El poderoso Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fundado por el fallecido Hugo Chávez, que ha dominado el mundo político nacional en los últimos 27 años, comenzó a fracturarse el pasado 3 de enero, cuando la Fuerza militar de Estados Unidos capturó y extrajo al … entonces presidente Nicolás Maduro para ser juzgado en Nueva York por narcoterrorismo y corrupción.
Este año ha sido fatal para la formación chavista por el impacto que le han causado dos sacudidas. El primer temblor político ocurrió con la extracción de Maduro, dejando fisuras en su organización y el segundo seísmo se produjo con el reciente doble terremoto del 24 de junio, cuando gran parte de las 6.300 muertes, según datos oficiales, se registraron en las viviendas sociales chavistas que se desplomaron en La Guaira.

Los familiares de las víctimas que murieron en el doble terremoto acusan a la dirigencia del PSUV de haberles entregado «casa por tumba» con las torres de la Gran Misión Vivienda –la bandera populista de Chávez–, en el litoral de Caracas. El partido gobernante repartía viviendas por votos a sus seguidores, que ahora repudian y se arrepienten de su orfandad y desamparo (17.000 damnificados).

Noticia relacionada

Ludmila Vinogradoff

La crisis severa hace aguas en el PSUV, pese a mantener hegemonía en el Parlamento y la mayor parte de gobernaciones, alcaldías, consejos municipales y legislativos. Pero sus dirigentes ya no muestran esa unidad de antes y comienzan a cuestionar públicamente a Delcy, la presidenta interina, y a su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea.
El exgobernador del Zulia y compañero de armas de Chávez Francisco Arias Cárdenas, que reconoce el declive del chavismo, teme que se le acuse de corrupción por pedir perdón por los desmanes cometidos por su partido. Por su parte, Iris Varela, alias «la fosforito», que formó parte del gabinete de Chávez, ha culpado públicamente a Alex Saab de traición, sugiriendo que colaboró con la CIA y actuó como agente del imperialismo en la caída y captura de Nicolás Maduro. Mientras que Diosdado Cabello, presidente del PSUV, es el único en respaldar a Delcy al afirmar que ella no fue la que traicionó al partido al entregar a Washington a Maduro.

El PSUV clientelar

Para profundizar en las fisuras el partido oficialista, ABC ha converdado con Juan Barreto, ex alcalde metropolitano de Caracas (2004-2008), fue jefe del comando de campaña de Hugo Chávez en 1998, que se define como izquierdista demócrata, liberal y chavista.

«Ahora en el PSUV, la lealtad se mide por la subordinación en el partido, no por el compromiso ideológico»

Juan Barreto
Exalcalde metropolitano de Caracas

Newsletter

Barreto asegura que el PSUV «se ha dividido en muchos grupos. Parece un archipiélago donde comienzan a aparecer corrientes que son más personalistas que ideológicas, que son brutales». Y añade que «cada alcalde es un cacique local y el gobernador es el jefe de un espacio geográfico. La lealtad se mide por la subordinación en el PSUV y no por el compromiso ideológico, no es un autoconvencimiento, es una lealtad de bandas», añade.
Por ahora lo que se ve en el tablero son los hermanos Rodríguez que «tienen una posición de poder consolidada, más inteligentes y capaces, han logrado una relación más consolidada y envidiable con EE.UU., que han desplazado al madurismo».

Juan Barreto, exalcalde metropolitano de Caracas de 2004 a 2008.

(ABC)

En términos de militantes es un aparato funcional de personas afiliadas por razones crematísticas, clientelismo, más que por ideología. Juan Barreto no conoce la ideología del PSUV: «Decían que era socialista y dejaron de serlo, sigue siendo antiimperialista».
«Creo que hoy tienen un mayor nivel de confusión y su tendencia es la superviviencia a toda costa que es lo que están llevando a cabo desde el 3 de enero cuando comienzan a perfilarse las fracturas», porque cada sector «teme perder su espacio de poder y se atrincheran contando con el poco margen de maniobra que le permita su propia sobrevivencia», diagnostica.

«Ganó Edmundo González, no Maduro»

Al preguntarle cuántos militantes le quedan al PSUV, el exjefe del comando de campaña de Chávez menciona de inmediato las elecciones presidenciales del 2006, cuando Chávez ganó con 7,309 millones de votos (61%) y el ex gobernador del Zulia Manuel Rosales perdió con 4,292 millones votos (38%). Y las compara con las elecciones del 28 de julio de 2024, reconociendo que «Edmundo González Urrutia ganó con 7,443 millones de votos (67%), frente a Maduro que contaba con 3,3 millones de votos (30%)».

«Por decir que no había ganado Maduro, me encarcelaron en mi residencia durante 9 meses»

Juan Barreto
Exalcalde metropolitano de Caracas

Barreto fue uno de los dirigentes chavistas que exigió a Maduro en Miraflores que mostrara las actas del 28 de julio. «Por decir que no había ganado me encarcelaron en mi residencia durante 9 meses». El PSUV fue fundado en el 2008 por una fusión de varias organizaciones como el Movimiento Quinta República (MVR) en el que militaba Barreto y otros como, UPV, MIGT, CMI, Liga Socialista, MDD y IDM.
Sin embargo, el exalcalde no ve que el partido se esté desintegrando: «Todavía tiene un aparato consolidado y está en el poder en las alcaldías y gobernaciones, lo sostiene el Ejército pero ha perdido la legitimidad de origen».
«El PSUV puede adaptarse a las circunstancias con mucha dificultad, tiene que repartir muchas cuotas de poder, hacer una reingeniería y apostar por ganar tiempo. Los chavistas juegan a ganar tiempo. Apuestan a que con el tiempo puedan enderezar la economía y la crisis política», explica.
En cuanto a la facción madurista del PSUV, Barreto señala que en su nueva fase de grupo descafeinado y pragmático «podría hacer el esfuerzo de ser una fuerza competitiva. Es prematuro celebrar la extinción del partido porque hay mucho intereses en juego, particularmente los EE.UU. que está apostando a la ocupación y el control político con esa facción que está en el poder».
«Entonces hay que ver qué tanto se desgasta y se divide la oposición, y en qué medida se consolida la fuerza que está en el Gobierno. No es una apuesta fácil y no creo que sea el momento de predicciones».

«Estoy de acuerdo con las tres fases presentadas por Marco Rubio. Estamos tutelados por EE.UU., no es que me guste, pero ya lo estamos»

Juan Barreto
Exalcalde metropolitano de Caracas

Barreto también apoya a Marco Rubio: «Estoy de acuerdo con las tres fases de Rubio y digo que esto no es fácil, como dijo él. Si Delcy quisiera entregar y renunciar mañana, en términos prácticos creo que le sería difícil hacerlo porque no hay TSJ, no hay CNE y estamos tutelados por EE.UU. No es que me guste, pero ya lo estamos».
«Tenemos el reconocimiento de Washington, tenemos que verlo como una ventaja, una oportunidad y un desafío y habrá que presionar para que se den los cambios, y que las elecciones se hagan el próximo año».

Las autoridades de Venezuela han anunciado este viernes que serán puestas en libertad más de 130 personas detenidas por motivos políticos, en el marco de su ley de amnistía, aprobada en febrero y que abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999.El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática ha informado de que se han otorgado «medidas alternativas a la privación de libertad para un total de 131 personas que se encontraban bajo régimen de detención, por su presunta o comprobada participación en la comisión de delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano».»Las referidas medidas fueron acordadas por los tribunales de la República, a petición del Ministerio Público, luego de que este Programa solicitara a los órganos del Sistema de Justicia Penal evaluar la situación jurídica de personas procesadas o condenadas por delitos relacionados con diversos atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la República», ha señalado en un comunicado difundido en redes sociales.La ONG Foro Penal, que hace seguimiento del estado de los presos en Venezuela, ha anunciado poco antes que las autoridades del país han excarcelado a 17 personas, incluida la «presa política Emirlendris Benítez», quien permanecía en prisión desde 2018.Amnistía Internacional denunció en 2023 que en su caso bastó con compartir un trayecto en coche con terceras personas supuestamente involucradas en actos de violencia para ser detenida y torturada. Benítez perdió el hijo que esperaba y necesita silla de ruedas para moverse, apuntó la ONG en un informe en el que documentaba detenciones arbitrarias en Venezuela.Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) han manifestado su «inmensa alegría» por la liberación de Benítez, «detenida injustamente», en un comunicado difundido en sus redes sociales, donde han trasladado su «más profunda solidaridad con toda su familia».La ONG ha denunciado que en estos ocho años en prisión, la joven «sufrió múltiples torturas que le dejaron graves secuelas de salud», por lo que ha exigido una «reparación integral para todas las víctimas» y en particular para las mujeres, quienes ha sido sometidas a «tratos crueles, inhumanos y degradantes».»La lucha no termina aquí. Recordamos que aún quedan cientos de presos políticos privados de su libertad», ha agregado.La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció a finales de enero una ley de amnistía para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país así como el cierre de las instalaciones del Helicoide, centro de detención operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y señalado por la oposición venezolana como un centro de torturas para disidentes políticos, con vistas a reconvertirlo en un espacio cultural y deportivo.

Estados Unidos ha comenzado a someter a sus aliados europeos a un examen de tipo político y militar antes de decidir qué tropas y capacidades mantiene en el continente y si sigue permitiendo la transferencia de armamento. La Administración Trump, inmersa ya en una … revisión de seis meses de todo su despliegue militar en Europa, ha enviado a los países que integran al alinza militar de la OTAN un cuestionario en el que pregunta por su grado de apoyo a la política exterior estadounidense, las restricciones que imponen al uso de las fuerzas norteamericanas y hasta sus compras a empresas de defensa de Estados Unidos.
La existencia del cuestionario fue revelada por Bloomberg y ha sido confirmada este viernes a ABC por una fuente militar conocedora del proceso. La revisión debe concluir en diciembre y servirá para determinar el futuro de parte de la presencia estadounidense en Europa, incluidos efectivos, bases y capacidades que Washington mantiene a disposición de la defensa de la Alianza.

El documento introduce además un elemento especialmente relevante para España. Entre las preguntas figura expresamente si los aliados han impuesto restricciones al uso de sus bases por las Fuerzas Armadas estadounidenses y, en caso afirmativo, si estarían dispuestos a «reducir o eliminar» esas limitaciones. España acaba de protagonizar precisamente uno de los enfrentamientos más graves con Washington por esta cuestión, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez negara el uso de Rota y Morón para operaciones relacionadas con la guerra contra Irán.

Noticia relacionada

David Alandete

El cuestionario, al que ha tenido acceso este diario, pregunta a cada aliado si ha sido «públicamente favorable» a la política exterior de EE.UU. y hace referencia específica a las iniciativas de Washington en Oriente Próximo y en el contienente americano. Son dos escenarios en los que la Administración Trump ha emprendido operaciones militares que han generado importantes diferencias con varios gobiernos europeos: la guerra contra Irán y la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.
No significa esto que una respuesta concreta determine automáticamente la retirada de tropas, dice esa fuente militar a ABC. La revisión incluye consideraciones militares, estratégicas y presupuestarias mucho más amplias. Pero el cuestionario incorpora de forma explícita el comportamiento político de los aliados a un proceso que acabará determinando dónde mantiene Washington parte de sus fuerzas, incluidos países como España, Italia o Alemania.
Para España, el examen llega después de meses de deterioro de la relación con la Administración Trump en materia de defensa. El primer gran enfrentamiento se produjo por el gasto militar. Sánchez se resistió a asumir el objetivo reclamado por Trump para que los aliados eleven hasta el 5% del PIB el esfuerzo relacionado con defensa y seguridad.

Tensión por la crisis iraní

Newsletter

Después llegó la crisis de Irán. El Gobierno español negó en febrero autorización para utilizar Rota y Morón en apoyo de las operaciones estadounidenses contra la República Islámica. El Gobierno español defendió que cualquier utilización de esas instalaciones debe ajustarse al Convenio de Cooperación para la Defensa y a sus obligaciones conforme al derecho internacional.
La decisión provocó una reacción particularmente dura en Washington. El fallecido senador republicano Lindsey Graham, uno de los aliados más próximos de Trump en política exterior, llegó a pedir al presidente que sacara las bases estadounidenses de España. «España, no nos dejáis usar vuestras bases aéreas, nuestras bases en vuestro país. Estoy animando al presidente Donald Trump a trasladar todas nuestras bases fuera de España», afirmó entonces Graham. «Si existe un compromiso bajo el artículo 5 de la OTAN, no deberíamos tener bases en un país que no nos deja utilizarlas». Ese artículo es el de la defensa mutua, que obliga a todos los miembros, incluido EE.UU. a actuar en caso de ataque a cualquiera de los demás.
Trump elevó posteriormente la presión y acusó a España de no comportarse como un socio fiable dentro de la Alianza. El enfrentamiento llevó al Pentágono a estudiar escenarios para reducir parte de la presencia militar en España o trasladar determinadas capacidades a otros países europeos, como ABC adelantó en abril. Entre las posibilidades examinadas figuraba trasladar parte de las funciones de Rota a Grecia, aunque una operación semejante exigiría años, importantes inversiones y la construcción de nuevas infraestructuras.
Ahora, aquellas discusiones encajan dentro de una revisión mucho más amplia de la presencia estadounidense en todo el continente. El cuestionario va más allá de las bases. Washington pide también pruebas de que los aliados están cumpliendo sus nuevos compromisos de gasto militar y pregunta expresamente si ese dinero se utiliza para comprar material a empresas estadounidenses.
La Administración Trump quiere saber asimismo sii los gobiernos aliados se han opuesto públicamente a las iniciativas europeas destinadas a favorecer la compra de armamento fabricado dentro de Europa. Y, cuando no lo han hecho, plantea una pregunta directa: si estarían dispuestos a hacerlo.
Ese punto introduce en la revisión militar una disputa comercial que lleva meses creciendo a ambos lados del Atlántico. Europa pretende que una parte importante del enorme incremento de sus presupuestos militares fortalezca su propia industria de defensa. Washington quiere evitar que ese proceso cierre oportunidades a compañías estadounidenses, y quiere que se mantenga la importación y la dependencia.

Récord de compras en defensa

La paradoja es que España llega a este examen de Washington como uno de los principales compradores europeos de tecnología militar estadounidense. Según datos del Departamento de Defensa facilitados a ABC, las adquisiciones españolas se dispararon desde la invasión rusa de Ucrania: alcanzaron 1.682 millones de dólares en 2023 y el récord de 2.907 millones en 2024, más de 4.500 millones en apenas dos años. Entre las operaciones figuran helicópteros MH-60R Seahawk, sistemas Patriot, munición, radares y otros equipos. A ello se suma la modernización prevista de las cinco fragatas F-100, con sistemas Aegis y otros componentes estadounidenses, en un paquete autorizado por Washington por hasta 1.700 millones de dólares. Es precisamente este tipo de compras el que la Administración Trump pregunta ahora a cada aliado al evaluar su relación militar con Estados Unidos.

El cuestionario fue distribuido inicialmente a las delegaciones de los aliados en Washington y después circuló en la sede de la OTAN en Bruselas

El cuestionario fue distribuido inicialmente a las delegaciones de los países aliados en Washington y posteriormente comenzó a circular en la sede de la OTAN en Bruselas, según afirma Bloomberg. EE.UU. tiene previsto reunirse con sus socios allí a finales de este mes para abordar la revisión.
El Pentágono ya ha anunciado la retirada de 5.000 militares de Alemania y el redespliegue de otras fuerzas sin reemplazarlas. Al mismo tiempo, Trump se ha comprometido a reforzar la presencia estadounidense en Polonia tras la elección del nacionalista Karol Nawrocki.
Washington estudia también reducir algunas de las capacidades que tendría disponibles para responder a una agresión contra territorio aliado. Entre los medios afectados podrían encontrarse bombarderos estratégicos, drones y buques de guerra. La cuestión resulta especialmente sensible porque algunas de esas capacidades, particularmente los bombarderos estratégicos, no tienen un equivalente europeo suficiente.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha intentado presentar la revisión como una consecuencia natural del aumento del gasto europeo en defensa. Según Rutte, una Europa que invierte más puede asumir una proporción mayor de su propia seguridad y permitir que Estados Unidos redistribuya recursos hacia otras prioridades.
Rota y Morón adquieren una importancia especiaI, por ser parte del dispositivo de proteción de la OTAN ante cualquier amenaza procedente de África. En España hay más de 3.800 militares estadounidenses destinados de forma estable, una cifra considerablemente inferior a la de Alemania, Italia o Reino Unido, pero las dos instalaciones ofrecen una posición geográfica difícil de sustituir.
Rota permite a la Armada estadounidense operar simultáneamente hacia el Atlántico, el Mediterráneo, África y Oriente Próximo y alberga destructores equipados con el avanzado sistema Aegis, integrados en la defensa antimisiles de la OTAN. Morón es una plataforma esencial para transporte, repostaje y despliegue rápido de fuerzas hacia África y Oriente Próximo.
Las dos son instalaciones españolas de uso compartido, no bases estadounidenses sobre las que Washington disponga de soberanía. Su utilización está regulada por el Convenio de Cooperación para la Defensa, que permite a Madrid autorizar o limitar determinadas operaciones cuando quedan fuera del marco acordado.
Precisamente esa capacidad de España para decir no es ahora una de las cuestiones que Washington ha decidido incorporar a su examen general de los aliados. Lo que hasta ahora había sido una trifulca bilateral sobre Rota, Morón, Irán y el gasto militar pasa así a formar parte de una revisión mucho más amplia: dónde quiere EEUU. mantener sus fuerzas en Europa y qué espera, política, militar y económicamente, de los países que las acogen.