En un día cualquiera en Florence, una localidad cercana a Phoenix, el personal de la oficina electoral está realizando un simulacro de mesa, un eufemismo para referirse a los preparativos ante el infierno electoral. El ejercicio consiste en imaginar todo tipo de calamidades —incendios, cortes … de electricidad, amenazas de bomba— y preparar planes alternativos. Los responsables siempre han contemplado escenarios apocalípticos, pero el simulacro de este año es más exhaustivo y abarca una gama más amplia de amenazas. ¿Qué deberían hacer, por ejemplo, si agentes federales se presentan en los colegios electorales? El personal repasa los protocolos. Los observadores del Departamento de Justicia pueden permanecer allí si presentan una acreditación oficial. De hecho, el gobierno ha anunciado que desplegará a 1000 personas por todo el país. Cualquier otro agente deberá marcharse, salvo que esté allí para votar. La ley de Arizona establece un perímetro de exclusión de 75 pies (unos 25 metros) alrededor de los centros de votación. «Si se niegan a marcharse, es entonces cuando el escenario hipotético se convierte en una situación real», afirma un trabajador electoral de la oficina del secretario del condado de Pinal, al que pertenece Florence. En otras palabras: llamar al sheriff.
Pinal es un condado de mayoría republicana. Una parte del condado se encuentra en el sexto distrito congresional de Arizona, uno de los numerosos distritos donde las elecciones a la Cámara de Representantes estarán muy disputadas en los comicios de mitad de mandato del 3 de noviembre. Nuestro pronóstico apunta a que los demócratas recuperarán el control de la Cámara y posiblemente también el del Senado. La preocupación de fondo es que Donald Trump intente subvertir los resultados legítimos de las elecciones.
Su intento de revertir la derrota de 2020 puso de manifiesto los numerosos puntos vulnerables del sistema electoral descentralizado de Estados Unidos y hasta dónde podría llegar para presionar a quienes lo administran. Hasta ahora, sus numerosos intentos de intervenir este año han tenido escaso efecto, ya que el Congreso y el Tribunal Supremo han frenado sus esfuerzos por modificar las normas electorales. Las elecciones las organizan los estados, no el gobierno federal, y las normas se mantienen en su mayor parte sin cambios respecto a ciclos electorales anteriores. Sin embargo, el poder ejecutivo ha pasado de contribuir a garantizar la integridad electoral a socavarla, y en noviembre el sistema volverá a ponerse a prueba.
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Algunos cambios no consisten en una interferencia directa, sino en retirar apoyos. El año pasado, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA) dejó de sufragar los costes de las administraciones locales por participar en un servicio de intercambio de información sobre ciberamenazas. La participación en el programa ha caído aproximadamente dos terceras partes. Según Geoff Hale, antiguo miembro de la CISA, esto aumenta las probabilidades de que los ciberataques se propaguen. «Si una jurisdicción sufre un ataque y sus sistemas quedan comprometidos, o consigue repelerlo pero no comparte información sobre él, las demás jurisdicciones electorales siguen siendo igual de vulnerables». Asimismo, según se informa, el FBI no tiene previsto activar su centro de mando electoral, que en años anteriores supervisaba las amenazas y coordinaba la respuesta con los responsables locales.
Sin embargo, los responsables electorales ven cada vez más al gobierno federal como una amenaza, afirma Jonathan Miller, de Public Rights Project (PRP), una organización que litiga en nombre de los gobiernos locales. A principios de este año, el Departamento de Justicia anunció que procesaría a los funcionarios que permitieran votar a personas que no sean ciudadanas estadounidenses. Este tipo de fraude electoral es extremadamente raro, pero el temor a que voten personas sin ciudadanía alimenta el mito del fraude electoral generalizado. Esa es la razón por la que los activistas del movimiento MAGA quieren que se aplique la legislación migratoria en los colegios electorales.
Su presencia sería ilegal: la legislación federal prohíbe que las autoridades envíen agentes armados a los centros de votación. En nombre de la ciudad de Denver, PRP ha demandado al Departamento de Seguridad Nacional para intentar impedir que algo así ocurra el día de las elecciones. La administración Trump afirma que no tiene intención de patrullar los centros de votación, pero que podría adoptar medidas específicas, como ejecutar órdenes de detención contra personas sospechosas de encontrarse ilegalmente en el país. Los demócratas temen que incluso la mera presencia de agentes cerca de los colegios electorales disuada de votar a las minorías, que tienden a apoyar a su partido. En una encuesta realizada por la Universidad de California en San Diego, una tercera parte de los hispanos afirmó que prevé ser interrogado en los colegios electorales pese a tener la ciudadanía estadounidense. Casi la mitad espera sufrir algún tipo de intimidación.
A vueltas con la cadena de custodia
La principal pesadilla de los expertos electorales es que Trump intente incautar equipos de votación o papeletas. Eso rompería la llamada «cadena de custodia», es decir, los controles que determinan quién puede manipular las papeletas y adónde se trasladan, para garantizar que todas sean contabilizadas. Si se pierde la cadena de custodia, resulta más difícil determinar si las papeletas han sido manipuladas. «Me sentiría muy incómodo al certificar esas papeletas», afirma Stephen Richer, antiguo secretario del condado de Maricopa, en Arizona. «Entonces empiezas a adentrarte en un terreno peligroso: ¿habría que convocar nuevas elecciones?».
Dos incidentes relacionados con elecciones anteriores han alertado a los demócratas sobre el riesgo de injerencia. En enero, el FBI registró una oficina electoral en el condado de Fulton, Georgia, y se llevó material de las elecciones de 2020. Después, en marzo, Chad Bianco, sheriff republicano del condado de Riverside, en California, confiscó papeletas emitidas en un referéndum estatal el año pasado. Tanto el FBI como Bianco alegaron la desinformación para justificar sus solicitudes de órdenes de registro.
¿Podría repetirse una maniobra similar en las elecciones de mitad de mandato de noviembre? Los incidentes anteriores se produjeron mucho después de que concluyeran las elecciones, no mientras se estaban celebrando. Ed Martin, un activista del movimiento MAGA, afirma que el presidente se reunió este mes con Tina Peters, una antigua secretaria del condado que fue encarcelada por permitir que un compañero negacionista electoral accediera sin autorización a las máquinas de votación en 2021. Su condena fue conmutada posteriormente por el gobernador demócrata de Colorado. Martin, que habló de la reunión de Peters con un entrevistador, ofreció esta críptica valoración sobre las elecciones de mitad de mandato: «el presidente tendrá que hacer lo que tenga que hacer».
Dos incidentes relacionados con elecciones anteriores han alertado a los demócratas sobre el riesgo de injerencia. En enero, el FBI registró una oficina electoral en el condado de Fulton, Georgia, y se llevó material de las elecciones de 2020. Después, en marzo, Chad Bianco, sheriff republicano del condado de Riverside, en California, confiscó papeletas emitidas en un referéndum estatal el año pasado
Las autoridades estatales y locales están en máxima alerta. Colorado exige ahora a los secretarios de los condados que documenten todas las actuaciones, para disponer de registros claros en caso de que un juez ordene retirar material que esté bajo su custodia. Una responsable electoral de un condado de Arizona afirma que se ha asegurado de que su proveedor de máquinas de votación disponga de equipos adicionales, por si los agentes federales incautan los existentes. Gabriella Cázares-Kelly, registradora del condado de Pima, en la frontera entre Arizona y México, afirma que los abogados de su jurisdicción tienen preparadas órdenes judiciales de protección por si se presentan agentes de inmigración. «Introducirían los datos, imprimirían el documento y se lo llevarían físicamente a un juez que estaría esperando».
Estos escenarios siguen siendo muy poco probables. Sin embargo, los responsables electorales también deben lidiar con activistas que niegan la legitimidad de los resultados electorales y que presentan habitualmente solicitudes de acceso a documentos públicos difíciles de gestionar e impugnaciones a las inscripciones de votantes. En estados disputados como Georgia, algunos también han conseguido puestos en juntas electorales locales, y varios aspiran a ocupar cargos estatales en noviembre. Mientras los responsables se preparan para todo tipo de eventualidades, no deben descuidar la nada desdeñable tarea de garantizar el buen funcionamiento básico de las elecciones, que ya puede ser bastante complicado, afirma Eslir Musta, del condado de Coconino, en Arizona. En su caso, eso implica preparar una caravana de mulas para atender a los votantes que viven en el fondo del Gran Cañón.
Solo la mitad de los estadounidenses afirma en las encuestas que espera que las elecciones de mitad de mandato sean libres y justas. Cuanto más estrecho sea el margen en cualquiera de las dos cámaras, más oportunidades habrá para explotar la incertidumbre en noviembre. Las demandas judiciales y la repetición de los recuentos ya son habituales en las elecciones reñidas. El control del Senado podría depender este año de uno o dos estados, entre ellos algunos conocidos por su lentitud a la hora de contar los votos, como Alaska. Un recuento largo o impugnado exige paciencia y contención por parte de los candidatos. No son cualidades que se suelan atribuir al señor Trump.
