El presidente de Estonia durante los últimos cinco años, Alar Karis, anunció en junio que no se presentaría a un segundo mandato por motivos familiares, justo en un momento en el que la tensión bélica en el flanco oriental de la OTAN no … hace más que aumentar. La falta de apoyo parlamentario también es una de las claves que inclinó la balanza a la hora de decidir no optar a un mandato más. El Partido Reformista y los socialdemócratas le retiraron su voto en el Riigikogu lo que propició la llegada de la nueva presidenta, Ülle Madise.
Hija de un miembro del Tribunal Supremo, hasta ahora ocupaba el puesto en la cancillería de Justicia. Sus orígenes profesionales no están vinculados a la política, sino a una larga trayectoria en el corazón técnico del Estado estonio. Su perfil encarna la cultura política que se forjó en el país años atrás durante la restauración de la independencia, una idiosincrasia que a día de hoy vuelve a ser decisiva por la tensión latente en el flanco oriental de la OTAN.

Su nombramiento llega en un momento delicado: el país atraviesa tensiones internas como el fallido contrato de munición acordado con Ucrania, la presión sobre el ministro de Defensa y el Estado de alerta provocado por las constantes incursiones de drones en su espacio aéreo. Todos estos factores tienen un gran valor simbólico paran un país que busca estabilidad institucional y un refuerzo de su identidad democrática apostando por el Estado de derecho en contraposición a la arbitrariedad presente en el poder soviético.

Noticia relacionada

Rosalía Sánchez

Madise se licenció cum laude en Derecho por la Universidad de Tartu, la institución que ha visto crecer a buena parte de la élite intelectual del país. Su carrera temprana en el Ministerio de Justicia, primero como especialista, luego como jefa del Departamento de Derecho Público, la convirtió en una figura conocida en los círculos técnicos de la Administración. Más tarde fue asesora del Comité Constitucional del Riigikogu y del propio presidente de la República, antes de convertirse en profesora de Derecho Constitucional.
Quienes han trabajado con ella relatan que llega a las reuniones con una copia de la Constitución subrayada en varios colores. «La Constitución es un documento vivo, pero hay que leerla como si fuera un mapa: cada línea tiene un propósito», acostumbra a decir. Esta identidad la llevó a ser nombrada en 2015 Canciller de Justicia, un híbrido entre defensor del pueblo, garante constitucional y supervisor del Estado de derecho.
Durante su mandato como Canciller de Justicia, renovado en 2021 por siete años más, Madise declaró inconstitucional la ley del impuesto sobre vehículos, criticó la publicación de llamadas telefónicas intervenidas de personas no acusadas y frenó la emisión de tarjetas de identidad digital en supermercados. También se opuso a la instalación masiva de cámaras de reconocimiento facial. Cuando le preguntaron en una entrevista por qué no participaba en debates políticos televisivos, respondió: «No necesito teatro para recordar que la vida es desagradable, brutal y corta».

«Apoyo de todos»

Newsletter

Incluso sus críticos admiten que es difícil encontrar una figura más neutral que Madise. «Los liberales piensan que soy conservadora y los conservadores piensan que soy liberal», dice sobre sí misma. Su candidatura presidencial ha sido firmada por 75 diputados de todos los partidos: socialdemócratas, liberales del Partido Reformista, conservadores de Isamaa e independientes. El politólogo Martin Mölder interpreta la situación como un síntoma de madurez institucional: «Los estonios tendrán una presidenta que cuenta con el apoyo de todos», avanza. Este sustento transversal tiene un significado profundo para un país en el que el 70% de los ciudadanos preferirían un sistema electoral que les permita votar directamente.
Madise se presenta como experta en algo que la OTAN valora igual o más que los propios misiles: la resiliencia institucional. Su papel será garantizar que Estonia mantenga la cohesión democrática necesaria para proteger su integridad. En una reunión sobre seguridad híbrida, Madise pidió que se proyectara un mapa del país con todas las infraestructuras críticas. Cuando un oficial comentó que «la población no necesita saber tanto», ella respondió: «La población es la infraestructura verdaderamente crítica».

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, han celebrado una reunión en Bruselas como reacción al ataque de drones atribuidos a Rusia en el aeropuerto de la ciudad alemana de Leipzig. Von … der Leyen ha hablado claramente de «un ataque usando material militar en suelo europeo» lo que constituye un paso cualitativo en el conflicto de Ucrania y sus repercusiones en Europa.
La presidenta de la Comisión ha dicho que ya ha manifestado su apoyo al Gobierno alemán respecto a este ataque «que si hubiera tenido éxito habría causado grandes daños e incluso la perdida de vidas humanas» por lo que insistió en que desde la UE y la OTAN «no lo toleraremos». Rutte ha ratificado lo dicho por la presidenta de la Comisión y se ha referido a «la necesidad de invertir más en defensa como se acordó en la cumbre de La Haya».

Por ahora, la primera reacción anunciada por Von der Leyen ha sido un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que «ya están golpeando fuertemente a la economía rusa». Los ministros de Exteriores de la UE reunidos en Irlanda estaban trabajando en esos momentos en la lista de nombres que se añaden a los que ya están sometidos a las sanciones de la UE.

Noticia relacionada

Rosalía Sánchez

«Manifestamos nuestra solidaridad con Alemania y por lo que se refiere a Ucrania, esto solo refuerza nuestra determinación. La intimidación no tendrá éxito y la UE y la OTAN seguiremos presionando a Rusia y no pararemos hasta que Rusia no pare sus ataques».
El suceso de Leipzig se refiere a la aparición de un dron de origen ruso cargado con explosivos y hallado cerca de unos aviones ucranianos en el aeropuerto de esta ciudad. La presidenta ha aprovechado para recordar que la UE debe reforzar urgentemente la seguridad de sus infraestructuras críticas, crear equipos de respuesta rápida y reforzar su preparación.
Von der Leyen ha confirmado que hay recibido una petición de Ucrania para aumentar la financiación necesaria para comprar misiles antiaéreos Patriot. Este martes, los ministros de Defensa europeos debatieron este asunto, dado que al menos dos países (España y Grecia) disponen de misiles que están a punto de caducar, pero no hubo un acuerdo para enviarlos a Ucrania.

Newsletter

Rutte terminó su intervención diciendo que «si Rusia cree que nos va a dividir con sus amenazas o que dejaremos de apoyar a Ucrania, se equivoca».

El Gobierno de Estados Unidos ha tenido que implicarse directamente, incluso a través de su Departamento de Defensa, en un nuevo plan petrolero para Venezuela con el fin de intentar dar garantías adicionales al sector privado internacional, dada la evidencia de que los grandes grupos … energéticos siguen sin fiarse de la seguridad jurídica que puede ofrecerles el ecosistema político y económico chavista. Por su parte, la cúpula chavista ha debido otorgar mayores concesiones petroleras a Washington –el acceso a una quinta parte de sus reservas nacionales de crudo–, porque de la llegada de inversiones exteriores depende su propia supervivencia política.
Dada la falta de un acuerdo con Irán sobre el normal flujo de hidrocarburos a través del estrecho de Ormuz, a Donald Trump le urge crear expectativas sobre un descenso del precio del petróleo de cara a las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre. Para Delcy Rodríguez atarse más en corto con la Administración Trump le permite empujar hacia más adelante las elecciones que deberían haberse celebrado ya en Venezuela.

Las inversiones que Trump aseguró que llegarían a Venezuela al tomar posesión del sector petrolero venezolano tras apresar a Maduro no se han producido. La petrolera Chevron, la única estadounidense con presencia en Venezuela en las últimas décadas, ha aumentado su actividad, como también la española Repsol y la italiana Eni, igualmente ya presentes, pero la Administración Trump no ha convencido de momento a otros grandes actores energéticos de operar en el país caribeño. Desde comienzos de año, la mayor petrolera estadounidense, ExxonMobile, así como la también destacada ConoccoPhillips, siguen declinando sumarse a las inversiones, a pesar de la invitación expresa realizada desde la Casa Blanca.

Noticia relacionada

CLAVES DE LATINOAMÉRICA

Emili J. Blasco

La producción petrolera venezolana ha ido subiendo en los últimos meses: de momento alcanza una cifra aún no consolidada de 1,1 millones de barriles diarios, un tercio de lo que se producía cuando Chávez llegó al poder. Con los compromisos de las compañías ya instaladas en el país podría cumplirse el objetivo de alcanzar los 1,5 millones de barriles diarios quizás en tres años.
Pero esto se queda corto ante las apremiantes urgencias de Estados Unidos en cuanto al precio del petróleo, que se han agravado con el cierre del estrecho de Ormuz. La rivalidad geopolítica con China también empuja a Washington a asegurarse un mayor control de los recursos estratégicos en su entorno geográfico más próximo. Este contexto es el que explica el acuerdo cerrado por la Administración Trump y Delcy Rodríguez, por el que una sociedad en la que Estados Unidos participará al 35% recibirá la exclusiva de explotación durante al menos 25 años de 17 campos petroleros, que conjuntamente cuentan con unas reservas probadas estimadas en 65.000 millones de barriles.
La participación pública estadounidense será a través de la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono, con títulos que, según la Administración Trump, no supondrán un desembolso (se confía que este corra a cargo de empresas privadas), lo que garantizaría que EE.UU. pueda adquirir el 20% de la producción a precio de coste y tenga preferencia sobre el 80% restante. Las compras públicas estadounidenses irían destinadas a aumentar las reservas estratégicas almacenadas.

Newsletter

Esa sociedad mixta, North American Blue Energy Partners (NABEP), propiedad del empresario venezolano Alejandro Betancourt, prevé canalizar una inversión de 100.000 millones de dólares. El Gobierno venezolano prevé unos ingresos por impuestos de 200.000 millones de dólares

Un acuerdo insólito y sus dudas

El acuerdo es bastante insólito, no solo por la participación directa en el negocio del Gobierno de Estados Unidos (a través del Departamento de Defensa, lo que lo hace doblemente inusual), sino también por ir de la mano de una empresa venezolana, con experiencia petrolera solo reciente y además propiedad de un empresario con litigios por corrupción abiertos en varios países. La falta de trasparencia sobre detalles del plan no ayuda a despejar dudas sobre el beneficio personal que pueden obtener algunos de los operadores del acuerdo.
Asimismo, lo alambicado del esquema ideado puede fallar en atraer la inversión deseada, con lo que Trump se quedaría nuevamente corto en su segundo intento de potenciar un gran salto en la producción de crudo venezolano. De los 17 campos de la concesión, 9 serían campos maduros del entorno del lago de Maracaibo, cuya explotación requiere menos inversión, y 8 estarían en la Franja del Orinoco, con más potencial a largo plazo y una exigencia de mayor aportación de capital. La rentabilidad de las inversiones estaría especialmente vinculada a ese mayor horizonte, pero qué ocurrirá con el trumpismo en dos años y cómo actuaría al respecto un gobierno postchavista suponen incertidumbres de riesgo.