Un fiscal nombrado personalmente por Trump toma el control del caso Maduro para blindarlo ante la ofensiva legal

Jay Clayton, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, ha asumido formal y directamente la dirección de la causa penal contra Nicolás Maduro y el núcleo del poder chavista en un momento especialmente delicado desde el punto de vista jurídico. El movimiento … no es solo procesal: responde a la necesidad de blindar un caso de alto riesgo tras una captura realizada fuera de Estados Unidos, con un previsible frente de impugnaciones legales. Queda claro ahora que la rapidez en llevar a Maduro a Nueva York responde a la voluntad de que juzgarle en un precinto donde se han instruido los casos más relevantes de narcotráfico y delitos financieros.
La entrada en escena del fiscal jefe de Manhattan coincide con el traslado directo de Maduro a Nueva York el sábado, sin escalas ni derivaciones a otros distritos. Esa decisión no es menor. Una detención extraterritorial abre casi automáticamente la puerta a recursos de la defensa por jurisdicción, alegaciones de secuestro, vulneración de soberanía o intentos de excluir pruebas. Llevar al acusado de forma inmediata al foro natural del caso reduce ese margen de maniobra y fija cuanto antes el terreno judicial, para el escrito enviado al juez por Clayton.

El Distrito Sur de Nueva York es el órgano que instruye la causa desde 2020. Allí se presentaron las primeras imputaciones por narcoterrorismo y conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos, y desde allí se han ido ampliando los cargos contra la cúpula del régimen venezolano. Activar sin dilaciones la jurisdicción de Manhattan permite encadenar los siguientes pasos clave, como la comparecencia ante el juez, lectura formal de cargos, decisión sobre prisión preventiva y fijación del calendario procesal, cerrando posibles disputas competenciales.
En paralelo al traslado, la Fiscalía registró en el tribunal un escrito de personación que sitúa oficialmente a la oficina de Clayton al frente del procedimiento. Este paso cobra especial relevancia por el perfil y el contexto de Clayton. Ocupa el cargo desde agosto de 2025, tras haber sido designado primero como fiscal interino por Donald Trump y confirmado después por decisión de los jueces federales ante el bloqueo del Senado en una pelea política.
No es un fiscal de carrera tradicional. Antes fue presidente de la Comisión del Mercado de Valores (SEC) y durante décadas socio de Sullivan & Cromwell, uno de los despachos más influyentes de Wall Street. Su trayectoria está marcada por la gestión de litigios complejos, regulación financiera y sanciones internacionales, en escenarios de alta presión política.
Ese precedente pesa en el caso. Clayton ha estado recientemente bajo escrutinio por la gestión de investigaciones políticamente sensibles en Manhattan, lo que hace aún más relevante que la causa contra Maduro quede anclada con rapidez en la jurisdicción correcta y bajo control formal de la Fiscalía. En un procedimiento nacido de una captura fuera del país, cualquier sombra de improvisación o politización puede ser explotada por la defensa.

La causa que ahora dirige incluye a buena parte del núcleo duro del chavismo. Además de Maduro, figuran como acusados Diosdado Cabello, Cilia Flores, Nicolás Maduro Guerra y antiguos responsables militares y de inteligencia. La Fiscalía sostiene que utilizaron de forma sistemática las instituciones del Estado venezolano para facilitar el tráfico masivo de cocaína, en coordinación con organizaciones armadas como las FARC, el ELN y redes del narcotráfico internacional, dentro de una estructura criminal estable conocida como el cártel de los Soles.
Clayton dirige una oficina históricamente celosa de su independencia y acostumbrada a manejar los casos más sensibles del país, desde terrorismo y narcotráfico internacional hasta corrupción política y grandes fraudes financieros. Su perfil, sin embargo, rompe con la tradición clásica del cargo.
No procede de la carrera fiscal. Su nombramiento como fiscal de Manhattan fue visto desde el inicio como una apuesta política y técnica a la vez: alguien con enorme peso institucional, acostumbrado a litigios complejos y a la presión, pero sin el recorrido habitual dentro del Departamento de Justicia.
Hasta ahora, su paso por la Fiscalía había sido relativamente discreto. No impulsó grandes causas propias ni protagonizó ofensivas públicas, y logró en buena medida mantenerse al margen de las órdenes más explícitamente políticas emanadas desde Washington. Esa prudencia le valió cierta confianza interna, pero también críticas por su silencio en momentos delicados, como el despido abrupto de la fiscal Maurene Comey, una veterana del distrito, ante el que Clayton no hizo ninguna defensa pública de la autonomía de la oficina. Comey es hija del ex director del FBI y crítico de Trump James Comey.
Ese equilibrio se ha vuelto mucho más frágil en los últimos meses. Clayton ha quedado en el centro de decisiones de alto voltaje político, como la reapertura de líneas de investigación relacionadas con Jeffrey Epstein por orden directa del fiscal general, y ahora la asunción formal del caso penal contra Maduro y el núcleo del poder chavista. En ambos frentes, su papel es observado con lupa tanto dentro como fuera de la Fiscalía.
Donald Trump anunció a mediados de noviembre de 2024 su intención de colocar a Clayton al frente del Distrito Sur de Nueva York, una oficina conocida históricamente como el «distrito soberano» por su independencia y por haber investigado tanto a aliados como a adversarios del poder. Clayton no era un fiscal de carrera, pero Trump lo presentó como un jurista respetado, con experiencia institucional y ya confirmado previamente por el Senado cuando fue presidente de la SEC.
El plan chocó de inmediato con Chuck Schumer. El líder demócrata del Senado, senador él mismo por Nueva York, dejó claro que usaría el llamado blue slip, una prerrogativa histórica de los senadores del estado afectado, para bloquear la confirmación de Clayton. La decisión tenía un fuerte componente político, ya que Schumer estaba sometido a presión interna por parte de su partido para endurecer la resistencia a Trump y eligió la Fiscalía de Manhattan como línea roja.
Ante ese bloqueo, Trump optó por una vía alternativa. El 16 de abril de 2025 anunció públicamente que nombraba a Clayton fiscal federal interino del Distrito Sur de Nueva York, saltándose de facto el veto del Senado. El movimiento fue legal, pero tensó al máximo la relación con el Capitolio y reabrió el debate sobre hasta dónde puede llegar el presidente para imponer a sus candidatos en puestos clave del sistema judicial.
Durante esos meses, la Fiscalía de Manhattan vivió una etapa de inestabilidad. Tras la dimisión de la fiscal interina Danielle Sassoon y la salida de otros altos cargos, el despacho quedó en manos de responsables temporales mientras Clayton asumía el mando sin haber pasado por una confirmación formal. Para muchos dentro de la oficina, el riesgo no era solo político, sino institucional, ya que temían que la independencia histórica del distrito quedara erosionada.
El bloqueo en el Senado se prolongó durante meses. Trump insistió en que seguiría buscando la confirmación, recordando que Clayton ya había sido avalado de forma bipartidista en el pasado. Pero el atasco no se resolvió por la vía parlamentaria, sino por la judicial. En agosto de 2025, ante la expiración del nombramiento interino y la falta de acuerdo político, los jueces federales del propio Distrito Sur intervinieron y designaron a Clayton como fiscal del distrito de forma efectiva.
Ese desenlace fue clave. No solo consolidó a Clayton en el cargo, sino que lo convirtió en el primer gran fiscal de la segunda presidencia de Trump que logró asentarse sin ser derribado por una batalla política directa. También reforzó su autoridad interna: ya no era un interino impuesto por la Casa Blanca, sino un fiscal respaldado por el propio poder judicial.