Era un temor latente que nadie quiso comentar durante más de medio siglo, pero se acaba de confirmar que una detenida desaparecida durante la dictadura en Chile está, en realidad, viva. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, ha confirmado que Bernarda Rosalba Vera Contardo, … una de las víctimas recogidas en el Informe de Verdad y Reconciliación sobre detenidos desaparecidos, se encuentra con vida en Argentina y tiene 80 años. El descubrimiento no solo ha sacudido a su familia en Chile, sino también a las agrupaciones de víctimas de la violencia del régimen militar de Pinochet, a los defensores de la causa de los derechos humanos y a la clase política.
Si bien la noticia de que estaba viva se conoció a finales del año pasado por un reportaje de Chilevisión, los primeros indicios ya los apuntaba un libro publicado en 2012 al que nadie prestó atención. En él, su autor contaba que Bernarda había logrado salir de Chile a finales de 1973, poco después del golpe de Estado del general Pinochet que derrocó al presidente Salvador Allende. Un año antes de la asonada militar, esta joven profesora, que tenía entonces 27 años y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) que apoyaba al Gobierno de Salvador Allende, había recibido instrucción militar en Cuba.
‘Anita’, su nombre político, tenía una hija de entonces de cinco años y trabajaba en una escuela rural de la localidad de Puerto Fuy, en la región de La Araucanía. El 12 de septiembre de 1973, un día después de la caída de Allende, Bernarda Vera participó en un asalto a un contingente de Carabineros –la Policía de Chile– en la localidad sureña de Neltume, lo que desató un gran operativo de la Fuerza Aérea en la zona para lograr la detención de su grupo.
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María J. Errázuriz
El Informe de Verdad y Reconciliación (informe Rettig), elaborado en el primer año del Gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994), señala que Vera «fue detenida el día 10 de octubre de 1973 en Trafún, en la casa de unos trabajadores del complejo, por efectivos militares. Se presume que fue ejecutada en el Puente Villarrica sobre el río Toltén, junto a los otros detenidos de Liquiñe. Desde el momento de su detención permanece desaparecida». Desde entonces, y tras la promulgación de una ley de reparación para los familiares de las víctimas, la madre y la hija de Vera han venido recibiendo una pensión del Estado. Hoy, ese apoyo financiero es cuestionado.
Lenta investigación judicial
Si bien el informe Rettig y su comisión posterior determinaron que 1.100 personas desaparecieron en Chile durante la dictadura militar, el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, creado por el expresidente Gabriel Boric en 2023 con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe, fijó esa cifra en 1.469. De ellos, 1.092 eran detenidos desaparecidos y 377 eran ejecutados por motivos políticos cuyos cuerpos nunca fueron entregados.
Precisamente, en el trabajo del Plan de Búsqueda surgieron las primeras alertas de que Bernarda Vera podía estar viva. La periodista Pascale Bonnefoy detectó ciertas inconsistencias en los testimonios de su caso a partir del libro publicado en 2012 de un exmilitante del MIR, José Manuel Bravo Aguilera. En dicho libro, contaba que él y ‘Anita’ estuvieron ocultándose en los bosques de la precordillera hasta diciembre de 1973, para luego cruzar a Argentina.
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En ‘De Carranco a Carrán: las tomas que cambiaron la historia’, Bravo afirma que un revolucionario sueco llamado Svante Grände, a quien los militares mataron en 1975, le prestó ayuda a ‘Anita’ para entrar en Argentina, donde rehízo su vida. Allí se casó con un argentino, con el que tuvo tres hijos, y desde ese país fue evacuada a Suecia en 1978, donde residió.
A partir de un caso judicial de 2009 por la desaparición de un grupo de personas, el juez Álvaro Mesa abrió el año pasado una instrucción bajo secreto de sumario para investigar los nuevos antecedentes. En ese proceso, el Gobierno sueco confirmó que se le había otorgado la nacionalidad a Bernarda Vera e informó que había regresado en 1999 a América. Allí se había instalado con su familia en la localidad costera de Miramar, en la provincia de Buenos Aires. A la vista de esta información, el juez Mesa solicitó este año una prueba de ADN, cuyos resultados se han conocido esta semana.
Chilevisión es el único medio que ha logrado hablar con Bernarda y su hijo Maximiliano, quienes se negaron a hacer declaraciones. En las imágenes difundidas por esta cadena, ella mantiene silencio mientras él, fuera de cámara, pide que la dejen vivir en paz.
Devolución de la pensión
El caso de Bernarda Vera es hoy un conflicto latente en la clase política. Mientras la izquierda guarda silencio, en la oposición, la derecha radical pide que se persigan todas las acciones legales destinadas a conseguir la restitución de todo el dinero percibido por la familia. Diputados de los partidos Nacional Libertario, Republicano y UDI han exigido que el Consejo de Defensa del Estado inicie una persecución por fraude al fisco, pero ninguna acción procederá hasta que haya sentencia judicial. El viernes, el diario ‘La Tercera’ informó que la Justicia investiga nueve casos similares, de ocho hombres y una mujer, que aparecen en el informe Rettig como desaparecidos, pero que también estarían vivos. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia ha abierto un sumario administrativo para determinar las razones por las que este caso pudo permanecer oculto tantos años.
Si bien los padres de Bernarda Vera murieron sin saber la verdad, su hija Claudia Rey Vera, que tiene 58 años, fue informada de las diligencias a comienzos del año pasado. Según el diario ‘The Clinic’, la mujer padece una severa discapacidad motora que la mantiene con parte de su cuerpo inmovilizado. Tras descubrirse la verdad, su abogado asegura que ella creció con la certeza de que su madre era una desaparecida y, por lo tanto, ha actuado siempre de buena fe.
