Tras fracasar en el Congreso, Petro intentará sacar adelante sus reformas con el voto popular

El pasado martes, en horas de la tarde, ocho de los 14 miembros de la Comisión VII del Senado rechazaron el proyecto de reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro, la misma que hace cuatro meses fuera aprobada por la Cámara de Representantes … y que entonces celebraron con bombos y fotos la ministra de Trabajo, la bancada del Pacto Histórico y la Casa de Nariño. El siguiente paso, para su aprobación final, sería en el Senado, y luego su oficialización.
Pero no sucedió como se esperaba. Y la sorpresa fue mayor para todos, pero en todo caso menor a la que produjo la alocución presidencial esa misma noche, en la cual Gustavo Petro anunció la convocatoria de una consulta popular como salida a lo que para él es un freno premeditado y repetitivo a sus reformas, es decir al programa por el cual fue elegido por más de once millones de colombianos. Ya antes se había pronunciado en X, su canal de comunicación favorito: «Si la Comisión VII hunde las reformas que necesitan los trabajadores y el pueblo de Colombia, habrá una ruptura entre el Congreso y el gobierno. Espero que no cometan tamaña irresponsabilidad con Colombia». Y en un siguiente mensaje agregó: «La Comisión VII en su mayoría ha traicionado al pueblo trabajador de Colombia. Buscaremos que sea reversible la decisión, pero sobre el engaño solo nos llevan a la violencia. Que el pueblo trabajador de Colombia sepa quienes fueron lo que los que lo han traicionado».
¿Globos o carga de profundidad? Esa es la pregunta que con mayor frecuencia surge ante los anuncios intempestivos del presidente Gustavo Petro, que, si bien agitan al país político y generan titulares, es necesario tomarlos con calma. Eso ha sucedido con este más reciente, que hoy sigue generando controversia, pero más decantada. Y no porque la consulta popular no sea una herramienta constitucional, sino por los procesos que demanda y por anuncios similares que el presidente ha hecho a lo largo de su mandato y que, a la hora de la verdad, no han sido concretados.

Por eso mismo, es mejor dejar que los titulares se enfríen y que la realidad jurídica se imponga, antes que la discordia política. Así han transcurrido este par de días desde el anuncio de una consulta popular que buscaría que los ciudadanos envíen un mensaje al Congreso de la República exigiéndole que estudie y debata dos reformas críticas para su Gobierno: la laboral y la de la salud. Entonces, ¿cuál es el proceso? El primer paso, que el Gobierno presente ante el Senado -el mismo del cual ha despotricado tanto el presidente- las preguntas de la consulta, que este miércoles estaba redactando el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, a la vez que con el equipo jurídico de la Casa de Nariño trabajaba en al menos siete decretos presidenciales que harían efectivos algunos apartes de la reforma, y enviaba mensajes según los cuales, si el Congreso destraba el proceso – en vez de hundir la reforma laboral, la debate la próxima semana, como está previsto- se suspendería la consulta. Empieza así el forcejeo, al que el Gobierno está dispuesto pues no basta con azuzar a sus bases y procurar movilizar a la ciudadanía, también debe tener en cuenta que una consulta popular no es sencilla y, en general, las de esta envergadura poco éxito ha tenido en ocasiones pasadas.

Aprobar el referéndum

El siguiente paso es que el Senado apruebe la consulta, la pertinencia de esta y las preguntas estrictamente referidas a las reformas laboral y de salud. Tiene un mes para pronunciarse y, de salir favorable, en los tres meses siguientes debe ser convocado el pueblo colombiano. Eso daría, si todo fluye, que en julio o agosto próximo se realizaría la consulta. En política cinco meses pueden ser una eternidad, pero en precampaña presidencial son un mundo de posibilidades, y eso lo entiende bien el presidente Petro.
Para la senadora de la bancada oficial del Pacto Histórico, la consulta sí es pertinente pues se requiere para que el Congreso «no rehúya al debate y se dé con argumentos en las plenarias. La consulta popular no puede incluir el articulado de la reforma, pero sí una decisión del pueblo para que el Congreso la aborde. Esto ha estado lleno de maniobras legales para evitar sistemáticamente el debate, cosa que yo no había visto nunca. El debate ha sido social, afuera, pero no en el seno del Congreso. En 2022 el pueblo votó mayoritariamente por cambios, por reformas y el Gobierno las presentó. En el Senado no se ha debatido la reforma laboral».
Convocamos una consulta para decidir más dignidad en el mundo laboral, del campesino, del microempresario y del rebusque informal. pic.twitter.com/wIlIRGTc0E— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 13, 2025
En el mismo sentido se pronunció el viceministro del Interior, Gustavo García, quien al referirse a la empantanada reforma a la salud -que debe llegar la próxima semana a la misma Comisión VII- y a la actitud de los congresistas, señaló: «Se ha rehusado al debate, utilizando maniobras que pueden estar sustentadas en la ley, pero rehúsan el debate». Así, «el Preside te está en su derecho de convocatoria, como un mecanismo reflexivo para que la ciudadanía diga si quiere estas reformas».
Pero el riesgo de que no las quiera es bien alto. Lo primero, debe ser respaldada por un tercio del censo electoral, que hoy supera los 40 millones de personas. En un país con alta abstención (52,13% en la segunda vuelta presidencial de 2024, pero históricamente más cercano al 60%), donde a los colombianos les da flojera salir a votar, aún más cuando no hay incentivos a la mano y los partidos con sus caciques no están engrasando la maquinaria ni llamando a las filas de votación a sus seguidores, las cosas se hacen más complicadas.

Caída de apoyo a presidente

Esa ha sido la historia, como ya sucedió en los Gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos (el Referendo es una modalidad de consulta); y en la consulta de 2018 contra la corrupción, que es uno de los temas más repudiados por la ciudadanía y, sin embargo, poco respaldado efectivamente. Entonces, no se ve como muy posible y menos aun cuando se hacen cuentas y para su aprobación requiere 1,6 millones de votos.
El presidente fue electo con 11.291.986 votos en junio de 2024, pero los de entonces ya no son los mismos y ese entusiasmo inicial, la fe en el cambio, el respaldo al progresismo, como también el rechazo a su contrincante en la segunda vuelta presidencial, ya no se logra tan fácilmente, menos aún si tenemos presente que el 63% de los colombianos no respalda su gestión, según la encuesta publicada a finales de febrero pasado por Invamer. En diciembre de 2024 la desfavorabilidad era del 60%, según la misma encuestadora.
Lo anterior se suma a la crisis de violencia en las regiones, a los escándalos de corrupción en el Gobierno, al ‘reality’ del Consejo de Ministros y a las peleas públicas, sobre el ring de las redes sociales, que protagonizan miembros de su gabinete y equipo de gobierno. Por todo eso y mucho más, no parecería sensato que el presidente salga a «hacerse contar», como se dice en la jerga política, es decir, a que se mida en votos su gestión. Una votación tímida en las urnas sería un puntillazo para su ya complicada gobernabilidad.
Por eso mismo, para muchos esta movida del presidente Petro pareciera más una hábil jugada para traer a primera plana su alegato de que no lo dejan gobernar ni hacer los cambios prometidos, por lo cual le toca recurrir a este mecanismo constitucional, pero generando con ello un hecho electoral más que uno democrático. Esa precisamente ha sido la crítica de sus detractores, entre ellos los líderes de gremios productivos y comerciales, que argumentan que no han sido escuchados, que esta reforma traería mayor informalidad y despidos significativos, además de ser un golpe fuere para la pequeña y mediana empresa.
«El presidente debe actuar con serenidad. Más que repartir insultos, acusaciones y amenazas, no debe olvidar que como Jefe de Estado simboliza la unidad nacional», señaló María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana y de Aliadas Alianza, que anotó su defensa de la autonomía del Congreso «y su derecho a tomar decisiones técnicas en favor del interés nacional». Según estudios técnicos adelantados por los miembros de la Comisión VII del Senado y le Partido Conservador, «esta reforma trae consigo un aumento importante en los costos laborales de este sector, lo que podría poner en riesgo la viabilidad de muchos negocios y/o lo que obligaría a un importante generador de empleo a reducir sus nóminas, limitar sus horarios de atención o incluso cerrar sus puertas». El cálculo es que se perderían unos 500.000 empleos por cuenta de la reforma, lo que llevaría igualmente a elevar la informalidad.
Para Jaime Alberto Cabal, cabeza de Fenalco, gremio que reúne a los comerciantes de Colombia, la reforma «hace mucho daño, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 97% del tejido empresarial colombiano; con un mayor impacto en el comercio, las tiendas de barrio, panaderías, cafeterías, restaurantes, hoteles, empresas de transporte, logística y vigilancia, entre muchas actividades de la economía». Y agregó: «Destruiría cerca de 452.000 empleos y solo beneficiaría a una minoría afectando a millones de colombianos que no tienen trabajo o que viven del rebusque». Los mismos colombianos que se espera salgan a las calles a respaldar al Gobierno y sus reformas.