El acuerdo europeo para el 21º paquete de sanciones a Rusia se retrasa y de momento ha sido necesario suspender hasta el jueves 23 el ajuste automático del tope de precios del petróleo, entre otros temas. Pero el bloqueo no se debe esta vez solamente … a vetos de gobiernos prorrusos, como lo fueron los plantes del húngaro Viktor Orbán, ni las posiciones de los amigos de Putin Robert fico, de la República Checa, y Rumen Radev, de Bulgaria, sino de un país tan a favor de Ucrania como Austria.
La motivación del Gobierno austriaco no tiene que ver con la posición geopolítica ni con la cercanía a Rusia, sino con intereses económicos y financieros muy concretos. Viena está exigiendo, a cambio de su voto, exenciones para compensar al banco austriaco Raiffeisen Bank International (RBI) por sus pérdidas en Rusia. Alega además los daños que las subidas de precio de la energía están causando en la economía del país.

Esto sucede en un momento en el que Austria se ha convertido en objetivo de masivos ataques cibernéticos tras los cuales se esconde el servicio secreto ruso FSB. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Viena citó al embajador ruso este martes por la tarde y acusó directamente al grupo de ciberespionaje Turla, uno de los grupos de hackers más conocidos del FSB, y a la unidad «Center 16».

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Rosalía Sánchez

A principios de 2025, un tribunal ruso ordenó a la filial rusa de RBI pagar unos 2.000 millones de euros (2.293 millones de dólares) en daños y perjuicios a la empresa de inversión Rasperia Trading, que hasta marzo de 2024 estuvo bajo el control del oligarca ruso Oleg Deripaska, sancionado por la UE poco después del inicio de la invasión rusa en Ucrania.
Tanto Rasperia como Raiffeisenbank Niederösterreich/Wien tienen acciones en el grupo constructor austriaco Strabag. Cuando Rasperia también fue incluida en la lista de sanciones de la UE, Raiffeisenbank congeló sus acciones de la empresa de inversión, que dejó de recibir dividendos. Una demanda contra las sanciones presentada en Austria fracasó, pero un tribunal ruso concedió a Rasperia una indemnización por el importe del valor de la acción que reclamó contra la filial rusa del RBI.

El mayor desafío a la unidad de la UE

Por este motivo, Austria exige que se levanten las sanciones contra Rasperia, para que las acciones congeladas de Strabag puedan ser embargadas y transferidas al RBI, para compensar los daños. Sin embargo, la mayoría de los Estados miembros se muestran reacios.

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Las exenciones que exige Austria se suman así a las negativas de Grecia, Malta y Bulgaria, que se oponen a las restricciones al gas natural licuado y al transporte marítimo de petróleo, componiendo en conjunto el mayor desafío a la unidad del bloque europeo desde el inicio de la guerra.
La propuesta de la Comisión Europea, tras meses de trabajo, pretende asestar un doble golpe a los ingresos energéticos de Moscú en un momento en el que la economía rusa atraviesa una situación de especial dificultad, según varios servicios de inteligencia europeos.
Del mismo modo, se busca forzar un alto el fuego y el inicio de negociaciones con Ucrania. Además de sustituir el actual precio máximo del crudo ruso por una prohibición de facto de los servicios necesarios para transportar el petróleo, la UE pretende iniciar una eliminación progresiva de las importaciones de gas natural licuado (GNL). Grecia y Malta, con potentes flotas mercantiles, se oponen por el coste para sus navieras. Bulgaria, dependiente del suministro ruso, rechaza de plano el fin del GNL.
En definitiva, el vigésimo primer paquete de medidas contra la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania está estancado porque numerosos Estados miembros quieren seguir haciendo negocios con Rusia el mayor tiempo posible.

Naciones Unidas ha alertado este jueves de la posible muerte de más de 500 personas, en su mayoría miembros de la minoría birmana rohingya, tras el hundimiento de dos embarcaciones frente a las costas de Birmania durante los últimos días, después de salir … de las costas del estado de Rajine (oeste) a finales de junio.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) se han mostrado «muy preocupadas» por «las informaciones sobre el posible hundimiento durante los últimos días de dos embarcaciones con más de 500 personas frente a las costas de Birmania».

«Según la información preliminar, las dos embarcaciones partieron a finales de junio del estado de Rajine transportando principalmente pasajeros rohingya, entre los que, según se informa, había algunos que habían viajado desde campos de refugiados en Cox’s Bazar, en Bangladesh», han indicado estos organismos en un comunicado conjunto.

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Así, han especificado que una de estas embarcaciones, «que se cree que transportaba a unas 250 personas», habría perdido el contacto poco después de soltar amarras, mientras que la segunda, con cerca de 280 personas a bordo, se habría hundido el 8 de julio frente a las costas de Ayeyarwady, en Birmania.
«Si bien los incidentes y las cifras de y víctimas aún no han sido confirmadas oficialmente, ACNUR y la OIM están gravemente preocupados por la posible devastadora pérdida de vidas humanas», han resaltado, al tiempo que han incidido en que «estos desplazamientos tuvieron lugar fuera de la temporada habitual de navegación, cuando las condiciones marítimas suelen ser más difíciles».
En este sentido, han esgrimido que «las recientes lluvias torrenciales e inundaciones en toda la región han aumentado aún más los riesgos asociados con este tipo de movimientos marinos» y han incidido en que, de confirmarse esta cifra de fallecidos, esta «tragedia» se sumaría a «las cerca de 300 personas muertas o desaparecidas en el mar de Andamán y la bahía de Bengala en lo que va de año, incluidos refugiados rohingya y ciudadanos bangladeshíes».

Peligrosas travesías marítimas

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Ambas agencias han explicado que este tipo de sucesos «subrayan el impacto devastador del conflicto prolongado y el desplazamiento, así como la persistente falta de soluciones sostenibles para las comunidades rohingya». «El repunte del conflicto y el empeoramiento de la situación humanitaria en Birmania, junto con la limitada asistencia y las escasas oportunidades en los campos de refugiados de Bangladesh, contribuyen a que cada vez más personas intenten realizar peligrosas travesías marítimas en busca de seguridad y protección», han lamentado.
En esta línea, han hecho hincapié en que también subrayan «los riesgos persistentes que suponen las redes de tráfico de personas y contrabando, que siguen aprovechándose de la desesperación de personas que buscan un lugar seguro», por lo que han pedido «esfuerzos regionales e internacionales más firmes» para evitar la repetición de estas catástrofes «en una de las rutas marítimas más mortíferas del mundo». La OIM y ACNUR han apelado a «potenciar los esfuerzos de búsqueda y rescate, aumentar el acceso al asilo y la protección, y adoptar medidas contra las redes de contrabando y tráfico», antes de solicitar «un apoyo internacional sistenido a los refugiados rohingyas y las comunidades que los acogen» en Bangladesh.
Por último, han remarcado que ambas organizaciones «trabajan con las autoridades nacionales para fortalecer la protección y ofrecer soluciones a los refugiados, migrantes y apátridas que transitan por rutas clave, también en el sur y sureste de Asia». «Este enfoque basado en rutas busca salvar vidas, proteger a las personas, reducir los daños y apoyar a los Estados en la gestión eficaz de los flujos migratorios mixtos», han zanjado.

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles la imposición de un arancel del 25 % a determinados productos procedentes de Brasil, una medida ordenada por el presidente Donald Trump tras la conclusión de una investigación comercial iniciada hace un año bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) sostuvo que la investigación determinó que varias políticas y prácticas del Gobierno brasileño son «irrazonables» y restringen el comercio estadounidense, de acuerdo con un comunicado de la dependencia.Entre las medidas citadas están las relacionadas con el comercio digital y los servicios de pago electrónico, aranceles preferenciales considerados injustos, la aplicación de normas anticorrupción, la protección de la propiedad intelectual, el acceso al mercado del etanol y la deforestación ilegal.El embajador y representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, afirmó que los nuevos gravámenes buscan proteger los intereses económicos estadounidenses frente a prácticas comerciales que considera desleales.Según dijo Greer, las negociaciones mantenidas con Brasil durante el último año no lograron resolver las diferencias, aunque aseguró que Washington mantiene abierta la puerta para continuar el diálogo.Greer acusó además a Brasil de perjudicar a empresas tecnológicas estadounidenses, de retroceder en la aplicación de medidas anticorrupción y de permitir que agricultores brasileños obtengan ventajas competitivas mediante el uso de tierras deforestadas ilegalmente, lo que, a su juicio, ha dificultado el acceso de trabajadores, productores y exportadores estadounidenses al mercado brasileño.La investigación incluyó consultas formales con el Gobierno de Brasil, dos audiencias públicas y el análisis de más de 360 comentarios escritos presentados por particulares y organizaciones.Además, 77 testigos comparecieron en las audiencias celebradas este mes antes de que la Administración Trump adoptara la medida definitiva.Brasil activa su ley de reciprocidad y culpa a los BolsonaroEl Gobierno de Brasil, por su parte, ha anunciado que iniciará de inmediato los trámites para aplicar la ley de reciprocidad en respuesta a los aranceles del 25% impuestos por Estados Unidos a determinados productos brasileños. La presidencia ha calificado la decisión como un «hito lamentable» en las relaciones bilaterales y ha rechazado que existan motivos para adoptar medidas unilaterales contra el país.La Administración de Luiz Inácio Lula da Silva ha defendido que Estados Unidos ha acumulado durante los últimos 15 años un superávit comercial de 424.500 millones de dólares con Brasil. Además, ha informado de que volverá a llevar el caso ante el mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio.La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos ha concluido que varias políticas brasileñas han restringido el comercio estadounidense, entre ellas el sistema electrónico de pagos PIX, las normas anticorrupción, la protección de la propiedad intelectual, las barreras al etanol y la deforestación ilegal. Brasil, sin embargo, ha cuestionado la legitimidad de una investigación que, a su juicio, no se ha ajustado a las normas multilaterales.El Ejecutivo brasileño también ha recordado que el 76% de las importaciones estadounidenses ha entrado en Brasil sin pagar aranceles durante 2025 y que el gravamen medio aplicado ha sido del 3,1%. Asimismo, ha asegurado que ha mantenido abierta la negociación durante el último año y que ha presentado pruebas para refutar las acusaciones de prácticas comerciales desleales.El Gobierno de Lula ha defendido además el sistema PIX y la regulación de las redes sociales, y ha afirmado que no ha renunciado a proteger a las familias y a los menores frente a los intereses de las grandes empresas tecnológicas. En paralelo, ha responsabilizado a la familia del expresidente Jair Bolsonaro de haber colaborado en la construcción del relato que ha desembocado en los nuevos aranceles.La presidencia ha acusado a los Bolsonaro de haber promovido medidas contra Brasil por intereses electorales, a menos de tres meses de las elecciones presidenciales. Finalmente, ha reivindicado la defensa de la soberanía nacional como una obligación que ha situado por encima de las diferencias políticas y ha asegurado que no vacilará en preservarla.