La idea de que Canadá se convierta en un «Estado asociado» de la Unión Europea no se ha mencionado con esas palabras, pero las dos partes han acordado profundizar sus relaciones en lo que se ha definido domo una «alianza de futuro» que … comprende el mayor acercamiento posible sin llegar a convertirtse en miembro de pleno derecho. Y para sellar los aspectos prácticos de este decidido acercamiento estratégico, la UE y Canadá han acordado, entre otras cosas, estudiar la posibilidad de aumentar las exportaciones de gas natural licuado (GNL) canadiense a Europa y crear reservas de materias primas críticas para garantizar el suministro a las industrias de los dos lados del Atlántico.
La declaración conjunta pone el punto final a la cumbre UE-Canadá que se ha celebrado en Montreal. Firmada por el presidente del Consejo, Antonio Costa y de la Comisión, Ursula von der Leyen, junto al primer ministro canadiense Mark Carney, en el aspecto político insiste en que «partiendo del actual Acuerdo de Asociación Estratégica, crearemos una relación aún más estrecha entre la UE y Canadá» en la confianza de que «una mayor interacción al más alto nivel político nos permitirá intercambiar puntos de vista, identificar prioridades comunes y coordinar nuestras respuestas ante desafíos compartidos».

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Enrique Serbeto

Es más, la UE y Canadá se comprometen a «trabajar para definir —de cara a la Cumbre UE-Canadá de 2027— el concepto de una asociación cada vez más estrecha entre Canadá y la UE (sin llegar a constituir una adhesión plena)» y «a través de esta relación más profunda, reflejaremos nuestro empeño común y nuestra cooperación en pos de objetivos compartidos: la prosperidad, la seguridad económica y la autonomía estratégica».

En busca de más continuidad

La mención a que Canadá fuera un «Estado asociado» de la UE no había sido apoyada por varios países, empezando por Francia y Alemania, que tenían dudas legales sobre su alcance y que porque le reprochaban a la presidenta de la Comisión que no hubiera pactado la fórmula antes de proponerla en público en el Parlamento Europeo.
La declaración celebra la participación del primer ministro canadiense Carney en la cumbre de la Comunidad Política Europea en Ereván y adelanta que participará también en la que se va a celebrar el mes que viene en Dublín.
Las dos partes celebran «los intercambios cada vez más frecuentes con ministros canadienses en las reuniones pertinentes del Consejo y en otros encuentros ministeriales» por lo que se proponen «dar continuidad a estos intercambios mediante cumbres periódicas, comités ministeriales conjuntos y comités de cooperación».

Los hechos tuvieron lugar el pasado 25 de septiembre en el céntrico barrio de Plaka, en el corazón de Atenas. A las 7.35 de la mañana, hora local, una fuerte explosión sacudió un edificio de dos plantas del siglo XIX y provocó el … derrumbe total del inmueble, además de causar daños graves en las construcciones colindantes y en varios vehículos que se encontraban estacionados en la calle.
El colapso del edificio dejó seis víctimas mortales, entre ellas una pareja de ancianos –mujer griega y hombre de EE.UU.– que residía en la segunda planta del edificio, así como cuatro turistas que se alojaban en un apartamento turístico situado en la primera planta. Los cuatro turistas eran de origen albanés y tenían nacionalidad estadounidense. Según los medios locales, el día de la tragedia coincidía con su última jornada de vacaciones en Grecia.

Según las conclusiones de la investigación llevada a cabo por el Cuerpo de Bomberos, los tres detenidos habrían dañado la infraestructura de gas natural del inmueble mientras intentaban sustraer las tuberías de cobre. La manipulación de la instalación habría provocado una fuga de gas que terminó desencadenando la explosión y el posterior colapso del inmueble.

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Marta Cañete

Grabaciones clave para detener a los sospechosos

El estudio del los vídeos recogidos por cámaras de seguridad de la zona ha permitido a los investigadores identificar a los sospechosos y reconstruir sus movimientos durante las horas previas a la tragedia. Una de las grabaciones muestra el momento exacto de la explosión y ha permitido a los expertos establecer la secuencia de los hechos. Ese video refleja, además, cómo un vehículo escolar, en el que viajaban doce menores, consiguió evitar el impacto de los cascotes por apenas unos segundos.
Otra grabación, que ha permitido la detención de los sospechosos, muestra a los tres hombres entrando en el edificio unas cinco horas antes de la explosión. Tras unos minutos en el interior, abandonan apresuradamente el inmueble llevándose consigo una tubería de cobre. Los investigadores creen que la extracción de esta pieza se realizó mediante la aplicación de fuerza, lo que habría provocado una grieta en la instalación de gas natural por la que se habría producida la fuga.

La explosión se produjo cuando un vecino encendió la luz, lo que provocó la deflagración del gas

Los expertos calculan que en las cinco horas transcurridas entre la entrada de los sospechosos en el edificio y la detonación, fueron suficientes para que se acumulara una importante cantidad de gas en el espacio cerrado, sin ventilación, de la escalera; el gas habría ascendido por el hueco de la escalera hasta alcanzar las plantas superiores, donde se habría ido acumulando progresivamente, favoreciendo unas condiciones que llevaron a la posterior explosión.

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La explosión se desencadenó finalmente cuando uno de los residentes de la segunda planta accionó el interruptor de la luz, provocando la deflagración del gas que se había extendido por todas las estancias de la vivienda.

Detenidos tres conocidos delincuentes

Los arrestados son dos ciudadanos griegos y uno albanés que contaban con antecedentes penales: los tres habían sido detenidos en numerosas ocasiones por delitos como hurtos y tenencia de armas y drogas. Según los medios locales, el menor de los tres, de 34 años, habría sido arrestado una veintena de ocasiones.
Tras su detención, los tres hombres han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales y está previsto que comparezcan antes la Fiscalía el próximo lunes. Se enfrentan a cargos graves por delitos como homicidio involuntario, provocación de un incendio y de una explosión.

Óscar Alejandro Caamaño Valero es español, tiene 53 años y ha sido condenado a 30 años de cárcel en Venezuela en circunstancias dudosas. Se encuentra recluido en la cárcel de Tocuyito, estado de Carabobo, donde su familia asegura que ha perdido cerca … de 30 kilos y padece problemas respiratorios que no están siendo atendidos adecuadamente. Su esposa no ha podido conseguir que lo lleven a un hospital para determinar si tiene derrame pleural, como sospecha.
El suyo es uno de los cientos de casos que ponen a prueba las promesas de Donald Trump y las exigencias a Delcy Rodríguez sobre la liberación de los presos políticos venezolanos. Más de un millar han salido de las cárceles desde que el 3 de enero se capturara a Nicolás Maduro. Pero, según el último balance disponible de Foro Penal, siguen siendo 322 los presos políticos. De ellos, 140 son militares y 31 son de nacionalidad extranjera o doble nacionalidad. Entre ellos hay más de una decena de españoles.

Caamaño, nacido en Caracas el 20 de abril de 1973, es español por parte de padre, emigrado desde España. Su mujer también es española por parte de su madre. Su familia asegura que su persecución comenzó mucho antes de la llegada de Maduro al poder, cuando Hugo Chávez aún gobernaba Venezuela.

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Venezuela

David Alandete

El exfuncionario ingresó en los servicios de Inteligencia en 1992. Trabajó en la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, antecesora del hoy Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el temido Sebin. Sus familiares aseguran que sus problemas empezaron en la crisis de abril de 2002, cuando Chávez fue sacado del poder brevemente en medio de manifestaciones y choques mortales en Caracas.
Según su familia, Caamaño y otros funcionarios se negaron a reprimir a los manifestantes. Cuando el poder fue recuperado por Chávez, esos agentes quedaron estigmatizados como desleales. En 2004 fue vinculado por el régimen a un expediente por explosiones contra las sedes diplomáticas de España y Colombia. La familia explica que aquella acusación terminó sin condena por falta de pruebas y que en 2005 fue expulsado de los servicios de Inteligencia.
El episodio decisivo llegó doce años después. Un grupo de militares y civiles liderado por el capitán Juan Carlos Caguaripano Scott se sublevó el 6 de agosto de 2017 en el Fuerte Paramacay (estado de Carabobo), donde tiene su sede la Brigada Blindada 41 del Ejército. Los participantes llamaron Operación David a la incursión. Se incautaron de armas y dijeron que pensaban promover una rebelión contra Maduro.

Sin pruebas tras el arresto

El Ejecutivo replicó con una operación para detener a los implicados y desarticular las redes de apoyo. En aquel caso acabó incluido Caamaño, aunque su familia niega que hubiera pruebas de su participación. Fue arrestado en agosto de 2017 y estuvo siete meses detenido en dependencias del Sebin en San Cristóbal, a cientos de kilómetros de su casa en Caracas. Durante ese tiempo su esposa apenas pudo verlo dos o tres veces.
En marzo de 2018 recuperó la libertad con medidas cautelares. En los años siguientes, según cuenta su familia, acudió a las comparecencias judiciales y cumplió con todas las obligaciones impuestas por los tribunales. Hasta el 18 de diciembre de 2025. Ese día, cuando el juicio llevaba más de ocho años de retraso, los acusados fueron convocados a una audiencia. El 19 de diciembre, el juez condenó a los 23 acusados a 30 años de cárcel, la pena máxima con la que cuenta la legislación venezolana.

En diciembre de 2025, tras ocho meses de retraso, los 23 acusados por la rebelión en Fuerte Paramacay fueron condenados a 30 años de cárcel, la pena máxima

El consulado español tiene conocimiento del expediente. La familia explica que un representante consular ha podido verlo en la cárcel y que recibe una pequeña ayuda económica, pero no tiene noticias de que los trámites diplomáticos hayan conseguido cambiar su situación.
La detención de Maduro abrió una esperanza impensable semanas atrás. La Administración Trump había decidido conservar provisionalmente a Delcy al frente del Ejecutivo venezolano a cambio de una serie de compromisos políticos y económicos. Una de las exigencias de Estados Unidos era la liberación de los presos políticos.

El preso político Oscar Alejandro Caamaño Valero.

(ABC)

El 30 de enero, Delcy anunció una ley de amnistía general que, según dijo, debería abarcar los conflictos políticos desde 1999. La presentó como una oportunidad de reparar las heridas de la confrontación y favorecer la convivencia democrática. Más lejos fue su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. El 6 de febrero prometió a los familiares de los detenidos que todos quedarían en libertad al momento de la aprobación de la ley. Eso no fue lo que ocurrió. La norma, publicada el 19 de febrero, estableció exclusiones y dejó su aplicación a los tribunales venezolanos.
A las excepciones pertenecían ciertos delitos militares y actos armados. Las organizaciones de derechos humanos denunciaron que el texto favorecía la permanencia en la cárcel de algunos de los presos que más tiempo llevan en prisión.
Los acusados por Paramacay quedaron fuera de las excarcelaciones. En febrero, el tribunal desestimó peticiones de sobreseimiento en relación con la amnistía. El 23 de abril, Delcy anunció el fin de la aplicación de la ley y remitió los casos pendientes a otros mecanismos de revisión judicial. El contraste con las promesas de Washington es especialmente patente.

«Vamos a sacarlos a todos»

El 12 de mayo, ABC le preguntó al presidente Trump por los presos políticos que siguen en las cárceles, a pesar de la amnistía anunciada por Delcy Rodríguez. «Vamos a sacarlos a todos», contestó el presidente estadounidense. Y dijo además que Delcy está haciendo un trabajo excelente. Caamaño sigue en la cárcel, más de cinco meses después.
Foro Penal había contabilizado 1.104 excarcelaciones durante el año 2026 hasta el 5 de octubre, pero también registraba 322 presos políticos y otras 11.468 personas sometidas a restricciones judiciales sobre su libertad. De los que siguen en las cárceles, 152 están condenados y 170 no tienen sentencia.
La liberación de más de mil personas supone un cambio importante respecto a los primeros días tras la caída de Maduro. Pero la maquinaria judicial que persiguió a los disidentes sigue teniendo la potestad de decidir quién sale y quién sigue preso. Es el caso de los acusados de Paramacay. Nueve años después de la operación militar contra Maduro siguen sometidos a una condena cuya apelación sigue sin resolver, aunque el dirigente contra quien se amotinaron ya no gobierna Venezuela.