Los nuevos cargos en EE.UU. amplían la causa contra Maduro e incluyen a su esposa y a su hijo

Una nueva acusación formal presentada por un gran jurado federal en el Distrito Sur de Nueva York este 3 de enero amplía de manera sustancial la causa penal abierta en 2020 contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos dirigentes del régimen venezolano. … La imputación, que adopta la forma de una acusación sustitutiva sellada durante años y ahora revelada, incorpora de manera expresa a dos figuras del núcleo familiar más cercano del presidente venezolano: su esposa, Cilia Adela Flores de Maduro, ahora detenida junto a él, y su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido como «Nicolásito».
Maduro y su mujer fueron detenidos en Venezuela horas antes de que el departamento de Justicia, que coordina la fiscalía, hiciera públicos estos nuevos cargos.

El nuevo auto no se limita a una mención accesoria, sino que les atribuye conductas concretas dentro de una conspiración criminal de largo alcance dedicada al narcotráfico internacional, el narcoterrorismo y el uso de armas de guerra, y los integra plenamente en la arquitectura delictiva que, según la fiscalía estadounidense, opera desde el poder en Caracas.

Marco legal

La acusación parte de un marco general que ya estaba presente en el caso original de 2020: durante más de dos décadas, altos responsables del Estado venezolano habrían utilizado instituciones públicas, fuerzas de seguridad y recursos estatales para facilitar la producción, protección y envío de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos, en colaboración con organizaciones armadas designadas como terroristas por Washington.
En esta nueva fase, el gran jurado sostiene que esa estructura no solo enriqueció y blindó políticamente a dirigentes civiles y militares, sino que también benefició directamente a miembros de la familia presidencial, a los que se atribuyen roles activos en operaciones de tráfico, cobro de sobornos y coordinación logística. Resulta relevante que Cabello continúe imputado, un factor que en principio le dificulta asumir el control del régimen.
En el caso de Cilia Flores, la imputación describe una trayectoria política paralela a la de su esposo y la sitúa como una figura con capacidad de influencia institucional clave en momentos críticos. El escrito recuerda que fue presidenta de la Asamblea Nacional, fiscal general y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, y sostiene que desde esas posiciones participó en la facilitación de actividades de narcotráfico.

Sobornos

El gran jurado le atribuye haber aceptado, en torno a 2007, cientos de miles de dólares en sobornos para intermediar entre un gran narcotraficante y el entonces director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, Néstor Reverol. Según la acusación, ese encuentro habría servido para garantizar el paso seguro de vuelos cargados de cocaína, a cambio de pagos regulares y comisiones por cada envío aéreo. Parte de esos pagos, siempre según la fiscalía, habrían revertido directamente en Flores.
Más allá de ese episodio concreto, la imputación amplía el alcance de su presunta implicación al señalar que, durante años, Flores habría trabajado de forma coordinada con Maduro en el tráfico de cocaína, incluyendo el desvío de cargamentos previamente incautados por las propias fuerzas de seguridad venezolanas.
El auto sostiene que estas operaciones se realizaban con escolta militar armada y con el apoyo de colectivos, grupos parapoliciales vinculados al régimen, utilizados para proteger las rutas, intimidar a rivales y castigar a quienes incumplían pagos o amenazaban la red. En este contexto, el gran jurado llega a atribuir a la pareja presidencial la orden de secuestros, palizas e incluso asesinatos relacionados con disputas dentro del negocio de la droga, una acusación especialmente grave que sitúa a Flores no como una figura pasiva, sino como partícipe consciente de una organización criminal violenta.
El escrito también vincula a Cilia Flores con el intento de financiar actividades políticas mediante ingresos procedentes del narcotráfico. Se recuerda el caso de sus dos sobrinos, Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, condenados en Nueva York por conspirar para introducir cocaína en Estados Unidos, posteriormente liberados en un canje de presos entre Washington y Caracas durante la Administración Biden.

El papel de Flores

Según la acusación, en reuniones grabadas por la DEA, ambos explicaron que buscaban recaudar hasta 20 millones de dólares en beneficios de la droga para apoyar una campaña electoral de Flores en 2015, y describieron su actuación como parte de una «guerra» contra Estados Unidos. Aunque ese episodio ya era conocido judicialmente, la nueva imputación lo integra como prueba contextual del papel de Flores dentro del entramado familiar y político del narcotráfico.

Nicolás Maduro y su mujer

EPF

En cuanto a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del dictador, la acusación lo presenta como beneficiario directo del poder de su padre y como un actor operativo dentro de la conspiración. El texto subraya que su entrada en la vida política coincidió con la llegada de Maduro a la presidencia y que se le creó un cargo específico, jefe del Cuerpo de Inspectores Especiales de la Presidencia, sin precedentes institucionales claros. Desde esa posición, y posteriormente como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y de la Asamblea Nacional, el gran jurado sostiene que «Nicolásito» utilizó recursos estatales, aviones oficiales y protección militar para participar en el tráfico de drogas.
Uno de los episodios más detallados que se le atribuyen tiene lugar entre 2014 y 2015, cuando, según la acusación, realizaba viajes frecuentes a la isla de Margarita a bordo de un avión Falcon 900 propiedad de PDVSA. El escrito señala que, antes de abandonar la isla, la aeronave era cargada con grandes paquetes envueltos en cinta adhesiva, identificados por testigos como droga, con la asistencia de personal armado de la Guardia Nacional. Maduro Guerra habría estado presente durante esas cargas y, en una ocasión, habría afirmado que el avión podía volar «a donde quisiera», incluyendo Estados Unidos, lo que para la fiscalía demostraría conocimiento del destino y del carácter ilícito de la mercancía.

Conocimiento técnico del negocio

La imputación va más allá de estos hechos iniciales y describe una progresión en la implicación de Maduro Guerra. En torno a 2017, se le atribuye haber trabajado activamente en el envío de cientos de kilos de cocaína desde Venezuela a Miami, y haber mantenido conversaciones con socios criminales sobre la calidad de la droga, los mercados de destino y métodos de ocultación, como el uso de contenedores de chatarra para introducir cargamentos en puertos de Nueva York. Estas conversaciones, según la Fiscalía, evidencian un conocimiento técnico del negocio y una participación continuada, no esporádica.
El gran jurado también sitúa a Maduro Guerra como enlace con organizaciones armadas extranjeras. En 2020, siempre según la acusación, habría asistido a una reunión en Medellín con representantes de las FARC, en la que se discutieron planes para mover grandes cantidades de cocaína y armas a través de Colombia y hacia Estados Unidos durante varios años. En ese encuentro se habría hablado incluso de pagar parte de los cargamentos con armas, reforzando la acusación de colaboración material con organizaciones calificadas como terroristas por Washington.
Desde el punto de vista jurídico, la incorporación de Cilia Flores y Nicolás Maduro Guerra a la causa tiene un alcance significativo. Ambos quedan imputados en el cargo de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, junto con Maduro, Cabello, Rodríguez Chacín y otros acusados. Además, se les atribuye participación en delitos relacionados con el uso y posesión de armas automáticas y dispositivos destructivos en el marco de actividades de narcotráfico. En el caso del cargo de narcoterrorismo, la acusación se centra principalmente en Maduro, Cabello y Rodríguez Chacín, pero el papel de Flores y de Maduro Guerra se describe como esencial para la financiación y la logística de organizaciones terroristas extranjeras.

Estados Unidos confiscará los derivados

El gobierno de Estados Unidos anuncia su intención de confiscar cualquier propiedad o activo derivado directa o indirectamente de estos delitos, así como bienes utilizados para facilitarlos. En el caso de que esos activos no puedan ser localizados o hayan sido transferidos a terceros, se prevé la incautación de bienes sustitutivos hasta cubrir el valor estimado de los beneficios obtenidos. Este aspecto refuerza la dimensión patrimonial del proceso y apunta a una estrategia de presión financiera sobre el entorno familiar de Maduro.
La pena máxima a la que se enfrentan es la cadena perpetua. En esta causa ya se han declarado culpables Hugo Carvajal, extraditado desde España, y el general Clíver Alcalá. Ambos se han ofrecido a cooperar con la fiscalía en el proceso contra el dictador, que se encuentra de camino a Nueva York.