El Gobierno alemán lleva más de un año colaborando con el Gobierno talibán de Afganistán para poder así agilizar las deportaciones de afganos sin permiso de residencia en Alemania. Hasta el momento, la cifra oficial de deportados es de 250. Una de las … últimas exigencias de Kabul, para acceder a las deportaciones, era la presencia de su propio personal en sus oficinas de representación en Alemania y esta semana ha llegado la primera delegación, que permanecerá en el país al menos durante un mes.
Hasta ahora, se trataba prácticamente de una misión secreta. La información publicada por NDR, sobre tres talibanes que habían hecho una parada previa en Qatar, donde se les emitieron visados para Alemania válidos durante 30 días, y que llegaron finalmente a la embajada, en el distrito de Grunewald de Berlín, ha puesto en alerta a la comunidad afgana en Alemania, en buena parte formada por opositores.

Dos de estos funcionarios se han desplazado después a Bonn y Múnich, donde hay consulados generales afganos. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán ha confirmado su presencia, justificada con la necesidad de emitir lo antes posible documentos de identidad que reconozcan las autoridades talibanes. «Para crear rápidamente estos requisitos técnicos, un equipo de soporte técnico permanecerá brevemente en el país», ha comunicado el Auswärtigesamt.

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Alemania mantiene la posición oficial de no reconocer al Emirato Islámico de Afganistán, pero permitir que funcionarios enviados por los talibanes trabajen en la embajada supone un reconocimiento de facto limitado que erosiona el principio de no reconocimiento y causa problemas de coherencia jurídica. Al deportar personas a un país gobernado por un régimen no reconocido y acusado de violaciones sistemáticas de derechos humanos, Alemania se expone además a posibles litigios ante tribunales europeos y críticas de organismos de la ONU, que pueden interpretar la cooperación como una forma de legitimación indirecta.
Dos oficiales consulares talibanes entraron en Alemania el año pasado con una misión similar. Uno de ellos preside ahora de facto la embajada afgana en Berlín y el segundo el Consulado General de Afganistán en Bonn. Según el gobierno alemán, su tarea es garantizar los servicios consulares para los afganos en el extranjero y facilitar las deportaciones a Afganistán, tal y como se acordó en el acuerdo de coalición.
Los dos islamistas radicales llegaron a Alemania, sin embargo, con su propia agenda: expulsar a los diplomáticos afganos que trabajaban en Alemania y habían sido enviados por el gobierno anterior, además de garantizar que los altos ingresos de la embajada y de los dos consulados generales, generados mediante la emisión de pasaportes y certificados, lleguen a Afganistán eludiendo las sanciones financieras.

Denuncia de las ONG

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Por decreto de 25 de abril de 2025, el líder supremo talibán Haibatullah Akhundzada ordenó a Sifat Rahimee, el cónsul general afgano en Múnich, hacer llegar a Kabul este dinero como «una de las principales tareas para el gobierno del Emirato Islámico de Afganistán», que no es reconocido por ningún otro país del mundo salvo por Rusia. «Debido a sanciones bancarias y a la falta de interacción financiera con los países europeos, no es posible transferir los ingresos del consulado a la sede», afirmaba el documento con el sello del Ministerio de Asuntos Exteriores y las firmas del ministro talibán Amir Khan Muttaki y su jefe de gabinete.
«El gobierno alemán ha abierto la puerta para que los talibanes entren en las misiones afganas en el extranjero y esto pone en peligro a los afganos aquí, porque quedan expuestos al régimen en lo que respecta a los pasaportes y las direcciones», advierte PRO ASYL, una de las organizaciones de defensa de los derechos de las personas refugiadas más importantes de Alemania.
«Para muchos migrantes afganos, esta presencia supone una amenaza seria. (…) La presencia de representantes de una organización terrorista (…) es profundamente inquietante. Causa miedo, frustración y una grave amenaza para la libertad de expresión y la participación de la sociedad civil de los migrantes afganos. (…) También me da miedo la información que están recopilando sobre el pueblo [afgano] en Alemania», señala un afgano refugiado en Alemania.

Conversaciones a «nivel técnico»

La presencia en Alemania de funcionarios talibanes fue acordada en una reunión confidencial de varios días entre el gobierno talibán y altos representantes del Ministerio Federal del Interior alemán celebrada en junio, en un hotel de Estambul. El Ministerio de Interior alemán confirmó conversaciones «a nivel técnico». A cambio, el Gobierno alemán obtuvo garantías para llevar a cabo tres vuelos mensuales de deportaciones, un ritmo que a fecha de hoy no se ha alcanzado.
En coincidencia con la llegada de los funcionarios talibanes, Afganistán ha vuelto a aceptar repatriaciones y hoy mismo (martes) ha despegado un nuevo avión con otros 22 hombres obligados a abandonar el país. Según el Ministerio de Interior alemán, eran sin excepción delincuentes procedentes de doce de los Bundesländer, acusados de delitos de asesinato, robo e incendio agravado, pero desde finales de julio las repatriaciones no se limitan exclusivamente a delincuentes y criminales o personas que «pongan en peligro la seguridad del Estado», según ha reconocido el ministro Alexander Dobrindt, sino que afectan también a afganos que por otras razones han perdido el derecho de residencia en Alemania.
Se calcula que al menos cien criminales afganos dispuestos para ser deportados siguen actualmente en detención, a la espera de ser incluidos en uno de estos vuelos, que constituyen la prioridad del gobierno alemán. El ministro de Interior, Alexander Dobrindt, ha prometido que las deportaciones se llevarán a cabo «de forma regular y fiable» y los talibanes vinculan su cooperación a la demanda de poder enviar a más de sus propios diplomáticos a Alemania, supuestamente para identificar inequívocamente a los criminales como ciudadanos afganos antes de la deportación y entregarles documentos de viaje.
Una pregunta parlamentaria respondida en el Bundestag a finales de 2025 cifraba en unos 13.000 afganos sin derecho ya de residencia y que continúan por diversos motivos en Alemania, de los cuales unos 10.000 han obtenido una suspensión temporal de la deportación.

Tras el anuncio de la prórroga de 15 días de la suspensión del espacio Schengen en Italia para los viajeros procedentes de España, el ministro de Asuntos Exteriores del país trasalpino, Antonio Tajani, ha cifrado en ocho los marroquíes a los que Roma les … prohibió la entrada en el último mes, durante la reimplantación de los controles en fronteras marítimas y aeroportuarias.
«Durante el último mes, se han emitido 31 órdenes de rechazo en fronteras marítimas y aeroportuarias, ocho de las cuales correspondían a marroquíes. Seis fueron arrestados. Es una cifra bastante elevada», ha explicado el titular de Exteriores del Gobierno de Giorgia Meloni en una entrevista concedida al periódico italiano ‘Corriere della sera’ al ser preguntado por el resultado de los 180.000 controles realizados.

A renglón seguido, Tajani ha afirmado que la prórroga de la medida -adoptada originalmente el 1 de agosto con una duración de un mes- es «absolutamente necesaria», si bien ha defendido que es «temporal y no va contra nadie». «Es para proteger nuestra seguridad. Recuerdo que hemos reducido la inmigración irregular a nuestro país en más del 60%», ha sostenido.

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Guillermo Ortega

En esta línea, ha mantenido que «la emergencia de Ceuta» no es «una invención» suya: «Llegaron casi 100.000 personas, la Policía abrió fuego y nadie sabe cuántas quedaron». Asimismo, ha llamado a «no subestimar la amenaza yihadista» y ha asegurado que su prioridad es «la seguridad interior» y que nada tiene que ver la decisión de extender la medida con que Sánchez pertenezca al PSOE e Italia tenga elecciones generales el próximo año.

Ampliación por ambas partes

El Gobierno italiano adoptó este lunes la ampliación de 15 días de la suspensión del acuerdo de Schengen de libre circulación, por lo que seguirá sometiendo a controles fronterizos a personas procedentes de España, en medio de la crisis surgida entre Madrid y Roma por la gestión de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el pasado 30 de julio.
La decisión se la transmitió el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, a su homólogo español, Fernando Grande-Marlaska, durante una «constructiva conversación telefónica», según ha informado la agencia ADN Kronos, que señala que Roma justifica su medida por el análisis realizado por el Comité de Análisis de la Inmigración y la Seguridad Fronteriza.

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Poco después del anuncio, el Gobierno de España decidió, a su vez, extender durante 15 días más los controles fronterizos a los pasajeros que por mar o aire acceden al territorio nacional procedentes de Italia.

Lindsay Clacy, acusada de matar a sus tres hijos pequeños en 2023, sigue sin un veredicto en su juicio. Los miembros del jurado popular han notificado este martes al juez del caso que no han conseguido llegar a una decisión unánime sobre si condenar … o no a la madre de Massachusetts.
Clancy estranguló a sus tres hijos pequeños en su domicilio de Duxbury en 2023. Según su abogado, el crimen ocurrió mientras ella padecía psicosis posparto. Ahora, el jurado tiene que decidir si se trata de asesinato, homicidio involuntario o la absuelve.

El juez William Sullivan, del Tribunal Superior de Plymouth, tras recibir la nota del jurado, ordenó a los miembros del mismo que continuaran con sus deliberaciones, según recoge Reuters. El juicio, que comenzó hace seis semanas, ya va por su cuarto día de deliberaciones.

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Juan Soto Ivars

La mujer, una enfermera de 36 años, estranguló a Cora (5 años), Dawson (3) y Callan (ocho meses) con bandas elásticas de ejercicio en su domicilio en enero de 2023.
Tras el crimen, se arrojó por la ventana de un segundo piso, lo que le provocó una parálisis de cintura para abajo y la dejó en silla de ruedas.

Clancy no niega el crimen

Desde el primer momento, Clancy no ha negado el crimen pero sí se ha declarado no culpable, alegando demencia y asegurando que escuchó una voz que le ordenaba matar a sus hijos. Sus abogados sostienen que esto fue consecuencia de una psicosis posparto.

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La fiscalía ha rechazado este argumento y afirma que ella planeó asesinar a sus hijos y que era capaz de comprender las consecuencias de sus actos.
De ser declarada culpable, la enfermera se enfrenta a una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Decenas de mujeres apoyan a Clancy

Clancy ha recibido el apoyo de decenas de mujeres durante el desarrollo del juicio en las últimas semanas. Muchas de ellas, vestidas de rosa, han acudido al tribunal de Plymouth para mostrarle su apoyo y reivindicar cuestiones relacionadas con la salud de la mujer.
El apoyo que está recibiendo está directamente relacionado con la psicosis postparto. Kelly Woods, una abogada de Chicago, declaró que asistía al juicio como una firme defensora de las personas que padecen esta condición, y asegura que «es un aspecto de este caso al que no se le ha prestado suficiente atención».
«Espero sinceramente que la comunidad médica pueda aprender de esto», afirmó a AFP. «Y, sobre todo, espero que haya una mayor defensa y toma de conciencia sobre la depresión y la psicosis posparto».
Psiquiatras, personas cercanas a Clancy y su esposo -de quien está separada- describieron durante el juicio el estado de angustia en que se encontraba.
La psicosis posparto es una condición médica que afecta a entre una y dos mujeres por cada mil partos, señala Sally Wilson, coordinadora nacional de formación de la organización benéfica británica Action on Postpartum Psychosis.
Eso sí, asegura que el caso de Clancy es «un desenlace increíblemente angustiante y poco frecuente de la psicosis posparto».

La fiscalía reconoció que Clancy «padecía una enfermedad mental»

Durante los alegatos finales, el abogado de Clancy, Kevin Reddington, recordó que la madre había pedido ayuda en varias ocasiones antes de los asesinatos y había recibido una «atención pésima» por parte de los médicos a los que consultó.
«Estaba haciendo todo lo posible por conseguir ayuda y, por alguna razón, el sistema le falló», dijo Adrienne Griffen, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Maternal Mental Health Leadership Alliance.
«La pregunta que todos se hacen es cómo evitar que algo así vuelva a ocurrir», señaló Griffen, al considerar que es necesario otorgar mayores recursos a las madres.
La fiscalía reconoció que Clancy «padecía una enfermedad mental» y había intentado suicidarse, pero argumentó que los asesinatos fueron premeditados y particularmente crueles.

«La figura de la buena

y la de la mala madre se convierten en un elemento divisivo en la sociedad»

Juliet Williams
Profesora de estudios de género en la Universidad de Los Angeles en California

Voces políticas de derecha han condenado el nivel de violencia de los asesinatos y a los partidarios de la acusada que se congregaron frente al tribunal.
«Lindsay Clancy merece morir por haber asesinado a sus tres hijos», escribió en redes sociales Katie Miller, podcaster y esposa de Stephen Miller, asesor principal del presidente Donald Trump.
Juliet Williams, profesora de estudios de género en la Universidad de Los Angeles en California (UCLA), dijo que el juicio y el debate que lo rodea demuestran «el profundo interés que los estadounidenses -y el mundo entero- siguen teniendo en la figura de la madre».
Señaló que el caso se ha convertido en una oportunidad «no solo para condenar una tragedia», sino para mostrar cómo «la figura de la buena madre y, por supuesto, la de la mala madre se convierten en un elemento divisivo en la sociedad».
El juicio ha reavivado los recuerdos de un caso similar que conmocionó a Estados Unidos hace 25 años: el de Andrea Yates, una madre de Texas que ahogó a sus cinco hijos en 2001.
Yates fue condenada inicialmente a cadena perpetua, pero en un nuevo juicio celebrado en 2006 fue declarada no culpable por razón de demencia e internada en un hospital psiquiátrico.