Con camiseta Hugo Boss de 113 euros, deportivas Hermès cuyo precio oscila entre 960 y 1.465 euros, y un reloj de la marca Rolex de entre 7.000 y 13.130 euros. Así asistió a su primera entrevista con un medio estadounidense Raúl Guillermo Rodríguez Castro … , conocido como ‘El Cangrejo’ y considerado el nieto preferido del dictador cubano Raúl Castro.
«Me duele mucho que las personas no puedan vivir como yo. Mi mayor pesar es que la gente pase trabajo (dificultades)», declaró al periódico ‘USA Today’ en una entrevista publicada este lunes. La frase ha causado indignación por exponer la amplia brecha entre una élite llena de privilegios y una mayoría de la población sumida en la pobreza extrema (el 89% según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos) y que sobrevive entre prolongados apagones y escasez de suministros básicos.

Rodríguez Castro es hijo del fallecido zar de Gaesa, Luis Alberto Rodríguez López-Calleja y de Déborah Castro Espín. Durante años, apenas fue conocido por ser el jefe de la escolta personal de su abuelo, además de por su vida lujosa marcada por viajes en yates y aviones privados, privilegios inaccesibles para la mayoría de los cubanos.

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Camila Acosta

«Habla con entusiasmo del ritmo incesante de Nueva York, donde asistía a partidos de los Yankees desde asientos cerca del terreno de juego. También admira el romanticismo y la gastronomía de París (…). De Moscú destaca su opulencia», describe el medio.
Para demostrar su admiración por su abuelo y tío abuelo, muestra una cadena con un medallón de oro con las iniciales de Fidel y Raúl Castro Ruz: «Si hay algo en lo que yo creo, es en estos dos hombres». El Cangrejo asegura que sus lujos son financiados por «amigos adinerados y admiradores».

El heredero

‘USA Today’ aseguró que actualmente Rodríguez Castro ocupa la antigua oficina de su abuelo en el Palacio de Convenciones de La Habana, sede del Parlamento cubano, desde donde mueve los hilos del país desde la sombra. Pese a no ostentar cargos públicos, diariamente revisa informes clasificados del Ministerio del Interior, del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de las Fuerzas Armadas, que luego comunica a su abuelo, de 95 años.

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«En las reuniones con altos funcionarios cubanos, todos le ceden la palabra. Cuando recorre un pasillo, quienes lo ven se ponen de pie. En un restaurante, su mesa es la única ocupada», detalle el medio.
Asimismo, actúa como enlace entre Gaesa, el conglomerado empresarial que controla sectores estratégicos de la economía cubana, y su abuelo. Por ese motivo, sus privilegios no solo están asociados a su apellido, sino también a una estructura militar-empresarial considerada como uno de los pilares del régimen cubano. Según las estimaciones, Gaesa posee un capital de más de 18.000 millones de dólares (15.760 millones de euros). Mientras tanto, el país ha estado sumido en una crisis cada vez más grave y los servicios básicos colapsan, el emporio no ha parado de construir hoteles de lujo.
Rodríguez Castro, según ‘USA Today’, «ayuda a supervisar Gaesa y participa en algunas de sus operaciones».

Interlocutor en Washington

Recientemente, El Cangrejo fue señalado como interlocutor entre La Habana y Washington en las negociaciones que tienen lugar en medio de las presiones de Estados Unidos para provocar un cambio político en la isla.
Rodríguez Castro, de 42 años, manifestó estar dispuesto a negociar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump: «Si me designan puedo negociar con cualquiera seleccionado por el Gobierno de Estados Unidos. Dada la oportunidad, claro que con Trump». Asimismo, destacó que su abuelo fue quien lo eligió para asumir ese papel.
La administración Trump ha impuesto sanciones contra decenas de empresas vinculadas al régimen, incluida Gaesa, así como contra altos funcionarios y sus familiares, entre ellos su tío, Alejandro Castro Espín, quien fuera una figura clave del deshielo con Obama. Sin embargo, ‘Raulito’, como lo llaman en las altas esferas, no ha sido sancionado hasta el momento.
El Cangrejo se esfuerza por mostrarse como el hombre capaz de promover los cambios en Cuba. Para ello afirma que, «bajo las condiciones adecuadas», el régimen «estaría dispuesto a liberar a personas consideradas presos políticos». Los prisioneros políticos han sido instrumentalizados durante décadas por la dictadura cubana a cambio de concesiones. Actualmente, más de 1.200 presos políticos permanecen tras las rejas.
En las últimas semanas, el régimen anunció un amplio paquete de medidas económicas y administrativas que representan una apertura de la isla al sector privado y la inversión extranjera. Según El Cangrejo, él utilizó su influencia para sacar adelante esas reformas.
Su visión para Cuba es alcanzar «tanta prosperidad que es difícil imaginarla». «Pronto», aseveró, «los cubanos podrán encontrar en Cuba todo aquello que buscan en otros países».
No obstante, el heredero del imperio castrista afirma que «nunca sacrificaría los principios de la Revolución Cubana de 1959 ni la soberanía del país», dejando claro que los cambios serán cosméticos, económicos y no políticos, y que la élite seguirá moviendo los hilos del país.

Bajo los focos de una operación nocturna de rescate, ante una formación de agentes venezolanos y con los restos del terremoto todavía marcando el paisaje, John Barrett se acercó a Diosdado Cabello, el poderoso ministro de Interior. El nuevo encargado de negocios de Estados Unidos … en Caracas le apoyó una mano en el brazo. Hablaron unos segundos, conversación cordial. Fue un gesto mínimo, parecía casi rutinario, pero cargado de una importancia extrema para el régimen y para su oposición, porque durante años habría sido imposible una escena así.
Cabello no es un funcionario venezolano más para Washington, un jerarca sin peso en el entramado chavista. Ha sido un objetivo prioritario: imputado en Nueva York por delitos vinculados al narcotráfico y al narcoterrorismo, incluido durante años en la lista de buscados de EE.UU. y objeto de una recompensa de hasta 25 millones de dólares (equivalente a 21,8 millones de euros) por información que condujera a su arresto o condena. El Departamento del Tesoro también lo sancionó. Desde su programa, Con el mazo dando, había hecho de la enemistad con Washington y el ataque a Trump una parte central de su discurso político, un argumento de su agitación constante contra el imperio.

Como Nicolás Maduro, Cabello acusaba a EE.UU. de querer poner sus manos sobre el petróleo, como hizo en Irak y en Libia. Pedía incluso al pueblo estadounidense que evitara «un nuevo Vietnam» en Venezuela, decía que, como el Vietcong, esperaba a los invasores armado y dispuesto a una carnicería. Trump era para él una figura recurrente de ataque, símbolo de una supuesta ofensiva contra la revolución chavista.

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Seis meses de la captura

David Alandete

Pero el terremoto ha alterado de forma visible esa ecuación. Primero, días después de la catástrofe, Cabello volvió a aparecer en el centro de una mesa de coordinación en Caracas, junto a Delcy Rodríguez, John Barrett, el general Francis L. Donovan —jefe del Mando Sur— y otros responsables civiles y militares de ambos países. El encuentro estaba dedicado a las operaciones de rescate, la llegada de ayuda humanitaria y la logística desplegada en La Guaira, una de las zonas más afectadas.
La imagen adquiría una carga política especial por quién era Donovan: el militar al frente del Mando Sur, la estructura estadounidense que dirigió la operación del 3 de enero que acabó con la captura de Nicolás Maduro, en medio de un despliegue militar en el Caribe sin precedentes. En otra fotografía, días después, Cabello apareció junto al mismo general, sonriente y distendido, siempre con su gorra, durante un intercambio con mandos venezolanos y estadounidenses.
Para muchos opositores al chavismo y víctimas exiliadas de las violaciones de derechos humanos atribuidas al aparato de seguridad venezolano, el giro resultaba muy difícil de asumir. Cabello, durante años uno de los dirigentes que más ha presentado a EE.UU. como una amenaza existencial para Venezuela, participa ahora en reuniones operativas con los representantes de Washington y con los militares que encarnan la intervención estadounidense en el país.

El general Donovan saluda a Diosdado Cabello.

(Embajada de EE.UU en Venezuela)

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Las imágenes corrieron por las redes venezolanas con la velocidad de una descarga eléctrica. Para buena parte de la oposición, de la diáspora y de quienes salieron del país huyendo de las cárceles, las torturas o la persecución del aparato chavista, no eran fotografías de protocolo ni de ayuda humanitaria. Eran otra cosa: el hombre al que Washington acusó de narcoterrorismo, por cuya captura ofreció 25 millones de dólares, sentado ahora con los enviados de Estados Unidos y con el general que dirigió la operación contra Maduro.
En los mensajes que se multiplicaron en redes sociales había rabia, desconcierto y una pregunta repetida: cómo podía EE.UU. mantener viva la acusación, la recompensa y las sanciones, y al mismo tiempo tratar a Cabello como interlocutor en Caracas. Volvieron a circular declaraciones antiguas de Marco Rubio, hoy secretario de Estado, cuando defendía que Cabello debería estar en una prisión federal estadounidense. La distancia entre aquellas palabras y las fotografías de estos días era demasiado visible como para que la Administración Trump pudiera ignorarla.
Pero en Washington el cálculo parece ser otro. Cabello no es solamente un dirigente del chavismo. Conserva influencia sobre estructuras de seguridad, mandos policiales y sectores del aparato militar y territorial del régimen. En una Venezuela sacudida por el terremoto, con miles de muertos, ciudades dañadas y una transición todavía frágil tras la captura de Maduro, su cooperación puede ser vista como una necesidad incómoda. No porque EE.UU. haya olvidado quién es, sino porque sigue siendo uno de los hombres capaces de evitar que el poder chavista se fracture por dentro.

Preguntado este martes en conferencia de prensa por Diosdado, el encargado de negocios estadounidense, Barrett, evitó aclarar si Washington mantiene intacta su condición de hombre buscado, la recompensa de 25 millones de dólares y las acusaciones de narcotráfico y narcoterrorismo. El encargado de negocios estadounidense no confirmó ni negó un cambio de postura. «El Departamento de Estado está centrado al cien por cien en la respuesta al terremoto», dijo, antes de remitir al plan de Trump para Venezuela: «estabilización, recuperación económica, reconciliación y transición democrática».
El chavismo ha leído las fotografías de otra manera. Sus medios y sus cuentas afines las presentan como la prueba de que Washington ha terminado por aceptar quién manda realmente en Caracas, alguien que no es solo Delcy Rodríguez. Para Cabello, además, tienen un valor político propio. Tras la caída de Maduro, vuelve a aparecer en el centro de los focos y los objetivos de las cámaras: con su gorra, junto a Delcy, frente a los estadounidenses, en una mesa donde no está de invitado, sino como uno de los hombres que todavía cuentan, cuando su suerte podría haber sido otra el 3 de enero.

Diosdado Cabello, con Delcy Rodriguez y los enviados de EE.UU. en Caracas.

(Presidencia de Venezuela)

La Casa Blanca ya había dejado abierta esa posibilidad al explicar, tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero, que la operación no tenía por qué limitarse a ellos. Dijo entonces el secretario de Estado Rubio que hubo contactos y llamadas con otras figuras del poder venezolano para exigir cooperación y evitar una confrontación mayor. Aunque no mencionó a Cabello por su nombre, la pregunta sobrevolaba claramente aquella declaración: si entre quienes recibieron ese mensaje estaba también el ministro del Interior y si la coordinación actual es la consecuencia de aquel pacto tácito.
En agosto de 2019, Associated Press reveló que la primera Administración Trump había abierto contactos secretos con Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional Constituyente . Según AP, Cabello se reunió en Caracas el mes anterior con un intermediario cercano a la Casa Blanca; la agencia ocultó su identidad y detalles del encuentro por temor a represalias. La información procedía de un alto funcionario estadounidense, bajo condición de anonimato, y de otra persona conocedora de la reunión. Washington insistía en que no buscaba promover a Cabello como sustituto de Maduro, sino explorar qué garantías exigirían figuras del régimen para apartarse de él y facilitar una transición.
Cabello sigue formalmente imputado en EE.UU. La Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York lo incluyó en la acusación ampliada presentada el 3 de enero de 2026, el mismo día de la captura de Maduro. No fue apartado del caso ni quedó reducido a un papel accesorio: continúa señalado junto al propio Maduro y Ramón Rodríguez Chacín en los cuatro cargos principales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados a armas de guerra y artefactos destructivos.
A Cabello se le atribuyen actuaciones concretas. La acusación, que se remonta a 2020 afirma que coordinó con Hugo ‘El Pollo’ Carvajal el envío de 5,6 toneladas de cocaína en un avión que salió de Maiquetía en 2006 y fue interceptado en Campeche, México. También le sitúa en reuniones con representantes de las FARC para acordar apoyo financiero y armamento a cambio de un aumento de la producción de cocaína, así como en encuentros para organizar rutas desde Venezuela hacia Nicaragua y México, con destino final a EE.UU.
La nueva acusación ampliada en 2026 extiende la supuesta conspiración hasta 2025 e incorpora alegaciones de actividad reciente, en vez de limitarse a los episodios históricos de los años de cooperación con las FARC. El nuevo documento, promovido por la Fiscalía, no apunta a una retirada de la estrategia judicial contra Cabello, sino a una actualización y ampliación del caso: mantiene las imputaciones y las inserta en una red criminal más amplia, con nuevos actores y hechos posteriores.

Cartel de busca y captura de Cabello.

La presión pública siguió después. El 10 de enero, una semana después de la captura de Maduro y de la nueva acusación, el Departamento de Estado volvió a difundir en español el cartel de búsqueda de Cabello, con una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena. El aviso mantenía exactamente la base penal del caso: la conspiración de narcoterrorismo, la de importar cocaína y otra para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo a delitos de drogas.
La gran duda ahora es qué piensa Rubio más allá del pragmatismo que requiere la situación de rescate y reconstrucción tras un terremoto devastador. Durante buena parte de la última década, él mismo presentó a Cabello como uno de los principales dirigentes de esa estructura criminal que las autoridades estadounidenses sitúan en la cúpula política y militar venezolana.
Rubio fue, desde el Senado, uno de los defensores más firmes de esa línea: en 2017 su seguridad fue reforzada tras información de inteligencia sobre una presunta amenaza directa de Cabello contra él. Por eso, y pasadas afirmaciones suyas, la imagen de un representante de Washington junto a Cabello y el silencio posterior de la Administración abren una incógnita difícil de ignorar: si la estrategia ha cambiado, y hasta cuándo.
En mayo, preguntado directamente en la Casa Blanca por la situación de Cabello, Rubio fue poco concreto. «No tengo novedades», dijo en conferencia de prensa, antes de añadir que «la política no ha cambiado», aunque se negó a explicar qué contactos mantenía Washington con figuras del poder venezolano. «Seamos un poco maduros. No voy a contarles de qué hablamos con los líderes de esos países», respondió.
La frase cobra ahora otro sentido. Rubio no anunció entonces ninguna retirada de la recompensa ni de la acusación contra Cabello, pero dejó claro que la Administración no pensaba revelar el alcance de sus conversaciones. Las fotografías posteriores de Barrett y Donovan con el ministro chavista sugieren que esa interlocución ya existía, aunque Washington evitara confirmarla públicamente.

«Los medios públicos no pueden mentir. ¡Pedimos disculpas por haber estado haciéndolo durante tantos años!». Este mensaje, sobre una pantalla en negro, es lo único que emite desde mediodía la primera cadena de televisión pública húngara M1. Por orden del nuevo Gobierno de Péter Magyar … , buena parte de los medios de comunicación públicos de Hungría han cesado hoy sus emisiones y otros las han restringido, a la espera de que sea aprobada y esté en vigor la nueva reforma legal.
Durante los 16 años que estuvo en el poder su antecesor, Viktor Orbán, los medios públicos húngaros alinearon sus líneas editoriales con el Gobierno y sirvieron de correa de transmisión de las consignas del partido Fidesz. Péter Magyar y su partido Tisza, con su nueva mayoría parlamentaria de dos tercios, está ahora decidido a demostrar que es posible librar a los medios públicos de la influencia del poder ejecutivo y hacerlos independientes.

También puede verse en la página web de la cadena estatal de radio hiradio.hu el mismo texto, que continúa afirmando que «los medios públicos están siendo transformados para ser independientes y creíbles en el futuro». «El servicio de noticias queda suspendido temporalmente. ¡Estad atentos!», llama a futuras emisiones.

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Pedro González Jalvo

En su primer discurso ante el nuevo Parlamento húngaro, Péter Magyar anunció que suspendería las emisiones de los medios estatales hasta haber sacado adelante una reforma de sus estatutos y financiación. Aquella amenaza, que muchos directivos del sector consideraron que no llegaría a cumplir, se ha hecho hoy realidad. La Oficina de Prensa y Marketing de MTVA ha confirmado esta tarde que no solo la pantalla de M1 se ha ido a negro, sino que también ha sido suspendida la emisión de Kossuth Radio y que se puede escuchar el programa musical de Bartók Radio en su lugar.
La Televisión Húngara lanzó sus emisiones el 1 de mayo de 1957. En los últimos 70 años, solo ha emitido una pantalla negra en caso de problemas técnicos graves o en caso de fallecimiento y luto nacional, como cuando falleció József Antall, el primer jefe de Gobierno elegido libremente en Hungría tras la caída del bloque soviético, el 12 de diciembre de 1993.

El canal de televisión húngaro M1 informa de la suspensión temporal de los medios de comunicación públicos de Hungría.

(AFP)

«Esta pantalla negra simboliza el fin de una era. En los últimos años, los medios públicos han caído bajo la influencia del poder político y han perdido su función principal: proporcionar información creíble y objetiva al público. Se convirtieron en un foro de incitación al odio y a la mentira. Esto cambiará a partir de ahora», explica un comunicado gubernamental que informa que M1 reiniciará temporalmente un nuevo formato provisional a última hora de hoy, con películas y sin servicio de noticias.

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En la frecuencia de Radio Kossuth, el programa de Radio Bartók puede escucharse temporalmente, también sin servicio de noticias. Paralelamente a la formación de la nueva dirección del equipo de los servicios informativos, «los programas de noticias se reiniciarán de forma gradual y programada», sigue el texto. La transición no afectará significativamente la programación en otras plataformas, señala.

Decenas de destituciones y nombramientos en una tarde

El nuevo Gobierno ha designado a profesionales como Balázs Bodacz, György Kerényi y Zsófia Mészáros, que liderarán los medios públicos durante la fase de transformación. El director general interino, András P. Horváth, ha llegado esta misma tarde a la sede central de M1 TV para hacerse cargo. Zsófia Mészáros, exdirectora del antiguo Index y exeditora senior de 444.hu, será responsable de la dirección ‘online’ durante el periodo de transición. Balázs Bodacz, que anteriormente trabajó en Magyar Nemzet y Hír TV, y en los últimos años en ATV, dirigirá provisionalmente la sección de noticias, mientras que György Kerényi, que ya fue el director de la emisora entre 2006 y 2010, asumirá la dirección de Kossuth Radio.
Paralelamente a la llegada de los nuevos jefes, decenas de directivos han sido suspendidos en las últimas horas de sus puestos en MTVA y Duna Médiaszolgáltató Zrt, el conglomerado de medios públicos en el que Orbán solía colocar a directivos afines y que Magyar ha calificado reiteradamente como «máquina de mentiras». La televisión estatal húngara ha anunciado que suspende la cobertura informativa en relación con una reforma de los medios públicos «para garantizar la independencia e imparcialidad del servicio público».
«Es un día histórico. Hoy, la difusión de propaganda en los medios públicos ha terminado. Mentían por la noche, mentían durante el día, mentían en todas las longitudes de onda. Se acabó todo», ha celebrado Magyar en redes, demostrando así que está dispuesto a llevar a cabo medidas drásticas y controvertidas para desenraizar el régimen Orbán de la estructura pública húngara.