08/06/2025

Actualizado a las 18:55h.

Israel ha ordenado a su ejército detener el ‘Madleen’, el barco humanitario que transporta activistas, entre ellos a Greta Thunberg, a llevar ayuda humanitaria a Gaza. «He dado instrucciones para que impida que la flotilla llegue», ha declarado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un comunicado de su oficina recogido por AFP. «Regresen porque no llegarán a Gaza», ha añadido, para calificar después a los ocupantes de la nave de «portavoces de la propaganda de Hamás».
El ‘Madleen’, operado por la Coalición de la Flotilla de la Libertad, zarpó de Italia el 1 de junio con el objetivo de entregar ayuda y desafiar el bloqueo israelí, vigente desde hace años, incluso antes de la guerra entre Israel y Hamás.

Según han informado los organizadores, este sábado el barco entró en aguas egipcias y se acercaba a Gaza. A bordo se encuentran ciudadanos de Alemania, Francia, Brasil, Turquía, Suecia, España y Países Bajos.

Una de ellas, la eurodiputada Rima Hassan, ha recordado que más de 200 legisladores europeos firmaron una carta abierta a Israel pidiendo que se permita la llegada del ‘Madleen’ y la «entrada inmediata de su carga humanitaria».

Fausto Desalu es un símbolo del atletismo italiano. Nació en Italia, de madre nigeriana, hoy cuidadora en una residencia de ancianos. A los 27 años, conquistó en los Juegos Olímpicos de Tokio, en 2021, la medalla de oro en el relevo de velocidad 4×100. «A … los 17 años, mi récord nacional en 60 metros vallas no fue reconocido porque, pese a nacer en Casalmaggiore (Cremona), no tenía la nacionalidad italiana«, contó luego Desalu, «orgulloso de haber casi paralizado Italia durante 37 segundos, el tiempo de nuestro relevo en Tokio».
A los 18 años obtuvo la nacionalidad, pero su madre, Verónica, sigue esperando la ciudadanía tras décadas trabajando como cuidadora en Italia. La historia de Desalu ilustra la frustración de miles de jóvenes que, nacidos o criados en Italia, se sienten italianos en todos los aspectos menos en el legal. El próximo 8 y 9 de junio, los italianos son llamados a las urnas para un referéndum crucial. Los votantes decidirán si se debe reducir de 10 a 5 años el periodo de residencia ininterrumpida necesario para obtener la nacionalidad. Italia se alinearía así con Alemania y Francia. Luego pasan hasta tres años de lenta burocracia italiana para la aprobación de la solicitud y hasta seis meses para la jura.
De los 59 millones de habitantes de Italia, alrededor del 9% (5,4 millones) residen legalmente en Italia, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (Istat). Una parte significativa de ellos son hijos de inmigrantes extranjeros, nacidos en Italia, con educación en la escuela donde residen, y otros muchos llegaron siendo niños. Si el referéndum sobre la ciudadanía alcanzara el quórum (50% más uno de los votantes) y prevaleciera el sí, las personas que se beneficiarían con la nacionalidad serían un millón y medio, todos ellos de origen extracomunitario, entre ellos 285.000 menores. Esta es la estimación del centro de investigación Idos (Dossier Estadístico de la Inmigración). Las personas de la Unión Europea pueden solicitar la naturalización en Italia después de solo cuatro años.

El referéndum se impulsó con la recolección de firmas y el apoyo de la izquierda, que considera demasiado restrictiva la actual legislación sobre el derecho a la nacionalidad, comparada con otros países europeos. No lo piensa así la coalición de gobierno. Hermanos de Italia, y sus aliados, la Liga y Forza Italia, invitan a la abstención, para mantener la participación por debajo del 50%. «Haré campaña para que la gente se quede en casa», declaró el presidente del Senado, Ignazio La Russa. La primera ministra, Giorgia Meloni, levantó incluso una fuerte polémica, al declarar el pasado lunes que pasaría por el colegio electoral, pero que no recogería ni emitiría su papeleta de voto.
El argumento de Meloni para oponerse a facilitar el requisito para obtener la ciudadanía es que Italia ya concede demasiadas nacionalidades cada año. En 2023, más de 200.000 personas adquirieron la ciudadanía italiana. En la derecha, muchos temen una reforma que facilite la llegada de más solicitantes y un aumento de la inmigración.
El exgeneral del ejército italiano, Roberto Vannaci, vicepresidente de la Liga y eurodiputado, se ha mostrado muy crítico con el referéndum, sosteniendo que «no hay urgencia política, ni razón legal ni social» para modificar la legislación vigente. Vannacci argumenta que «la izquierda intenta vender la identidad italiana a cambio de votos y obtener réditos políticos». También cuestiona la idea de que la ciudadanía facilita la integración: «Otros países europeos demuestran que el acceso rápido a la ciudadanía no previene la formación de guetos ni la radicalización«, escribió el militar en el diario Libero Quotidiano. Concluyó subrayando que el Gobierno italiano solo debería naturalizar a personas «que representen un valor añadido para Italia», identificadas mediante un cuidadoso proceso de «selección».
Teniendo en cuenta la baja participación en las urnas, en todas las elecciones y aún más en los referéndums, es muy probable que la consulta fracase por falta de quórum, como reconocen incluso sus impulsores. Pero las demandas de plena integración de los jóvenes de origen inmigrante continuarán. Francesco Billari, demógrafo y rector de la Universidad Bocconi de Milán, ha destacado la importancia de la inmigración para contrarrestar el envejecimiento y la disminución de la población en Italia.
Según Billari, el país transalpino se enfrenta a una «emergencia demográfica» debido a la baja natalidad -una de las más bajas de Europa- y al envejecimiento de la población. En su libro «Domani è oggi» (‘Mañana es hoy’), enfatiza que la inmigración es esencial para mantener la vitalidad demográfica y económica del país. Billari también ha señalado que la naturalización es un instrumento clave para la integración de los inmigrantes. Para Elsa Fornero, economista y exministra de Trabajo y Políticas Sociales -una técnica en el Gobierno de Mario Monti-, es «deseable una corrección» de la ley, rebajando a cinco años el periodo continuado de residencia para acceder a la nacionalidad, «en el propio interés y desarrollo de nuestro país, cuya economía lleva demasiado tiempo perdiendo vitalidad». «Sin jóvenes, ya sean blancos o de color -asegura Elsa Fornero a La Stampa- Italia seguirá perdiendo relevancia económica. Nuevos ciudadanos, jóvenes y preparados en nuestras escuelas, podrán revitalizar un país viejo, cansado y poco innovador».
Además de la cuestión de la nacionalidad, el referéndum también aborda reformas en el ámbito laboral, con la formulación de cuatro preguntas. Fundamentalmente, la izquierda pretende cambiar la Ley de Empleo, aprobada en diciembre de 2014, cuando era primer ministro Matteo Renzi, entonces líder del Partido Democrático, de izquierda. Hoy la oposición al Gobierno Meloni considera esa ley responsable de todos los males del mercado laboral italiano. En cambio, como dice la economista y exministra del Trabajo, la profesora Elsa Fornero, la actual Ley de Empleo «ha sido uno de los factores que han impulsado la ocupación, como muestran los datos». En efecto, con el Gobierno Meloni se ha alcanzado un récord de empleo: En dos años ha creado un millón de puestos de trabajo, según el Instituto Nacional de Estadística, y el desempleo descendió al 6,5%, el nivel más bajo desde marzo de 2008.

Centenares de personas que viven gracias a un trasplante de órganos han agradecido el gesto de los donantes anónimos de órganos y tejidos han …

08/06/2025

Actualizado a las 16:24h.

El presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, han mantenido este domingo un encuentro en Madrid, en el que también han participado el dirigente opositor venezolano Antonio Ledezma y el activista Pedro Urruchurtu, uno de los venezolanos que estuvo asilado más de un año en la Embajada argentina en Caracas. Esta reunión ha estado marcada por el intento de asesinato del senador y aspirante presidencial colombiano, el conservador Miguel Uribe, ejemplo para ambos interlocutores de la importancia de defender la «libertad de pensamiento» en la región, informan la agencia Europa Press y EFE.
Milei se encuentra de visita no oficial en España para participar como invitado estrella del Madrid Economic Forum que se está celebrando en el Palacio de Vistalegre, pero ha aprovechado la mañana para mantener esta reunión con Edmundo González, excandidato presidencial, que en septiembre del año pasado pidió asilo político a las autoridades españolas ante el temor de represalias del Gobierno venezolano.

«En un día marcado por la violencia en Colombia, conversamos sobre la urgencia de fortalecer la región con valores democráticos, cooperación y solidaridad frente a los embates del autoritarismo», ha manifestado González a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

El senador colombiano se debate ahora entre la vida y la muerte tras recibir, según un primer informe de la Fiscalía, dos disparos por la espalda durante un mitin en el suburbio de Fontibón, en Bogotá, efectuados presuntamente por un joven sicario ahora detenido. El senador ha sido intervenido de urgencia esta madrugada y su estado es «crítico», según su familia.

08/06/2025

Actualizado a las 13:56h.

Sobre las 17:30 de la tarde, el senador colombiano y precandidato a las presidenciales del 2026, Miguel Uribe (39 años), recibió dos disparos en la cabeza y un tercero en el torso en mitad de un acto de campaña. El presunto sicario, un joven menor de 15 años, portaba una pistola cuando también fue abatido por el equipo de seguridad del político en el evento.
«Déjenme darle los números. Pero si no me sueltan… Déjenme, les voy a dar los números», ha afirmado el presunto sicario tras ser reducido por la seguridad, como se puede apreciar en vídeos en redes sociales. El joven aseguró que ofrecería información de quién le había ordenado el intento de asesinato del senador colombiano.

El menor ha sido trasladado al hospital tras haber recibido un tiro en la pierna por parte del personal de seguridad de Uribe en el acto, según informa el medio colombiano ‘El Tiempo’.

Al parecer, el joven llegó al acto en el barrio Modelia, en Bogotá, montado en una motocicleta como acompañante, según reportan medios locales que citan a testigos visuales. En tal caso, la Policía colombiana estaría investigando más implicados en el intento de asesinato.

El atentado contra el candidato conservador Miguel Uribe, de 39 años, ha golpeado a todo Colombia. Especialmente porque la tragedia parece cebarse con él y su familia. La infancia de Uribe estuvo marcada por el asesinato de su madre, Diana Turbay, cuando él … apenas contaba cinco años. Abogada y periodista de renombre, Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982), fue secuestrada el 30 de agosto de 1990, cuando tenía 40 años -casi los mismos que su hijo cuando ha sufrido este atentado-, por Los Extraditables. Dicho grupo, liderado por Pablo Escobar, fue creado en la década de los años 80, una época marcada por la violencia en Colombia, por jefes del narcotráfico, principalmente del Cartel de Medellín, para impedir que sus miembros fueran extraditados a Estados Unidos.
Uribe ha recordado en varias ocasiones cómo fue el último día en que vio a su madre con vida. «El día que me abrazó, me cargó, me dio un beso saliendo de la casa, como cualquier otro viaje que hacía de su trabajo», señaló durante una entrevista coincidiendo con el aniversario de la muerte de su madre. Ese día Turbay acudía a una supuesta entrevista concertada para hablar con el cura Pérez (un sacerdote español, impulsor de la Teología de la Liberación que lideró la guerrilla del ELN entre 1978 y1998), que según le habian dicho quería hablar de paz. Sin embargo, nunca se produjo esa entrevista. La madre de Uribe cayó en manos de Pablo Escobar.
Turbay permaneció secuestrada cinco meses y murió el 25 de enero de 1991, tras resultar gravemente herida. Hay controversía de dónde partió la bala que terminó con su vida, si del operativo de rescate -enviado por el presidente César Gaviria- o del grupo terrorista, que la habría disparado por la espalda para evitar que fuera liberada.

Durante una entrevista con ABC, en 2024, el político conservador recordaba la figura de Diana Turbay: «Es importante resaltar que mi madre fue fundamental en el proceso de paz del M-19, (en el que tomó parte el hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro). Mi madre era periodista, y como periodista fue fundamental en la confianza que construyó con Carlos Pizarro, el comandante del M-19», señaló.
Turbay entrevistaría a Pizarro en varias ocasiones, construyendo «la confianza necesaria para que el M-19 iniciara un proceso de paz. Mi madre estaba convencida de que a través del periodismo, con cualquier criminal con que pudiera conversar podría haberlo convencido de dejar las armas».
Es por ello que Turbay habría sido invitada a «una supuesta entrevista con el cura Pérez, pero era una trampa de Pablo Escobar, quien la secuestra y finalmente la asesina», asegura Uribe. El suceso fue novelado años después por el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez en el libro ‘Noticia de un secuestro’ (1996)

Linaje político

Miguel Uribe es nieto, por parte de madre, de Julio César Turbay, que fue presidente de Colombia entre 1978 y 1982; y, por parte de padre, de Rodrigo Uribe Echavarría, que fue director del Partido Liberal. Desde muy joven ha ido escalando puestos en la política colombiana: con 25 años fue concejal, secretario del Gobierno de Bogotá con 30 años, y es, desde 2022, senador por el partido Centro Democrático. Su próxima meta es alcanzar la Presidencia de Colombia en las elecciones de 2026.
Contrario a los acuerdos de paz con las FARC, alcanzado en 2016 por el gobierno de Juan Manuel Santos, cree sin embargo que la paz es posible, «pero el único camino hacia la paz es la seguridad, no la impunidad», declaró a ABC.
Crítico acérrimo de Gustavo Petro, consider que es «un presidente que no tiene talante democrático, que está agrediendo las instituciones, las desprecia, pone en riesgo el Estado de derecho, y representa una amenaza para la democracia y la libertad».
Candidato por el partido Centro Democratico, fundado por el expresidente Álvaro Uribe (no son familia), dio un paso adelante para presentarse como candidado al considerar que Colombia «necesita un liderazgo firme para dar la pelea en los valores que se necesitan y defender las causas que se necesitan, pero al mismo tiempo ser convocante. El único camino para superar la amenaza de Gustavo Petro es la unidad -subrayó en 2024-, y tenemos que tener una política de unidad donde la causa sea más importante que la persona. Donde converja la defensa de la democracia, la libertad, la propiedad privada y la libre empresa, y en especial la seguridad como valor fundamental de la sociedad».

Donald Trump ha hecho saber que en el origen de su colosal pelea con Elon Musk está la supuesta drogodependencia de este último, al que acusa de haberse dejado arrastrar por su adicción a la ketamina, un anestésico que también se emplea en tratamientos … experimentales contra la depresión, y a un medicamento llamado Adderall, un estimulante del sistema nervioso central recetado para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero que puede provocar dependencia cuando se consume de forma abusiva.
Trump, abstemio y contrario al consumo de drogas, recela profundamente de esos excesos. Sus recientes declaraciones telefónicas a medios como ‘The New York Times’ o CNN dejan entrever que las filtraciones sobre la adicción de Musk a la ketamina durante la campaña proceden del entorno más cercano al presidente. De hecho, ‘The New York Times’ llegó a publicar que había tenido acceso a fotografías del supuesto alijo que Musk transporta en sus viajes, y citó fuentes según las cuales su dependencia es tal que, en ocasiones, llega a perder el control y orinarse encima.
Lo que distingue estos ataques de otros previos contra todo tipo de adversarios es que, por una vez, Trump evita cuidadosamente la confrontación pública. Elude pronunciarse de forma directa, quizá consciente del peso que Elon Musk tiene entre jóvenes y sectores tecnológicos. Este sábado trascendió que había instruido a su vicepresidente, JD Vance, para que no entrara en la polémica y marcara distancias. Vance, que viajaba a Tennessee para conceder una entrevista al comediante y comentarista Theo Von, esquivó el escándalo con respuestas vagas, pese a que Musk había sugerido sustituir a Trump mediante un ‘impeachment’ y entregarle a él la presidencia.

La drogodependencia de Elon Musk, el hombre más rico del mundo con una fortuna superior a los 300.000 millones de dólares, es un secreto a voces en Washington. El propio Musk ha reconocido que consume ketamina de forma habitual para tratar una depresión.
El entorno de Trump atribuye a ese consumo algunos de los episodios más tensos que han vivido con él, incluidas discusiones a gritos en el Despacho Oval y en la sala del gabinete. Ahora ha salido a la luz que la bronca con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante la visita de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en abril, estuvo a punto de terminar en una pelea física. Según reveló este sábado ‘The Washington Post’, Bessent le reprochó a Musk su falta de coherencia y le pidió contención tras varios anuncios contradictorios. Musk se abalanzó sobre él y llegó a golpearle en las costillas antes de ser separado por miembros del personal.
Algunos asesores de Trump, como el responsable de comercio, Peter Navarro, no han disimulado su alivio tras la salida de Musk. Navarro, que en más de una ocasión fue insultado por el magnate —lo llamó «imbécil» y «más tonto que un saco de ladrillos»—, reapareció este viernes en una Casa Blanca donde Musk ya es considerado persona non grata, para defender la política arancelaria y el nuevo enfoque aislacionista del gobierno.

Reunión de urgencia

De todos modos, Trump ha decidido reunir de urgencia a su equipo para tratar estra y otras crisis. Este es un momento complicado para el presidente. Se le resiste mediar la paz en Gaza y Ucrania; se ve obligado a repatriar a supuestos delincuentes deportados a El Salvador; los aranceles que prometió quedan en un 10% universal, y su ambiciosa ley de presupuestos está demorándose en el Capitolio, con la oposición activa de Musk y unos pocos republicanos.
El presidente viajará la noche de este domingo con su equipo y el vicepresidente a la residencia de Camp David para tratar de enderezar el rumbo y consensuar una respuesta a Musk. Ya en días recientes Trump parece más cauto al hablar con la prensa, ya no abre a diario el Despacho Oval a preguntas ni opta por una exposición máxima, tal vez guiado por advertencias de impopularidad en las encuestas.
De momento, Musk ha bajado algo la tensión. Primero ha borrado un mensaje en la red social X en el que acusaba a Trump de estar en la lista de depredadores sexuales de Epstein, y por ello impedir su publicación. Después, se ha centrado en circular la opción de un nuevo partido político que tome el relevo del trumpismo, mostrando más hartazgo con los republicanos que con el propio presidente, al que hasta hace unos días le profesaba su amor.

La fuente de la noticia es https://www.abc.es/internacional/jose-m-de-areilza-vende-tesla-20250607060156-nt.html MONNET & CO. El choque previsto entre Trump y Musk, dos personalidades incompatibles, acostumbradas a no compartir …

«Me han llamado dictador en todos los medios que han querido y podido, desde los panfletos salvadoreños a los panfletos internacionales, los más prestigiosos. Saben qué, me tiene sin cuidado que me llamen dictador». Con estas palabras, el presidente Nayib Bukele respondía … el pasado domingo a las numerosas informaciones –«es una campaña coordinada», aseguró– que han denunciado en las últimas semanas la escalada autoritaria del mandatario salvadoreño tras varias acciones que han conmocionado a ONG y a defensores de derechos humanos. Entre ellas, el arresto de una reconocida abogada anticorrupción, Ruth López, un pastor evangélico y un defensor de una comunidad de campesinos.
Para Human Rights Watch (HRW), la detención de López ha marcado «un punto de quiebre en la represión del Gobierno de Bukele». La propia activista, que colabora con la ONG Cristosal que monitoriza la situación de los derechos humanos en el país centroamericano, reclamaba esta semana su inocencia. «Soy una presa política. Me quieren acusar por mis denuncias contra la corrupción de este gobierno. No hay ninguna institución pública que garantice los derechos», gritó al salir de su primera vista judicial, tras ser detenida el pasado 18 de mayo bajo los cargos de enriquecimiento ilícito. El juez dictó prisión provisional para ella.
Las palabras de Bukele, pronunciadas durante el discurso de celebración del primer aniversario de su reelección para un segundo mandato, fueron aplaudidas dentro del Teatro Nacional, donde tuvo lugar el acto, y aclamadas por miles de simpatizantes enardecidos que lo seguían desde el exterior. Lo cierto es que las críticas dentro y fuera de El Salvador apenas han erosionado su popularidad. Según la última encuesta de Cid Gallup, Bukele sigue manteniendo una aprobación extraordinaria, el 85%, aunque algo menor que cuando alcanzó el poder.

Poder absoluto

Pero los cuestionamientos sobre el perfil autoritario de Bukele no son nuevos, comenzaron cuando el presidente salvadoreño, elegido en 2019, logró el poder absoluto con la victoria de su partido, Nuevas Ideas, en las elecciones legislativas de 2021. Inmediatamente después, el nuevo Parlamento oficialista destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al titular de la Fiscalía General de la República. Para entonces algunos analistas ya tildaban a Bukele de ‘dictador de nuevo cuño’.
En su discurso del pasado domingo –en el que dedicó más de 40 minutos a insultar a defensores de derechos humanos y a periodistas, a los que llamó «carroñeros»–, el mismo presidente salvadoreño reconocía que le había llevado un año destruir las estructuras de los anteriores gobiernos.
A pesar de sus medidas draconianas y la violación del debido proceso de miles de salvadoreños, los resultados de su lucha contra la violencia en El Salvador –hace una década era uno de los países más peligrosos del mundo–, sus métodos fueron vistos por muchos como un mal menor por un objetivo mayor. «Dicen que hemos encarcelado a miles, pero en realidad hemos liberado a millones», aseveró Bukele en un discurso en la ONU. Una afirmación compartida, entre otros, por el presidente Donald Trump, como él mismo reconoció en su reunión con el presidente salvadoreño en el Despacho Oval el pasado mes de abril. Los métodos de Bukele, y sobre todo sus resultados, encandilaron a líderes de todo el continente americano –desde Estados Unidos a Argentina–.

Trump, quien ha manifestado su admiración por Bukele, se reunió con el presidente salvadoreño en el Despacho Oval el pasado mes de abril

ep

Régimen de excepción

El instrumento utilizado por el líder salvadoreño para lograr esos resultados fue el establecimiento del régimen de excepción en todo el país en marzo de 2022, declarado tras el asesinato de 87 personas durante un fin de semana. Esa matanza marcó un punto de inflexión en la relación de Bukele con las pandillas, y el comienzo de una guerra contra ellas. La medida, todavía vigente, ha llevado a prisión a más de 85.000 personas –miles de ellas sin vínculos con las pandillas–. Durante estos años, ONG y medios de comunicación han denunciado las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y cientos de muertes bajo custodia –la última cifra asciende a 415–. Para Bukele, estas organizaciones y periodistas forman parte de una conspiración «globalista» contra él y su país. «Términos como transparencia, derechos humanos y Estado de derecho» son utilizados, dijo en su discurso del domingo, «para mantenernos sometidos».
De su rechazo visceral a quienes le cuestionan emana una de las últimas decisiones de su Gobierno: la aprobación de una Ley de Agentes Extranjeros (muy similar a la implementada por Rusia y más dura incluso que la de Nicaragua) para acallar a defensores de derechos humanos y al periodismo independiente.
A pesar de las críticas, los resultados obtenidos por Bukele lo han encumbrado, y varios países han llamado a su puerta para pedirle asesoramiento y ayuda. Uno de ellos ha sido Estados Unidos, donde su presidente, Donald Trump, ha encontrado en Bukele un aliado útil para llevar a cabo sus deportaciones masivas. Ambos mandatarios firmaron esta primavera un acuerdo por el que Washington enviaba cientos de venezolanos – todos ellos presuntamente miembros del grupo criminal Tren de Aragua– a la megacárcel construida por Bukele para encerrar a pandilleros: el temido Centro de Confinamiento de Terroristas (Cecot).

Cientos de pandilleros son vigilados por agentes tras ser trasladados al Cecot, la megacárcel construida por Bukele

afp

Ese acuerdo, que no sólo era económico, y su paso por el Despacho Oval consolidaron la imagen y la gestión del presidente salvadoreño, cuestionada anteriormente por la Administración Biden, que ni siquiera quiso recibirle durante una visita a Washington y que incluyó en su lista de sancionados a dos personas cercanas a Bukele: Osiris Luna, responsable de Instituciones Penitenciarias en El Salvador; y Carlos Marroquín, que actualmente está al frente del Departamento de Reconstrucción de Tejido Social del Gobierno de Bukele. El motivo: haber participado en un pacto con líderes de pandillas y por actos de corrupción.
Hay quienes consideran que la reciente escalada de autoritarismo del presidente salvadoreño es consecuencia de la impunidad de sus actos y del apoyo recibido del presidente Trump. «Desde su llegada a la Casa Blanca Bukele siente que tiene mayor cintura para hacer lo que realmente le dé la gana en la medida que se ha granjeado la simpatía de Trump a través de los servicios carcelarios», explica a ABC en conversación telefónica Carlos Martínez, periodista del medio de investigación salvadoreño ‘El faro’. Una impunidad que podrá mantener, «sin restricciones», mientras continúe esa Administración en el poder en Estados Unidos

Habla Charli

Sin embargo, una información publicada por ‘El faro’ podría complicar el idilio entre Bukele y Trump. El pasado 1 de mayo, el medio digital, que lleva años denunciando las negociaciones de Bukele con las pandillas, por lo que ha sido perseguido por el Gobierno y se ha visto obligado a trasladar su sede a Costa Rica, colgó una entrevista con dos líderes de la mara Barrio 18 Revolucionarios. A lo largo de casi dos horas, ambos, a preguntas de los periodistas Carlos y Óscar Martínez, detallan cuándo comenzaron a colaborar con el hoy presidente, por qué y qué recibieron a cambio.
Si bien ‘El faro’ ya había publicado grabaciones, imágenes y documentos que confirmaban esta colaboración, ahora iba un paso más allá con los testimonios de dos de las personas que participaron en las negociaciones y mantuvieron constantes contactos con quien ejercía de enlace con Bukele, el sancionado por EE.UU. Carlos Marroquín.
Las revelaciones de estas entrevistas, de las que se han hecho eco medios de todo el mundo, habrían arreciado la represión en El Salvador:
«Entramos en una fase en la que ya no es necesario utilizar palabras como democracia y Estado de derecho. Una fase que se ha repetido históricamente en otros países de la región: caudillos, hombres fuertes, que llegaron al poder con el aplauso de su pueblo, y que cuando este comienza a disminuir, y ya tienen el control completo del Estado, consideran prescindible ese amor. Eso pasó en Venezuela, en el Perú de Fujimori, en la Nicaragua de Daniel Ortega… Y es lo que está pasando ahora en El Salvador», subraya Carlos Martínez desde un lugar que no ha querido precisar, pues días antes de publicar la exclusiva salió del país: «Hice la maleta para una semana, y ya llevo un mes fuera».
La Asamblea Legislativa aprobó en 2022 una ley que castigaba con hasta 15 años de cárcel a aquellos medios y periodistas que reprodujeran o transmitieran «mensajes o comunicados originados o presuntamente originados» por pandillas. Todo el equipo de ‘El Faro’ que publicó las entrevistas a los dos pandilleros se encuentra actualmente fuera de El Salvador tras ser advertido de que la Fiscalía iba a cursar órdenes de detención contra ellos.
Según Carlos Martínez, Bukele ha construido su poder «sobre una muy cuidada imagen pública, sobre un mecanismo de propaganda y publicidad engrasado económicamente, en la que se presenta como una persona con una receta mágica para salvarnos». Si bien reconoce que el presidente ha conseguido desarticular las pandillas, «lo hizo a costa de quitarnos todo lo demás. Desmontó el sistema de pesos y contrapesos, y ahora no hay quien nos proteja de él, de sus caprichos y de sus embestidas arbitrarias contra todo el que le contradice».

Carlos Cartagena, alias ‘Charli’, líder de Barrio 18 Revolucionarios, durante la entrevista con ‘El faro’

el faro

Esa imagen, construida con inteligencia y mucho dinero, es la que ahora se ha visto golpeada por las revelaciones de Carlos Cartagena, alias ‘Charli’, líder de Barrio 18 Revolucionarios, que señala que las negociaciones, en las que participaron tanto la Mara Salvatrucha (MS-13) y las dos facciones de Barrio 18, se retrotraen a 2014, cuando el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), entonces partido en el poder, quería colocar a su candidato, Salvador Sánchez Cerén, como presidente; y a Nayib Bukele, como alcalde de San Salvador.
Los líderes debían exigir el voto para ellos en sus territorios. Como pago, además de mejorar las condiciones de los pandilleros en prisión, se les habría abonado un cuarto de millón de dólares. El acuerdo funcionó, y Bukele vio en esta estrategia la manera de alcanzar la presidencia, según relata Charli. «Nosotros lo sabíamos antes que su propio partido», explica durante la entrevista con ‘El faro’. Rota la tregua con Cerén, Bukele, expulsado por el FMLN lo que le llevó a crear Nuevas Ideas, se presentó como el gran salvador que podía mejorar la situación de las maras. Y éstas le apoyaron. El principal enlace fue Carlos Marroquín, de quien ‘El faro’ ha desvelado algunas grabaciones comprometedoras.
Ya en el poder, las cifras de asesinatos bajaron, era parte de la negociación, y la popularidad de Bukele subió. El presidente –conocido entre los pandilleros con el apodo de ‘Batman’– también les pediría a los líderes pandilleros, según Charli, ayuda para controlar a la gente de sus colonias durante la pandemia del Covid-19.

Ruptura y guerra

Todo parecía ir bien hasta que un fin de semana de marzo de 2022 fueron asesinadas 87 personas. «La MS-13 consideró que el Gobierno de Bukele había roto el acuerdo, y ejerció presión como suele hacer, con cadáveres», relata Carlos Martínez. «En ese momento, Bukele ya no necesitaba ese acuerdo con las pandillas, que le había servido para construir electoralmente su figura, y para granjearse la simpatía del pueblo debido a la súbita reducción de asesinatos».
En parte, gracias al acompañamiento de estas estructuras criminales, el presidente para entonces ya lo poseía absolutamente todo. «Los tres órganos del Estado, la lealtad de la Policía y el Ejército, el Tribunal Constitucional, el de Transparencia, el Tribunal de Cuentas… Poseía el Estado entero. De manera que ese acuerdo con las pandillas era un lastre», señala.
Pero Bukele consiguió capitalizar un poco más su relación con las pandillas, en opinión del periodista salvadoreño, pues logró lo que le faltaba: «La posibilidad de retirarnos a todos los derechos constitucionales. Con la excusa de aquella masacre llevamos más de tres años sin ellos. Ha convertido a los policías y al Ejército en los ‘jueces de la calle’. Esa fue su oportunidad de mandar al congelador la Constitución y los derechos civiles», sentencia el periodista, que es miembro fundador, junto con Óscar Martínez, de la sección Sala Negra, en ‘El Faro’, especializada en la cobertura del fenómeno de la violencia en toda Centroamérica.

Liberación de líderes pandilleros

Entre las prerrogativas que consiguieron algunos de los líderes de las maras que negociaron con Bukele estaba su liberación, algo que se produjo mientras se arrestaba de manera masiva a pandilleros de bajo nivel pero también a ciudadanos inocentes. Charli, con numerosos delitos en su haber, fue uno de los agraciados con la medida. Él mismo relata cómo le quitaron las esposas tras recibirse una llamada donde lo tenían retenido. Solo habían pasado tres horas de su detención. En el caso de Lori, el otro pandillero entrevistado, que prefirió no mostrar su rostro, no solo no fue detenido sino que incluso fue trasladado por el propio Marroquín a la frontera con Guatemala.
«Las negociaciones que tenían con las pandillas eran aplacar la calle, y en respuesta les eran concedidas algunas cosas», afirma Martínez. Entre estas concesiones se encuentran incluso estas liberaciones extrajudiciales, que incluyeron también la de uno de los líderes de la MS-13 más buscados, Elmer Canales Rivera, alias ‘Crook’, quien posteriormente fue detenido en México por el FBI. Según Martínez, Bukele llegó a ofrecer un millón de dólares al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por su captura.

Autobuses llegan para trasladar a venezolanos deportados por EE.UU. a la megaprisión del Cecot

presidencia el salvador

Esas liberaciones se pueden volver ahora contra el presidente salvadoreño. «A través de la Fiscalía de Trump, Bukele está tratando que se desestimen las acusaciones en contra de Crook, y que se lo envíen de manera que cuando comience el juicio contra la MS-13 (considerado por EE.UU. un grupo narcoterrorista) no tenga testigos que hablen de los acuerdos entre las pandillas y el gobierno. Bukele quiere conseguir impunidad a través de la pleitesía que le rinde a Trump», sostiene Martínez.
Estas liberaciones de cabecillas de pandillas, en espera de juicio en EE.UU., formarían parte del acuerdo de deportaciones de venezolanos a la cárcel del Cecot en El Salvador, según desveló la CNN. El medio estadounidense tuvo acceso a varios correos electrónicos entre el hermano de Bukele, Ibrahim, y Michael Needham, consejero y jefe de gabinete del Secretario de Estado, Marco Rubio. En ellos se señala que tras ser devueltos nueve pandilleros –que serían incluidos en los vuelos a El Salvador– se le reduciría el coste (alrededor de 20.000 dólares al año) por deportado ingresado en el Cecot un 50%. «Ofrecen literalmente dos por uno en venezolanos a cambio de la liberación de los líderes de la MS-13 que van formar parte de un juicio en el que la familia Bukele teme que aparezca su nombre», argumenta Martínez.
El pasado mes de abril se confirmó la inclusión en uno de los vuelos de deportados de César Humberto López Larios, alias ‘Greñas de Stoners’. Detenido en El Salvador en 2017 por múltiples delitos, fue liberado en 2020 por el Gobierno de Bukele. Perseguido por la Justicia de EE.UU., cuatro años después fue arrestado en México. Estaba previsto que Greñas declarará en una corte estadounidense el pasado 11 de marzo, pero la fiscalía solicitó sobreseer los cargos en su contra por «razones geopolíticas y de seguridad nacional», según un documento al que tuvo acceso ‘El faro’.
A raíz de esto, otros pandilleros, en espera de juicio en EE.UU., han decidido declararse culpables para adelantar el proceso, y no tener que volver a El Salvador, según denunció el medio especializado en crimen organizado Insight Crimen.
🟥INTERESANTE Los mareros Rojo y Cruger señalados en la acusación CR 22_429, que denuncia negociaciones con el gobierno de Bukele, se declaran culpables de sus cargos de terrorismo casi al mismo tiempo para acelerar su juicio. Sucedió 2 días después de la deportación de Greñas. pic.twitter.com/z4O8cTgmKO— Carlos Garcia (@CarlosGnarra) March 21, 2025
¿Qué pasará cuando lleguen a El Salvador todos esos líderes? «No lo sabemos. A día de hoy no sabemos dónde están recluidos los líderes de la MS-13 ni Barrio 18 en El Salvador. Hemos visto miles de imágenes de pandilleros en el Cecot, pero no hemos visto dónde están esos grandes líderes». Lo que sí tiene claro Carlos Martínez es el deseo de Bukele de «desvanecer sus nexos con la MS-13».

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