Un terremoto de magnitud 6.1 se ha sentido este martes en el sur y centro de Perú, con epicentro en la sureña región Ica, pero sin reporte de heridos ni daños materiales hasta el momento, según ha informado el Centro Sismológico Nacional.El seísmo se ha producido a las 12.57 horas locales (19.57 hora peninsular española) con epicentro a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, capital de la región del mismo nombre, a una profundidad de 81 kilómetros.De acuerdo con el comunicado oficial, el sismo ha tenido una intensidad VI en Ica, una de las regiones con mayor actividad sísmica en el territorio peruano y que sufrió el último terremoto devastador de magnitud 7.9 en 2007 con más de 500 víctimas.Diferentes medios han informado de que la población de Ica ha salido rápidamente a la calle y los padres se han dirigido a las escuelas a recoger a sus hijos en previsión de que ocurran réplicas.El presidente del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, ha declarado a Canal N que la población en Ica ha tenido que salir «muy alterada a zonas abiertas» por la fuerza del movimiento telúrico.Sin embargo, Tavera ha indicado que no se han notificado daños estructurales y tampoco se espera un tsunami en la costa de Ica. «Se ha percibido bastante intenso», ha asegurado el experto.En el caso de Lima, la ciudad capital de Perú, que está a 350 kilómetros al norte de Ica, el movimiento telúrico se ha sentido de manera ondulatoria por algunos minutos, ha señalado Tavera.Perú está localizado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce más del 80% de la actividad sísmica mundial y regularmente hay eventos preventivos para ensayar las acciones de evacuación de la población.

Donald Trump ha elevado la presión sobre Irán con un ultimátum de apenas «dos o tres días» para volver a negociar. El presidente dijo que estuvo «a una hora» de ordenar un ataque contra el régimen y advirtió de que, si Teherán no … cede, Estados Unidos podría lanzar «otro gran golpe».
Trump defendió que la presión militar es necesaria porque, según dijo, Irán no puede tener un arma nuclear capaz de alcanzar ciudades como Los Ángeles. También aseguró que los iraníes «están suplicando un acuerdo», aunque añadió que Washington sabrá «muy pronto» si habrá una salida diplomática o una nueva acción militar.

Trump hizo esas declaraciones durante una visita a las obras del nuevo salón de baile que está construyendo en la Casa Blanca, donde presumió ante los periodistas de que el edificio estará preparado contra drones y misiles. «Entre la protección contra drones, la protección contra misiles y la capacidad contra drones, podemos tener todo tipo de medios militares», dijo.

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Pablo M. Díez

Añadió que el recinto tendrá «gran capacidad para francotiradores», aunque matizó: «Odio usar la palabra francotiradores, pero son nuestros francotiradores, no los del enemigo». Según Trump, la altura del nuevo salón permitirá «una vista muy clara de todo Washington».
El salón de baile de Trump en la Casa Blanca mezcla una obra colosal, dinero privado, patrimonio histórico y un dispositivo de seguridad militarizada. La ampliación, presentada como un espacio para recepciones y cenas, ha acabado rodeada de críticas por la demolición de parte del complejo presidencial (el ala este), las dudas sobre quién financia realmente el proyecto y qué acceso pueden obtener sus donantes.

La Casa Blanca y su salón blindado

El salón se ideó como una obra de unos 200 millones de dólares y ya se ha disparado hasta los 400 millones, con un tamaño prácticamente duplicado respecto al plan inicial y una financiación presentada por la Casa Blanca como procedente de donantes privados. Pero la factura no acaba ahí, puesto que los republicanos en el Congreso impulsan ahora un paquete de 1.000 millones de dólares para el Servicio Secreto destinado a blindar la nueva construcción del Ala Este, con medidas de seguridad contra drones, misiles y amenazas armadas, una partida que ha desatado la oposición demócrata porque trasladaría al contribuyente el coste de fortificarlo.
Entre el ruido de la obra, las grúas y los obreros que levantan el nuevo salón de baile de la Casa Blanca, Trump insistió en que la guerra de Irán está cerca de terminar. Aseguró que incluso ha obtenido garantías de China de que no armará al régimen iraní, en su reciente visita a Xi Jinping en Pekín.
«El presidente Xi me ha prometido que no va a enviar armas a Irán. Es una promesa preciosa», dijo. Según Trump, el líder chino quiere que la guerra acabe y que se reabra el estrecho de Ormuz, convertido en uno de los grandes puntos de presión económica y militar de la crisis.

Diálogo con Cuba

Sobre Cuba, Trump dejó entrever una posible negociación rápida con La Habana. «¿Con Cuba? Sí, creo que sí», dijo, al ser preguntado si va a alcanzar un acuerdo. Aseguró que tiene una inclinación favorable hacia los cubanoamericanos, a los que definió como «personas increíbles», y añadió: «Quiero ayudarles». Después lanzó una frase breve pero significativa: «Vamos a resolverlo. Eso no va a ser difícil para nosotros».
La declaración encaja con el tono de las últimas semana de máxima presión sobre el régimen cubano, sanciones al aparato político, militar y de inteligencia, pero también la idea de que la Casa Blanca cree tener capacidad para forzar una salida sin usar la violencia. Trump no habló de detalles ni de plazos, pero presentó Cuba como un problema solucionable y vinculó cualquier movimiento a los cubano-americanos, su base política natural en Florida.
Tras hablar con la prensa media hora y mostrarle el salón, Trump ofreció a los reporteros bocadillos y bebidas, toda una novedad en la Casa Blanca.

Bolivia atraviesa la crisis política más delicada desde la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia hace apenas algo más de seis meses. El Gobierno reforzó este martes la presencia policial y militar en La Paz y El Alto, activó procesos judiciales contra … dirigentes sindicales y endureció su discurso contra sectores afines a Evo Morales, a los que acusa de impulsar una ofensiva coordinada para forzar la caída del poder.
La tensión aumentó después de la violenta jornada del pasado lunes en la capital política boliviana, cuando miles de manifestantes, entre ellos mineros cooperativistas, campesinos, fabriles y sectores vinculados al expresidente Evo Morales, se enfrentaron durante horas con la Policía en el centro de La Paz.

Los disturbios dejaron una ciudad paralizada, con daños en infraestructura pública, ataques a comercios, agresiones contra periodistas y al menos once policías heridos, dos de ellos de gravedad. También se registraron saqueos a negocios, ataques a oficinas judiciales y destrozos en estaciones del sistema de transporte Mi Teleférico, uno de los principales símbolos urbanos de la capital boliviana.

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Ronald Catari

El Gobierno respondió desplegando más de 2.500 policías en La Paz y El Alto, reforzando operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas y lanzando una denuncia judicial contra líderes de las movilizaciones, entre ellos el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, actualmente buscado por la Policía.
La Fiscalía emitió órdenes de aprehensión contra Argollo y otros dirigentes por presuntos delitos de instigación pública, terrorismo, financiamiento al terrorismo, asociación delictuosa y atentados contra servicios públicos. «Estamos en busca del señor Argollo y otros más para que respondan ante la Justicia», declaró este martes el comandante nacional de la Policía, Mirko Sokol.

Presión social

El conflicto comenzó en abril con marchas campesinas contra la Ley 1720 de Reconversión de Tierras, impulsada por el Gobierno de Rodrigo Paz y rechazada por organizaciones rurales que la consideraban perjudicial para comunidades campesinas e indígenas. Ante la presión social, el Ejecutivo terminó eliminando la norma. Sin embargo, las movilizaciones continuaron y comenzaron a adquirir un carácter abiertamente político.
El 1 de mayo, la Central Obrera Boliviana declaró una huelga general indefinida y endureció sus demandas. Poco después, dirigentes sindicales y sectores afines a Evo Morales empezaron a exigir directamente la renuncia presidencial.

Un manifestante es herido en un enfrentamiento con la policía durante una protesta este lunes, en La Paz.

(EFE)

Morales, enfrentado con Rodrigo Paz desde la campaña electoral y debilitado además por investigaciones judiciales en su contra, respaldó públicamente las protestas y sostuvo que la principal demanda debía seguir siendo la salida del mandatario. Desde entonces, el Gobierno acusa al expresidente de utilizar el malestar económico y social para promover una ruptura institucional.
«No hay la más mínima duda de una intencionalidad política», afirmó el vocero presidencial, José Luis Gálvez.

Bloqueos de carretera

La tensión escaló rápidamente durante las últimas semanas. Bloqueos de carreteras comenzaron a cercar progresivamente La Paz, mientras crecían los problemas de abastecimiento de alimentos y combustible en varias regiones del país.
Este martes Bolivia amaneció con al menos 32 puntos de bloqueo distribuidos en seis departamentos, según reportes oficiales. La Paz continúa siendo el departamento más afectado, aunque las protestas también se expandieron hacia Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz.
El impacto económico y social empieza a agravarse. En La Paz crecen las dificultades de abastecimiento de alimentos y combustible, mientras continúan las largas filas en gasolineras y persisten problemas de transporte y distribución de mercancías debido a los bloqueos instalados en distintos puntos del país.

Escenario complicado

La situación es delicada para el presidente Rodrigo Paz porque apenas cumple seis meses en el poder. El mandatario llegó al Gobierno tras romper casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), en un contexto de fuerte desgaste económico e institucional acumulado durante los últimos años.
Paz heredó una economía marcada por la caída de reservas internacionales, escasez de dólares, déficit fiscal y problemas crecientes de abastecimiento energético. Aunque prometió estabilizar las cuentas públicas y recuperar confianza económica, el deterioro social se aceleró rápidamente durante sus primeros meses de gestión.
Las largas filas para conseguir combustible, la inflación y el aumento del costo de vida alimentaron un creciente malestar social que terminó convirtiéndose en el principal frente de desgaste para el nuevo Gobierno.
La violencia del lunes fue la más intensa. Cinco movilizaciones simultáneas, integradas por mineros, campesinos, fabriles y sectores evistas, convergieron sobre el centro político de La Paz.

Enfrentamientos contra la autoridad

Los enfrentamientos comenzaron cuando grupos de manifestantes intentaron romper el cerco policial alrededor de Plaza Murillo, sede del Ejecutivo y del Parlamento. Los movilizados utilizaron piedras, petardos y cartuchos de dinamita, mientras la Policía respondió con gases lacrimógenos y unidades antidisturbios.
La violencia terminó extendiéndose hacia otros sectores de la ciudad. Manifestantes dañaron estaciones del teleférico, atacaron oficinas judiciales, destruyeron vehículos y protagonizaron saqueos en comercios.
Un policía fue brutalmente golpeado cerca de una estación del teleférico y permanece hospitalizado con riesgo de perder un ojo. También se registraron agresiones contra periodistas y transeúntes.
El canciller Fernando Aramayo acusó este martes a sectores movilizados de buscar deliberadamente una escalada fatal para responsabilizar posteriormente al Gobierno. «Ellos querían que se genere el famoso muerto para endilgarlo a la Policía, militares y al Gobierno», declaró a medios locales.

«De la reinvindicación al crimen»

El discurso oficial se endureció todavía más durante las últimas horas. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que las protestas dejaron de ser reivindicaciones legítimas y derivaron en actos criminales organizados.
El Ejecutivo sostiene además que existen indicios de financiamiento irregular detrás de las movilizaciones como el narcotráfico. La Policía informó sobre operativos en alojamientos donde se encontraron explosivos, dinero en efectivo y material utilizado en enfrentamientos.
El Chapare, principal bastión político y sindical de Evo Morales y región vinculada al narcotráfico y a cultivos de coca excedentarios, vuelve así a aparecer en el centro de la crisis boliviana.
Pese al endurecimiento del discurso oficial, Rodrigo Paz intenta evitar por ahora una medida extrema como el estado de excepción. El portavoz presidencial José Luis Gálvez admitió que Bolivia enfrenta un escenario de «Estado débil», pero argumentó que suspender derechos constitucionales podría alimentar una mayor radicalización de las protestas. «Responder a la violencia con violencia probablemente agravaría el escenario», sostuvo.

Preocupación internacional

Al mismo tiempo, comenzaron a surgir cuestionamientos sobre posibles excesos policiales. De las 122 personas detenidas tras los disturbios del lunes, 94 fueron posteriormente liberadas, mientras abogados defensores denunciaron arrestos indiscriminados y detenciones de personas ajenas a los enfrentamientos.
En medio de los conflictos, la iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos intentan impulsar una mesa de diálogo para frenar la escalada. «Paren con estas medidas violentas porque la gente está sufriendo», pidió el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, Giovanni Arana.
La preocupación ya trascendió las fronteras bolivianas. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) analizará este miércoles la situación política del país, mientras un grupo de expresidentes latinoamericanos y españoles alertó sobre los riesgos para la estabilidad democrática boliviana.
Entre los firmantes aparecen los expresidentes españoles José María Aznar y Mariano Rajoy, además de líderes latinoamericanos como Mauricio Macri y Vicente Fox. Los exmandatarios piden vigilancia internacional frente a lo que consideran un intento de «manipulación política de la protesta social» contra «un gobierno legítimo surgido del voto popular».
Mientras tanto, La Paz, sede de gobierno, continúa atrapada entre bloqueos, tensión política y el temor creciente de que la crisis entre en una nueva fase de confrontación. Se han anunciado más movilizaciones para los próximos días.