Portugal aprueba una nueva ley de extranjería con restricciones al reagrupamiento y a los visados

El Parlamento de Portugal aprobó este martes la nueva Ley de Extranjeros tras semanas de debate, ajustes de última hora y un veto del Tribunal Constitucional que obligó al Gobierno a rehacer el texto. La norma introduce cambios significativos en materia de reagrupamiento familiar, solicitudes … de residencia, control de estancias irregulares y creación de una nueva unidad policial especializada en inmigración.
La votación estuvo dividida. Los partidos de la derecha (PSD, Chega y CDS-PP) se unieron para dar luz verde al proyecto. Desde la izquierda, socialistas, comunistas, Bloco de Esquerda, y Livre votaron en contra, mientras que la Iniciativa Liberal optó por abstenerse.
El primer ministro luso, Luís Montenegro, defendió que el texto resultante es fruto de un «diálogo con todos». Uno de los puntos más discutidos fue el reagrupamiento familiar. La nueva ley fija que los inmigrantes deberán contar con dos años de residencia legal en Portugal antes de poder traer a sus cónyuges o familiares. Sin embargo, el plazo puede reducirse a un año si el matrimonio o la unión de hecho existía previamente y si hay hijos en común. Además, los hijos menores de 18 años o personas con discapacidad podrán reagruparse de inmediato, sin necesidad de cumplir con esos plazos. Estos cambios se introdujeron tras la decisión del Tribunal Constitucional, que en julio consideró inconstitucional esta medida.

Otra modificación clave afecta a los ciudadanos de países exentos de visado, como Brasil. Hasta ahora podían entrar en Portugal y después presentar su solicitud de residencia desde dentro del territorio. Con la nueva ley, deberán tramitar el permiso desde el consulado portugués en su país de origen. El Gobierno argumenta que esta medida ayudará a controlar mejor los flujos y evitar irregularidades.
El acceso al mercado laboral también cambia. Los visados de trabajo quedarán reservados, en la práctica, a profesionales altamente cualificados. Esto deja fuera a gran parte de los inmigrantes que trabajan en sectores como la construcción, la hostelería o los cuidados, ámbitos que dependen en gran medida de mano de obra extranjera. La oposición de izquierda considera que esta medida agravará la falta de trabajadores en actividades esenciales.
Para quienes se encuentren en situación irregular, se fija un plazo de salida voluntaria de entre 10 y 20 días. Si existen menores a cargo o lazos familiares en Portugal, el plazo podrá ser mayor. En casos de delitos graves o riesgo de fuga, la expulsión será inmediata.
La ley crea además la Unidad Nacional de Extranjeros y Fronteras, integrada en la Policía de Seguridad Pública. Este nuevo organismo será responsable de vigilar la permanencia de extranjeros en el país, controlar fronteras y ejecutar órdenes de expulsión.
El papel de la derecha radical de Chega fue determinante en la aprobación. Inicialmente había condicionado su voto a que se prohibiera el acceso de inmigrantes a determinados apoyos sociales si no llevaban al menos cinco años en Portugal. Esa cláusula no entró en el texto final, pero el partido acabó votando a favor, lo que permitió que el PSD lograra la mayoría necesaria. Desde el Gobierno se insistió en que no hubo acuerdos previos.
El ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, defendió que se trata de una legislación equilibrada, que garantiza el respeto a la Constitución y permite a Portugal atraer talento sin descontrolar la inmigración. Los partidos de izquierda criticaron el endurecimiento del régimen y advirtieron de que la ley compromete la integración de miles de familias.
Tras la votación en el Parlamento, el texto sigue ahora al Presidente de la República, que dispone de ocho días para promulgarlo o vetarlo parcialmente. Si lo veta, volverá a la Asamblea para nueva apreciación. Una vez sancionada, deberá publicarse en el Diário da República antes de entrar en vigor