Naciones Unidas ha denunciado este viernes más de un millar de casos de violencia sexual en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, desatada en febrero de 2022, al tiempo que ha indicado que el 89% de ellos habrían sido perpetrados por las fuerzas rusas.La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha señalado que entre el 24 de febrero de 2022, fecha del inicio de la invasión, y finales de julio de este año se han documentado 1.004 casos de violencia sexual, 89% de ellos atribuidos a fuerzas rusas, con el 11% restante recayendo en las autoridades ucranianas.El informe, de 20 páginas y titulado ‘Violencia sexual en el contexto de ataque a gran escala de Rusia contra Ucrania’, se fundamenta en entrevistas a cientos de víctimas y supervivientes de estos actos y otros materiales, incluidos documentos judiciales y otros archivos oficiales.La mayoría de las víctimas son hombres, principalmente en centros de detención, si bien también hay mujeres y niños entre los afectados, especialmente en los territorios ucranianos ocupados por las tropas rusas.Los actos incluyen violaciones, violaciones en grupo, mutilaciones genitales, shocks eléctricos y golpes en los genitales y otros actos degradantes de naturaleza sexual. La víctima más joven es una niña de cuatro años, mientras que la de más edad es una mujer de 82, en ambos casos a manos de las fuerzas rusas.Muchos de los hombres supervivientes relataron haber recibido descargas eléctricas en los genitales mediante un teléfono de campaña militar de la era soviética conocido como ‘tapik’. El informe resalta que estos actos son «una forma habitual de violencia sexual» contra prisioneros de guerra ucranianos, con 155 habiéndolo sufrido «al menos una vez».El documento recoge que algunos de los detenidos relataron haber sido violados con diversos objetos, mientras que al menos tres mujeres afirmaron haber sido violadas por soldados rusos durante semanas o meses, en uno de los casos después de que las fuerzas rusas hubieran matado a su esposo.En los casos atribuidos a las autoridades ucranianas, cerca de la mitad son por amenazas de violencia sexual, mientras que el resto incluye casos de desnudez forzosa, descargas eléctricas y golpes en los genitales, descargas eléctricas y golpes en el cuerpo estando desnudo, trato sexualmente degradante, así como dos agresiones sexuales y dos casos de intento de violación.»Me alarma profundamente la prevalencia de estos actos abominables documentados en nuestro informe, y temo que casi con toda seguridad continúen en medio de la violencia incesante que presenciamos cada día en Ucrania», ha señalado el Alto Comisionado las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk.»La violencia sexual es un rasgo grave del ataque armado a gran escala contra Ucrania. Debe cesar de inmediato, independientemente de quiénes sean los autores», ha manifestado Turk, quien ha argumentado que «dada la elevada prevalencia» de los casos atribuidos a las fuerzas rusas, Moscú «debe adoptar medidas concretas y visibles para proteger a los civiles y a los prisioneros de guerra de todas las formas de tortura, incluida la violencia sexual».Por último, Turk ha reiterado su llamamiento a Rusia para que ponga fin de forma «inmediata, total e incondicional» a la invasión y que retire a todas sus fuerzas militares del territorio ucraniano, en consonancia con la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional, en medio del estancamiento de los esfuerzos internacionales para avanzar hacia un acuerdo de paz entre las partes.

Los demócratas, que aspiran a recuperar al menos una de las dos cámaras del Congreso en las elecciones de noviembre, han lanzado una ofensiva contra los acuerdos petroleros de Donald Trump en Venezuela. Exigen conocer el destino de al menos 13.000 millones de dólares … de ingresos venezolanos bajo gestión estadounidense y aclarar si la Administración Trump presionó a gobiernos extranjeros para cerrar las investigaciones contra Alejandro Betancourt, el empresario venezolano elegido como socio. Si obtienen la mayoría, en enero podrían convertir esos requerimientos en investigaciones parlamentarias con capacidad para reclamar documentos y testimonios mediante citaciones obligatorias.
La actuación de la Administración en favor de Betancourt ocupa un lugar central en la carta que los representantes Robert Garcia, Gregory Meeks y Jared Huffman enviaron el 17 de septiembre al secretario de Estado, Marco Rubio, y al fiscal general, Todd Blanche. Los tres son los principales demócratas de las comisiones de Supervisión, Exteriores y Recursos Naturales de la Cámara de Representantes.

«Exigimos información sobre los pasos que dieron el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia para presionar a un Gobierno extranjero», escriben, en referencia a una investigación activa sobre el empresario. Reclaman además que Rubio y Blanche expliquen su participación personal en esas gestiones.

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David Alandete

Los diputados señalan contactos de Blanche, de la ex fiscal general Pam Bondi y de Colin McDonald con gobiernos extranjeros para «alentarlos a poner fin a sus investigaciones penales contra el señor Betancourt y permitirle viajar a Estados Unidos». También mencionan la intervención del vicesecretario de Estado, Christopher Landau, ante las autoridades suizas en favor del empresario.
Betancourt está investigado en Suiza y en España, aunque la carta no identifica contactos concretos con las autoridades españolas. El País publicó el 14 de septiembre que la causa de la Audiencia Nacional estaba paralizada por la falta de respuesta estadounidense a una solicitud de cooperación judicial. Según aquella información, España esperaba desde hacía más de nueve meses poder interrogar a cinco testigos condenados en Estados Unidos, y el juez Santiago Pedraz advertía de un nuevo archivo si la respuesta no llegaba antes de diciembre.

Lo publicado sobre España describe, por tanto, una falta de cooperación. Los diputados quieren conocer el alcance de las gestiones que atribuyen a Washington ante gobiernos extranjeros y obtener las comunicaciones que permitan comprobarlas.

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La elección de Betancourt como socio añade una dimensión empresarial a esas preguntas. Según el acuerdo descrito en la carta, Estados Unidos tomaría un 35% de North American Blue Energy Partners, NABEP, la compañía dirigida por el venezolano. Los firmantes cuestionan que el empresario pueda actuar como asesor informal e intermediario de la Casa Blanca mientras negocia operaciones en un sector en el que mantiene intereses propios.
Piden los nombres de quienes participaron en las negociaciones, sus funciones y sus conversaciones con los principales responsables de Estado y Justicia. Reclaman también las comunicaciones sobre Betancourt y Mauricio Claver-Carone, que ejerció como intermediario informal de Washington ante Caracas. Quieren reconstruir quién tomó las decisiones y qué papel desempeñaron personas ajenas a la estructura oficial del Gobierno.
El otro frente se dirige al dinero. En otra carta fechada el 16 de septiembre, los senadores Ron Wyden, Elizabeth Warren y Sheldon Whitehouse exigen al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a Rubio que rindan cuentas sobre los ingresos de los recursos naturales venezolanos que administra Estados Unidos.
«Durante meses, ustedes no han explicado adónde ha ido ese dinero», escriben. Preguntan qué medidas se han adoptado para impedir la apropiación indebida de fondos venezolanos o una «posible corrupción de la Administración Trump» al dirigirlos hacia beneficiarios con conexiones políticas.

Son los senadores los que sitúan en al menos 13.000 millones de dólares los ingresos procedentes de ventas de crudo. Su requerimiento abarca también el oro y otros recursos naturales autorizados por las licencias del Tesoro. No afirman haber demostrado que ese dinero haya desaparecido. Denuncian que carecen de información suficiente para seguir su recorrido.
Por eso solicitan los extractos mensuales desde febrero y los registros de cada transferencia: cuánto se pagó, cuándo, por qué concepto, a qué banco y a quién. En el caso de sociedades, quieren conocer a sus propietarios reales. También piden las solicitudes de gasto presentadas por las autoridades venezolanas y una explicación de cómo cada desembolso contribuyó a beneficiar a la población.
El sistema deja en manos de Washington decisiones sobre fondos que siguen siendo venezolanos. La orden ejecutiva que creó el mecanismo dispone que el Tesoro los mantenga en custodia como propiedad soberana de Venezuela. Según una explicación de Rubio recogida en la carta, Caracas solicita los pagos y la Administración estadounidense conserva la capacidad de autorizarlos.
Los senadores cuestionan qué límites se aplican a esa facultad. Piden a Bessent y Rubio que identifiquen las restricciones constitucionales y legales, más allá de las órdenes presidenciales, que rigen el uso de un dinero que Estados Unidos no posee, pero controla. Les preocupa que esa fórmula permita al Ejecutivo decidir sobre miles de millones de dólares sin la autorización del Congreso.
La carta expone con detalle las prácticas que consideran posibles: «alentando o coaccionando a Venezuela para que solicite determinados pagos o compras», o desembolsando directamente los fondos. Pregunta qué impediría favorecer a empresas con conexiones políticas o «forzar a Venezuela a pagar de más por bienes de compañías específicas cuando existen alternativas menos costosas».
No presentan un contrato en el que hayan acreditado ese sobreprecio. Reclaman los documentos necesarios para saber si hubo competencia entre proveedores, cómo fueron seleccionados y qué comprobaciones se realizaron antes de transferir el dinero.
Las auditorías prometidas son otra de las exigencias. Según los senadores, la Administración anunció revisiones trimestrales y adjudicó a KPMG un contrato de 84 millones de dólares para llevarlas a cabo. «Hasta la fecha no se ha hecho pública ninguna auditoría, ni está claro que se haya realizado alguna», afirman.
Piden el encargo completo a la consultora, los informes que haya entregado y cualquier advertencia sobre blanqueo o financiación ilícita. Quieren saber también cómo se resolvieron esas alertas, si las hubo. La ausencia de informes públicos, sostienen, impide comprobar qué supervisión está recibiendo una operación de esa magnitud.
A ello añaden una decisión del Tesoro que consideran preocupante: el anuncio del 27 de julio de no aplicar durante seis meses la legislación estadounidense contra el blanqueo a determinadas transacciones relacionadas con Venezuela, presentado como una medida de ayuda ante una catástrofe. Los senadores preguntan qué controles se mantienen para evitar que los desembolsos terminen en operaciones ilícitas.
Por ahora, ambos escritos proceden de dirigentes de la minoría y no constituyen conclusiones del Congreso ni citaciones obligatorias. Los representantes dan de plazo hasta el 1 de octubre para recibir información y una sesión explicativa. Los senadores esperan respuestas antes del día 5 del mismo mes.
Una victoria demócrata en noviembre les permitiría ir más lejos. El control de una sola cámara bastaría para dirigir sus comisiones, organizar audiencias y emitir citaciones conforme a las reglas aplicables. Podrían reclamar registros bancarios, contratos y comunicaciones, y pedir a los responsables que explicaran sus decisiones ante los legisladores.
La Administración podría resistirse a entregar determinados documentos, invocar el llamado privilegio ejecutivo y prolongar la disputa en los tribunales. Una mayoría demócrata tampoco anularía automáticamente los acuerdos petroleros, pero sí que cambiaría las condiciones de su supervisión, gracias a la separación de. poderes.

«Hoy comienza una nueva era para nuestras Fuerzas Aéreas. En Fort Worth, en Texas, así ha descrito este viernes el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, el «hito» de recibir el primer F-35 destinado a su país. En total, serán 35 … cazas estadounidenses aptos para portar armas nucleares que permitirán las Fuerzas Armadas germanas (Bundeswehr) integrarse en la disuasión nuclear de la OTAN en el flanco oriental, modificando así la arquitectura militar de la Alianza.
El contrato por 10.000 millones de euros para la compra fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2022, cuando Lockheed Martin inició el proceso industrial. Alemania no solo se hace con el caza más avanzado del mundo, sino que se integra plenamente en el ecosistema estratégico que Estados Unidos ha construido alrededor del F 35 y que ya comparten 19 países. Estos F-35 dependerán de la asistencia y el software de Estados Unidos, además de en cuestiones como la inteligencia artificial (IA) o la nube.

El precio por unidad, incluyendo formación, repuestos y mantenimiento, supera los 200 millones de dólares. A todo ello se suma la inversión en infraestructura: solo la modernización de la base aérea de Büchel, donde se desplegarán estos aviones a partir de 2027, costará alrededor de 2.000 millones de euros. Si Alemania puede permitírselo, es gracias al levantamiento del freno a la deuda para compras de armamento e infraestructuras, así como al primer fondo de 100.000 millones de euros habilitado a tal efecto.

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Rosalía Sánchez

La entrega del primer F-35 culmina el viaje de varios días de Pistorius a Estados Unidos, en el que ha mantenido un «muy fructífero» encuentro con el secretario de Defensa Pete Hegseth. El ministro ha destacado que el avión que sustituirá a los Tornado tiene todos los requisitos previos para diversos roles operativos, incluyendo combatir las defensas aéreas enemigas, ataques precisos a objetivos en tierra y mar, y ataques de precisión en el interior de la tierra.
El F-35 se caracteriza por su estrecha red con otras plataformas y por una tecnología de sensores particularmente potente. «Puede recopilar grandes cantidades de datos y combinarlos rápidamente para obtener una imagen completa de la situación», ha subrayado Pistorius. A su juicio, «la cooperación con otras 19 naciones abre muchas oportunidades en entrenamiento, ejercicios y despliegues… nos hace más fuertes juntos».
Pistorius, por otro lado, se inclina hacia la tesis de que cada vez más cooperación armamentística no conduce a una mayor dependencia. «Quienes cierran acuerdos entre sí no pueden arriesgarse a engañar al otro», ha sugerido, tras firmar con Hegseth un acuerdo de cooperación militar ampliada que refuerza la relación estratégica entre ambos países y consolida el papel de Alemania dentro de la disuasión de la OTAN.

Además, Washington concede a Berlín un paquete de 3.500 millones de euros para costear adquisiciones militares estadounidenses

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Además de varios puntos de interoperabilidad de sistemas, el acuerdo recoge que Estados Unidos concede a Alemania un paquete de 4.000 millones de dólares (3.500 millones de euros) en Financiación Militar Extranjera (FMF, en sus siglas en inglés). Su objetivo es costear adquisiciones militares estadounidenses y reforzar la integración de Alemania en sistemas de defensa comunes. Es la primera vez que Alemania recibe un volumen tan alto de financiación militar estadounidense, lo que Pistorius interpreta como una señal política de confianza y compromiso estratégico.
La disponibilidad operativa del F 35 en las fuerzas estadounidenses es solo del 28%, según datos de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO), y hay problemas de falta de repuestos y corrosión en la flota estadounidense. Lockheed Martin ha tenido dificultades para sostener el ritmo de producción y mantenimiento, por lo que Berlín ha contratado un paquete de mantenimiento más amplio para cubrir riesgos de suministro.