Estados Unidos ha entrado directamente en la conectividad de internet para desactivar lo que ha sido una de las herramientas más discretas y eficaces del espionaje ruso. Sin ruido, sin despliegues visibles, pero con alcance global y capacidad de robar información a ciudadanos privados … en todo el mundo, incluida España.
El Departamento de Justicia y el FBI anunciaron este martes una operación autorizada judicialmente en Boston para neutralizar en territorio estadounidense una red de routers domésticos y de pequeñas oficinas comprometidos por el GRU, la temida inteligencia militar de Rusia, convertidos en nodos de vigilancia encubierta.

La red no era marginal. Funcionaba desde al menos 2024 y se apoyaba en miles de dispositivos repartidos por todo el mundo. Su lógica era simple y sofisticada a la vez, no atacar directamente a los sistemas protegidos, sino infiltrarse en la puerta de entrada.

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David Loji

Los routers, muchas veces mal configurados o sin actualizar, se convertían en el punto ciego perfecto. Desde ahí, los operadores rusos —identificados por Occidente como Fancy Bear, un grupo experto en espionaje en toda Europa y EE.UU.— podían ver, redirigir y manipular el tráfico de cualquier dispositivo conectado a esa red, espiando a ciudadanos, sobre todo los que usaran routers de las marcas afectadas. La principal marca identificada en la operación es TP-Link.
El mecanismo técnico revela la ambición de la operación. Una vez dentro del router, los atacantes modificaban el sistema DNS para redirigir las conexiones a servidores bajo su control. A partir de ese momento, podían interceptar comunicaciones, suplantar servicios legítimos y capturar credenciales sin que el usuario percibiera anomalías.
Incluso el tráfico cifrado podía quedar expuesto mediante ataques intermedios si el usuario aceptaba advertencias de seguridad. El resultado era un acceso silencioso a correos, contraseñas y sistemas internos, con especial interés en perfiles militares, gubernamentales y de infraestructuras críticas. Pero cualquier ciudadano, incluidos político, era susceptible de ser espiado si usaba esos routers.
El valor estratégico de esta red no estaba solo en lo que robaba, sino en cómo lo hacía. El ataque era inicialmente indiscriminado, masivo, casi automático. Pero después se refinaba. Los sistemas del GRU filtraban la información capturada para centrarse en objetivos de alto valor. En la práctica, miles de hogares y pequeñas empresas se convertían, sin saberlo, en plataformas de inteligencia distribuidas al servicio de un Estado, el ruso.
La respuesta de Estados Unidos ha sido quirúrgica. El FBI no se limitó a alertar o recomendar medidas, sino que intervino directamente los dispositivos comprometidos dentro de su jurisdicción, instando a sus socios a hacer lo mismo. Mediante comandos autorizados por un tribunal, eliminó las configuraciones maliciosas, restauró los sistemas y cortó el acceso de los atacantes. No fue un apagado de la red desde fuera, sino una limpieza desde dentro. Un precedente relevante en la forma en que Washington decide actuar frente a amenazas persistentes.
La operación, sin embargo, no ha sido exclusivamente estadounidense. Ha contado con el respaldo de una red amplia de aliados que han aportado inteligencia, análisis técnico y capacidad de atribución. Canadá, Alemania, Italia, Polonia, Rumanía, Ucrania y Portugal figuran entre los países que han participado en el aviso conjunto, junto a varios socios nórdicos y bálticos especialmente activos en ciberdefensa. También han contribuido empresas tecnológicas como Microsoft y Lumen, clave en la identificación de patrones de ataque y en el rastreo de la infraestructura utilizada.
Portugal aparece en ese listado como socio activo en la respuesta, lo que indica una implicación directa en el intercambio de inteligencia o en la detección de la actividad del GRU. No como objetivo, sino como parte del mecanismo de defensa colectiva que articula la OTAN y sus socios en el ámbito digital.
En ese contexto, la ausencia de España resulta llamativa. No figura entre los países que participan en este despliegue conjunto pese a tratarse de una operación de gran alcance contra una infraestructura de espionaje que, por su naturaleza, afecta a múltiples territorios. El comunicado no detalla todos los países afectados, sino aquellos que han decidido aparecer como parte de la respuesta coordinada. Y ahí España no está, a pesar de haber participado en otras iniciativas en años pasados para hacer frente a amenazas de Rusia o China. En la alerta anterior, publicada en diciembre, sí figuraba la cooperación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.
Esa ausencia se produce además en un momento de cautela creciente en los intercambios de inteligencia. Fuentes en Washington apuntaron a ABC el año pasado que Estados Unidos ha revisado en los últimos meses algunos de los canales de información compartida con España, en un contexto marcado por la presencia de tecnología y servidores vinculados a China en territorio español. Ese factor introduce un elemento adicional de desconfianza y puede ayudar a explicar por qué Madrid no aparece en un esfuerzo que sí incluye a otros socios europeos.
Nada de esto implica que España haya quedado al margen del ataque. Al contrario. Dado el carácter masivo y en gran medida indiscriminado de la operación del GRU, routers en territorio español han podido verse comprometidos.

«Es cierto que tengo muchos amigos en la política —dice Vito Corleone en ‘El Padrino’ ante las otras familias—, pero dejarían de serlo si supieran que estoy metido en las drogas en lugar del juego, que para ellos es un vicio inofensivo». Corleone … justifica así su rechazo inicial al narcotráfico, argumentando que su red de protección estatal dependía de la percepción social de sus actividades. El juego era tolerable para sus aliados políticos; la heroína suponía un riesgo de ruptura.
Ryan Gingeras conecta esta lógica con la realidad en su obra ‘Mafias’ (Ariel, 2026). El autor sostiene que las organizaciones criminales prosperan mediante delitos sin víctimas directas. Gingeras incluye en esta categoría las apuestas, la prostitución, el contrabando y, a diferencia de Corleone, también el tráfico de drogas. Al no existir «lesionados físicos», la detección de estas actividades es compleja para las autoridades policiales, señala.

El éxito de estas mafias revela los límites de los gobiernos donde surgen. Según el historiador, el crimen organizado constituye un desafío directo a la legitimidad de los regímenes actuales. El libro reconstruye esta evolución desde el siglo XIX hasta la aparición de los cárteles contemporáneos.
—¿Existe un patrón común en las distintas mafias que ha estudiado?
—La mafia refleja historias específicas locales. Pueden compartir rasgos respecto a los delitos que cometen o las fuerzas que las hacen internacionales, pero su desarrollo es individual.
—¿Qué señales de alerta permiten detectar el salto de una banda local a una red transnacional?
—Si se detectan esas señales, ya es demasiado tarde.
—¿Qué prejuicio sobre la mafia ha desmentido su investigación?
—El mayor error es ver a las mafias como una expresión de una cultura nacional. Durante mucho tiempo se creyó que la mafia siciliana era representativa del pueblo de Sicilia. Hoy ocurre lo mismo con los albaneses. Mi trabajo demuestra que la historia y las relaciones sociales son las que moldean a los grupos criminales. Con el tiempo, esa relevancia puede desaparecer. En Estados Unidos, los judíos fueron vistos durante décadas como un pueblo inclinado al crimen organizado por su carácter, algo que hoy ya no se sostiene.

«España se ha visto afectada por mafias exteriores debido a la consolidación de la Unión Europea, la globalización y la prosperidad económica del continente»

Ryan Gingeras

—¿Cómo debe interpretarse el caso de Venezuela, donde el Estado actúa en colaboración directa con el crimen?
—En mi libro desarrollo la idea de que las mafias exitosas aprovechan a sus aliados en el Gobierno. No diría que el Ejecutivo de Maduro sea una mafia; es un colaborador de las mafias bajo una relación de beneficio mutuo. El caso de Venezuela es sintomático. Existen gobiernos con la fuerza suficiente para retener cierta legitimidad, pero tan débiles que necesitan a las mafias para sostener la economía y controlar a la población. Históricamente, este fenómeno no se limita al narcotráfico. Los Estados, sin importar su poder, suelen formar alianzas con grupos criminales por diversos motivos.
—¿Podría darme algún ejemplo?
—Los grupos criminales representan la economía, la sociedad o la política de regiones específicas, ya sean barrios, ciudades o estados. Muchos gobiernos aceptan la realidad de que ciertos grupos ejercen un poder de facto. Existen dos ejemplos contemporáneos famosos. Primero, la Chicago Outfit. Esta organización mantuvo lazos estrechos con el Partido Demócrata de la ciudad. No solo usaban el soborno; eran esenciales en las elecciones para movilizar votantes e intimidar enemigos. Además, la Outfit fue vital para la economía local durante la ley seca. El contrabando de alcohol de Al Capone resultó fundamental para el desarrollo de la ciudad. Un segundo ejemplo es Le milieu de Marsella. Durante generaciones, la mafia marsellesa trabajó con el Partido Socialista como ejecutores y aliados electorales. Llegaron a tener conexiones incluso con el Gobierno central en París. Estas alianzas suelen terminar cuando los grupos pierden fuerza. Hoy, tanto la Outfit como la mafia de Marsella son solo una sombra de lo que fueron.

‘Mafias’

—¿Por qué el concepto de «cártel» terminó sustituyendo al de «mafia» en el imaginario colectivo?
—El término cártel surgió a mediados de la década de 1970. No está claro quién acuñó la idea para definir a los grupos de México y Colombia. En aquella época, ambos términos se usaban indistintamente. Es probable que los investigadores en Estados Unidos o México interpretaran que estos grupos eran distintos al no ser estrictamente jerárquicos. Eran consorcios de traficantes. Vieron una similitud con la OPEP, que es un cártel del petróleo. El embargo petrolero de 1973 popularizó el concepto de cártel bajo esa luz específica. Con el tiempo, esta palabra desplazó al término «mafia».
—¿Daña la legalización de las drogas el modelo de negocio de estas organizaciones o solo las obliga a mutar?
—La prohibición del alcohol creó un mercado inmenso que desapareció en los años treinta. Las mafias estadounidenses ya planeaban su paso a otras industrias antes del fin de la ley seca. La marihuana es un caso interesante. Aunque sea legal, el Estado la controla y le aplica impuestos. Si un productor quiere evitar las tasas o la inspección estatal, recurre al mercado ilícito. La legalización no elimina el incentivo para que una mafia participe en la industria de una forma más discreta.
—¿De qué forma las criptomonedas y las sustancias sintéticas han alterado las reglas del mercado criminal?
—Los cambios en la economía global facilitan el comportamiento criminal. Las drogas sintéticas han alterado el mercado. Ahora el consumidor tiene acceso a una variedad más amplia de sustancias con distintos precios y efectos. Para las mafias, el narcotráfico es ahora una cuestión de elección: deciden en qué parte del mercado especializarse. Las criptomonedas son la evolución de un fenómeno que comenzó en los años ochenta. Las finanzas internacionales permiten transferir dinero por todo el mundo en segundos. Al ser un flujo solo parcialmente regulado, es muy difícil de rastrear. El bitcoin facilita la ocultación de fondos ilícitos.
—¿Refleja el cine a la mafia o es la mafia la que se inspira en la pantalla?
—Es un bucle. Utilizamos la palabra «mafia» libremente porque todos la entendemos gracias a las películas, especialmente por ‘El Padrino’. Es irónico, porque la palabra no aparece en la primera película de la saga. Sin embargo, el público la utilizó para explicar el filme como un reflejo de la mafia estadounidense. A raíz de la película, términos como «padrino» se universalizaron. Antes de la película, los jefes de Marsella usaban otros términos para definirse. Después, empezaron a llamarse padrinos entre ellos. Lo mismo ocurrió en Italia. Actualmente, las mafias reflejan lo que ven en televisión. Pablo Escobar es un ejemplo de esta sinergia. Adoraba ‘El Padrino’ y, según su hermano, imitaba los gestos de Marlon Brando. El concepto de cómo debe actuar un criminal organizado se refuerza a través de la ficción.
—¿Es el cine una apología de las mafias?
—El concepto de mafia es un vehículo eficaz para hablar de historia o cultura. Capta la atención del público. El propósito original de Francis Ford Coppola no era idealizar a la mafia. Él siempre afirmó que ‘El Padrino’ era una crítica al capitalismo y a la política estadounidense. Otras películas, como ‘La tríada de Shanghái’, utilizan a las organizaciones criminales para realizar un análisis crítico de la cultura de un país en un periodo determinado.
—¿Cómo afecta la consolidación del mercado europeo al auge de las mafias en España?
—España y otros países de Europa occidental han experimentado la influencia de las mafias más tarde que otros lugares. Estados Unidos fue el centro del desarrollo de estas organizaciones durante el siglo XX por ser el mercado principal. En Europa occidental, los signos de actividad criminal organizada aparecen a finales de los años setenta con el tráfico de heroína. España se ha visto afectada por mafias exteriores debido a la consolidación de la Unión Europea, la globalización y la prosperidad económica del continente. Europa es ahora un mercado de consumo muy atractivo para productos que antes solo se vendían en Estados Unidos. Esta tendencia continuará creciendo debido a la integración mundial.
—Si pudiera rodar una película como ‘El Padrino’, ¿qué grupo criminal elegiría como protagonista?
—Me fascinan los grupos albaneses porque su historia nunca se ha contado bien. Se podría narrar un relato sobre los albaneses en Europa o en Estados Unidos. Abordaría el papel de los inmigrantes en la sociedad y su relación con la política y la economía europea. Hay vetas muy ricas para explorar en países como Suiza o el Reino Unido.

La misión internacional de observación electoral para supervisar las próximas elecciones parlamentarias húngaras está a punto de llegar a Budapest. Casi cien observadores de cuatro continentes darán fe de la legitimidad de la votación, aunque una de ellos despierta tensas sospechas entre las filas de … Tisza, el partido del opositor Péter Magyar. Concretamente, la presencia de la rusa Daria Boyárskaya, antigua intérprete personal de Vladímir Putin y actualmente asesora en la Asamblea Parlamentaria de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), ha llevado al partido a negarse a asistir a las reuniones previas que deberían celebrarse los días jueves y viernes. Fuentes del Consejo de Europa, que también envía a sus propios observadores a los comicios húngaros, han señalado a ABC su intención de mantener esas reuniones según lo previsto, aunque reconocen que quizá sea necesario llevarlas a cabo por separado y no conjuntamente con los enviados de la OSCE.
Boyarskaya trabajó durante muchos años para el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso y su conocimiento del inglés y del ruso le permitió ejercer la labor de intérprete en numerosas reuniones de alto nivel, incluida al menos una entre Putin y Trump. Desde su actual cargo, sería la encargada de verificar la celebración válida de unas elecciones sobre las que pesan preocupaciones acerca de su legitimidad. La oposición de Tisza ha acusado a Orbán y a su alianza Fidesz–KDNP de cometer fraude electoral sistemático, compra de votantes y voto en cadena. Un reciente documental ha denunciado que explota la vulnerabilidad y dependencia económica de hasta 600.000 votantes.

El abogado polaco Jerzy Kwaśniewski, presidente del ‘think tank’ legal Ordo Iuris y también reclutado como observador de la Coalición de la Libertad para unas Elecciones Libres y Justas (LCFFE), reconoce que «la misión se está desplegando en un entorno polarizado sin precedentes».

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Rosalía Sánchez

La OSCE, por su parte, se limita a contestar a ABC que la presencia de Boyárskaya «responde a criterios internos de representación regional y no a una decisión política». Aun así, la controversia amenaza con empañar la misión antes incluso de que comience su trabajo sobre el terreno y cuyo objetivo, según la organización, es «verificar si el proceso electoral de Hungría se lleva a cabo de manera legal, transparente y democrática», incluyendo si los votantes pueden expresar su voluntad política libremente y sin influencias indebidas, y si los resultados finales reflejan esa voluntad.

Narrativa contra las organizaciones internacionales

La presencia de una funcionaria rusa en la misión de observación electoral, en un país de la UE y en plena guerra en Ucrania, tiene implicaciones que van más allá de las fronteras húngaras, porque diplomáticos europeos consultados por este periódico temen que el episodio «alimente la narrativa de desconfianza hacia los organismos multilaterales y ofrezca munición a quienes cuestionan la legitimidad de las instituciones democráticas».
Boyarskaya, aparentemente indiferente a las críticas, ha convocado a representantes de organizaciones de la sociedad civil a una reunión a puerta cerrada en Budapest, para «compartir sus preocupaciones sobre el panorama político húngaro». Ha invitado a la diputada laborista británica Rupa Huq y al diputado armenio Sargis Khandanyan, esperando así sentar las bases de la misión de la OSCE. «Estas reuniones suelen implicar el intercambio de información altamente sensible sobre la presión política, los riesgos de manipulación electoral y las amenazas que enfrentan defensores de derechos humanos y periodistas», ha anotado Márta Pardavi, copresidenta del Comité Húngaro de Helsinki, en una carta enviada a principios de este mes a varios funcionarios de la OSCE. «Independientemente de si Boyarskaya mantiene o no vínculos con organismos oficiales rusos, la percepción de que los intercambios confidenciales podrían ser accedidos por actores externos maliciosos impediría que los activistas de derechos humanos hablaran libremente», ha advertido. Por ello, ha solicitado que la OSCE-AP considere «destituir inmediatamente a la señora Boyarskaya de todas sus tareas relacionadas con la misión de observación electoral en Hungría, y asegurar que la señora Boyarskaya no tenga acceso a información sensible relacionada con las elecciones ni a interlocutores de la sociedad civil en el futuro».