Portugal detiene a militares y un policía por integrar una red que explotaba a inmigrantes

La Policía Judicial portuguesa ha detenido a una decena de militares de la Guardia Nacional Republicana y a un agente de la Policía por su presunta participación en una organización criminal dedicada a extorsionar y chantajear a inmigrantes en situación irregular que vivía en condiciones … infrahumanas y trabajaban en régimen de esclavitud en explotaciones agrícolas del Alentejo.
Aunque la Policía Judicial llevaba varios meses investigando la red, este martes llevó a cabo cerca de 50 mandatos de búsqueda y otros 17 de captura en distintas localidades de Portugal, concretamente en Beja y Portalegre —junto a la frontera con Extremadura—, así como en Figueira da Foz y Oporto.
Según la Policía Judicial, los detenidos presuntamente «utilizaban empresas de trabajo temporal, creadas para el efecto, y se aprovechaban de la situación de fragilidad de los inmigrantes, la mayoría indocumentados; los maltrataban, sobornaban y amenazaban para que no denunciaran su situación». Los trabajadores extranjeros, en su mayoría procedente de los países del subcontinente indio, aceptaban condiciones extremas debido a su vulnerabilidad: «Estaban dispuestos a trabajar sin contrato formalizado, recibían un sueldo inferior al practicado en el mercado, en sectores que necesitan mano de obra intensiva, como es el caso de la agricultura». La operación se conoce como Safra Justa.
Durante la investigación, llevada a cabo a lo largo de los últimos meses, se llevaron a cabo «numerosas diligencias que permitieron obtener indicios incriminatorios» y los sospechosos acabaron siendo detenidos in fraganti. La PJ, en colaboración con la propia Guardia Nacional Republicana (GNR) descubrió que se trataba de una organización criminal con funcionamiento de tipo mafioso: los sospechosos no pagaban los salarios prometidos y alojaban a los inmigrantes en condiciones infrahumanas.

Inmigrantes en la esclavitud

«El grupo les deducía cantidades relativas a impuestos, además de cobrarles vivienda, transporte, agua, luz y documentación», explicó el Ministerio Público. Como varios miembros de la red eran fuerzas de seguridad —militares y policías—, las víctimas sentían que no podían denunciar. «Los sospechosos amenazaban a los ciudadanos, haciéndoles creer que denunciar los abusos no era una alternativa viable».
El Ministerio Público acusará a los detenidos de auxilio a la inmigración ilegal, trata de personas, corrupción activa y pasiva y abuso de poder. En el operativo participaron 200 inspectores. La acción se centró principalmente en el municipio de Cabeça Gorda, en Beja, cerca de la frontera española, donde se encuentran las propiedades agrícolas en las que trabajaban forzosamente los inmigrantes, la mayoría procedentes de países del subcontinente indio.
«Sin mano de obra inmigrante, gran parte de nuestra agricultura moderna colapsaría, pero muchos de esos inmigrantes viven y trabajan en condiciones que ninguno de nosotros aceptaría», escribió en la red X la diputada socialista Eva Cruzeiro. «Cuando agentes del Estado participan activamente en el abuso de poder, se pone en entredicho la confianza de toda la sociedad», añadió.
Bangladés es uno de los países de origen de buena parte de los trabajadores del campo portugués, así como en otros sectores económicos, en concreto, en el reparto de comida y el transporte de pasajeros, sobre todo en las grandes ciudades como Lisboa y Oporto. En las últimas semanas, además, el país ha estado en el centro de una polémica alimentada por la derecha radical. En numerosos carteles propagandísticos colocados por las diferentes ciudades lusas aparece el líder del partido Chega, André Ventura, junto al lema: «Esto no es Bangladés».
La Comisión Nacional de Elecciones (CNE) recibió decenas de quejas de ciudadanos y colectivos que consideran la frase xenófoba y racista. Aunque Ventura es candidato a las presidenciales del 18 de enero, la CNE afirma que, como el periodo oficial de campaña aún no ha comenzado, no puede prohibir este tipo de carteles, aunque entiende que la libertad de expresión no puede ser objeto de «difamación, ofensa a las instituciones democráticas, o incitar al odio».
En respuesta a los carteles y a la defensa de los mismos por parte de los diputados del Partido Chega, la embajada de Bangladés pidió a sus ciudadanos «calma y una actitud pacífica», al tiempo que inició contactos con las autoridades portuguesas competentes.