El gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum anunció este martes una fuerte inversión en construcción de cárceles, en una evidente similitud con las últimas acciones emprendidas por otros gobiernos de la región de signo político contrario, como Abelardo De la Espriella (Colombia) o Nayib Bukele (El … Salvador).
El anuncio llegó tras un indicador inquietante: el ente estadístico oficial mexicano reportó este lunes que, por primera vez en los dos años que Sheinbaum lleva despachando en Palacio Nacional, la cifra diaria de homicidios volvió a subir.

Sheinbaum, desde que inició su gobierno, venía logrando atenuar la herencia más pesada de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, cuya administración (2018-2024) fue la más violenta del siglo XX: se registraron alrededor de 200.000 homicidios.

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De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el repunte actual fue de 1.3 homicidios diarios, equivalente a un 3.2 % respecto de agosto.
El reporte señala que el promedio había descendido de 47.6 homicidios diarios en mayo a 45.4 en junio, 42.7 en julio y 40.9 en agosto, antes de subir a 42.2 durante septiembre.

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Sheinbaum anunció este martes la construcción de seis nuevas cárceles con capacidad conjunta para 18 mil 480 personas. Los nuevos centros serán edificados en los estados Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, mientras el hace cuentas para definir su financiamiento y descarta que sean operados por empresas privadas.
Durante el gobierno anterior, no solo no se construyeron instalaciones penales de gran escala, sino que, se cerraron algunas que estaban operativas. López Obrador solía vincular la construcción de cárceles con negocios opacos del régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó el país durante ocho décadas.
«Se han detenido 70 mil personas desde que llegamos al Gobierno, representa una sobrepoblación en algunos centros penitenciarios y no podemos permitir la sobrepoblación, primero por derechos humanos y segundo también por seguridad», aseguró Sheinbaum este martes desde su conferencia matutina.

Al menos 22 personas han muerto

En México las cárceles suelen funcionar como células del crimen organizado. Los reos, desde el interior del establecimiento federal, organizan acciones de extorsión, dirigen el trasiego de drogas y manejan la macabra industria de los sicarios.
Al menos 22 personas han muerto en cinco episodios de violencia registrados entre mayo y octubre en los dos penales de Sinaloa entre ellas un menor de dos años.
Además de los fallecidos, los enfrentamientos dejaron internos lesionados y obligaron al despliegue de fuerzas estatales y federales en un intento de recuperar el control de las instalaciones.
La mayor concentración de víctimas ocurrió en el penal El Castillo, Mazatlán, donde dos enfrentamientos registrados entre jueves y viernes dejaron 12 fallecidos, pese a la intervención de las autoridades.
Los hechos se dieron en medio de la disputa entre grupos del crimen organizado en distintas zonas de Sinaloa.
El pasado jueves, una riña entre internos de los módulos 4 y 5 derivó en detonaciones de armas de fuego y dejó nueve reclusos muertos, además de un niño de dos años que se encontraba en el inmueble durante una visita familiar.
El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó este martes que los seis penales tendrán infraestructura de alta seguridad, sistemas de vigilancia y monitoreo, equipos de inspección, inhibidores de señal y módulos diferenciados de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo de las personas privadas de la libertad.
«Estamos trabajando en un nuevo modelo de gestión penitenciario nacional que no se limita a ampliar infraestructura, sino que también contempla mejorar los protocolos de seguridad, profesionalizar al personal y modernizar los procedimientos de administración, vigilancia y control de los centros penitenciarios», afirmó.

Una guerra abierta entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa

Harfuch reportó que en Sinaloa se han realizado nueve operativos penitenciarios y trasladado a 636 internos a centros federales, mientras el penal de Mazatlán permanece reforzado con elementos de la Guardia Nacional – policía militarizada -, y personal federal encargado de las prisiones.
«El objetivo es que el Estado mantenga el control efectivo de los centros penitenciarios, que las organizaciones criminales no puedan continuar operando desde su interior», sostuvo.
Sinaloa será, precisamente, la primera entidad donde se construirá uno de los nuevos centros, con capacidad proyectada para 2640 personas. El estado se encuentra sumido en una guerra abierta entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa, por un lado «Los Chapitos», herederos del capo Joaquín Guzmán Loera, preso en Estados Unidos, y «La Mayiza», familiares de Ismael «Mayo» Zambada, también detenido al norte de la frontera desde hace algo más de dos años.
La vida cotidiana en Sinaloa está dominada por la violencia y son frecuentes las balaceras, los secuestros y el robo de vehículos.
Elementos del Ejército mexicano incautaron esta semana 48 drones, 64 baterías, fibra óptica y cartuchos útiles, entre otros elementos, en Sinaloa. Los drones se han convertido en la herramienta de los narcos para combatir a la autoridad.

Un profesor ha sido asesinado este martes a tiros dentro de una escuela de secundaria en el estado de Oaxaca (sur de México), ha informado la Fiscalía estatal. El suceso ha ocurrido menos de dos semanas después de que otro ataque en un instituto del norte del país matara a su subdirectora y causara cuatro heridos.El ataque ha tenido lugar en la Escuela Secundaria Técnica número 69, ubicada en el municipio de San Blas Atempa, en la región del Istmo de Tehuantepec. El docente ha recibido varios disparos de arma de fuego, según los primeros reportes policiales.La víctima ha sido trasladada de emergencia en una patrulla de la Policía Municipal a un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Tehuantepec, donde ha muerto a consecuencia de las heridas. El profesor habría sido atacado por sujetos armados que entraron en el instituto, lo que provocó el desalojo de los estudiantes y la suspensión de las actividades escolares, según medios locales.La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ha informado del despliegue de agentes de investigación y especialistas para realizar los peritajes correspondientes y determinar las circunstancias del homicidio. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han precisado el móvil del ataque.La institución ha señalado que mantiene coordinación con corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno para reforzar la vigilancia en la zona y proteger a la comunidad escolar.El asesinato ocurre menos de dos semanas después de otro ataque mortal en una escuela de secundaria mexicana. El 1 de octubre, dos hermanos de 18 años irrumpieron en su antiguo instituto en Torreón armados con objetos punzocortantes y asesinaron a la subdirectora, además de herir a cuatro personas, entre ellas dos docentes y un estudiante.Según las autoridades, los presuntos agresores, que fueron detenidos, seguían en redes sociales contenidos relacionados con ataques escolares perpetrados en otros países y habrían intentado imitarlos. Aquel episodio ocurrió, a su vez, poco más de seis meses después de que un adolescente de 15 años asesinara a tiros a dos maestras en una institución privada de Lázaro Cárdenas, en el occidental estado de Michoacán.Aunque las autoridades no han establecido vínculos entre estos ataques, los casos reflejan la sucesión de episodios de violencia mortal registrados en centros educativos mexicanos durante los últimos meses.

Estados Unidos ha logrado garantías de que las autoridades venezolanas entregarán a nuevos dirigentes y antiguos colaboradores de Nicolás Maduro, después del traslado a territorio estadounidense del empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas, socio de Alex Saab, también extraditado. Bloomberg adelantó que entre los nombres … reclamados por Washington figuran el exvicepresidente y exministro del Petróleo Tareck El Aissami y el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia Maikel Moreno. Según ha podido confirmar ABC por fuentes propias, las autoridades estadounidenses, con la participación del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), ultiman las gestiones para conseguir ambas entregas.
Al ser preguntado por ABC el lunes por si se esperaban más extradiciones, el presidente Trump dijo que dejará que la Justicia siga su curso, pero que en cualquier caso «lo ocurrido en Venezuela es todo un éxito». La información confirma la línea de cooperación judicial que este periódico adelantó el pasado 21 de febrero, cuando reveló que la Administración Trump había presentado al Gobierno interino de Delcy Rodríguez una relación de nueve personas de interés para las investigaciones estadounidenses. Aquella lista incluía a Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente; El Aissami; Alex Saab; Raúl Gorrín; Samark López; Walter Gavidia Flores y Pedro Luis Martín Olivares, entre otros.

La exigencia estadounidense no se limitaba a solicitar extradiciones. Washington reclamaba acceso a los investigados, interrogatorios, documentación financiera y cooperación para reconstruir las operaciones de blanqueo de capitales, corrupción y narcotráfico atribuidas a las estructuras del antiguo régimen.

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Según las fuentes consultadas por ABC, esa cooperación sigue adelante y las autoridades estadounidenses han obtenido garantías para avanzar en nuevas entregas. Aunque todavía no existe una fecha confirmada para los traslados de El Aissami y Moreno, en Washington se considera que podrían producirse rápidamente, a pesar de que la Constitución venezolana impide la extradición de nacionales. Cuando se envió a Estados Unidos a Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, se alegó que en realidad eran colombianos, aunque el primero tenía pasaporte diplomático venezolano y hasta había sido ministro.
La operación se desarrolla con especial discreción, entre otras razones por esas dificultades jurídicas y por las suspicacias que pueda haber en el chavismo ante estas entregas por parte del régimen de Delcy Rodríguez. La entrega de Pulido representa un nuevo avance de ese proceso. El empresario, detenido en Venezuela desde 2023 por su presunta implicación en el escándalo de corrupción conocido como PDVSA-Cripto, comparece este martes ante un tribunal federal de Miami.

Tramas de corrupción y CLAP

Pulido afronta dos acusaciones presentadas en 2019 y 2021 por presuntas operaciones multimillonarias de blanqueo de capitales y sobornos relacionadas con contratos públicos venezolanos. Los fiscales estadounidenses le atribuyen su participación en tramas vinculadas a la construcción de viviendas y al programa de distribución de alimentos CLAP, mediante las cuales se habrían desviado cientos de millones de dólares.

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Su traslado se produce después de la entrega de Alex Saab, quien se declaró culpable de conspiración para cometer blanqueo de capitales y aceptó colaborar con las autoridades estadounidenses.
El siguiente nombre que concentra la atención de Washington es El Aissami. El antiguo vicepresidente y ministro de Petróleo fue uno de los hombres más poderosos del chavismo hasta su caída en desgracia. Detenido en Venezuela desde abril de 2024, había sido acusado previamente por Estados Unidos de mantener vínculos con el narcotráfico. Las autoridades estadounidenses llegaron a ofrecer hasta diez millones de dólares (8,9 millones de euros) por información que permitiera localizarlo.

EE.UU. acusa a Pulido de corrupción inmobiliaria y de lucrarse a través del programa de distribución de alimentos CLAP

Moreno, presidente del Tribunal Supremo entre 2017 y 2022, también figura entre los objetivos de la Justicia estadounidense de hace tiempo. Fue acusado en 2020 de blanqueo de capitales y de aceptar sobornos a cambio de influir en decisiones judiciales. Washington ofreció cinco millones de dólares (4,4 millones de euros) por información que facilitara su detención.

Cooperación total entre Delcy y Trump

La entrega del empresario Pulido, que compareció ante el juez el martes, constituye, en cualquier caso, otro resultado verificable de las exigencias formuladas por Washington a Delcy Rodríguez. Desde la captura de Maduro el pasado 3 de enero, la cooperación judicial se ha convertido en uno de los instrumentos de la nueva relación entre ambos gobiernos.
La Administración Trump mantiene abiertas investigaciones contra numerosos integrantes de las estructuras políticas, judiciales y financieras del chavismo. La nueva acusación presentada el 8 de octubre contra Maduro y Cilia Flores, que incorpora delitos relacionados con las torturas a ciudadanos estadounidenses, ha ampliado además el alcance de las actuaciones judiciales.
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El Aissami y Moreno ya figuraban en el cartel titulado ‘Régimen venezolano corrupto’, presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 26 de marzo de 2020, durante la primera Administración Trump. Aquel documento, que reunía fotografías de catorce altos cargos y antiguos funcionarios chavistas junto a Nicolás Maduro, situaba al entonces presidente venezolano en el centro, flanqueado por Moreno y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. También aparecían Diosdado Cabello, El Aissami, el antiguo jefe de la inteligencia militar Hugo ‘el Pollo’ Carvajal, el general Clíver Alcalá Cordones, el responsable de las criptomonedas Joselit Ramírez y el exministro de Energía Eléctrica Luis Motta Domínguez, entre otros. La presentación acompañó el anuncio de una batería de acusaciones por narcoterrorismo, narcotráfico, corrupción y blanqueo de capitales contra integrantes del aparato chavista.

EE.UU. atribuyó a los 14 antiguos miembros chavistas cargos por narcoterrorismo, narcotráfico, corrupción y blanqueo de capitales

Desde entonces, varios de los protagonistas de aquel cartel han acabado ante la Justicia estadounidense. Dos de los casos más relevantes son los de Carvajal y Alcalá, que ya han alcanzado acuerdos de culpabilidad con la Fiscalía federal. Carvajal, extraditado desde España en 2023, se declaró culpable en junio de 2025 de cuatro cargos relacionados con el narcoterrorismo, el tráfico de cocaína y las armas. Alcalá, por su parte, admitió en 2023 haber proporcionado apoyo material y armamento a las FARC y fue condenado en abril de 2024 a 260 meses de prisión, casi 22 años. Ambos formaban parte de la estructura del denominado cartel de los Soles descrita por los fiscales estadounidenses.