El Parlamento israelí (Knéset) acaba de aprobar una ley que establece la pena de muerte para los autores de atentados terroristas. Aunque la ley no lo menciona de forma expresa, apunta implícitamente a los palestinos por dirigirse contra aquellos que «intenten negar la existencia del … Estado de Israel». Por el contrario, los israelíes que maten palestinos no serán procesados.
Ampliamente denunciada como discriminatoria, esta ley es representativa de la política de Benjamin Netanyahu, quien hace concesiones a su ala derecha. El pasado 23 de marzo, la Knéset también aprobó una ley que ampliaba la jurisdicción de los tribunales rabínicos y de la ‘sharía’ (ley islámica). Patrocinada por los partidos ortodoxos Degel HaTorah (Bandera de la Torá) y Shas (Guardianes Sefardíes), la legislación, respaldada por la coalición gobernante, permite ahora a estas jurisdicciones arbitrar ciertas disputas civiles anteriormente reservadas a los tribunales seculares, como las disputas financieras, siempre que ambas partes den su consentimiento. Esta prerrogativa existía antes, pero fue revocada en 2006, por lo que sorprende que Israel haya retomado la medida en plena guerra.

El ex primer ministro Naftali Bennett resume así la situación: «Mientras ustedes estaban en los refugios, el Gobierno aprobó una ley que divide a la nación en tiempos de guerra y vulnera gravemente los derechos individuales». Esta decisión, de hecho, suena como un regalo para los ultraortodoxos, antiguos aliados de Netanyahu.
Crece, por tanto, la preocupación por un posible declive de la democracia y un aumento de la influencia religiosa. El experto en geopolítica Michel Fayad, especializado en Oriente Próximo, explica que «Israel nunca ha sido un Estado laico en el sentido más estricto del término. Desde su fundación en 1948, Ben Gurión forjó un compromiso histórico con los círculos religiosos. Los asuntos de estado civil (matrimonio, divorcio) se rigen por la jurisdicción religiosa: tribunales rabínicos para los judíos, ley islámica para los musulmanes, tribunales eclesiásticos para los cristianos. Esta es la base misma del modelo israelí».

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Francisco de Andrés

Analizando las implicaciones políticas, Fayad matiza que «Netanyahu no es un fanático religioso, sino un pragmático. Estas dos leyes se explican por una aritmética de coaliciones: sin los partidos ultraortodoxos y la extrema derecha nacionalista, el primer ministro carece de mayoría. Por lo tanto, está jugando en varios frentes simultáneamente. Ofrece concesiones ideológicas a la extrema derecha, como Ben Gvir y Smotrich, quienes sueñan con una justicia más severa para los palestinos y concesiones religiosas a los ultraortodoxos del partido Shas. Además, desean extender a la sociedad la influencia de la Halajá (normas para regular la religión y la vida civil dentro del judaísmo). Porque, sin estos dos pilares, la coalición de Netanyahu se derrumba».

«Netanyahu ofrece concesiones ideológicas a la extrema derecha, como Ben Gvir y Smotrich, porque, sin estos dos pilares, su coalición se derrumba»

Michael Fayad
Experto en Oriente Próximo

¿Quiénes son, entonces, estos ‘jaredíes’ (ultraortodoxos) a quienes el primer ministro no quiere ofender? Según la antropóloga Florence Heymann, investigadora del CNRS (Centro Nacional Francés de Investigación Científica), este grupo sociorreligioso comprende tres corrientes principales, cada una con decenas, incluso cientos, de subcorrientes. Todas comparten la característica de ser «grupos cerrados en sí mismos, en tres aspectos: geográfico (guetos), cultural (vestimenta, idioma, comportamiento) y ‘halájico’, en lo que respecta a la ley judía. Operan de forma autosuficiente, con sus propias certificaciones ‘kosher’, sus propios productos alimenticios, y una red paralela de tribunales».

Herederos auténticos judíos

Los ultraortodoxos se consideran los únicos herederos auténticos de la tradición judía. Se espera que estudien los textos sagrados y la ley judía durante toda su vida. Este fenómeno, sin embargo, es relativamente reciente, remontándose más o menos a la creación del Estado de Israel. Anteriormente, solo una pequeña minoría dedicaba su vida al estudio en las famosas ‘yeshivás’, las escuelas talmúdicas. Por ello, en 1948, el fundador del país, David Ben Gurión, decidió eximir a los estudiantes de las ‘yeshivás’ del servicio militar, argumentando que eran los garantes de la perpetuación del estudio de la ley y la religión judías. Pero en aquel momento, Israel contaba con muy pocos ultraortodoxos.
Concentrados en barrios o ciudades como Bnei Brak, un suburbio de Tel Aviv, donde viven entre ellos, los ultraortodoxos rechazan el progreso. Algunos de ellos solo navegan por una especie de internet ‘kosher’, a base de páginas web filtradas para evitar exponer a sus usuarios a temas o imágenes considerados impuros.
Actualmente, alrededor del 14% de los israelíes pertenecen a esta comunidad, que suma ya casi un millón y medio de personas. El Instituto Israelí para la Democracia (IDI) estima que, para 2050, casi uno de cada cuatro israelíes provendrá de la comunidad ultraortodoxa: entre el 22% y el 24% de la población. De hecho, esta comunidad tiene el mayor crecimiento en Israel (4%), con un promedio de 6,5 hijos por mujer.
Independientemente de su ideología, el estilo de vida de estos judíos, reconocibles por sus sombreros y abrigos negros y sus rizos –debido a un precepto bíblico para distinguirse de los paganos que se afeitaban–, tiene repercusiones en la economía israelí. Durante décadas, los expertos han alertado sobre la falta de integración económica de los ‘jaredíes’. La participación en el mercado laboral entre los ultraortodoxos es mucho menor que la del resto de la población. Según algunas estimaciones, menos del 50% de los hombres tienen empleo. La explicación es sencilla: su educación no es reconocida por la sociedad secular. En la última década, solo el 12% podía afirmar haber completado la educación secundaria, y más del 50% no había ido más allá de la primaria. Esto se debe a que muchos judíos ultraortodoxos asisten a escuelas talmúdicas donde estudian solo textos sagrados, y no materias seculares. Por lo tanto, los hombres carecen a menudo de las habilidades necesarias para incorporarse al mercado laboral.
El año pasado, el sistema educativo ultraortodoxo aglutinaba aproximadamente a 402.000 estudiantes, lo que supone el 26% del alumnado judío y el 20% del sistema educativo israelí en su conjunto. Los varones seguían estando en gran medida excluidos del sistema de certificación general: solo el 16% aprobó los exámenes de bachillerato (Bagrut), frente al 85% en el sistema público.
En su informe de 2024, el Instituto Israelí para la Democracia describe a la población ultraortodoxa como pobre, con una tasa que duplica a la de la población general, en rápido crecimiento, con un acceso muy limitado a la educación secular y un fuerte sentido de comunidad y caridad.
Todos estos factores han influido en el debate sobre el servicio militar obligatorio. Los hombres ultraortodoxos gozan desde hace tiempo de una exención. En 2024, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contaban con aproximadamente 170.000 soldados en servicio activo. En el contexto de seguridad actual, afirman tener una necesidad urgente de unos 12.000 reclutas. En la actualidad, unos 80.000 hombres ultraortodoxos de entre 18 y 24 años son aptos para el servicio militar, pero se han negado a unirse al Ejército pese a que el Tribunal Supremo de Justicia declaró ilegales estas exenciones en 2024.

Las Fuerzas de Defensa de Israel cuentan con unos 170.000 soldados en activo y tienen una necesidad urgente de 12.000 reclutas, pero 80.000 ultraortodoxos de entre 18 y 24 años aptos para el servicio militar se niegan a unirse al Ejército pese a las sentencias de los tribunales

Esta es, sin duda, la razón de los gestos de Netanyahu hacia la comunidad religiosa. Michel Fayad lo confirma: «Son una forma de preparar el terreno para la amarga píldora del servicio militar obligatorio. La lógica política es clásica: dar antes de pedir, fortalecer el vínculo, mostrar respeto por su identidad y valores, y luego pedir un sacrificio». Este experto concluye que «Netanyahu se prepara para negociaciones históricas con los ultraortodoxos respecto a su participación en la defensa del país: estas leyes son el preludio. Sabe que el Gobierno tendrá que incorporarlos a las Fuerzas de Defensa de Israel a corto o medio plazo. Los reservistas están exhaustos tras más de dos años de guerra. La exención militar de los ultraortodoxos se está volviendo cada vez más insostenible, tanto militar como socialmente».

El enorme desgaste que está provocando el conflicto armado entre Rusia y Ucrania ha obligado a ambos bandos a reforzarse, reclutando mercenarios que en muchos casos carecen de experiencia militar previa y reciben solo una o dos semanas de entrenamiento, lo que los hace extremadamente … vulnerables. El Ejército ruso lo ha hecho con falsas promesas a ciudadanos africanos. Kenia ha sido uno de los países que más soldados ha aportado al Ejército de Vladímir Putin. Según informa la BBC, los servicios de Inteligencia kenianos calculan que son más de mil.
«El reclutamiento de kenianos para la guerra entre Rusia y Ucrania representa un desafío significativo para la protección de la diáspora. Nuestro Gobierno continuará reforzando campañas de concienciación, monitoreando redes de reclutamiento y mejorando la cooperación entre agencias gubernamentales», explica a ABC Musalia Mudavadi, secretario del Gabinete para Asuntos Exteriores y de la Diáspora del Gobierno de Kenia.

El mes pasado, Mudavadi se reunió con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, para pedirle que el Kremlin deje de reclutar a los mercenarios kenianos. «Ya no serán alistados», anunció Mudavadi. Por su parte, Lavrov no hizo ningún comentario sobre este supuesto acuerdo y se limitó a señalar que todos los soldados extranjeros, entre los que han destacado los norcoreanos y chinos, «cumplen con la ley rusa».

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Miriam González

Desde el inicio del conflicto han surgido informes sobre ejercicios de reclutamiento dentro de Rusia para apoyar las operaciones militares, presuntamente facilitadas por entidades privadas como el Grupo Wagner, con un número notable procedente de países de África Occidental. En las últimas semanas ha salido a la luz que decenas de ciudadanos kenianos acudieron allí con unas condiciones de vida y salariales que luego no se han cumplido. Mudavadi considera que «aunque el número exacto de africanos involucrados sigue siendo incierto, sabemos que los incentivos económicos han contribuido a un aumento de la participación. A finales de 2024, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Diáspora en Kenia comenzó a recibir consultas de familias kenianas que buscaban información sobre familiares que se pensaba que se habían unido a estas actividades».
Durante los meses de julio y agosto de 2025, la Embajada de la República de Kenia en Moscú recibió varios informes de ciudadanos kenianos que sufrieron lesiones mientras se encontraban en zonas de conflicto, así como de otros que indicaron estar en San Petersburgo tras abandonar procesos de reclutamiento. En este sentido, Mudavadi señala que «la Embajada mantiene contacto con las autoridades pertinentes para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos kenianos en la Federación de Rusia».

Familiares de jóvenes engañados para combatir por Rusia en la guerra de Ucrania reclaman su regreso ante el Parlamento en Nairobi.

(AFP)

Mudavadi explica que «la información obtenida de varios kenianos asistidos por la Embajada antes de su repatriación sugiere que un número significativo podría haber sido reclutado. Se cree que algunos de estos individuos que son exmiembros de servicios disciplinados, como las Fuerzas de Defensa de Kenia, el Servicio Nacional de Juventud y el Servicio Penitenciario».

Redes de reclutamiento

Uno de los mayores quebraderos de cabeza para las autoridades del Gobierno keniano está siendo localizar las redes de reclutamiento. «Los testimonios de ciudadanos kenianos indican la posible existencia de redes de reclutamiento que operan tanto en Kenia como en la Federación de Rusia. Al llegar a Rusia, los reclutas presuntamente son recibidos por contactos locales que facilitan la logística, incluida la recepción en el aeropuerto, alojamiento y traslado a instalaciones de retención designadas antes del despliegue. También se les ayuda a firmar contratos y abrir cuentas bancarias en rublos rusos para el procesamiento de pagos», subraya Mudavadi.
«Según la información compartida con la Embajada, los reclutas reciben un pago inicial de aproximadamente 2,6 millones de rublos (unos 27.000 euros) dentro de las tres semanas posteriores a la firma del contrato, seguido de una remuneración mensual de aproximadamente 320.000 rublos (unos 3.300 euros)», agrega. En caso de lesión o muerte, los contratos estipulan en teoría compensaciones de tres millones y 14 millones de rublos (31.000 euros y 145.000 euros), respectivamente. «El Ministerio aún no ha podido confirmar si algún ciudadano keniano ha recibido la totalidad de los beneficios estipulados en sus contratos», señala Mudavadi.

«Los reclutas reciben un pago inicial de 2,6 millones de rublos (27.000 euros) y luego un sueldo mensual 320.000 rublos (3.300 euros)»

Musalia Mudavadi
Secretario para Asuntos Exteriores y la Diáspora de Kenia

El 24 de septiembre del año pasado, la Unidad de Crimen Organizado Transnacional de la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI) del Gobierno keniano lideró una operación en los apartamentos Great Wall en Athi River, donde se encontró a 21 kenianos alojados mientras esperaban para ser enviados a Rusia.
Edward Kamau Gituku, acusado de coordinar el procesamiento de reclutas kenianos bajo la apariencia de empleos en el extranjero, fue arrestado y llevado ante los tribunales. Gituku está vinculado con Global Face Agencies, una entidad acusada de atraer a kenianos desprevenidos a Moscú para luchar en la guerra contra Ucrania.
«Según algunos informes que están en nuestro poder, las víctimas firmaron contratos con una agencia de empleo no identificada, comprometiéndose a pagar hasta 18.000 dólares (2,7 millones de chelines kenianos o unos 16.500 euros) por visados, viajes y alojamiento», explica Mudavadi. Hasta el 23 de enero, la Administración keniana había identificado un total de 95 ciudadanos involucrados en la operación militar rusa.

«Las víctimas firman contratos con una agencia de empleo no identificada, comprometiéndose a pagar hasta 18.000 dólares (2,7 millones de chelines kenianos o unos 16.500 euros) por visados, viajes y alojamiento»

Musalia Mudavadi
Secretario para Asuntos Exteriores y la Diáspora de Kenia

Por el momento, se ha facilitado el rescate y repatriación de tres kenianos: Derrick Njaga, Pius Mwika y Shaquille Wambo desde el campamento militar Astra en Moscú. Llegaron a Kenia el 28 de septiembre de 2025. Asimismo, Vincent Awiti, Wilson Muage, Daniel Moogi y Daniel Muriuki fueron repatriados tras escapar de áreas de retención en San Petersburgo antes de su despliegue al frente.

Negociar la salida

Mohamed Ali Mohamed, estudiante de magisterio, fue detenido el 17 de octubre de 2025 en la estación de policía de Ostankino tras ser incluido en una lista negra del FSB –antiguo KGB– por presunta amenaza a la seguridad nacional. Tras una intervención diplomática, se negoció su salida voluntaria y regresó a Nairobi el 21 de octubre de 2025.
«Nuestro Gobierno está lanzando campañas en portales digitales y redes sociales oficiales instando a los kenianos en Rusia y países vecinos a registrarse y evitar reclutamientos fraudulentos. También está el apoyo consular a kenianos heridos, incluyendo visitas hospitalarias. Hemos emitido documentos de viaje de emergencia y repatriación de 27 ciudadanos. Elaboramos una lista detallada de kenianos presuntamente involucrados, y se han realizado solicitudes de aclaración a la Embajada rusa en septiembre de 2025», afirma Mudavadi.

Musalia Mudavadi se reunió el mes pasado con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, para pedirle el fin del reclutamiento de mercenarios kenianos.

(Gibson Githalga (Gabinete AA.EE. Kenia))

Las autoridades kenianas han sido informadas de que al menos cuatro kenianos han sido identificados como prisioneros de guerra bajo custodia ucraniana. Un caso conocido es el de Evans Kibet Sullo, atleta keniano que afirma haber sido engañado para firmar un contrato militar. Actualmente está detenido por fuerzas ucranianas. Por otra parte, el 6 de febrero, la Inteligencia militar ucraniana confirmó la muerte de tres kenianos cerca de Lyman (región de Donetsk): Denis Bagaka, Simon Gititu y Clinton Mogesa.
Mudavadi confirma que «el Ministerio recibe constantemente consultas de familias de desaparecidos o fallecidos. Kenianos repatriados han informado que muchos fallecidos fueron enterrados en fosas comunes, dificultando la recuperación de restos. También ha aumentado la presencia de repatriados en podcasts y entrevistas en redes sociales, lo que podría afectar a las relaciones diplomáticas y dificultar rescates a más personas en el futuro».

El Gobierno de Cuba anunció este jueves que aprobó el indulto de 2.010 presos, una decisión que calificó de «gesto solidario humanitario y soberano» y enmarcó en el contexto de las celebraciones de la Semana Santa.«Este gesto humanitario y soberano partió … de un análisis cuidadoso de las características de los hechos cometidos por los sancionados, la buena conducta mantenida en prisión, habiendo extinguido una parte importante de su sanción y estado de salud», refirió el comunicado del Gobierno insular divulgado por medios oficiales.

Indicó que entre los más de 2.000 presos incluidos en esta excarcelación «aparecen jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, los que arriban al término de libertad anticipada en el último semestre y próximo año; así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior».

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En perspectiva

Piedad Bonnett

También señaló que en la lista de indultados se descartaron a personas que «cometieron delitos de agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, drogas, hurto y sacrificio de ganado, robo con violencia o fuerza con la utilización de armas o menores víctimas, corrupción de menores, delitos contra la autoridad, reincidentes y multirreincidentes y algunos que fueron beneficiados con indulto anteriormente y cometieron nuevos delitos».
Asimismo, subraya que este «es el quinto indulto que realiza el Gobierno cubano desde 2011, con los que se han beneficiado más de 11.000 personas».
«Se trata de la segunda excarcelación de personas privadas de libertad del presente año, en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa, que constituye una práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal y de la trayectoria humanitaria de la Revolución», agregó.
El pasado 12 de marzo, el Ejecutivo de La Habana informó sobre la excarcelación de 51 presos, personas que -según explicó- habían cumplido «una parte significativa de la pena y mantuvieron buena conducta en prisión» y encuadró esa decisión en «el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano».
Desde entonces, 24 presos por motivos políticos han sido excarcelados como parte de ese proceso, según ha informado la ONG Prisoners Defenders (PD).
La mayoría de los excarcelados hasta ahora participaron en las protestas antigubernamentales del 11-J y cumplían sanciones de entre seis y 18 años de cárcel por los delitos como desórdenes públicos, desacato, atentado y sedición.
Las primeras excarcelaciones de este proceso coincidieron con el anuncio del Gobierno cubano de que había iniciado un diálogo con representantes de la Administración estadounidense, aunque La Habana en ningún momento ha relacionado ambas cuestiones.