Un joven cubano denuncia que el paro estudiantil por el 'tarifazo' de internet móvil, se detuvo por la «represión»

El paro estudiantil en las universidades cubanas iniciado como respuesta al tarifazo de la empresa estatal de telecomunicaciones Etecsa, no se detuvo de manera voluntaria, sino que fue a causa del «hostigamiento e intimidación que los órganos represivos del Estado — encabezados por … el Departamento de Seguridad del Estado (DSE) — llevaron a cabo contra varios estudiantes, miembros de sus familias y parte del profesorado que se pronunció a favor del paro».
Así lo expuso en una publicación en su perfil de Facebook el joven psicólogo y activista cubano Raymar Aguado Hernández, una de las voces más visibles dentro del movimiento que protagonizaron los estudiantes en la última semana contra la abrupta subida de precios y dolarización de las tarifas de Etecsa (única empresa que brinda el servicio en la Isla).
«Las demandas de los estudiantes fueron desatendidas por las autoridades gubernamentales. En cambio, se desató toda una cacería de brujas contra cualquier muestra de oposición al tarifazo y de apoyo al paro, cuestión que evidencia el desinterés del Estado, de sus funcionarios e instituciones, por satisfacer las necesidades de la mayoría, velar por el bienestar popular y garantizar un modelo de gestión horizontal», señaló.
Asimismo, refirió las continuas denuncias públicas realizadas en todo el país en relación al acoso de la policía política a los estudiantes y sus familias. Aseguró que los focos principales de las denuncias ocurrieron en La Habana (la facultad de Filosofía, Historia y Sociología; Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría- CUJAE; Universidad de las Artes-ISA), Villa Clara (Universidad Central de Las Villas Marta Abreu), y las Universidades de Ciencias Médicas de las provincias de Las Tunas y Granma.

«El acoso se materializó en intimidación, amenazas de expulsión de los centros de estudio, interrogatorios ilegales, visitas sin previo aviso de agentes del DSE a viviendas de los estudiantes, escarnios públicos, amenazas a padres y a familiares, agresiones físicas y verbales por parte de profesores y funcionarios cómplices de la represión estatal, entre otras prácticas», enfatizó.
Según el joven -quien se ha identificado como socialista-, esto «es evidencia del estado de terror que los órganos represivos del Estado impusieron en los centros universitarios con el objetivo de hacer mermar el empuje estudiantil de cara al paro contra el robo que significa el tarifazo de Etecsa».
Debido a su activismo en contra del tarifazo y el apoyo al paro estudiantil, el pasado 11 de junio Aguado Hernández fue detenido e interrogado por la policía y oficiales de la Seguridad del Estado en la estación policial de Zanja, provincia de La Habana. Según relató posteriormente, durante el interrogatorio lo acusaron de «incitación a delinquir» y se le impuso un acta de advertencia por «incitar a los jóvenes universitarios a defender sus derechos recogidos en los estatutos de las universidades cubanas».
También su padre, sin justificación legal alguna, fue interrogado por los oficiales, quienes le exigieron detener el activismo de su hijo.
Previo a su detención, el joven circuló un video en el que declaraba: «Estamos en todo nuestro derecho a hacer un paro estudiantil, de reclamar el tarifazo, todo en la vía de la legalidad cubana, pero sabemos cómo funcionan los órganos represivos del Estado».
Desde el inicio del paro estudiantil, comenzaron a circular videos donde los estudiantes exponían sus criterios ante las autoridades de Etecsa y de sus universidades. Aunque las reuniones se desarrollaban a puertas cerradas y a la mayoría les exigían no grabar, los jóvenes lograban hacerlo como forma de exponer sus denuncias y contrarrestar la narrativa de los medios oficiales, quienes intentaban mostrar una aparente calma en las universidades.
En uno de esos videos, una joven denunció cómo un oficial del DTI (Departamento Técnico de Investigación, perteneciente a la Seguridad del Estado) había ido a su casa a intimidar a sus padres, acusándola de contrarrevolucionaria, «cuando todos saben que el estudiante que está en una universidad (en Cuba) es porque es revolucionario». Y añadió: «Si a mi mamá le da un infarto, qué funcionario me la va a pagar. No quiero a más personas del DTI en mi casa».