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Las muchas vidas de Christa Pike, la presa que salió viva del corredor de la muerte

Christa Pike, la mujer que ha sobrevivido a dos inyecciones letales en Tennessee, no está sola. Acabar con la vida de alguien no es difícil. Ocurre todos los días. Solo en la primera potencia mundial, cada media hora se registra un homicidio. Pero la … ejecución de una pena de muerte, a la que Pike se enfrentó la semana pasada, es otra historia. En las condiciones en las que se impone de forma convencional en Estados Unidos, con inyecciones intravenosas de pentobarbital, a veces se complica cuando es difícil encontrar una vena por la que introducir el veneno.

El caso de Pike, sin embargo, va más allá. Ella recibió las inyecciones. Pero sobrevivió y desde hace unos días camina y habla. El fallo de su ejecución apuntala una vida de superviviente, marcada por las dificultades de su entorno y el horror indescriptible del crimen por el que recibió la pena de muerte. Pero también la entronca con antecedentes asombrosos de supervivencia.

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Rosalía Sánchez

Esta semana, días después de recibir las inyecciones, Pike volvió a hablar. «¿Dónde estoy?», fueron sus primeras palabras después de asomarse al mundo de los muertos, al que debería pertenecer ya según la Justicia de EE.UU.

Milagro en la mesa de disección

Hace casi cuatrocientos años, algo todavía más extraordinario le ocurrió a una joven llamada Anna Greene en Inglaterra. Era una sirvienta que se quedó embarazada del nieto adolescente de su patrón. Tuvo un parto prematuro, dio a luz a un feto muerto y fue pillada cuando trató de ocultarlo. Fue sentenciada a la horca en el castillo de Oxford el 14 de diciembre de 1650. Tras la ejecución, la colocaron en un féretro y la enviaron a un profesor de anatomía de la universidad para su disección. Pero, cuando abrieron el cajón de madera, Greene respiraba y se agitaba. Recuperó el habla catorce horas después.

En el siglo XVII, una joven llamada Anna Green fue ahorcada y, cuando enviaron su cuerpo en un ataúd a un profesor de anatomía, respiraba

Y hubo quien escapó de la muerte porque la soga falló en su estrangulamiento: hasta tres veces no funcionó en el caso de Joseph Samuel, un criminal enviado a Australia por Inglaterra a principios del siglo XIX.

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Tanto en el caso de Samuel como en el de Greene, las autoridades vieron la mano de Dios en la supervivencia de los reos y fueron indultados. En el caso de la joven inglesa, rehízo su vida, se casó, tuvo tres hijos. Y conservó su ataúd como recuerdo. Samuel tuvo que conformarse con una conmuta a cadena perpetua. Se escapó de la cárcel con otros en barco y el océano se los tragó en una tormenta.

Ilustración de la época sobre el ahorcamiento de Anne Greene.

(ABC)

Haya habido o no intervención divina en el caso de Pike, todo apunta a que hubo un fallo en la ejecución. Hubo complicaciones con la colocación de la vía por la que debía entrar el pentobarbital. La primera dosis no provocó su muerte, solo dolores en el brazo. Una segunda dosis, administrada por la falta de eficacia de la primera, tampoco logró su objetivo. Es probable que el veneno no entrara en el sistema sanguíneo de Pike, sino en el tejido de alrededor.

En muerte cerebral

La inyección no mató a Pike, pero la dejó en condición crítica, según sus abogados. Estaba sin conocimiento, respirando con ventilación asistida y con sus dos brazos hinchados y quemados por la acción del veneno. Varios días después de su hospitalización, el equipo médico consideró que estaba en situación de muerte cerebral.
Todo estaba preparado para ‘desconectar’ a la mujer, cuando Pike volvió a hablar el pasado 6 de octubre. Poco después, podía caminar. Había pasado una semana de su ejecución y parecía un milagro. Todavía sufría una neumonía, no podía mover los brazos y sufría un coágulo en uno de sus brazos. Pero unos días después, este pasado fin de semana, la condenada salió del hospital y regresó a la prisión en la que ha pasado sus últimos treinta años. Por ahora, seguirá allí, recibiendo tratamiento médico.
Las ejecuciones con inyecciones letales que acaban sin éxito no son raras en EE.UU. En los últimos años, se han registrado al menos siete casos en los que la ejecución de la pena capital tuvo que suspenderse por problemas en la administración de la droga. En todos los casos, los problemas tuvieron que ver con las dificultades a la hora de encontrar una para inyectar la dosis. Algunos estados han tenido incluso que recurrir al pelotón de fusilamiento.
Las dificultades en la administración de las dosis a Pike podrían tener que ver, entre otros factores, con una enfermedad poco conocida de la que ha sido diagnosticada: la trombocitosis esencial, un tipo de neoplasia mieloproliferativa –un cáncer de sangre–, en el que la médula ósea produce una cantidad desproporcionadamente alta de plaquetas y que puede provocar inflamación vascular o la presencia de venas delgadas y frágiles.
El momento en el que las autoridades penitenciarias sacaron a Pike en estado crítico, pero con vida, de la sala de ejecución de la cárcel de Tennessee fue otro episodio de una vida marcada por la supervivencia y la atrocidad de su crimen.

Una vida difícil

Pike creció en Beckley, un pueblo de Virginia Occidental, uno de los estados más pobres del país, donde la adicción y la falta de oportunidades son endémicas. Su vida fue un cliché de esa América desahuciada: sus padres eran alcohólicos y nació con daño cerebral por el consumo de alcohol de su madre durante el embarazo; creció entre abusos de sus familiares, con cambios constantes de colegio y fue violada por tres personas a lo largo de su infancia, según la web ‘Misericordia con Christa’, que busca su perdón.
A los doce años protagonizó un intento de suicidio con calmantes y fue diagnosticada con depresión y desorden bipolar, pero nunca fue tratada con continuidad.
Tras problemas con la Justicia e internamiento en centros penitenciarios para menores, Pike llegó a mediados de la década de 1990 a un centro de formación profesional para jóvenes. Allí conoció a la que sería su víctima: Colleen Slemmer, una compañera de clase. Pike creía que Slemmer le quería quitar al novio. Con dos cómplices –entre ellos, su novio–, la engañaron para que les acompañaran a un bosque. Allí torturaron y acuchillaron a la víctima. Pike la remató reventándole la cabeza con un trozo de asfalto. La asesina se llevó un trozo del cráneo de Slemmer como recuerdo y lo enseñó al día siguiente a otros estudiantes. Pike tenía 18 años.

Pike, que tuvo una infancia traumática, fue condenada a la pena capital por asesinar a una compañera de clase a la que reventó la cabeza y se llevó un trozo del cráneo

La sentencia de pena de muerte que recibió poco después ha tardado treinta años en ejecutarse, entre peticiones de indulto y exigencias de la familia de la víctima de que se lleve a cabo. Y, ahora que su ajusticiamiento ha fallado, es difícil saber qué futuro tiene por delante. ¿Volverá a ser ejecutada? ¿Se utilizará un método diferente?
La última palabra la tiene el gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, quien por el momento no ha descartado que Pike se vuelva a encontrar con sus verdugos.

El último antecedente, en 1947

Los expertos legales consideran que el caso de Pike entra en «aguas desconocidas». O, por lo menos, que no se navegan desde hace mucho. La última vez que ocurrió algo similar en EE.UU. fue en 1946. Willie Francis, un joven negro sentenciado a muerte por violación y asesinato, sobrevivió a la silla eléctrica. El operario penitenciario que colocó el aparato estaba borracho y no acabó de electrocutar al reo. El Tribunal Supremo decidió en 1947 entonces que se repetiría la ejecución, y Francis murió en el segundo intento.
La diferencia con Pike está en que sus abogados insistieron una y otra vez en la dificultad y el sufrimiento adicional que la inyección provocaría en la reo por el estado de sus venas. Pero las autoridades las desestimaron y siguieron adelante. De vuelta en el corredor de la muerte, la siguiente vida de Christa Pike sigue siendo una incógnita.

El tigre que mató a un joven que se coló en su recinto en un zoo de Inglaterra no será sacrificado: «Está a salvo»

El Parque de Fauna Salvaje de Yorkshire, en Inglaterra, ha confirmado que el tigre que mató este sábado a un joven que se coló en su recinto no será sacrificado tras el suceso.»Mucha, mucha gente nos ha contactado sobre Altai (el nombre del tigre). Podemos asegurar a todo el mundo que está a salvo y bien y que no recibirá eutanasia como resultado de este incidente», informó en redes sociales el Parque.El suceso ocurrió a primera hora de la tarde del sábado, cuando un joven entró en el recinto de los tigres, donde fue atacado por Altai, produciéndose su muerte.La Policía de Yorkshire informó de que el animal resultó ileso y de que no salió en ningún momento de su recinto, por lo que no hubo peligro para el resto de visitantes del Parque. Además, la Policía indicó que era «consciente de la existencia de vídeos que circulan» por internet y pidió a la ciudadanía «que no se compartan estas imágenes».El Parque de Fauna Salvaje de Yorkshire se inauguró en 2009 y la Tierra de Tigres funciona desde 2011. Se trata de un recinto de unos 8.000 metros cuadrados en el que viven tigres siberianos, una subespecie de la que apenas quedan 500 ejemplares en libertad.

Los juristas reclaman la apertura de una investigación tras la denuncia de la exmagistrada César Siero

La confesión de la exmagistrada Bárbara César Siero, en la que confirma haber firmado sentencias contra opositores bajo coacción mientras detenían y torturaban a sus familiares, no ha sorprendido a los venezolanos. En realidad, sus declaraciones públicas han rubricado lo que siempre se sospechó, … que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) era el brazo jurídico del régimen chavista, el que ejecutaba las órdenes del Gobierno y convalidaba los fraudes electorales.
ABC consultó con el jurista Perkins Rocha las consecuencias legales que podría sufrir César Siero tras sus declaraciones y su opinión sobre ellas. «Nada nuevo aporta la exmagistrada, lo único que añade son detalles de una verdad conocida. Desde hace 20 años nos encontramos con que no tenemos un sistema de justicia independiente e imparcial, sino controlado por el régimen chavista», sentenció.

Al no haber Estado de derecho en Venezuela, sus declaraciones, dadas en esas circunstancias, no tienen ninguna consecuencia jurídica porque ya había renunciado dos veces a su cargo en el TSJ. Sin embargo, según Rocha, «todas las inhabilitaciones que ella firmó de manera forzada deben ser declaradas nulas, como la que afectó a María Corina Machado».

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Exmagistrada del Supremo venezolano

Ludmila Vinogradoff

El partido Vente Venezuela, fundado por María Corina Machado y del que Perkins es consultor, emitió un comunicado en el que exige la nulidad o levantamiento de la inhabilitación política que pesa sobre la líder opositora.

Revelación tardía

La denuncia de la exmagistrada se ha producido solo después de que sus familiares hayan sido condenados a varias años de cárcel. Esta tardanza es lo que ha crispado los ánimos de muchos venezolanos. En las redes sociales las reacciones no han sido muy amables con su «arrepentimiento».
En su cuenta de X, Jessica Castro, familiar de un preso político, cuestionó las declaraciones de la exmagistrada sobre una presunta coacción y reprochó que estas revelaciones hayan surgido, según afirmó, después de años de procesos contra personas detenidas por motivos políticos. «Tardó muchísimo en dar este tipo de información», sostuvo Castro, quien aseguró que los familiares de presos políticos llevan años denunciando irregularidades y las consecuencias de las decisiones adoptadas por funcionarios del sistema judicial.

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En declaraciones efectuadas a varios medios, la propia César Siero se mostró partidaria de que los magistrados del TSJ se presenten ante la Justicia cuando haya democracia en el país. Los juristas sostienen que la academia de jueces debe abrir una investigación sobre las revelaciones de la exmagistrada.
Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), considera que «hubo funcionarios públicos que cometieron indebidamente presión para que ella no cumpliera con sus competencias, razón por la cual aquí lo que corresponde es hacer una investigación inmediata por parte del Ministerio Público». «Lamento que su denuncia se haya realizado tan tarde», comentó el jurista Apitz.

«Hubo funcionarios públicos que cometieron indebidamente presión para que ella no cumpliera con sus competencias, por lo que corresponde es hacer una investigación»

Juan Carlos Apitz
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela

Por su parte, el jurista Omar Tosta sostiene que no es correcto que la exmagistrada haya firmado bajo presión. Según aseguró, «esto trae consecuencias jurídicas de naturaleza consecuencial a ese fallo y de todo lo que involucró para María Corina Machado, a quien se le negó la posibilidad de participar en las elecciones presidenciales de 2024».

Bárbara César Siero: «Fui coaccionada para inhabilitar a María Corina Machado y a Henrique Capriles»

La exmagistrada venezolana Bárbara César Siero ha hecho una denuncia explosiva, la primera con la que un ex alto cargo del régimen se atreve a sacudir los cimientos del sistema judicial chavista. Su revelación se produce, además, en pleno proceso de designación de un … nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
A sus 51 años, vive con el miedo en el cuerpo incluso en el piso donde se escondió para protegerse de la persecución chavista. La ex vicepresidenta de la Sala Político-Administrativa del TSJ explica por teléfono a ABC cómo y quién ordenaba las sentencias contra los opositores. Su dedo acusador señala tanto al expresidente Nicolás Maduro como a su esposa Cilia Flores, actualmente encarcelados en Nueva York a la espera de juicio. Según desvela, ambos eran los principales responsables de fabricar las «órdenes superiores» con las que los magistrados inhabilitaban o mandaban a los disidentes a la cárcel y al destierro.

Entre las sentencias que firmó para inhabilitar a políticos, destaca la de María Corina Machado, rubricada en 2023. Dicho documento impidió a la líder opositora participar en las elecciones de 2024. Tres años después, la exmagistrada le pide perdón, no solo a la Premio Nobel de la Paz, sino a toda Venezuela. Se disculpa por todo el daño infligido. «La firmé bajo coacción», asegura. Lo hizo después de que la Policía del régimen detuviera a sus dos hermanos y a su cuñada, que en aquel momento eran militares en activo, por presunta conspiración. Fueron arrestados el 15 de diciembre y, cuatro días más tarde, la magistrada firmó la inhabilitación de Machado.

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David Alandete

—¿Durante cuánto tiempo ejerció como magistrada en el Tribunal Supremo?
—Casi diez años, desde diciembre del 2014 a febrero de 2024, aunque me siguieron pagando el sueldo hasta octubre de 2024. Ingresé en el TSJ como juez por mi propia postulación en 2013 y, al año siguiente, concurrí como magistrada.
—¿A cuántos opositores envió a la cárcel en ese tiempo?

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—Yo nunca metí preso a nadie.
—¿Y a quienes inhabilitó políticamente?
—Solo fueron dos personas inhabilitadas. Por órdenes superiores fui coaccionada a firmar sentencias para inhabilitar a María Corina Machado, expediente número 2023-0461, y a Henrique Capriles, expediente 2023-720.
—¿Todos los jueces firmaron esa sentencia?
—Los tres magistrados de la Sala Político-Administrativa firmaron la sentencia sin ningún tipo de presión, a excepción de mi persona, que sí me coaccionaron, secuestrando a mis dos hermanos: el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero y, el mayor Guillermo Henri. También a mi cuñada, Diana Desirée Victora Justo. Habían hecho desaparecer a mi familia.
—¿Usted leyó lo que firmaba o fue a ciegas?
—Nunca me permitieron leer la sentencia contra María Corina Machado. Yo no redacté las sentencias, a mí me obligaron a firmarla. El fallo contra Machado lo desconozco. No soy la ponente de su caso. Fue el magistrado presidente de la sala quien la redactó. Fueron dos veces; la primera en 2023 no la publicaron, y la segunda del 2024 sí la publicaron. Las sentencias son colegiadas. Por ser vicepresidenta de la sala debía firmar en segundo lugar, pero lo hice la tercera porque así me la pasaron los otros compañeros de la sala que habían firmado antes.

«Nunca me permitieron leer la sentencia contra María Corina Machado. Yo no redacté las sentencias, a mí me obligaron a firmarla. El fallo contra Machado lo desconozco»

—¿Cuándo secuestraron a sus hermanos?
—El 15 de diciembre de 2023, cuando firmé la sentencia contra Henrique Capriles. Ese mismo día, María Corina Machado también consignó su demanda para revisar la inhabilitación y detuvieron a mis dos hermanos y a mi cuñada.
—¿Por qué decidió dejar su puesto en el Supremo?
—Me obligaron a renunciar dos veces y salí porque asistí a la detención de mis hermanos e hice observaciones a la División General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) porque estaban violando el debido proceso. A mis hermanos los detuvieron ilegal y arbitrariamente bajo la supuesta Operación Brazalete Blanco. Fueron utilizados como rehenes para presionarme para que firmara sentencias contra políticos.
—¿Quiénes en el Gobierno daban las órdenes para condenar a los opositores?
—Principalmente, Cilia Flores y Nicolás Maduro. Ellos eran los que daban las órdenes y de ahí había una cascada de superiores hasta bajar a diferentes niveles del sistema judicial. Yo era vicepresidenta de la Sala Político-Administrativa y no tenía acceso. Las órdenes que venían de arriba las transmitía el presidente de la sala. Y nadie podía discutirlas.
—¿Por qué tardó tanto en denunciar?
—Por miedo a que mataran a mi familia. El miedo no ha terminado después del 3 de enero, sigue presente e instalado en toda la estructura administrativa y judicial del país. La represión todavía continúa aquí. No lo denuncié antes porque el miedo existe y es real. Hay que sentirlo y vivirlo. Si yo hablaba, me podían matar a mí y a mi familia.

«El miedo no ha terminado después del 3 de enero. No lo denuncié antes porque el miedo existe y es real. Si yo hablaba, me podían matar a mí y a mi familia»

—¿Qué le diría a quienes ha perjudicado con sus sentencias?
—Les pido perdón, disculpas y empatía, que comprendan esa situación. Tener miedo no es un delito.
—¿Pediría perdón a María Corina?
—Sí, claro, mil veces. Pido disculpas a toda Venezuela por haber tenido miedo a las represalias de mis denuncias. Hoy rompí el silencio. Nunca es tarde para hacer justicia. Creo que lo importante es dar un testimonio. Por ello, estoy aquí y pido empatía por mi situación familiar.
—¿Se postularía nuevamente al futuro Tribunal Supremo de Justicia?
—No está en mis planes. Pero sí es oportuno señalar que los futuros magistrados que se vayan a elegir deben tener independencia judicial, que no sigan repitiendo el mismo esquema de ejercer bajo terrorismo judicial, amenazas, presión y coacción.
—¿Fueron excarcelados sus hermanos?
—Mi hermano Guillermo Henri César Siero y mi cuñada Diana Victora fueron excarcelados con medidas cautelares, pero no así Guillermo Enrique, quien fue condenado a doce años de prisión y continúa en Rodeo I. Hemos solicitado la amnistía, pero no ha sido otorgada. Mis hermanos fueron torturados. Terminó el juicio de la Operación Brazalete Blanco y condenaron a mis familiares. No puedo mantener más este silencio.

«A María Corina le pido perdón mil veces. Pido disculpas a toda Venezuela por haber tenido miedo a las represalias de mis denuncias»

Según documentó la Misión de la ONU, a Guillermo Enrique lo colgaron de los brazos, colocaron perros debajo de él y amenazaron con hacerle daño a su familia para obligarlo a escribir una carta dirigida a Alexander Granko Arteaga, incriminando a otras personas en una supuesta conspiración. Tras sus denuncias, la exmagistrada Barbara César Siero responsabiliza al régimen venezolano y a los funcionarios de la DGCIM de cualquier atentado o represalia contra ella y su familia.

El otro empresario del hambre de Venezuela cae en manos de Estados Unidos

La colaboración de las autoridades que gobiernan Venezuela con Washington de supervisor alcanza ya de lleno a los empresarios que durante años hicieron fortuna al amparo del chavismo. Primero fue Alex Saab, indultado por Joe Biden y devuelto este año a Estados Unidos por … el régimen de Delcy Rodríguez. Ahora, por sorpresa, es su socio, Álvaro Pulido, el otro empresario del hambre venezolano, según se le apodó en la primera Administración Trump. El fiscal general estadounidense, Todd Blanche, anunció este domingo, 11 de octubre, su extradición. Le esperan dos causas federales, trece cargos y acusaciones sobre operaciones que movieron casi 2.000 millones de dólares.
Pulido estaba preso en Venezuela. Agentes de la DEA lo sacaron de una cárcel venezolana para trasladarlo a Florida. Esa salida apunta a la cooperación de Caracas, aunque las autoridades estadounidenses no han detallado públicamente cómo se ejecutó. La portavoz de la fiscalía norteamericana Nicole Navas Oxman confirmó su custodia y anunció que comparecerá el martes ante un tribunal de Miami.

Blanche presentó la detención como un golpe a los negocios ligados al régimen de Nicolás Maduro. En su anuncio acusó a Pulido de corromper programas destinados a proporcionar alimentos, medicinas y viviendas para enriquecerse, utilizando además el sistema financiero estadounidense. El mensaje del fiscal general incluía una advertencia: dijo que ni el tiempo transcurrido ni la distancia impedirían perseguir a los responsables y llevarlos ante un tribunal norteamericano.

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David Alandete

En el primer expediente, presentado en julio de 2019 contra Pulido y Saab, la fiscalía describe una operación sencilla y rentable: cobrar varias veces por una misma importación. Los empresarios habían obtenido un contrato para construir viviendas sociales. Según los investigadores, presentaban facturas y documentos falsos para conseguir dólares del sistema venezolano de control de cambios.
Un cargamento podía convertirse, sobre el papel, en varios. Los funcionarios sonornados fotografiaban los mismos materiales de construcción en lugares diferentes para aparentar nuevas entregas. Después se solicitaban nuevos pagos. Para mantener el mecanismo, la trama habría sobornado a empleados de aduanas, de la Guardia Nacional Bolivariana y de Cadivi, el organismo encargado de administrar las divisas.
La acusación cifra en exactamente 350.041.500 dólares las transferencias realizadas desde cuentas venezolanas, a través de bancos estadounidenses, hacia cuentas extranjeras controladas por los socios. Ese expediente contiene ocho cargos contra Pulido: uno de conspiración para blanquear dinero y siete de blanqueo. Esa es la causa en la que Joe Biden indultó a Saab en 2023, pero ahora Pulido rendirá cuentas por ella.

Sobornos en comida y salud

La segunda causa, presentada en octubre de 2021, entra directamente en el negocio de la comida y los medicamentos, de ahí la referencia al hambre de los venezolanos. Los fiscales sostienen que Pulido y sus colaboradores conseguían contratos mediante sobornos, elevaban los precios y distribuían el dinero entre empresarios, intermediarios y funcionarios. Las necesidades básicas de los venezolanos se convertían así, según la acusación, en una fuente de beneficios privados.
Se vendieron diez millones de cajas de alimentos a 34 dólares cada una, por un total de 340 millones. El escrito sostiene que el entonces gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, conocía que producirlas e importarlas costaba considerablemente menos. La diferencia permitía pagar sobornos y repartir ganancias. Otro contrato de alimentos ascendía a 369,9 millones; dos de medicamentos sumaban cerca de 146 millones.
En este auto aparecen también el hijo de Pulido, Emmanuel Enrique Rubio González, y otros integrantes de la red. Se atribuyen a Pulido cinco cargos adicionales. La petición de decomiso asciende a 1.607 millones de dólares. Cada uno de los trece cargos de ambas causas contempla hasta veinte años de prisión, aunque las penas no se suman automáticamente.

🚨 Law enforcement on the @HSTaskForce arrested Alvaro Pulido Vargas where he now faces two separate federal indictments in the U.S. from 2019 and 2021 involving an alleged multibillion-dollar Venezuelan money laundering and bribery schemes tied to the Maduro regime. His alleged actions show a blatant disregard to the Venezuelan people by corrupting government programs intended to provide critical food, medicine, and housing for personal enrichment and exploiting the American financial system to do it. No amount of time or distance will stop @TheJusticeDept from working with our federal law enforcement and international partners to pursue these criminals and bring them to justice in an American courtroom.— Attorney General Todd Blanche (@AGToddBlanche) October 11, 2026
El regreso de Saab a Estados Unidos anticipó este desenlace. Biden lo había indultado el 20 de diciembre de 2023, dentro de un intercambio de prisioneros con Venezuela. Pero aquel perdón estaba limitado al caso de 2019: no cerraba la puerta a perseguir otros delitos. El 16 de mayo de 2026, las autoridades venezolanas anunciaron su deportación. El empresario que Maduro había defendido y hasta hecho ministro quedó nuevamente al alcance de la justicia estadounidense.
Esta vez, Saab terminó admitiendo su responsabilidad. El 15 de septiembre se declaró culpable de conspiración para blanquear dinero en una nueva causa sobre contratos de alimentos y medicamentos. Reconoció haber organizado pagos ilegales para conseguir adjudicaciones públicas. Afronta hasta veinte años de prisión.

La izquierda brasileña sale a las calles para tratar de impulsar una remontada de Lula

Miles de seguidores del presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, se manifestaron este domingo en São Paulo para tratar de impulsar la remontada ante el ultraderechista Flávio Bolsonaro de cara a la segunda vuelta del 25 de octubre.En un ambiente festivo, la llamada ‘Marcha por la democracia’ llenó la emblemática Avenida Paulista de la mayor ciudad de Brasil con personas vestidas de rojo, el color del Partido de los Trabajadores.»Olé, olé, olé, olá, Lula, Lulaaa», coreaban unos; «Fascistas, fascistas, no pasarán», gritaban otros, a la espera de la llegada del presidente al acto.Este fue el mitin más multitudinario de la campaña desde que el líder de izquierdas quedó segundo en la primera vuelta de los comicios celebrada el domingo pasado, un resultado que ninguna encuesta pronosticaba y que el propio candidato tachó de «inesperado».Este domingo, sin embargo, Lula adoptó un tono optimista sobre sus opciones de victoria al dirigirse a los asistentes y llamó a movilizar a los más de 30 millones de brasileños que no acudieron a las urnas el domingo pasado, principalmente a las personas de edad avanzada.»Tenemos una responsabilidad muy grande; no podemos permitir que los ladrones vuelvan a gobernar este país», proclamó.También recordó que el Senado tiene previsto votar la próxima semana la reducción de la semana laboral, una medida que espera que energice su campaña y que ponga contra las cuerdas a Bolsonaro, que tiene una agenda económica liberal.Entre los asistentes, Margarida Porto, trabajadora metalúrgica jubilada y sindicalista como lo fue Lula, y su hermana Ana, apuntaban a los logros de Lula en la reducción de la pobreza y la ampliación de los beneficios para los trabajadores.»Nosotras no recibimos ayudas sociales, pero luchamos por los que sí», aseguraban las hermanas, ambas en la sesentena.Cerca, Murilo de Oliveira, analista de datos de 24 años, cargaba con cuatro carteles con soflamas como ‘Brasil es nuestro’, uno de los lemas esgrimidos por Lula ante las presiones de los EEUU de Donald Trump.Oliveira, preocupado con un posible retroceso de derechos para la comunidad LGBT, confesó que esperaba un triunfo del presidente en primera vuelta, pero dijo confiar en la remontada por la mayor movilización de la izquierda.Él, por ejemplo, fue a hablar con su abuela, quien se había abstenido en la primera vuelta por estar harta de la polarización, y dice que la convenció para acudir a las urnas en dos semanas.Bolsonaro se reúne con alcaldesFlávio Bolsonaro también estuvo este domingo en São Paulo para reunirse con alcaldes de la región metropolitana de la ciudad, con una población de más de 20 millones de personas.En esta región, la más poblada del país, el candidato ultraderechista ya cuenta con el apoyo de sus principales representantes políticos, el gobernador Tarcísio de Freitas y el alcalde Ricardo Nunes.Aunque Bolsonaro no se dio un baño de masas como Lula, sí tuvo buenas noticias en forma de decisiones judiciales.El Tribunal Superior Electoral ordenó cerrar un canal de WhatsApp favorable al presidente, después de que Bolsonaro se quejara de que difundía noticias falsas en su contra.