Las reformas prometidas podrían cambiar Cuba radicalmente

El Partido Comunista, en el poder en Cuba, abrió por primera vez una pequeña brecha a la iniciativa privada en la década de 1990, cuando perdió a la Unión Soviética como principal sostén. A partir de la década de 2010 fue más allá, impulsado primero … por la crisis financiera mundial y después por la pandemia de Covid-19. ¿Conseguirá Donald Trump, cuyas medidas han sumido al país en unas dificultades sin precedentes, provocar el siguiente y más profundo giro económico?
En una sesión de emergencia celebrada el 18 de junio, la Asamblea Nacional de Cuba aprobó un paquete de 176 reformas. Se trata del intento más ambicioso de reformar la economía desde la revolución de 1959. Sobre el papel, las medidas acercan al país a una economía de mercado, al tiempo que preservan el control del Estado. Cuba va a implantar un «socialismo de mercado al estilo cubano», afirma Juan Triana Barros, de la Universidad de La Habana. No todo el mundo comparte ese optimismo.

Si se aplicaran plenamente, las reformas reducirían los sectores de la economía vetados a las empresas privadas, permitirían a estas importar y exportar con mayor libertad y les abrirían la posibilidad de captar inversión extranjera. Por primera vez, los empresarios podrían contratar a más de 100 trabajadores y ser propietarios de varias empresas.

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Mayor acceso a la financiación

Las reformas también supondrían una profunda transformación de las empresas estatales, que podrían privatizarse o convertirse en sociedades mercantiles con acciones y participaciones de capital —con la posibilidad de quebrar—, y además podrían fijar sus propios precios. En teoría, tanto las empresas privadas como las públicas tendrían un acceso más fácil a la financiación. También se permitirían los bancos privados y el mercado de divisas se abriría a un mayor número de participantes.

«Si no hay riqueza, no hay nada que distribuir»

Miguel Díaz-Canel

Algunos servicios que en su día fueron motivo de orgullo para el Estado, como las residencias de ancianos y los comedores sociales, pasarán, en teoría, a manos privadas, y las ayudas generales concedidas a través de la cartilla de racionamiento se sustituirán por ayudas directas dirigidas a las «personas vulnerables». El presidente, Miguel Díaz-Canel, afirmó que la acumulación de riqueza en manos privadas dejaría de estar prohibida. «Si no hay riqueza, no hay nada que distribuir», señaló.
Estos cambios son muy necesarios: décadas de mala gestión y el embargo estadounidense han devastado la isla, y las medidas adoptadas desde enero por Trump y Marco Rubio, su secretario de Estado cubano-estadounidense, están llevando a Cuba al límite. Estados Unidos ha impuesto sanciones no solo a Gaesa, el conglomerado militar, sino también a cualquier empresa cubana o extranjera que mantenga relaciones comerciales con él. Además, ha bloqueado el suministro de combustible.

Los anuncios no entusiasman a los cubanos

La economía se ha contraído más de un 20% desde 2020. Un dólar equivale ahora a más de 600 pesos en el mercado negro, lo que reduce el valor del salario mínimo mensual a apenas unos cinco dólares. Oficialmente, la inflación alcanzó casi el 16% interanual en mayo, pero la tasa real es, sin duda, más elevada. El turismo cayó un 58% en los cinco primeros meses del año. Los apagones duran alrededor de 22 horas diarias, incluso en el centro de La Habana, y cuando vuelve la electricidad los cubanos se apresuran a hacer todo lo posible antes de que vuelva a irse. El agua llega cada dos días. «Es absolutamente agotador», afirma un padre de dos hijos.
Sin embargo, los anuncios del gobierno han sido recibidos con escaso entusiasmo, tanto dentro como fuera del país. Por un lado, las reformas prometidas quedan lejos de los profundos cambios que en su día transformaron las economías estancadas de China y Vietnam. Además, muchos dudan de que las promesas lleguen a materializarse, o al menos con la rapidez necesaria. Un alto cargo del Departamento de Estado estadounidense desestimó las propuestas calificándolas de «señales de humo superficiales». El gobierno ha prometido reformas en numerosas ocasiones para, posteriormente, aplazarlas de manera indefinida. Es un «circo», afirma un antiguo traductor de La Habana.
Incluso para un gobierno plenamente comprometido, llevar a la práctica este programa de reformas resultaría complicado. Cuba carece de divisas, de Estado de derecho y de capacidad institucional, y las sanciones estadounidenses hacen que obtener capital extranjero sea prácticamente imposible. Incluso si el gobierno de Estados Unidos concediera mañana una licencia que permitiera operar libremente en Cuba, las empresas podrían enfrentarse a demandas por comerciar con bienes expropiados, afirma Yosbel Ibarra, del bufete de abogados Greenberg Traurig, en Miami.

Temor a enriquecer al régimen

Muchos cubanos temen que cualquier reforma beneficie principalmente a los miembros del régimen y a quienes ya son ricos. Sin una red de protección social adecuada —que incluya la recuperación de los sistemas de educación y sanidad de la isla, que en su día gozaron de un nivel aceptable—, la población podría tener dificultades para soportar la hiperinflación que las reformas de mercado podrían desencadenar. La brecha entre quienes tienen y quienes no tienen ya resulta evidente en Cuba. Un sábado por la tarde, la piscina del hotel Meliá Habana está llena de personas que toman cócteles mientras sus hijos nadan; la entrada, que cuesta 15 dólares, queda fuera del alcance de la mayoría de los cubanos. Frente a restaurantes de lujo, donde un filete cuesta 100 dólares, hay BMW aparcados.
Por el momento, hay pocos indicios de que la apertura económica vaya a venir acompañada de una apertura política. No se está liberando a los presos políticos, pese a las peticiones de Estados Unidos. El 20 de junio, Manuel Cuesta Morua, una figura moderada de la oposición, fue detenido, maltratado y amenazado con ser tiroteado, todo ello por apoyar una cacerolada, que ya se celebra todas las noches. Trump y Rubio también quieren que Cuba reduzca sus vínculos en materia de seguridad con China, Rusia e Irán.

Incluso para un gobierno plenamente comprometido, llevar a la práctica este programa de reformas resultaría complicado

Trump considera que aún puede aumentar la presión sobre Cuba antes de alcanzar un acuerdo. El 23 de junio, el Departamento de Estado impuso sanciones a nuevas entidades vinculadas a Gaesa, entre ellas AUSA, que gestionaba el tráfico de contenedores del puerto de Mariel. Días después, Gaesa vendió la empresa a otra entidad estatal para que los suministros pudieran volver a llegar a la isla.
Si los gobernantes cubanos actúan con rapidez, las reformas podrían dar un respiro al país. «Esto es mucho», afirma Paolo Spadoni, de la Universidad de Augusta, «pero no es suficiente». Trump apuesta por que un mayor sufrimiento forzará un cambio más profundo; el régimen, por su parte, confía en poder complacerlo o sobrevivirle. A los cubanos de a pie les preocupa que, ocurra lo que ocurra, sean ellos quienes salgan perdiendo.