El Parlamento israelí, la Knéset, ha suspendido el proceso de reconocimiento del denominado «genocidio» armenio. Se trata de una resolución impulsada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel el 26 de junio de 2026 para reconocer el «genocidio armenio» en el Imperio otomano (Azerbaiyán y Turquía no aceptan esta formulación, mientras que Armenia ya no exige su reconocimiento; nota de la autora). Para completar el procedimiento, el documento debía obtener el respaldo de la Knéset, pero la contundente reacción de Bakú y la postura moderada de la propia Ereván frenaron su avance.El 17 de julio, al cierre de la semana anterior, la Knéset ya había iniciado su receso de verano y no volverá a sesionar antes de las elecciones parlamentarias previstas para el 27 de octubre de 2026. Fuentes de Bakú y Jerusalén vinculan la decisión de aplazar el reconocimiento con el riesgo de deteriorar las relaciones con Azerbaiyán, socio estratégico de Israel y país con el que mantiene una cooperación de larga data en materia de seguridad, defensa y energía. Este desenlace refuerza la posición de Bakú como potencia media y uno de los actores clave de la región.Ereván ya no exige el reconocimiento del «genocidio». El 29 de junio, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán condenó la iniciativa israelí, calificó de «inaceptable» la politización de los acontecimientos de 1915 e instó a Jerusalén a reconsiderar su decisión. La resolución también encontró oposición en la propia Armenia, cuyo Gobierno proeuropeo trabaja por la reconciliación con Azerbaiyán y Turquía. «Abstenerse de participar en la instrumentalización del genocidio armenio responde a los intereses de la República de Armenia», declaró Pashinyan a finales de junio. Según RFI, su postura fue asimismo confirmada por el viceministro de Asuntos Exteriores Mnatsakan Safaryan.La última vez que Ereván planteó la cuestión ante Israel fue durante el régimen afín al Kremlin de Serzh Sargsyan: en noviembre de 2017, el ministro de Asuntos Exteriores Edward Nalbandian afirmó que Ereván «esperaba el reconocimiento». El Gobierno actual no respalda esas exigencias, ya que la normalización de las relaciones con sus vecinos forma parte de su rumbo hacia la adhesión a la UE. En la Knéset se presentaron repetidamente proyectos de ley de reconocimiento —en 2018, 2019 y 2021—, pero no prosperaron debido a la postura del Gobierno. Hasta la fecha, el «genocidio» armenio ha sido reconocido por solo 32 Estados, incluida Rusia, país con un largo historial de agresiones contra Ucrania, Georgia y Moldavia.Las posiciones de Bakú y AnkaraEn Bakú y Ankara, la tardía iniciativa israelí —nueve años después de la petición de Ereván— fue interpretada como una medida puramente política dirigida contra Erdogan, en respuesta a su retórica antiisraelí sobre la guerra en Gaza. La iniciativa también fue rechazada por las comunidades judías de Azerbaiyán y por sectores del establishment israelí. Zamir Isaev, rabino jefe de la comunidad sefardí de Bakú, se dirigió a los miembros de Shas y Judaísmo Unido de la Torá y les recordó que «Azerbaiyán es uno de los amigos más cercanos y leales de Israel». Shneor Segal, rabino jefe de la comunidad asquenazí, formuló un llamamiento similar ante la Knéset.La resolución también recibió críticas dentro del propio Israel. Efraim Inbar, presidente del Instituto de Jerusalén para la Estrategia y la Seguridad, calificó el intento de reavivar conflictos históricos de «error infantil y mezquino», dirigido contra Turquía pero perjudicial para la alianza con Bakú. La exdiputada de la Knéset Elina Bardach-Yalov señaló que el reconocimiento también contravenía los intereses de la propia Ereván, que se está acercando a Ankara. Según Ynet, Bakú consideró que la iniciativa suponía «cruzar una línea roja». Posteriormente, Israel paralizó de manera informal el proceso: la viceministra de Asuntos Exteriores Tzipi Hotovely se limitó a señalar que el ministerio no adoptaría una posición «debido al carácter claramente político» del asunto. Como concluyó el medio Haqqin, la iniciativa había quedado «enterrada en la práctica».Cómo la diplomacia de paz se impone a la política de confrontaciónNo es la primera vez que la posición de Bakú influye en las decisiones de sus socios. En 2009, la reacción de Azerbaiyán fue uno de los factores que retrasaron la ratificación de los Protocolos de Zúrich sobre la normalización entre Turquía y Armenia: a petición de Bakú, Ankara vinculó los protocolos a una solución del conflicto de Karabaj; el Parlamento turco no ratificó los documentos y, en 2018, Ereván los anuló. Ankara aún no tiene prisa por abrir su frontera con Armenia y espera la firma de un tratado de paz integral tras la guerra de Karabaj, en la que Bakú recuperó territorios que durante más de 30 años habían permanecido en manos de separatistas armenios con apoyo del Kremlin. El propio proceso de normalización en el eje Bakú–Ereván avanza bajo la mediación de Donald Trump: en el Despacho Oval, Ilham Aliyev y Nikol Pashinyan consolidaron el proceso de reconciliación, convertido en un factor de estabilidad ante la putinización de Georgia y la militarización de Irán.Netanyahu debe tener en cuenta la posición de Washington, para quien la reconciliación entre Bakú y Ereván es una prioridad. La suspensión del reconocimiento demostró que, mediante la diplomacia de paz de Aliyev, Azerbaiyán se consolida con creciente firmeza como potencia media en el Cáucaso Sur y Oriente Medio, y que la posición diplomática de Bakú y Ereván ya no puede ignorarse en cuestiones relativas al equilibrio regional.El contenido de este artículo refleja exclusivamente la opinión de su autor y no representa necesariamente la posición del medio.

El presidente de Estados Unidos ha impuesto este jueves nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% a las importaciones procedentes de 60 socios comerciales, en una medida que afecta también a España como miembro de la Unión Europea. La Casa Blanca justifica … la decisión por la falta de leyes o de controles eficaces para impedir la entrada de productos elaborados mediante trabajo forzoso.
En el caso de la Unión Europea, el gravamen no será necesariamente un arancel adicional uniforme del 10%, sino que elevará hasta ese porcentaje los derechos totales aplicados a cada producto. Cuando el arancel ordinario estadounidense sea inferior al 10%, Washington añadirá la cantidad necesaria para alcanzar ese nivel. Si el producto ya paga un arancel igual o superior al 10%, no se impondrá un recargo adicional por esta medida.

Eso significa que una mercancía española que actualmente tribute, por ejemplo, al 3% pasará a pagar otro 7% bajo la llamada Sección 301 de la legislación comercial estadounidense, que permite al Ejecutivo investigar prácticas extranjeras que considere injustas. Una que ya soporte un gravamen del 10% o superior quedará, en principio, sin arancel adicional por este expediente.

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David Alandete

Tras anular el Tribunal Supremo los aranceles que Trump había impuesto al amparo de poderes de emergencia, la Casa Blanca buscó otra vía legal. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, dirigida por Jamieson Greer, anunció la decisión este jueves siguiendo instrucciones directas de Trump. La medida afecta a los 60 principales socios comerciales de Estados Unidos, que en conjunto representan el 99,4% de todas las importaciones del país.
«Estados Unidos es el único país del mundo que ha adoptado y aplica eficazmente una prohibición contra las importaciones producidas mediante trabajo forzoso», afirmó la Administración en una nota en el boletín oficial. Trump, añadió, está pidiendo a todos los socios comerciales que se sumen a Estados Unidos para «eliminar el trabajo forzoso de las cadenas mundiales de suministro».
Washington sostiene que la Unión Europea, pese a contar con normas destinadas a combatir esta práctica, «no ha aplicado eficazmente su prohibición de importar productos elaborados mediante trabajo forzoso». Esa conclusión permite a la Administración recurrir al mecanismo empleado tradicionalmente para responder a prácticas extranjeras que EE.UU. considera injustificadas, discriminatorias o perjudiciales para su comercio.

Trump presiona a Bruselas

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Según el documento oficial, los aranceles constituyen una medida «apropiada» para lograr que los países afectados eliminen las políticas o prácticas consideradas contrarias a los intereses estadounidenses. En el caso europeo, el objetivo declarado es presionar a Bruselas para que refuerce los controles y la aplicación de su legislación.
La Administración distingue entre los países que han asumido compromisos para aprobar y hacer cumplir prohibiciones sobre productos fabricados con trabajo forzoso y aquellos que no lo han hecho. Los primeros serán sometidos generalmente a un arancel del 10%; los segundos, a uno del 12,5%.
La Casa Blanca presentó la decisión como una medida de defensa de los trabajadores de EE.UU. Su argumento es que los bienes producidos mediante coerción o explotación laboral tienen costes artificialmente bajos y, por tanto, compiten en condiciones desleales con las empresas y trabajadores que cumplen unas normas laborales más exigentes.
Se excluyen, eso sí, materias primas cuya penalización pudiera provocar problemas de suministro en EE.UU.; bienes que pudieran causar alteraciones en el conjunto de la economía; productos que no pueden fabricarse o cultivarse suficientemente en territorio estadounidense; y mercancías cuya exención pueda servir como incentivo para que otros gobiernos aprueben o apliquen prohibiciones contra el trabajo forzoso.
La amplitud de esas excepciones determinará el impacto real sobre las exportaciones españolas. Los sectores más expuestos serán aquellos que actualmente disfrutan de aranceles estadounidenses reducidos y que no figuren en los anexos de productos exentos. El efecto será menor para mercancías que ya soportan derechos del 10% o superiores.

Sospechas por lazos con China

La decisión abre, sin embargo, un nuevo frente comercial con Bruselas. La Unión Europea aprobó en los últimos años un reglamento destinado a prohibir la comercialización de productos fabricados con trabajo forzoso, pero Washington considera insuficiente su aplicación práctica y recela de la apertura a China, donde sí se da trabajo forzoso. El reproche estadounidense no se dirige específicamente contra España, sino contra el sistema comunitario en su conjunto.
El presidente de EE.UU. ha convertido los aranceles en una herramienta no sólo económica, sino también diplomática, empleándolos para forzar concesiones sobre déficits comerciales, inversión industrial, seguridad nacional, inmigración y ahora derechos laborales.
La Administración sostiene que combina los aranceles con acuerdos bilaterales para corregir desequilibrios comerciales y favorecer el regreso de la producción industrial a EE.UU. Según Washington, diez socios comerciales ya se han comprometido a adoptar prohibiciones específicas contra las importaciones fabricadas mediante trabajo forzoso como parte de sus nuevos acuerdos comerciales con la Casa Blanca.
Trump ya consiguió durante su primer mandato que Canadá y México aceptaran compromisos de ese tipo dentro del acuerdo comercial que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahora pretende extender el mismo modelo a la mayor parte de los grandes exportadores mundiales.
La Casa Blanca afirma que la decisión supone «un golpe largamente esperado» contra el trabajo forzoso y «una llamada clara de atención al mundo» para que adopte políticas similares. Para la Unión Europea y España, sin embargo, se traduce de forma inmediata en una nueva barrera de entrada al mercado estadounidense y en otro conflicto comercial con una Administración Trump. cada vez más dispuesta a utilizar los aranceles como instrumento de presión.

Un juzgado de Estambul ha decretado este jueves prisión preventiva para una joven influencer turca por «desprecio a una religión que representa a parte del pueblo», en referencia al islam, y «difundir imágenes obscenas», cargos que la acusada niega. Fatma Soydas, que tiene 285.000 seguidores en Instagram, adquirió popularidad en marzo al protagonizar un cántico de Ramadán en el programa de un conocido teólogo turco en una televisión relacionada con el Gobierno.No obstante, también ha causado polémica por sus contenidos. En mayo fue criticada por ofrecer a sus seguidores una versión de pago de sus contenidos, ingresando miles de euros en la primera hora, pero no está claro qué imagen ha causado su detención, ordenada este martes por la Fiscalía de Ankara.El miércoles, la influencer denunció que por internet circulaban imágenes creadas con inteligencia artificial que la mostraban con atuendos provocadores o en actitud de besar a otra mujer, sugiriendo que la denuncia habría surgido por estas imágenes falsas. En el contexto de la sociedad laica turca, estas imágenes tampoco se podrían calificar de «obscenas», y solo chocarían por incluir el hiyab, el velo islámico que caracteriza a las mujeres devotas.Los cargos de «mostrar desprecio a la religión que representa a parte del pueblo» se utilizan a menudo en los últimos años en Turquía, un país laico en el que no existe el delito de blasfemia, para perseguir a humoristas o personas críticas con el islam. Conlleva hasta tres años de cárcel, al igual que el delito de «difundir imágenes obscenas» que también se ha invocado en los últimos años contra mujeres artistas y cantantes con atuendos que antes se consideraban normal en Turquía.