El Congreso brasileño ha reducido este jueves la condena de 27 años de prisión impuesta al expresidente Jair Bolsonaro, en una maniobra legislativa que ahora deberá ser ratificada por la Corte Suprema. La decisión, tomada tras anular un veto presidencial de Luiz Inácio … Lula da Silva, redefine el cálculo de las penas para los delitos contra el Estado de derecho. Esta medida podría permitir que el líder ultraderechista cambie su actual largo régimen de detención en un plazo de apenas dos a cuatro años.
Esta victoria del bolsonarismo representa la segunda gran derrota consecutiva para el presidente Lula en apenas 48 horas, dejando al Palacio del Planalto en una situación de extrema debilidad parlamentaria en un año electoral en el que el actual mandatario busca su cuarta reelección. El miércoles, el Senado ya le había impuesto una derrota al mandatario al rechazar el nombramiento de su Abogado General, Jorge Messias, para una vacante en el Tribunal Supremo. Fue la primera vez desde 1894 que los senadores vetaron a un candidato propuesto por la Presidencia para la máxima corte, evidenciando una crisis de gobernabilidad sin precedentes.

Bolsonaro, quien se recupera actualmente bajo arresto domiciliario tras una octava cirugía realizada en Navidad, cumple condena por liderar un intento de golpe de Estado tras su derrota en 2022 frente a Lula da Silva. Aunque la sentencia original le impedía pasar al régimen semiabierto hasta el año 2033, la prensa local calcula que la nueva ley de «Dosimetría» podría recortar hasta 20 años de su sentencia. Esta reducción favorable al expresidente ocurre mientras su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, se consolida como el principal rival electoral de Lula en las elecciones de este año, liderando inclusive las encuestas.

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El texto aprobado prohíbe la acumulación de las penas por los delitos de abolición violenta del Estado Democrático y golpe de Estado, estableciendo que se aplique únicamente la sanción más grave. Además, la propuesta contempla reducciones de hasta dos tercios para aquellos condenados en contextos de «multitud». Esta cláusula beneficia potencialmente a más de 190 bolsonaristas implicados en el ataque a las sedes de los Tres Poderes, del 8 de enero de 2023, cuando la turba invadió y destruyó esos edificios públicos. Estos acusados ahora pueden tener sus condenas drásticamente reducidas bajo el nuevo marco legal.
La anulación del veto de Lula fue masiva, por 318 votos a favor en la Cámara de Diputados y 49 en el Senado, superando ampliamente el mínimo necesario para desafiar al Ejecutivo. La oposición vinculó este movimiento con la necesidad de pacificar el país, mientras el gobierno califica la medida como un «arreglo político» para fragilizar la democracia.

El Gobierno podría dar la batalla judicial

Según la prensa brasileña, el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, que se ha vuelto una piedra en el zapato de Lula, realizó una maniobra inusual al desmembrar el veto para evitar que la nueva norma suavizara las penas de crímenes comunes graves o facciones criminales. Al declarar que esos fragmentos podían ser «perjudiciales», el Congreso pudo centrar el alivio penal exclusivamente en los delitos de carácter político. Esta estrategia permitió que legisladores moderados apoyasen la votación sin el temor de ser acusados de favorecer a criminales comunes o responsables de feminicidios.
A pesar de la aprobación, la reducción de la pena no será automática y necesita que los condenados presenten defensas ante la Corte Suprema para que realice el recálculo oficial de las puniciones. Se espera que el Gobierno de Lula presente acciones de inconstitucionalidad para frenar la vigencia de la ley, lo que promete una nueva y violenta batalla jurídica. El escenario deja a Bolsonaro más lejos de la celda de lo que la justicia había previsto originalmente, pero aún sin posibilidad de presentarse en esta elección por estar inelegible.

Estamos a punto de entrar en mayo, el mes de las elecciones presidenciales en Colombia, cuya primera vuelta se celebrará el día 31. Unos comicios atizados por el fantasma del fraude desde varios sectores, e incluso desde la propia presidencia del país, algo que se … ha convertido en algo habitual. Gustavo Petro, que está ya en la cuenta atrás de su mandato, se ha enzarzado en los últimos días en una agria discusión con Hernán Penagos, responsable de la Registraduría Nacional del Estado Civil, organismo encargado de la organización de los comicios.
El enfrentamiento del mandatario con Penagos es a cuenta del software electoral alquilado a la empresa Thomas Greg & Sons, propiedad de los hermanos Bautista que, según el presidente, han sido procesados en EE.UU. por estafa. En esta ocasión, Petro reclama el código fuente de dicho software, que en su opinión debe estar en manos del Estado y no de una empresa privada. «Nadie audita de manera experta el software electoral de los hermanos Bautista», denunció Petro en su cuenta de X hace unas semanas, subrayando que «eso no se llama transparencia electoral y no da garantías a la libertad del voto ciudadano».

Para el presidente colombiano, la única manera de asegurar la transparencia de los comicios es que el Estado asuma la titularidad del código fuente, permitiendo auditorías expertas y otorgando acceso a todas las partes interesadas bajo supervisión institucional.

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Ludmila Vinogradoff

Sin embargo, la Registraduría Nacional no está de acuerdo y ha rechazado entregarle el código fuente al Gobierno de Petro por considerar que supondría un alto riesgo. En su opinión, entregarlo elevaría de manera significativa las amenazas a la seguridad del proceso electoral.
Según Penagos, la divulgación total del código habilitaría la creación de versiones fraudulentas y facilitaría ataques dirigidos a vulnerar los controles técnicos ya establecidos: «Permitirá que malintencionados diseñen ataques a la lógica de ese código fuente, generando alteraciones al mismo», señaló en unas declaraciones recogidas por Infobae.

También en las legislativas

 Las críticas por parte de Petro contra el software utilizado por la Registraduría Nacional no son nuevas. También tensionaron los comicios legislativos celebrados el pasado mes de marzo en Colombia utilizando el mismo software.
«El pasado 8 de marzo se llevaron a cabo elecciones para el Congreso de la República, que sucedieron de una manera íntegra y transparente», defendió en declaraciones a ABC Hernán Penagos, durante un acto celebrado este jueves en el consulado colombiano -el lanzamiento del Sistema de Registro Civil Web-. Según Penagos, aquellos comicios demostraron hechos relevantes, «como el preconteo, que son los datos preliminares de la votación de los colombianos, que tuvo un acierto del 99,8%, casi perfecto. Nunca en la historia de Colombia se han tenido datos de preconteo de esa naturaleza».
 El responsable del organismo que organiza las elecciones también quiso subrayar a este periódico que «el escrutinio no lo hace la Registraduría, sino jueces y notarios en Colombia». Y que las auditorías tras ese proceso electoral «fueron eficientes y la observación internacional, en especial la de la Unión Europea, destacó el buen suceso de las elecciones en nuestro país. Lo que sucedió en las elecciones de Colombia fue una muestra de apoyo ciudadano al servicio de la democracia. Lo que ha habido en nuestro país son unas elecciones bien realizadas, muy éticas, absolutamente transparentes y eficientes», ha señalado.
En cuanto a la posibilidad de fraude, se ha referido a algunos factores que estarían fuera de su jurisdicción: «Si se hace referencia a temas como la compra de votos, como la financiación ilegal de las campañas, son algunas de las circunstancias que ha padecido Colombia históricamente, que escapan a la Registraduría, que es meramente organizativa, operativa y gerencial dentro del proceso electoral».

«Temas como la compra de votos, como la financiación ilegal de las campañas, son algunas de las circunstancias que ha padecido Colombia históricamente, que escapan a la Registraduría»

Hernán Penagos
Responsable de la Registraduría Nacional del Estado Civil

Penagos, que ha venido alertando en las últimas semanas sobre dos factores que sí pueden influenciar de manera importante en estos comicios, como la violencia -se han multiplicado los atentados terroristas provocando un elevado número de víctimas civiles- y la desinformación, ha querido, sin embargo, mandar un mensaje claro ante tanta controversia alimentada por Petro: «Estamos muy preparados y tenemos la certeza de unas elecciones íntegras y transparentes. Y así lo ha registrado toda la opinión pública de nuestro país».

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que entre otras cosas se pide a los gobiernos de los países miembros que no retiren las sanciones contra el régimen venezolano porque sigue habiendo presos políticos a pesar de la anunciada amnistía y … tampoco se han convocado elecciones, como pide la comunidad internacional. La imposición o retirada de sanciones es una prerrogativa del Consejo, es decir, de los gobiernos nacionales, y cualquier decisión ha de ser aprobada por unanimidad. Este documento aprobado en la Eurocámara no tiene fuerza legal, pero pone de manifiesto el estado de opinión general.
El Gobierno español ha pedido ya que se retire el nombre de Delcy Rodríguez de la lista de sancionados de la dictadura venezolana, alegando que ahora ya no es vicepresidenta sino la jefa del Estado y que en su día no se incluyó al propio Nicolás Maduro en la relación de los dirigentes que tienen prohibida la entrada en la UE. De hecho, ha anunciado que la invitará a la Cumbre Iberoamericana a pesar de ello.

Esta posición del Gobierno español se queda muy descentrada respecto a la corriente general en Europa, sobre todo si se tiene en cuenta que la resolución ha sido aprobada por una mayoría aplastante de 507 votos a favor y 31 en contra. El texto ha sido promovido por el Partido Popular Europeo y ha sido aprobado por casi toda la cámara excepto por la extrema izquierda. Todos los diputados socialistas, españoles incluidos, han votado a favor. En contra se han manifestado Irene Montero e Isa Serra.

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Los eurodiputados señalan que aún hay como mínimo 470 personas injustamente encarceladas y consideran que la aplicación discriminatoria de la Ley de Amnistía aprobada en Caracas «no proporciona ninguna base para la reconciliación política». Por ello, la resolución insta a la dictadura a poner fin a la represión.

Violaciones de derechos humanos

El texto subraya que el Consejo «debe mantener las sanciones impuestas a los responsables de violaciones de los derechos humanos hasta que se adopten medidas hacia una transición pacífica a la democracia, liderada por Venezuela y respetuosa con su soberanía». En este sentido se señala que en Venezuela se ha de producir «la liberación incondicional de todos los presos políticos, la recuperación de sus derechos civiles y políticos, la retirada y anulación de todos los cargos por motivos políticos contra la oposición y el establecimiento de una hoja de ruta creíble hacia unas elecciones libres y justas».
Los intentos del Gobierno español por levantar las sanciones contra el régimen venezolano se han encontrado con una oposición mayoritaria en el seno del Consejo, donde Alemania, Holanda, Polonia, Suecia o los países bálticos insisten en que deben mantenerse.
El régimen de sanciones permite que se puedan dejar de aplicar temporalmente como una excepción legal, como ya sucedió cuando Rodríguez fue invitada a participar en una reunión entre la UE y los países de Hispanoamérica en 2003 que se celebró bajo la presidencia semestral española. Para este tipo de decisiones no se necesita la unanimidad, por lo que el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha anunciado que piensa aplicar esa excepción para permitirle entrar en España durante la próxima Cumbre Iberoamericana.