Han pasado seis meses desde que comenzara la guerra entre Estados Unidos e Israel conta la República Islámica de Irán. La contienda estalló poco después de que grandes manifestaciones pusieran contra las cuerdas al régimen iraní, que aplicó una represión extrema. Tras esos meses de … diciembre y enero de máxima tensión interna, hubo detenciones masivas, que según distintas ONG alcanzaron varios miles de personas. Hubo un uso letal de la fuerza contra los manifestantes, con disparos a quemarropa, incendios de mercados y otras muchas barbaridades; y posteriormente, procesos judiciales y ejecuciones contra personas detenidas, acusadas de delitos conta la seguridad nacional o de colaborar con grupos opositores.
Y lo que se ha mantenido hasta hoy: apagones y bloqueos de internet que han dejado en muchas ocasiones incomunicados a los millones de iraníes que viven dentro del país.

Pero todo eso pasó a un segundo plano cuando Donald Trump prometió acabar «con toda la civilización» de Irán y atacó el corazón de Teherán: mató al líder supremo el ayatolá Alí Jameneí y a gran parte de la cúpula de poder y comenzó una guerra que llega hasta hoy.

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Carlota Pérez

Esperanzas perdidas

Podía parecer que el barco iraní estaba tocado y casi hundido. Los propios iraníes mantenían la esperanza de un cambio de gobierno. «Trump ha venido a salvarnos», decían algunos. Quizás eran demasiado ilusos.
Metidos de lleno en la guerra dialéctica y de misiles, el régimen iraní está endureciendo sus castigos, su represión y el control de la población. La última idea ha sido criminalizar todo contacto con medios de comunicación extranjeros.
A mediados de agosto, Teherán aprobó un proyecto de ley para combatir la supuesta «influencia extranjera». Según los borradores conocidos y los informes de medios iraníes el proyecto criminaliza las entrevistas, colaboraciones o comunicaciones con medios considerados «hostiles», especialmente los estadounidenses, israelíes o financiados por esos países. El castigo puede ser de entre seis meses y dos años de prisión para quienes concedan entrevistas o participen en programas de esos medios.

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Además, exige que los contactos con otros medios extranjeros sean notificados previamente al Ministerio de Inteligencia.
También puede penalizar el envío de fotografías, vídeos, grabaciones de audio o información a periodistas o medios radicados fuera de Irán. Es decir, por ejemplo, las informaciones que ABC ha ido publicando a lo largo de estos meses con testimonios desde dentro de Irán sobre la situación del país, contada por sus propios ciudadanos, pueden ser motivo más que suficiente para que quienes hablaron sean acusados de atentar contra la seguridad de su país. Si ya es complicado informar sobre Irán, ahora lo será más.
Incluso las plataformas de redes sociales que el régimen considera «financiadas» por otros países, como lo son Instagram o X, estarían contempladas en el proyecto de ley, según apunta Moein Khazaeli, abogado iraní de derechos humanos en un centro de asesoramiento legal para activistas iraníes que maneja desde Suecia.
«Esto significa que cualquier tipo de entrevista, contacto o envío de fotografías a (medios de comunicación u organizaciones extranjeras) podría acarrear penas de prisión de entre seis meses y dos años. No solo en Estados Unidos e Israel, sino que cualquier contacto con medios de comunicación extranjeros en cualquier país podría considerarse un delito si no se informa previamente al Ministerio de Inteligencia», declaró al diario británico ‘The Guardian’ Khazaeli.

Casos de detenciones

Aunque es un proyecto de ley que se tiene que aprobar en el Parlamento iraní, (el texto aún está sujeto a aprobación final y debe ser ratificado por el Consejo de Guardianes, compuesto por 12 miembros, antes de convertirse en ley) ya ha habido detenciones de periodistas acusados de estos delitos.
Es el caso de la fotoperiodista iraní Yalda Moaiery, quien ha dedicado gran parte de su carrera a documentar momentos de disidencia y la vida de las mujeres en Irán. No es la primera vez que se ha tenido que enfrentar a las autoridades, pero el pasado 8 de agosto, el Día Nacional del Periodista de Irán, se enteró de que había sido condenada a 15 años de prisión.
Según unas notas manuscritas revisadas por la agencia de noticias Reuters, las acusaciones en contra de Moaiery incluyen conceder entrevistas a medios de comunicación considerados hostiles por las autoridades y proporcionar fotografías a organizaciones vinculadas a Estados Unidos e Israel. Lo que argumenta la fotoperiodista es que las acusaciones vienen motivadas porque compartió con la cadena americana CNN unas fotografías que mostraban los daños causados por los ataques aéreos en Irán y por aparecer en una entrevista en la misma cadena en marzo de 2026.
La agencia de noticias, a través de un comunicado de la propia fotoperiodista, informaba de que el servicio de Inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica allanó su casa durante las protestas antigubernamentales de enero y le confiscó el teléfono, el ordenador y otros equipos electrónicos.
Un caso que no va a ser aislado. Bahar Ghandehari, directora del Centro para los Derechos Humanos en Irán describió que esta ley convertiría a Irán en un «agujero negro aislado». «No se trata simplemente de un ataque contra periodistas y ciudadanos; es un intento de aislar a toda la sociedad iraní del resto del mundo, criminalizando la libre circulación de la información».

Sin libertad de prensa

Este proyecto de ley acotará aún más la ya muy pobre libertad de expresión y sobre todo, privará a la opinión pública internacional de lo que está pasando dentro del régimen iraní. Un lugar donde hay corresponsales extranjeros, pero que viven absolutamente condicionados por lo que pueden o no pueden contar.
Irán ya cuenta con uno de los entornos mediáticos más represivos del mundo, ocupando el puesto 177 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF) .
El Gobierno controla todas las cadenas de radiodifusión, los medios de comunicación extranjeros tienen prohibido emitir en Irán y las autoridades bloquean con frecuencia internet y las redes sociales durante los disturbios civiles, como se vio durante la sangrienta represión de las protestas en enero de 2026.

30/08/2026 a las 01:55h.

La apuesta de Mark Carney por hacer de David frente al Goliat de la Casa Blanca es consecuente con lo que propuso el pasado febrero en Davos. El primer ministro canadiense argumentó que el orden internacional había sufrido una ruptura y que se equivocaban … los que veían una transición en la que todavía había posibilidades de vivir en un mundo basado en reglas, acuerdos y negociaciones. En el nuevo tiempo geopolítico, Estados Unidos y China explotan sin miramientos las interdependencias económicas con terceros países. Las potencias medias, explicaba el antiguo banquero central, debían conseguir autonomía estratégica y coordinarse entre sí en coaliciones que les permitieran resistir a las superpotencias depredadoras en liza. Por eso ha aceptado el envite de Donald Trump, dispuesto a someter económicamente a su vecino del norte, al que considera el Estado número 51.

El cálculo de Carney es que la guerra comercial le dará enormes réditos políticos personales y causará solo perjuicios económicos limitados a su país. Trump es conocido por echarse atrás cuando una escalada de aranceles que él mismo ha desatado empieza a deteriorar su economía. En este caso, tanto el daño al sector del automóvil, que depende del libre comercio en Norteamérica, y al financiero -Canadá es el segundo inversor directo- llevarían al presidente a una rectificación o T.A.C.O. (Trump Always Chickens Out).

Las elecciones de medio mandato de noviembre están a la vuelta de la esquina y pueden dar el control de las dos cámaras a los demócratas. La inconclusa guerra con Irán tiene un efecto muy negativo en el coste de la vida, a lo que ahora se suma la crisis comercial con Canadá. En especial, los candidatos republicanos de los Grandes Lagos temen perder apoyo popular. Los dirigentes europeos siguen con todo interés la campaña del David de Ottawa. Saben, sin embargo, que la dependencia del Viejo Continente en defensa y seguridad de Washington les impide siquiera soñar con imitarlo.

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La histórica toma de control de parte del sector petrolero de Venezuela anunciada por Donald Trump estaba ya esbozada a comienzos de año, cuando el presidente de EE.UU. sacudió al mundo con el anuncio de la captura de Nicolás Maduro. Mucho de lo que … se habló entonces fue de petróleo.
«Vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, apropiada y juiciosa», dijo Trump mientras el dictador venezolano volaba rumbo a una cárcel de Brooklyn. Gobernar Venezuela, aseguró el multimillonario neoyorquino, «no nos costará nada». Las petroleras estadounidenses invertirían en el país y EE.UU. tendría acceso preferencial a esos recursos naturales. «Vamos a hacer mucho dinero».

Esos planes han tomado forma este fin de semana, en un acuerdo que transforma los mercados energéticos a nivel global y que tiene una doble cara: por un lado, tiene el potencial de disparar la actividad petrolífera de Venezuela y mejorar una economía desahuciada por décadas de corrupción y mala gestión; por otro, apuntala la alianza entre Trump y la sucesora de Maduro, Delcy Rodríguez, y aleja la posibilidad de una verdadera transición política en Venezuela.

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Javier Ansorena

En su anuncio, realizado en un mensaje en su red social, Trump calificó la operación como «el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial». Aseguró que la transacción «duplica» las reservas de crudo de EE.UU. con el acceso a 65.000 millones de barriles de las reservas probadas de Venezuela.
Rodríguez celebró después el acuerdo, que aseguró que tendrá «un impacto significativo en el renacimiento de nuestra nación» y que es producto del «fortalecimiento» de la relación entre ambos países. La presidenta interina detalló que la operación afecta a 17 campos petrolíferos, que supondrá una inversión de más de 100.000 millones de dólares en la modernización de la infraestructura del sector y que recaudará 209.000 millones en impuestos para las arcas venezolanas.

Una alianza de mayoría estadounidense

Los detalles sobre el acuerdo son, sin embargo, escasos. La proclamación de Trump de que EE.UU. duplica sus reservas es engañosa. El presidente de EE.UU. aseguró que el acuerdo se ejecutaría «a través de una alianza con el sector privado» por el que EE.UU. asegura el «control mayoritario» de esas reservas. Es decir, apunta a una licencia de explotación de esos campos petrolíferos.

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Trump no aclaró cómo será la intervención. Todo apunta a que será una ‘joint venture’, una alianza empresarial, en la que EE.UU. tendrá un control del 55% del negocio y una empresa energética local, el 45%.
EE.UU. no tiene una petrolera estatal, como sí tienen otras potencias del sector, como Arabia Saudí con Aramco. Está por ver si la Administración Trump crea una entidad para este propósito o lo hace a través de compañías privadas estadounidenses, a las que ha estado animando a que regresen a Venezuela desde la captura de Maduro. Después de décadas de expropiaciones y abusos del chavismo, la única petrolera estadounidense que todavía opera en Venezuela es Chevron.
Medios estadounidenses como ‘Bloomberg’ y ‘The Washington Post’ aseguran que esta intervención estadounidense en Venezuela se orquestará a través del Departamento de Defensa. Aunque las negociaciones del acuerdo han sido llevadas a cabo por el secretario de Estado, Marco Rubio, y la propia Rodríguez, la operación podría estar liderada por la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono, que ha negociado la ‘joint venture’ con la otra figura clave del acuerdo: el empresario venezolano Alejandro Betancourt y su compañía, North American Blue Energy Partners, que tendrían ese 45% local de la ‘joint venture’.
La licencia para la explotación de recursos propios a entidades extranjeras es algo convencional. Lo que es inusual es que sea un Gobierno extranjero el implicado y, sobre todo, el alcance gigantesco del acuerdo: esos 65.000 millones de barriles suponen algo más de la quinta parte de las reservas venezolanas y la explotación podría alargarse cien años.
Es una operación sin precedentes modernos, que trastoca las dinámicas de acceso a energía globales. EE.UU. ya era el máximo productor de petróleo del mundo y ahora dispara su acceso a crudo. Lo hace, además, con un producto que le conviene. El petróleo estadounidense es ligero, que sirve para combustible de automóviles, pero no para maquinaria pesada. Este último es el que viene de Venezuela y para el que EE.UU. desarrolló sus refinerías en la década de 1970. La posibilidad de que Venezuela abandone la OPEP, el cártel con los grandes productores de Oriente Medio, colocaría a EE.UU. en una posición de gran dominio energético.

Alejandro Betancourt: el ‘bolichico’ que es clave en el acuerdo

La figura que ha engrasado el acuerdo petrolero entre el EE.UU. de Donald Trump y la Venezuela de Delcy Rodríguez es Alejandro Betancourt, un polémico empresario venezolalano.

Betancourt, de 46 años, es uno de esos ‘bolichicos’, los jóvenes venezolanos que se han hecho de oro con negocios a la sombra del chavismo, mientras el país se hundía en la pobreza. El empresario está al frente de North American Blue Energy Partners (NABEP), la principal entidad privada del sector petrolero venezolano, con la que la Administración Trump planea formar la ‘joint venture’ para la explotación de reservas que contienen 65.000 millones de barriles de petróleo.

Betancourt, que ha tenido una amplia actividad económica en España, ha sido investigado por lavado de dinero en nuestro país, además de en EE.UU. y en Suiza. Pero su papel en la operación petrolera le ha convertido en un aliado clave de la Administración Trump, que presionó a Suiza para que levantara la petición a Reino Unido para la extradición de Betancourt.

‘Boom’ económico frente a la transición política

Tampoco está claro todavía de dónde vendrán esos 100.000 millones de dólares en inversión en el petróleo venezolano. Pero es evidente que el desembarco masivo estadounidense tiene el potencial de reactivar un sector deteriorado por una corrupción endémica. Ocurre en un momento de especial necesidad para Venezuela, donde los terremotos solo han agravado su crisis económica.
Pero, al mismo tiempo, la operación sella la alianza de Trump con Rodríguez. Muchos en Venezuela ven el acuerdo como una entrega de la gran riqueza del país por parte de Delcy para quedarse en el poder. El acuerdo refuerza los incentivos para que Trump mantenga a la líder chavista en el poder: cualquier Gobierno futuro de Venezuela podría impugnar el acuerdo, considerarlo la obra de una presidenta no elegida por las urnas, que heredó el poder de Maduro, que hurtó la victoria electoral a la oposición venezolana liderada por Edmundo González y María Corina Machado. Por lo tanto, la posibilidad de que Trump fuerce una transición político que expulse a Rodríguez del poder y avance hacia elecciones libres puede ser más difícil a partir de ahora.
«Un Gobierno interino ilegítimo con una ley de hidrocarburos ilegítima no tiene legitimidad para aprobar este acuerdo inconstitucional», reaccionó en redes sociales Ricardo Hausmann, profesor venezolano en Harvard. «Secretario Rubio: ha perdido cualquier confianza que los venezolanos hayan tenido en usted y esto le perseguirá. Ha utilizado el poder de EEUU no para liberar a los venezolanos, sino para irse a la cama con sus opresores», condenó al jefe de la diplomacia estadounidense.
Rubio, sin embargo, ha defendido que la operación es una «gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como el venezolano» y que «liderará la reconstrucción de la economía de Venezuela».