La fiscalía federal belga ha emitido una orden europea de detención contra el ex comisario griego Dimitris Avramopoulos, en relación con el escándalo ‘Qatargate’. En la Comisión Europea, Avramopoulos gestionó la peor crisis migratoria que ha conocido la UE entre 2014 y 2019, pero … después de abandonar el ejecutivo comunitario había aceptado un puesto honorífico en la organización no gubernamental ‘Lucha contra la Inmunidad’ en la que, al parecer, la trama blanqueaba dinero. El ‘Qatargate’ es probablemente el peor caso de corrupción conocido en la política comunitaria y estalló en diciembre de 2022 cuando la Policía belga llevó a cabo una serie de redadas en propiedades y oficinas de Bruselas, detuvo a eurodiputados y funcionarios sospechosos clave e incautó grandes cantidades de dinero en efectivo.
Avramopoulos, que entonces ya no era comisario y actualmente es parlamentario nacional en Atenas, dejó la organización en cuanto el escándalo salió a la luz. Ahora ha emitido un comunicado en el que afirma que «este caso nunca tuvo nada que ver conmigo» y que «el asunto que se intentó vincular a mi nombre se cerró hace tres años, con total transparencia institucional y el visto bueno de la Comisión Europea, tras una decisión firmada por su presidenta, Ursula von der Leyen».

Los investigadores belgas consideran que Avramopoulos participó en esta trama, ya que entre 2021 y 2022 recibió 73.000 euros a cambio de prestar su imagen a la organización supuestamente benéfica. Hace un año le pidieron que viniera a declarar a Bruselas, pero no atendió esa solicitud. Ahora ha respondido desde Atenas que «cualquier intento de las autoridades belgas de reabrir el caso e implicar mi nombre en cualquier asunto relacionado con ‘Lucha contra la Impunidad’ —ya sea mediante acusaciones infundadas o la tergiversación de los hechos— es arbitrario, inaceptable, sospechoso y usaré todos los medios legales disponibles para defenderme».

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Enrique Serbeto

La orden europea de detención necesitaría que el Parlamento griego levantase la inmunidad de Avramopoulos. Este asegura que no piensa invocar esta prerrogativa, pero tampoco se someterá a la orden de detención sino que «recurriré personalmente a la justicia griega para solicitar que se investigue a fondo el asunto y se dicte una resolución».

‘Qatargate’

El ‘Qatargate’ saltó a la luz con la detención de la entonces vicepresidenta del Parlamento Europeo, la socialista griega Eva Kahili, cuando intentaba esconder en su casa una maleta con una gran cantidad de dinero en efectivo. Entonces la Policía no respetó la inmunidad de Kaili porque técnicamente fue descubierta ‘in fraganti’. Junto a ella fueron detenidos su esposo, el italiano Francesco Giorgi que había sido asistente del ex eurodiputado Pier Antonio Panzeri, socialista italiano, al que se considera como el cerebro de la organización puesto que fue el fundador de ‘Lucha contra la Impunidad’.
La policía belga ha sido objeto de críticas por mantener abierto este caso desde hace más de cuatro años sin haber dado el paso de cerrar la investigación para que los implicados puedan defenderse ante los tribunales de este país. El Parlamento Europeo tuvo que asumir por su parte una política para reforzar el control de los grupos de cabildeo y sus relaciones con los eurodiputados.

El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron este lunes un acuerdo provisional para endurecer la directiva comunitaria en materia de abuso sexual infantil y la explotación sexual de menores, con el establecimiento de penas más severas y el refuerzo de la asistencia a las víctimas. La nueva directiva europea ofrecerá una definición ampliada de los delitos penales, con la actualización de los ya existentes y la inclusión de otros «con el fin de garantizar que todas las formas de abuso y explotación infantil estén tipificadas, incluido el uso de avances tecnológicos para cometerlos», explicó el Consejo en un comunicado. Según las nuevas normas, pagar para acceder a la trasmisión en directo de un abuso sexual infantil será ahora punible, así como diseñar o adaptar sistemas de inteligencia artificial (IA) para producir este material y su distribución, una actualización que las instituciones europeas consideraron «necesaria ante la creciente proliferación de material de abuso generado mediante IA o deepfakes», material manipulado para suplantación de identidades. También el acoso sexual, es decir, solicitar a un menor que produzca o comparta este tipo de contenido, se considerará delito, y cuando un menor se encuentra por encima de la edad mínima de consentimiento sexual, habrá delito si existen coacción o amenazas, así como si el agresor se hace pasar falsamente por otro menor. Los Estados miembros deberán, además, castigar la extorsión sexual a menores, con la novedad de que la posesión y distribución de instrucciones sobre cómo cometer o producir material de abuso sexual infantil también será penada. El consentimiento es otro de los pilares de esta nueva directiva, en la que se establece con una mayor claridad que la ausencia de consentimiento a la hora de participar en actividades sexuales con menores en edad de practicarlas debe ser punible, y señala que el «mero silencio o la falta de resistencia del menor» no constituyen permiso para hacerlo. La edad de consentimiento sexual para menores continuará siendo competencia de los Estados miembros. Con respecto a los plazos de prescripción, investigación y enjuiciamiento, se ampliarán para «garantizar que las víctimas puedan acceder a la justicia de forma efectiva, teniendo en cuenta que pueden necesitar un largo período de tiempo para denunciar los delitos sufridos durante su infancia». Asimismo, se pondrán en marcha líneas de ayuda y un acceso «oportuno y gratuito» de las víctimas menores de edad a servicios de salud y asistencia jurídica, al igual que para un alojamiento provisional. El acuerdo provisional deberá ahora ser refrendado por el Consejo y el Parlamento y, posteriormente, será adoptado formalmente por ambas instituciones tras una revisión jurídico-lingüística. Los Gobiernos nacionales dispondrán entonces de tres años para adaptar sus códigos penales a la directiva revisada de la UE.

Un tribunal declaró este lunes a Jeffrey Donaldson, antiguo líder del principal partido pro-Reino Unido de Irlanda del Norte, culpable de 18 delitos sexuales, incluida la violación.El jurado tardó 10 horas en alcanzar un veredicto después de que Donaldson, de 63 … años, se declarara inocente de todos los cargos tras cuatro semanas de presentación de pruebas en un tribunal de Newry, al sur de Belfast.

El juicio se centró en las denuncias de dos mujeres que afirmaron que Donaldson abusó sexualmente de ellas cuando eran niñas durante más de dos décadas, entre 1985 y 2008.

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El acusado fue declarado culpable de un delito de violación, cuatro delitos de actos obscenos graves y otros 13 de abuso sexual.
El juez ordenó la prisión preventiva para Donaldson y afirmó que era inevitable una «larga pena de prisión», cuya sentencia se dictará el 25 de septiembre.
Donaldson lideró el Partido Unionista Democrático (DUP) desde diciembre de 2019 hasta su dimisión en marzo de 2024, cuando fue imputado por la policía.

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Figura destacada de la política unionista de Irlanda del Norte durante décadas, fue suspendido por el partido tras salir a la luz las acusaciones.
La Fiscalía argumentó que los relatos de las denunciantes, aunque describían hechos ocurridos hace muchos años, eran creíbles y coherentes en sus detalles fundamentales.
Señaló que las mujeres habían mantenido sus experiencias en secreto durante largos periodos antes de decidirse finalmente a denunciarlas, e instó al jurado a considerar las pruebas en el contexto de las denuncias de abusos históricos.
Ninguna de las dos mujeres ha sido identificada públicamente debido a la estricta confidencialidad que protegen a las víctimas de delitos sexuales.

Su mujer, culpable de cinco cargos por complicidad

La esposa de Donaldson, Eleanor, también fue declarada culpable de cinco cargos de complicidad en los delitos cometidos por su marido.
Eleanor se enfrentó a lo que se conoce como un ‘juicio de los hechos’ y no a uno penal después de que un juez la declarara no apta para ser juzgada por motivos de salud mental.