La soberanía chilena sobre el estrecho de Magallanes es un tema zanjado, más allá de los decretos y declaraciones que emitan las autoridades argentinas. Así lo estimó este miércoles el presidente José Antonio Kast, quien despejó la polémica durante su observación de … ejercicios navales en la zona en cuestión.
Las palabras del mandatario se conocen en la víspera de una reunión bilateral en el Palacio de La Moneda, con el presidente trasandino Javier Milei quien asistirá a una nueva reunión del Foro Madrid que se realizará en la capital este jueves.

En medio de las operaciones del ‘Navy Day’ en el estrecho, Kast señaló que él no le va a exigir a su par firmar un decreto especial que anule el dictado en 2021 por el expresidente Alberto Fernández y que indica que dicho paso interoceánico es compartido y de «control conjunto».

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María J. Errázuriz

«Mañana tendremos una reunión con el presidente Milei, como hemos tenido otras anteriores, donde hablaremos de distintos temas. Este tema está zanjado, más allá de la firma de un decreto o que pone término a un decreto que firmó el señor Fernández… Ahondar en la discusión no tiene mayor sentido. Es algo que se va a dar, pero no necesariamente uno tiene que exigirle a un presidente cuando viene a la nación, decirle: ‘Le exijo esto’«, afirmó Kast desde el extremo austral de Chile.
La firma del decreto derogatorio es demandada por todos los sectores políticos en el país, desde los nacional libertarios hasta el socialismo democrático, más cuando en las últimas semanas algunos altos generales argentinos han recaído en el error de afirmar que Argentina tiene control sobre la boca oriental del estrecho.
Tanto Kast como las demás autoridades chilenas han remarcado que el tema está claramente establecido en los Tratados de Límites de 1881 y de 1984, donde se específica que Chile es el único con soberanía en ese paso.

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El ministro de Defensa, Fernando Barros, aseguró a comienzos de semana que el presidente Milei está próximo a firmar un decreto que echa pie atrás con lo obrado por Fernández porque así se lo comunicó su colega argentino Carlos Pristi, con quien ha conversado telefónicamente por la polémica. Según Barros, Pristi aseguró que, en las palabras del comandante de la Fuerza Aérea, general Gustavo Valverde ha habido un error, «una falta de prolijidad» y que «el tema no está en discusión». Lo mismo sostuvo el viernes el comandante en jefe de la Armada argentina, almirante Juan Carlos Romay, quien declaró que el estrecho «le pertenece a Chile».
En la misma línea, el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna sostuvo este martes que «la información que tenemos y que nos transmitieron en marzo, y que nos han reiterado desde entonces, es que (el decreto) está listo para la firma».

Polémico decreto

La demora en la firma ha generado suspicacias en Chile. El vicepresidente del Senado, Iván Moreira, manifestó ayer que «para volver a creer, después de cinco años de espera, la respuesta definitiva será una vez firmada la derogación del decreto y una buena oportunidad sería antes de la visita del presidente Milei».
El documento en cuestión (decreto 457/2021) fue firmado por Alberto Fernández en julio de 2021 y señala textualmente que es «fundamental continuar fortaleciendo la exploración, estudio y control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces (Mar de Drake)».
En esa oportunidad, el gobierno del expresidente Sebastián Piñera envío a la Casa Rosada una nota de protesta para reclamar por el texto, pero en marzo de 2022, al asumir Gabriel Boric la presidencia el tema salió de la agenda. Solo se retomó cuando tras el cambio de embajador en Buenos Aires en 2023, el socialista José Antonio Viera-Gallo expresó formalmente a la Cancillería argentina derogar el decreto.
Pese a que Alberto Fernández visitó Chile tres veces después de la firma del decreto nunca retrocedió. Por eso, hoy se reclama que Milei actué en consecuencia.
«Si el presidente Kast de verdad va a defender a nuestro país lo que debe hacer es exigirle al presidente Milei la derogación inmediata del decreto», dijo el diputado socialista Nelson Venegas. A esta demanda el mandatario chileno dijo no este miércoles.

La Administración Trump dio este miércoles el paso definitivo para ejecutar un nuevo modelo petrolero para Venezuela: el Gobierno de EE.UU. entra formalmente, mediante una participación en una empresa privada, en la explotación de una parte sustancial de las reservas de crudo venezolanas, mientras … Chevron y la italiana Eni amplían en paralelo sus operaciones en el país. Es un cambio de enorme alcance tras las décadas de sanciones, restricciones y enfrentamiento con Caracas, y convierte a Washington en actor directo, responsable último, de la reordenación del mercado energético venezolano.
La fórmula elegida permite a la Casa Blanca insistir en que el Gobierno estadounidense no será quien opere los pozos, sino una empresa privada. El secretario norteamericano de Energía, Chris Wright, recalcó este mismo miércoles desde Caracas que serán empresas privadas las encargadas de la producción. Pero la distinción no elimina la novedad fundamental del acuerdo: el Estado norteamericano tendrá una participación del 35% en la sociedad matriz de North American Blue Energy Partners, NABEP, la compañía controlada por el empresario venezolano investigado en España Alejandro Betancourt que recibirá derechos sobre 17 campos petroleros durante cien años.

Washington tendrá además acceso garantizado al 20% de la producción y derecho preferente para adquirir el resto. Son campos que contienen aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas, en torno a una quinta parte del petróleo probado de Venezuela. Varios habían estado hasta las fechas recientes bajo influencia de compañías rusas y chinas, según la Administración Trump. El acuerdo da así a Trump una posición que no se limita a facilitar inversiones estadounidenses, sino que le permite participar económicamente en la estructura empresarial que controlará esos activos y asegurarse petróleo a largo plazo.

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David Alandete

La Casa Blanca ha defendido esa arquitectura petrolera como una forma de separar al Gobierno de la operación cotidiana. Wright, el secretario de Energía, sostuvo que Washington no pretende convertirse en una petrolera estatal ni dirigir directamente los campos. La explotación corresponderá a NABEP y a las empresas privadas presentes en Venezuela. Aun así, por primera vez el Gobierno estadounidense tendrá intereses propios dentro de una empresa privada con una posición dominante sobre una porción considerable de las reservas venezolanas.
El acuerdo ha avanzado pese a las dudas expresadas dentro del propio sector petrolero. Grandes productores estudian con cautela una estructura que puede convertir al Gobierno de EE.UU., indirectamente, en competidor de las propias compañías norteamericanas. ExxonMobil y ConocoPhillips, que abandonaron Venezuela tras las nacionalizaciones de 2007, han insistido durante meses en reclamar estabilidad jurídica, respeto de los contratos y garantías suficientes antes de realizar inversiones de gran escala.

Grandes productores estudian con cautela una estructura que puede convertir al Gobierno de EE.UU., indirectamente, en competidor de las propias compañías norteamericanas

La agencia Reuters recogió esta semana la preocupación de ejecutivos y analistas por la ausencia de una licitación competitiva y por el peso concedido a NABEP y a Betancourt. El empresario fue investigado en el pasado por autoridades estadounidenses y europeas por posibles ilícitos en negocios vinculados a Venezuela, aunque nunca fue acusado formalmente y ha rechazado las sospechas sobre sus actividades.

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La Administración Trump ha salido en su defensa, algo llamativo. Un alto funcionario estadounidense aseguró antes del viaje de Wright a Caracas que Betancourt «no es un mal actor» y destacó que su compañía ha conseguido aumentar rápidamente la producción y trasladar equipos petroleros desde Texas a Venezuela. NABEP sostiene que su objetivo inmediato es superar el millón de barriles diarios.

Transformación del sector petrolero

Mientras ese acuerdo entra en fase de ejecución, la transformación del sector petrolero venezolano se acelera por otra vía. Chevron anunció este miércoles que invertirá más de 7.000 millones de dólares durante los próximos cinco años y pretende elevar su producción hasta aproximadamente 600.000 barriles diarios, más del doble de su nivel actual. La compañía ha obtenido nuevas áreas en Carabobo, dentro de la Faja del Orinoco, y mejores condiciones fiscales, comerciales y jurídicas para sus empresas conjuntas. Chevron mantiene un 49% de Petroindependencia y opera también a través de Petropiar y Petroboscán.
Su consejero delegado, Mike Wirth, agradeció expresamente «el liderazgo de la Administración Trump» y la intervención del Departamento de Energía y de Wright para crear las condiciones que han permitido la expansión. Chevron calcula que sus costes totales en Venezuela se mantienen por debajo de los 20 dólares por barril, una cifra especialmente atractiva para una industria que necesitará decenas de miles de millones de dólares de inversión para recuperar infraestructura y producción.
La italiana Eni también prepara una ampliación significativa. La empresa, que ya opera proyectos de gas junto a Repsol y mantiene intereses petroleros con PDVSA, negocia nuevas áreas en la Faja del Orinoco y ha afirmado que trabaja con las autoridades venezolanas para contribuir a la recuperación del sector energético. Wright y la ministra venezolana de Hidrocarburos, Paula Henao, supervisan esta semana una batería de acuerdos que incluye además a ONGC, GeoPark, GE Vernova y otras compañías.
Son operaciones separadas jurídicamente del gran pacto con NABEP, pero forman parte de una misma estrategia de apuntalar y modernizar el sector de crudo de Venezuela. La Administración Trump quiere convertir el país controlado por el chavismo en una fuente estable y masiva de crudo para el hemisferio occidental, atraer capital privado estadounidense y europeo y reducir al mismo tiempo la presencia que China y Rusia acumularon durante los años de aislamiento de Caracas.

Duplicar la producción venezolana

Wright aseguró al llegar a Venezuela que los nuevos proyectos permitirán «más que duplicar» la producción venezolana durante los próximos años, informa NBC, que le acompaña. El país produce actualmente alrededor de 1,1 a 1,25 millones de barriles diarios, frente a los más de tres millones que llegó a extraer a finales de los años noventa. Washington calcula que la combinación de nuevas concesiones, capital extranjero y rehabilitación de instalaciones puede cambiar rápidamente esa tendencia.
El petróleo es además una pieza de una operación geopolítica más amplia. La guerra con Irán y las tensiones en el estrecho de Ormuz han vuelto a demostrar a Washington la vulnerabilidad de los mercados internacionales ante una interrupción del suministro en Oriente Próximo. Para Trump, aumentar la oferta venezolana tiene un doble objetivo: reducir la presión sobre los precios y trasladar una parte mayor de la seguridad energética de EE.UU. al propio continente americano.
La operación sigue rodeada de interrogantes. Queda por comprobar cuánto capital llegará realmente, si los contratos sobrevivirán a futuros cambios políticos y hasta qué punto la posición privilegiada de NABEP puede desincentivar a otras grandes compañías. También persisten las críticas sobre la ausencia de una competición abierta para adjudicar los 17 campos.

«Estamos solos y no aguantamos más». Son las palabras con las que Luca Abbasciano y Valentina Pambianco trataron de explicar su decisión de matar a su hija Bianca y a su perro y, a continuación, suicidarse en su casa de Roma. Las … escribieron en una nota de despedida hallada en su domicilio después de haber depositado todas sus esperanzas en un tratamiento en México para la parálisis cerebral de la pequeña.
Tal vez las terapias en Monterrey no habían surtido el efecto esperado, tal vez el matrimonio no disponía de más dinero para continuar los tratamientos al otro lado del Atlántico -que podían alcanzar los cientos de miles de euros-. Lo que está claro es que Luca y Valentina se habían sumido en una espiral de desesperación que, acrecentada por la soledad, terminó con el asesinato de la niña, de cinco años, y su propio suicidio.

La voz de alarma la dieron los hermanos de Luca el pasado lunes al no conseguir contactar con la pareja durante varios días. Los bomberos acudieron a la vivienda y, al abrir la puerta, encontraron los tres cuerpos sobre la cama matrimonial con heridas de bala procedentes de una Glock que el padre poseía de manera legal. Junto a ellos, Teo, el perro de la familia, también muerto. Por el momento, no está claro quién presionó el gatillo, y la autopsia deberá aclarar este extremo.

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El entorno de la familia habla de las dificultades de la madre para aceptar la condición de la hija, muy deseada por ambos progenitores. «Desde ese momento [del nacimiento], Valentina ha dejado de sonreír», ha afirmado entre lágrimas una vecina del barrio romano de Pietralata, donde residía el matrimonio. Es precisamente esta actitud de la mujer la que está investigando ahora la Policía, que también examina las cartas dejadas tras el suicidio.
Tras la llegada de la pequeña en 2021, nacida prematura a los siete meses de embarazo con parálisis cerebral y problemas óseos y de visión, Valentina había dejado su trabajo para poder cuidar de Bianca. También Luca trabajaba desde casa para tener las posibilidad de prestar mayores atenciones a la niña, que también contaba con el seguimiento de los servicios sociales.
Además de la nota en la que ambos progenitores lamentaban no ser capaces de seguir adelante ellos dos solos, la pareja ha dejado tras de sí una veintena de cartas firmadas por ambos en la que insinuaban su deseo de cometer este acto extremo con la Glock.