El abogado de Lindsay Clancy, la madre estadounidense acusada de asesinar a sus tres hijos, ha pedido este martes a un juez que su clienta sea absuelta después de que el jurado no alcanzara un veredicto en el caso a principios de septiembre.
Clancy, de 36 años, no negó durante el juicio haber estrangulado a Cora, de cinco años; Dawson, de tres, y Callan, de ocho meses, pero sostuvo que sufría psicosis posparto, lo que, según su defensa, la eximiría de responsabilidad penal.

«¿Dónde están las pruebas de que ella hizo esto?», se ha preguntado Kevin Reddington, abogado de Clancy, ante un tribunal de Massachusetts durante una audiencia para determinar si habrá nuevo juicio.

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David Alandete

Reddington ha puesto en duda las propias declaraciones de Clancy de que mató a sus hijos, lo que sería un cambio importante respecto a su línea de defensa basada en la salud mental.
Un jurado de nueve mujeres y tres hombres no logró alcanzar el 4 de septiembre una decisión unánime, como exige la ley estadounidense en los procesos penales, lo que llevó a declarar nulo el proceso. Ahora, Reddington busca que el juez dicte un veredicto de no culpabilidad, lo que supondría desestimar el caso tras un mediático juicio. «Todo se basa en conjeturas», ha dicho. Por su parte, la fiscal Jennifer Sprague ha rechazado la alegación de falta de pruebas como un «argumento ridículo».
El juez William Sullivan ha aplazado la audiencia hasta el 2 de noviembre y ha planteado la posibilidad de fijar una nueva fecha para el juicio, en función de lo que decida sobre la solicitud de la defensa. También estudiará la petición de divulgar información adicional sobre las deliberaciones del jurado, que duraron siete días.

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De los 12 miembros del jurado, once se pronunciaron a favor de declarar a Clancy no culpable por motivos de salud mental, mientras que uno se opuso y afirmó públicamente que la considera culpable.

Debate sobre la salud mental y el posparto

El juicio, en el que declararon más de 80 testigos, desató un debate en Estados Unidos sobre la salud mental en el posparto. El presidente Donald Trump calificó el caso de «tragedia horrible» y dijo que daba por hecho que habría otro juicio.
Clancy, que está internada en una institución psiquiátrica, se declaró no culpable por enajenación mental y afirmó que escuchó una voz que le ordenaba matar a sus hijos. Sus abogados sostienen que eso fue provocado por una psicosis posparto, condición que según expertos médicos afecta a entre una y dos mujeres por cada 1.000 partos.
Los fiscales rechazaron ese argumento y afirmaron que Clancy planificó cuidadosamente los asesinatos de sus hijos y era capaz de comprender las consecuencias de sus actos. Tras los homicidios ocurridos en la vivienda familiar en Massachusetts, en enero de 2023, la mujer se cortó el cuello y las muñecas y saltó desde una ventana de un segundo piso en un aparente intento de suicidio, tras lo que quedó paralizada de cintura para abajo.

A principios de la década, si se hubiera preguntado a los directivos de las empresas sudafricanas cuál era el mayor problema al que se enfrentaba su país, la mayoría habría respondido que la electricidad. Los incesantes cortes de luz estaban asfixiando la economía. Hoy en … día, otro tema ocupa el primer puesto de su lista: el crimen organizado.
Sudáfrica lleva mucho tiempo teniendo un mundo del hampa. Ahora la criminalidad amenaza al mundo oficial: el Estado y el sector empresarial formal. La amenaza ha quedado dramáticamente documentada en una investigación dirigida por Mbuyiseli Madlanga, un juez jubilado, que cumplió un año el 17 de septiembre. Sus audiencias televisadas han sacado a la luz más esqueletos que una fiesta de Halloween, y han revelado cómo las mafias se han apoderado del sistema de justicia penal. Que Sudáfrica sea capaz de detener esta decadencia será una prueba decisiva para su democracia.

La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) sitúa a Sudáfrica en el séptimo peor puesto de 193 países en cuanto a criminalidad organizada, solo por detrás de Myanmar, Colombia, México, Ecuador, Paraguay y el Congo, y por delante de Brasil. Mark Shaw, director del grupo, afirma que la situación del país ha empeorado en cada informe bienal desde que se iniciaron en 2019. El Banco Mundial señala que la delincuencia le cuesta a Sudáfrica al menos el 10 % del PIB al año en forma de bienes robados, elevados costes de seguridad y seguros, y «oportunidades económicas perdidas». «El crimen organizado es ahora la amenaza más inmediata para nuestra democracia, nuestra sociedad y nuestro desarrollo económico», declaró el presidente Cyril Ramaphosa ante el parlamento en febrero.

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Sudáfrica lleva muchos años siendo un centro de tráfico ilícito: el contrabando de drogas, animales, plantas raras y personas se lleva a cabo con facilidad. Los delitos financieros y cibernéticos también están a la orden del día. Sin embargo, hay tres tendencias preocupantes que son relativamente nuevas: el crecimiento de la economía ilícita, el auge de las mafias de extorsión y la captura de las fuerzas policiales y la política por parte de elementos criminales.
Edward Kieswetter, que hasta abril dirigió la autoridad fiscal de Sudáfrica, calcula que el volumen de la economía ilícita ha pasado del 5 % del PIB de hace dos décadas al 12-15 % del PIB de este año —al menos tan grande como la industria manufacturera legal—. Las empresas legítimas se ven sometidas a una gran presión. Aproximadamente el 70 % de los cigarrillos y el 20 % de las bebidas alcohólicas se venden de forma ilegal. Solo la minería ilícita supuso al menos 60 000 millones de rands (3300 millones de dólares o el 0,8 % del PIB) en pérdida de producción formal en 2024. Kieswetter estima que las empresas ilícitas le cuestan al Estado hasta 300 000 millones de rands al año en impuestos no recaudados, una cantidad suficiente para financiar el presupuesto sanitario.
La segunda amenaza creciente es la extorsión. Hace aproximadamente una década surgió una «mafia de la construcción» en la provincia de KwaZulu-Natal (KZN). Sus miembros amenazaban con sabotear proyectos de infraestructura a menos que recibieran una parte de los beneficios del contrato. Desde entonces, estos grupos se han extendido. El gobierno de Ciudad del Cabo cuenta con una «sala de crisis» específica para organizar la protección de más de 50 proyectos. Los delincuentes son «astutos», señala Geordin Hill-Lewis, el alcalde; los miembros de la mafia intentan infiltrarse en las empresas de seguridad contratadas para proteger las obras que amenazan.
Los casos de secuestro para obtener rescate se han más que triplicado en la última década. Los empresarios están contratando más personal de seguridad. Intercape, una empresa de autobuses, ha registrado más de 220 incidentes violentos contra su flota desde 2020, perpetrados por delincuentes vinculados a la famosa industria del «taxi», proveedores de minibuses que ven con malos ojos la competencia.
Los más pobres son los que más sufren. Algunos gánsteres exigen dinero a cambio de protección a los profesores. Los grupos de la «mafia del agua» sabotean las tuberías municipales y, mediante sobornos o intimidación, se hacen con contratos para camiones cisterna. Después cobran a los residentes pobres por cubo. Ciudad del Cabo, que está intentando plantar cara, ha desplegado 200 agentes de las fuerzas del orden para proteger al personal que presta servicios públicos en las afueras, azotadas por las bandas.

Los casos de secuestro para obtener rescate se han más que triplicado en la última década. Los empresarios están contratando más personal de seguridad

A medida que el crimen organizado se ha extendido, ha infectado al Estado: esta es la tendencia más preocupante. La Comisión Madlanga se creó después de que Nhlanhla Mkhwanazi, el oficial de mayor rango de KZN, hiciera acusaciones explosivas sobre la connivencia entre la policía, los políticos y los mafiosos. Hasta ahora, su labor ha provocado la dimisión del ministro de la policía de Sudáfrica, del comisario general de policía, de su adjunto, del jefe de la unidad de crimen organizado de la policía y del abogado que dirigía una división anticorrupción en el seno de la Fiscalía Nacional (NPA). En el centro de los acontecimientos se encuentra Vusimuzi «Cat» Matlala, un presunto mafioso que está siendo juzgado por intento de asesinato. En las vistas se le ha acusado de sobornar a agentes con dinero en efectivo y regalos, entre los que se incluyen una veintena de impalas y dosis de Ozempic, un medicamento para adelgazar.
Es posible que la comisión solo esté viendo la punta del iceberg. El creciente poder económico y la influencia política del crimen organizado hacen que los criminólogos comparen cada vez más a Sudáfrica con los países de América Latina más azotados por la mafia. Firoz Cachalia, ministro de la policía en funciones, afirma que el gobierno ha identificado 162 organizaciones criminales desde 2024. Muchas de ellas operan en varios mercados delictivos; algunas tienen vínculos con redes internacionales.
Recurren a un mercado de sicarios. Según la GI-TOC, entre 2000 y 2025 se produjeron alrededor de 2500 incidentes relacionados con asesinatos por encargo o intentos de asesinato. En lo que va de año, se han producido cerca de 30 asesinatos políticos.

Un problema de mucho mayor calado

A medida que el Estado se retira, los sudafricanos pasan a tomar cartas en el asunto. En las zonas pobres, el vigilantismo va en aumento. En las zonas más ricas, proliferan las empresas de seguridad privada. A finales de la década de 1990 había un agente de seguridad privada por cada agente de policía; hoy en día, la proporción es de cuatro a uno. Inspiradas por una colaboración entre el sector empresarial y el gobierno que ayudó a hacer frente a los cortes de electricidad y a los problemas logísticos, las empresas están ayudando a los investigadores y a los fiscales a resolver casos complejos proporcionándoles formación y tecnología (por ejemplo, en banca y telecomunicaciones). El objetivo es garantizar que los cabecillas acaben entre rejas. «La rendición de cuentas es la mejor forma de prevenir el crimen organizado», sostiene Anton du Plessis, exsubdirector de la NPA y actual líder de Business Against Crime South Africa (BACSA). Sin embargo, hay límites a lo que se puede hacer sin una reforma institucional. «No se puede privatizar el Estado de derecho», señala du Plessis.
La Comisión Madlanga ofrece una oportunidad única en una generación para sanear el sistema de justicia penal. Es lo más parecido que ha visto Sudáfrica a las investigaciones llevadas a cabo en otros países que lograron desarticular a los delincuentes organizados, como las realizadas en Italia en la década de 1990. En noviembre, Madlanga tiene previsto presentar a Ramaphosa sus propuestas de reforma.
La forma en que actúe el presidente contribuirá a definir su legado. Su partido, el Congreso Nacional Africano (ANC), está implicado en la delincuencia. El presidente ha actuado con demasiada lentitud para reparar el daño institucional causado por su predecesor, Jacob Zuma. Ramaphosa da a entender que quiere ser recordado por haber salvado a Sudáfrica de la era de la «captura del Estado». Sin embargo, se le está acabando el tiempo. Su sucesor al frente del ANC será elegido el año que viene.

Una madre de 29 años ha sido acusada de negligencia infantil por, supuestamente, abandonar a sus cuatro hijos —entre ellos un bebé de dos meses y un niño de dos años— para irse de crucero a las Bahamas. Los menores fueron encontrados el sábado por la Policía en el domicilio de la mujer, natural de North Miami Beach y que ha sido identificada como Nathalie Belizaire, según ha informado la cadena ABC News.Las autoridades se personaron en la vivienda de la acusada después de que Lether Bazile encontrara a su hija de dos meses, fruto de su relación con Nathalie Belizaire, en la casa y llamara al 911. La pequeña y sus tres hermanos estaban sin supervisión y escondidos en el baño. La Policía descubrió posteriormente que la mujer había comprado un billete para irse en un crucero de cuatro días el 25 de septiembre.La acusada le había dicho a Lether Bazile que iba a dejar a los niños con su bisabuela. Sin embargo, a pesar de que Nathalie Belizaire le comunicó a la mujer que le llevaría a los menores porque iba a salir de la ciudad, la realidad es que nunca lo hizo.La Policía finalmente detuvo a la mujer el lunes en el puerto de Miami cuando llegó el crucero. Nathalie Belizaire ha comparecido este martes ante un juez, pero todavía no se ha declarado culpable ni inocente.