Publicado: julio 12, 2026, 6:45 pm
La fuente de la noticia es https://www.abc.es/internacional/estado-arma-personal-trampa-judicial-chavista-cazar-20260609011400-nt.html
Los melancólicos de viejas dictaduras dicen que en tiempos pasados se vivía mejor. En Venezuela, quienes añoran el ‘orden’ que existía durante la época del general Marcos Pérez Jiménez aseguran que, mientras uno no se metiera en política, no había nada que temer a … la represión. Una falacia que hoy sigue vigente en la conciencia colectiva: se cree que si uno permanece ajeno a los asuntos públicos, no sufrirá represalias. Pero no es necesario ser un activista político para que el peso del Estado caiga sobre uno. Basta con incomodar a algún funcionario con capacidad de accionar los engranajes del poder.
Ese uso discrecional de la Justicia es el que denuncia el venezolano Rubén Ramsés Martínez a ABC. A pesar de vivir exiliado en Madrid, sigue sufriendo persecución y teme que España lo extradite basándose en acusaciones falsas y que el chavismo termine por atraparlo. La artífice de la denuncia fue su expareja, exdirectora de la Fiscalía General y colaboradora del ahora defenestrado exfiscal Tarek William Saab.
Martínez, gerente de operaciones de los medios independientes ‘El Diario’ y directivo de VPItv, mantuvo una relación sentimental con ella durante 20 años. Aunque él se sitúa del lado opositor y ella en el chavista, el vínculo resistió hasta después de las elecciones presidenciales de 2024 tras el fraude de Nicolás Maduro. Martínez asegura que el quiebre definitivo ocurrió cuando ella justificó el encarcelamiento de menores de edad durante las protestas. «Me dijo que había que calmar la calle y se hizo a punta de violaciones de derechos humanos. Yo no estaba alineado éticamente con esto», relata.
Noticia relacionada
-
Entrevista
Susana Gaviña
Con la relación rota y en medio de una discusión patrimonial, ella lo amenazó con la cárcel. «Cuando una persona que no tiene poder lo dice, ya es un asunto grave, pero cuando puede instrumentalizar el poder para hacerlo, es mucho más grave», asegura. Advertido desde el interior de la propia Fiscalía de que iba a ser detenido, Martínez huyó a Colombia y voló a España en octubre de 2024 para pedir asilo. «Salgo de Venezuela sin ningún expediente penal abierto. Yo no llego a España huyendo de una orden de aprehensión», subraya.
Venganza personal
Sin embargo, 111 días después de su salida, Martínez relata que la maquinaria judicial se activó para ejecutar la venganza personal. Apenas dos horas y 48 minutos después de que su expareja formalizara una denuncia, el Ministerio Público inició el escarnio público. A través de imágenes difundidas con los logos de la institución en medios afines al régimen –como Globovisión, ‘Últimas Noticias’– , se le señaló de feminicida. Todo ello a pesar de que los cargos formales (denuncia falsa, hurto calificado, espionaje informático…) diferían y la supuesta víctima no solo estaba viva, sino que era la artífice de la persecución, comenta Martínez. «Imagínate que alguien te llame urgentemente, que de hecho fue ella, te dice ‘Revisa lo que te acabo de enviar’, y cuando abres es tu foto y te acusan de feminicida… Se obvió la presunción de inocencia, mi honor está dañado», afirma.
«En un conflicto personal entre iguales, esto no llega a lo que pasó», reflexiona Martínez.
(Belén Díaz)
En marzo de 2025, Martínez acudió a una cita policial en España por su trámite de asilo y fue detenido por una alerta roja de Interpol. La Audiencia Nacional le retiró el pasaporte y le impuso comparecencias quincenales mientras se resuelve la extradición. Martínez critica que el tribunal español realiza «básicamente un examen de requisitos» formales sin analizar el riesgo real de un aparato estatal puesto al servicio de una rencilla privada. Además, la Oficina de Asilo y Refugio le acaba de denegar la protección internacional.
La solicitud de extradición que hace Venezuela ante España para capturar a Rubén Ramsés Martínez Manrique.
(ABC)
El expediente remitido por Caracas a España carece de investigaciones. «No hay ninguna diligencia, solo la denuncia. Hacen referencia a una experticia informática, pero nunca la envían», detalla. En una muestra de control absoluto, su expareja le envió una copia por teléfono antes de que los documentos llegaran oficialmente a Madrid. «Es una manera de coacción, de decir: ‘Yo tengo el poder y te envío el expediente’».
La excompañera de Martínez niega haber hecho la acusación: «¿Tú crees que si yo, que soy una directora, voy a poner una denuncia, no la van a cargar el mismo día?», le llegó a decir a Martínez después a través de WhatsApp, dejando ver que no todos los procesos obtienen la misma prioridad.
Supuesto intento de feminicidio
Martínez señala que, para sustentar la alerta internacional, la Fiscalía venezolana fabricó una segunda causa por intento de feminicidio, argumentando que él planeaba utilizar unos bidones de gasolina que guardaba en su casa para quemar a su expareja; una acusación sobre un crimen que jamás ocurrió. Martínez explica que compró 100 litros de combustible para mantener operativos los vehículos de los trabajadores de su medio en previsión de la escasez. A esta nueva denuncia se le asignó una fecha anterior a la primera, pero con una numeración correlativa posterior, evidenciando la manipulación de los registros para justificar la persecución.
«En un conflicto personal entre iguales, esto no llega a lo que pasó», reflexiona Martínez, quien hace hincapié en cómo una funcionaria pudo «instrumentalizar toda una estructura institucional para perseguir, acosar y hostigar sin siquiera tener elementos fundamentados».
«No busco redención, busco protección. Quiero que se vea cómo se instrumentalizó el poder»
Su caso ha sido evaluado por el abogado Gonzalo Himiob, de la ONG Foro Penal, quien señala que, dado el contexto, es posible presumir que la denuncia contra Martínez es parte, no sólo de una represalia personal, sino además de un «esquema mucho más amplio y sistemático de persecución por motivos políticos», pues Martínez dirige a un medio de línea crítica con el poder.
Martínez, que podría ser extraditado, ha publicado una página web (elmpcorruptodetarek.com) con todos los documentos relacionados con su caso para que puedan ser consultados y contrastados por cualquiera. «No busco redención, busco protección. Quiero que se vea cómo se instrumentalizó el poder. Yo soy un caso, pero a muchas personas les pasó lo mismo: fueron privadas de libertad y los expedientes no tenían nada que los vinculara a un delito». Su batalla en España pretende demostrar que, bajo el régimen venezolano, la Justicia no es un derecho fundamental, sino el arma privada de quienes ostentan el poder.
