Tren de Aragua: la mafia venezolana que se extiende por el mundo

El pasado jueves, la Fiscalía de Nueva York presentó la acusación contra su líder, Héctor Rutherford Guerrero Flores, conocido como ‘Niño Guerrero’, quien ha sido «el cerebro detrás de la evolución del Tren de Aragua, de una pandilla carcelaria venezolana a una organización terrorista transnacional que cometió innumerables actos de violencia, extorsión y narcotráfico en toda Norteamérica, Suramérica y Europa», según el fiscal federal Jay Clayton.

La acusación vincula directamente al Niño Guerrero con el cártel de los Soles, la red de narcotráfico que Washington atribuye a altos mandos militares y funcionarios del entorno de Nicolás Maduro. Según las autoridades estadounidenses, existe una simbiosis criminal en la que el cártel de los Soles garantiza impunidad y acceso a corredores estratégicos, mientras que el Tren de Aragua actúa como un brazo armado que aporta logística, seguridad y control territorial para el envío de cocaína al resto del mundo.

Sus tentáculos delictivos han cruzado el Atlántico. El mes pasado, la Policía Nacional española desarticuló una célula en suelo europeo, deteniendo a 13 miembros de la banda, en provincias como Barcelona, Madrid y Valencia, que se dedicaban a la producción y venta de drogas. Estas detenciones son consecuencia de las investigaciones iniciadas tras la captura en Barcelona, a mediados de 2024, del hermano del propio Niño Guerrero. Dicho arresto fue ejecutado bajo una orden internacional por terrorismo y trata de personas.

Incubadora criminal

El Tren de Aragua no habría podido surgir sin la connivencia del chavismo y, aunque su nombre suele vincularse al sindicato de una línea ferroviaria de Odebrecht que –como tantas promesas de la revolución bolivariana– quedó inconclusa, su verdadera etimología parece responder a una lógica interna del hampa. En el argot carcelario venezolano, se conoce a las bandas como «carros» (coches), el concepto de «tren» se utiliza para ilustrar una estructura criminal superior y expandida, compuesta por la unión de múltiples ‘vagones’ delictivos.

La cárcel de Tocorón, donde nació y creció el Tren de Aragua, más que un centro de castigo y reinserción, operó durante años como un verdadero club social del crimen. El recinto estaba equipado con piscina, centro hípico, zoológico con animales exóticos y hasta una discoteca donde se celebraban fiestas multitudinarias con artistas internacionales invitados. Allí, el control no recaía en las autoridades –quienes, como en otros centros penales venezolanos, tenían vetado el acceso al interior–, sino en los propios presos, que actuaban como centinelas de su propia fortaleza, administrando un Estado paralelo con sus propias leyes e impuestos.

Según documenta la ONG Transparencia Venezuela, en su etapa embrionaria, este ejército delictivo –que se calcula ha llegado a tener 4.000 integrantes– fue alimentado por la debilidad institucional y la complicidad directa del Estado, que, lejos de combatirlo, encontró en el Niño Guerrero a un aliado táctico para el control social.

Industrializar la tragedia

Cuando el país colapsó, la banda criminal industrializó la tragedia. Aprovechando el éxodo masivo de más de nueve millones de venezolanos, la organización utilizó la crisis no para vender pañuelos sino para establecer una red de ‘coyotes’ a escala continental.

Según los informes de la ONG, desde 2018 operan usando estructuras similares a las de agencias de viajes que ofrecen paquetes de traslado hacia Estados Unidos, cruzando la selva del Darién, o hacia el sur del continente, con tarifas que oscilan entre los 1.000 y los 10.000 dólares. Sin embargo, esta logística no solo busca el lucro del traslado, sino la captación de víctimas para la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, persiguiendo a la diáspora allí donde se asienta para extorsionarla. Sus connacionales son, por lo tanto, los objetivos principales.

Al llegar a su destino, los migrantes descubren que su deuda inicial se ha multiplicado arbitrariamente y las tarifas del terror están tabuladas por nacionalidad. Para saldar las costosas deudas, las víctimas son forzadas a la explotación sexual o a trabajos forzados bajo la amenaza constante de muerte, no solo hacia ellas, sino hacia los familiares que quedaron desprotegidos en Venezuela.

Quienes se niegan a pagar son torturados, tiroteados y descuartizados, y todo el acto es grabado y difundido en redes sociales para que sirva como advertencia para el resto de víctimas.

Mapa delictivo

La capacidad de adaptación y metástasis de la banda ha sido vertiginosa. Según detalla la ONG, el Tren de Aragua ha logrado extender sus operaciones a al menos once países, consolidando una red que abarca Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, Panamá, México, Estados Unidos, Trinidad y Tobago y España.

En cada territorio, su ‘modus operandi’ muta según las condiciones locales, demostrando una flexibilidad inusual en el crimen organizado. Mientras en Brasil han optado por alianzas de bajo perfil y subordinación pragmática con facciones poderosas como el Primer Comando de la Capital (PCC), en Colombia y Perú han desatado guerras abiertas y sangrientas por el control de plazas de microtráfico. Esta flexibilidad operativa les ha permitido sobrevivir a los golpes policiales y regenerarse rápidamente, aprovechando la porosidad de las fronteras latinoamericanas y la vulnerabilidad legal de las poblaciones migrantes en toda la región.

Represión política

Lo más inquietante de esta expansión reciente no es solo el lucro criminal, sino cómo la banda parece haberse convertido en el brazo ejecutor de una represión política capaz de cruzar fronteras. Es un mensaje para la disidencia; salir de Venezuela no garantiza la seguridad si eres un objetivo del régimen.

Uno de los casos más relevantes y estremecedores sobre esta represión de largo alcance ha sido el del teniente Ronald Ojeda en Chile, ocurrido en febrero de 2024. Ojeda, un ex preso político refugiado en Santiago de Chile, fue sacado de su casa en ropa interior por un comando que simuló ser parte de la Policía de Investigaciones de Chile.

Su cuerpo apareció días después bajo una losa de cemento, dentro de una maleta. La Fiscalía chilena, tras una exhaustiva investigación, concluyó que fue un crimen político orquestado desde Venezuela. El propio presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, ha asegurado públicamente que «uno de los sospechosos de haber perpetrado el asesinato es el mismo régimen del dictador Nicolás Maduro».

Un patrón similar, aunque con un desenlace menos fatal, se repitió en Bogotá el pasado mes de octubre. Luis Peche, consultor político, y Yendri Velásquez, reconocido activista de derechos humanos y defensor LGTB, sufrieron un ataque de sicarios en plena capital colombiana. Ambos, exiliados y críticos del chavismo, sobrevivieron a una ráfaga de disparos. Al igual que con el caso de Ojeda, este atentado confirma la tesis de la «represión transnacional».

El Estado aliado

A pesar de la ofensiva judicial en Estados Unidos y las detenciones en España, el desmantelamiento total del Tren de Aragua se enfrenta a la falta de cooperación de Venezuela.

La impunidad del líder máximo confirma las sospechas de protección oficial. Desde la intervención militar de la cárcel de Tocorón en septiembre de 2023, el paradero de Héctor Guerrero es una incógnita oficial, pero un secreto a voces. Huyó junto a su cúpula días antes del operativo, alertado presuntamente desde dentro del propio Gobierno. Periodistas y analistas coinciden en que podría estar refugiado en el barrio San Vicente, en Aragua, una de las denominadas «zonas de paz». En dichos territorios, el régimen chavista ha cedido deliberadamente el control a las bandas criminales, impidiendo la entrada de la Policía bajo el pretexto de reducir la violencia. De esta manera, les otorga un santuario desde el cual el Tren de Aragua sigue dirigiendo su multinacional.

El régimen de Nicolás Maduro ha optado por negarlo todo como política de Estado. En abril de 2024, su canciller, Yván Gil, llegó a calificar a la banda como «una ficción creada por la mediática internacional», rechazando su operatividad transnacional. Y, mientras el refugio en Venezuela siga garantizado por la complicidad estatal, la desarticulación total de sus células en Estados Unidos, Chile o España seguirá siendo una tarea incompleta.