Israel celebra elecciones generales en octubre, una cita con las urnas a la que el país llega exhausto después de tres años de guerra en Gaza y varios meses de conflicto bélico con el Líbano y con Irán. La posibilidad de poner fin al ‘ … eterno’ mandato de Benjamin Netanyahu -que lleva treinta años al frente de Israel, con interrupciones- constituye sin duda el mayor aliciente de esta cita. Otro será el comportamiento de la minoría árabe con derecho a voto.
Hay un dato poco conocido quizá fuera de Israel: el 21% de su electorado es árabe (más del 80% de éste es a su vez musulmán, un 8% cristiano y un 8% druso), y por regla general vota a partidos centrados en los intereses de esa minoría no judía del Estado hebreo.

Pese a que el porcentaje de árabes israelíes crece -por mero índice de natalidad- el hecho no plantea por ahora un problema político. En primer lugar porque su participación en las urnas es más baja que la de los hebreos; y porque ese voto se reparte entre al menos cuatro partidos árabes.

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Esta realidad puede cambiar a finales de año ante la tendencia a la concentración de fuerzas. Según el centro árabe-hebreo ‘Task Force’, el 82% de los palestinos con ciudadanía israelí desean que en octubre se presente una lista única árabe. Con esa acumulación de votos en un frente único, esa minoría lograría aumentar su representación en el Parlamento (Knéset) y podría incluso formar parte -si gana la oposición laica israelí- de un futuro gobierno de coalición en Israel.
La mayor preocupación de los árabes israelíes no es el eterno ‘proceso de paz’ y la constitución de un Estado palestino vecino al del Israel, sino cuestiones reales de su vida cotidiana: seguridad en los barrios donde viven, educación y mejores trabajos. La convivencia de los árabes israelíes con los judíos es relativamente buena, a diferencia de lo que ocurre en los llamados Territorios Ocupados de Cisjordania y Gaza. Los árabes israelíes quieren demostrar que es posible la convivencia común, aunque sus mundos sean distintos.
En sus memorias como arabista, el historiador británico-israelí Bernard Lewis relata una sorprendente anécdota con Muamar Gadafi. En 2006, el dictador libio invitó al viejo profesor a Trípoli para conocerle. En un momento de la conversación, Gadafi preguntó a Lewis si era cierto que los judíos y el entonces millón largo de árabes con ciudadanía israelí mantenían una buena convivencia. «Si eso es así», concluyó Gadafi, «¿por qué no crean un solo Estado, que se llame ‘Israetina’, y de ese modo podrían anexionarse sin problemas Gaza y Cisjordania?».

Propuesta impensable

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Bernard Lewis no relata su respuesta a la propuesta de Gadafi, pero es fácil imaginar que la mera idea de que Israel pudiera ser un día un solo Estado compuesto por judíos y por árabes, a partes iguales, es algo impensable para los dirigentes de ambas comunidades. Los líderes de la población palestina -que en su mayoría viven en los Territorios Ocupados y en campamentos de refugiados en países vecinos- no renunciarían, por una cuestión de principios, a la aspiración nacionalista. Son muchas décadas de guerras, y el único acuerdo alcanzado hasta hoy es el de la negociación para constituir dos Estados, impulsada en Oslo en 1991.
En el terreno judío, la cuestión tampoco se plantea porque la mera posibilidad de que un día una mayoría no hebrea pudiese cambiar el rumbo de Israel genera sudores fríos en su liderazgo político. El Estado hebreo no es confesional, pero toda su legislación está impregnada por la Torá, la ley religiosa judía.

«¿Por qué no crean un solo Estado, que se llame ‘Israetina’, y de ese modo podrían anexionarse sin problemas Gaza y Cisjordania?»

Muamar Gadafi
Ex dictador de Libia

Israel mantiene no obstante su carácter de ser la única democracia de corte occidental de Oriente Próximo, lo que explica su nivel de libertades, entre ellas la política, que permite a las minorías no hebreas tener sus propios partidos y jugar en el sistema. Otra prueba del debate por asegurar un Estado aconfesional en Israel lo revela en estas fechas la disputa -política y judicial- ante la presión de los partidos ultrarreligiosos, que piden el privilegio de que sus varones puedan eludir el servicio militar obligatorio a cambio de sus años en los seminarios de la Torá.

En la madrugada del pasado sábado 20, tras más de 50 días de cerco, el presidente boliviano Rodrigo Paz decretó el estado de excepción en todo el país. La medida corona semanas de bloqueos que han asfixiado la capital, La Paz. Y, en una misma … jornada, dos señales opuestas: mientras el Ejecutivo sellaba un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos Túpac Katari tachaba el pacto de «traición» y juraba mantener el pulso.
Pocas ciudades han sido tan rehenes de su propia geografía como La Paz. Sede del Gobierno, se encuentra en una hondonada a la que solo se desciende desde el altiplano, hoy a través de la vecina El Alto. Cortar ese puñado de rutas equivale a estrangularla. De ahí que el cerco haya sido, desde la rebelión indígena de Túpac Katari en 1781, un instrumento político recurrente.

El conflicto nació de una causa concreta y, en su raíz, legítima: el rechazo a la Ley 1720, la llamada Reconversión de Tierras. Indígenas, campesinos y ambientalistas la consideraron inconstitucional y favorable al agronegocio, y marcharon desde la Amazonía hasta La Paz. Tras semanas de presión, el Gobierno cedió y la derogó el 13 de mayo de este año.

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CLAVES DE LATINOAMÉRICA

Emili J. Blasco

Pero la derogación, lejos de apaciguar las calles, las encendió. La consigna saltó de la tierra a la renuncia de un presidente investido apenas siete meses atrás. Desde el Chapare, su bastión cocalero, el expresidente Evo Morales ha reclamado intensificar los bloqueos. Al mismo tiempo, ha exigido la dimisión de Paz y un «gobierno de transición» que convoque elecciones en 90 días «para que no haya muertos», en una fórmula que muchos leyeron menos como advertencia humanitaria que como ultimátum.
El Gobierno lo ha denunciado sin eufemismos: bajo el paraguas de la protesta legítima se desveló una operación de desestabilización dirigida por el evismo, que aspira a continuar con más de dos décadas de populismo autoritario. Asimismo, a lo largo de estas semanas han aparecido multitud de pruebas de que las protestas están siendo financiadas por el narcotráfico, deseoso de continuar haciendo negocios en un país desestabilizado y débil.

Han aparecido multitud de pruebas de que las protestas están financiadas por el narcotráfico, deseoso de continuar haciendo negocios en un país desestabilizado y débil

El camino que Paz ha emprendido es arduo pero ineludible: desmontar gradualmente las subvenciones, flexibilizar el tipo de cambio y sanear las cuentas sin precipitar una recesión brusca. Frente a ello, la comunidad internacional ha cerrado filas en torno al orden constitucional. EE.UU. ofreció su respaldo «sin reservas»: el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que Washington «no permitirá que criminales y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente».

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La OEA, por boca de su secretario general, Albert Ramdin, respaldó al «gobierno democráticamente elegido» y alertó de que socavar las instituciones solo agravaría la crisis. La UE y las embajadas europeas, incluida la española, reclamaron respeto a «la democracia y el orden constitucional».
La declaración del estado de excepción es un clamor en Bolivia y es la medida constitucional para restaurar la autoridad y el orden mediante el derecho y sus instituciones. Tras semanas de llamadas al diálogo y la negociación sin el resultado esperado, el Gobierno no ha tenido otra opción que recurrir a esta medida indudablemente constitucional. Las críticas de la ciudadanía al retraso en esta medida se explican por la desesperación de una población rehén de los bloqueadores. Sin embargo, los líderes sediciosos anhelan desde el inicio la involucración de las unidades militares y la confrontación violenta con el Estado para presentar un escenario con mártires que alimente la indignación popular y el desgaste de las autoridades. El Gobierno ha evitado caer en esta trampa, a pesar de la erosión a su credibilidad bajo acusaciones de «incapaces» y «tibios».
Lo que está en juego, más allá del abastecimiento de una urbe encajonada entre montañas, es si la voluntad de las urnas pesará más que la violencia de una minoría. Bolivia se asoma a esa prueba con la esperanza de retomar pronto, cohesionada, su camino hacia el mundo; un mundo que, a su vez, desea volver a Bolivia.

Diego Solana

Abogado

Jeanine Áñez (San Joaquín, Beni, 1967) vivió durante casi cinco años una pesadilla: permaneció encarcelada tras una batería de acusaciones a raíz de la llegada al poder de Luis Arce, líder del partido izquierdista MAS y heredero de Evo Morales. Fue juzgada y sentenciada … a diez años de cárcel por los delitos de «incumplimiento de deberes» y «resoluciones contrarias a la Constitución», en un juicio que jamás debió producirse, pues los altos mandatarios deben someterse a un juicio de responsabilidades.
Áñez asumió la Presidencia de Bolivia en noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales como consecuencia de la crisis desatada por la celebración de unas elecciones fraudulentas (como confirmó un informe de la OEA) y la salida también de buena parte de su Ejecutivo. Como segunda vicepresidenta, era la primera en el orden de sucesión y fue designada presidenta interina. Su mandato, avalado por el Tribunal Constitucional, fue corto y controvertido. Su objetivo inmediato fue convocar elecciones lo antes posible, pero la pandemia se lo impidió. Aquello escaló la inestabilidad política y social e inició duras protestas. En la siguiente cita en las urnas, los bolivianos eligieron a Luis Arce, heredero de Evo Morales. Poco después comenzó la persecución política contra Áñez.

El pasado otoño, tras la victoria del conservador Rodrigo Paz, y antes de que este tomara posesión, la Justicia anuló el juicio contra Áñez por considerar que esa no era la vía para juzgarla. El pasado 5 de noviembre fue liberada.

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Diego Solano

Apadrinada por el Instituto Casla

Expresidenta de Bolivia y expresa política, Áñez participó el pasado 18 de junio en el XII aniversario del Instituto Casla, una ONG que denuncia las violaciones de los derechos humanos y las torturas contra los presos políticos en dictaduras de todo el mundo, en especial de América Latina. Áñez, como muchos otros presos políticos silenciados, formó parte de la campaña ‘Apadrinar un preso político’, creado por el Instituto Casla, en el que personalidades de la política dan voz y visibilidad a uno o varios encarcelados para que su caso no se olvide. La semana pasada, la ONG reunió en Madrid a padrinos —Felipe González, José Ramón Bauza, Rocío Monasterio, José Daniel Ferrer…—, que fueron reconocidos con un galardón por sus apadrinados —Jeanine Áñez, José Daniel Ferrer, Humberto Mendoza…—, de Bolivia, Cuba y Venezuela.
Después del acto, en el que también se reconoció la labor del expresidente de Costa Rica y Nobel de la Paz, Óscar Arias, con el premio Jan Ruml ‘Democracia y Libertad’ otorgado por el Instituto Casla, ABC tuvo la oportunidad de conversar con Jeanine Áñez.

-¿Cómo han sido estos seis meses en libertad?

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-Han sido muy emocionantes. Por una parte, estoy viviendo en mi tierra, en Trinidad, Bolivia, con mi hija, pues mi hijo trabaja en La Paz. Estoy reconstruyendo mi vida porque no fue fácil el encierro de cinco años; volver a la normalidad cuesta. Todavía tengo muchos traumas; mi hija también [el gobierno de Arce le «inventó delitos» por denunciar la encarcelación de su madre]. Creo que, tras salir de prisión, me he vuelto muy selectiva con las relaciones, con las amistades. Estoy dedicando mucho tiempo a mi familia, a mis hijos y a las amistades que realmente sentí que estaban cerca de mí en un momento tan difícil, que no me abandonaron. Amistades que demostraron su cariño en ese momento tan dramático para toda la familia.
-Actualmente, ¿cuál es su situación legal tras anularse el juicio penal? ¿Se ha puesto en marcha un juicio de responsabilidades contra usted, algo que tiene que solicitar la Fiscalía y pasar a una votación en el Parlamento para ser aprobado?
—Sí, ese es el procedimiento. Lo que yo estoy solicitando es que se haga una nueva investigación. Porque a los presos políticos no nos preguntan nada y no valoran las pruebas que podamos presentar. Entonces no hubo investigadores imparciales, ni fiscalía imparcial. Era el poder político el que les instruía y ellos lo plasmaban en los memoriales de acusación. Una investigación seria e imparcial no ha existido. Y yo no me opongo a una investigación; por el contrario, que abran las investigaciones que quieran, pero que las hagan de manera imparcial, aplicando realmente la justicia e investigando los hechos como realmente pasaron. Pero todavía no ha habido nada de eso porque, desafortunadamente, en este momento en Bolivia también estamos pasando por situaciones difíciles.
-Hay una grave crisis social y política, con fuertes protestas contra el presidente Rodrigo Paz.
-No se lo están poniendo fácil al presidente. El mismo Evo Morales que boicoteó todo mi gobierno y que construyó un relato en mi contra; el mismo Evo Morales que entonces incitaba a la gente a la violencia, lo está haciendo ahora. Todo esto está absorbiendo al presidente, que tiene una crisis muy importante que superar. Esperemos que vaya disminuyendo, que se vaya moderando y que le dejen gobernar. No puede ser que estén exigiendo tantas cosas en tan poco tiempo de gobierno; me parece absurdo, me parece grosero. Pero la ambición de poder de ese hombre [Evo Morales] es desmedida. Yo lo califico como el mismo diablo porque está enfermo de poder y el no tenerlo lo está convirtiendo en el diablo mismo.

«El mismo Evo Morales que boicoteó todo mi gobierno y que construyó un relato en mi contra; el mismo Evo Morales que entonces incitaba a la gente a la violencia, lo está haciendo ahora»

Jeanine Áñez
Expresidenta de Bolivia

-Sobre Evo Morales hay una orden de detención por presunta trata de seres humanos (mantuvo relaciones con una menor cuando era presidente y con ella tuvo un hijo), pero ni el gobierno de Arce ni el de Paz lo han detenido. ¿Por qué?
-En mi gobierno él no estaba en Bolivia. Luis Arce obviamente no lo hizo por afinidad ideológica…
-Pero al final de su mandato, Arce abrió la causa contra Morales…
-Claro, pero siempre le tuvo miedo. Él no iba a atreverse a hacer algo en contra de quien lo puso como presidente. Ahora estamos esperando que este gobierno pueda hacerlo porque tiene las condiciones: es un gobierno democráticamente electo y tiene a su favor el parlamento, pues la izquierda ahora en Bolivia está totalmente mermada, no tiene más que siete parlamentarios. Entonces, hay las condiciones para seguirle. De hecho, él tiene ahora una orden de aprehensión por trata de seres humanos. Un delito muy cuestionable en el mundo entero y que todos sabíamos en su momento.
-Hay quienes critican que usted no lo detuviera durante su gobierno.
-La presa hubiera sido yo si lo denunciaba, porque eso hacen ellos con la democracia, buscan mecanismos para destruirla; así lo hicieron en Venezuela, Nicaragua, Cuba… Cooptan las instituciones democráticas, el poder judicial… Acaban con toda división de poderes y los absorben de tal forma que los controlan; entonces no hay forma de hacer un proceso en contra de ellos, menos contra Evo Morales. Pero creo que habrá tiempo; no va a quedar impune de todos los delitos cometidos.
-Los resultados de las últimas elecciones en América Latina — Colombia y Perú—, muestran que el continente está dando un giro a la derecha.
-Hemos conseguido que el péndulo se vaya a la democracia, y ahora debe consolidarse, haciendo que las instituciones sean mucho más fuertes para que no venga cualquiera y las destruya tan fácilmente. Porque ellos utilizan la democracia para llegar al poder y destruirla desde dentro. Esa es una asignatura pendiente. Tenemos que transmitir a las sociedades que no es posible que el poder se imponga a los derechos de las personas. Para lograrlo, hay que trabajar con las nuevas generaciones. Creo que eso es lo que tenemos que hacer en toda la región porque, de lo contrario… Fíjese que ellos en un principio usaban las revoluciones; después vinieron las dictaduras militares con golpes de Estado… La democracia siempre está siendo amenazada. Decía Fidel Castro que se había puesto de moda esa bobada llamada democracia porque las revoluciones ya no funcionaban. Entonces ellos las utilizan para llegar al poder y luego para perpetuarse, cambiando la constitución. Ahora está en nuestras manos tener la lucidez, la capacidad y la inteligencia para sostener los gobiernos democráticos y que no volvamos al pasado que tanto daño nos ha hecho.

«Hemos conseguido que el péndulo se vaya a la democracia, y ahora debe consolidarse, haciendo que las instituciones sean mucho más fuertes para que no venga cualquiera y las destruya tan fácilmente»

Jeanine Áñez
Expresidenta de Bolivia

-Si usted volviera a ser presidenta de Bolivia, ¿haría las cosas de otra manera?
—El problema es que yo no estaba preparada para ser presidenta; fue una sucesión constitucional, a mí nadie me eligió. Inicialmente, yo solamente tenía que convocar a elecciones. Ese era mi papel en ese momento, pero llegó la pandemia y el Tribunal Electoral decidió postergar las elecciones porque las condiciones sanitarias no eran las mejores en Bolivia. Primero, porque fue un año de mucha violencia política y luego se produjo la crisis sanitaria. No se hubiese podido hacer mucho. Yo no tenía ni el tiempo ni un parlamento favorable. Durante mi gestión, Evo Morales tenía dos tercios del parlamento. En plena pandemia y con tantas necesidades, no aprobaban ningún crédito internacional. Yo tuve otro boicot legislativo.