El presidente de Portugal, António José Seguro, devolvió al Parlamento el decreto que creaba la pena accesoria de pérdida de la nacionalidad para determinados delitos cometidos por extranjeros nacionalizados. Desde que asumió funciones el pasado marzo, se trata del primer veto del presidente socialista … y llega después de que el Tribunal Constitucional decidiera por unanimidad que la modificación del Código Penal para incluir esta medida era inconstitucional.
En estos casos, la Constitución portuguesa determina que los decretos considerados inconstitucionales deben ser vetados por el jefe del Estado y devueltos al órgano que los aprobó. Sin embargo, al haber sido aprobado por una mayoría de dos tercios en el Parlamento, el texto todavía podría ser confirmado nuevamente por los diputados, pese al criterio del Constitucional.

El líder de la derecha radical, André Ventura, defendió este martes que los partidos que aprobaron el decreto deberían insistir en su ratificación o, en última instancia, someter el asunto a referéndum.

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Virginia López

«Si el Parlamento confirma la propuesta, entonces, quien comete delitos debe perder la nacionalidad portuguesa; si no, entonces el pueblo portugués debe ser llamado a pronunciarse sobre este asunto», afirmó el presidente de Chega.
Sin embargo, el Partido Socialdemócrata del primer ministro Luís Montenegro ha adoptado una posición diferente al considerar que «lo esencial de la ley ya ha sido aprobado». El diputado conservador Hugo Soares afirmó que su partido no pretende crear «ningún conflicto institucional» con el Tribunal Constitucional.
«Nosotros tampoco queremos una crisis, pero la propia Constitución prevé la reaprobación parlamentaria como mecanismo de confirmación en momentos en los que existen interpretaciones divergentes», sostuvo André Ventura.
La nueva legislación endurece de forma significativa las condiciones para acceder a la ciudadanía portuguesa. El tiempo mínimo de residencia legal exigido pasa de cinco a siete años para ciudadanos de países europeos y lusófonos y se amplía hasta diez años para el resto de nacionalidades. Además, la ley tendrá carácter retroactivo para muchos extranjeros que ya viven y trabajan en Portugal.

Inversores extranjeros se quejan de «traición»

Tras la entrada en vigor de la nueva ley de nacionalidad, más de 500 ciudadanos extranjeros titulares de los llamados «visados dorados» anunciaron además que pretenden avanzar con una acción colectiva contra el Estado portugués.
Entre los denunciantes hay, sobre todo, inversores estadounidenses que aseguran sentirse «traicionados» por el cambio de reglas. «Vamos a agotar el sistema jurídico portugués y después valorar qué otras vías legales existen en Europa», afirmó a la radio TSF Kevin Gogg, un ciudadano estadounidense que se trasladó a Portugal tras obtener un visado dorado. «Por lo visto, la ley en Portugal vale menos que un contrato», añadió.
Los inversores extranjeros que apostaron por Portugal bajo la promesa de poder solicitar la ciudadanía en un plazo de cinco años consideran ahora que el Estado portugués ha modificado unilateralmente las condiciones. Con la nueva ley, muchos de ellos tendrán que esperar diez años para poder pedir la nacionalidad.
El programa de visados dorados fue creado en 2012, durante el anterior Gobierno conservador de Pedro Passos Coelho, con el objetivo de atraer inversión extranjera en plena crisis financiera y durante el rescate de Portugal por parte de la troika. En una década, el programa generó más de 6.500 millones de euros de inversión, principalmente a través de la compra de inmuebles.

Viola principios de «igualdad» y «proporcionalidad»

El único punto de la ley que todavía no había superado el control del Tribunal Constitucional era la pérdida de nacionalidad para extranjeros condenados por determinados delitos, ya que esa medida obligaba a modificar el Código Penal portugués. El tribunal consideró que la medida vulneraba principios fundamentales de la Constitución portuguesa, entre ellos los de igualdad y proporcionalidad.
La recién creada Unión de los Inmigrantes Cualificados (Uniq) también ha criticado el endurecimiento de los plazos para solicitar la nacionalidad portuguesa. «La decisión adoptada no tiene en cuenta la realidad de las personas que llegaron legalmente a Portugal para trabajar, crear empresas y puestos de trabajo, aportar sus competencias y cualificaciones, construir su vida en el país y convertirse en parte de la sociedad portuguesa», defendió Ilia Bobin, presidente de la organización.
En la práctica, si la nacionalidad solo puede solicitarse a partir de la regularización definitiva de los permisos de residencia, el tiempo de espera podría alargarse hasta los 12 o incluso 15 años.
Según datos oficiales, Portugal supera ya el millón y medio de extranjeros, frente a los poco más de 400.000 registrados hace apenas siete años. La comunidad brasileña continúa siendo la más numerosa , com más de 500 mil personas, seguida por ciudadanos procedentes de India, Nepal y Bangladés.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este lunes la imputación de la alcaldesa de la localidad californiana de Arcadia (California), Eileen Wang, por haber actuado supuestamente como agente ilegal del Gobierno de China, cargo por el que ha acordado declararse … culpable.
«Eileen Wang, de 58 años y residente de Arcadia, enfrenta una acusación formal de un cargo por actuar en Estados Unidos como agente ilegal de un Gobierno extranjero», ha indicado el Departamento de Justicia en un comunicado, en el que precisa que se trata de la República Popular China. La política ha dejado su cargo tras la imputación.

La dirigente local -elegida en noviembre de 2022 para el Concejo Municipal de Arcadia, un órgano de gobierno de cinco miembros en el que el alcalde es elegido por rotación- ha acordado declararse culpable del delito grave, que conlleva una pena máxima de diez años de prisión federal. Además, Wang comparecerá ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos ubicado en el centro de Los Ángeles.

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La alcaldesa de Arcadia presuntamente ha admitido en su acuerdo de culpabilidad que no notificó al fiscal general que actuaba en Estados Unidos como agente de la República Popular China (RPC), que se encontraba en Estados Unidos cuando cometió estos actos y que no reveló en su sitio web que parte de su contenido había sido publicado por orden de miembros del Gobierno del gigante asiático.
Desde finales de 2020 hasta 2022, Wang y Yaoning ‘Mike’ Sun, de 65 años y residente de Chino Hills, trabajaron bajo la dirección y el control de funcionarios del Ejecutivo de China y se coordinaron con personas radicadas en Estados Unidos para «promover los intereses» de Pekín. Para hacerlo, entre otras cosas, «difundieron propaganda» a favor del Gobierno del gigante asiático en el país norteamericano, un delito por el que el otro acusado ya cumple condena tras admitir su culpabilidad en octubre de 2025.
Wang y Sun colaboraron en la gestión de U.S. News Center, un sitio web que pretendía ser una fuente de noticias para la comunidad chino-estadounidense local. Ambos recibieron y ejecutaron directivas de funcionarios del Gobierno de la República Popular China (RPC) para publicar contenido a favor del partido gobernante en el sitio web.
«La exalcaldesa se comunicó con John Chen, un alto funcionario de inteligencia de República Popular China, que asistía regularmente a eventos de élite del Partido Comunista Chino, incluidos desfiles militares, y se reunió personalmente con el presidente Xi Jinping, según consta en documentos judiciales», ha acusado el Departamento.
Chen fue sentenciado en noviembre de 2024 a 20 meses de prisión federal después de declararse culpable en el Distrito Sur de Nueva York de actuar como agente ilegal de la República Popular China y de conspiración para sobornar a un funcionario público, ha informado la cartera.
En el comunicado difundido por el Departamento de Justicia, el fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, John Eisenberg, ha considerado «profundamente preocupante» que alguien que anteriormente recibió y ejecutó directivas de funcionarios del Gobierno de la República Popular China ocupe ahora un cargo de confianza pública, especialmente porque esa relación con dicho Ejecutivo extranjero nunca se había revelado.
Asimismo, el subdirector de la División de Contrainteligencia y Espionaje de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), Roman Rozhavsky, ha alegado que la imputación de la alcaldesa de Arcadia debe servir como «una clara advertencia»: «Quienes actúen en nombre de Gobiernos extranjeros para influir en nuestra democracia serán identificados, investigados y llevados ante la Justicia».

Wang renuncia a ser alcaldesa

Por su parte, Wang ha dimitido como alcaldesa, según ha informado el administrador municipal de Arcadia, Dominic Lazzaretto, en un comunicado difundido por el Gobierno local sobre la acusación contra la ya exdirigente. En este sentido, ha destacado que la investigación se refiere «a la conducta individual» y que los cargos respectan a «una conducta que cesó después de que Wang jurara el cargo en diciembre de 2022».
El administrador ha defendido que, «tras una revisión interna», «no hubo participación de las finanzas, el personal ni los procesos de toma de decisiones de la ciudad». «Todas las decisiones del Concejo Municipal se toman en su conjunto y ningún miembro tiene autoridad unilateral», ha defendido.
«No hemos encontrado acciones que requieran reconsideración o que queden invalidadas como resultado de estos acontecimientos», ha manifestado Lazzaretto, antes de agregar que «el resto del Concejo Municipal no está bajo investigación y las operaciones de la ciudad continúan sin interrupción».
Y ha añadido: «Mantenemos nuestro compromiso de servir a nuestros residentes con transparencia, coherencia y el más alto nivel de confianza pública. La ciudad está lista para colaborar con las autoridades federales si se le solicita».

Doce empleados del hospital universitario Radboudumc de Nimega, en el este de los Países Bajos, han sido puestos en cuarentena preventiva durante seis semanas tras haber estado potencialmente expuestos al hantavirus al atender a un paciente infectado procedente del crucero MV Hondius. Según explicó el centro médico este martes, durante la atención a un paciente que fue ingresado el pasado jueves procedente del Hondius se produjeron dos incidentes relacionados con el manejo de muestras biológicas.Por un lado, la sangre extraída al paciente fue procesada siguiendo el protocolo estándar, cuando debido a la naturaleza del virus debía haberse tratado bajo medidas más estrictas de bioseguridad. Asimismo, el sábado se constató que, durante la eliminación de la orina del paciente, no se habían aplicado las normas internacionales más recientes, que también exigían procedimientos reforzados.A pesar de que el Radboudumc subrayó que la probabilidad de contagio es «muy baja», decidió aplicar la cuarentena preventiva como medida de precaución para los doce trabajadores afectados. La presidenta del consejo de administración del hospital, Bertine Lahuis, lamentó lo sucedido y aseguró que el centro investigará «cuidadosamente» lo ocurrido para evitar que vuelva a repetirse en el futuro.La presidenta del consejo de administración del hospital, Bertine Lahuis, lamentó lo sucedido y aseguró que el centro investigará «cuidadosamente» lo ocurrido para evitar que vuelva a repetirse en el futuro. «Estas medidas tienen un gran impacto en todos los involucrados. Lamentamos que esto haya ocurrido en nuestro centro médico universitario», afirmó Lahuis, quien también subrayó el compromiso del personal sanitario implicado en la atención al paciente contagiado. El Radboudumc añadió que el hospital se mantiene preparado para recibir nuevos pacientes si fuera necesario.