La guerra comercial total de Donald Trump ha empezado. Los aranceles ‘recíprocos’, el primer gran bombardeo contra sus socios comerciales por parte del presidente de EE.UU., se han hecho realidad en la medianoche del martes al miércoles, las seis de … la mañana del miércoles en España.
Tras el anuncio hace una semana del llamado ‘Día de la Liberación’, en el que dio a conocer su sorprendente y agresivo ‘arancelazo’, todos los países del mundo tienen sus exportaciones a EE.UU. sujetas a una tasa general del 10% desde el pasado sábado. Y desde ahora entran en vigor los que Trump califica de ‘recíprocos’, con un arancel diferente para cada país -en el caso de España, como para el resto de la Unión Europea, de 20%- que su Administración ha calculado de forma cuestionable en base aus propios aranceles y, supuestamente, a manipulaciones monetarias y barreras comerciales no arancelarias. Cualquier exportación que llegue desde este momento a EE.UU. -sea aceite de oliva de Jaén o un vino de La Rioja- enfrentará tasas abultadas.
La imposición de aranceles ha desatado una tormenta económica global: ha hundido los mercados financieros, empezando por la Bolsa de Nueva York, donde se han evaporado casi siete billones de dólares en capitalización bursátil desde el anuncio de los aranceles; ha abierto la posibilidad de una recesión global, algo que según Larry Fink, el consejero delegado de BlackRock, la mayor firma inversora del mundo, probablemente ya es una realidad; y ha creado incomodidad entre muchos aliados de Trump, tanto en el Congreso como en Wall Street, que ven con preocupación el caos causado.
A Trump, sin embargo, estas turbulencias no le mueven el tupé. El fin de semana, mientras las bolsas se hundían -y, con ellas, las pensiones de la mayoría de jubilados y pequeños ahorradores de EE.UU.-, él se dedicó a jugar al golf. Y este martes por la noche, en la cuenta atrás para el comienzo de la guerra comercial, se enfundó un esmoquin, acudió a la cena del Comité Nacional Republicano del Congreso y dio un discurso donde defendió, más desatado que nunca, su visión proteccionista y antiglobalista para EE.UU. Y celebró, ante todo, la puesta en marcha de los aranceles.
«Muchos países nos han estafado, por arriba y por abajo», dijo Trump a la reunión de republicanos. «Ahora nos toca estafar a nosotros».

Trump aseguró, como hizo ya unas horas antes, que gracias a su primer tramo de aranceles estaban entrando en las arcas de EE.UU. 2.000 millones de dólares al día. «¿Os lo podéis creer?», dijo sobre una cifra sobre la que la Casa Blanca no ha dado detalles, y con la que trata de compensar, de cara a su electorado, las pérdidas en bolsa que sufren los ahorradores y la amenaza de más inflación que algunos asocian a sus aranceles.
Trump pronunciaba estas palabras después de otra sesión para olvidar en Wall Street, donde los indicadores arrancaron en verde, con la esperanza de que empezaran a anunciarse acuerdos con otros países para aliviar aranceles. Nada se llegó a materializar, a pesar de que el presidente de EE.UU. aseguró que estaba cerca de un acuerdo con Corea del Sur y con Japón y que había contactos con cerca de setenta países. Al final, la Bolsa de Nueva York cerró de nuevo en rojo, tras una corrección brusca.
«Nos lo están dando todo», dijo Trump sobre esas negociaciones con otros países. «Os digo una cosa, los países me están llamando, me están besando el culo, lo están haciendo», dijo el presidente de EE.UU., entre las risas de algunos republicanos en la sala. «Se mueren por llegar a un acuerdo. ‘¡Por favor, por favor, señor, lleguemos a un acuerdo! ¡Haré lo que sea, señor, haré lo que sea!’», teatralizó Trump con mofa, en referencia a otros mandatarios internacionales.

La mención especial fue para China, la gran batalla de esta guerra comercial. Desde esta medianoche, el gigante asiático, uno de los principales exportadores a EE.UU., sufre un arancel del 104%. Es el resultado de la tasa de 20% que ya estaba impuesta, más el 34% de arancel ‘recíproco’ anunciado por Trump la semana pasada, más otro más del 50% porque Pekín decidió responder con su propia medicina: un arancel del 34% a las exportaciones estadounidenses a su país.
Durante el día, Trump se mostró confiado en que recibiría la llamada de China para llegar a un acuerdo.
«China está desesperada por llegar a un acuerdo, pero no saben por dónde empezar», dijo en su red social, «Estamos esperando su llamada, ¡ocurrirá!», pronosticó. Pero la llamada no llegó. Después,, el que parecía desesperado era Trump: «El presidente me ha pedido que os diga que si China le contacta para llegar a un acuerdo, él será increíblemente benévolo», anunció su portavoz, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.
«Los aranceles a China son del 104% hasta que lleguen a un acuerdo con nosotros», dijo ante los republicanos. «»Creo que querrán acuerdo en algún momento. Quieren hacerlo, realmente. Pero no saben cómo empezar porque son gente orgullosa».
Fue un discurso largo, sinuoso, lleno de digresiones marca de la casa: desde discusiones hogareñas con su esposa, Melania, hasta las explosiones de los coches alimentados por hidrógeno, pasando por los habituales insultos a demócratas como su antecesor, Joe Biden, del que dijo que babea, o del ahora senador Adam Schiff, al que llamó «cabeza de sandía».
Pero fue, sobre todo, un llamamiento a filas a los republicanos del Congreso para que no haya deserciones -las empieza a haber- en sus planes económicos; y una apuesta redoblada en su mensaje de populismo económico.
Trump atacó al «’establishment’ globalista corrupto que ha mandado en nuestro país durante décadas»; defendió que las «voces estridentes que hablan ahora sobre aranceles son los mismos canallas a los que nunca les preocupó si EE.UU. perdía 90.000 fábricas»; y anunció que pronto vendrán todavía más aranceles, en concreto, en la industria farmacéutica.
«Estoy orgulloso de ser el presidente de los trabajadores, no de los subcontratadores; el presidente que está con la gente de la calle, no con Wall Street; que protege a la clase media, no a la clase política; y que defiende a EE.UU. no a tramposos comerciales de todo el mundo», proclamó. El impacto en la economía de EE.UU. de su guerra comercial recién inaugurada tendrá la última palabra.

La luna, el único satélite natural de la Tierra, tarda requiere aproximadamente 29 días y medio para llevar a cabo su ciclo completo, abarcando …

A pesar de que la atención internacional está principalmente enfocada sobre las cuestiones económicas y comerciales del conflicto de los aranceles desatado por Trump, la guerra en Ucrania continúa. Por el aire, Rusia está incrementando los ataques aéreos principalmente con drones artillados, bombas guiadas, … misiles de crucero (Kalibr) y misiles balísticos (Iskander), a los que se añaden las correspondientes dosis de señuelos para distraer la atención y perturbar la eficacia de las defensas antiaéreas ucranianas.
La desinformación es pujante. Diariamente, los medios repiten informaciones oficiales sobre los vehículos aéreos lanzados por unos contra otros, detallando tanto los derribados como los fallidos, cuya suma coincide con el total de los lanzados. Y, sin embargo, a renglón seguido, los medios relatan bajas y destrozos en las infraestructuras producidos por ataques aéreos. Definitivamente, sufrimos una rutinaria y grosera desinformación de bulto con datos poco contrastados.
Por tierra, la iniciativa general corresponde a Rusia, si bien los movimientos en los diversos sectores del frente son mínimos, aunque con tendencia a incrementarse. De norte a sur, los combates se producen en los sectores de: Kursk-Belgorod, río Oskil, Chasiv Yar (ya casi un año estabilizado), Toretsk, Prokovsk y Zaporiyia, donde se está incrementando la actividad rusa en la zona de la carretera 0812, al norte de Zereb’yanky. Ello podría confirmar una potencial intención rusa de ruptura del frente, bien por la zona de Stepove en dirección hacia Zaporiyia; o bien, lo que sería más probable, con un gran esfuerzo desde la zona de Orejov siguiendo la dirección de la carretera T0803 y el cauce del río Kronka, también en dirección a Zaporiyia.
En cualquier caso, la reciente intención publicitada por el Kremlin de incrementar en 150.000 sus efectivos en Ucrania supone un tremendo mazazo a las aspiraciones de Kiev de poder seguir resistiendo indefinidamente la presión bélica rusa. Especialmente por el crónico déficit de recursos humanos, que está propiciando desabridas prácticas de reclutamiento a lazo por toda Ucrania.
Tal escenario proclama lo que Zelenski, con toda la razón, denuncia como el desprecio de Moscú hacia los canales diplomáticos, así como el interés de Putin por prolongar la guerra. Parece claro que el líder ruso pretende simultanear dos negaciones casi antagónicas. Una es no desear un alto el fuego, que oxigenaría a Ucrania, sin antes haber alcanzado los objetivos de su Operación Militar Especial.
La otra es no aparecer como el responsable del alargamiento de la guerra. Pero, a pesar de las fallidas intenciones de Trump de acabar rápidamente con las hostilidades, así como el poco éxito de las conversaciones de paz desarrolladas en Arabia Saudí, se mantienen las negociaciones entre EE. UU. y Rusia en búsqueda de acuerdos de paz, que luego habrían de imponerse a Ucrania. A ello responden las recientes reuniones en Washington de Kirill Dmitriev, enviado especial de Putin para las negociaciones sobre Ucrania, con Steve Witkoff, enviado presidencial especial para Oriente Próximo quien, en realidad, opera como factótum de Trump en las negociaciones ruso-norteamericanas sobre Ucrania.
Para favorecer a su país, Trump intenta cambiar el mapa geopolítico y las reglas del comercio mundial. Pero sus formas son de impúdico gañán. Un día, pone a EE.UU. en guerra comercial con la mitad del mundo, detallando chulescamente los aranceles que están reflejados en una tablilla que parecía la lista de precios de las tapas de una bodeguilla popular. Otro día, afirma en actitud imperial no descartar «el uso de la fuerza para hacerse con Groenlandia», territorio autónomo de un país (Dinamarca) que es su aliado en la OTAN. Y así todo, en los dos meses y medio transcurridos desde su toma de posesión.
A pesar de que el Nobel de física Niels Bohr afirmaba que «es muy difícil hacer predicciones, especialmente respecto al futuro», uno se atrevería a garantizar que, si Trump mantuviera el actual ritmo desenfrenado de cambios y exigencias, el planeta explotará. Muchos empiezan a soñar que en las elecciones norteamericanas de medio mandato, programadas para el 3 de noviembre de 2026, una o las dos cámaras legislativas cambiarán de signo, lo que serviría para frenar a Trump. ¿Llegaremos a ello?

La agresiva agenda de Donald Trump, centrada en redefinir las normas migratorias y en recortar de forma drástica la estructura del Gobierno federal, ha logrado esta semana un respaldo clave en los tribunales. Pese a la avalancha de demandas y medidas cautelares, el presidente ha … sumado una serie de victorias judiciales que refuerzan su autoridad ejecutiva y envían una señal inequívoca: su visión de gobierno avanza, y por ahora, cuenta con aval legal.
La más simbólica de esas victorias llegó el lunes por la noche, cuando el Tribunal Supremo autorizó la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que permite la expulsión de ciudadanos extranjeros por razones de seguridad nacional. Con el respaldo de la mayoría conservadora, la Corte permitió al Gobierno continuar las deportaciones de inmigrasteis venezolanos supuestamente vinculados al grupo criminal Tren de Aragua.
Aunque el fallo incluyó un matiz importante —los afectados deben tener la posibilidad de impugnar su expulsión ante un juez—, el mensaje político y legal fue claro: la Casa Blanca puede seguir aplicando esa herramienta, incluso bajo presión política y con críticas abiertas de organizaciones humanitarias, incluida la Conferencia Episcopal estadounidense.

Trump celebró el fallo como un «gran día para la Justicia» y lo presentó como una confirmación de que su política de «tolerancia cero» en inmigración resiste el escrutinio judicial. «Esta es una victoria para los estadounidenses que exigen orden, y para nuestro derecho soberano a decidir quién entra y quién no en este país», escribió en su red Truth Social.

Audiencias individuales

La fiscal general, Pam Bondi, anunció que las audiencias para revisar las expulsiones se celebrarán de forma individual y en Texas, no en Washington, lo que podría ralentizar el proceso pero no alterará su aplicación.
El martes, Trump cosechó otra victoria judicial. La Corte Suprema bloqueó una orden que obligaba a reincorporar a 16.000 empleados públicos despedidos como parte de la mayor purga administrativa en décadas. Los jueces concluyeron que las organizaciones demandantes no tenían legitimación suficiente para solicitar la restitución de esos trabajadores, invalidando así una resolución previa del juez federal competente, William Alsup.
Aunque técnica, esta decisión representa un espaldarazo para la estrategia de Trump de reducir el aparato burocrático del Estado, uno de sus principales compromisos desde su regreso al poder. El gobierno federal es el mayor empleador del país, con más de tres millones de funcionarios.
Según datos oficiales, desde enero han sido cesados más de 24.000 empleados en periodo de prueba en agencias clave como Defensa, Energía, Interior, Agricultura, Asuntos de Veteranos y el Tesoro. El Gobierno argumenta que se trata de despidos por bajo rendimiento y duplicidades innecesarias. Sin embargo, en varios casos documentados, los empleados contaban con evaluaciones laborales positivas poco antes de ser despedidos.

Respaldo a la estrategia

Estas decisiones del Supremo suponen un respaldo directo a la estrategia del presidente de gobernar por decreto en áreas sensibles, tradicionalmente reguladas por el Congreso o limitadas por los tribunales. Aunque varias cortes inferiores han frenado algunas de sus medidas, los últimos pronunciamientos del alto tribunal fortalecen la interpretación de que el Ejecutivo cuenta con amplias competencias, sobre todo en materia migratoria y administrativa.
Desde que asumió el cargo el 20 de enero, Trump ha firmado más de 110 decretos presidenciales, un récord histórico en tan corto periodo. Esa cifra equivale a la mitad de los que firmó Joe Biden durante todo su mandato.
Para la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el fallo migratorio no solo valida la legalidad del plan de Trump, sino también su estrategia general en este segundo mandato: «Este fallo avala la estrategia del presidente para expulsar a quienes están ilegalmente en el país», afirmó en rueda de prensa. Según Leavitt, la prioridad ahora son «criminales violentos, reincidentes que han violado nuestras leyes una y otra vez, y que siguen representando una amenaza para nuestras calles».
A pesar de que ya se han presentado demandas que cuestionan las deportaciones a El Salvador —algunos inmigrantes fueron enviados sin haber sido oídos por un juez, y otros niegan estar vinculados a organizaciones criminales—, la Casa Blanca se muestra firme. «Estamos seguros de que la Justicia nos dará la razón. Cada persona deportada bajo la Ley de Enemigos Extranjeros cumple con los requisitos. Y cada deportación futura bajo esa norma también lo hará», afirmó Leavitt.
Estas victorias judiciales consolidan una narrativa que Trump busca imponer en este primer año de mandato: que su presidencia avanza sin frenos, sin necesidad de la concurrencia del legislativo, frente a un sistema judicial que él mismo ha denunciado como injerencista en múltiples ocasiones.
Lejos de quedar neutralizada por la resistencia legal, su agenda está encontrando acomodo en el marco institucional, con el Supremo como árbitro decisivo. Eso, para Trump, es mucho más que una victoria jurídica.
De hecho, el propio presidente y sus portavoces han seguido una estrategia clara de impulsar decretos agresivos, como el de la ley de enemigos terroristas empleada para las deportaciones, para luego poner a prueba su validez en los tribunales, buscando activamente llegar al Supremo. A tres de sus nueve integrantes los eligió de hecho el propio Trump en su primer mandato.

Europa Press

08/04/2025 a las 10:35h.

Aunque las leyes antitabaco han logrado grandes avances en la protección de espacios públicos como bares, restaurantes y centros de trabajo, el hogar sigue siendo un lugar donde miles de personas —incluidos niños, personas mayores y enfermos crónicos— están expuestos al humo de segunda mano.
Un nuevo artículo de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York (Estados Unidos) publicado en ‘Nicotine & Tobacco Research’, concluye que la prohibición de fumar en viviendas públicas en Estados Unidos en 2018 condujo auna reducción en las hospitalizaciones por problemas cardiovasculares.

El consumo de tabaco y la exposición al humo de segunda mano son una de las principales causas de muerte prevenible en Estados Unidos. Unos 480.000 estadounidenses mueren cada año a causa del tabaco. Si bien la prevalencia de adultos expuestos al humo de segunda mano disminuyó drásticamente entre 1988 y 2014 (del 87,5% al 25,2%), alrededor de 58 millones de no fumadores en Estados Unidos experimentan el humo del tabaco, principalmente en el hogar.

Más ambientes libres de humo, menos presión arterial

A principios de la década de 2000, los gobiernos estatales y locales comenzaron a prohibir fumar en lugares públicos. Los estudios demuestran que la legislación sobre ambientes libres de humo para lugares de trabajo, bares, restaurantes y otros espacios se asocia con reducciones en la presión arterial sistólica y en las hospitalizaciones por problemas cardiovasculares.

Con el alma en vilo, por el «empate técnico» del que hablan las encuestas, los ecuatorianos aguardan el domingo 13 de abril para ir a las urnas y elegir a quién gobernará el país los próximos cuatro años. Se repite la final de octubre de … 2023, ya que la disputa es nuevamente entre el presidente Daniel Noboa, del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), que defiende el libre mercado; y Luisa González, de la Revolución Ciudadana (RC5), que pregona el control del Estado. Noboa ganó aquellos comicios para gobernar durante 18 meses y completar el período que dejó inconcluso Guillermo Lasso, quien renunció tras disolver el Congreso y anticipar las elecciones.
Las encuestas muestran cifras parejas, con diferencia de décimas en favor de Noboa, que busca la reelección; pero la mayoría de las empresas que hacen mediciones esta vez han bajado el perfil y evitado referirse en detalle a sus números después del fracaso en la primera vuelta, cuando el pronunciamiento en las urnas contradijo las predicciones de casi todas las encuestas y hasta del sondeo a pie de urnas.
La campaña se ha desarrolla sin contratiempos quizá porque el país desde hace más de un mes soporta torrenciales lluvias que han dejado una treintena de muertes y han destruido las infraestructuras en varias provincias de la Costa, la Sierra y la Amazonía, afectando seriamente la producción agrícola y ha dejado centenares de damnificados. Esto ha moderado un poco la campaña, pero en los últimos días la tensión por los resultados se siente en el ambiente.

La violencia que vive el país ha sido uno de los temas centrales de los debates y los candidatos han hablado de propuestas para hacerle frente. Noboa ha arriesgado contratando al dueño de la empresa Blackwater, Erick Prince, un mercenario estadounidense, quien el fin de semana participó en operativos en zonas de conflicto, junto a los ministros del Interior y Defensa. Desde Venezuela, Diosdado Cabello, ministro del Interior, ha acusado a Prince de ser «asesor del narcotráfico en Ecuador», declaración que, en las últimas horas, ha causado gran revuelo.
También este martes ha provocado reacciones y críticas muy acres, el anuncio de Luisa González de que para combatir la inseguridad organizará a los ciudadanos en los barrios, bajo el nombre de ‘gestores de paz’, que recibirán un salario para organizar a sus vecinos. «Nadie cuida mejor el barrio que quien vive allí», declaró. González quiere imponer en Ecuador los comités de defensa de la revolución ciudadana como en Cuba, para espiar y denunciar a quienes no se sometan, dijeron dirigentes de ADN.

Dolarización

El otro gran tema de la campaña ha sido la dolarización, a sabiendas de que el 95% de los ecuatorianos defiende su uso como moneda de curso regular, porque en los 25 años que lleva en vigencia ha evitado la inflación, y porque los gobiernos no han podido hacer emisiones al ser una moneda de Estados Unidos. El tema provocó revuelo cuando salió a la luz una ponencia académica del candidato a la vicepresidencia por RC5, Diego Borja, en la que cuestionaba la dolarización, y después de que dos legisladores de esa bancada hablaran de usar ‘Ecua-dólares’ y que Rafael Correa y su excanciller Ricardo Noboa, en el canal ruso RT, donde el expresidente hace entrevistas, dijeran que se debe salir de la dolarización.
Noboa lo ha defendido siempre y no le ha resultado complicado lograr adhesiones, al explicar que ha sido un freno para las emisiones inorgánicas que los gobiernos suelen hacer para tener liquidez, afectando la economía de la gente.

Pedro Sánchez pone rumbo a Pekín por tercera vez en dos años, una frecuencia tan inusitada en la relación entre España y China como exigua es la reflexión académica al respecto. Mario Esteban, investigador principal del Real Instituto Elcano y catedrático en la Universidad … Autónoma de Madrid, representa una ‘rara avis’ que reflexiona sobre un extremo de Eurasia desde el otro. Coautor del reciente libro ‘Introducción a la China actual’ (Alianza Editorial, 2024), comparte sus impresiones ante la concatenación de escenarios excepcionales, desde los crecientes lazos bilaterales hasta el caótico escenario global, que contextualizan al presidente del Gobierno en su viaje al este.
—¿Cómo definiría el momento de la relación entre España y China?
—Creo que hay un intento claro por parte de España de recuperar tiempo perdido. Si uno observa, desde la década de los 2000 hasta la pandemia, el número de visitas que hacían altos de cargos de Francia, Alemania, Italia y otras grandes economías de la Unión Europea y lo compara con las que hacían las autoridades españolas, es evidente que no estábamos haciendo el mismo tipo de esfuerzo diplomático. Y, de hecho, hoy en día la economía española es mucho menos dependiente de China que otras de la UE. Por supuesto, el contexto geopolítico anterior a la pandemia es muy diferente al actual. Ahora, muchos países que hicieron una mayor apuesta de integración económica y presencia en China se lo están replanteando. Si tuviéramos que reducir a una expresión la estrategia de la UE hacia China en los últimos años sería esa idea: reducción de riesgos. Pero el volumen de riesgo que tiene España por su dependencia de China es estructuralmente más bajo. Entonces, el Gobierno entiende que aún hay margen para reforzar lazos con China de manera provechosa.
—¿En qué se traduce ese provecho?
—Las inversiones son uno de los elementos estrella. Es evidente que uno de los puntos más significativos es la atracción de un mayor nivel de inversión de China en España, sobre todo en sectores importantes para la transición verde como el vehículo eléctrico y las energías renovables. Pedro Sánchez está haciendo ahora lo que no hizo ningún presidente anterior: buscar una relación con continuidad de alto nivel con China, cosa que, insisto, ya habían hecho los grandes líderes europeos de otros países.
—Esa intensificación de la relación, plasmada en la tercera visita en dos años, ¿es un logro o llega tarde?
—Yo creo que Sánchez ve una ventana de oportunidad de conseguir ese nivel de interlocución de alto nivel que históricamente no hemos tenido y está apostando por ello. Obviamente, eso no significa que todo lo que hagamos con China esté bien, pero hay que entender las claves de este movimiento diplomático, que creo que van por esa línea.
—En sus visitas anteriores Sánchez ha hablado de Ucrania y se ha ofrecido a mediar ante la UE. Pero no ha hecho, por ejemplo, mención alguna a Venezuela pese a que su último viaje a China, la primera potencia que reconoció la supuesta victoria electoral de Nicolás Maduro, coincidió con el exilio de Edmundo González. ¿Cuánto hay de impostación en ese pretendido posicionamiento en primera línea geopolítica?
—Es que yo creo que los objetivos no son esos. Los objetivos tienen que ver con la estrategia de país de España. Pedro Sánchez entiende que en el rato que puede hablar con Xi Jinping no va a cambiar su posición respecto a Venezuela. Podríamos pensar que tampoco lo va a hacer respecto a Ucrania, pero hay una diferencia importante. La UE no tiene nominalmente una política exterior y de seguridad común, pero, si vas a China y no haces un determinado posicionamiento de las cuestiones que son claves para la UE, desde Bruselas te acusarán de falta de lealtad. El objetivo central no es cambiar la posición de China en estos temas, algo que España no va a conseguir porque la relación es claramente asimétrica, el objetivo tiene que ver con una visión-país, es decir, ¿a España qué le conviene más? Y, aparte, ahí hay un punto que es cómo se interpreta el panorama geopolítico global. Me explico: hay un elemento central que es la necesidad de diversificar la política exterior. La gran apuesta que ha hecho España es europea. Esto no es un tema de este Gobierno, es un consenso claro de la política exterior española. Pero ni siquiera la apuesta europea es en sí suficiente, necesitamos otro tipo de socios. Y como país, ¿España qué ve? Que China es un socio que puede ofrecer muchas cosas.
—Generan cautela los peajes. Por ejemplo, los aranceles europeos a los coches eléctricos chinos. España pasó de apoyarlos a abstenerse. ¿Fue eso una claudicación?
—Yo lo interpreto de otra manera. Esos aranceles se hicieron efectivos, ¿sí o no? Sí. El hecho de que España cambiase el sentido de su voto, ¿modificó el voto final de lo que hace la UE? No. Sin embargo, en el proceso España estaba en el punto de mira de potenciales aranceles chinos sobre el sector del porcino. ¿Finalmente eso se ha implementado o no? No. Entonces, yo lo que veo es que el Gobierno antepuso los intereses de un sector económico español, que es el más significativo de las exportaciones españolas a China. Uno puede decir que estamos traicionando a la UE, esos análisis se van a hacer. Pero, si uno observa cómo maniobran otros Estados miembros con estas cuestiones, verá más bien que la política exterior española ha pecado tradicionalmente de seguidismo cuando otros hacían la guerra por su lado. Dicho esto, yo creo que este Gobierno tiene el orden de prioridades muy claro. Europa es infinitamente más importante que China y en temas sustantivos nadie va a romper consensos europeos, pero en el caso de los vehículos eléctricos la fragmentación de los Estados miembros era enorme. España cambió el sentido de su voto, pero sin romper ningún consenso porque no lo había, sin modificar el resultado final de la política que se llevaba a cabo desde Bruselas y, sin embargo, consiguiendo esquivar esas sanciones para el sector porcino.
—Pero China no decidió que el primer sector europeo investigado y potencialmente sancionado fuera el porcino por casualidad, sino porque pretendía señalar a España y forzar un cambio de posición.
—¿Qué actor no utiliza en su política exterior sus bazas en un sentido u otro para hacer valer sus intereses? Lo hace China, lo hace Estados Unidos y lo hacen todos. Hay países con los que tenemos una asimetría desfavorable y nos van a apretar. Incluso con EE.UU., que es nuestro aliado, y no solo con Trump, Wikileaks mostró las cosas que salían desde la Embajada de Madrid en momentos de mucha cordialidad diplomática. China juega sus bazas, claro. En esto, ¿qué ha conseguido China? Pues sí, ha conseguido que España modifique su voto, pero en efectos prácticos nada. Es más, hay una cosa que los chinos normalmente hacen muy bien y nosotros los europeos hacemos peor, que es conseguir mediante su política exterior concesiones tangibles a cambio de promesas. Pues en este caso concreto del cambio del voto yo creo que es un poco al revés. Es cierto que China te estaba generando un problema y luego te lo soluciona, pero no creo que lo que han conseguido tenga mucho impacto.
—¿Qué diferenciará a esta tercera visita de las anteriores?
—Hay diferentes planos que van a estar presentes porque, como decíamos, una cosa son las narrativas, el lenguaje diplomático, y otra en qué se traducen a nivel sustantivo. Yo creo que un elemento evidente, más general, que va a estar presente en la visita va a ser el cambio hacia la gran volatilidad que hay ahora en el orden internacional y la necesidad de apostar por más previsibilidad. Yo creo que hay coincidencias entre la posición de España y China en esta retórica de apoyo al orden multilateral estable, Naciones Unidas, comercio internacional, cambio climático, por lo que creo que habrá toda una narrativa subrayando estas áreas de cierta afinidad. Luego, obviamente, dentro de ese contexto geopolítico también saldrá el tema de Ucrania, probablemente también el de Palestina y cómo China apoya la autonomía estratégica europea. ¿Qué va a estar también encima de la mesa? Lo que comentábamos antes, muy importante, la cuestión de las inversiones. Este es un tema muy sustantivo para el Gobierno, esta idea de qué puede aportar China al tejido productivo español. Y ahí hay un asunto de matiz pero muy importante en todas estas negociaciones. Y es que, claro, no se trata solo de invertir, sino de que esas inversiones sean de calidad.
El tema del vehículo eléctrico es un ejemplo muy claro. Al final, ¿de qué estamos hablando aquí? De cómo nos repartimos el valor añadido que generan estas actividades. China ahora está en una posición dominante porque tiene financiación y tiene tecnología. ¿Qué intentan hacer países como España? Pues presentarse como un lugar atractivo para el posicionamiento de sus centros con inversión de calidad, es decir, que si vas a acoger una planta de vehículos eléctricos chinos no sea meramente una planta de ensamblaje, sino que esté conectada con cadenas de valor locales. Este tema va a ser fundamental, porque hay grandes proyectos en el aire.

09/04/2025 a las 00:20h.

Apenas dos meses han pasado desde que estallara en el corazón de la Casa Rosada el escándalo más grande al que ha debido hacer frente el Gobierno argentino desde que alcanzara la cima del poder político, hace poco más de un año. Una publicación en redes sociales colocaría al presidente Javier Milei en el foco de una tormenta no exenta de consecuencias a nivel internacional.
Este martes, tras una votación en la Cámara de Diputados y luego de varios intentos del oficialismo de esquivar el tema, el Congreso ha aprobado la creación de una comisión que investigará la responsabilidad del Gobierno en el asunto. Para ello, interpelará a varios funcionarios del Gabinete para evaluar su accionar. Comenzará a funcionar el próximo 23 de abril.

El objetivo de la comisión, que comenzará a trabajar en dos semanas, consiste en «determinar el grado de participación y la responsabilidad política» del Gobierno, que incluye desde el presidente Javier Milei y su hermana, la Secretaria de Presidencia Karina Milei, hasta el candidato a legislador por el oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires, el portavoz de Casa Rosada Manuel Adorni.

Una comisión para investigar al Gobierno

No son días fáciles para el Gobierno argentino. A solo una semana de la confirmación de la aplicación aranceles por parte de Estados Unidos –pese a la supuesta amistad de Milei con su par Donald Trump- y a la promesa de una reunión bilateral que nunca existió, que disparó duras críticas en el país del tango por el coste del viaje presidencial, la oposición logró finalmente este martes que el Congreso tratara en sesión especial la polémica del ‘Caso Libra’. Allí se resolvió el armado de una comisión que investigará las responsabilidades de la Casa Rosada en el tema. Cabe recordar que Milei había utilizado el 14 de febrero sus redes sociales para difundir una cibermoneda $LIBRA que acabó en pérdidas para varios inversores tanto en Argentina como en otros países.

09/04/2025 a las 00:43h.

Un juez federal ordenó este martes al equipo de Donald Trump restituir el acceso de la agencia Associated Press (AP) a los espacios más importantes del poder presidencial, tras semanas de veto por negarse a adoptar el término «Golfo de América» en su libro de estilo, una exigencia directa del presidente.
La decisión, emitida por el juez Trevor McFadden —nombrado por el propio Trump en su primer mandato—, obliga al Ejecutivo a permitir nuevamente la presencia de reporteros y fotógrafos de AP en el Despacho Oval, a bordo del Air Force One y en otros actos con acceso limitado, como ruedas de prensa, siempre que esos espacios estén abiertos a otros miembros del llamado «pool» de prensa.

«Si el Gobierno abre sus puertas a algunos periodistas —ya sea el Despacho Oval, la Sala Este o cualquier otro lugar— no puede cerrarlas a otros por sus puntos de vista. La Constitución no exige nada más ni nada menos», escribió McFadden en su fallo.

La orden subraya que el Gobierno puede seguir eligiendo libremente a qué periodistas concede entrevistas o responde preguntas, pero no puede discriminar por motivos editoriales si ha decidido abrir espacios oficiales a la prensa acreditada.

Una representación de familiares de presos políticos, denominado Comité de Madres en Defensa de la Verdad, se manifestó este martes para exigir la libertad de los detenidos, pero militares y policías impidieron su llegada al Palacio de Miraflores, en el centro de Caracas.
Con carteles y pancartas en las que se podían leer frases como ‘Nuestros hijos no son terroristas’, las madres, familiares y amigos marcharon para protestar por el recrudecimiento de las condiciones de reclusión con las que el régimen penitenciario chavista somete todavía a 903 presos políticos, de los 2.200 que encarceló después del fraude electoral del pasado 28 de julio.
La protesta comenzó su recorrido en la plaza de Las Mercedes en el Panteón Nacional y al llegar a la avenida Urdaneta, a una manzana de Miraflores, sede del Gobierno de Nicolás Maduro, fue bloqueada por los agentes de la Guardia Nacional (GN) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Eso no impidió a los manifestantes condenar ante los uniformados la detención de sus familiares: «Nuestros muchachos son inocentes, nuestros hijos no son ni terroristas ni delincuentes».

El objetivo del Comité de Madres era entregar un comunicado al Gobierno de Maduro para exigir la libertad de los presos políticos, especialmente de cinco menores de edad, de los 270 niños y adolescentes que el régimen chavista había detenido durante la represión tras las elecciones del pasado verano.
Unos comicios que ganó con casi el 70% el opositor Edmundo González, promovido por la líder María Corina Machado, según actas de escrutinio que certificó el Centro Carter y las Naciones Unidas. Sin embargo, el CNE proclamó la victoria de Maduro sin mostrar en ningún momento las actas, que ha sido reclamadas por la oposición y la comunidad internacional.
El fraude provocó numerosas protestas en las calles que fueron duramente reprimidas, provocando la detención de entre 2.200 y 2.400 personas, según cifras oficiales, incluidas muchas que no habían participado en ninguna manifestación.

Otro engaño para el pueblo

Este martes estaba prevista la firma de un nuevo decreto de emergencia económica, que anunció Maduro el lunes, en respuesta a los aranceles -un 15%- impuestos por la Administración Trump que entrarán en vigor este miércoles, y que se suman al 25% ya impuesto a aquellos países que compren petróleo a Venezuela. La medida, propuesta por la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, tendría como objetivo «proteger y defender la economía de toda Venezuela», según explicó el líder chavista.
Durante el anuncio de la firma de este nuevo decreto, el líder chavista recordó que se trata de un recurso que utilizó en años anteriores y que le permite asumir «funciones especiales, constitucionales, extraordinarias» para lo que consideró «la defensa de la economía venezolana en su impulso, en su desarrollo».
Horas antes de fuera firmado el decreto, Edmundo González Urrutia, exiliado en España, cuestionó la decisión del Gobierno chavista. «¡No se puede engañar a los venezolanos! Ya son 25 años de mala gestión», subrayó González Urrutia en su cuenta de X. «Desde 2016, el régimen ha renovado al menos 28 veces el llamado ‘estado de emergencia económica’. Siete años después, el resultado es evidente: pobreza, hiperinflación, migración forzada y una economía devastada. Cada prórroga fue acompañada de promesas de soluciones, pero ninguna de ellas llegó a materializarse», señaló el presidente electo, que agregó que el régimen es el único responsable «de esta tragedia económica que ha sumido al país en una crisis sin precedentes. Mientras tanto, el pueblo venezolano sigue enfrentando una realidad insoportable: salarios indignos, servicios básicos colapsados, y una economía que no ofrece oportunidades».
González Urrutia concluye afirmando que Venezuela necesita urgentemente un cambio, «que pase por salarios justos, servicios que realmente funcionen, inversión para recuperar nuestra economía, y un modelo que respete la dignidad de su pueblo».