembros legalmente elegidos del Tribunal fueron atacados, y la policía en el lugar protegió al Tribunal de los atacantes», argumentó el primer ministro Tusk en su discurso televisado, y añadió que no es posible un compromiso en el Tribunal Constitucional con la otra parte. «Imaginemos una situación en la que un ladrón le arrebata el bolso a una anciana y se escapa. Cuando es detenido, empieza a gritar que se está usando violencia contra él y llama robo al hecho de que intentan quitarle el botín», comparó, «algunos observadores y simetristas sugieren que el ladrón y la víctima deberían compartir el contenido del bolso por igual».

«Quiero enfatizar esto muy claramente. Miembros legalmente elegidos del Tribunal fueron atacados, y la policía en el lugar protegió al Tribunal de los atacantes»

Donald Tusk
Primer ministro de Polonia

El presidente Nawrocki convoca a los partidos

En las horas anteriores, el presidente Karol Nawrocki había convocado con carácter de urgencia consultas a los partidos de la mayoría centrista y de la oposición nacionalista de Ley y Justicia (PiS), «debido a la amenaza que pesa sobre la seguridad interior de la república de Polonia» y en busca de una salida a la crisis. Nawrocki denunció una «violación del orden constitucional» y pidió la retirada de las fuerzas de seguridad del Tribunal Constitucional.

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A esta convocatoria asistieron el PiS y, más a la derecha, Confederación. Pero no la Coalición Cívica (KO) de Tusk. Sus socios de coalición de izquierda alegaron, por otra parte no haber recibido la invitación. Nawrocki logró reunirse finalmente y por separado con Krzysztof Bosak (Confederación), Władysław Kosiniak-Kamysz (Partido Popular Polaco), Mateusz Morawiecki (PiS), Adrian Zandberg (Razem izauierda progresista) y Szymon Hołownia (Polonia 2050).

El presidente Nawricki denunció una «violación del orden constitucional» y pidió la retirada de las fuerzas de seguridad del Tribunal Constitucional

Las declaraciones desde unos y otros partidos, a la entrada y la salida del Palacio Presidencial, no hicieron otra cosa, a lo largo del sábado, que complicar el enfrentamiento abierto entre el primer ministro y el presidente. «Presentaremos una resolución para acortar el mandato del Sejm. Creemos que este gobierno debe ser destituido del poder y debe hacerse de manera coherente con la ley«, dijo uno de los líderes de la Confederación, Krzysztof Bosak.
Otro miembro de Confederación, Slawomir Mentzen, explicó que había presentado a Nawrocki la idea de reformar el Constitucional y que se mostró favorable. «Parece que cada vez tenemos más apoyo para simplemente eliminar el Tribunal Constitucional y reconstruirlo», afirmó. Según la propuesta, todos los mandatos actuales de los jueces serían extinguidos y se nombrarían 15 nuevos jueces en su lugar con una mayoría de al menos tres quintas partes del Sejm (máximo órgano de gobierno de Polonia).

Moción de censura

El PiS anunció la presentación de una moción de censura contra Tusk para formar un «gobierno técnico» encabezado por el presidente del parlamento Mrek Jurek, que permanecería en funciones hasta la celebración de elecciones. Mateusz Morawiexki exigió un «reinicio» del Constitucional.
El líder de Razem, Adrian Zandberg, declaró por su parte que «esta escalada del conflicto es peligrosa para los polacos y socava los cimientos de la operación del Estado polaco». «Es gravísimo que el presidente haya abandonado el papel de árbitro y haya tomado parte en este asunto. Creo que la situación en la que el primer ministro y el presidente son partes de este conflicto es muy peligrosa, especialmente en la situación internacional en la que nos encontramos, con estas amenazas de seguridad que son evidentes para todos nosotros», criticó.
Holownia dijo que «el presidente y el primer ministro deberían empezar a desescalar la situación». En su opinión, «el Tribunal Constitucional en esta forma es irrecuperable».

Críticas desde Moscú

Los ataques a Tusk llegaban también desde el exterior. «Nunca pensé que Donald Tusk llegaría tan lejos como para llevar a cabo un golpe de Estado contra su propio pueblo», escribió el ex primer ministro húngaro Viktor Orbán en las redes sociales, hablando de «una flagrante violación de la constitución polaca».
Desde Moscú, el expresidente de la Federación rusa Dmitry Medvedev denunciaba «un golpe de Estado en Polonia», apuntaba como culpables a «los liberales de Tusk, protegido de Bruselas, que están oprimiendo a los conservadores de PiS», y añadía una perturbadora comparación, al mencionar que «el método es exactamente el mismo que en la Ucrania neonazi: la anulación de los poderes del Tribunal Constitucional».