La obesidad es un problema mundial. Se estima que para 2035 más de 2.000 millones de personas tendrán exceso de peso. Entre las iniciativas globales que se están desarrollado se encuentra el proyecto MAPPS II, liderado por la Federación Mundial de Obesidad (WOF), … que trata de identificar cómo los sistemas de salud locales, nacionales y mundiales pueden mejorar la atención de la obesidad, proyecto en el que participa España. ABC Salud ha hablado con Magdalena Wetzel, directora de Política y Seguridad de la (WOF) durante su participación en el Congreso de la Sociedad Española de Obesidad (Seedo).
Las evidencias muestran la relación de los ultraprocesados con enfermedades crónicas… ¿por qué impulsan la «pandemia de obesidad»?
‘The Lancet’ acaba de publicar una nueva serie de estudios sobre alimentos ultraprocesados en los que se demuestra que los patrones de dieta ricos en estos productos se asocian de forma consistente con mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular y otras enfermedades crónicas. Los ultraprocesados desplazan a dietas basadas en alimentos frescos y comidas preparadas en casa, empeorando la calidad global de la alimentación y facilitando un exceso de energía. También el informe de UNICEF Feeding Profit documenta cómo niñas y niños están expuestos a una oferta constante de productos ultraprocesados baratos y fuertemente publicitados, mientras las opciones nutritivas son menos accesibles. Este fue también un tema central en la mesa intersectorial de MAPPS en Toledo, donde se discutió cómo estas dinámicas afectan especialmente a la infancia y a los hogares con menos recursos.
¿Cómo afecta la influencia de la industria alimentaria a la regulación y control del consumo de ultraprocesados?
La influencia de la industria alimentaria se nota en cómo se diseñan tanto los entornos alimentarios como las políticas. Niños, niñas y adolescentes están expuestos a una avalancha de marketing y disponibilidad de productos ultraprocesados baratos, mientras que las opciones saludables son menos visibles y accesibles. Grandes corporaciones utilizan estrategias de presión política y comunicación para frenar medidas como el etiquetado frontal, las restricciones de publicidad infantil o los impuestos saludables. Organizaciones como GHAI han documentado patrones similares en varios países. Todo ello hace que, incluso cuando la evidencia es clara, la regulación avance más despacio de lo que sería deseable desde la perspectiva de salud pública.

¿Son los ultraprocesados una amenaza para la salud pública comparable a otros factores de riesgo mayores?
El primer artículo de la serie de ‘The Lancet’ sobre ultraprocesados y salud humana concluye que el desplazamiento de dietas basadas en alimentos frescos por patrones centrados en ultraprocesados es un «motor clave» de la creciente carga global de enfermedades crónicas – un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, depresión y mortalidad prematura. Al mismo tiempo, niños y adolescentes están especialmente expuestos a estos productos, lo que amplifica su impacto a lo largo de la vida. Dado lo extendidos que están en la dieta y la amplitud de efectos negativos asociados, muchos expertos consideran que los ultraprocesados constituyen una amenaza de salud pública de magnitud comparable a otros grandes factores de riesgo.

«La obesidad es un reflejo de la desigualdad social, además de un problema de salud»

¿Por qué existe una relación tan marcada entre obesidad y desigualdad socioeconómica?
Barrios con menos recursos suelen tener peor acceso a alimentos frescos, menos espacios seguros para actividad física y más exposición a productos de baja calidad nutricional. El estudio PASOS 2022 de la Fundación Gasol muestra que uno de cada tres niños y adolescentes de 8 a 16 años vive con sobrepeso u obesidad en España, y que la situación es peor en contextos de menor renta, donde también se observan peores hábitos de sueño, alimentación y actividad física. Todo esto hace que la obesidad sea, además de un problema sanitario, un reflejo de desigualdad social y de oportunidades.
¿Cuál es el objetivo principal del proyecto de la Federación Mundial de Obesidad?
El objetivo de MAPPS II es entender cómo responden los sistemas de salud a la obesidad como una enfermedad crónica y qué barreras impiden una atención adecuada. El proyecto analiza desde el acceso al diagnóstico y tratamiento hasta la formación profesional, el estigma y las desigualdades territoriales y socioeconómicas. También estudia cómo los determinantes sociales y comerciales condicionan la prevención y el manejo de la obesidad, más allá de la responsabilidad individual. Sus resultados ayudarán a los países a integrar la obesidad en la cobertura universal de salud.
¿Cómo van a influir en las políticas públicas?
Queremos transformar nuestros hallazgos en informes nacionales, fichas de resultados y recomendaciones concretas para los que tienen que tomar decisiones. Estos materiales alimentarán el Atlas Mundial de Obesidad en 2027 y las actividades del Día Mundial de la Obesidad, ofreciendo datos sólidos para justificar reformas en atención primaria, financiación y equidad.
¿Qué resultados, recomendaciones o intervenciones se esperan obtener?
Esperamos contar con perfiles nacionales claros, análisis de brechas y propuestas concretas para mejorar la atención integral de la obesidad. Las recomendaciones incluirán fortalecer rutas asistenciales, mejorar la formación de profesionales, reducir el estigma y vincular la obesidad con las estrategias de enfermedades no transmisibles y de cobertura universal de salud. El impacto se medirá por el uso de esta evidencia en políticas y planes nacionales, por la inclusión de la obesidad en paquetes de prestaciones, y por la consolidación de redes multisectoriales en las que participen sociedades científicas, organizaciones como la Fundación Gasol y personas con experiencia vivida.

«El mensaje ‘come menos y muévete más’ refuerza el estigma de la persona con obesidad»

¿Qué limitaciones tienen las intervenciones tradicionales (dietas, ejercicio) y por qué muchas personas recuperan el peso perdido?
El mensaje «come menos y muévete más» es una simplificación que no hace justicia a la complejidad de la obesidad y refuerza el estigma. Las intervenciones basadas solo en dieta y ejercicio suelen lograr pérdidas modestas y difíciles de mantener cuando no van acompañadas de apoyo clínico continuado y de cambios en el entorno. Muchas personas viven rodeadas de productos baratos y muy calóricos, con poco tiempo para cocinar o hacer actividad física, y con barreras económicas para acceder a apoyo profesional. En ese contexto, responsabilizar únicamente al individuo resulta injusto y poco eficaz; por eso hablamos de la necesidad de modelos de atención crónica integrados en los sistemas de salud, y de políticas que transformen los entornos, no solo los comportamientos.

«Los tratamientos antiobesidad se deben incluir en la cobertura universal para no ampliar la brecha de acceso»

¿Cuál es el papel emergente de los nuevos tratamientos farmacológicos en el manejo de la obesidad?
Los tratamientos basados en GLP-1 y análogos (tipo ozempic), se han consolidado como una herramienta emergente para algunas personas adultas que viven con obesidad y necesitan apoyo adicional a los cambios de hábitos para mejorar su salud. La evidencia indica que pueden ayudar a reducir peso y mejorar ciertos factores de riesgo, siempre bajo supervisión médica y como parte de programas de atención crónica. World Obesity aboga por que estas terapias se incluyan de forma segura, apropiada y equitativa en los sistemas de salud, idealmente dentro de paquetes de cobertura universal. Al mismo tiempo, sin estrategias deliberadas de equidad y precios asequibles, su introducción puede ampliar las brechas de acceso entre quienes pueden pagarlas y quienes no.

Los médicos de toda España se van a la huelga desde este martes, y hasta el próximo 12 de diciembre, en un momento en …

La «pax trumpiana» en la disputada frontera entre Tailandia y Camboya, más histriónica que sustancial, se resquebraja a la vista del mundo. Ambos países han abierto fuego en la mañana de este lunes (hora local), entre acusaciones mutuas de haber violado la tregua oficializada hace apenas seis semanas. … Como en choques pasados, todavía resulta complicado esclarecer la secuencia del intercambio de golpes. Al menos un soldado tailandés ha fallecido y otros ocho han resultado heridos después de que las tropas camboyanas iniciaran las hostilidades, lanzando varios misiles BM-21 de fabricación soviética contra zonas civiles, según el relato ofrecido por el General de División Winthai Suvaree, portavoz del Ejército de Tailandia. En respuesta, el país ha realizado ataques aéreos en «varias zonas».

El ministerio de Defensa de Camboya, por su parte, ha afirmado mediante un comunicado oficial que las fuerzas armadas enemigas habrían realizado dos acometidas de madrugada, tras varios días de acciones provocativas sin que los efectivos camboyanos respondieran. Por ahora se han reportado enfrentamientos en las provincias tailandesas de Si Sa Ket y Ubon Ratchathani, así como en las camboyanas de Preah Vihear y Oddar Meanchey.
El origen de las desavenencias se remonta a las arbitrarias divisiones de las fuerzas coloniales francesas, las cuales generaron disputas todavía irresolutas respecto a múltiples territorios a lo largo de los 800 kilómetros de frontera compartida.
A finales del pasado mes de mayo, una escaramuza que causó la muerte de un soldado camboyano reabrió las heridas históricas hasta desembocar en cinco días de violencia a gran escala en julio, los cuales dejaron 35 muertos –la mayoría de ellos civiles– y más de 300.000 desplazados, las hostilidades más mortales en una década.

Paz propagandística

Donald Trump dedicó la primera jornada de su gira asiática, a finales de octubre, a presidir la firma de un acuerdo de paz en Kuala Lumpur. «Estos dos países estaban dándose, había mucha muerte», relató en su peculiar estilo el presidente estadounidense quien, de acuerdo a su propio relato, interrumpió una partida de golf para llamar a ambos Gobiernos. «Les dije que escogieran el camino de la paz y la prosperidad sobre la guerra. En este caso logramos detenerlo muy rápido».
Esta pugna se sumaba a la larga lista de conflictos –ocho, según su propio recuento– que Trump supuestamente habría frenado con su intermediación personal, a modo de méritos para el Premio Nobel de la Paz que tan explícitamente ansía y que este año acabó en manos de la opositora venezolana María Corina Machado.
Así, poco importa que el pasado mes de julio ambos países hubieran acordado ya un alto el fuego incondicional, auspiciado por el primer ministro malayo Anwar Ibrahim, presidente rotatorio de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), organismo regional del que tanto Tailandia como Camboya forman parte. En las últimas horas Ibrahim ha vuelto a expresar su «profunda preocupación» y ha instado a ambas partes a «ejercer la máxima moderación».

La periodista J. P. –así desea ser identificada– viajó a Caracas hace unas semanas para completar un reportaje sobre el cerco estadounidense sobre las costas venezolanas. El plan era reportar y salir. Nada más. Pero el cierre del espacio aéreo tras las … advertencias del gobierno de Donald Trump sobre el régimen de Nicolás Maduro lo alteró todo.
Como ella, muchos otros no pudieron salir ni entrar, al menos no en avión. De momento, y hasta anoche, J. P. espera salir por la frontera, por eso evita cualquier conversación o dato que pueda comprometerla.
Todos desconfían en Venezuela. Aceptar hablar para este reportaje implica un riesgo real y, sobre todo, innecesario. «A más de uno se lo han llevado por tener pendejadas en el teléfono», dice un empresario desde Caracas. Prefiere no dar detalles. Se limita a explicar que la tensión a raíz del cerco de Trump disparó la tasa de cambio paralela.

El poder adquisitivo promedio se resquebraja, la Navidad es un eufemismo y Nicolás Maduro alterna su discurso antiimperialista con un recrudecimiento de la violencia de Estado contra los ciudadanos. Cualquiera puede ser un traidor a la Patria. La gente intenta hacer su vida sin meterse en problemas.

Miedo e incertidumbre

En noviembre de 2025 –tras dos meses de ataques navales a lanchas asociadas al narcotráfico en la costa de Venezuela– Donald Trump declaró que el espacio aéreo sobre y alrededor del país debía considerarse «cerrado en su totalidad», una medida presentada como advertencia de seguridad.
El Gobierno de Nicolás Maduro respondió denunciando «amenazas imperialistas» y ordenó la revocatoria de concesiones a varias aerolíneas. En cuestión de días, Iberia, Air Europa, Avianca, LATAM, TAP Air Portugal y Turkish Airline suspendieron sus vuelos. El país quedó, una vez más, aislado.

Venezuela, más aislada: 8.000 pasajeros afectados
Tras la orden de Maduro de revocar la concesión a varias aerolíneas, Iberia, Air Europa, Avianca, LATAM, TAP Air Portugal y Turkish Airlines han suspendido sus vuelos

Más de 8.000 pasajeros resultaron afectados en pocos días. En Madrid-Barajas, unos 350 viajeros de una sola ruta permanecieron varados sin plan alternativo y apenas 30 fueron reubicados en otros vuelos. La reducción del 24,7% del número de vuelos internacionales dejó al país con menos capacidad de carga aérea.
Por esas bodegas entran medicamentos, equipos médicos, repuestos industriales y paquetería urgente. Ahora todo debe desviarse hacia Bogotá, Panamá o Sao Paulo, generando retrasos y sobrecostos.
Óscar Murillo, representante de la organización en defensa de los derechos humanos Provea, lo resume así: «En Venezuela hay un ambiente marcado por la autocensura. La sociedad duda sobre qué puede decir y cuándo puede expresarlo».
El temor no siempre es explícito, pero actúa de manera constante. Tras el despliegue militar estadounidense cerca del territorio venezolano, el Gobierno reactivó patrones conocidos: detenciones selectivas, seguimiento a dirigentes políticos y vigilancia a ciudadanos de origen extranjero bajo sospechas imprecisas. «El Gobierno ha retomado su narrativa antiimperialista y la doctrina de seguridad nacional. Bajo esa doctrina, la crítica se considera una amenaza», señala Murillo.

«En Venezuela hay un ambiente marcado por la autocensura. Las sociedad duda sobre qué puede decir y cuándo puede expresarlo»

Óscar Murillo
Representante de la organización de derechos humanos venezolana Provea

El desconocimiento de los resultados electorales de julio de 2024 fue un punto de quiebre en el régimen de Nicolás Maduro. La población, ya golpeada por salarios insuficientes y servicios públicos deteriorados, quedó sin canales efectivos de expresión política. Las protestas posteriores fueron contenidas con represión y detenciones.
A finales de 2024 surgió el Comando Nacional de Defensa de la Democracia, un cuerpo que agrupa funcionarios de distintos organismos y actúa con amplias facultades. Sus acciones se han orientado a detener periodistas, defensores de derechos humanos y figuras vinculadas al entorno de María Corina Machado.

Censura mediática

A ese clima se suma la censura mediática. El 10 de octubre de 2025, la noticia de que Machado había recibido el Premio Nobel de la Paz apenas circuló en radio y televisión. Entre las pocas voces que lo mencionaron estuvo Shirley Varnagy, desde su programa ‘ShirleyRadio’ en Onda La Superestación. Hizo una mención breve: el Nobel, el nombre de Machado, algún contexto mínimo.
Al día siguiente, su voz ya no estaba al aire en su franja habitual. No hubo comunicado oficial. La emisora no dio explicaciones. Reina la cautela, pero también la necesidad de un cambio, así lo certifica las distintas organizaciones que trabajan por el respeto de los derechos humanos.

La represión y detenciones en las calles venezolanas se han disparado en el último periodo

AFP

«En este momento estamos viviendo una etapa en la que la sociedad venezolana tiene muchas expectativas. Creo que es claro, y así lo dicen los estudios de opinión a los que nosotros hemos tenido acceso, que el deseo mayoritario de la población venezolana es un cambio político». En su diagnóstico de la situación, Óscar Murillo insiste en la descripción de un sentimiento popular, el deseo mayoritario de un cambio político.
«La gente no aspira a un cambio decorativo, sino a un cambio político que nos lleve a un momento, a un proceso donde inicie una transformación de las realidades políticas, que eso también tenga un impacto en la calidad y en las condiciones de vida de los venezolanos –explica–. Eso creo que es como una premisa básica para entender todo lo que está pasando dentro de Venezuela».

Olla a presión

Los datos de organismos independientes confirman el deterioro social y político. Encovi registró una pobreza por ingresos del 94,5% y una pobreza extrema del 76,6%. La ONU contabilizó más de 1.500 muertes hospitalarias por falta de insumos entre 2018 y 2019. La diáspora supera los 8 millones de personas. Foro Penal reportó 823 presos políticos en septiembre de 2025 y más de 18.486 detenciones políticas desde 2014. Provea documentó más de 10.000 muertes a manos de cuerpos de seguridad entre 2013 y 2023. La ONU atribuye más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) entre 2018 y 2019. La situación es profunda y manifiesta ahora sus grietas más visibles.

18.486
detenciones políticas ha habido desde 2014

El papel de Trump en todo esto no es nuevo. La política ofensiva de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro es la continuación de una línea de presión iniciada en 2017, cuando se habló por primera vez de una «opción militar» y se aplicaron sanciones financieras. A partir de entonces, el deterioro institucional se profundizó.
Las fuerzas de seguridad aumentaron su presencia en calles y zonas residenciales. Las protestas de 2017 terminaron con más de 160 muertos y miles de detenciones. Las sanciones de 2018 y 2019, sumadas al embargo petrolero, golpearon duramente la economía. De forma paralela a la depauperación económica, surgió una erosión institucional.
Bajo el amparo del gobierno de Nicolás Maduro y de las fuerzas oficiales surgieron economías ilegales dentro y alrededor de organismos públicos: contrabando de combustible, cobros irregulares, circulación de mercancías sin control aduanero y redes de corrupción en puertos y aeropuertos.
Venezuela se convirtió en un punto clave en las rutas de cocaína hacia África Occidental y Europa. Su extensa costa, la merma de vigilancia y la corrupción permiten la circulación de embarcaciones sin supervisión efectiva. A eso se suma el desplazamiento de las bandas de delincuencia –satélites de las fuerzas armadas y grupos paramilitares– hacia zonas de explotación ilegal como el Arco Minero del Orinoco, donde se lleva a cabo la extracción ilegal de riquezas, la trata de blancas y el tráfico de personas.

Apagón democrático

Tras la acusación por narcoterrorismo contra Maduro, el Gobierno reforzó el uso combinado de fuerzas militares, policiales y civiles armados para labores de control interno. Para 2021, la pobreza alcanzó niveles históricos y amplias zonas del país quedaron supeditadas a estructuras locales con acceso a armas o respaldo institucional.
Incapaz de movilizar a sus bases, sobre todo en los rincones más empobrecidos, el régimen de Maduro cruzó todas las líneas, incluido el desconocimiento de la victoria de la oposición en julio de 2024. En solo dos días se registraron 915 protestas en 20 estados; 138 fueron reprimidas. Hubo entre 24 y 25 personas asesinadas por armas de fuego, más de 2.200 detenciones y al menos 50 desapariciones forzadas de corta duración.

Mientras suenan tambores de guerra en el Caribe
El país afronta una combinación letal: aislamiento aéreo, tensión internacional, represión interna creciente, pobreza estructural y control territorial fragmentado

En 2025, Provea destacó el caso del abogado Eduardo Torres, detenido el 9 de mayo. Durante cinco días ningún organismo admitió su paradero. Solo el 13 de mayo la Fiscalía reconoció su detención sin ofrecer detalles. Continúa desaparecido. Otros casos incluyen a Perkins Rocha y Biaggio Pilieri, detenidos en 2024 y mantenidos incomunicados en el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional). La desaparición temporal de la defensora Rocío San Miguel sigue citándose en informes internacionales.
Foro Penal registró en julio de 2025 un total de 807 presos políticos; 44 estaban desaparecidos o incomunicados. Entre abril y noviembre de 2025 documentaron entre 37 y 59 desapariciones forzadas o incomunicaciones prolongadas.
Venezuela enfrenta una combinación letal: aislamiento aéreo, tensión internacional, represión interna creciente, pobreza estructural y control territorial fragmentado. Mientras Estados Unidos incrementa su presencia militar en el Caribe y el Gobierno refuerza su discurso de resistencia, la vida cotidiana se reduce a resolver lo inmediato y evitar riesgos innecesarios. Reina la incertidumbre y la oscuridad total del apagón democrático.

Ser rápido es la segunda regla básica. Tener temple, la primera. En menos de un minuto, Sitka vacía el maletero cargado de drones. Dos soldados que no pasan de los 22 años acuden a su encuentro. La desolación del lugar todavía no les ha … arrebatado la tímida sonrisa. El zumbido de un dron FPV paraliza unos segundos la escena.
«Es nuestro, tranquilos», apunta otro de los defensores. A diez kilómetros de la asediada ciudad de Pokrovsk, el silencio parece haberse extinguido. La tierra vibra a golpe de impacto de los proyectiles. Igor empuña su fusil y sus ojos recorren el cielo plomizo del Dombás. La entrega se completó. Ahora toca volver: «Esto para mí es lo más peligroso», desliza con tranquilidad Sitka, conductor de la 20ª Brigada Independiente de Sistemas No Tripulados K-2.
Los sentidos que más se agudizan durante el trayecto son la vista y el oído. Las ventanillas del coche nunca se cierran del todo. Hay que tratar de anticipar el traqueteo mecánico de los aparatos voladores. Un perro baja corriendo por una pequeña cuesta de tierra flanqueada por casas destartaladas. El solitario animal esquiva con destreza el vehículo.

Las redes antidrones que cubren las carreteras y caminos del Donetsk libre quedaron atrás. Todavía hay destellos del pasado concentrados en un cartel de cortesía que desea un «camino feliz». Más adelante el esqueleto de un coche permanece olvidado en una suerte de arcén.
Sitka, con la mirada fija en la carretera y gesto serio, no dice palabra. Igor, en el asiento trasero, tampoco. Los ojos del conductor se posan continuamente en el monitor que recibe las imágenes de drones cercanos y vuelven a la ruta. El mensaje «no signal» no se borra de la pantalla del aparato. Eso es bueno. No detecta drones cerca.

«El mejor momento es cuando la noche y el día casi se tocan. El problema es que ahora los drones pueden ver muy bien todo el tiempo»

Sitka
Conductor de la 20ª Brigada K-2

Hay que hacer una segunda parada antes de volver y la misión del día estará cumplida. «El mejor momento es cuando la noche y el día casi se tocan. No dura mucho. El problema es que ahora los drones pueden ver muy bien todo el tiempo», destaca Sitka.
El vehículo atraviesa carreteras con escaso asfalto en algunos tramos. En otros son vías de pura tierra y barro. Parece casi imposible que estos caminos puedan soportar velocidades prohibidas en algunas autovías. Las estampas de vida cotidiana en la ruta son, por momentos, surrealistas: vacas pastando tranquilas, tractores obcecados con las cosechas y vecinos que disfrutan de un café cerca un edificio destruido. La vida, al final, se impone.

Llantas y drones

El frente se está automatizando con el despliegue masivo de drones y también robots terrestres. Aunque el factor humano sigue siendo esencial para frenar al invasor. Una de las ventajas de las tropas ocupantes es la cantidad de personal. Por el contrario, Ucrania adolece de escasez de soldados para cubrir una línea de contacto de más de 1.000 kilómetros.
A pocos meses de cumplirse el cuarto aniversario de la invasión, el conflicto dejó atrás gran parte de los sistemas tradicionales y ahora se multiplican aparatos vanguardistas igual de letales. Es aquí donde se mueven los pilotos militares tratando de esquivar la muerte kilómetro a kilómetro. La denominada zona de aniquilación se ensancha cada vez más hacia una retaguardia desdibujada y poco segura.
Sitka y los cientos de conductores del Ejército de Ucrania arriesgan el pellejo prácticamente a diario parar entregar suministros, evacuar a sus compañeros de armas heridos o realizar las rotaciones desde las posiciones más críticas. Los relevos de personal militar en la primera línea son más dilatados en el tiempo.

En ruta por la línea del frente
Sitka, conductor de la brigada K-2, durante un viaje al frente de Porkrovsk; redes antidrones cubren las carreteras principales que abastecen al frente; Igor, miembro de la brigada K-2, vigila en cielo en un momento del trayecto
Miriam González

A principios del mes de noviembre se hizo pública una noticia que ilustra la realidad de esta guerra. Dos soldados del 138º batallón de las Fuerzas de Defensa Territorial, Oleksandr Tishayev y Oleksandr Alikseenko estuvieron 165 días seguidos en el frente. La infantería ha sido tradicionalmente el oficio más peligroso; ahora, con la plaga de drones y minas, los conductores se sitúan también en las primeras posiciones de riesgo.
Los vehículos de todo tipo asisten también al salto tecnológico que ya define los nuevos conflictos armados. Las antenas para desviar drones parapetan los capós y los monitores que captan las imágenes de los aparatos tienen su lugar asignado en el salpicadero. Este medio de transporte sigue siendo básico para la logística y un blanco a abatir para el enemigo.

La llamada del comandante

Definir la ruta adecuada para llegar a la posición es la primera tarea de cualquier conductor. Igor y Sitka mencionan varios asentamientos que conocen de memoria. Han llegado a un acuerdo mientras cargan los drones que van apoyar a los últimos soldados ucranianos que defiendan la ciudad de Pokrovsk. Por delante queda un viaje largo para los kilómetros a recorrer.
El teléfono de Sitka suena, es su comandante de batallón. «Yo lo respeto mucho. Él siempre quiere estar cerca de los soldados. Sólo me llamó para preguntarme por mi estado de ánimo hoy. Nuestra brigada es muy buena», dice con orgullo.
Ya en marcha el conductor bromea diciendo que «esto es una excursión» mientras suena de fondo ‘Houdini’, de Dua Lipa. Hay todavía margen para la tranquilidad antes de irrumpir en terreno crítico y en este tiempo hasta se cuela el último tema de Rosalía cantando en ucraniano.
«Lo mejor de mi trabajo es cuando hago evacuaciones. Es también lo más peligroso. Pero cuando logro llevar a los chicos heridos a lugar seguro, entonces puedo respirar», relata Sitka. El militar de 36 años tiene un ánimo envidiable para la circunstancia y le sobra temple. «Una vez conté hasta 19 drones FPV cerca de mí. Uno pasó justo al lado de mi coche. Otra vez vi desde este monitor cómo uno de nuestros aparatos abatía un shahed y en varias ocasiones vi mi coche en esta pantalla. Hasta ahora nunca he sigo golpeado por esto aparatos. Mis padres me protegen desde el cielo», confiesa.
Poco después, el monitor recoge una imagen nítida del inmenso campo ucraniano, no lejos, claro está, de la carretera por la que circulamos.
—¿Crees que es un dron enemigo?— pregunto.
—No creo, será de los nuestros— dice mientras observa de reojo.
La pantalla vuelve a mostrar «no signal». Avanzamos y volvemos a parar. Los soldados desde la posición avisan de que es necesario esperar. Hay muchos drones rusos. Cuando se despeje un poco, Sitka pisará a fondo el acelerador una vez más.

«¿Para qué murieron entonces?»

Después de casi cuatro años de invasión a gran escala, las tropas del Kremlin no han sido capaces de tomar por completo la región de Donetsk. Una provincia controlada parcialmente por Moscú desde hace una década.
Más de quince meses han estado los rusos tratando de arrancar Pokrovsk del control ucraniano. La caída de esta urbe de tamaño medio será presentada por Putin como una prueba de que la guerra se decanta a su favor. Sin embargo, el cinturón de ciudades fortaleza de esta región –encabezadas por Slovianks y Kramatorsk– resisten la embestida en tierra y aire. Y los soldados no se rinden.
Rusia presiona con todo lo que puede en el frente para distanciar a Washington de Kiev. El combate también está en los despachos de líderes extranjeros lejos del control militar. Vladímir Putin demanda que se le entregue Donetsk y Trump coquetea con la idea. El presidente norteamericano dirige otra vez la presión hacia el invadido con idas y vueltas en las conversaciones de paz.

«¿Para qué murieron todos nuestros soldados? ¿Todos estos muertos para terminar entregando Donetsk?»

Bear y Andrei
Conductores de la 24ª Brigada Mecanizada

Bear y Andrei, conductores de la 24ª Brigada Mecanizada, se preguntan: «¿Para que murieron entonces todos nuestros soldados? ¿Todos estos muertos para terminar entregando Donetsk?». Estos chóferes, días atrás, salvaron la vida de varios vecinos que permanecían cerca de la aniquilada ciudad de Chasiv Yar.
La diplomacia es clave y los titulares también llegan hasta el frente. Pero esta vorágine informativa se siente lejos de Donetsk. Aquí los días se resumen en resistir con vida frente a un invasor insaciable.
Sitka deja atrás las posiciones con sus suministros. La siguiente parada es una pequeña cafetería ya en el camino de vuelta. «Yo nunca puedo comer cuando trabajo», anota, mientras pide un café.
El mercurio del termómetro permite apurar un cigarro en una terraza improvisada. La calma es esquiva todavía. El sonido de un shahed se vigoriza. Nadie se levanta hasta que termina la bebida. Sitka enciende la calefacción del coche, sube un poco el volumen de la música y confiesa que, quizás, aquel dron que captó el monitor sí era enemigo.

La flota de 14 aviones de alerta temprana (Awacs) que tiene la Alianza Atlántica, y que son esenciales para la vigilancia de grandes áreas del espacio aéreo estratégico de Europa, podría tener sus días contados. La inesperada retirada de Estados Unidos del programa … para renovar estos aparatos ha dejado al resto de los aliados en una situación inesperada que excluye de momento cualquier decisión para sustituirlos, ahora que están llegando al final de su vida útil. España es uno de los países que dependen completamente de los aparatos de la OTAN porque no dispone de ninguno propio.
Estados Unidos apenas disimula ya su pérdida de interés en el futuro de la OTAN, como se volvió a demostrar la semana pasada con la inédita ausencia del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en una reunión regular de ministros de Exteriores aliados. En otros tiempos, esta paulatina desconexión sería considerada como un elemento de poca importancia, pero en las actuales circunstancias, con la amenaza real de una agresión rusa, reviste una trascendencia muy particular para los europeos.
Aunque no todos los países participan en este programa, la flota de 14 Boeing E-3A de la OTAN es el único elemento militar físico que pertenece a la OTAN. Todos los aparatos están inscritos con matrícula de Luxemburgo por ser un país que en 1982, cuando se adquirió el primero, no disponía de aviación propia. Los aviones operan desde la base de la OTAN en Geilenkirchen, en Alemania, situada en la misma frontera con Holanda, y proporcionan la principal capacidad de alerta temprana y gestión de combate para la alianza.
El sistema es esencial para la vigilancia del espacio aéreo a lo largo del flanco oriental de la OTAN, para dirigir operaciones aéreas complejas y al mismo tiempo ha sido utilizado como elemento simbólico de protección antiterrorista en acontecimientos especiales en los países miembros.

Hace ya tres años que la Alianza había decidido poner en marcha el programa para reemplazar los Boeing E-3A que serán retirados en 2035. La opción más simple era la de sustituirlos por una flota inicial de seis Boeing E-7 Wedgetails, basados en los que fueron diseñados para la fuerza aérea australiana y operan desde hace una década.
Sin embargo, el anuncio de que Estados Unidos ya no estaba interesado en renovar el programa Awacs de la Alianza ha supuesto una ducha fría para el resto de aliados, que se tienen que retirar de este programa debido al aumento de coste que supondría la ausencia del principal socio en la OTAN.
El Ministerio de Defensa holandés, en nombre de la Alianza Atlántica, anunció la cancelación de la adquisición debido a que este programa habría perdido su «base estratégica y financiera» si no participa Estados Unidos y, al mismo tiempo, «demuestra la necesidad de invertir en la industria militar europea».

España es uno de los países que dependen completamente de los aparatos de la OTAN porque no dispone de ninguno propio

Según fuentes norteamericanas, las razones por las que el Pentágono ya no está interesado en este sistema estarían vinculadas al desarrollo de otras tecnologías que permiten obtener los mismos resultados y, además, no son tan vulnerables como los E-7.
Los expertos consideran que para Estados Unidos es más práctico utilizar sus propios sistemas, basados en su capacidad en materia de satélites o incluso drones, que compartir con los aliados europeos la flota de Awacs de la OTAN. El Pentágono podría comprar para uso privativo más aparatos del también norteamericano Grumman E-2 , que ya utiliza como Awacs.

Un director táctico de Awacs de la OTAN evalúa la situación aérea y terrestre a bordo de uno de sus aparatos

afp

Tecnología propia

Si los Awacs dejan de ser un activo aliado, es evidente que los europeos deberán apostar por su propia tecnología. Por ahora, Francia, que no forma parte del programa de la OTAN, es el único que tiene Grumman E-2 por su capacidad de operar desde un portaviones, y también dispone de E-3A propios.
El Reino Unido, que tampoco participa en el programa actual de la OTAN, también ha comprado su propio E-7. Polonia, miembro del sistema colectivo de la Alianza, ha tomado la delantera a los acontecimientos y ya ha pedido en firme un E-7.
Airbus ha fabricado una unidad basada en el Casa C295 AEW, pero ni siquiera España se ha interesado por comprarlo. De modo que la única opción disponible en estos momentos serían los nuevos GlobalEye fabricados por la sueca Saab, que utilizan como base el avión canadiense Bombardier Global 6000 de largo alcance.

Un aparato más silencioso
Hasta que ha sido suspendido el programa para sustituir las actuales unidades, las especificaciones que se estaban considerando para reemplazar los E-3A incluyen un fuselaje basado en el Boeing 737, motores CFM56, una autonomía de aproximadamente 6.400 kilómetros y el radar MESA de Northrop Grumman. No se sabe si esas características se mantendrán si el programa se redefine con otros socios, pero lo que ha quedado claro es que tendrá que ser un aparato más silencioso porque los vecinos de los alrededores de la base de Geilenkirchen, tanto alemanes como holandeses, se quejan desde hace tiempo de las molestias que les causan los despegues y aterrizajes de los Awacs. Estos aviones pueden permanecer en vuelo durante ocho horas, por lo que en ocasiones ha sido necesario utilizar convenciones prácticas para la convivencia en el aire de militares de hasta 15 países.

En estos momentos existen programas financiados por la Unión Europea precisamente para favorecer las compras de material comunitario y que podrían ayudar a decidir a muchos países. El problema es que lo más práctico sería volver a compartir esos medios militares dentro de la OTAN o hacerlo de espaldas a Estados Unidos, lo que podría ser mal interpretado desde Washington. O esperar a que un futuro inquilino de la Casa Blanca pueda cambiar de opinión.

Casi seis de cada diez personas en España (un 59%) dicen sufrir estrés, según datos del Estudio Internacional de Salud Mental del Grupo AXA (2025). El …

Se tambalea la estrategia de seguridad del Gobierno de Claudia Sheinbaum en México. El giro hacia una política de confrontación contra los cárteles del narcotráfico, a instancias de Estados Unidos, ha devenido en asesinatos contra políticos, un nuevo auge de desaparecidos y … una percepción de inseguridad cada vez mayor en la ciudadanía. Ni la propia Sheinbaum se libra de ella, como se vio el mes pasado cuando fue manoseada en el zócalo de la Ciudad de México.
Producto de este desgaste es que Sheinbaum destituyó, la semana pasada, al fiscal general Alejandro Gertz Manero, muy asociado al anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador. En su lugar, la presidenta ha colocado a Ernestina Godoy, una abogada de su entera confianza.
Sheinbaum desembarcó en el Palacio Nacional en octubre de 2024 y encumbró como su secretario de Seguridad a Omar García Harfuch, un expolicía que venía de cumplir ese mismo encargo bajo sus órdenes en el Gobierno capitalino entre 2018 y 2024.

García Harfuch se propuso fulminar la política del sexenio de López Obrador de los llamados «abrazos, no balazos». Es decir, no enfrentarse abiertamente a los cárteles y apostar por acciones de contención social –fundamentalmente apoyos económicos–, para que los más jóvenes no pasen a engrosar las filas del crimen organizado.

El Gobierno de López Obrador acabó con más de 199.000 homicidios, más que los mandatos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón

Los lazos de Obrador con el narco

Bajo esta retórica se propiciaron frágiles vínculos con los cárteles. El año pasado, ‘The New York Times’ señaló los lazos del expresidente López Obrador y su familia con los narcos. En 2021, la oposición denunció que el cártel de Sinaloa había apoyado compañas de candidatos de López Obrador en dicho estado y en Tamaulipas. De igual modo, la oposición criticó que el exmandatario protagonizó diversas escenas públicas en las que mostraba más simpatía por la madre de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán que por las madres buscadoras que rastrean en todo el país los cuerpos de sus desaparecidos.
Como sea, las estadísticas no acompañaron a López Obrador. Finalizó su gobierno con más de 199.000 homicidios, más que los mandatos previos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.
García Harfuch se propuso un giro de 180 grados y el Gobierno de Sheinbaum emprendió golpes certeros contra el narco: destrucción de laboratorios de fentanilo, arrestos masivos de integrantes de cárteles, deportaciones de capos a cárceles de Estados Unidos, incautación de cargamentos de drogas y congelación de cuentas bancarias usadas para lavar los recursos ilícitos.
La estrategia no estuvo exenta de represalias. Solo el primer mes de Sheinbaum en el Palacio Nacional, fueron asesinados 31 policías. También ha aumentado el número de militares desaparecidos, actualmente más de 150. La violencia impactó además en la política: en lo que va de la Administración Sheinbaum, han sido ejecutados 11 alcaldes en funciones, todos de diferentes partidos políticos.

Nueva estrategia contra la violencia

Los primeros meses de la nueva estrategia mostraron resultados inmediatos con una menor cantidad de homicidios dolosos en los datos oficiales. El mejor mes fue el de agosto de este año, cuando el Gobierno logró reducir las 86 muertes diarias del mismo periodo del año pasado a 56 homicidios, según datos de la Secretaría de Seguridad.
Avances que eran presentados como éxitos en las conferencias matutinas del Palacio Nacional y celebrados, especialmente, en Washington, donde García Harfuch se convirtió en el hombre en México de las agencias de seguridad del Gobierno de Donald Trump.
Y es que, cuando el republicano regresó a la Casa Blanca en enero de este año, para Sheinbaum no hubo más opción: o se atacaba frontalmente el tráfico de drogas o Trump autorizaría incursiones militares contra los cárteles en territorio mexicano.
Con la estrategia de García Harfuch, el Gobierno de Trump pudo celebrar rápidamente un descenso en el flujo de fentanilo hacia EE.UU. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) reportó una disminución en las incautaciones de esta droga. Entre octubre de 2024 y marzo de 2025, estas cayeron un 30% respecto al mismo periodo del año anterior, y hasta un 49% en comparación con el ciclo 2022-2023.
A pesar de los avances, comenzaron a aparecer señales negativas. Desde el mes de mayo empezó a subir la cifra de personas desaparecidas y también se elevo la percepción de inseguridad en las grandes ciudades. Al mismo tiempo, Sheinbaum no concretó ningún arresto contra políticos y actores institucionales vinculados a la delincuencia organizada.

El Gobierno combate abiertamente al narco en Sinaloa. Es un estado absolutamente militarizado. Allí, la violencia se ha desbordado contra los civiles, que sufren la quema de sus vehículos y ataques contra sus casas

En sus primeros meses como mandataria, se conocieron múltiples escándalos de gobernadores, senadores y exfuncionarios del gabinete de López Obrador, todos con diverso nivel de relación con el crimen. Pero, de momento, ninguna figura de peso ha sido investigada. De ahí también el cambio en la Fiscalía General.

Inseguridad en el país

En paralelo, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) reportó que el 63% de la población de más de 18 años y residente en 91 áreas urbanas consideraba que era inseguro vivir en su ciudad en septiembre de 2025. En el mismo periodo de 2024, ese porcentaje era del 51%.
Un documento presentado por la organización México Evalúa señaló que uno de los motivos para el avance de la percepción de inseguridad es la creencia en la población de que una mayor confrontación contra el crimen organizado puede amenazar su propia seguridad por la pérdida de acuerdos tácitos entre la autoridad y la delincuencia.
El mejor ejemplo de ello es Sinaloa, donde el Gobierno combate abiertamente al narco en un estado absolutamente militarizado. Allí, la violencia se ha desbordado contra los civiles, que sufren la quema de sus vehículos, ataques contra sus casas y, desde ya, desaparecen, por lo que la población no sale de sus casas después del atardecer.
El asesinato del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo, a inicios de mes, en la segunda ciudad más poblada del estado de Michoacán, dejó en evidencia al Gobierno, ya que Manzo reclamaba más seguridad personal. Tras su muerte, se sucedieron marchas y llamamientos en ciudades de todo el país que preocupan a la cúpula del oficialismo y han motivado comentarios negativos del propio Trump. Desde el Despacho Oval, este le dijo a la prensa que «no estaba contento» con lo que estaba sucediendo en México. Luego, volvió a mostrarse a favor de intervenir militarmente al sur del río Bravo.
Así las cosas, Sheinbaum llega a una encrucijada. Se enfrentó al crimen organizado para evitar las injerencias de Washington. Pero, después de más de un año en el poder, su estrategia muestra puntos débiles y la empuja al escenario más temido: tener que, eventualmente, aceptar un mayor papel de EE.UU. en la lucha contra la violencia.

Uno de los puntos más cuestionables de la política de seguridad de Claudia Sheinbaum en México es el auge en las cifras de desaparecidos, situación que el pasado octubre motivó una mención del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las … Naciones Unidas (ONU). Concretamente, la entidad ha señalado que en México se ha vuelto «sistemática» la desaparición de personas. Según los datos oficiales, en el país están desaparecidas aproximadamente 134.000 personas.
Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, señala a ABC que las cifras oficiales apenas muestran una fracción del problema real. «Creo que la cifra que dice el Gobierno no es ni la mínima parte de la que en realidad tenemos porque de 100 desaparecidos solamente unos 40 o 50 son reportados».
Flores cuestionó los discursos oficiales que aseguran un descenso en la incidencia delictiva: «¿A qué horas está bajando, en qué realidad viven? No ha aminorado en nada, ni los desaparecidos ni las ejecuciones».

Por otra parte, el padre Jorge Atilano González, ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz, instó la semana pasada a las autoridades a atender el problema actual en los institutos forenses de los diversos estados, donde no habría recursos suficientes para avanzar en la identificación de cuerpos: «Debe atenderse la crisis forense; no hay herramientas para la identificación de cuerpos y muchas familias podrían tener ahí a su consuelo».

Miembros del grupo de Los Otros Desaparecidos de Iguala, en Guerrero ( México )

EFE

72.000 cadáveres sin identificar

Actualmente se registran más de 72,000 cadáveres sin identificar, según estima una investigación de la organización civil Quinto Elemento Lab.
«La falta de recursos humanos y financieros para servicios periciales, el incumplimiento de protocolos y la desvinculación de los registros de las fiscalías y las comisiones de búsqueda contribuyen a que personas reportadas como desaparecidas acaben en fosas comunes», señala el informe.
La ley mexicana establece que los cuerpos de personas no identificadas y no reclamadas en las 72 horas después del fallecimiento serán inhumados, salvo que exista autorización para conservarlos por parte de la Secretaría de Salud, por petición de un Ministerio Público o en cumplimento de las normas sobre desaparición forzada.

Los estados que registraron el mayor número de desapariciones desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2025 fueron el estado de México, Ciudad de México y
Sinaloa

«Por la falta de inversión en los servicios periciales, pero también de coordinación entre fiscalías y comisiones de búsqueda», comentó Grace Fernández, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

Negación de una evidencia

Por su parte, el Gobierno de Sheinbaum rechaza que exista una crisis de desaparecidos y alega que el informe de la ONU «carece de fuentes confiables». Así lo manifestó la Cancillería mexicana.
Además, el Gobierno envió el 18 de septiembre, como parte del procedimiento, un informe sobre cómo está afrontando la problemática. Aunque esta información generalmente es pública, el Estado solicitó que fuera tratada de forma confidencial.
El abogado especialista en derechos humanos Juan Carlos Gutiérrez ha criticado la falta de apertura de la Administración de Sheinbaum para abordar el tema. «No ha habido una apertura seria, participativa, para analizar el fenómeno de la desaparición ni se ha convocado a las organizaciones ni a los colectivos. A los únicos familiares que ha recibido [Sheinbaum] siguen siendo los de Ayotzinapa; del resto no ha recibido a ninguna otra madre para hablar del tema», expresó.
Los estados que registraron el mayor número de desapariciones desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2025 fueron el estado de México, Ciudad de México y Sinaloa. Pero el porcentaje de aumento de víctimas respecto al año anterior fue mayor en Jalisco, con un 198%; Baja California Sur, con el 140%, y Sinaloa, con el 132%.
Este último estado ha sido el escenario del enfrentamiento entre dos grupos criminales, los ‘Chapitos’ y los ‘Mayos’, facciones del cártel de Sinaloa que desataron una ola de violencia tras el traslado y detención en Estados Unidos de Ismael ‘Mayo’ Zambada en julio de 2024.

Entre 2023 y 2025 se produjo un aumento significativo de brotes de gastroenteritis a escala mundial sin que se supiera muy bien la razón. Ahora, un estudio internacional, con participación del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), ha descubierto la explicación a este fenómeno. … Detrás hay una nueva variante del genotipo GII.17 del norovirus, uno de los principales virus causantes de gastroenteritis, que ha logrado adaptarse y expandirse entre la población humana.
Se trata de un virus muy contagioso que puede causar vómitos, diarrea, dolor abdominal y deshidratación. Se propaga a través de alimentos, agua y superficies contaminadas, y por el contacto cercano con una persona que tiene la infección, principalmente en entornos cerrados y con mucha gente. En la mayoría de los casos no requiere tratamiento, pero en ocasiones, sobre todo en niños y personas mayores, puede causar deshidratación grave y requerir atención médica.

El genotipo GII.17 del virus no se incluía históricamente entre los diez genotipos predominantes, pero entre 2013 y 2016 comenzó a expandirse desde distintos países de Asia. En esta expansión surgieron dos nuevas variantes, denominadas C y D. Tras aquel pico de circulación, los casos de gastroenteritis por GII.17 disminuyeron, y el genotipo GII.4 volvió a ser el más frecuente a nivel mundial.
Pero entre 2023 y 2025 varios países, especialmente en Europa, incluida España, y América, registraron de nuevo un aumento significativo de infecciones por norovirus GII.17.