Nicolás Maduro cumple este viernes seis meses bajo custodia de Estados Unidos. Desde su captura en Caracas, el 3 de enero, y su posterior traslado a Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, el dictador venezolano ha pasado de dirigir un régimen a … estar acusado de narcotráfico, corrupción y represión, convirtiéndose así en uno de los procesados más complejos de la Justicia federal estadounidense.
Su expediente se ha ampliado en pocos meses. Maduro sigue detenido en Brooklyn, sin fecha de juicio, mientras su defensa prepara una ofensiva para cuestionar no solo las acusaciones de narcoterrorismo, sino la legalidad de la operación militar que permitió llevarlo ante un tribunal de Manhattan. Al mismo tiempo, se enfrenta a una segunda investigación penal en Miami por posibles operaciones de blanqueo y una nueva demanda civil en Brooklyn que le atribuye responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas venezolanas.
La causa principal es por la vía penal y se encuentra en el Distrito Sur de Nueva York. Maduro y Flores se declararon no culpables de los cargos de narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y delitos relacionados con armas. La acusación sostiene que ambos participaron en una estructura de poder vinculada al llamado Cártel de los Soles, una red que, según la Fiscalía, utilizó instituciones venezolanas para proteger y facilitar el tráfico internacional de cocaína.
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El sumario procede de una acusación revelada en 2020 y que Washington utilizó después como una de las bases legales de la operación de enero. La Fiscalía sostiene que Maduro se sirvió de las estructuras del Estado venezolano para proteger a narcotraficantes, facilitar rutas de salida de cocaína y mantener vínculos con grupos armados colombianos y redes criminales interesadas en introducir droga en Estados Unidos.
Pero el proceso avanza con gran lentitud. La audiencia prevista para el 30 de junio fue aplazada al 22 de julio por petición conjunta de la Fiscalía y de la defensa. El Gobierno alegó problemas de seguridad, transporte y logística, además de la necesidad de continuar entregando pruebas a los abogados de los acusados. Ambas defensas aceptaron el aplazamiento.
En una fase preliminar
La carta remitida al juez Alvin Hellerstein deja claro que el caso sigue en una fase preliminar. La Fiscalía debe completar la entrega de documentación, la defensa necesita revisar ese material y ambas partes han de definir las mociones previas al juicio. La petición incluye además excluir ese periodo del cómputo de la Ley de Juicios Rápidos, con el argumento de que resulta necesario para preparar adecuadamente el procedimiento.
El proceso avanza con gran lentitud. La audiencia prevista para el 30 de junio fue aplazada al 22 de julio por petición conjunta de la Fiscalía y la defensa
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No hay por tanto un calendario cerrado para un juicio que puede prolongarse durante meses o años, mientras Trump cultiva una excelente relación con la sucesora y vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez. El primer gran objetivo de Maduro no será convencer a un jurado sobre el fondo de las acusaciones, sino intentar que el caso quede condicionado por la forma en que fue detenido y trasladado a Estados Unidos.
Su abogado principal, Barry Pollack, ha descrito la operación como una «abducción» y ha adelantado que cuestionará la jurisdicción de los tribunales estadounidenses. La defensa pretende desplazar el centro del proceso desde las operaciones de narcotráfico hacia la soberanía venezolana y los límites de la acción militar norteamericana.
Ese tipo de recurso no es nuevo en la justicia federal. Otros acusados capturados fuera de Estados Unidos han intentado alegar que una detención irregular debía impedir su procesamiento. Los tribunales estadounidenses han tendido, sin embargo, a mantener la jurisdicción una vez que el acusado está bajo custodia federal y puede ejercer plenamente su derecho de defensa. El argumento de Pollack tendrá por ello un fuerte valor político y diplomático, pero no necesariamente una salida fácil en los tribunales.
Barry Pollack, abogado de Maduro, describe su detención como una «abducción» y cuestiona la jurisdicción de EE.UU. con el fin de anular el proceso
Maduro ha reforzado su equipo jurídico con Anna Estevao, abogada del despacho Harris Trzaskoma que integró la defensa de Sean ‘Diddy’ Combs en su juicio federal por delitos sexuales. En aquel proceso, la defensa logró la absolución del rapero Combs de los cargos más graves, entre ellos trata sexual y asociación delictiva, que podían haberle supuesto cadena perpetua. Fue declarado culpable únicamente de dos delitos vinculados al traslado de personas para ejercer la prostitución y condenado a 50 meses de prisión.
Otra investigación en Miami
La segunda amenaza para Maduro está en Miami. La Fiscalía Federal de esa ciudad mantiene una investigación paralela por posibles operaciones de blanqueo de capitales vinculadas a él, según informó Reuters en mayo. La pesquisa estaba activa antes de su captura y podría desembocar en nuevos cargos.
El interés de esa causa es que puede ampliar el caso más allá del narcotráfico. La investigación se centra en las redes financieras, comerciales y societarias que habrían permitido al chavismo mover fondos, ocultar activos y operar internacionalmente pese a las sanciones de Washington. También podría ofrecer a los fiscales una vía alternativa si el proceso de Manhattan afrontara dificultades derivadas de la captura de Maduro o de la complejidad de la figura penal del narcoterrorismo.
Ese frente conecta con el caso de Alex Saab, empresario colombiano y operador financiero del chavismo. La Fiscalía de Miami le ha acusado de blanqueo por el supuesto desvío de dinero del programa de alimentos CLAP y por operaciones petroleras que habrían utilizado sociedades ficticias y cuentas vinculadas al sistema financiero estadounidense.
Otro posible foco de presión es Hugo Carvajal, el antiguo jefe de la inteligencia militar venezolana conocido como ‘el Pollo’. Carvajal, que se declaró culpable en Estados Unidos de delitos vinculados al narcotráfico y a la colaboración con las FARC, continúa negociando su futura sentencia con la Fiscalía, según fuentes conocedoras de su situación judicial.
Esas fuentes sostienen que Carvajal sigue ofreciendo información concreta sobre la estructura de poder del chavismo, sus redes de financiación, sus contactos con organizaciones criminales y el funcionamiento interno de los servicios de Inteligencia. Sería testigo en el caso de Nueva York, que es la misma macrocausa por la que él mismo fue imputado y extraditado desde España.
La utilidad de Carvajal para los fiscales no depende solo de que pueda implicar directamente a Maduro. También puede ayudar a reconstruir cómo operaban las cadenas de mando, qué papel tuvieron mandos militares y civiles, cómo se vinculaban determinadas operaciones de seguridad con intereses económicos y qué información manejaban los principales dirigentes del régimen.
Otra demanda civil
A ese panorama penal se añadió esta semana una demanda civil en Brooklyn presentada por cinco familias venezolanas. Los demandantes acusan a Maduro de haber autorizado, respaldado o tolerado una campaña de ejecuciones extrajudiciales desarrollada entre 2017 y 2020 bajo el pretexto de combatir la delincuencia.
La demanda sostiene que unidades policiales venezolanas irrumpían en viviendas de barrios populares, detenían o sometían a jóvenes y después manipulaban las escenas para simular enfrentamientos. Los familiares denuncian que se plantaban armas o drogas, se disparaba contra paredes y se alteraban las circunstancias de las muertes.
El procedimiento ha sido presentado al amparo de la Ley de Protección de las Víctimas de Tortura, que permite reclamar ante tribunales estadounidenses contra personas acusadas de tortura o asesinatos extrajudiciales cometidos bajo autoridad oficial en otros países. Cinco familias reclaman daños compensatorios y punitivos, pero el caso tiene sobre todo un alcance político y simbólico, ya que busca situar ante un tribunal federal la responsabilidad de Maduro por una política de represión interna.
En este tipo de procedimientos, la posición del Departamento de Justicia puede resultar decisiva. En casos anteriores, el Gobierno estadounidense ha intervenido para expresar su criterio sobre la inmunidad de dirigentes extranjeros. La condición de Maduro como expresidente capturado y procesado en Estados Unidos introduce, además, una situación poco habitual y jurídicamente compleja.
La ayuda de Baltasar Garzón
A la batalla judicial se suma una dimensión política y operativa. El comisario venezolano Iván Simonovis afirmó que Barry Pollack y el jurista español Baltasar Garzón, abogado de Alex Saab y cuyo bufete ha representando a Delcy Rodríguez en España, viajaron a Colombia junto a otros integrantes del entorno de defensa de Maduro y, desde allí, habrían tomado un vuelo privado rumbo a Venezuela.
Simonovis afirmó que funcionarios de inmigración del aeropuerto El Dorado comunicaron a la Dirección Nacional de Inteligencia colombiana la llegada del grupo a las dos de la madrugada. Según su versión, en el viaje también participaron Miguel Sánchez, Carlos Mora, Mark Donelly y Aytor Martínez. La información no ha sido confirmada por los abogados mencionados, por las autoridades colombianas ni por el Gobierno venezolano.
De confirmarse, el viaje reflejaría que la defensa de Maduro no se limita a la sala del tribunal de Manhattan. Implicaría contactos políticos, documentales y estratégicos dentro de Venezuela, en un momento en que su entorno intenta combinar recursos judiciales, presión diplomática y una narrativa de persecución política.
