Publicado: mayo 18, 2025, 10:45 pm
La fuente de la noticia es https://www.abc.es/internacional/zona-guerra-frontera-mexico-20250519040435-nt.html
«Esto parece ahora la frontera entre Corea del Norte y del Sur». Leopoldo Hernández, un vecino de El Paso (Texas), de origen mexicano, como tantos aquí, recuerda los tiempos en los que la separación entre su ciudad y su hermana mexicana, Ciudad Juárez, … era porosa y ambas formaban una comunidad transfronteriza. Lo dice y suelta una carcajada, pero no es una broma.
«Área restringida. Esta propiedad del Departamento de Defensa ha sido declarada área restringida por autoridad del comandante», se puede leer en un cartel, cerca de allí, en el segmento de la frontera que pasa delante de la localidad de Santa Teresa, en Nuevo México.
Está clavado a unos veinte metros del muro fronterizo, una valla de unos nueve metros de alto formada por barrotes metálicos que dejan ver el lado mexicano. Estamos en un páramo desértico, en el que el famoso e incompleto -y nunca pagado por México, como prometió- muro de Donald Trump se extiende en una trayectoria rectilínea, hasta donde se pierde la vista. Es una frontera de escuadra y cartabón, diseñada en el siglo XIX, desligada de cualquier circunstancia orográfica.
Ese cartel es la manifestación de uno de los cambios más profundos y polémicos en la política fronteriza tras el regreso del multimillonario neoyorquino al poder: la militarización de la frontera.
Después de una campaña impulsada por el caos migratorio de la anterior Administración, la de Joe Biden, repleta de defensas de mano dura con la inmigración ilegal, en la que prometió «sellar» la frontera, Trump ha recurrido a uno de sus grandes activos como comandante en jefe de la primera potencia mundial: ha mandado a la frontera miles de tropas. Los soldados han pasado de 2.500 efectivos dispersos a más de 8.000 centrados en tres segmentos, además de dotaciones de vehículos de combate, aviones de guerra y tecnología de vigilancia.
Y, en una decisión por la que aquel vecino de El Paso se acuerda de las dos Coreas, ha convertido en zona militar, a golpe de rotulador ejecutivo, dos franjas pegadas a la frontera de Nuevo México y de Texas, que cubren un total de más de 400 kilómetros de frontera.
Derechos humanos
Ahora mismo estamos en un punto de esa franja estrecha, de apenas treinta metros de ancho en algunas zonas. ABC acompaña a las labores de vigilancia de uno de los destacamentos militares en la frontera, que ha hecho que la oposición y los grupos activistas y de derechos humanos pongan el grito en el cielo.
Es apenas un camino arenoso entre la valla cobriza y un mar de matorrales quemados por el sol de la primavera. El todoterreno levanta polvo hasta que aparece la figura imponente de un Stryker, un vehículo de combate de última generación. El capitán Colton Holton explica las capacidades del Stryker: transporta once militares, alcanza los cien kilómetros por hora pese a un peso de 25 toneladas, salva terraplenes y obstáculos con soltura, amenaza con dos cañones y dispone de tecnología de vigilancia de última generación, con capacidad de detectar movimientos a diez kilómetros de distancia.
Dentro de él, la especialista Caitlyn Seaborg reconoce que la frontera está calmada. «Sí, señor», responde cuando se le pregunta si ha notado la caída en el número de arrestos.
Respecto a los mismos meses del año pasado, la batería de medidas tomadas por Trump en su regreso al poder -restricción de la petición de asilo, refuerzo de las fuerzas de seguridad, militarización- han hundido las estadísticas de cruces ilegales: una caída del 95%. Lo único que Seaborg y sus compañeros pueden detectar estos días son alacranes y culebras.
«El 95% no es el 100%», dice el general de brigada Jeremy Winters, el segundo militar al frente del llamado Grupo de Trabajo Unificado de la Frontera Sur, la entidad militar creada por el Pentágono para colaborar con la Patrulla de Aduanas y Fronteras, el cuerpo de seguridad civil encargado de la seguridad en la línea divisoria. «La misión que nos han encomendado es controlar la frontera. Y, en términos militares, ‘control’ significa hacerlo al 100%».
El despliegue del Ejército y la creación de esas franjas militares en la frontera -una de 320 kilómetros en Nuevo México y otra de unos cien kilómetros en las inmediaciones de El Paso, en Texas- se alinea con una de las ideas centrales de Trump que más ha calado con fuerza entre sus votantes: EE.UU. sufre una «invasión». Es lo que ha defendido para utilizar una ley bélica de 1798 para ejecutar deportaciones expeditas de venezolanos. Y es lo que justifica la militarización de la frontera, algo muy raro en EE.UU. y que provoca dudas legales.
Para algunos, el despliegue vulnera la Ley Posse Comitatus, aprobada a finales del siglo XIX, que impide de forma general el uso del Ejército para mantener la seguridad dentro del territorio de EE.UU.
Emergencia nacional
Trump se ha apoyado en declaraciones de emergencia nacional para mandar al Ejército, a quien se le permite colaborar con la patrulla fronteriza para la vigilancia y detención de inmigrantes.
«Esto puede tener implicaciones alarmantes para las libertades democráticas», han defendido Elizabeth Golten y Joseph Nun, del ‘think tank’ Brennan Center for Justice. «Continúa un patrón de abuso de los poderes de emergencia más allá de sus límites para usurpar el poder del Congreso y saltarse los derechos».
«Nuestro Ejército no tiene permiso y, francamente, no está pensado para operar dentro de EE.UU.», reconoce Winters. «Pero lo podemos hacer en respuesta a peticiones de otras agencias federales. Por ejemplo, en inundaciones, huracanes. O en este caso, en el que se ha identificado que los cuerpos de seguridad necesitan apoyo militar ante una situación de flujo significativo de droga e inmigrantes indocumentados».
Según Winters, el Ejército añade capacidades -efectivos, vigilancia, acceso a terrenos difíciles- que la patrulla fronteriza no tiene. «No tenemos autoridad para hacer arrestos», aclara, aunque sí detectan y detienen de forma temporal a los inmigrantes hasta que quedan bajo custodia de los agentes fronterizos.
La zona militar a lo largo de cientos de kilómetros de frontera tiene además un efecto disuasorio: la presencia de vehículos de combate y militares vestidos de camuflaje lanza un mensaje a los cárteles del narcotráfico y a los ‘coyotes’ que introducen inmigrantes indocumentados en EE.UU. Y supone una amenaza legal adicional para quienes son arrestados en la nueva zona militar: además de infringir la ley criminal por cruzar la frontera de forma ilegal, son acusados de penetrar en una zona militar, lo que puede conllevar penas de hasta un año de cárcel.
Esto ha provocado una situación de confusión en la frontera para los centenares de personas arrestadas en esas circunstancias y para otras que hasta ahora hacían uso de esos parajes. Por ejemplo, voluntarios dedicados a encontrar los restos de inmigrantes fallecidos en el extenuante cruce de la frontera, o cazadores y excursionistas. Un juez acaba de desestimar las imputaciones de un centenar de inmigrantes por considerar que es difícil probar que los inmigrantes fueran conscientes de entrar en una base militar.
Pero la militarización provoca muchas otras dudas. Por ejemplo, el riesgo de que los militares asuman labores de seguridad para las que no están formados. O que se desvíen efectivos cuando podrían ser necesarios en otras misiones.
«Es difícil explicar estas misiones de frontera como cualquier cosa que no sea una distracción de su preparación para el combate», ha defendido el senador demócrata Jack Reed. Winters, desde su puesto de mando, opina lo contrario: «Esta misión está posibilitando una gran preparación militar para toda una generación».
¿Éxito o fracaso?
El despliegue militar ha cambiado la frontera. No está claro cuánto durará esta misión, pero de momento es indefinida. Lo que en la Administración Trump y sus aliados se percibe como un éxito, otros aquí lo ven como una derrota.
«La toma de la frontera por el Ejército no la podemos ver como un éxito», responde Fernando García, director de la Red de Frontera por los Derechos Humanos, una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes con sede en El Paso. Critica que los militares no tienen la formación para tratar con migrantes vulnerables. Considera que es una política «ilegal», dentro de una «narrativa de choque, de terror, que no refleja la realidad de la frontera y sienta un precedente muy peligroso».
«El Ejército no debe hacer este trabajo», sentencia. «Estamos en la antesala de la mayor crisis de derechos humanos en la frontera entre EE.UU. y México de la historia».
