Estados Unidos impuso este lunes nuevas sanciones contra nueve altos cargos políticos y militares de la dictadura comunista de Cuba, incluido el Ministerio de Comunicaciones, varios mandos de las Fuerzas Armadas y la Dirección de Inteligencia, el principal servicio de espionaje del régimen castrista. … La medida fue anunciada por el Departamento del Tesoro y forma parte de una ofensiva mucho más amplia de la Administración Trump para aumentar la presión sobre el castrismo.
Entre los sancionados figuran Mayra Arevich Marín, miembro del Comité Central del Partido Comunista y ministra de Comunicaciones desde abril de 2021; Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional cubana, histórico dirigente del partido y miembro del Politburó; Roberto Tomás Morales Ojeda, alto responsable del Partido Comunista, exministro de Salud Pública y exvicepresidente; Joaquín Quintas Solá, general del Ejército cubano y viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; y Raúl Villar Kessel, alto oficial militar cubano. También fueron incluidos otros cargos de menor rango.

El golpe más sensible es la designación de la Dirección de Inteligencia de Cuba, conocida como DI, el principal servicio de inteligencia del Estado cubano. Washington la considera una pieza central del aparato de seguridad del régimen y de su capacidad de influencia dentro y fuera de la isla.

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La Casa Blanca enmarca todas estas sanciones dentro de su campaña de máxima presión contra Cuba. El objetivo de la Administración Trump es aumentar el coste político, financiero y energético para el régimen, al que describe como corrupto e incompetente, y avanzar hacia un cambio de régimen. La ofensiva incluye también medidas para frenar el flujo de petróleo desde Venezuela y México hacia la isla.
Trump ya había firmado el 1 de mayo una orden ejecutiva (decreto) que amplía de forma sustancial la capacidad de Estados Unidos para sancionar a jerarcas y actores vinculados a los sectores clave de la economía cubana. Esa orden permite actuar contra personas y entidades del aparato económico, militar y político del régimen, y abre además la puerta a sanciones secundarias contra bancos extranjeros que operen con personas o entidades cubanas sancionadas.

Nuevos cargos contra Castro

La presión energética es uno de los ejes de la nueva estrategia. La Administración ha amenazado con sanciones a países que suministren combustible a Cuba, una medida que equivale en la práctica a imponer un bloqueo sobre la isla, añadido al embargo. La reducción del petróleo venezolano y las restricciones al suministro exterior han agravado los apagones y han golpeado una economía ya deteriorada por la escasez, la falta de divisas y el colapso de infraestructuras básicas.
La nueva tanda de sanciones llega después de que Washington sancionara el 7 de mayo a GAESA, el conglomerado empresarial controlado por los militares cubanos, a su presidenta ejecutiva, Ania Guillermina Lastres Morera, y a Moa Nickel S.A., una empresa del sector minero. Aquella decisión apuntaba al núcleo económico del régimen y ya la de este lunes amplía el margen de acción a su cúpula política, militar y de inteligencia.
El Departamento de Estado ya había advertido de que habría más designaciones a medida que Trump amenaza con una toma total de la isla. La lista anunciada este lunes confirma que la Casa Blanca no limita su ofensiva a empresas estatales o conglomerados económicos, sino que apunta directamente a los mandos que sostienen el poder político, militar y de seguridad en la isla.
La presión puede escalar aún más esta semana. La Administración Trump tiene previsto anunciar el miércoles cargos penales contra el expresidente Raúl Castro, de acuerdo con un funcionario del Departamento de Justicia. Sería un paso de alto impacto simbólico y judicial contra uno de los últimos jefes históricos de la revolución cubana.

El Departamento de Justicia del presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado este lunes la creación de un fondo de 1.700 millones de dólares para compensar a aliados políticos procesados ​​durante la Administración Biden.A cambio de la creación del fondo, el Departamento de … Justicia ha informado que Trump retiraba una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) que exigía 10.000 millones de dólares en daños y perjuicios por la filtración de sus declaraciones de impuestos.

Trump, sus dos hijos mayores, Eric y Donald Jr., y la Organización Trump habían presentado una demanda contra la agencia tributaria ante un tribunal federal de distrito en Florida por la filtración de las declaraciones de impuestos.

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Camila Acosta

Un excontratista del IRS se declaró culpable en 2023 de filtrar a los medios de comunicación las declaraciones de impuestos de Trump y otros estadounidenses adinerados, y recibió una sentencia de cinco años de prisión.
«La maquinaria gubernamental jamás debe usarse como arma contra ningún estadounidense, y la intención de este Departamento es reparar los errores cometidos anteriormente y garantizar que esto no vuelva a suceder», ha declarado Blanche en un comunicado.
«Como parte de este acuerdo, estamos estableciendo un proceso legal para que las víctimas de la instrumentalización de la justicia puedan ser escuchadas y obtener reparación», ha afirmado el fiscal general interino.

Cinco miembros

El Departamento de Justicia ha indicado que Blanche nombrará a los cinco miembros del fondo y que los Trump «recibirán una disculpa formal, pero no compensación económica ni indemnización de ningún tipo».
Tras dejar la Casa Blanca en 2021, Trump fue acusado por el fiscal especial Jack Smith de intentar anular los resultados de las elecciones de 2020, ganadas por el demócrata Joe Biden, y de manejar indebidamente documentos clasificados. Ambos casos fueron desestimados después de que el republicano ganara las elecciones presidenciales de 2024.
El fondo de compensación podría ser utilizado por otras personas que creen haber sido perseguidas injustamente por la Administración Biden. Esto podría incluir, por ejemplo, a los cientos de partidarios de Trump que fueron procesados ​​por su participación en el asalto al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, cuyo objetivo era impedir la certificación de la victoria electoral de Biden por parte del Congreso. Trump otorgó un indulto masivo a los acusados ​​del 6 de enero en su primer día en el cargo el año pasado.

«Corrupción flagrante»

El plan de compensación para los aliados políticos de Trump provocó fuertes críticas de los legisladores demócratas incluso antes de su presentación oficial el lunes. La representante Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York lo calificó de «corrupción flagrante».
El senador demócrata Chris Van Hollen, en una publicación en X, dijo: «Trump está ‘retirando’ su demanda fraudulenta contra el IRS a cambio de un fondo discrecional, cortesía de sus impuestos, que puede usar para pagar a sus aliados políticos».
Desde que asumió el cargo por segunda vez, Trump ha tomado una serie de medidas punitivas contra los enemigos que considera sus adversarios, impulsando procesos penales contra opositores políticos, purgando a funcionarios gubernamentales que considera desleales, atacando a bufetes de abogados involucrados en casos anteriores en su contra y retirando fondos federales a las universidades.

Alex Saab, el supuesto testaferro de Nicolás Maduro, compareció este lunes 18 de mayo ante un tribunal federal de Miami después de ser deportado durante el fin de semana por el gobierno de Delcy Rodríguez. Llegó esposado y con uniforme de prisión. En su primera … vista respondió «sí, señora» cuando la juez le informó de que estaba acusado de un cargo de lavado de dinero, tal y como informa EFE. La imputación está vinculada a una trama de sobornos a altos funcionarios para beneficiarse de contratos públicos.
El acusado escuchó de la jueza Lauren Louis la acusación por una supuesta conspiración para blanquear dinero a través de movimientos financieros concebidos para disimular de dónde procedían los fondos, dónde estaban, quién los controlaba y quién era su verdadero propietario. La causa incorpora además referencias a presunto fraude electrónico, sobornos y desvío de fondos públicos venezolanos. Durante la comparecencia, el empresario y exministro chavista aceptó renunciar al derecho a un juicio rápido, una decisión que da más margen a sus abogados para preparar la estrategia de defensa.

El calendario judicial queda ahora pendiente del 24 de junio, cuando Saab deberá comparecer ante otro juez para la lectura formal de cargos y su declaración procesal. La acusación sitúa parte de las operaciones investigadas en tres condados de Florida: Palm Beach, Miami-Dade y Broward.

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David Alandete

Saab, de 54 años, vuelve así por segunda vez a manos de la justicia estadounidense. Ya había sido acusado en 2019, durante la primera Administración Trump, por delitos relacionados con contratos públicos, sobornos, facturas falsas y blanqueo de capitales. Fue detenido en 2020 en Cabo Verde, durante una escala de reabastecimiento, en un viaje que el régimen venezolano presentó como una misión humanitaria de alto nivel hacia Irán. Después fue extraditado a Miami y permaneció preso en Estados Unidos hasta que Joe Biden lo indultó en 2023 dentro de un canje por estadounidenses encarcelados en Venezuela y por la entrega de un contratista de defensa prófugo.
Aquel indulto, sin embargo, fue limitado. Cerró la causa de Florida de 2019, vinculada al contrato de viviendas sociales que nunca se construyeron, pero no cubría otros posibles delitos. Por eso las autoridades estadounidenses siguieron investigando a Saab por nuevos frentes. La Fiscalía puede tener ahora una vía distinta: sobornos, lavado de dinero, contratos públicos, petróleo, sanciones, empresas pantalla y la arquitectura financiera que permitió al chavismo sostenerse durante años pese al cerco de Washington.

La Constitución ignorada

La nueva causa llega en un momento político singular. Saab no ha sido entregado por un tercer país, como ocurrió con Cabo Verde, sino por el propio poder venezolano que durante años lo convirtió en símbolo de resistencia frente a Estados Unidos. Delcy lo deportó como parte de una purga interna de empresarios ligados al madurismo y presuntamente enriquecidos con negocios corruptos bajo el poder de Maduro. El comunicado migratorio venezolano usó una fórmula calculada: lo definió solo como «ciudadano colombiano» implicado en varios delitos en Estados Unidos, pese a que Caracas había presentado anteriormente pasaportes venezolanos suyos y lo había defendido como diplomático propio.
Esa fórmula tiene una medida lectura constitucional. El artículo 69 de la Constitución venezolana establece que «se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas». El régimen decidió sortear ese obstáculo presentándolo como colombiano de nacimiento, sin explicar qué valor daba entonces a los documentos venezolanos con los que antes había justificado su defensa diplomática. Durante años, Saab fue descrito por el chavismo del que era parte como un «diplomático venezolano» inocente, «secuestrado» ilegalmente cuando viajaba a Irán para una supuesta misión humanitaria destinada a burlar el «bloqueo imperial» de Estados Unidos.

Saab tiene dos pasaportes venezolanos, uno es diplomático. Aquí la comparación de los tres, junto con el colombiano, la excusa de Delcy para entregarle. pic.twitter.com/IEPJrgquDI— David Alandete (@alandete) May 17, 2026
Delcy , que antes lo elogió en público como símbolo de resistencia frente a Washington, ahora ha guardado silencio sobre su entrega. También ha borrado mensajes antiguos en redes en los que lo defendía. El giro es político y a la vez es personal. Saab llegó a ser ministro de Industria y Producción Nacional en octubre de 2024, tras regresar a Venezuela por el indulto de Biden. Pero después de la captura de Maduro en enero, Rodríguez lo apartó del gabinete y le retiró su papel como principal canal para empresas extranjeras interesadas en invertir en Venezuela.
La deportación ha provocado malestar en sectores radicales del chavismo. Mario Silva, antiguo propagandista del régimen, cuestionó la legalidad de la entrega y dijo que violaba la prohibición constitucional de extraditar venezolanos, informa la agencia AP. También advirtió de que «nadie está seguro ahora mismo». Otros dirigentes, como Diosdado Cabello, han intentado justificar la operación con el argumento de que Saab nació en Colombia, una explicación que busca blindar jurídicamente una entrega políticamente explosiva.
Estados Unidos ha descrito durante años a Saab como el verdadero contable de Maduro, el hombre de confianza para mover dinero, contratos y negocios opacos. La Fiscalía podría usarlo ahora como testigo relevante contra el propio Maduro, que espera juicio por narcotráfico en Manhattan tras ser capturado por fuerzas estadounidenses en enero. Formalmente, Saab está en el Distrito Sur de Florida y no en la causa de Nueva York contra Maduro. Pero su información puede cruzarse con ese proceso. Conoce contratos, pagos, intermediarios, empresas, rutas del dinero y operaciones de PDVSA, la petrolera estatal.

De vuelta a Miami

Saab acumuló una fortuna mediante contratos con el Estado venezolano. La acusación de 2019 estaba vinculada a un contrato de viviendas sociales que nunca se construyeron y a un esquema de blanqueo de unos 350 millones de dólares a través del sistema cambiario de CADIVI. Ese juicio nunca llegó a celebrarse por el indulto de Biden. Pero el expediente dejó un mapa de empresas, transferencias y supuestas mordidas que ahora puede servir de base para nuevas líneas de investigación.
Otro frente es el programa CLAP, las cajas de alimentos importadas a precios inflados durante la hiperinflación venezolana. En una acusación de 2021 contra su socio Álvaro Pulido, Saab aparecía identificado como «co-conspirador». Según ese caso, habría ayudado a crear una red de empresas usada para sobornar a un gobernador chavista y obtener contratos para importar alimentos desde México a precios inflados. Era el negocio del hambre: arroz, harina de maíz, aceite y productos básicos para una población empobrecida, convertidos en fuente de enriquecimiento para intermediarios cercanos al poder.
También está la trama de PDVSA y las sanciones. Un gráfico del Tesoro norteamericano de junio de 2020 situó a Saab como parte de una red de evasión de sanciones en torno al petróleo venezolano. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, lo vinculó al mexicano Joaquín Leal Jiménez en una operación de petróleo por alimentos a través de empresas pantalla en México, entre ellas Libre Abordo y Schlager Business Group. En el centro aparecía PDVSA, la petrolera estatal venezolana, convertida durante años en caja financiera del chavismo.

Para la imputación que se va a hacer pública, importante tener en cuenta el nexo de Alex Saab con PDVSA y con un mexicano llamado Joaquín Leal, es crucial para entender el nuevo caso por el que ha sido extraditado. Esto es un documento oficial de la Fiscalía de Florida. pic.twitter.com/1ZxByQgZqp— David Alandete (@alandete) May 17, 2026
Esa línea conecta a Saab con una estructura distinta a la del viejo caso de las viviendas sociales. No se trata solo de sobornos para adjudicar contratos o de facturas falsas, sino de cómo se movieron crudo, dinero, empresas pantalla, intermediarios y oper aciones internacionales para sostener financieramente al régimen pese a las sanciones de Estados Unidos. En esa red aparecían sociedades en México, Estados Unidos, Reino Unido y Singapur, además de vínculos con figuras como Tareck El Aissami, otro hombre fuerte del chavismo sancionado y acusado separadamente en Nueva York por violaciones de sanciones.
Saab ya había tenido contactos con las autoridades estadounidenses antes de su primera detención. Se reunió en secreto con la DEA, que es la agencia antidroga, y, en una audiencia cerrada de 2022, sus abogados revelaron que durante años ayudó a la agencia antidroga a desentrañar corrupción en el círculo de Maduro. Como parte de esa cooperación, entregó más de 12 millones de dólares en ganancias ilícitas.