Este viernes, 12 de junio, entra en vigor el Pacto de Migración y Asilo de la UE. En este Pacto, ansiado por unos y criticado por otros, se introduce el nuevo sistema para la migración, el asilo y la gestión de fronteras y la integración. … Fue en 2024 cuando el pacto entró en vigor, dando inicio a una fase de transición de dos años, pero ahora los gobierno de los países miembros están obligados a implementarlo. Según la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA), el pacto «introduce eficiencia en el sistema».
El nuevo pacto, «garantizará que la Unión cuente con fronteras exteriores fuertes y seguras, que se garanticen los derechos de las personas y que ningún país de la UE quede desprotegido ante la presión», según se puede leer en la página web de la Comisión Europea.

Estos son los cuatro pilares de la nueva política de migración y asilo:

Controles fronterizos más estrictos

Esta es la medida estrella: el endurecimiento de los controles en las fronteras exteriores de la UE. Una de las obligaciones va a ser identificar en un plazo máximo de siete días a cualquier persona que cruce de manera irregular una de las fronteras de la UE.
También se reforma Eurodac, una base de datos europea donde recogen las huellas dactilares, y pasará a ser una herramienta de gestión migratoria. Se recogerán imágenes faciales y se rebajara la edad mínima para la toma de datos biométricos de los 14 a los seis años.

Sobre el mecanismo de solidaridad

El Pacto establece un sistema de solidaridad obligatoria para aliviar la presión migratoria sobre los países de primera entrada, especialmente España, Italia, Grecia y Chipre. Los Estados miembros deberán contribuir mediante la acogida de migrantes, apoyo operativo o aportaciones económicas fijadas en 20.000 euros por cada persona que les correspondería reubicar.

Aceleración en el proceso de solicitudes de asilo

El nuevo marco apuesta por acelerar la tramitación de las solicitudes de asilo mediante un procedimiento exprés que deberá completarse en un máximo de 12 semanas. Durante ese periodo se examinará la petición de protección internacional y, en caso de rechazo, se resolverá también el retorno del solicitante.
Mientras dure el proceso, la persona no será considerada jurídicamente dentro del territorio de la Unión Europea. Este mecanismo se aplicará de forma obligatoria a quienes sean considerados un riesgo para la seguridad o procedan de países cuyos ciudadanos obtengan protección internacional en menos del 20 % de los casos en la UE.

Acuerdos con terceros países

La estrategia europea va más allá de la gestión del asilo. La UE prevé reforzar el control de sus fronteras mediante nuevos sistemas digitales, como EES y ETIAS, destinados a registrar biométricamente a los viajeros y detectar estancias irregulares.
Paralelamente, Bruselas seguirá impulsando acuerdos con países de tránsito y origen, entre ellos Marruecos y Túnez, para contener las salidas migratorias antes de que alcancen territorio europeo.

Más vigilancia tecnológica

Se desplegarán sistemas como: Entry/Exit System (EES), que registrará entradas y salidas de ciudadanos de terceros países. ETIAS, una autorización previa para viajeros exentos de visado. El objetivo es detectar permanencias irregulares y reforzar el control de fronteras.

Fin del sistema improvisado de reparto

Hasta ahora, la reubicación de solicitantes de asilo entre países se hacía mediante acuerdos puntuales y a menudo voluntarios. El nuevo pacto crea un mecanismo permanente para repartir responsabilidades entre los Estados miembros.

La disminución de reservas, la merma de los ingresos por petróleo y gas, junto a una aguda escasez de mano de obra, están poniendo la economía rusa contra la pared, según el informe Kiel publicado este jueves por Instituto de Kiel … para la Economía Mundial y el Instituto de Economía de la Transición de Estocolmo, que detecta claros signos de agotamiento estructural que señalan un momento favorable para entablar negociaciones con Putin.
Basado en fuentes locales, como los datos del Banco Nacional Ruso, el equipo de economistas habla de «fase final» y considera posible un «colapso económico de Rusia». Incluso el Gobierno ruso ha ajustado recientemente sus previsiones y ya no cuenta con un crecimiento de su PIB del 1,3% para este año, sino del 0,4%. El informe Kiel enfatiza que incluso esta previsión podría seguir siendo «demasiado optimista».

«La cuestión es cuánto tiempo le queda a la economía rusa. Diría que habrá caídas significativas el año que viene si imponemos las sanciones e introducimos un nuevo arancel», calcula Moritz Schularick, director del instituto de Kiel, que reconoce «serias dudas sobre la exactitud de las cifras oficiales de crecimiento» y calcula que, por ejemplo, «la inflación se reporta demasiado baja». E incluso en esta situación, Putin sigue considerando prioritaria la guerra en Ucrania y alimentando tanto la industria armamentística como el Ejército ruso, en detrimento del sector civil.

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Rosalía Sánchez

Fuera de las prioridades militares, la inversión de capital fijo casi se ha paralizado. El informe señala que el volumen del comercio exterior de Rusia está en su nivel más bajo de los últimos 15 años. La economía está alcanzando los «límites de su capacidad productiva», mientras que «la rápida expansión del crédito en sectores relacionados con armamento, los balances corporativos débiles y la creciente presión sobre el capital bancario» están deteriorando la «calidad de los activos en el sistema financiero».
El analista estadounidense Craig Kennedy ya advirtió el año pasado sobre esta situación, que junto a la inflación deja poco margen al Banco Central ruso para bajar el tipo clave de interés desde el actual 14,5%, a un nivel que aliviase la carga para las empresas.
Las reservas fiscales y financieras de Rusia, por otra parte, se han agotado en gran medida. Aunque el Fondo Nacional de Bienestar estaba «bien lleno», con reservas del 6,5 por ciento del PIB en el momento de la invasión de Ucrania en 2022, sus activos líquidos se habían reducido en más de dos tercios, hasta el 1,8 por ciento del PIB, en el pasado mes de abril. Esto apenas se considera suficiente como reserva de emergencia.
En su capítulo dedicado a la dependencia de Rusia respecto a China, una «asociación asimétrica» a expensas del Kremlin, describe cómo Moscú depende cada vez más de Pekín para bienes civiles y militares, electrónica y maquinaria, debido a las sanciones occidentales. China se está embolsando una prima, gracias a esa dependencia, y compra materias primas rusas más baratas que otros clientes, pagando casi un 40 % menos por el gas, por ejemplo.
Al mismo tiempo, los bancos chinos bloquean repetidamente los pagos de socios comerciales rusos en consideración al riesgo de sanciones secundarias estadounidenses. Las consecuencias son cuellos de botella y desvíos costosos a través de intermediarios.

China sostiene la economía rusa

Según la coautora del informe, Alicia García-Herrero, Moscú ha recibido un «salvavidas económico», pero China dicta «los términos de la relación». Rusia mantiene así su economía de guerra a corto plazo, pero reduciendo su autonomía económica y el poder de negociación. Este es el argumento utilizado por los líderes europeos del E3 (Reino Unido, Francia y Alemania), para intentar forzar ahora las negociaciones con una Rusia económicamente al límite.
El gasto en la guerra, además, está aumentando. El déficit presupuestario crece. Estaba previsto para 2026 un total de 45.500 millones de euros, el 1,6% del PIB, pero las últimas cifras de Moscú muestran un déficit desde enero hasta finales de mayo superior a los 72.000 millones de euros, el 2,6% del PIB. Y el hecho de que no haya crecido aún más se debe a mayores ingresos por IVA y a la venta de petróleo y gas, disparados por la guerra de Irán pero un 30% más baratos que el año pasado.
Los ingresos por exportación de petróleo y gas de Rusia siguen siendo «con diferencia la variable más importante» para determinar cuánto tiempo el país podrá continuar la guerra en Ucrania. «La creciente vulnerabilidad económica de Rusia abre una ventana de oportunidad para medidas políticas más efectivas por parte de Occidente«, sugiere el informe, que pide más sanciones, un arancel especial al comercio restante con Rusia (gas licuado, productos químicos y fertilizantes) y sostener la ayuda a Ucrania.

Belfast ha vivido una segunda noche consecutiva de disturbios que obligó a la Policía de Irlanda del Norte (PSNI) a desplegar cañones de agua contra los grupos de manifestantes violentos, en una nueva escalada de tensión desencadenada tras el brutal apuñalamiento a un hombre identificado … como Stephen Ogilvie el pasado lunes por parte de un solicitante de asilo sudanés. La agresión ha derivado en ataques contra inmigrantes, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y el desplazamiento de familias de minorías étnicas de sus hogares.
Los incidentes de la noche de este miércoles se concentraron principalmente en la rotonda de Sandyknowes, en Glengormley, a unos 13 km al noroeste del centro de Belfast, donde centenares de personas se enfrentaron durante horas a los agentes antidisturbios. La Policía informó de que los agentes fueron objeto de un ataque sostenido mediante el lanzamiento de ladrillos, botellas, trozos de madera y cócteles molotov.

Las imágenes difundidas por medios locales muestran a grupos de hombres vestidos de negro y con el rostro cubierto, arrancando vallas y destruyendo accesos residenciales y muros de propiedades para utilizar los materiales como proyectiles contra las líneas policiales.
Durante los disturbios volvieron a incendiarse contenedores y vehículos. Tras varias horas de tensión, la PSNI recurrió al uso de cañones de agua para dispersar a los manifestantes después de advertir por megafonía que la concentración debía disolverse. Los incidentes concluyeron hacia las 11.30 de la noche, cuando las fuerzas de seguridad lograron recuperar el control de la zona.

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Ivannia Salazar

Las autoridades confirmaron que varios agentes resultaron heridos durante los disturbios. Brendan Mullan, presidente de la Junta de Supervisión Policial de Irlanda del Norte, indicó que varios policías sufrieron lesiones provocadas por bombas incendiarias y advirtió de que el cuerpo policial continúa operando con una plantilla inferior a la considerada necesaria para garantizar una respuesta adecuada a situaciones de este tipo. Según explicó, la PSNI cuenta actualmente con unos 6.300 agentes frente a una necesidad estimada de 7.500 efectivos.
La viceprimera ministra de Irlanda del Norte, Emma Little-Pengelly, condenó los acontecimientos y aseguró que las escenas registradas en Belfast han «horrorizado y consternado absolutamente a todo el mundo». En declaraciones a la BBC, afirmó que, aunque algunas personas puedan albergar preocupaciones legítimas, existe un grupo determinado a provocar «violencia, vandalismo y desorden». Little-Pengelly también condenó cualquier acción motivada por el racismo y sostuvo que quienes participan en estos ataques están destruyendo sus propias comunidades.
En términos similares se expresó el secretario de Estado británico para Irlanda del Norte, Hilary Benn, quien aseguró que las minorías étnicas han quedado «aterrorizadas» por los acontecimientos de los últimos días. «No hay ninguna justificación para esto», afirmó, y denunció que algunas personas han sido interceptadas en la carretera para preguntarles por su nacionalidad y recordó que familias enteras se han visto obligadas a abandonar sus hogares únicamente por el color de su piel.
El ministro insistió además en que el apuñalamiento del lunes constituye un caso individual y que la responsabilidad corresponde exclusivamente al presunto agresor, no a la comunidad sudanesa ni a otros inmigrantes. «Tenemos una larga y honorable tradición de ofrecer refugio a quienes huyen de la guerra y la persecución, y deberíamos sentirnos orgullosos de ello», añadió.

El caso detonante

El origen de la crisis se encuentra en la agresión sufrida por Stephen Ogilvie el pasado lunes. Y este miércoles compareció ante el Tribunal de Magistrados de Belfast Hadi Alodid, un ciudadano sudanés de 30 años residente en la ciudad, acusado de intento de asesinato, amenazas de muerte contra una trabajadora sanitaria y posesión de un cuchillo en un lugar público. El juez Steven Keown rechazó concederle la libertad bajo fianza y ordenó su ingreso en prisión preventiva durante cuatro semanas.
Mientras las autoridades trataban de contener la violencia, la familia de Stephen Ogilvie difundió un nuevo llamamiento a la calma y rechazó que el ataque sufrido por su familiar sea utilizado para justificar actos de odio contra inmigrantes. «Queremos dejar absolutamente claro que los disturbios nocturnos no son bienvenidos y que la protesta pacífica es el único camino a seguir», señaló la familia en un comunicado. «No queremos que esta terrible tragedia sea utilizada para dividir a la gente o alimentar la hostilidad».
En esta segunda declaración difundida a través de la Policía, la familia denunció la circulación de información falsa sobre el estado de salud de Ogilvie y confirmó que permanece estable.
Ante la magnitud de los disturbios, el Gobierno británico ha confirmado que la Policía de Escocia prestará apoyo operativo a la PSNI, incluido el despliegue de unidades caninas especializadas en control del orden público.