Incluso en la guerra solía haber normas. Tenían el nombre de Derecho Internacional Humanitario y se dedicaban a regular la conducta durante los conflictos armados, protegiendo a quienes no participan en las hostilidades, basándose en tratados como los Convenios de Ginebra de 1949 y … La Haya.
Pero de un tiempo a esta parte, esas normas parecen haber saltado por los aires y una de estas normas más vulneradas es el ataque sobre instalaciones médicas y personal médico. A fecha de enero de 2026, los ataques contra la asistencia médica en los conflictos armados han alcanzado niveles récord. Las partes beligerantes, incluidos los Estados, eluden cada vez más su obligación, en virtud del derecho internacional humanitario (DIH), de proteger las instalaciones, el personal, los pacientes y los vehículos médicos, según un nuevo informe de Médicos Sin Fronteras (MSF).
El informe, titulado ‘La atención médica en el punto de mira’, recoge datos de bases de datos internacionales existentes y de la propia experiencia de MSF en conflictos armados. En 2025, el Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria (SSA) de la Organización Mundial de la Salud informó de un total de 1.348 ataques contra instalaciones médicas, que causaron la muerte de 1.981 personas, pacientes y personal sanitario. Esto supuso un aumento significativo de las muertes entre el personal médico y los pacientes en zonas de conflicto, que se duplicaron con respecto a las 944 registradas en 2024.

El país más afectado es Sudán, con 1.620 personas asesinadas, seguido por Myanmar con 148, Palestina con 125, Siria con 41 y Ucrania con 19 personas asesinadas.
«Las partes beligerantes han cambiado la narrativa de los ‘ataques por error’ a una justificación de que las instalaciones médicas y el personal humanitario ‘han perdido la protección’ que les otorga el DIH. Este cambio refleja a menudo una priorización de las necesidades militares sobre la obligación de proteger a los civiles y mitigar los daños a la población civil», afirma Erik Laan, experto en incidencia política de MSF. En el informe se señala a los Estados como los mayores responsables de los ataques en 2024.
El texto se basa en los últimos datos disponibles de la Coalición para la Protección de la Salud en los Conflictos. Según estos datos, se documentaron 3.623 incidentes dirigidos contra la atención sanitaria, un 15% más que en el año anterior y un 62% más que en 2022.
En 2024, cerca del 81% de los incidentes violentos contra la atención sanitaria se atribuyeron a grupos estatales.
«La participación del Estado en los conflictos armados plantea retos específicos para la protección de la atención médica, ya que los grupos estatales son más propensos que los grupos armados no estatales a llevar a cabo ataques aéreos y utilizar explosivos, especialmente en zonas densamente pobladas», afirma Raquel González, coordinadora de MSF España y responsable de la campaña ‘Nuestra Línea Roja’ con la que la organización denuncia los ataques a la misión médica y pide el respeto del Derecho Internacional Humanitario.

Hospitales construidos en búnkeres

Un ejemplo de que cada vez son más las amenazas para las instalaciones y los equipos médicos es la estrategia que ha comenzado a seguir la OTAN: construir hospitales de campaña escondidos en búnkeres y grandes bosques. Aunque tradicionalmente estos hospitales militares móviles se ubicaban en grandes espacios abiertos, la OTAN ahora se está entrenando para construirlos dentro de otras estructuras y ocultarlos así de los drones. Es lo que las guerras en Ucrania y Gaza les han enseñado: ya no vale con tener una cruz roja que señale ese lugar como centros de salud y, por lo tanto, se prohíba atacarlos por el derecho internacional.
Tanto en la guerra de Ucrania como en la de Gaza estos lugares han sido bombardeados indiscriminadamente. En un recuento hecho por la Organización Mundial de la Salud de 2024, desde 2022 se contabilizaron casi 2.000 ataques rusos a instalaciones sanitarias ucranianas. Es decir, Rusia ignora el derecho internacional y que los hospitales y equipos médicos gozan de una protección especial en los conflictos armados. Por eso desde la Alianza Atlántica saben que las reglas del juego han cambiado y toca buscar alternativas: muros antidrones.

A diez grados bajo cero, Davos espera la llegada de Donald Trump, quien, con su propia agenda, ya ha hecho saltar por los aires el programa del Foro Económico Mundial (WEF). El enviado del Kremlin, Kirill Dmitriev, confirmó el martes que se reunirá con … representantes del Gobierno estadounidense en Davos para poner fin a la guerra en Ucrania.
Inmediatamente, los negociadores ucranianos se reunieron con asesores de seguridad de Alemania, Francia y Reino Unido, al margen del WEF, en un intento de Rustem Umerov de obtener apoyo de última hora. Zelenski, por su parte, intentaba poner condiciones a su presencia en Davos y hablaba de la creación de un ejército conjunto de Ucrania y Europa con hasta tres millones de soldados. Para ello, alegaba que Rusia planea aumentar sus fuerzas armadas a 2,5 millones de soldados en 2030. Su propuesta era acogida en los pasillos del WEF con el mismo frío que hacía en el exterior.
Al mismo tiempo, dispuesto a sacar el máximo partido a su viaje, Trump anunciaba unilateralmente conversaciones sobre la adquisición de Groenlandia que también tendrán lugar en Davos. Y reiteraba que «no hay vuelta atrás» y que «tenemos que tenerla», en referencia a la isla ártica que forma parte del territorio de Dinamarca. Adelantaba que había mantenido una «muy buena» conversación telefónica con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y provocaba con estas declaraciones un escalofrío en la espalda de muchos de los miembros de las delegaciones europeas. «Todo apunta a que lo peor está todavía por llegar», decía ante el Parlamento danés, en Copenhague la primera ministra Mette Frederiksen, quien se aferra a los principios de soberanía nacional e integridad territorial, para los que cuenta con el apoyo europeo.

Antes de llegar a Davos con la mayor delegación estadounidense en la historia del WEF, Trump ha enviado, a modo de avanzadilla, al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Besset, muestra inequívoca de que está pensando en un acuerdo económico. Todo apunta, además, a que Trump quiere negociar en paralelo una solución para Ucrania y una forma de hacerse con el control de Groenlandia. Así lo sugiere el hecho de que Besset haya solicitado habitaciones contiguas en las que tendrán lugar, a partir de este miércoles, las negociaciones sobre ambos asuntos. Su recomendación a los europeos, helados ante el escenario de negociación, fue aceptar los hechos tal y como serán. «Les digo a todos: relájense, respiren hondo. No penséis en venganzas… El presidente estará aquí mañana y transmitirá su mensaje».
Bessent garantizó que «la OTAN nunca ha estado más segura» y avanzó un enfoque pragmático de muchos de los implicados. El primero en dar muestras de ello fue el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien aludió en su intervención a su propia estrategia para navegar las revueltas aguas internacionales. «Si las grandes potencias abandonan incluso la pretensión de reglas y valores para la búsqueda sin obstáculos de su poder e intereses, las ganancias del transaccionalismo serán más difíciles de replicar. Así que estamos actuando de forma amplia y estratégica con los ojos abiertos», dijo. «Aceptamos activamente el mundo tal como es, no esperamos el mundo que queremos ser… Canadá se opone firmemente a los aranceles y pide conversaciones concretas para lograr nuestros objetivos compartidos de seguridad y prosperidad en el Ártico», afirmó Carney.
Los líderes europeos, por el contrario, seguían instalados en el mundo que Trump está haciendo desparecer minuto a minuto. Macron fue especialmente duro, acusando al presidente de EE.UU. de «ambiciones imperiales» y de arrastrarnos a «un mundo sin ley». Sus comentarios se producían horas después de que Trump desvelara un mensaje privado suyo invitándole a una reunión en París con todos los aliados occidentales y quejándose de que «no entiendo qué estáis haciendo con Groenlandia». El presidente francés, tras unas llamativas gafas de sol que ocultaban un derrame ocular, insistió en que «Francia y Europa deben defender un multilateralismo efectivo porque sirve a nuestros intereses y a los de todos los que se niegan a someterse al gobierno de la fuerza».

Acuerdo de libre comercio con la India

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras reiterar el respaldo a Dinamarca, anunció un inminente acuerdo de libre comercio con la India, que contrarrestará los efectos de los nuevos aranceles con los que amenaza Trump. Además, ofreció «inversión masiva» europea en Groenlandia, como medio para llegar a un acuerdo amistoso, «especialmente en la construcción de buques rompehielos». La responsable de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, insistió por su parte en que la OTAN está bien preparada para gestionar la seguridad de la isla. Pero el comentario de un alto comandante europeo de la OTAN, que calificó en los pasillos el problema de Groenlandia como «un asunto político», hizo el aire todavía más gélido.
La amenaza de Trump, de elevar los aranceles al 25% a los europeos que apoyan a Dinamarca, y la intención de la UE de activar los suyos propios, por valor de 93.000 millones, «convierte a Davos en el epicentro del peor conflicto económico transatlántico que se recuerda», lamentaba en un correo electrónico Fred Kempe, presidente del Atlantic Council.

Este martes en la madrugada (hora local) se dio la noticia extra oficial del fallecimiento del abogado José Gregorio Hernández Polo, de 59 años, el segundo preso político que muere dentro de la cárcel, estando bajo custodia del régimen chavista en las últimas … dos semanas de transición.
El abogado se encontraba detenido en la estación policial, conocida como la Zona 7 de Boleíta por ser crítico del régimen por las protestas post electorales del 28 de julio del 2024.
Los familiares de presos políticos fueron los que denunciaron el fallecimiento de Hernández Polo, como otra muerte más en manos del régimen que dirige la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras la captura y extracción de Nicolás Maduro.
La noticia del caso del abogado Hernández Polo aún no ha sido confirmada oficialmente y la información habría llegado a través de la propia familia del abogado, a quienes les pidieron que se acercaran a retirar el cuerpo. El presunto fallecido y sus familiares son oriundos de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia.

La noticia del fallecimiento de Hernández Polo fue comunicada por Yessy Orozco, hija del diputado Fernando Orozco, quien se encuentra detenido por razones políticas, al igual que su esposa y su hijo.
«Manejamos información extraoficial de que lamentablemente hay un nuevo suceso, una persona ha muerto aquí. Queremos hacer una denuncia formal y hacer responsables a todos los directores», dijo Yessy Orozco en un video que se difundió en redes sociales.
Cerca de la 1 de la mañana en Venezuela, el periodista Seir Contreras se acercó a la Zona 7 para hablar con los familiares de presos políticos que se encontraban haciendo la denuncia.
«Se está dando una situación irregular, hay movimiento de algunas unidades. Es similar a la situación que presenciamos con la muerte de Edison Torres, el policía de Portuguesa que lamentablemente falleció», dijo Orozco en diálogo con Contreras.

Una semana antes, el 11 de enero, el Fiscal General Tarek William Saab, confirmó que el policía Edison José Torres Fernández, de 52 años, detenido por razones políticas en diciembre pasado en la Zona 7 de Boleíta, falleció en prisión tras sufrir «un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco».
Edison Torres es el segundo preso político que muere bajo custodia de régimen en lo que va de año y en menos de dos semanas. Fue un policía venezolano con más de 20 años de servicio en la brigada hospitalaria de Guanare. Su carrera se desarrolló en áreas de seguridad ciudadana y apoyo hospitalario en su región.
El policía llevaba menos de un mes encarcelado en la estación policial de la Zona 7 de Boleíta. Había sido detenido por criticar al gobierno venezolano, la crisis nacional y los bajos salarios de los funcionarios policiales en un grupo de Whatsapp. Lo acusaron de «traición a la patria» y «asociación para delinquir» y falleció el 10 de enero del 2026 tres días después que las nuevas autoridades chavistas anunciaran la excarcelación de los presos políticos.
Tanto el abogado José Gregorio Hernández como el policía Edison Torres compartieron celda en el mismo centro de reclusión policial de la Zona 7, situada al norte de Caracas. Los dos murieron con una semana de diferencia y sus casos se elevan a 27 presos políticos muertos bajo custodia del Estado desde 2015.

La estación policial de la Zona 7 tiene una capacidad de hasta 250 personas. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha denunciado que la prisión preventiva en Venezuela no debe pasar de 48 horas pero muchos pasan hasta cinco años internados.
Para 2019, Zona 7 tenía una población carcelaria hasta superior de los mil reclusos y era el centro de detención que mayor hacinamiento había registrado en la capital venezolana. El hacinamiento y la falta de atención médica han causado el contagio de enfermedades como la sarna entre los presos. Por ello el OVP ha pedido el cierre de este centro de reclusión el año pasado pero no ha sido tomado en cuenta.
Entre los fallecidos por razones políticas destacan el ex ministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel, Fernando Albán Salazar, Rafael Acosta Arévalo, Rafael Arreaza, Nelson Martínez y Pedro Santana.
El año pasado la OVP responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro por la muerte de 25 presos políticos desde 2015, tras el fallecimiento del exgobernador Alfredo Díaz dentro de El Helicoide, uno de los lugares que ha sido denunciado como centros de tortura de la dictadura. La cifra aumenta a 27 con la muerte de Edison Torres y José Gregorio Hernández.