El proyecto de ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 15 años ha sido aprobado por el Senado por 243 votos a favor y 2 en contra. Se espera que también sea aprobado en la Asamblea Nacional (cámara baja) durante … la tarde de este martes, después de que los legisladores se pusieran de acuerdo el lunes sobre qué mecanismo usar para aplicar esta prohibición.
El presidente francés, Emmanuel Macron, quiere convertir la protección de los menores en las redes sociales y la regulación del tiempo ante las pantallas en uno de los hitos de su segundo mandato, que termina en mayo de 2027. Francia se ha convertido en el primer país de la Unión Europea en tomar esta medida.

La prohibición se implementará en dos etapas: a partir del 1 de septiembre, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas; y para las cuentas existentes, la prohibición se aplicará a partir de enero de 2027.

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«Todos los franceses tendremos que demostrar nuestra edad durante cuatro meses. Si somos menores de 15 años, la cuenta se cerrará», ha explicado la ministra de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff.

Responsabilidad de las plataformas

Antes de la votación final, la Ministra ha afirmado que el plazo es realista, «porque ya existen herramientas de verificación de edad» y otras están en desarrollo. En este sentido, advierte que la responsabilidad de hacer cumplir la norma recae en las plataformas.
Por otro lado, el texto aprobado incluye prohibir los teléfonos móviles en los liceos (bachillerato francés), como ya ocurre en las escuelas y en los centros de primer ciclo de secundaria.

Un país más en adoptar medidas

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Esta medida sigue el ejemplo de otros países como Australia, que se convirtió en el primer estado del mundo en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. De la misma manera, Reino Unido aprobó una medida similar, que entrará en vigor a inicios de 2027.
La semana pasada, la Comisión Europea anunció que contempla establecer un acceso «progresivo y gradual» de niños y adolescentes a las plataformas digitales, lo que supone una realidad cada vez más establecida la necesidad de limitar las redes sociales a los más pequeños.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado formalmente a un tribunal federal de Florida que reconozca la inmunidad de la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y archive una demanda presentada y fallada contra ella al considerar que, como jefa de Estado en … ejercicio, no puede ser sometida a la jurisdicción de los tribunales estadounidenses. La líder del régimen venezolano había sido investigada por la vía penal en Florida por graves delitos, pero esos casos instruidos por la fiscalía y con implicación del FBI y la DEA han quedado paralizados en este mandato presidencial.
La decisión de darle inmunidad a Delcy, formalizada en un escrito de siete páginas presentado el lunes ante el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Florida, supone una confirmación oficial, con todos los efectos, de que Washington reconoce a Rodríguez como presidenta de Venezuela, un extremo del que depende precisamente la concesión de esa inmunidad. Será inmune en causas civiles y penales mientras sea reconocida presidenta.

«El Departamento de Estado reconoce y concede la inmunidad de la presidenta Rodríguez como jefa de Estado en ejercicio de un país extranjero frente a la jurisdicción de este tribunal», afirma el escrito del Departamento de Justicia, que cita una comunicación previa enviada por el Departamento de Estado.

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David Alandete

El documento está firmado por Natalie M. Villalon, abogada de la División Civil del Departamento de Justicia, bajo la autoridad del fiscal general adjunto Brett Shumate. Se trata de una «sugerencia de inmunidad», el mecanismo mediante el cual el poder ejecutivo informa formalmente al juez de que Rodríguez goza de protección como jefa de Estado y pide que el tribunal deje de ejercer jurisdicción sobre ella mientras continúe en el cargo.
La intervención de la Administración Trump se produce en el caso Kenemore v. Maduro, una demanda civil presentada en Florida contra Nicolás Maduro y otros dirigentes venezolanos. El Departamento de Justicia no entra a valorar el fondo de las acusaciones formuladas por los demandantes. Su intervención se limita exclusivamente a sostener que Delcy no puede seguir siendo parte del procedimiento mientras ocupe la jefatura del Estado venezolano.
El caso concluyó el pasado mayo con una sentencia de un juez federal de Miami que condenó al régimen venezolano a pagar 314 millones de dólares a tres ciudadanos estadounidenses que fueron secuestrados, encarcelados y sometidos a torturas físicas y psicológicas en Venezuela entre 2022 y 2023. La demanda responsabilizaba, entre otros altos cargos del régimen, a Maduro y a Delcy por esos hechos.

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El Ejecutivo sostiene que la decisión de dar inmunidad corresponde exclusivamente al presidente de Estados Unidos y al Departamento de Estado. Según el escrito, corresponde al Poder Ejecutivo determinar qué personas disfrutan de inmunidad como jefes de Estado y los tribunales deben aceptar esa determinación sin revisarla.

El Departamento de Estado pide al Departamento de Justicia que blinde a Delcy ante los tribunales de EE.UU. y logre “el rápido archivo” de un caso en que ha sido condenada por lo civil por sus “importantes implicaciones de política exterior”. Un salvoconducto político y judicial… pic.twitter.com/GWwbFkp64c— David Alandete (@alandete) July 21, 2026
La consecuencia práctica es que el Departamento de Justicia solicita al juez que archive todas las reclamaciones contra Rodríguez «sin perjuicio», es decir, sin impedir que puedan reactivarse cuando deje de ocupar la Presidencia de Venezuela. Es una forma de marcar los pasos de la líder del régimen chavista.
La inmunidad de los jefes de Estado no constituye una excepción creada para este caso. El propio escrito recuerda que la doctrina ha sido aplicada anteriormente a dirigentes como Paul Kagame, Ariel Sharon, Mahinda Rajapaksa o la reina Rania de Jordania. El Departamento de Justicia insiste en que ningún tribunal estadounidense ha mantenido una demanda contra un jefe de Estado en ejercicio después de que el Ejecutivo reconociera su inmunidad.
No obstante, el caso venezolano presenta un componente político singular. La inmunidad no implica absolución ni elimina cualquier responsabilidad futura. Tampoco extingue otras investigaciones que puedan existir. Simplemente impide que un tribunal estadounidense ejerza jurisdicción sobre la persona mientras ostente la condición de jefa de Estado.
La decisión no necesariamente alcanzaría, sin embargo, a investigaciones penales futuras ni supone una amnistía. La inmunidad personal protege frente al ejercicio de la jurisdicción durante el mandato, pero no elimina la posibilidad de actuaciones una vez abandonado el cargo, especialmente respecto de actos privados o cuando la inmunidad deje de existir.

Diferencias con Maduro

El contraste con el caso de Nicolás Maduro resulta especialmente llamativo. Maduro continúa siendo procesado en otros procedimientos en EE.UU. pese a haber ejercido durante años como máxima autoridad del régimen venezolano. En aquellos casos, Washington no lo reconocía como jefe legítimo del Estado venezolano, por lo que no se planteó la misma protección jurídica basada en la inmunidad soberana.
En el caso de Delcy ocurre justamente lo contrario: el reconocimiento oficial por parte del Departamento de Estado constituye el fundamento indispensable para que el Departamento de Justicia solicite al tribunal el archivo de la demanda.
Más allá de sus efectos procesales inmediatos, el escrito también ofrece una lectura política. Al reconocer expresamente a Rodríguez como interlocutora y jefa del Estado venezolano, la Administración Trump concentra en ella la responsabilidad institucional ante Washington. Ese reconocimiento puede facilitar futuras negociaciones bilaterales, pero también sitúa sobre Rodríguez el peso de cualquier incumplimiento de los compromisos que Venezuela pueda asumir con EE.UU.

Dos bomberos-zapadores han fallecido este martes mientras luchaban contra un incendio declarado en las inmediaciones del aeropuerto Burdeos-Mérignac (el noveno en volumen de pasajeros en 2024 en Francia), anunció el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez.En una intervención en la Asamblea Nacional francesa, Nuñez detalló que el fallecimiento se produjo mientras los dos bomberos combatían las llamas en un edificio y recordó que es el tercer deceso en este colectivo durante la época estival, después del sucedido hace dos semanas en otro fuego en una localidad de Los Alpes.Según la prensa local, el incendio fue declarado en una zona vegetal adyacente al aeropuerto, que a las 14.50 horas había devorado una hectárea de pradera. Varios vídeos tomados desde dentro del aeropuerto mostraban la cercanía de las llamas.Météo-France ha puesto a cerca de un tercio de los 96 departamentos de la Francia metropolitana en riesgo por incendios forestales por las altas temperaturas. El Gobierno francés cifró en algo menos de 40.000 hectáreas la superficie calcinada desde principios de año, una cifra muy superior a la de 2025 en el mismo periodo.Hasta el momento, han sido arrestadas 111 personas sospechosas de estar implicadas en los incendios forestales. Después de tres olas de calor, entre las que la de finales de junio fue inédita por su intensidad, Francia registró violentos fuegos en Perpiñán y en los departamentos de Drome e Indre.A mediados de este mes, ardió el 10% del bosque de Fontainebleau, al sureste de París y considerado una de las joyas naturales de Francia por haber sido histórico coto de caza de la monarquía francesa y albergar robles, hayas y coníferas, además de una abundante fauna.