Publicado: mayo 14, 2019, 9:07 pm
¿Hay una ofensiva contra la autonomía del poder judicial, como lo denunció ayer el jefe del Partido Liberal, César Gaviria, y como lo han sostenido algunos congresistas, analistas y movimientos sociales?
Aunque la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, no fue tan lejos, ayer la polémica se acrecentó luego de un pronunciamiento del ex presidente Gaviria quien en una carta denunció una especie de complicidad entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos para intimidar a los órganos del poder judicial.
“El director del Partido Liberal se permite manifestar su preocupación por la indebida presión que viene ejerciendo sobre las Supremas Cortes y la JEP, ya no solo por el gobierno nacional, también por los Estados Unidos, de una manera que desvirtúa el marco de cooperación que en materia de lucha contra el narcotráfico hemos construido a lo largo de varias décadas. Ese acuerdo para presionar y quitar visas parte de la responsabilidad compartida y del respeto a las convenciones y convenios de la ONU”, dijo Gaviria.
Estas son las declaraciones del expresidente César Gaviria sobre la decisión del gobierno de Estados Unidos de retirarles la visa a tres magistrados colombianos.
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— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 14 de mayo de 2019
Por su parte, las presidentas de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortiz; de la Jurisdicción Especial para La Paz, Patricia Linares; y del Consejo de Estado, Lucy Jeannette Bermúdez, dieron una rueda de prensa en la que dijeron que los órganos del Poder Judicial tomarán decisiones sin aceptar presiones.
«La integridad, independencia e imparcialidad de la judicatura son requisitos esenciales para la protección efectiva de los derechos humanos y la garantía de un orden jurídico justo». Ver rueda de prensa completa ? https://t.co/EcibjVajWZ pic.twitter.com/3W1ilRgsPa
— Corte Constitucional (@CConstitucional) 14 de mayo de 2019
Ortiz explicó que “queremos decirle al país que la integridad de los jueces es sagrada y que las cortes han defendido su autonomía y toman decisiones en derecho”.
Añadió que la decisión de la embajada de Estados Unidos “la vemos como parte de un contexto. No es un problema de visas para magistrados. Es un tema que inquieta por un contexto de presiones y preocupaciones».
Ante las afirmaciones de Gaviria, el Canciller Carlos Holmes Trujillo dijo que “el Gobierno no ha ejercido, ni ejerce y no ha promovido presiones indebidas ni de ningún tipo contra el poder judicial en el caso que hoy se trata ni en ningún otro caso”.
Un día antes, Trujillo había fijado la posición oficial al señalar que espera que el problema con las visas americanas de algunos magistrados de las altas cortes “se resuelva conforme a las normas y procedimientos de dicho Estado, como acontece en estos casos de conformidad con el derecho internacional”.
Y aunque aclaró que el gobierno es defensor de la independencia de poderes y “valora y practica el principio de cooperación armónica entre los poderes públicos”, señaló que Colombia también “respeta la soberanía de los estados en materia migratoria y su competencia para otorgar y retirar visas”.
La manzana de la discordia
Todo comenzó en abril pasado, cuando el saliente Embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, invitó a un grupo de congresistas a una reunión para hablar sobre el futuro de la extradición en un momento en el que la Cámara de Representantes discutía las objeciones del presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Aunque la reunión fue privada trascendió que Whitaker se mostró preocupado por el futuro de la extradición, de los colados en los acuerdos que buscan someterse a la JEP para evitar a la justicia norteamericana, y especialmente por la parálisis en las fumigaciones con glifosato.
Y aunque según el representante a la Cámara del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, la reunión fue cordial y en buenos términos, otros colegas suyos -como Juanita Goebertus, del Partido Verde- se sintieron presionados y se retiraron del encuentro.
Para complicar aun más las cosas, el Embajador también invitó a los magistrados de la Corte Constitucional a una comida para hablar de los mismos temas (extradición, objeciones a la JEP, etc), y éstos la declinaron.
La sorpresa se produjo el viernes pasado cuando se supo que la Embajada había cancelado las visas de dos magistrados de la Corte Constitucional -Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo- y a uno de la Corte Suprema, Eyder Patiño. Lo mismo ocurrió con el congresista Jhon Jairo Cárdenas, que reveló detalles de la primera reunión y que votó en contra de las objeciones.
Y aunque la Embajada de Estados Unidos ratificó sus lazos de amistad con Colombia, también subrayó en un comunicado que tiene la potestad para revocar visas a quienes no cumplan los requisitos para tenerlas.
“Un país es libre de decidir quién entra a su territorio, pero retirarles las visas a 1 congresista y 3 magistrados en medio de sus decisiones legislativas y judiciales es injerencia directa internacional y violación a la soberanía”, dijo por su parte la representante del Partido Verde, Juanita Goebertus.
